Boletines de Prensa - 2020

Contraloría General urge precisar condición de estabilidad geológica del Relleno Doña Juana

COMUNICADO DE PRENSA No. 066

 

  • El Operador del relleno Sanitario Doña Juana, NO reportó oportunamente información geotécnica relevante del proceso de inestabilidad en marcha, que concluyó con el deslizamiento del 28 de abril.
  • El organismo de control plantea la posibilidad de adelantar una acción conjunta con la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, para establecer las posibles causas y situaciones relacionadas con esta emergencia.
  • La Contraloría General estima necesario evaluar el Plan de contingencias del relleno Doña Juana y, en forma preliminar,  dice que éste presenta debilidades.
  • Problemáticas administrativas, operativas, ambientales y de estabilidad, así como debilidades de planes de contingencia, han sido detectadas en los procesos auditores de la Contraloría General de la República sobre varios rellenos sanitarios del país.
  • Gestión integral de residuos sólidos, hospitalarios y rellenos sanitarios, ha sido revisada por la Contraloría, encontrando diferentes falencias.

 

Bogotá, 4 de mayo de 2020.-  La Contraloría General de la República urgió hoy a al operador del relleno sanitario Doña Juana, a la ANLA, la Superintendencia de Servicios y la UAESP, para que precisen la condición de estabilidad geotécnica en la que se encuentra este luego del evento de deslizamiento ocurrido en la noche del pasado martes 28 de abril, al tiempo que reveló que, según lo que ha podido establecer con la ANLA, el operador NO reportó oportunamente información geotécnica relevante del proceso de inestabilidad en marcha, que concluyó con esta nueva emergencia.

Para la Contraloría, esta situación debe ser abordada por la Supervisión del contrato y la ANLA, a efecto de imponer medidas que impidan que se repitan procesos de remoción en masa al interior del relleno y que, como consecuencia directa, se coloque en riesgo y exposición a la población por situaciones biosanitarias adversas y deterioro de las condiciones ambientales.         

La Contraloría señaló que se requiere también un pronunciamiento del operador del relleno en relación de las causas, implicaciones y posibles riesgos derivados del deslizamiento.

El organismo de control plantea la posibilidad de adelantar una acción conjunta con la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, para establecer las posibles causas y situaciones relacionadas con la actual emergencia que afronta el Relleno Sanitario Doña Juana, el más grande del país y uno de los más grande del mundo.

La Contraloría General estima necesario evaluar el Plan de contingencias del relleno Doña Juana y, en forma preliminar, dice que éste presenta debilidades.

Considera, además, que la vida útil del relleno es un punto de especial importancia para el adecuado manejo de los residuos sólidos del Distrito Capital y para que continúe su operación de acuerdo al tiempo que le fija la licencia ambiental, hecho que ocurrirá entre los años 2022 a 2023, situación que implica que la actual Administración Distrital debe resolver este hito lo antes posible, dadas las implicaciones tarifarias, de salud pública y ambientales asociadas a las características actuales del relleno.

No es un problema de ahora y es generalizado

En varias de sus auditorías, el organismo de control ha detectado diferentes problemáticas administrativas, operativas, ambientales y de estabilidad del Relleno Doña Juana, así como de otros rellenos del país.

En las auditorías practicadas desde la 2017, en relación con el relleno Doña Juana, se han determinado situaciones como la carencia del permiso de vertimientos, incumplimientos del operador del relleno Consorcio Gerenciamiento Relleno Doña Juana (CGR DJ) en relación con las obligaciones de la licencia ambiental, desatención reiterada por parte del operador a los informes de la interventoría y deficiencias en labores de mantenimiento y en obras de manejo requeridas para la adecuada operación del relleno, entre otras.

El ente de control ha detectado que otros rellenos sanitarios del país se encuentran en situación similar al relleno Doña Juana, en cuanto a afrontar una corta vida útil, situación que demanda de las Administraciones Locales acciones urgentes a efecto de no decretar emergencias sanitarias, así como la necesidad de definir soluciones técnicas, sociales ambientales y económicas de largo plazo,

Los casos evaluados en los informes de la Contraloría dan cuenta de múltiples alertas sobre el deterioro progresivo de las zonas donde se encuentran emplazados los sitios de disposición final en los rellenos, y se tiene como ejemplo, aparte de Doña Juana (en Bogotá), El Carrasco (Bucaramanga), Rediba (Barrancabermeja), Magic Garden (San Andrés Islas) y Pradera (Medellín).

Estudios de la Contraloría sobre la política nacional de manejo de residuos sólidos han señalado la necesidad de aplicar cambios estructurales para atender los impactos ambientales que se generan en distintas ciudades del país.

Hallazgos de las Auditorías de la Contraloría sobre el relleno Doña Juana y otros similares y, en general, el tema de residuos sólidos y residuos hospitalarios:

La Contraloría General de la República, a través de su Delegada para Medio Ambiente, ha realizado diferentes actuaciones de control fiscal relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos, residuos hospitalarios y rellenos sanitarios en el territorio nacional.

Dichas actuaciones corresponden a 3 auditorías ejecutadas en los años 2017 y 2018, así como de seguimiento y atención de denuncias ciudadanas relacionadas con el tema.

 

1.            Auditoría de Desempeño a la Gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y las Corporaciones Autónomas Regionales en el marco de la política de gestión ambiental y urbana - PGAU (2014-2017)

En esta auditoría de abril de 2018, involucró 16 Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la cual se establecieron 23 hallazgos administrativos, sobresaliendo las siguientes situaciones que guardan relación directa con el relleno Doña Juana:  

Administrativas - Institucionales

La Contraloría General de la República encontró debilidades en la formulación de la política, debido a la baja participación de las corporaciones y de la comunidad en general.

También, encontró falta de gestión, articulación y fortalecimiento de las instituciones públicas evaluadas

Otra de las falencias detectadas por el organismo de control, fue la falta de articulación, gestión e inoperancia en desarrollo de sus funciones de seguimiento y control de la CAR Cundinamarca, la Superintendencia de Servicios Públicos, UAESP y Secretaría de Ambiente, en donde hay deficiencias en la toma de medidas preventivas y sancionatorias.

Precisó también en este informe, que el relleno no contaba con el permiso de vertimientos.

Incumplimientos

El equipo auditor de la Contraloría Delegada para Medio Ambiente encontró que hubo incumplimientos por parte del operador del relleno, el Consorcio Gerenciamiento Relleno Doña Juana, en relación con las obligaciones de la licencia ambiental, así como del contrato de concesión y al plan operativo RAS 2000.

También se incumplió con la modificación de los diseños de optimización y en el manejo de lixiviados y gases del relleno, en donde existen diferencias respecto de lo ejecutado frente a los diseños definidos en el plan de manejo ambiental.

Los parámetros de vertimientos también fueron incumplidos, así como los sistemas de manejo de los gases producidos en el relleno y los controles de las emisiones atmosféricas. 

Hubo incumplimiento en las labores de restauración paisajística, así como también, desatención reiterada por parte del operador a los informes de la interventoría.

Deficiencias y situaciones en proceso

Dentro de este proceso auditor, la Contraloría evidenció procesos de inestabilidad activos de la masa de residuos sólidos ya dispuestos de forma definitiva.

