Boletines de Prensa - 2020

Tras alerta de la Contraloría General, se reactivaron 35 obras de infraestructura

COMUNICADO DE PRENSA No. 091

Fotografía del Contralor General de la República Felipe Córdoba junto con el equipo de la DIARI

  • Con el acompañamiento de la CGR, se ha logrado un avance físico del 71 por ciento en la construcción de la Central de Urgencias del Hospital Universitario de Santander.
  • En cuanto a la ejecución de la ANI, hay un avance del 9% en el proyecto Unidad Funcional corredor férreo Bogotá - Belencito y La Dorada -Chiriguana.
  •  Resultados de seguimiento a contratación durante la emergencia: hasta la fecha, la Contraloría ha emitido 396 alertas sobre presuntos sobrecostos por $39.448 millones, en contratos cuyo monto total es de $506.000 millones.
  • Además, se evidencia un avance en 49 obras de infraestructura educativa reasignadas a nuevos contratistas con suscripción de obra e interventoría, destaca el Contralor Carlos Felipe Córdoba.
  • Las alertas de la DIARI llevaron a las administraciones a renegociar contratos que inicialmente valían $129.226 millones, gracias a lo cual su monto se redujo a $80.233 millones.
  • Los posibles sobrecostos se redujeron a $7.947 millones y hasta el 13 de julio, se habían logrado beneficios económicos para el patrimonio público por $33.112 millones.
  • La CGR encontró 185 proyectos aprobados y no contratados, que comprometen recursos del Sistema General de Regalías y van dirigidos a atención del Covid. Su valor supera los $821 mil millones de pesos.
  • El Instituto del Desarrollo del Meta y el Consorcio Vías del Llano encabezan el Top 10 de contratistas que concentran en las regiones los recursos del Sistema General de Regalías.
  • En todo el país, Contraloría ha identificado 1.300 elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos por $20 billones.
  • Este es uno de los resultados más sobresalientes de la gestión de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la CGR, que tiene georeferenciados los proyectos paralizados, para que la Delegada de Participación Ciudadana y las Gerencias Departamentales busquen la manera de salvar los proyectos que tienen esta posibilidad, a través del Programa “Compromiso Colombia”.

 

Bogotá, 16 de julio de 2020.- Las alertas y el seguimiento continuo de la Contraloría General de la República a múltiples obras de infraestructura retrasadas o en riesgos, en todo el país, permitieron la reactivación de 35 proyectos: una obra de infraestructura hospitalaria, 11 de Invias, 22 Unidades Funcionales de la Ani y un del sector infraestructura educativa.

“Veo con beneplácito cómo, a partir de las alertas generadas por la Contraloría a mediados junio, dentro de la estrategia Transparencia por la Emergencia, la Agencia Nacional de Infraestructura agilizó la entrega de obras fundamentales”, destacó el Contralor Carlos Felipe Córdoba.

Una de ellas es la vía Girardot-Honda-Puerto Salgar, la primera 4-G del país. La otra, también muy importante, es la ampliación de la Autopista Norte.

Sin estar dentro de las alertas levantadas, estas obras se encontraban inmersas en el seguimiento de infraestructura vial que se realiza por parte de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría.

Adicionalmente, se evidencia un avance en 49 obras de infraestructura educativa reasignadas a nuevos contratistas con suscripción de obra e interventoría, subrayó también el Contralor.

Frente a los avances en infraestructura hospitalaria, la situación más grave la presentaba el Hospital Francisco de Paula Santander ESE Nivel II que se encontraba suspendido y, con el apoyo de la Contraloría, se reactivó.

Con el acompañamiento de la CGR, se ha logrado un avance físico del 71 por ciento en la construcción de la Central de Urgencias del Hospital Universitario de Santander, cuyo contrato se prorrogó hasta el 9 de noviembre de 2020. Y se ha mejorado el nivel de ejecución del nuevo puesto de salud de Santa Cecilia del Hospital San Rafael, en Risaralda, donde se pasó de un avance del 73,2 por ciento al 85,14 por ciento.

Con respecto al sector Infraestructura vial, se evidencian avances significativos en la obra en ejecución por parte de Invias para el mantenimiento de la carretera Pasto - Canoa- Mojarras. La obra presenta un avance del 53%, pasando de un avance físico del 23% al 75.

En cuanto a la ejecución de la ANI, se evidencia un avance del 9% en el proyecto Unidad Funcional corredor férreo Bogotá Belencito y La Dorada- Chiriguana, pasando de un avance físico del 58% al 67 %.

La Aerocivil, por su parte, incrementó la ejecución del proyecto de rehabilitación de la pista y manto rutinario del aeropuerto Yariguíes, en Barrancabermeja, en un 11 por ciento, pasando de una ejecución física del 4 al 15 por ciento.

