Boletines de Prensa - 2020

Contraloría llama la atención por falta de suministro oportuno de elementos de protección a personal de la salud, por Coronavirus

COMUNICADO DE PRENSA No. 051

 

  • La CGR lamenta el fallecimiento de los médicos Carlos Fabián Nieto y William Gutiérrez y pide garantizar los elementos de bioseguridad necesarios y revisar las condiciones laborales del personal de la salud.
  • Se está verificando la agilidad por parte de los aseguradores y prestadores del sistema para la entrega de elementos de protección personal como tapabocas N95, vestidos de bioseguridad, escudos faciales, gafas de seguridad, polainas, guantes y ropa quirúrgica.
  • Además, el organismo de control verifica que las ARL destinen recursos para actividades que protejan a los trabajadores más expuestos al Coronavirus COVID-19.

 

Bogotá, 13 de abril de 2020.- Al tiempo que lamentó el fallecimiento de los médicos Carlos Fabián Nieto y William Gutiérrez, a causa del COVID-19, la Contraloría General llamó la atención por la falta de suministro oportuno de Elementos de Protección Personal (EPP) al personal de salud con riesgo directo de contagio y muerte por el virus.

Consideró el organismo de control que el fallecimiento de los médicos en Bogotá, y otras situaciones que se han denunciado relacionadas con enfermeras y auxiliares, obliga a revisar con urgencia la oportunidad, eficiencia y eficacia de las acciones y administración del recurso público por parte de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS-, especialmente frente a las condiciones en las cuales está ejerciendo su actividad el personal de la salud en Colombia.

La Contraloría formuló una invitación a la institucionalidad y actores del SGSSS, para garantizar los elementos de bioseguridad necesarios, revisar las condiciones laborales del personal de la salud, y garantizar con eficiencia y eficacia la fluidez de recursos del sistema.

En ese sentido, la CGR en la vigilancia al recurso del SGSSS, estará realizando seguimiento permanente frente a los siguientes aspectos.

*La garantía y agilidad por parte de los aseguradores y prestadores del sistema para la entrega de los elementos de protección personal indispensables como tapabocas N95, vestidos de bioseguridad, escudos faciales, gafas de seguridad, polainas, guantes y ropa quirúrgica, para proteger la salud y la vida de los médicos, las enfermeras y demás personal de la salud, más ahora cuando apenas se inicia la fase crítica de la pandemia en nuestro país.

*El destino de los recursos por parte las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) en los montos y reglas previstas en el Decreto 489 de 2020 y el Decreto 500 de 2020, especialmente lo dispuesto para actividades de emergencia, intervención y la compra de elementos de protección personal.

*Revisión de las condiciones laborales del personal de la salud, en especial quienes estén al frente de la contingencia, a fin de garantizar el principio de favorabilidad, observando lo dispuesto en los pronunciamientos de la Corte Constitucional en especial las sentencias T-614 de 2009 y T-760 de 2008.

Para la Contraloría, el país debe tener certeza que los trabajadores de la salud deben ser parte de la solución y no del problema, por lo tanto, deben ser protegidos oportunamente en especial cuidando del recurso público dispuesto para su labor

La CGR invitó al personal de la salud y la ciudadanía en el país, a presentar sus denuncias e inquietudes en las redes sociales y correos electrónicos de la entidad:

cgr@contraloria.gov.co y seguimientocoronavirus@contraloria.gov.co 

Recursos de las ARL para actividades que protejan trabajadores más expuestos al Coronavirus

En el marco del nuevo control fiscal concomitante y preventivo, la Contraloría General de la República solicitó hace varios días a las seis Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) que funcionan en el país información detallada sobre el cumplimiento que han dado a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional con motivo de la emergencia decretada por el COVID-19, relacionadas con los recursos que deben destinar para enfrentar la pandemia y las actividades de prevención del contagio.

Mediante el Decreto 488 del 27 de marzo de 2020, por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Gobierno incluyó dentro de las actividades de promoción que deben ejecutar las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) las de prevención del contagio del Coronavirus COVID-19 y, al mismo tiempo, ordenó una nueva distribución de los recursos de las cotizaciones en riesgos laborales (numerales 1, 2, 3 y 4 del Artículo 5 de este Decreto). Así mismo, a través del Decreto 500 del 31 de marzo de 2020, se incluyó a las ARL de carácter público dentro de las acciones antes señaladas.