Por otra parte, detectó que no se presentó la adecuación requerida en tiempo de la celda de emergencia, con lo cual no se contaba con la misma para la fecha de la auditoría   

También encontró deficiencias en obras de manejo requeridas para la adecuada operación del relleno (Vías internas, sistema de manejo de aguas superficiales y drenaje del lixiviado y manejo de gases).

Otras deficiencias reiteradas encontradas por el ente de control tienen que ver con labores de mantenimiento, así como en los sistemas de instrumentación del relleno (piezómetros, inclinómetros) y falta de claridad del mecanismo con el cual se liquida al operador del relleno por el tratamiento del lixiviado.

 

2.            Auditoría de desempeño al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y autoridades ambientales en desarrollo de la política para la gestión integral de residuos sólidos 2014-2018

Esta auditoría liberada por la Contraloría General de la República en diciembre de 2018 estableció 28 hallazgos administrativos y en lo relacionado con el relleno sanitario Doña Juana, se resaltan las siguientes situaciones:

Administrativas - Institucionales

La CGR detectó falencias e inconsistencias en el proceso de modificación de tarifa del servicio de aseo, desde el punto de vista de la eficacia, eficiencia y economía, dado que no se encontraban en el expediente todas las pruebas que permitieran soportar la modificación de la tarifa y en especial con lo relacionado al punto del tratamiento del lixiviado.

En cuanto a la vida útil del relleno, en el marco de la modificación a licencia ambiental realizada en el 2014 por la CAR, se extiende hasta el año 2022, pero esta fecha no fue considerada para la modificación de la formula tarifaria en favor del operador del relleno.

Además, la Contraloría encontró bajo desempeño de las Autoridades Ambientales para realizar el seguimiento a las metas de aprovechamiento de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, y a nivel local, solo 351 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos — PGIRS, de los 928 actualizados, se ajustan a la Resolución 754 de 2014.

Incumplimientos

El ente de control detectó que no se cumplen las directrices del Conpes 3874 de 2016 en relación al manejo de residuos sólidos, en donde se requiere pasar de un modelo lineal (prioriza la disposición en el relleno), al modelo circular, basado en separación en la fuente, clasificación y reciclaje, con la consecuente reducción de residuos dispuestos en los rellenos y la consecuente ampliación de su vida útil. 

Deficiencias y situaciones en proceso

En el ejercicio auditor, el equipo de la Contraloría detectó diferentes problemáticas administrativas, operativas, ambientales y de estabilidad del Relleno Doña Juana, así como de otros rellenos del país y de la política nacional de manejo de residuos sólidos, en donde se requieren cambios estructurales para atender los impactos ambientales generados en el manejo de residuos sólidos en Colombia.

En general se presentaron falencias y debilidades en los rellenos analizados en aspectos tales como:

Tecnologías complementarias y alternativas a rellenos sanitarios. (Se ha planteado desarrollar proyectos de aprovechamiento del gas para generación de energía, sin que se materialicen).

Proceso de entrega y seguimiento rellenos sanitarios. (Debilidades en el seguimiento por parte de la ANLA).  
Vida útil de los rellenos sanitarios (Varios rellenos próximos al agotamiento de la vida útil)
Cobro por disposición final y tratamiento (Cobro de servicios sin contar con la licencia ambiental)
Constitución provisiones para actividades de cierre, clausura y pos-clausura de rellenos sanitarios.

(La mayoría de los rellenos no están destinando recursos para la etapa de clausura) 

- Falta de oportunidad y articulación de los Planes de Gestión Integral de   Residuos Sólidos PGIRS. (No se articulan con los demás planes municipales y departamentales, tales como POT, PBOT, EOT y pales de desarrollo).

Los casos evaluados en los informes dan cuenta de las múltiples alertas sobre el deterioro progresivo de las zonas donde se encuentran emplazados los sitios de disposición final en los rellenos, en donde se tiene como ejemplo Doña Juana (Bogotá D.C.), El Carrasco (Bucaramanga), Rediba (Barrancabermeja), Magic Garden (San Andrés Islas) y Pradera (Medellín).

 

3.            Auditoría de cumplimiento a la gestión integral de residuos hospitalarios peligrosos en las costas Atlántica y Pacífica.

Esta auditoría liberada por la CGR en noviembre de 2017 estableció 25 hallazgos administrativos, de los cuales 16 tienen incidencia disciplinaria.

Se desarrolló sobre Corpoguajira, Corpamag, CRA, Cardique, CVS, Codechoco y CVC, donde se evaluaron entidades prestadoras de servicios de salud de la red de hospitales del estado e instituciones privadas del sector salud.

El ente de control encontró debilidades en la gestión de residuos hospitalarios (peligrosos) en la mayoría de las entidades hospitalarias evaluadas, en donde se resaltan problemas con el almacenamiento y disposición de los residuos hospitalarios (RH) a su interior.

Se detectaron falencias en la adecuada entrega y registro del manejo de los residuos a los gestores en lo relacionado a transporte y disposición final en los sitios adecuados y dispuestos para tal objeto, en las celdas de bioseguridad al interior de los rellenos sanitarios.

También encontró deficiencias en las condiciones de bioseguridad al interior de las instituciones prestadoras de servicios de salud, en los sitios de depósito temporal al interior de las entidades prestadoras de servicios de salud,

En cuanto a los vertimientos de aguas residuales, la CGR encontró que se hacen sin los respectivos permisos de las Corporaciones y hubo incumplimiento de normas de emisiones atmosféricas.

Hubo incumplimientos normativos y falencias en aspectos relevantes de coordinación entre la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), las Secretarias de Salud Departamentales y Municipales y las Corporaciones Autónomas Regionales, todas ellas con funciones y responsabilidades de seguimiento y control frente al tema de la gestión integral de residuos hospitalarios.

La Contraloría también encontró desactualización y desarticulación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios Peligrosos (PGIRH) y debilidades de los planes de contingencia de la gestión integral de residuos hospitalarios. 

Publicado el 04 五月 2020 07:30


Con Audiencia Virtual sobre Túnel de La Línea y Ruta del Sol 3, arrancó seguimiento preventivo de la CGR a proyectos de infraestructura

COMUNICADO DE PRENSA No. 065

 

  • Contraloría alerta a entidades gubernamentales a seguir criterios de transparencia en procesos de reactivación de obras de infraestructura.
  • El organismo de control inició seguimiento a las entidades del Gobierno Nacional y territoriales que desarrollan esta clase de proyectos, como el INVIAS, la ANI y diferentes Alcaldías y Gobernaciones. 
  • Lupa a licitación para mejoramiento de la Vía Toledo-Chinácota, en Norte de Santander, donde la Contraloría detectó un valor por metro de vía mejorada de $12 millones, que supera lo establecido en la contratación pública, configurando así una posible irregularidad.

 

Bogotá, 29 de abril de 2020.- La Contraloría General de la República comenzó a realizar seguimiento a importantes proyectos de infraestructura del país, como el Túnel de la Línea y la Ruta del Sol, Tramo 3, atendiendo las disposiciones del Gobierno Nacional en el marco del decreto 417 del 17 de marzo de 2020 por el cual se declaró Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.

En una primera audiencia virtual, con el INVIAS y la ANI, se hizo seguimiento a estos proyectos, a partir de las situaciones asociadas a las medidas adoptadas por la aparición del Covid-19.