En una rueda de prensa virtual, el Contralor Carlos Felipe Córdoba entregó hoy un detallado balance de los resultados que ha obtenido la DIARI, particularmente en temas como el monitoreo de obras de infraestructura y el seguimiento de los contratos Covid.

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Resultados de seguimiento preventivo a contratos Covid

En desarrollo del seguimiento preventivo que realiza la CGR a los contratos relacionados con la atención de la pandemia, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) ha revisado registros por $5 billones, equivalentes al 22,2 por ciento de todos los contratos celebrados por entidades del Estado durante los tres últimos meses, cuyo monto es de $22,5 billones.

Durante el último mes ese seguimiento ha crecido, en términos de recursos, en $1,2 billones.

El 49 por ciento de los contratos relacionados con el Covid-19 han tenido por objeto la compra de alimentos, insumos médicos y elementos de bioseguridad por $2,44 billones.

El 51 por ciento restante lo componen contratos de prestación de servicios y otros por montos inferiores a los $150 millones de pesos, por valor total de $2,56 billones.

La Contraloría ha emitido 396 alertas por presuntos sobrecostos en contratos cuyo valor total es de $506.000 millones. Es decir, que ese valor creció un 82,8 por ciento desde el 17 de junio hasta hoy, pues hasta ese día era de $484.000 millones.  

El número de alertas, a su vez, creció durante el último mes un 16,4 por ciento, pues hace un mes un mes fueron 340.

Los presuntos sobrecostos llegarían a los $39,448 millones.

Las alertas de la DIARI llevaron a las administraciones a renegociar contratos que inicialmente valían $129.226 millones, gracias a lo cual su monto se redujo a $80.233 millones.

Los posibles sobrecostos se redujeron a $7.947 millones y hasta el 13 de julio, se habían logrado beneficios económicos para el patrimonio público por $33.112 millones.

En el último mes esos beneficios crecieron en más de $10.000 millones, pues antes entonces eran de $22.800 millones.

Debido a la oportunidad de las alarmas fueron terminados anticipadamente contratos por $21.543 millones y en 34 el sobrecosto se redujo al cero por ciento, con un beneficio superior a los $6.000 millones.

El 40 por ciento de los contratos con alertas tienen origen en los recursos del orden departamental sobre 26 gobernaciones.

Con la entrada en operación del modelo analítico para los recursos de regalías, la CGR monitorea hoy el curso de 78 proyectos para la atención del Covid que comprometen dineros del Sistema General de Regalías por $321.444 millones.

Su objeto generalizado es el fortalecimiento de las capacidades de ciencia y tecnología para atender problemas asociados con agentes biológicos de alto riesgo para la salud.

53 de esos proyectos están aprobados y 25 están pendientes de aprobación. Estos últimos valen $77.373 millones.

La mayoría de ellos (15) están a cargo de universidades y los restantes de entidades de salud y laboratorios y cajas de compensación y su plazo de ejecución es, en su mayoría, de 12 meses, lo que evidencia que no atendería la etapa más crítica de la pandemia.

El seguimiento preventivo de la Contraloría tiene entre sus focos aquellos proyectos que, si bien ya fueron aprobados, aún no ha sido contratados.

La demora en la contratación puede producir perjuicios fiscales porque transcurridos tres meses su costo puede crecer entre el 5 y el 20 por ciento.

En este sentido, la DIARI encontró 185 proyectos APROBADOS entre 2018 y 2019 SIN CONTRATAR, los cuales superan los 821 mil millones de pesos.

Dos de estos proyectos son los siguientes:

*Meta: Mejoramiento de un vía inter veredal en Puerto Lleras por $35.050 millones.

*La Guajira: Construcción de redes eléctricas en las comunidades de la zona rural y barrios subnormales de los municipios de Riohacha, Manaure y Maicao, por $12.696 millones.

Top 10 de contratistas que concentran recursos de regalías en las regiones

Otra alerta de la DIARI es una clasificación con el top 10 de contratistas que concentran en las regiones los recursos del Sistema General de Regalías:

El Instituto del Desarrollo del Meta: Tiene más de $372 mil millones contratados en ese departamento.

El Consorcio Vías del Llano: Tiene más de $215 mil millones contratados en ese departamento.
Consorcio Rivera Este: Tiene más de $194 mil millones contratados en el departamento del Magdalena.
Consorcio Vial Gaitán: Tiene más de $189 mil millones contratados en el departamento del Meta.
Consorcio Megavías: Tiene más de $149 mil millones contratados en el departamento del Sucre.
Ingeniería de Vías S.A.: Tiene más de $128 mil millones contratados principalmente en los departamentos del Cauca, Nariño, Cundinamarca y Caldas.
Consorcio Vías del Meta: Tiene más de $123 mil millones contratados en el departamento del Meta. 
Consorcio Mantenimiento Vial de Sucre: Tiene más de $119 mil millones contratados en el departamento de Sucre.
Unión Temporal Vías de Colombia: Tiene más de $49 mil millones contratados en el departamento de La Guajira.
Consorcio Vial Codazzi – Aguas Blancas: Tiene más de $73 mil millones contratados en el departamento de Cesar. 