Es así como la Contraloría General de la República, a través de sus Contralorías Delegadas para el Sector Salud y para el Sector Trabajo, solicitó responder un cuestionario de 14 preguntas sobre el tema, a las siguientes ARL: ARL Sura, ARL Positiva, ARL Compañía de Seguros, ARL Seguros La Equidad, ARL Seguros Colmena, ARL Seguros Bolívar y ARL Axa Colpatria.

La Contraloría solicitó a las ARL información que tiene que ver especialmente con actividades de promoción y prevención dirigidas a los trabajadores de sus empresas afiliadas que, por sus labores, están directamente expuestos al contagio del virus.

Igualmente, deben reportar actividades de emergencia e intervención y para la compra elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes de carácter preventivo y diagnóstico, y acciones de intervención directa relacionadas con la contención y atención del Coronavirus COVID-19.

Las ARL deben informar a la CGR cuántos casos sospechosos y positivos de contagio tiene en este momento del total de afiliados, y cuántos de los mismos corresponden a los trabajadores considerados más expuestos.

El siguiente es el texto de la comunicación por medio de la cual la CGR solicitó hace algunos días información a las ARL:

 

Señores

ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)

La Ciudad

 

Asunto: Solicitud de información Decreto Legislativo No. 488 de 2020

Por medio de la presente y de conformidad con el Decreto Legislativo No. 488 de 2020 expedido por el Ministerio de Trabajo; la Contralora Delegada para el Sector Salud y como Contralora Delegada para el Sector Trabajo (E) de la Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus funciones y en especial de los alcances establecidos en el Acto Legislativo No. 04 de 2019 "Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal" y lo dispuesto en el artículo 54 del Título VI del Decreto No. 403 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del Control Fiscal”, activado a través de la Resolución ORG No. 753 de 2020, mediante el cual le permiten al Contralor General de la República realizar control fiscal concomitante y preventivo, para garantizar la defensa y protección del patrimonio público a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los bienes, fondos o recursos públicos y en procura del cumplimiento de las disposiciones que reglamentan la protección al recurso humano con alta exposición al virus COVID-19 por parte de las ARL, solicita responder el siguiente cuestionario al correo fernan.caicedo@contraloria.gov.co:

1.    Informar el recurso y el porcentaje asignado que corresponde al numeral 1 del artículo 5 del Decreto 488 de 2020, el cual establece “El cinco por ciento (5%) del total la cotización para realizar actividades de promoción y prevención dirigidas a los trabajadores de sus empresas afiliadas, que, con ocasión de las labores que desempeñan, están directamente expuestos al contagio virus, a, para la compra de elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes de carácter preventivo y diagnóstico, así como acciones de intervención directa relacionadas con la contención, mitigación y atención del nuevo Coronavirus COVID-19”.

Así mismo, adjuntar el documento por medio del cual se fortalecen las acciones presenciales de su competencia en los aspectos de promoción y prevención de riesgos laborales relacionados con el COVID-19.

2.    Informar el recurso y el porcentaje asignado que corresponde al numeral 2 del artículo 5 del Decreto 488 de 2020, el cual establece “Del noventa y dos por ciento (92%) del total de la cotización, la Entidad Administradora de Riesgos Laborales destinará como mínimo el 10% para las actividades prevención y promoción de que trata el numeral 2° del artículo 11 de la Ley la 1562 de 2012”.

Así mismo, adjuntar los lineamientos que ha desarrollado para las actividades prevención y promoción de que trata el numeral 2° del artículo 11 de la Ley la 1562 de 2012”.

3.    Indicar el monto de los recursos que corresponden al uno por ciento (1 %) en favor del Fondo de Riesgos Laborales.

4.      Indicar el monto de los recursos asignados correspondientes al numeral 4 del artículo 5 del Decreto 488 de 2020, el cual establece “El dos por ciento (2%) para actividades de emergencia e intervención y para la compra elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes de preventivo y diagnóstico, y acciones de intervención directa relacionadas con la contención y atención del Coronavirus COVID-19, destinados a los trabajadores de sus empresas afiliadas, que, con ocasión de labores que desempeñan, están directamente expuestos al contagio del virus, tales como los de la salud tanto asistenciales como administrativos y de apoyo, al igual que los trabajadores de aseo, vigilancia y alimentación, relacionados directamente con la prestación del servicio de salud; trabajadores de transporte aéreo, marítimo o terrestre; control fronterizo, cuerpo de bomberos, defensa civil y cruz roja.