“En conjunto con el INVIAS y ANI, estamos realizando seguimientos y generación de alertas a fin de evitar posibles daños al patrimonio público respecto de algunos proyectos de infraestructura, conociendo las medidas que se han adoptado para el cumplimiento de plazos en proyectos como el Túnel de la Línea y el proyecto Ruta del Sol, Tramo 3, dada las situaciones de contingencia por el Covid-19”, explicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

De esta manera, la CGR inicia un seguimiento, con enfoque preventivo, sobre la inversión de recursos en infraestructura vial, añadió.

Posibles irregularidades en licitación vial en Norte de Santander

A través de denuncias ciudadanas y con el análisis realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la CGR (DIARI), se viene realizando seguimiento puntual a las inversiones de entidades públicas en infraestructura vial.

Y, en este sentido, se identificó el proceso de licitación pública LP-SI-004-2020 de la Gobernación de Norte de Santander, con la Fundación Ambientalista Planeta Azul, que tiene por objeto el “MEJORAMIENTO DE LA VIA TOLEDO-CHINACOTA DEL TRAMO K7+400 AL K8+400, MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”, por $12.946.717.648, lo que representa un valor por metro de vía mejorada de $12 millones, que genera un riesgo de extralimitar los valores establecido para una contratación pública.

“A través de las herramientas con las que cuenta la Contraloría General de la República se realizaron comparaciones de precios unitarios con contratos de proyectos de infraestructura vial con objetos similares y localizados en el departamento Norte de Santander, lo que permitió evidenciar un posible sobrecosto, de acuerdo a que ninguno de los desarrollos que se ejecutarán en la vía Toledo-Chinácota, representan una complejidad técnica que justifique el valor total, así como tampoco se evidencian obras de tratamiento en taludes o muros de contención, que pudiesen ser factores que podrían incrementar el valor final”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana.

“Como máximo ente de control fiscal del país y bajo el ejercicio del Control Preventivo y Concomitante que nos ha brindado el Congreso de la República, estamos obligados a determinar y alertar sobre la ocurrencia de presuntos daños fiscales por el uso improductivo de los recursos públicos, a través de debilidades de planeación y en la de ejecución de los proyectos de infraestructura. Son los recursos de todos los colombianos y en medio de una emergencia como la que vivimos, es fundamental que no se despilfarren”, concluyó diciendo el funcionario de la CGR.

Más control, en la Nueva Contraloría

La Contraloría General de la República, con el fin de garantizar la defensa y protección del patrimonio público, y en el marco del Acto legislativo 04 de 2019, reglamentado por el Decreto 403 de 2020, en ejercicio del nuevo Control Preventivo y Concomitante, ha desplegado todos los mecanismos de seguimiento permanente y preventivo para la vigilancia de la inversión de los recursos públicos.

Por tal motivo, pone en marcha esta estrategia de seguimiento virtual a los proyectos de infraestructura; procesos que además el ente de control ha venido acompañando a través de la Estrategia "Compromiso Colombia", donde, junto a la ciudadanía y actores involucrados, ha identificado diferentes problemáticas, para generar acuerdos que permitan sacarlos adelante.

Publicado el 09 四月 2020 08:00


Por inconcluso proyecto de casas fiscales de la Policía, Contraloría determinó daño fiscal por $5.364 millones

COMUNICADO DE PRENSA No. 064

 

  • La construcción de la segunda fase del proyecto “Ciudadela Policial – CENOP”, en el municipio de San Luis (Tolima), nunca se concluyó.
  • La obra fue gestionada y financiada por el Fondo Rotatorio de la Policía.
  • El proyecto de vivienda está abandonado hace 4 años y no se evidencia gestión alguna para su terminación.
  • La Contraloría no ha definido aún los presuntos responsables fiscales por este caso. Esto se determinará en el proceso de responsabilidad fiscal, que vendrá ahora.


 

Bogotá, 27 de abril de 2020.-Tras concluir una Actuación Especial de control fiscal, la Contraloría General de la República de la República determinó la ocurrencia de un presunto daño fiscal por $5.364 millones, por el uso improductivo de los recursos que invirtió la Policía Nacional, a través del Fondo Rotatorio de la entidad, en la construcción de un proyecto de 51 casas fiscales en el municipio de San Luis (Tolima).

Las casas no fueron terminadas y no cuentan con condiciones de habitabilidad. Debilidades en las etapas de planeación y ejecución de la segunda etapa del proyecto denominado “Ciudadela Policial CENOP”, ocasionaron la desfinanciación de la obra y el abandono de la misma, por no existir recursos para finalizarla.

Las viviendas inconclusas estaban destinadas a familiares de los Comandos Junglas, encargados de operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Parte del posible detrimento patrimonial encontrado en este caso corresponde a lo invertido en obra ($5.132 millones) y el resto a la interventoría ($231 millones).

Los contratos de obra y de interventoría fueron suscritos en diciembre de 2012, el primero con la firma Socar Ingeniería Ltda. y el segundo con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Un hecho llamativo para la Contraloría es que para la construcción de las 51 viviendas se dio un plazo de ejecución de apenas 3 días, por cuanto el acta de inicio es del 27 de diciembre 2012 y el plazo de ejecución del contrato  era hasta el 31 de diciembre de 2012, deficiencia de planeación que llevó a realizar cuatro prórrogas.

La obra está abandonada hace aproximadamente 4 años y, según el organismo de control, no se evidencia gestión alguna para su terminación y el cumplimiento de los fines para los cuales se hizo esta millonaria inversión.

Antecedentes e irregularidades encontradas por la Contraloría

La Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad adelantó esta Actuación Especial de control fiscal sobre los recursos invertidos por el Fondo Rotatorio de la Policía, para la construcción del proyecto “Ciudadela Policial – CENOP”, en el municipio de San Luis (Tolima).

Fue así como efectuó una revisión desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero a los contratos celebrados desde el momento de su planeación (vigencias 2010 – 2011) y ejecución (2011-2015) hasta la fecha, concluyendo -como se indicó antes- que existió un daño fiscal en la Fase II por valor de $5.364 millones. 

Verificando los antecedentes de la obra, se determinó que inicialmente la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, estableció la necesidad de 51 viviendas que conformarían la segunda etapa del proyecto “Ciudadela Policial CENOP en San Luis, Tolima”.

Para este efecto, la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía –FORPO, gestionaron y destinaron un total de $7.000 millones: $6.697 millones para obra y $302 millones para interventoría.

Para lo anterior se celebraron en el mes de diciembre de 2012 dos contratos: el de obra con la firma Socar Ingeniería Ltda. y el de interventoría con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, respectivamente.

El acta de inicio tiene fecha 27 de diciembre 2012 y el plazo de ejecución del contrato era hasta el 31 de diciembre (3 días).

Por esta deficiencia de planeación se debieron realizar cuatro prorrogas, así:

  1. El 31 de diciembre de 2012 por seis (6) meses, hasta el 30 de junio de 2013.
  2. El 28 de junio de 2013 por cuatro (4) meses, hasta 28 de octubre de 2013.
  3. El 31 de diciembre de 2013, hasta el 30 de mayo de 2014. 
  4. El 30 de mayo de 2014, hasta el 28 de agosto de 2014.

Estas prórrogas en tiempo no modificaron la forma de pago.

Por lo tanto, no existe relación entre las prórrogas otorgadas, la forma de pago pactada y los recursos presupuestales apropiados, lo que condujo a que la Reserva Presupuestal expirara, quedando desfinanciada la obra.