Aumenta capacidad de vigilancia en regalías

Desde la utilización del modelo de analítica creado para Regalías, la Unidad de Regalías de la CGR ha logrado modificar su plan de vigilancia para el segundo semestre.

Para el segundo semestre la capacidad de vigilancia aumentará en $3 billones y al final de 2020 esa vigilancia habrá llegado a los $7,2 billones.

A la caza de elefantes blancos

La Contraloría General de la República sigue desplegando una verdadera cacería de elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos en todo el país, llegando a identificar, hasta la fecha, 1.300 obras abandonadas o sin avance en todo el país, que suman más de $20 billones de pesos en inversiones.

“Hemos utilizado dos armas que nos han resultado efectivas para tener en la mira esta clase de proyectos: la tecnología, que nos permite georeferenciarlos, por parte de la y el control social, que nos brinda la posibilidad de rescatarlos, por medio del Programa “Compromiso Colombia” y con el apoyo de la Delegada de Participación Ciudadana y las Gerencias Departamentales, destacó el Contralor Carlos Felipe Córdoba.

Los sectores más golpeados por estos proyectos abandonados, que se convierten en mamuts y que se están referenciando con tecnología de punta, son los de agua potable y saneamiento básico; educación, transporte, vivienda, deporte y recreación y salud y protección social.

Alertas y acompañamiento para evitar más elefantes blancos

Desde su llegada a la Contraloría, el Contralor Carlos Felipe Córdoba se propuso liderar una verdadera cacería de los elefantes blancos que existen en el país, y fue así como impulsó un proyecto para consolidar el inventario completo de este tipo de obras, buscando al mismo tiempo incentivar el control social.

El proyectó arrancó con las tecnologías con las que contaba la Contraloría General en ese momento, registrando de manera manual la información. Pero luego, con el nacimiento de la DIARI, y los procesos tecnológicos que se han desarrollado, se creó un modelo de recolección de datos con todas las gerencias departamentales de la CGR.

Dicho modelo permite no solo organizar de mejor manera todos los datos referentes a los elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos que hay en el país, sino también georeferenciar cada una de las infraestructuras y tener vistas de mapas satelitales de las mismas. Toda la información recopilada, ha servido para generar diferentes alertas a las entidades que tienen competencia.

En el camino, se determinó que era necesario ampliar el espectro de búsqueda, pues si bien comenzaron a aparecer elefantes blancos, igual se encontraron obras inconclusas y proyectos críticos, que presentan varias dificultades, reflejadas en múltiples prorrogas, suspensiones y adiciones, y donde, aunque sus plazos no han finalizado, en cualquier momento se pueden convertir en elefantes blancos.

162 colegios terminados de 541 que se debían intervenir

Un ejemplo claro de un proyecto en tal situación, que no se ha terminado, ha estado en estado crítico, pero puede salvarse, es del el ambicioso Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE), que tenía como fin la implementación de la jornada única estudiantil, planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y que a pesar de que buscaba superar el déficit de aulas a nivel nacional, ha sido uno de los mayores dolores de cabeza para los estudiantes y territorios del país.

En las obras de infraestructura escolar, se evidencia lo sucedido con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional, que no ha cumplido cabalmente con su tarea.

Se debería intervenir 541 instituciones, pero a junio de este año, solo se ha terminado la obra de 162 colegios, de los cuales ya se han entregado a las comunidades y estudiantes 35.

Es decir que el programa, de acuerdo al número de instituciones intervenidas entregadas, tiene un avance de tan solo el 6%, y en el caso de obras terminadas el avance sería del 30%.

Las obras han sufrido el incumplimiento principalmente de contratistas tan conocidos como Mota – Engil, o Germán Mora Insuasti.

Por estas situaciones, la CGR lleva en marcha un proceso de responsabilidad fiscal por $559.853 millones.

Actualmente, con la estrategia "Compromiso Colombia", de la mano de la ciudadanía, la Contraloría General de la República está ayudando para que se generan acuerdos que permitan sacar adelante las obras que tienen salvación.

Hay unos verdaderos mamuts

Según el Contralor, hay muchos proyectos en el país que llevan bastantes años, en medio del deterioro, la maleza, la soledad y un abandono no sólo físico, también de las instituciones que los debieron desarrollar o hacer seguimiento.

“Son VERDADEROS MAMUTS, símbolos del despilfarro de los recursos públicos, la ineficiencia en la ejecución de proyectos y el reflejo de la inoperancia en el funcionamiento del Estado”, indicó.

Incluso, existen proyectos en los que la información, ya ni existe, que ha sido necesario realizar una reconstrucción documental, acotó.

