Boletines de Prensa - 2020

Por inconclusa obra de acueducto: Contraloría General declaró responsable fiscal por $1.272 millones a exalcalde de Chimichagua (Cesar)

COMUNICADO DE PRENSA No. 146 

Imagen de acueducto con texto que dice: Por inconclusa obra de acueducto: Contraloría General declaró responsable fiscal por mil doscientos setenta y dos millones de pesos a ex-alcalde de Chimichagua, Cesar.

  • Los hechos corresponden a un contrato de 2010, por valor de $1.965 millones, para las redes de alcantarillado sanitario y disposición final en el municipio de Chimichagua.  
  • La Contraloría evidenció que las obras se encuentran inconclusas sin prestar servicio a la comunidad  

 

Bogotá 15 de octubre de 2020.- La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por $1.272 millones de pesos contra el exalcalde del municipio de Chimichagua (Cesar), Rigoberto Pérez Cano, por unas obras inconclusas de redes de alcantarillado sanitario y disposición final, en los corregimientos de El Guamo y La Vega. 

Según se determinó en visita técnica del organismo de control, realizada en el marco del correspondiente proceso fiscal, las obras a construir no se terminaron y presentan deterioros en algunas cámaras de inspección, sus coronas y tapas en concreto. Además, se desconoce el estado actual de la tubería instalada. 

La Gerencia Departamental de la CGR en el Cesar concluyó que existen indicios que demuestran la existencia de daño al patrimonio del Estado en la ejecución del Contrato No. 038 de 2010, por el valor del anticipo pagado al contratista de $980.736.236, que indexado a la fecha es $1.272.871.363. 

Esto en razón a que las obras ejecutadas están inconclusas, no prestan servicio y no están cumpliendo los fines esenciales del Estado.  

Del mismo modo, se concluyó que, con las obras ejecutadas hasta la fecha, no es posible que el sistema pueda funcionar, ya que se necesita un sitio de disposición y tratamiento de las aguas residuales recolectadas en las redes construidas, de lo contrario el sistema colapsaría, conforme lo argumenta el Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS). 

Según la norma, el concepto de integralidad implica, que no se puede realizar ni el diseño ni la construcción de alguna de las partes del sistema de alcantarillado, sin tener en cuenta los efectos que se van a tener sobre las otras y que los diferentes componentes del mismo deben correlacionarse entre sí, de tal manera que sean funcionales y garanticen los objetivos de descontaminación para los cuales fueron planeados. 

Publicado el 15 十月 2020 19:50


Contraloría amplía hasta el 17 de noviembre plazo para que entidades hagan reportes en Registro de Obras Inconclusas

COMUNICADO DE PRENSA No. 145 

Obras inconclusas en Colombia, puente sin terminar en la ciudad de Bogotá

  • Un mes más tendrán todos los entes estatales, entidades territoriales y ordenadores del gasto para reportar a la CGR las obras inconclusas que tienen identificadas.  
  • Los responsables de hacer el reporte en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas que tengan en su inventario un proyecto de este tipo y no lo informen, podrán ser sancionados.  
  • El próximo miércoles 21 de octubre, a las 10 a.m., segunda capacitación virtual para funcionarios responsables de diligenciar este reporte. 
 

Bogotá, 14 de octubre de 2020.- La Contraloría General de la República prorrogó hasta el 17 de noviembre de 2020 la fecha límite para que todos los entes estatales, entidades territoriales y ordenadores del gasto reporten a este organismo de control las obras inconclusas que tienen identificadas.  

Este reporte se debe realizar a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes (SIRECI), con el que las entidades públicas y sujetos de control de la CGR ya están familiarizados porque por medio del mismo rinden cuentas y presentan sus respectivos informes.   

La fecha límite inicialmente fijada para hacer este reporte era el próximo 17 de octubre y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) y la Oficina de Planeación de la CGR la ampliaron un mes. 

Para tomar la decisión se tuvo en cuenta que las fechas límites de rendición establecidas en el SIRECI son anteriores al 17 de octubre y, también, con el ánimo de garantizar así que se tenga un completo inventario de las obras inconclusas, explicó la directora de esta dependencia, María Fernanda Rangel. 

Recordó la funcionaria que pueden ser objeto de sanción aquellos responsables de hacer el reporte en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas sobre los cuales la CGR verifique que tienen en su inventario un proyecto de este tipo y no hagan sus respectivos reportes. 