Las anteriores debilidades evidenciadas, tanto en la etapa de planeación como en la de ejecución, ocasionaron la desfinanciación de la obra y al no existir recursos para terminarla, vino consigo el abandono de la misma.

Publicado el 27 四月 2020 11:59


Por presuntos sobrecostos en contratación de emergencia por Covid-19: Contraloría abre proceso de responsabilidad fiscal por $1.050 millones contra Gobernador de Arauca y ordena 27 indagaciones preliminares en otros casos

COMUNICADO DE PRENSA No. 063

 

  • Las indagaciones preliminares permitirán determinar si hay o no mérito para abrir proceso de responsabilidad fiscal.
  • La CGR evidenció presuntos sobrecostos de aproximadamente $1.269 millones en un contrato de la Armada Nacional Base Naval #6 ARC Bogotá, para la adquisición de elementos de protección personal.
  • Un caso llamativo es la contratación con una persona natural de manómetros para balas de oxígeno, donde los presuntos sobrecostos verificados pueden alcanzar más de $40 millones.
  • Entre las Gobernaciones que serán objeto de indagaciones preliminares están Valle del Cauca, Cesar, Casanare, Tolima, Nariño, Guaviare y Vichada.
  • Se indagará sobre contrataciones de Secretaría de Salud de Bogotá y Secretaría de Educación de Medellín.
  • También ameritó investigación por parte de la Contraloría, la contratación por $1.020 millones de la estrategia de divulgación del tema del Covid-19 por parte de la Gobernación del Tolima, donde se solicitó oferta económica a una sola firma y se invirtieron recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia Departamental. 
  • Las contrataciones cuestionadas están relacionadas, en su mayor parte, con entrega kits de víveres y aseo para población vulnerable, en algunos casos adultos mayores y estudiantes, donde se evidencian algunas veces notorios sobrecostos.
  • Hay presuntos sobrecostos también en la compra de elementos de protección y hospitalarios, así como material quirúrgico.
  • En el primer mes de la emergencia sanitaria por el Covid-19, la Contraloría analizó 17.486 contratos por $2,1 billones, generando 108 alertas en 26 departamentos que adelantaron contratación por un total de $155.231 millones.
  • La mayor cantidad de alertas se ha dado por contratación en el departamento del Valle del Cauca (13), seguido de Cundinamarca (12) y la Nación –recursos del orden nacional (11).
  • El promedio general de los presuntos sobrecostos detectados con estas alertas es del 37%. El mayor promedio es de la Nación (72%), seguido de Boyacá (59%), Guaviare (58%), Guainía (51%) y Bogotá (47%).


 

Bogotá, 24 de abril de 2020.- La Contraloría General de la República comenzó a tomar medidas por los presuntos sobrecostos que ha detectado en contrataciones realizadas para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19 y es así como abrió un primer proceso de responsabilidad fiscal, contra el Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo (por $1.050 millones), y, además, ordenó la apertura de 27 indagaciones preliminares, donde se verificará si hay mérito para adoptar o no igual decisión.

La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción abrió 20 indagaciones preliminares, en casos que fueron declarados de impacto nacional. Y a su vez la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal abrió otras 7 indagaciones preliminares y evalúa 19 casos más, de los cuales 4 corresponden al departamento de Cesar.

También se abrirán 21 Actuaciones Especiales (con 24 casos) por parte de la Unidad de Reacción Inmediata de la CGR.

Un caso será remitido por la Contraloría a la Procuraduría y 4 a contralorías territoriales.

Proceso de Responsabilidad Fiscal a Gobernador de Arauca

A través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, el organismo de control abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $1.050 millones de pesos contra el Gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo, su Secretario de Gobierno y su Secretario de Desarrollo Social, así como el Coordinador de Gestión del Riesgo Departamental y la firma contratista Multiservicios Mael SAS Zomac, por sobrecostos en esta cuantía en un contrato de suministro logístico y entrega de 33.437 kits de ayuda alimentaria a población afectada por la emergencia sanitaria Covid-19.

El organismo de control estableció un presunto sobrecosto del 31% en los kits adquiridos a través de este contrato. Se encontraron pressobrecostos en productos como: sal (145%), (panela 206%) y pasta (211%).

Evidenció la Contraloría falta de planeación en esta contratación por $4.463 millones: no están soportadas las cotizaciones realizadas y no existió análisis de los costos y gastos incurridos por el contratista (tampoco están soportados).

Para la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, la Gobernación de Arauca no expuso la forma como se determinó el valor final de los kits, dado que las cotizaciones no cumplen con las formalidades que permitan identificar el eventual proveedor y, a su vez, se indica que el valor del contrato recogía lo relacionado a la operación en la entrega de los kits, sin que esto estuviera técnicamente establecido o calculado, por lo que la determinación de un valor final del kit multiplicado por el número total de los mismos conllevó a que se sobre costearan sin justificación los ítems alimenticios y los costos indirectos de logística o entrega.

Dentro de este proceso, la CGR vinculó como presuntos responsables fiscales a:

*José Facundo Castillo Cisneros, en calidad de Gobernador de Arauca.

*Carolina Muriel Zea, Secretaria de Desarrollo Social y Equidad de Género Departamental.

*Luis Merardo Tovar Altuna, Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana.

*Edward Enrique Portillo, Coordinador de Gestión del Riesgo Departamental.

*Y el contratista Multiservicios  Mael SAS Zomac, representada legalmente por el señor Hebert Ernesto Espinoza Braga.

La Contraloría, conforme a la ley, ordenó la búsqueda de bienes y medidas cautelares a que haya lugar en este caso.

RELACIÓN DE INDAGACIONES PRELIMINARES ABIERTAS POR LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA CGR

Ministerio de Defensa Nacional

Presuntos sobrecostos de aproximadamente $1.269 millones en el contrato 0047-ARC-CBN6-2020 del 8 de abril de 2020 suscrito entre la Armada Nacional Base Naval # 6 ARC Bogotá con MEDIVALLE SF SAS, para la adquisición a todo costo de elementos de protección personal para el personal de servidores públicos de la Armada Nacional, con el fin de atender la emergencia sanitaria del COVID-19.

Secretaría de Salud Bogotá D.C.

Presuntos sobrecostos de aproximadamente $300 millones en el contrato 4531 de 2020 del 30 de marzo de 2020 suscrito entre la Subred Integrada de servicios de Salud Sur Occidente ESE de Bogotá D.C. y MEDICOX LTDA, para el suministro de insumos y dispositivos medico quirúrgicos (tapabocas N95), para dar respuesta a la urgencia intensificada por el nuevo virus respiratorio COVID-19 para las diferentes unidades de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente  - ESE Bogotá.

Municipio de Medellín – Secretaría de Educación

Presuntos sobrecostos aproximados de $583 millones teniendo en cuenta los precios de referencia del DANE, en el contrato 4600085448 de 2020 del 20 marzo de 2020 suscrito por el municipio de Medellín con la CORPORACIÓN COLOMBIA AVANZA, para el Suministro de alimentación para la población estudiantil vinculada a la Secretaría de Educación durante el período de calamidad pública para garantizar su seguridad alimentaria.

Sincelejo (Sucre)

Mediante los Autos No. 223 de 2020 y 224 de 2020, la Contraloría General de la República abrió sendas indagaciones preliminares por posibles sobrecostos y/o daños derivados de la ejecución en los contratos 003 de 2020 y 004 de 2020 celebrados entre la Alcaldía de Sincelejo y las empresas Surtiviveres Comercializadora y Distribuidora SAS y Abastos y Fruver El Paraíso SAS respectivamente.