En este punto deberá detallar la disposición del recurso con relación al personal descrito en el numeral 4 del artículo 5 del Decreto 488 de 2020.  

5. Cuántos afiliados tiene en su ARL y cuántos de ellos corresponden a:

Trabajadores de la salud tanto asistenciales como administrativos y de apoyo

Trabajadores de vigilancia y alimentación relacionados directamente con la prestación del servicio de salud

Trabajadores de terminales de transporte aéreo

Trabajadores de terminales de transporte marítimo

Trabajadores de terminales de transporte terrestre

Trabajadores de control fronterizo

Trabajadores de cuerpo de bomberos

Trabajadores de defensa civil y cruz roja

6. ¿Cuántos casos sospechosos y positivos de contagio tiene en este momento del total de afiliados?

7. Cuántos de los casos mencionados (sospechosos y positivos) en el numeral anterior corresponden a:

Trabajadores de la salud tanto asistenciales como administrativos y de apoyo

Trabajadores de vigilancia y alimentación relacionados directamente con la prestación del servicio de salud

Trabajadores de terminales de transporte aéreo

Trabajadores de terminales de transporte marítimo

Trabajadores de terminales de transporte terrestre

Trabajadores de control fronterizo

Trabajadores de cuerpo de bomberos

Trabajadores de defensa civil y cruz roja

8.    Indique si con ocasión de la pandemia ha creado alguna guía o protocolo de gestión para el manejo de los casos sospechosos y/o confirmados. En caso de ser afirmativa su respuesta adjunte el documento.

9. ¿Cuál es el valor de cotizaciones en riesgos laborales que tuvo la ARL en el mes de marzo de 2020?

10. Indique los recursos que ha proyectado para afrontar la pandemia COVID-19 durante los meses de abril, mayo y junio del año 2020

11. ¿Cuántos equipos de recurso humano de prevención y control ha conformado para la entrega de EPP y que recurso financiero ha dispuesto para tal fin?

12. Indique a partir de qué fecha realizará la entrega de los Elementos De Protección Personal (kits)

13. ¿Cuál es la frecuencia con que serán entregados los Elementos de Protección Personal (Kits)?

14. ¿De qué se compone el Kit de Elementos de Protección Personal?

Publicado el 13 四月 2020 08:00


Alertas de la Contraloría por sobrecostos en kits alimenticios y elementos de protección, en contratación para atender emergencia por COVID-19

COMUNICADO DE PRENSA No. 050

 

  • En el control en tiempo real que adelanta la CGR, también se han encontrado sobrecostos en adquisición de camas hospitalarias.
  • Hay casos donde se ha contratado sin estudios previos.
  • Los primeros casos de sobrecostos en compra de alimentos, se darían en contrataciones realizada en los municipios de Coveñas y Sincelejo (Sucre), Barrancabermeja y Girón (Santander) y Gobernación del Tolima, entre otros.
  • En algunos casos, hay sobrecostos de más del 40% en alimentos como atún, frijol y lenteja.
  • También se han encontrado sobrecostos en la compra de insumos de salud como antibacteriales y tapabocas, con sobrecostos hasta del 50%.
  • Los casos más relevantes de las alertas de la Contraloría tienen que ver con contrataciones realizadas por la Gobernación de Casanare, las Alcaldías de Sincelejo, Coveñas, Girón, Barrancabermeja, Tocancipá y Cartago, y la Secretaría de Educación de Medellín.
  • El Contralor Carlos Felipe Córdoba manifiesta su preocupación por una posible desviación de recursos, hasta ahora, de unos $80 mil millones.

 

Bogotá, 8 de abril de 2020.- La Contraloría General de la República alertó hoy por situaciones de sobrecostos y ausencia de estudios previos y de mercado que ha encontrado al realizar seguimiento y control en tiempo real a contrataciones realizadas para atender la emergencia sanitaria por el COVID.19.

El organismo de control ha analizado hasta el momento 5.198 contratos relacionados con recursos destinados para este efecto y tuvo en cuenta distintas fuentes, como las declaraciones de urgencia manifiesta y calamidad pública, sistemas de información de la contratación pública (Secop I), supermercados nacionales y locales, entre otras.