La Ley 2020 del 17 de julio de 2020 creó el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, bajo la dirección y coordinación de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI). 

Este Registro “contendrá el inventario actualizado de obras civiles inconclusas y estará compuesto por la información reportada por las entidades estatales del orden nacional, departamental, municipal, distrital y demás órdenes institucionales, sobre las obras civiles inconclusas de su jurisdicción, o la información obtenida por la Contraloría General de la República sobre el particular”. 

El próximo miércoles, segunda capacitación virtual 

El próximo miércoles 21 de octubre, a las 10 de la mañana, la DIARI realizará una segunda capacitación, a través del canal de YouTube de la CGR, en la que las entidades tendrán a la mano todas las herramientas técnicas y jurídicas para hacer el correcto diligenciamiento de sus reportes al Registro de Obras Inconclusas.   

Todos los entes estatales pueden conocer la Ley 2020 del 17 de julio de 2020 y la obligación de suministrar esta información a través del SIRECI, en la página web de la Contraloría General: https://www.contraloria.gov.co/web/registro-de-obras-inconclusas

En ese mismo link, desde el 18 de octubre, ciudadanos desde cualquier lugar del país podrán ver el Registro de Obras Inconclusas e identificar las que están en sus territorios, para su vigilancia y veeduría.  

Publicado el 14 十月 2020 11:15


Irregularidades con recursos de regalías: Contraloría estableció 3 hallazgos fiscales por $6.835 millones en Muelle Fluvial de Pasajeros en Leticia

COMUNICADO DE PRENSA No. 144 

  Fotografía con texto: Sobre las irregularidades con recursos de Regalías.

  • La obra no quedó en funcionamiento y generó una pérdida de recursos para el municipio. 
  • La Alcaldía de Leticia no amortizó el anticipo que se giró al contratista.
  • Gravamen al anticipo girado, modificaciones e incrementos en costos y plazos para ejecución de obras, son algunas de las irregularidades encontradas por la Contraloría. 
  • Se evidenció falta de planeación y seguimiento en la interventoría por parte del municipio de Leticia, para la ejecución de un proyecto por más de $13.636 millones con recursos del SGR. 

 

Bogotá, 13 de octubre de 2020.- La Contraloría General de la República estableció varias irregularidades en el fallido proyecto de Construcción del Muelle Fluvial de Pasajeros del Municipio de Leticia (Amazonas) y constituyó 3 hallazgos con presunta incidencia fiscal que ascienden a una suma de más $6.835 millones de pesos. 

La obra contratada con recursos de regalías por valor de $13.636 millones, fue objeto de una Actuación Especial de Fiscalización por parte de la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías del organismo de control. 

Se constituyó un daño al patrimonio del Estado representado en la pérdida de los dineros del Sistema General de Regalías del Municipio de Leticia, producto de una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, donde dueron pagados por la Alcaldía recursos a la Unión Temporal FARO, por la ejecución del Contrato de obra No.504 del 8 de diciembre de 2018. 

No obstante haberse ejecutado algunos ítems, el Muelle Fluvial de pasajeros de Leticia no quedó en funcionamiento, la obra no cumplió con la finalidad para la cual fue contratada y tampoco con los fines esenciales del Estado, generando una pérdida de recursos para el municipio. 

No hubo amortización del anticipo 

En primer lugar, se encontró que la Alcaldía de Leticia no amortizó el anticipo que se giró al contratista, generándose una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por el valor total girado (aproximadamente $6.300 millones). 

Para la Contraloría, en este caso se constituye una disminución o menoscabo a los recursos públicos, sin que se evidencie gestión administrativa oportuna por parte de la entidad territorial, que conlleve a la recuperación y reintegro de los mismos, situación que se presenta por la falta de supervisión e interventoría del contrato. 

Gravamen al anticipo girado 

Otro hallazgo evidenciado tiene que ver con los Gravámenes a los Movimientos Financieros (GMF).  

De acuerdo con el informe de Gestión Mensual de febrero a junio de 2019 de la Fiduciaria, se observa que se hizo retención al gravamen sobre el valor del anticipo, por un total de $10.627.391.  

Esto estaría en contra de la Ley 1530 de 2012, que en su Artículo 130 señala que “Los recursos del Sistema General de Regalías y los gastos que realicen las entidades territoriales así como los ejecutores de los proyectos de inversión con cargo a tales recursos, están exentos del gravamen a los movimientos financieros y estos recursos no son constitutivos de renta”.   