Cada uno de estos contratos tiene el mismo valor ($1.999 millones -el cual fue ajustado mediante otrosíes a la suma de $1.769.489.095, como consecuencia de la modificación de la prestación de transporte puerta a puerta por transporte a un punto de acopio).

Y los dos contratos tienen idéntico objetivo: suministrar 13.333 kits con alimentos no perecederos para población vulnerable del municipio.

Estos contratos se suscribieron en el marco de una declaratoria de urgencia manifiesta, por lo que el proceso de selección fue el de contratación directa y no se contó con estudios previos.

Al revisar la Contraloría el valor unitario de cada uno de los kits contratados, y compararlo con el valor resultante de los precios certificados por el DANE, se encontró una diferencia de $19.978, lo que supone una variación porcentual del 18% y se traduce en un sobrecosto total equivalente a la suma de $266.360.274.

Gobernación del Valle del Cauca

Presuntos sobrecostos de aproximadamente $2.618 millones en el contrato 1.220.02.59.2-3315 del 30 marzo de 2020 suscrito entre la Gobernación del Valle del Cauca y MEDICAL PHARMACY LTDA, para el suministro de insumos importados de uso médico para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 en el departamento del Valle del Cauca.

Gobernación del Valle del Cauca

Presuntos sobrecostos de aproximadamente $ 2.024.875.880 en el contrato 1.410-59-9.2-3320 del 31 marzo de 2020 suscrito entre la Gobernación del Valle del Cauca y QUIMICOS GM S.A.S, para suministrar elementos de protección individual en bioseguridad, tapabocas, gel antibacterial, guantes y más.

Gobernación del Valle del Cauca

Presuntos sobrecostos de aproximadamente $975 millones en el contrato 1.410-59-9.2-3314 del 30 de marzo de 2020 suscrito entre la Gobernación del Valle del Cauca y MEDICAL PHARMACY LTDA para el Suministro de tapabocas para los miembros de las autoridades Administrativas, Fuerza Pública y entidades judiciales que garantizan la seguridad, el orden público y el cumplimiento de las medidas adoptadas por las autoridades nacionales, departamentales y municipales con ocasión de la emergencia del COVID 19.

Gobernación del Valle del Cauca (Secretaria de Desarrollo Social y Participación)

Mediante auto No. 215 de 2020, la Contraloría General de la República abrió Indagación Preliminar por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución del Contrato Interadministrativo suscrito entre la Secretaria de Desarrollo Social y Participación de la Gobernación del Valle del Cauca, por valor de $2.330 millones.

Dichas irregularidades están relacionadas con los presuntos sobrecostos del 31.53% en la compra de 10.176 kits de víveres para adultos mayores de los centros de protección, centro de vida y centro día.

El costo total de los kits estimados por la Contraloría es de $1.771 millones, incluyendo gastos de operación, lo que indica que habría un sobrecosto superior a los $558 millones.

Dentro de los medios probatorios decretados se solicita certificación de la desagregación de costos y de marcas de los productos adquiridos.

La Contraloría Delegada Intersectorial perteneciente a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, una vez conozca las características y/o especificaciones de los productos que se están entregando, solicitará cotización de los mismos a tres almacenes de grandes superficies de Cali. (Éxito, Alkosto y La14).

Adicionalmente, en cuanto a la ejecución contractual se puede constatar la ausencia de cronograma, plan detallado, soportes de entrega y recibo por parte de los beneficiarios.

Gobernación del Tolima

Mediante Auto No. 0221 de 2020, la Contraloría General de la República abrió  indagación preliminar por la contratación por parte de la Gobernación del Tolima (Secretaría de Salud), por valor de $1.020 millones, de la estrategia de comunicación denominada “Plan de Comunicación-Emergencia COVID-19-2020”, con la empresa León Gráficas SAS, dentro del marco del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional.

El propósito del contrato fue establecer y ejecutar un plan para entregar información a la comunidad sobre el tema, a través de medios impresos, digitales, radiales y televisivos, de forma inmediata, y a través de canales oficiales de información.

Se busca con la apertura de esta indagación preliminar por parte de la Contraloría revisar los valores unitarios de los servicios ofrecidos y determinados en las especificaciones técnicas del contrato, dado que se solicitó una única oferta, así como la destinación que podía darse a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia del Departamento del Tolima y la ejecución misma del contrato.

Con la apertura de esta indagación preliminar, se ordenó igualmente la práctica de varias pruebas documentales. Es así como la Gobernación del Tolima deberá indicar a la CGR la razón jurídica y técnica por la cual se solicitó oferta económica a la firma León Gráficas SAS para presentar propuesta económica y técnica y, además, explicar por qué no se solicitó oferta económica a otras empresas.

Gobernación de Casanare

*Mediante Auto No. 225 de 2020, la Contraloría General de la República abrió indagación preliminar por posibles sobrecostos en un contrato de suministro suscrito entre el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación del Departamento de Casanare y la Fundación Emprendedores Sociales, por valor de $8.181.346.427, con el objeto de realizar el suministro de 33.702 raciones para preparar paquetes alimenticios no perecederos, para beneficiar a la población adulta mayor.

La irregularidad que da lugar a esta indagación preliminar hace referencia a presuntos sobrecostos del 29.8% por kit.

Por este motivo, la CGR indagará si estos probables sobrecostos pudieron derivar de una mala planeación en la etapa precontractual, que deje ver debilidad en la confección de los estudios previos.

El organismo de control solicitó a la Gobernación de Casanare información sobre este contrato y es así como, por ejemplo, deberá remitir copia de los estudios de precios de mercado que debió elaborar en la etapa precontractual.

*Así mismo, mediante Auto No. 226 de 2020, la Contraloría General de la República, abrió indagación preliminar por posibles sobrecostos de más de $118 millones en un contrato suscrito entre la Gobernación de Casanare y la Fundación Nacional para el Desarrollo de la Prosperidad –Fundexpo, por un valor de $1.090 millones, cuyo objeto es realizar el suministro de raciones para preparar en casa con el fin de beneficiar a los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales del departamento. 

De acuerdo con la verificación de costo de mercado Colombia Compra Eficiente, el valor total de los 15.203 kits de suministros de raciones para preparar en casa era de $91.699.745, con lo cual se genera un presunto sobrecosto de $118.537.791.

La irregularidad que da lugar a esta indagación preliminar hace referencia a presuntos sobrecostos del 10.8% por kit.

Municipio de Malambo (Atlántico)

Mediante Auto No. 220 de 2020, la Contraloría General de la República abrió  indagación preliminar por presuntos sobrecostos en la ejecución de un contrato suscrito por el Municipio de Malambo, por $4 mil millones, con la Fundación Lirio de los Valles, cuyo objeto es el suministro de mercados básicos para la población vulnerable (80 mil paquetes alimentarios).

Se contrataron kits para 80 mil familias de población vulnerable, cuando en este municipio se han identificado –según el Índice de Pobreza Multidimensional- 41.869 familias en tal condición, lo que señala una diferencia de 38.131 beneficiarios.

Cada kit se contrató por un valor de $50.000.