Casos relevantes

El Contralor mencionó casos relevantes como la construcción de la represa del embalse multipropósito del Río Ranchería, que en 2005 fue definido por el CONPES como un proyecto estratégico para el país porque debía abastecer de agua a cerca de medio millón de habitantes de nueve municipios de La Guajira y generar 22.6megavatios de energía al año.

Hoy es uno de los mamuts más vergonzantes de Colombia y allí la Contraloría ha hecho hallazgos con connotación fiscal por más de $637.000 millones.

Otro proyecto del mismo tipo es el Distrito de Riego Triángulo del Tolima, que debía beneficiar cerca de 20 mil personas, de las cuales el 88% (más de 17.500) pertenecen a comunidades indígenas.

Tuvo una inversión inicial de $388.350 millones de pesos y de ella solo se ejecutó la primera fase.

A precios de 2011 se estima que en este proyecto se han realizado inversiones por aproximadamente $600.000 millones de pesos y con la proyección de inversión ascendería a un valor total $1,2 billones. “Grandes recursos para un proyecto que luego de 15 años es, sin duda, otro gran mamut”.

El doloroso e indignante caso de los Juegos Nacionales en Ibagué

También se ha identificado un doloroso e indignante capitulo que colombianos no olvidan: el desfalco que significó la construcción de los escenarios para los 20° Juegos Deportivos Nacionales y 4° Paranacionales de 2015 en Ibagué, un sonado caso de corrupción, en el que hay implicados desde un exalcalde de Ibagué, contratistas, exfuncionarios públicos, testaferros e importantes personalidades del mundo político. Para el Contralor General, “una verdadera malversación de recursos públicos”.

Aquí se produjo un daño patrimonial por $66.346 millones de pesos, por irregularidades en la contratación de los estudios y diseños y en la ejecución de las obras.

En este caso, la Contraloría, decretó medidas cautelares por más de $112.000 millones de pesos, dentro de 13 procesos de responsabilidad fiscal por las irregularidades presentadas con dichas obras.

Se ejecutó el embargo preventivo de 104 bienes inmuebles ubicados en diferentes ciudades, como Bogotá, Soacha, Ibagué, Cartagena, Sahagún y Valledupar. Y, así mismo, se generó el embargo preventivo de saldos bancarios de las cuentas de algunos contratistas, logrando el recaudo en títulos de depósito judicial de más de 20 mil millones de pesos.

Además, en el caso del exalcalde implicado, se encuentra llamado a responder por más de $56.700 millones de pesos, dentro de 7 procesos de responsabilidad fiscal en los que se encuentra vinculado en calidad de presunto responsable. Y se le han embargado 4 bienes inmuebles, 2 en el área rural y 2 en el área urbana.

Pasos de elefante en infraestructura vial

El sector de infraestructura vial es otro donde la CGR ha encontrado innumerables elefantes blancos.

Un ejemplo es la construcción de la vía Santana-Mocoa-Neiva, que busca intervenir sitios críticos y realizar obras de mantenimiento en 456,2 Km del proyecto de segunda ola de las Autopistas 4G.

Es un proyecto vial que desarrolla la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, desde agosto de 2015, cuando se firmó el contrato y 21 de septiembre de 2016 cuándo se firmó el acta de inicio de construcción. Tenía un valor en el año 2013 de $2.969 billones y a diciembre de 2019 su valor es de $3,874 billones. Tiene un avance físico de 5%.

Este proyecto vial estaba suspendido hace 4 años y con el acompañamiento a la ANI de la ciudadanía y la estrategia “Compromiso Colombia” se reactivó el pasado mes de junio.

Elefantes recientes y obras por rescatar

En desarrollo de recientes visitas fiscales que realizó a San Andrés, los departamentos del Eje Cafetero (Risaralda, Caldas y Quindío), así como Cauca y Chocó, el Contralor General Carlos Felipe Córdoba ha comprobado los costos sociales que los elefantes y obras rezagadas tienen para las comunidades.

El Contralor mencionó algunos ejemplos de elefantes blancos y obras que serán rescatadas, en estas regiones:

En el archipiélago de San Andrés y Providencia:

*En San Andrés están paralizadas obras como el Tropical Park, en el que se invirtieron más de $12.000 millones; el Colegio CEMED y el Parque Sunrise Park.

*En Providencia y Santa Catalina, no hay ningún avance en la ejecución de obras como la piscina olímpica, en la que ya se han gastado $1.600 millones y la pista de bicicross, en la que ya se han comprometido más de $1.200 millones.

En la mira de la CGR está también la planta de desalinización y la compactadora de basuras.

En el Eje Cafetero:

En el Quindío, la CGR tiene abiertos 16 procesos de responsabilidad fiscal por elefantes blancos y obras inconclusas por $1.445 millones.