Por lo anterior, la Contraloría generó una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por el valor de la retención realizada por parte de la Fiduciaria. 

Fotografías de muestras en donde se evidencia la falla en la construcción del muelle fluvial de pasajeros en Leticia

Modificaciones e incrementos en costos y plazos 

Por otra parte, la CGR logró establecer que existen modificaciones e incrementos en el costo y en el plazo para la ejecución de las obras del muelle en la etapa de formulación, con respecto al presupuesto y plazo de ejecución de las obras contempladas en los estudios y diseños suministrados por el Invías. 

Esto sin que estén claras y soportadas técnicamente las razones que llevaron al incremento en el presupuesto del Invías por la suma de $8.786 millones, al cual la Alcaldía de Leticia le incluyó unos capítulos nuevos (4 y 5) que aparecen en el presupuesto municipal y corresponden aproximadamente a $1.015 millones.  

Este valor sumado a los dos presupuestos anteriores asciende a un total de más de $9.751 millones, que restados al presupuesto de obra presentado por la Alcaldía de Leticia (un poco más de $12.486 millones) señala una diferencia de más de $2.735 millones, que no fueron justificados, ni soportados. 

También se evidenció que, dentro del presupuesto presentado por la Alcaldía de Leticia en la etapa de formulación del Proyecto ante el OCAD, se encuentran cambios en costo de los ítems, supresión de los ítems de desmovilización y movilización de maquinaria, de cargue y descargue de la maquinaria y la instalación de campamento (contenedores oficinas). 

Igualmente, hay un incremento en la cantidad del ítem de limpieza y pintura de estructuras metálicas: en el presupuesto del diseño suministrado por Invias corresponde a 1260 metros lineales, y en el presupuesto que la Alcaldía presentó para la etapa de formulación ante el OCAD, es de 5868,26 metros lineales, lo que representa una diferencia de 4608,26 metros lineales y de $254.336.313 (según los presupuestos). Esta situación evidencia una falta de planeación.   

Respecto a los diseños de las instalaciones eléctricas contempladas en el capítulo 5, no se evidenciaron en la información suministrada, ni los diseños ni los planos que sustenten el presupuesto adjunto. 

Otras situaciones detectadas 

En cuanto al costo de la interventoría, esta se encuentra en el volumen VII de los estudios y diseños presentados por el Invías, por un valor presupuestado de $755.734.728; y en el presupuesto presentado por la Alcaldía de Leticia, durante la etapa de formulación del proyecto, se encuentra por un valor presupuestado de $ 1.074.019.620, es decir que existe una diferencia en la suma de $318.284.892. 

Luego de haber iniciado el proyecto el 5 de diciembre de 2018, y haber transcurrido 4 meses y ocho días, (de acuerdo con el Acta de suspensión No. 1 del 12 de abril de 2019) se suspendío la ejecución del contrato debido a que "en ese momento no era posible trabajar en el sitio de la obra, sumado a la falta de los planos de detalle de algunas áreas del proyecto, lo que impedía realizar la actividad de verificación de cantidades y balance del proyecto”. 

Esto quiere decir que se dio inicio a los procesos de selección de contratista y la ejecución de las obras sin tener toda la información técnica requerida para su ejecución y aún después de cuatro meses NO se contaba con todos los planos de diseño que son parte del insumo. 

De Igual manera, con respecto a la diferencia topográfica manifestada por el contratista, en cuanto a altimetría y batimetría, que según los involucrados generaría mayores cantidades de obra, no se reporta documentalmente, la corroboración pertinente y obligatoria, que como parte de sus funciones debe realizar la Interventoría, con su propio equipo y personal, y además la supervisión tampoco refiere la debida solicitud. 

Publicado el 13 十月 2020 14:30


Contraloría alertó sobre impacto ambiental: Relleno Doña Juana: uno de los tantos casos de tratamiento deficiente de residuos sólidos en el país

COMUNICADO DE PRENSA No. 143 

Fotografía del Relleno Doña Juana

  • La Contraloría General de la República, a través de su Delegada para el Medio Ambiente, reitera la necesidad de viabilizar alternativas que permitan la protección de los recursos naturales renovables, gestionando los residuos sólidos de forma eficiente y eficaz.  
  • En Colombia se siguen priorizando las acciones basadas en rellenos sanitarios que fueron, en el siglo pasado, soluciones para el tratamiento de residuos sólidos desde la perspectiva de salud pública.  
  • Los nuevos compromisos en materia ambiental exigen el estudio e implementación de buenas prácticas de otros países en la reutilización y disposición de residuos sólidos.   
  • Estas buenas prácticas incluyen la valoración de los desechos, la reducción de su disposición en rellenos  y la inclusión de ciclos productivos que permitan el adecuado aprovechamiento de estos residuos.  
  • El aprovechamiento de residuos sólidos en el país existe vía la tarifa de cobros a los suscriptores del servicio de aseo. No obstante, los gestores de estos recursos no están cumpliendo con la finalidad de este cobro y fortalecer el proceso de aprovechamiento productivo de los residuos sólidos. 