La CGR no encontró publicados los respectivos estudios previos y para la escogencia del contratista no se ponderó más que su experiencia, y no su capacidad financiera (mediante sus estados financieros), a fin de evitar el riesgo de incumplimiento del contrato.

Municipio de Guaduas (Cundinamarca)

*Mediante Auto 215 de 2020, la Contraloría General de la República abrió Indagación Preliminar por un posible caso de sobrecosto de 60,31% en la ejecución del contrato de suministro CS-0007 del 27 de marzo de 2020, por valor de $310 millones, que suscribió el Municipio de Guaduas con la Fundación PM. Se trataba del suministro de mercados y kit de aseo para población vulnerable.

El sobrecosto detectado equivale a $40.966, dado que cada kit de mercado y aseo fue adquirido por $108.894 y los precios de referencia consultados por la CGR indican que debía valer $67.928.

Con la apertura de la indagación preliminar se ordenó la práctica de varias pruebas documentales, como la cotización en 3 establecimientos del municipio, donde se indiquen los precios vigentes a 27 de marzo de 2020.

*Y mediante Auto 216 de 2020, la Contraloría General de la República abrió Indagación Preliminar por un posible caso de sobrecostos en otro contrato que suscribió el municipio de Guaduas, también con la Fundación PM2, por valor de $250 millones, y cuyo objeto es el suministro de víveres y mercado para el Hogar de Bienestar (institución geriátrica).

La Contraloría encontró un presunto sobrecosto en los productos incluidos, tanto en el contrato inicial como en el otrosí (del 374% y del 67% respectivamente).

Y determinó que no se realizó un análisis sobre el número de adultos mayores residente en esa institución geriátrica, no se realizó un estudio de mercado ni se verificó si el contratista tenía la experiencia y capacidad financiera requerida.

Con la apertura de esta otra indagación preliminar, se ordenó igualmente la práctica de varias pruebas documentales, como la cotización en 3 establecimientos del municipio y una solicitud ante la Cámara de Comercio del certificado de existencia y representación legal de la Fundación PM2. También se requirió información a la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente sobre los productos relacionados en este contrato.

Tocancipá (Cundinamarca)

Mediante Auto No. 222 de 2020, la Contraloría General de la República abrió  indagación preliminar por posibles sobrecostos en un contrato por $806 millones que suscribió la Alcaldía de Tocancipá  con la Comercializadora Agrosocial SAS, para el suministro de paquetes alimentarios y elementos de aseo personal para la población vulnerable, donde cada paquete tiene un costo de $161.225 y, de acuerdo con los valores de referencia del DANE, la CGR estableció que el costo real debería ser de aproximadamente $81.104.

Ante esta situación, la Contraloría considera pertinente verificar la ejecución de este contrato, con el fin de establecer cómo ha sido su desarrollo, evolución y pago.

Municipio de Girón (Santander)

Mediante Auto No. 219 de 2020, la Contraloría General de la República ordenó la apertura de indagación preliminar por presuntos sobrecostos del 32% en la adquisición de 20.000 kits de mercado para población vulnerable, en un contrato por $1.400 millones suscrito entre el municipio de Girón, a través de la Jefe de la Oficina de Contratación, Luz Mireya Machuca, y el señor Ariel Castro Garcés, dueño del establecimiento comercial Surticostos, donde el valor de cada kit contratado es de $70.000, cuando la Contraloría calculó -con cifras del DANE- un precio de referencia de $53.191, para un total de $1.063.820.000, con lo cual se evidencia un sobrecosto de más de $336 millones.

La Contraloría evidenció ausencia de oferta económica del contratista y de información sobre los beneficiarios de los kits alimentarios. Además, las obligaciones del contrato son genéricas.

En cuanto a la ejecución contractual, se pudo constatar ausencia de soportes que permitan evidenciar la cabal y efectiva entrega de los kits alimentarios a cada uno de los beneficiarios.

Municipio de Barrancabermeja (Santander)

Mediante Auto No. 228 de 2020, la Contraloría General de la República abrió indagación preliminar por presuntos sobrecostos en el contrato No. 0419-20 del 27 de marzo de 2020, suscrito entre el Distrito de Barrancabermeja y la sociedad Disandi SAS, por valor de $815.905.200, cuyo objeto era el suministro de 5.000 kits alimentarios para la población vulnerable.

La Contraloría determino un presunto sobrecosto por kit alimentario del 41% y señaló, además, la ausencia de estudios de mercado y/o sector, así como falta de información sobre beneficiarios y valores unitarios dentro de los estudios previos y ofertas económicas.

Municipio de Puerto Gaitán (Meta)

Presunto sobrecosto de aproximadamente $260 millones en el contrato 20-12-10643357-9758464 del 20 marzo de 2020, suscrito entre el municipio de Puerto Gaitán y SOGA de Colombia SAS para la Adquisición de mercados básicos para personas en condición de vulnerabilidad en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus -COVID 19-.

Municipio de Coveñas (Sucre)

Mediante Auto No. 227 de 2020, la Contraloría General de la República abrió indagación preliminar por posibles sobrecostos en un contrato suscrito entre el municipio de Coveñas y la Fundación Servicios y Consultoría Caribe –Funcarservicios, por valor total de $1.206 millones, “para la ayuda humanitaria  alimentaria y no alimentaria de emergencia en el marco de la situación de calamidad pública declarada mediante el Decreto 045 del 20 de marzo de 2020”.

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata –DIARI de la CGR estimó un presunto daño patrimonial en cuantía de $193.238.100, al establecerse que el kit de alimentos se adquirió por un valor superior en un 21% frente a los costos del mercado (reportados por el DANE).

CONTRALORÍA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD FISCAL ABRIÓ LAS SIGUIENTES INDAGACIONES:

Bogotá D.C. –Alcaldía Localidad de Santa Fe

Posibles sobrecostos en Contrato Interinstitucional FDLSF-CIPS-090-2000, para brindar a la población en condición de pobreza y vulnerabilidad residente en la localidad de Santa Fe, la atención humanitaria de emergencia mediante la provisión de bienes y servicios que permitan sus condiciones de vida dignas y su integridad personal ante el aislamiento preventivo obligatorio en el marco de las medidas de contención y mitigación por Covid-19.

En los kits alimenticios y de aseo no presentan precios, solo las cantidades, por los lo cual es difícil de calcular los sobreprecios.

Y en relación con los arriendos, si bien es cierto, en la propuesta aparecen unos valores en salarios mínimos mensuales y valores estimados, no se establece la población que va recibir o recibió los auxilios.

Municipio de Chiriguaná (Cesar)

Posible sobrecosto el contrato de suministro 002 de 2020 del 25 de marzo de 2020 suscrito entre la Alcaldía de Chiriguaná y Saúl Téllez Pabón, para el suministro de ayudas humanitarias (paquetes nutricionales) a familias vulnerables para contrarrestar los riesgos de contagio del coronavirus (COVID-19) en el municipio.

Se presenta un presunto sobrecosto de $ 40.519.200 (17.5% aproximadamente).

Municipio de Cota (Cundinamarca)

Presunto sobrecosto en el Contrato CPS-668-2020 del 24 de marzo de 2020 suscrito entre la Alcaldía de Cota y Alianza Eventos y Comunicaciones Ltda, para la Adquisición de kits e insumos de desinfección de manos y prevención de contagio, para la entrega a la población en riesgo del Municipio de Cota.