Preocupa particularmente el atraso de las obras del aeropuerto del Edén, considerado vital para la infraestructura y el comercio del Eje Cafetero. Hace un año fue entregado en licitación y se están mirando con la ciudadanía fórmulas para rescatarlo.

En Risaralda, hay identificados elefantes blancos como el proyecto turístico Poleka Kasué, por $4.000 millones; y el proyecto de biotecnología Mercado S.A, en Dosquebradas, por cerca de $3.480 millones.

Y en Caldas se han encontrado elefantes blancos como el proyecto de preconstrucción, construcción y mejoramiento en 16 municipios del departamento, incluido Manizales, por más de $9.508 millones.

En el departamento del Chocó:

El Puente de La Platina, en el que están invertidos $17.000 millones de recursos de regalías, no avanza, pese a que el 60 por ciento de los recursos ya le fueron entregados al contratista.

Se encontró allí la “tumba de un mamut”, en el que están enterrados $5.000 millones para la construcción de un centro de salud (la Unidad Intermedia El Caraño).

Vale destacar que gracias a la estrategia Compromiso Colombia de la CGR, se logró sacar adelante el Megacolegio de Quibdó.

Así funciona el control en tiempo real,con la tecnología del Siglo XXI

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), adscrita al Despacho del Contralor General de la República, está conformada por un equipo técnico de analistas expertos en datos, así como personas especialistas en auditoría.

Entre los modelos de analítica que aplica la Unidad de Análisis de la DIARI destaca el de seguimiento de avance de obras.

Para este fin, se recopila la información sobre el estado actual de cada una de las obras que están en ejecución en tres sectores: educación, transporte y salud.

Se hace un modelo de riesgos que permite generar alertas tempranas sobre cuáles de esas obras de infraestructura posiblemente no vayan a terminar en el tiempo adecuado.

Se tiene información de tomas de fotografías aéreas, con drones y con vuelos, que permite, a partir del análisis de las imágenes, identificar inconsistencias sobre el avance reportado vs. el estado real de la obra.

Hay un modelo de automatización de la medición de los presuntos sobrecostos que utiliza reconocimiento de caracteres y algoritmos de minería de texto para extraer los nombres, cantidades y precios de los bienes de cada contrato registrado en SECOP y compararlos automáticamente contra los precios de referencia del mercado.

La DIARI tiene mapeados los recursos de funcionamiento del presupuesto nacional.

El modelo de riesgos precontractual utiliza la información de SECOP I, SECOP II y los documentos de soporte PDF de cada uno de los procesos de contratación pública del país para generar alertas tempranas en cinco hipótesis:

1)Alertas sobre únicos proponentes en ciertas modalidades de contratación donde debe existir pluralidad de oferentes.

2)Modelos que permiten identificar el riesgo de que un contratista o un proponente haya sido sancionados o tenga incumplimientos previamente registrados.

3)Es posible identificar también cuando dos oferentes se presentan a un mismo proceso y entre ellos pueda existir un grado de conocimiento y cercanía.

4)Un modelo de precios artificialmente bajos, que más adelante puede conllevar a sobrecostos en el proceso.

5)Modelos donde se alertan riesgos de que se esté direccionando el proceso de contratación a partir de la cantidad de observaciones y adendas.

Adicionalmente, la DIARI tiene un modelo para el monitoreo de redes sociales y medios de comunicación, que hace seguimiento de las denuncias, quejas y opiniones de la ciudadanía en redes sociales, así como las noticias de los medios de comunicación nacionales y regionales.

Publicado el 16 七月 2020 16:00


¿Cómo trabaja el personal con exposición directa al Covid? Contraloría recibe y tramita múltiples denuncias ciudadanas por deficiente o nula entrega de elementos de protección personal

COMUNICADO DE PRENSA No. 090

 

  • Las denuncias vienen de médicos, asociaciones sindicales y gremiales. También de personal de urgencias odontológicas.
     
  • Se han identificado empresas afiliadas a las ARL cuyo objeto social no se encuentra relacionado con las actividades consideradas en riesgo de exposición directa y que, sin embargo, han recibido elementos de bioseguridad.
  • Además, la Contraloría ha encontrado que es baja o nula la realización de pruebas por parte de las ARL que permitan prevenir o mitigar la propagación del Covid-19.

 

 

Bogotá, 13 de julio de 2020.- La Contraloría General de la República ha recibido múltiples denuncias ciudadanas relativas a la deficiente o nula entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) a afiliados de las ARL en riesgo de exposición directa al virus Covid-19.

Las denuncias de competencia de la Contraloría están siendo tramitadas por las Contralorías Delegadas para el Sector Trabajo y para el Sector Salud, y las que no, están siendo remitidas al Ministerio de Trabajo.