 

Bogotá, 10 de octubre de 2020.-Los problemas de operación de varios rellenos sanitarios son una constante en el país. El caso emblemático es el relleno de Doña Juana, en Bogotá, sobre el cual se han producido diversos llamados de atención de la Contraloría General de la República para que el operador implemente mecanismos adecuados de disposición y eliminación de los residuos sólidos. 

El año pasado este organismo de control reveló los resultados de una auditoría de desempeño a la política pública para la gestión integral de Residuos Sólidos en Colombia, evaluando desde el ciclo de generación de residuos hasta la disposición final.  

Al evaluar la situación de varios rellenos sanitarios, se encontraron problemas en su operación y sostenibilidad y una la mala cuantificación de las tarifas que se trasladan a los usuarios. 

En el caso del Relleno Sanitario Doña Juana, se detectaron varias deficiencias y se advirtieron fallas en el control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales que han realizado esta labor en el tiempo. 

Así mismo, la Contraloría General de la República señaló lo que ahora es tema de investigación penal por parte de la Fiscalía General de la Nación: los impactos significativos del relleno Doña Juana por vertimientos, debido a la ausencia y falta de tratamiento de los lixiviados producidos en el sitio.  

Igualmente, se identificaron incertidumbres en el cálculo de los valores de tarifa con la que se ha establecido la operación de este relleno, lo cual, podría generar falta de financiación a las labores necesarias para su adecuado funcionamiento.  

Los casos evaluados por la Contraloría sobre sitios de disposición final dan cuenta también de múltiples alertas sobre el deterioro progresivo de las zonas donde se encuentran emplazados los mismos. 

Algunas de las principales conclusiones de la auditoría realizada por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente sobre gestión de residuos sólidos, que hoy toma actualidad, son las siguientes: 

*Existen múltiples deficiencias en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS de los municipios, el instrumento no es operativo y se ha convertido en un requisito por cumplir. 

*Con relación al tema de aprovechamiento, el CONPES 3874 de 2016 señala la imperante necesidad de pasar de un modelo lineal de manejo de residuos sólidos a uno circular, que busca que los residuos se conserven dentro de la economía cuando un producto ha llegado al final de su vida útil, con el fin de volverlos a utilizar repetidamente y seguir así creando valor. Lo cierto es que en Colombia no se están cumpliendo con los mínimos fundamentales para que este proceso se lleve a cabo.  

En el país persiste la idea que los rellenos sanitarios son la opción más económica para el manejo y disposición de residuos sólidos dado que no se han internalizado los costos ambientales que acarrea su operación. 

*En la evaluación realizada por la Contraloría para los años 2016, 2017 y 2018, se encontró un incumplimiento generalizado por parte de los operadores de los rellenos sanitarios del país, debido a que no se evidenció la adecuada constitución del monto de los recursos económicos que deben destinarse para las actividades de cierre, clausura y posclausura de sitios de disposición final, en cumplimiento de las Resoluciones CRA 351 de 2005 y CRA 720 de 2015.  

*Para el momento en que la Contraloría realizó esta auditoría, ninguno de los rellenos sanitarios que operaba entonces en el país evidenció haber efectuado, para las vigencias mencionadas, el valor total de las provisiones que han debido practicar para las actividades de cierre, clausura y posclausura. 

En su momento, se llamó la atención sobre el hecho que un porcentaje muy pequeño de los rellenos sanitarios (8.0%) estuvieran practicando las provisiones para las actividades de cierre, clausura y posclausura y que ninguno las practicara en el valor total que les exige la ley. 

Tal situación implica un riesgo ya que, una vez terminada la vida útil de estos rellenos sanitarios, deben adelantarse las actividades de cierre, clausura y posclausura, dejando “pasivos ambientales” que impactan el equilibrio ambiental del país y la calidad de vida de las comunidades aledañas a las zonas donde están ubicados. 