Municipio de Puerto Escondido (Córdoba)

Presuntas irregularidades en los contratos CPSAPE-065-2020 del 21-03-2020 ($101.500.000) y CPSAPE-066-2020 del 24-03-2020 ($100.000.000), suscritos entre la Alcaldía de Puerto Escondido y la Fundación para el Desarrollo y la Convivencia – FUNDECOVI, para prestación de servicios de apoyo logístico para la ejecución del plan de acción, medidas de precaución, prevención y control de la infección por coronavirus (Covid-19) y la prestación de servicios de apoyo logístico para el suministro de mercados, como ayuda humanitaria para apoyar la emergencia social en el municipio de Puerto Escondido, en atención a la pandemia Covid-19-

Gobernación del Guaviare

Presunto sobrecosto en el contrato 543-2020 del 26 marzo de 2020 suscrito entre la Gobernación del Guaviare y SAPBISO SAS ZOMAC, para el suministro de kits alimentarios destinados a atender la calamidad pública en el departamento del Guaviare.

Municipio de Soacha (Cundinamarca)

Presunto sobrecosto en el contrato 494-2020 del 27 de marzo de 2020 suscrito entre la Alcaldía de Soacha – Secretaría General y la Corporación Vientos del Porvenir, para la Adquisición de kit  de ayuda alimentaria y distribución de alimentos para población en estado de vulnerabilidad (Adulto Mayor), previa identificación, durante urgencia manifiesta declarada en el Municipio de Soacha mediante el Decreto 136 de 2020.

Municipio de Mapiripán (Meta)

Presunto sobrecosto en el contrato 061 de 2020 del 23 de marzo de 2020 suscrito entre la Alcaldía de Mapiripán e Inversión Comercial y Servicios S.A.S, para la adquisición de bienes, servicios y demás ayudas humanitarias con destino a superar la emergencia sanitaria y calamidad pública por causa del Covid-19 en el municipio.

Adicionalmente la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo se encuentra evaluando los siguientes casos:

Gobernación Valle del Cauca

Presunto sobrecosto en el contrato CO1.PCCNTR.1490966 del 6/04/2020 suscrito con el CENTRO DE ACCIÓN POPULAR, para suministro de kits de alimentos para atender la declaratoria de calamidad pública en el departamento del Valle del Cauca, de acuerdo con el Decreto No. 1-3-0675 del 16 de marzo de 2020 y el plan específico para la recuperación, elaborado y aprobado por el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.

En el valor total contratado se encuentra un presunto sobrecosto por valor de $590.358.333 (15.3%) atendiendo al valor de los productos a entregar, que, de acuerdo con los valores del mercado, suman $77.167, incluidos los costos indirectos y no $88.974.

Gobernación de Casanare

Presunto sobrecosto (del 29%) en el contrato 20-12-10640477-9755938 del 25/03/2020, suscrito con Las Electromedicinas, para adquisición de camas hospitalarias y camillas de transporte y recuperación para el fortalecimiento de la capacidad de atención en la red de prestación de servicios de salud.

De conformidad con el análisis establecido entre los precios de mercado y los valores del contrato, se establece un presunto sobrecosto del 29%.

Gobernación de Nariño

Presunto sobrecosto en el contrato GN1307-2020 del 31/03/2020 suscrito con SEGUNDO YOVANNY IZQUIERDO ESTRELLA, para Compra de insumos, equipos y elementos hospitalarios para atender la emergencia producida por el COVID-19.

El contrato registra 15 referencias de productos y equipos, de las cuales en 10 se evidenció un presunto sobrecosto de los precios en relación con la referencia del mercado.

Las 10 referencias analizadas y adquiridas por el ente territorial en $1.046.140.947, tienen un presunto sobrecosto del 45%, dado que su valor en el mercado, según cotizaciones, es de $722.849.486 (es decir, $323.291.461 menos).

Gobernación de Vichada

Presunto sobrecosto en el contrato 366 de 2020 del 03/04/2020 suscrito con JORGE ELIECER FORERO GAITAN, para adquisición de mercados básicos para la población vulnerable de los municipios de Puerto Carreño, Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía en las zonas urbanas y rurales en el marco de la pandemia Covid-19 en el Departamento del Vichada.

Validado el costo de los productos teniendo como referente Colombia Compra Eficiente, grandes superficies y DANE, se observa un presunto sobrecosto del 14.45%, el cual asciende a $ 216.728.149.

Gobernación del Cesar

Posible sobrecosto en el contrato CD-SGR-0571-2020 del 26/03/2020 suscrito con FUNDACION VISION CARIBE para adquisición de 2900 kits mercados para la atención de la población vulnerable en el marco de la urgencia manifiesta, declarada mediante decreto departamental no. 000088 de marzo 20 del 2020 para atender el estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica.

Si se toma el valor total de los 2.900 kit del contrato; se presenta la siguiente diferencia entre el Valor del contrato ($367.140.000) frente a precios referencia de Colombia Compra Eficiente ($ 268.090.790), con un presunto sobrecosto de $99.049.790, correspondiente a 37%.

La canasta de bienes del kit es de 13 productos, de los cuales 7 registran presuntos sobrecostos superiores al 40% con referencia a los precios de Colombia Compra Eficiente, y uno supera el 100%.

Gobernación del Cesar

Posible sobrecosto en el contrato 2020-09-0013 del 26/03/2020 suscrito con SERVICIOS INTEGRALES DEL CARIBE COLOMBIANO, para la adquisición de 2600 kits de mercados para la atención de la población vulnerable en el marco de la urgencia manifiesta, declarada mediante decreto departamental no. 000088 de marzo 20 del 2020 para atender el estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica.

De acuerdo con reporte RUES del contratista, su actividad económica NO está relacionada con la compraventa de elementos de abastecimiento alimenticio para lo cual fue contratado, su objeto social se encuentra asociado con:

▪          Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

▪          Actividades de consultoría de gestión

▪          Actividades de apoyo a la agricultura

▪          Y actividades de apoyo a la ganadería

De otra parte, el Registro Único de Proponentes (RUP) se encuentra sin renovar y cancelado desde el 08/04/2017.

Gobernación del Cesar

Presunto sobrecosto en el contrato No. 2020-09-08 del 26/03/2020 suscrito con FUDSOCIAL para adquisición de 3200 kits de mercados para la atención de población vulnerable.

El ejercicio comparativo frente a precios del mercado, tomando como referente información de Colombia Compra Eficiente, determinó un presunto sobrecosto del 28%, es decir la suma de $111.852.160, tomando los 9 productos que conformaron el kit a entregar.

Gobernación del Cesar

Presunto sobrecosto en el contrato 2020-09-0012 del 26/MARZO/2020 suscrito con GRANERO LA DELICIA DE LA PAZ, para adquisición de 2400 kits de mercados para la atención de la población vulnerable en el marco de la urgencia manifiesta, declarada mediante decreto departamental no. 000088 de marzo 20 del 2020 para atender el estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica.

Con respecto a los precios de referencia DANE, el presunto sobrecosto asciende en valores absolutos a $40.188.000 (un 15%).

En relación con los precios de referencia Colombia Compra Eficiente, el sobrecosto en valores absoluto asciende a $54.640.800 (21%).

Municipio de Montería (Córdoba)

Presuntos sobrecosto en el contrato 354 de 2020 del 31/03/2020 suscrito con OSCAR DARIO GIRALDO FRANCO, para adquisición de mercados para atender la emergencia sanitaria Covid-19.