Los Decretos 488 y 500 de 2020 así como las Circulares 017 y 029 de 2020 del Ministerio de Trabajo, definen qué tipo de afiliados se consideran en riesgo de exposición directa de forma específica: personal de salud, aseo, vigilancia, alimentación, administrativos (asociados al sistema de salud), personal de terminales aéreos, terrestres, marítimos, control fronterizo, Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos.

Sin embargo, al revisar la información reportada por las mismas ARL, se han identificado empresas afiliadas cuyo objeto social no se encuentra relacionado con este tipo de actividades, por lo cual la entrega con cargo al 7% de los recursos de las ARL, ordenado por los mencionados decretos, podría ir en contra del ordenamiento legal y disminuiría la capacidad de atención de personal que se encuentre en riesgo de exposición directa.

Los Decretos 488 y 500 de 2020 ordenan además de la entrega de Elementos de Protección Personal (EPP), la realización de pruebas preventivas y diagnósticas a los afiliados en riesgo de exposición directa con cargo al 7% de los recursos que perciban las ARL por concepto de cotizaciones al Sistema de Riesgos Laborales.

Sin embargo, la Contraloría ha encontrado que es baja o nula la realización de pruebas por parte de las ARL que permitan prevenir o mitigar la propagación del Covid-19.

Cobertura de la primera entrega de EPP

Las ARL realizaron las entregas de EPP a los afiliados en riesgo de exposición directa. De acuerdo con su cobertura, el número de afiliados varía dependiendo de la ARL.

 

Fuente: Información suministrada por las ARL  -  * ARL AURORA no presentó información para su verificación.

La primera entrega de elementos de protección personal (EPP) por parte de las ARL a las empresas afiliadas que tienen trabajadores en riesgo de exposición directa, presentó, en la mayoría de los casos una cobertura insuficiente, como se observa en el siguiente gráfico:

 

Fuente: Información suministrada por las ARL  -  * ARL AURORA no presentó información para su verificación

Los siguientes gráficos muestran el porcentaje (%) de posibles empresas impactadas sin exposición directa demostrada y las pruebas preventivas frente a la cantidad de afiliados impactados:

 

 

Fuente: Información suministrada por las ARL  -  * ARL AURORA no presentó información para su verificación

 

 

Fuente: Información suministrada por las ARL  -  * ARL AURORA no presentó información para su verificación

 

Denuncias sobre entrega de elementos de protección personal

La Contraloría General de la República ha recibido distintas denuncias ciudadanas relativas a la deficiente o nula entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) a los afiliados en riesgo de exposición directa, las cuales han sido incorporadas al proceso de seguimiento concomitante y preventivo que está adelantando (e incluidas como pruebas).

A la fecha, se han recibido múltiples denuncias en la Contraloría Delegada para el Sector Trabajo y la Contraloría Delegada para el Sector Salud, como las siguientes:

*En Bogotá. Una denunciante, profesional de la salud, afiliada a la ARL SURA, indica: “Pasé mi solicitud de elementos de protección personal y no he recibido nada…Llamo y la única respuesta que me dan es que no han podido adquirirlos porque están escasos”.

*En Bogotá. Denuncia de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, contra el Ministerio de Salud y las ALR, para que se gestione la entrega de elementos de protección personal y el pago de remuneración y de incapacidades ante posibles contagios por el Covid-19.

*En Bogotá. En institución que alberga niños entre 0 y 8 años, no se han entregado los elementos de bioseguridad al personal que los atiende.

*En Fusagasugá (Cundinamarca). Denuncia contra la ARL POSITIVA por no entregar elementos de protección a personal que trabaja en urgencias odontológicas, por parte de una Institución Prestadora de Salud en esta área.

*En Bogotá. Denuncia de presuntas irregularidades en la Clínica EUSALUD Materno Infantil Chapinero. Habría recibido de la ARL algunos elementos de bioseguridad que no ha entregado al personal médico.

*Médicos del área de consulta externa en la Unidad Prestadora de Salud Boyacá de la Policía Nacional, en la ciudad de Tunja (Boyacá), remiten queja relacionada con la calidad de elementos de protección personal entregados a personal médico por parte ARL POSITIVA.

*Federación Médica Colombia refiere incumplimiento en el suministro de equipos de protección.

*También se ha recibido copia de tutelas contra algunas ARL (COLMENA), por no entregar los EPP.

Publicado el 13 七月 2020 09:30


“Carrusel de contratación” en Cardique detectado por la Contraloría, llevó a destitución de 2 directivos

COMUNICADO DE PRENSA No. 089

 

  • Dos auditorías realizadas por la CGR en 2017 arrojaron 95 hallazgos dentro de los cuales se evidenció un detrimento de alrededor de $24.000 millones por malos manejos de la Corporación Autónoma Regional del Dique – CARDIQUE.
  • Luego de la intervención de la Procuraduría ante los hallazgos de la CGR, fueron destituidos e inhabilitados el Director General y la Subdirectora de Planeación de esta entidad.