Fue así como en el trabajo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la CGR (DIARI) se determinaron 3 factores de riesgo:

*Un reducido reporte de la información precontractual y contractual: ausencia de estudios previos y estudios de mercado y/o sector; ausencia de oferta económica de los contratistas; ausencia de información sobre beneficiarios y valores unitarios dentro de los estudios previos y ofertas económicas.

*Presuntos sobrecostos en el valor de la compra: en alimentos que componen los kits de mercado; elementos de protección sanitaria y elementos médicos para la atención de la emergencia; especulación de precios e irregularidades; e infraestructura tecnológica para la emergencia (call center).

*Y ambigüedades precontractuales y contractuales: las obligaciones en algunos contratos son genéricas; no se especifican ítems, cantidades y beneficiarios en el estudio previo; no se determinan responsabilidades en la supervisión contractual, hay inconsistencias entre la oferta económica y el valor del contrato; y se dan ofertas económicas con sumatorias económicas a la establecida en los ítems de la misma, generando contratos con valores erróneos.

En el caso de los presuntos sobrecostos en compra de alimentos, estos se darían en contrataciones realizadas en municipios como Coveñas y Sincelejo (Sucre), Barrancabermeja y Girón (Santander), entre otros.

Ejemplos: se han detectado casos de sobrecostos del 53,8% en un kg de lenteja y del 50,7% en 1 kg de frijol, en Acacías (Meta); del 52,9% en un kg de lenteja, del 46,5%  en 1 kg de frijol y de 48,2% en atún, en Barrancabermeja (Santander).

También se han encontrado sobrecostos en la compra de insumos de salud como antibacteriales y tapabocas. Esto se ha detectado en Ocaña (Norte de Santander): (sobrecosto del 61,9% en 1 litro de antibacterial); San Antonio (Tolima): sobrecosto de 71,5% en tapabocas antifluido); Medellín (Antioquia): sobrecosto del 25,5% en un litro de antibacterial; Mapiripán (Meta): sobrecosto del 53,6%) en un litro de antibacterial; y Mitú (Vaupés): sobrecosto del 46,6% en un litro de antibacterial.

Otros sobrecostos por compra de antibacterial se estarían dando en Tamé, Arauca (59.7%) y Acandí, Chocó (50%).

En Yopal (Casanare), habría sobrecostos por camas (22%) y camillas hospitalarias (23%) y también por antibacterial (45,5%).

Y en el municipio de La Unión (Nariño), hay presuntos sobrecostos en la compra de overoles de bioseguridad (64%) y tapabocas antifluido (66,8%).

La CGR está analizando también la publicidad contratada con recursos públicos por el tema del COVID-19, determinando hasta ahora una inversión aproximada de $2.040 millones.

Y, en este tema hay también alertas de la Contraloría, por situaciones detectadas relacionadas con contrataciones realizadas, por ejemplo, por la Gobernación del Tolima, en un contrato por dos meses con León Gráficas SAS, por valor de $1.020 millones, para prestar servicios de publicidad en distintos medios, donde no hay relación entre el valor ofertado ($420 millones) y el señalado antes como valor contratado.

Casos relevantes que ha detectado la Contraloría General

*Alcaldía de Sincelejo: presuntos sobrecostos del 27% en contrato suscrito con Abastos y Fruver El Paraíso SAS, por $1.999 millones, para el suministro de 13.333 kit de mercado para población vulnerable de Sincelejo, donde la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la CGR (DIARI) ha establecido que esos kits se adquirieron por un valor unitario de $150.000, cuando este debía ser de aproximadamente $118.023 (verificando costo de mercado con referencia del DANE, incluyendo logística y aproximado de utilidad).

*Alcaldía de Coveñas (Sucre): presuntos sobrecostos del 21% en un contrato por valor de $1.206 millones, suscrito con la Fundación Servicios y Consultorías Caribe Funcaservicios, para el suministro de 6.000 kits de mercado para población vulnerable, por un valor unitario de $184.500, cuando verificando costo de mercado con referencia DANE se calcula que debió ser de $152.294.

*Gobernación de Casanare: presuntos sobrecostos del 29,9% por cama hospitalaria contratada en un contrato por $372.500 millones con la firma La Electromedicina SAS, para adquisición de 24 camas hospitalarias y 10 camillas de transporte y recuperación.

Cada cama hospitalaria se adquiere por $11 millones, cuando el valor máximo encontrado en el mercado es de $8.467.469 (cama hospitalaria de 5 movimientos).