Municipio de Cali (Valle)

Presunto sobrecosto en el contrato CO1.PCCNTR.1490966 del 6/04/2020 suscrito con el  CENTRO DE ACCIÓN POPULAR, para suministro de kits de alimentos para atender la declaratoria de calamidad pública en el departamento del Valle del Cauca, de acuerdo con el Decreto No. 1-3-0675 del 16 de marzo de 2020 y el plan específico para la recuperación, elaborado y aprobado por el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.

Municipio de Puerto Carreño (Vichada)

Presunto sobrecosto del 15% en Contrato 121 DE 2020 del 27/03/2020 suscrito con MULTISERVICIOS JYN SAS, para compraventa de kits alimenticios (mercados) de asistencia nutricional para la población vulnerable del casco urbano y zona rural del municipio de Puerto Carreño – Vichada afectados por la emergencia sanitaria  

Municipio de Granada (Meta)

Presunto sobrecosto en el contrato 210.29.07 03 del 30/03/2020 suscrito con CORP. VIDA DE COLOMBIA para adquisición y suministro de víveres secos no perecederos con  destino a la población vulnerable, para ser entregados durante la cuarentena decretada por el gobierno nacional para superar la emergencia del COVID-19 en el municipio.

Municipio de Susacón (Boyacá)

Presunto sobrecosto en el contrato MSB-CD-24-2020 del 24/03/2020 suscrito con COMERCIALIZADORA TECNOLOGY LIVE, para suministro de mercados para la población vulnerable en el marco de la declaratoria de calamidad pública y de emergencia por Covid-19 en el municipio de Susacón departamento de Boyacá.

Municipio de Abejorral (Antioquia)

Presunto sobrecosto en el contrato 20-12-10638986-9754880 del 31/03/2020 suscrito con MÓNICA BAENA BOTERO, para suministro de víveres para personas en situación de vulnerabilidad, elementos de aseo y bioseguridad para contener y prevenir los efectos generados por la pandemia mundial coronavirus Covid-19 en el Municipio de Abejorral.

Municipio de Tumaco (Nariño)

Presunto sobrecosto en el contrato 014-2020 del 25/03/2020 suscrito con ASOCIACIÓN MUJER Y GÉNERO, para adquisición de paquetes alimenticios para población vulnerable, adulto mayor, y agua para para habitantes de la zona urbana del distrito de Tumaco, como medida de atención ante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional en el marco de la emergencia generada por el brote de enfermedad por coronavirus (Covid-19).

Municipio de Tumaco (Nariño)

Presunto sobrecosto en el contrato 015-2020 del 25/03/2020 suscrito con FUNDACIÓN COMPARTIR, para adquisición de paquetes alimenticios para población vulnerable, adulto mayor, y agua para para habitantes de la zona rural del distrito de Tumaco, como medida de atención ante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional en el marco de la emergencia generada por el brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19).

Municipio de Curumaní (Cesar)

Posible sobrecosto en el contrato No. 93-2020 del 30/Marzo/2020 suscrito con Sindry Milena Peña López para el suministro de 2000 kits de mercados con destino a las comunidades vulnerables y de pobreza extrema que afrontan la actual situación de emergencia sanitaria ocasionada por la medida preventiva de aislamiento usada como estrategia de contención ante la situación epidemiológica causada por el COVID-19 en el municipio de Curumaní, departamento del Cesar.

Municipio de Ramiriquí (Boyacá)

Posible sobrecosto en el contrato C-MR-CD-035- 2020 del 08/Abril/2020 suscrito con Diana Alejandra Gómez González, para adquisición de bienes y servicios a fin de proveer a la entidad de artículos y elementos básicos (víveres y provisiones) con el fin de brindar un kit alimentario a 2000 familias en extrema pobreza y vulnerabilidad del municipio de Ramiriquí – Boyacá.

ESE IMSALUD (NORTE DE SANTANDER)

Presuntos sobrecostos en el contrato 20-4-10679774-9795097 del 30 de marzo de  2020 suscrito con Ana Dolores Pacheco Corredor para compra de material médico quirúrgico (ALMACEN) para la red prestadora de servicios de salud de la ESE IMSALUD.

La Contraloría identificó 7 ítems en los cuales existen presuntos sobrecostos. En los ítems 8 y 9 se contratan manómetros para balas de oxígeno grande y portátil respectivamente, por un valor unitario igual en ambos casos del orden de $459.000. Según la verificación de la CGR, los sobrecostos en estos dos ítems pueden alcanzar más de $40.000.000.

Publicado el 24 四月 2020 13:30


Consolidado de información FGN CGR PGN

COMUNICADO DE PRENSA No. 062

 

Bogotá, 24 de abril de 2020.-  Como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID19 se ha diseñado una estrategia que ha permitido trabajar de manera articulada entre la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, entidades que han actuado de manera oportuna al aunar sus capacidades para dar continuidad al programa de vigilancia y control denominado “Transparencia para la Emergencia”.

Para tal efecto se crearon las mesas técnicas permanentes con participantes de las tres instituciones, quienes en el marco de sus competencias priorizan el estudio de casos que generan alertas en cada una de ellas, con el fin de cooperar y fortalecer las investigaciones relacionadas con los recursos públicos destinados para la población afectada por la pandemia.

Se han llevado a cabo dieciséis (16) sesiones de mesas técnicas entre los funcionarios destacados por cada entidad para articular esfuerzos conjuntos, quienes están unificando criterios para establecer posibles irregularidades en la contratación estatal.

Las citadas entidades han identificado hasta el momento un total de 53 procesos contractuales que suman una cuantía de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES APROXIMADAMENTE ($135.918.838.213).

Dentro de las modalidades contractuales por sector se tienen 34 contratos de salud pública, 14 contratos de alimentos y 5 contratos de publicidad.

La Contraloría General de la República continúa en la acción preventiva sobre 17486 contratos a nivel nacional relacionados con la emergencia, se tienen 50 casos en análisis, de las cuales se han iniciado 21 actuaciones especiales en la Unidad de Reacción Inmediata de la DIARI, 7 indagaciones preliminares en la Unidad de Responsabilidad Fiscal, y en la Unidad de Investigaciones Especiales se tramitan 21 indagaciones y 1 proceso de responsabilidad fiscal en la Unidad Anticorrupción.

La Procuraduría General de la Nación, ha asumido más de 990 acciones preventivas a nivel País. En materia contractual se han analizado 5586 contratos por un valor de 1.4 Billones de pesos, 18% a nivel nacional y 82% a nivel territorial. Priorizó para tramite inmediato 588 casos. En materia disciplinaria ha abierto 116 indagaciones para evaluar el tramite a juicio disciplinario y 7 investigaciones que avanzan en recaudo probatorio.

La Fiscalía General de la Nación, ha adelantado una verificación sobre 909 contratos, de los cuales se adelantan 63 iniciativas investigativas, se han abierto 38 procesos en etapa de indagación preliminar por presunta violación a los principios de la contratación estatal en contratos celebrados entre municipios y gobernaciones, dos (2) indagaciones preliminares relacionadas con entidades del Orden Nacional, se iniciaron cinco (5) indagaciones en contra los Gobernadores del Departamento de Arauca (2), Magdalena, San Andrés y Vichada

Publicado el 24 四月 2020 13:00