 

Bogotá, 12 de julio de 2020.- Tras dos auditorías realizadas por la Contraloría General de la República en 2017 que arrojaron 95 hallazgos, quedó en evidencia que la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), habría ocasionado un detrimento de alrededor de $24 mil millones de pesos por un mal manejo en las contrataciones de obras destinadas al retiro de sedimentos y vegetación de caños o canales. Y estos hallazgos, que evidenciaron un” carrusel de la contratación”, concluyen tres años después con la sanción de destitución e inhabilidad del Director General y la Subdirectora de Planeación de la entidad, por parte de la Procuraduría.

Luego de revelarse este escandaloso “carrusel de contratación”, en donde no solo se incumplieron las obras, sino que además estás estarían en manos de los mismos contratistas que de forma metódica intercambiarían roles, pasando de contratistas a residentes de obra o a directores de obra, en las últimas horas, se produjo una decisión de la Procuraduría.

Como resultado de su intervención, se tiene que Olaff Puello Castillo (Director General de Cardique) y Katherine Martelo Fernández (Subdirectora de Planeación) fueron destituidos e inhabilitados por 18 y 16 años respectivamente, ratificando los hallazgos resultado del trabajo realizado por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente.

Ciénaga de la Virgen

La Contraloría ha expresado también permanente preocupación por los escasos resultados de los contratos para la recuperación y conservación de la Ciénaga de la Virgen.

Cabe recordar el polémico contrato suscrito para la recuperación y conservación del Parque Natural Distrital Ciénaga Virgen, por valor superior a $35.000 millones, y en donde diez años después, las obras no han dado resultado; se han limitado los trabajos de limpieza y al cierre de la auditoría que realizó la Contraloría en su momento, la Ciénaga era uno de los mayores focos de contaminación de la ciudad de Cartagena.

Con el fin de salvaguardar los recursos públicos en el caso de CARDIQUE, se iniciaron las acciones pertinentes desde la CGR.

En este segundo semestre 2020, la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente seguirá adelantando actuaciones fiscales en esta materia.

Publicado el 12 七月 2020 14:00


Contraloría General recibe inversión de Unión Europea para fortalecer control fiscal a recursos del posconflicto

COMUNICADO DE PRENSA No. 088

 

  • ​Unión Europea y la Contraloría General invierten más de de 250 millones de pesos encaminados a construir el  Observatorio de Control Fiscal para el posconflicto.
  • El observatorio será una plataforma donde la ciudadanía podrá consultar y participar en el control de los recursos destinados al posconflicto.

 

Bogotá 06 de julio de 2020. La Contraloría General de la República, a través de su Contraloría Delegada para el Posconflicto y el Centro de Estudios Fiscales, firmaron un acuerdo con la Unión Europea, para invertir 250 millones de pesos en el diseño del Observatorio de Control Fiscal para el Posconflicto.

Como resultado, la Contraloría General de la República, fortalecerá sus herramientas tecnológicas de control con una plataforma que permita a la ciudadanía consultar e interactuar con la información que se reporta sobre los recursos destinados para el posconflicto por parte del Gobierno Nacional, cooperación internacional y autoridades locales.

Para el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, “es muy satisfactorio encontrar en la cooperación internacional, el aliado necesario para lograr los objetivos en materia de control fiscal y participación ciudadana, aplicados al seguimiento de los recursos del posconflicto, especialmente durante esta emergencia sanitaria”.

El proyecto, que forma parte del apoyo bilateral entre la Unión Europea y Colombia, se ejecutará por un periodo de seis meses y contendrá tres fases en las que se abarcarán: balance de las metodologías existentes, diseño y socialización, y prueba piloto en territorio.

“La cooperación estrecha con la Contraloría de la Nación es un eje prioritario del programa de cooperación en materia de finanzas públicas de la Unión Europea. Creemos que fortalecer los mecanismos de control del Estado y promover la transparencia de la información económica son dos instrumentos claves en la lucha contra la corrupción”, enfatizó la Embajadora de la Unión Europea, Sra. Patricia Llombart.

Gracias al acuerdo, la Contraloría General de la República, continúa en su proceso de modernización, con nuevas tecnologías que garanticen un control eficaz de los recursos públicos, entre ellos, los asignados para el posconflicto por parte del Gobierno Nacional.

Publicado el 06 七月 2020 09:15


Encuesta de la Contraloría a personal de la salud confirma falta de implementos de seguridad y desventajosas condiciones laborales

COMUNICADO DE PRENSA No. 087

 

  • Fueron encuestados 12.230 profesionales de la salud en todo el país y el 47% manifestó que han comprado con sus recursos implementos como caretas y guantes.
     
  • Antioquia, Santander, Caldas y Valle del Cauca encabezan la lista de departamentos con mayores carencias en materia de protección para este personal.