*Gobernación de Casanare: presuntos sobrecostos del 29,8% en la adquisición de 33.702 raciones para preparar paquetes de alimentos no perecederos, para beneficio de la población adulto mayor del departamento, donde se suscribió contrato por $8.131 millones con la Fundación Emprendedores Sociales.

*Alcaldía de Girón (Santander): presuntos sobrecostos del 32% en la adquisición de 20.000 kits de mercado para población vulnerable, en un contrato por $1.400 millones suscrito con el contratista Ariel Castro Garcés, donde el valor unitario es de $70.000 y se calcula que debería ser de $53.191.

*Alcaldía de Barrancabermeja (Santander): presuntos sobrecostos del 41% en 5.000 kits de mercado para población vulnerable, en contrato por $815.905.200 suscrito con Disandi SAS.

*Secretaría de Educación de Medellín: presuntos sobrecostos en alimentos como frijol (29%) y leche en polvo (18%) que hacen parte de 220.578  kits para población vulnerable, en contrato por $7.168 millones suscrito con Corporación Colombia Avanza.

*Alcaldía de Tocancipá (Cundinamarca): tiene que ver con un contrato por $806 millones suscrito con la Comercializadora Agrosocial SAS, para el suministro de paquetes alimentarios y elementos de aseo personal para la población vulnerable, donde cada paquete tiene un costo de $161.225 y al hacer verificación con el DANE la CGR establece que el costo real debería ser de aproximadamente $81.104.

*Alcaldía de Cartago (Valle): contrato para suministro de víveres para surtir los restaurantes de emergencia y las ayudas humanitarias (mercados), con destino a población vulnerable, por $196.800.000, suscrito con la Plaza Campesina de Cartago SAS; y contrato cuyo objeto es Logística para el desarrollo de actividades operativas y asistenciales para la prevención y atención de la emergencia sanitaria en Cartago, por valor de $230.000.000, suscrito con Provisiones y Soluciones Empresariales SAS.

La Contraloría encontró que no se especifica la figura de restaurantes de emergencia; no se adjuntaron estudios previos ni estudios de mercado; las actividades logísticas previstas son genéricas; y no se especifica el número de mercados ni los beneficiarios.

Publicado el 08 四月 2020 17:00


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Procuraduría y Contraloría recomiendan que compras de insumos prioritarios para prevención y contención del COVID-19 sean centralizadas o contratadas entre gobierno y entidades territoriales

COMUNICADO DE PRENSA No. 049

 

  • Órganos de control abogan porque los recursos públicos no sean utilizados para gastos suntuarios, publicidad innecesaria asociada al COVID-19, pago de deudas de las entidades,  y contratos y compras que no permitan atender la emergencia. 

 

Bogotá, 8 de abril de 2020.- La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República recomendaron al Gobierno Nacional adelantar compras centralizadas o contratar conjuntamente con las Entidades Territoriales los insumos de especial prioridad, necesarios para impulsar la preparación, prevención y contención del COVID-19. 

Estos mecanismos permitirían agrupar las necesidades comunes de las distintas entidades y comprar conjuntamente bienes y servicios para combatir la pandemia, así cómo coordinar, revisar y dar directrices respecto de la calidad y oportunidad de lo que se compra en virtud de la Emergencia Social, Económica y Ecológica.

Además, instaron a Colombia Compra Eficiente a agilizar y dar celeridad al diseño, estructuración y puesta a disposición de las gobernaciones y alcaldías, de los Instrumentos de Agregación de Demanda necesarios para la compra de bienes y servicios imprescindibles para atender y mitigar la pandemia.

En desarrollo del programa ’Transparencia por la emergencia’, los órganos de control recordaron a los ejecutores del gasto que están vigilando y garantizando el uso eficiente de los recursos públicos disponibles para mitigar, contener y subsanar los efectos negativos del coronavirus, por lo que alertarán de manera inmediata y sancionarán contundentemente el mal uso de esos fondos, y la vulneración de los derechos de los ciudadanos y del personal médico y del sector salud. 

El propósito de la Procuraduría y la Contraloría es proteger a la población más vulnerable con medidas extraordinarias que garanticen la eficiencia e integridad en las contrataciones, así como la transparencia y legalidad de cualquier gasto derivado de la emergencia. 

Las dos entidades hicieron un llamado puntual para que los recursos públicos no sean utilizados para gastos suntuarios, publicidad innecesaria asociada al COVID19, el pago de deudas de las entidades, y contratos o compras que no permitan atender la emergencia o que si bien están relacionadas con la pandemia resulten onerosas. 