*Los porcentajes de recuperación de residuos sólidos generados por los hogares colombianos son bajos, pese a existir técnicas para la recuperación de casi la totalidad de los residuos producidos.  

*La Contraloría, a través de su delegada para el Medio Ambiente, continuará su labor de control fiscal ambiental y de investigación con el fin de sumar más llamados de atención y contribuciones técnicas que soporten las investigaciones en materia penal ambiental. La actual acción penal al operador del relleno Doña Juana contó con los aportes de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República. 

Publicado el 10 十月 2020 12:00


Contraloría General profirió fallo de responsabilidad fiscal por $953 millones contra exalcalde de Acandí (Chocó)

COMUNICADO DE PRENSA No. 142 

Imagen comunicado con billetes que dice: Contraloría General profirió fallo de responsabilidad fiscal por novecientos cincuenta y tres millones contra exalcalde de Acandí (Choco)

  • Se trata del exalcalde Asael Rodríguez Palacios, encontrado responsable por daño patrimonial en un contrato para construir un sistema de acueducto.  
  • Atendiendo denuncias ciudadanas la Gerencia de la CGR en el Chocó abrió investigaciones por presuntas irregularidades en el PAE y en el Hospital San Francisco de Asís. 

 

Bogotá, 9 de octubre de 2020.- La Contraloría General de la República halló responsable fiscal en cuantía de $953 millones de pesos al exalcalde de Acandí (Chocó), Asael Rodríguez Palacios, por daños ocasionados al patrimonio del Estado al darse irregularidades en la ejecución de un contrato de obra para la construcción de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado. 

El proyecto debía ejecutarse en el corregimiento de Sapzurro, y el contrato respectivo fue suscrito por el Municipio de Acandí con la Unión Temporal Sapzurro. 

Según la Contraloría, la administración municipal habría girado al contratista la suma equivalente al 50% del valor del contrato, recursos que no se vieron reflejados ni invertidos en la ejecución del mismo, que fue liquidado de manera bilateral el día 15 de noviembre de 2011.  

Al confirmarse el fallo de primera instancia dictado por la Contraloría General, a través de la Gerencia Departamental de Chocó, el proceso de responsabilidad fiscal pasará a jurisdicción coactiva. 

El fallo proferido determinó como responsables fiscales a:  

*Asael Rodríguez Palacios, en calidad de Alcalde Municipal.   

*Carlos Augusto Asprilla Guisado, en calidad de Director Operativo de Planeación e Infraestructura del Municipio de Acandí y quien actuó como Supervisor del contrato. 

*Sergio David Congote Rodríguez, en calidad de contratista, representante legal de la UNIÓN TEMPORAL SAPZURRO (participación 95%),  

*Juan Francisco Paniagua Gaviria, representante Legal de INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES DE URABÁ LTDA. - CONUR LTDA, integrante (5%) de la UNIÓN TEMPORAL SAPZURRO. 

*Y Argemiro Jaraba Ledesma, en calidad de representante legal de la Asociación de Municipios del Bajo Cauca y Bajo Nechí - AMBACAN, contratista interventor. 

Investigaciones por el PAE y en el Hospital San Francisco de Asís 

La Gerencia de la Contraloría General de la República en el Chocó anunció de paso la apertura de dos investigaciones originadas en denuncias ciudadanas: una por presuntas irregularidades en el suministro de las raciones alimentarias y ejecución del Plan de Alimentación Escolar, PAE y otra por la situación administrativa del Hospital San Francisco de Asís. 

Para hacerle seguimiento a la primera denuncia, la Contraloría realiza una Actuación Especial de Fiscalización al contrato que tiene por objeto el suministro de raciones alimentarias nutricionales en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del municipio de Quibdó. 

Esta auditoría permitirá revisar que la prestación del servicio cumpla con lo establecido en el contrato y en los lineamientos del programa, así como la normatividad vigente.  

De igual forma se adelanta una actuación Especial de Fiscalización a la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís, de Quibdó, que tiene por objeto emitir un concepto sobre el cumplimiento y legalidad de los marcos normativos. 

Y, además, se verificará el comportamiento administrativo y financiero de la entidad, luego que se recibieran denuncias sobre presuntas irregularidades en la dotación de la UCI en el hospital, sobrecostos de hasta 300% en implementos que no habrían llegado, no funcionan o se entregan en grave estado de deterioro.

Publicado el 10 十月 2020 15:00