 

 

Bogotá, 5 de julio de 2020.- Una encuesta de la Contraloría General de la República a 12.230 profesionales de la Salud en medio la emergencia por el Covid-19, realizada en los 32 departamentos del país, permitió determinar que cerca de la mitad de los encuestados (47%) ha tenido que adquirir con sus propios recursos implementos de seguridad como caretas de protección, guantes, mascarillas quirúrgicas, respiradores N95, vestidos quirúrgicos, monogafas y polainas.

 

Estos encuestados manifiestan que han invertido entre 8 mil pesos y máximo 1 millón de pesos, en los implementos que han debido adquirir, en la siguiente cantidad:

 

 

 

El 63% de los encuestados manifiestan que deben tener más implementos que le garanticen mayor seguridad en la atención a los pacientes. Esto se presenta de forma repetitiva en los departamentos de: Antioquia, Santander, Caldas, Valle del Cauca, Boyacá, Cesar, Norte de Santander, Caquetá Casanare y Meta.

 

Otro resultado interesante es que el 92% de los encuestados asegura que no le han practicado ninguna prueba para Covid-19.

 

La encuesta permitió también confirmar que las condiciones laborales del personal de salud en el país no son las mejores, destacó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

 

El 43% de los profesionales de la salud encuestados se encuentran desempeñando sus labores por contratos de prestación de servicio, tercerizados o en provisionalidad. Al 45% le han modificado las condiciones laborales (reducción de horas de trabajo y sueldos, entre otras) y el 22% manifiesta que el pago de sus honorarios no es puntual (en su mayoría les adeudan de 1 a 3 meses).

 

Los resultados de esta encuesta fueron revelados en un encuentro virtual convocado por la CGR a manera de Mesa de Trabajo, en desarrollo del Programa “Transparencia para la Emergencia”, en donde participaron 12 sociedades científicas, junto a los Ministerios de Salud, Trabajo y Hacienda, así como la Federación de Aseguradores Colombianos -Fasecolda-.

 

Asistieron voceros y representantes de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Federación Médica Colombiana, la Federación Odontológica Colombiana, el Colegio Colombiano de Odontólogos, la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, el Colegio Médico Colombiano, la Asociación Colombiana de Cirugía, la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, la Asociación Nacional de Profesiones de la Salud -Assosalud-, la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva y el Colegio Médico Colombiano.

 

  

Otros resultados de la encuesta realizada

a los profesionales de la salud en el país

 

La encuesta se realizó desde la plataforma de Microsoft Forms, mediante un enlace enviado a 12.230 los profesionales de la salud, con bases de datos solicitadas a hospitales, IPS y EPS.

 

El ejercicio cobijó médicos, cirujanos, anestesiólogos, enfermeras, instrumentadores quirúrgicos, conductores de ambulancia, auxiliares administrativos de hospitales, bacteriólogos, fisioterapeutas, tecnólogos, psicólogos, regentes farmacéuticos, pediatras y odontólogos.

 

En materia del estado de las condiciones laborales de los profesionales de la salud, la encuesta tiene como principales conclusiones que:

 

  • El 43% de los encuestados se encuentran desempeñando sus labores por contratos de prestación de servicio, tercerizados o en provisionalidad.
  • Al 45% de los encuestados le han modificado las condiciones laborales (Reducción de horas de trabajo, Sueldos, entre otros).
  • El 22% de los encuestados manifiesta que el pago de sus honorarios no es puntual, en su mayoría les adeudan de 1 a 3 meses.
  • Departamentos donde más se presenta esta situación: Antioquia, Cesar y Santander, Caquetá y Córdoba.
  • El 22% de los encuestados manifiestan reducción en sus ingresos mensuales por las siguientes razones:

     
    • Falta de usuarios reducen horas laborales y pago de estas mismas
    • Aplazamiento y disminución de cirugías en los hospitales
    • Suspensión de consulta externa y cirugías programadas.
    • Disminución del número de pacientes
    • Implementación de banco de horas sin ningún tipo de negociación con los empleados.
    • Vacaciones sin programar
    • No se están liquidando los recargos nocturnos de la misma forma.
    • Cuando no transportan enfermos en las ambulancias no se les paga el día.

 

 

Se encontró también que:

 

  • El 73% de las personas encuestadas no presentan ninguna enfermedad preexistente.
  • El 7% manifestaron que viven solos. El otro 93% viven con 1 o hasta 5 personas.
  • El 84% trabajan en la misma ciudad en la que residen, el 16% en municipios aledaños.

 

 

Forma de traslado para llegar a su lugar de trabajo:

 

  • El 78% de los encuestados se transportan en vehículo particular, bicicleta o caminando.
  • El 22% lo hace en transporte público.
  • El 32 % del total de encuestados, manifiesta que faltan medidas sanitarias en medios de transporte público y en algunos casos no hay rutas disponibles.

Publicado el 05 七月 2020 16:00