Se están verificando conductas que no son admisibles, como: (a) la compra de kits de mercados cuyos precios son muy superiores en comparación con los de las grandes superficies; (b) la entrega de mercados con fines políticos a población no vulnerable o necesitada que se ha visto afectada por la pandemia; (c) la contratación de construcción de parques no relacionados con la emergencia; (d) contratos para publicidad sobre conocimientos y cuidados del Covid-19 dirigidos a población con acceso a televisión e internet que tienen información suficiente; (e) contratos suscritos para el suministro de ayudas humanitarias con una persona jurídica cuyo objeto social es la organización de eventos sociales; (f) contratos celebrados para el suministro de un número determinado de kits de elementos de aseo que son entregados de forma parcial o incompleta; y (g) contratos que no son publicados oportunamente en el SECOP o que no cuentan con el acto de declaratoria de urgencia y demás documentos.

Finalmente, indicaron que es deber de las entidades territoriales, en atención a los artículos 4 y 6 del Decreto Ley 440 de 2020, preferir la compra de los bienes y servicios que están disponibles en las grandes superficies y en la Tienda Virtual del Estado colombiano, que hoy pone a disposición, elementos como: alcohol, algodón, cajas de seguridad, bolsas, gel antibacterial, guantes, jabón, toallas para manos, limpiadores, yodo, entre otros.

Publicado el 08 四月 2020 08:00


En sesión virtual del Congreso: Contralor propone acondicionar bienes de la SAE, como hoteles, para recibir sobrepoblación carcelaria

COMUNICADO DE PRENSA No. 048

 

  • El jefe del organismo de control entregó un listado de las 20 cárceles con mayor problema de hacinamiento en el país.
  • El Contralor Carlos Felipe Córdoba hace un llamado para que se destinen los recursos suficientes para hacer frente a la crisis de hacinamiento que se vive en las cárceles.
  • También urge la reforma a la justicia.
  • Contralor apoya la posición y preocupación del Fiscal General sobre hacinamiento carcelario.

 

Bogotá, 6 de abril de 2020.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, propuso acondicionar bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), específicamente unos 93 hoteles de propiedad de esa entidad, para recibir unos 40 mil presos, que constituyen la sobrepoblación carcelaria del país.

Sostuvo que sería una forma de solucionar el lío que se tiene ante la posible excarcelación de presos por la propagación del coronavirus en las prisiones.

Afirmó que hay otros bienes de la SAE que podrían ayudar también en la resocialización, ya que de una u otra forma allí no se tiene un resultado concreto sobre los mismos, no los venden y no son monetizados o los siguen teniendo y no están prestando ninguna utilidad para el Estado.

Dijo el Contralor que es preocupante que se tenga una población carcelaria total de alrededor de 123 mil presos con un índice de hacinamiento del 52,25%, es decir una sobrepoblación de 42.284 personas.

A la fecha están en cárceles 37.553 personas en calidad de sindicados, es decir el 30.52% del total de la población carcelaria.

Indicó que se ha planteado la alternativa de que las Alcaldías y Gobernaciones tengan la responsabilidad de esos sindicados, pero no tienen recursos para solventar la crisis carcelaria en sus territorios.

El Contralor entregó un listado de las cárceles que registran mayores problemas, donde aparecen las de Riohacha (La Guajira), Santa Marta (Magdalena), Andes (Antioquia), Valledupar (Cesar), Caucasia (Antioquia), La Paz (Cesar), Apartado (Antioquia), Cali (Valle), Santa Bárbara (Antioquia), Santa Rosa de Osos (Antioquia), Barranquilla (Atlántico), Sonsón (Antioquia), La Ceja (Antioquia), Aguachica (Cesar), Medellín (Antioquia), Armero-Guayabal (Tolima), Quibdó (Chocó), Barrancabermeja (Santander) y Pensilvania (Caldas).

Mencionó que, de los cupos dados en servicio al 31 de diciembre de 2018, sólo 2.297 fueron construidos en pabellones totalmente nuevos (en Espinal 733, en Coiba Ibagué 730, en Tuluá 656 y en Girón 178 de los 752 proyectados). Es decir, un 38,1% del total. Los 3.735 restantes, se han rehabilitado, acondicionado y adaptado en espacios carcelarios ya existentes, y equivalen regularmente a camas o camastros, sin que ello haya representado realmente la creación de un nuevo cupo carcelario.

Aseguró luego que otra debilidad evidenciada es el reducido número de guardias respecto de los internos, por lo que el INPEC presenta dificultades para el cumplimiento de sus funciones de monitoreo y vigilancia de la población carcelaria. Por ejemplo, indicó, por cada patio donde hay entre 150 a 300 reclusos, solo hay de 1 a 2 guardias, cuando la norma señala que deben ser más de 6.

De acuerdo con el INPEC, las necesidades actuales y futuras indican que se requieren de unos 16.529 funcionarios, distribuidos en 9.750 guardianes y 6.779 administrativos. 

Problemas persistentes en servicios de salud y alimentación en las cárceles

Las auditorías de la Contraloría han encontrado también ineficiencia e ineficacia en la prestación de los servicios de salud de las cárceles que, además, son inoportunos.

La consecuencia de no recibir diagnósticos y tratamientos oportunos de las diferentes patologías, puede derivar en el aumento en los riesgos y emergencias en salud pública de la Población Privada de la Libertad, anotó el Contralor General.

“Eso sin hablar de la problemática en alimentación”, agregó. Al respecto, el Contralor dijo que no hay seguimiento real ni la capacidad de prestación del servicio alimenticio.

Por citar un solo ejemplo, la CGR ha evidenciado pagos de componentes que no se suministraron en los tiempos de comida de almuerzo, cena y refrigerio nocturno, durante la ejecución de las operaciones de bolsa del año 2018 y 2019.

Otro tema de preocupación para la Contraloría es que no se cumpla con la construcción de los grandes modelos de cárceles que se habían proyectado con el CONPES desde el 2016 y que a hoy no tienen mayor ejecución

La Contraloría ha encontrado debilidades en la planeación y maduración de esos proyectos, en la labor de supervisión y en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, que han impactado en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en el CONPES 3871 del 3 de noviembre de 2016.

Dentro de los hallazgos más significativos se encuentra el generado por el pago de $62.759.063.434, correspondientes al contrato No.219 de 2013, para la construcción de un sector de mediana seguridad y obras conexas en el Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Buga - Valle del Cauca, que lleva más de un año sin ejecución, y que tampoco en este tiempo se ha efectuado labores de mantenimiento.

Urgente reforma a la justicia

El Contralor Carlos Felipe Córdoba exhortó al ministro de Hacienda para que destine los recursos suficientes para el sector de justicia y en particular el problema del hacinamiento carcelario.

Dijo que urge introducir en la reforma a la justicia un sistema económico coherente para este sector, no solo para una parte del mismo o una sola institución, “sino que esto lleve a que haya un muy buen esquema entre la Policía, la Fiscalía, Jueces, Fiscales y todo el sistema penitenciario colombiano, para que de verdad haya resocialización y tengamos la capacidad necesaria, sino vamos a seguir teniendo estos problemas y más aceleradamente, con peores resultados”.

El Contralor General de la República intervino hoy en un debate virtual sobre hacinamiento y crisis carcelaria, convocado por la Comisión de Paz del Senado de la República.

Publicado el 06 四月 2020 17:00


Contralor urge a entidades nacionales y territoriales cumplir con reporte de información sobre recursos destinados para emergencia por COVID-19

COMUNICADO DE PRENSA No. 047

 

  • A la fecha es mínimo el reporte que se ha realizado.

Bogotá, 4 de abril de 2020.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, hizo hoy un llamado a todas las entidades del orden nacional y territorial para que den cumplimiento estricto a las diferentes circulares o directrices que ha expedido el organismo de control ordenando el reporte de información relacionada con la asignación y ejecución de recursos destinados a atender la emergencia generada por el COVID – 19.

La CGR está solicitando, en especial, la información concerniente a actos de declaratoria de urgencia manifiesta y calamidad pública, así como la totalidad de la contratación concerniente a la ejecución de recursos ordinarios o extraordinarios destinados a la emergencia y la fuente de los mismos (Circular 06 de 2020).

“A la fecha es mínimo el reporte que se ha realizado frente a los recursos destinados a atender la emergencia, cuando es necesario para el país que la Contraloría General de la República realice el seguimiento permanente de los mismos, para velar por su correcta utilización y efectividad”, indicó el Contralor General.

Publicado el 04 四月 2020 10:30