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¿Qué son las Regalías?
Las regalías son el pago que hacen las compañías petroleras y mineras al Estado Colombiano, por explotar yacimientos de un recurso natural no renovable. Las compañías petroleras entregan al estado entre el 8% y el 25 % del valor de la producción de petróleo crudo. Se destinan a solucionar las necesidades básicas insatisfechas de los departamentos y municipios como la educación básica, salud, agua potable y alcantarillado entre otros y a financiar grandes proyectos que traigan progreso a la región.
La modificación al régimen de regalías, mediante el Acto Legislativo 05 de 2011, estuvo motivada por la inequidad de su distribución en el territorio: una alta concentración de los recursos en un porcentaje relativamente bajo de la población. También por el escaso impacto de las inversiones realizadas en términos bienestar y desarrollo regional. Esto por el uso indebido y atomización de los recursos, así como por la orientación del gasto hacia sectores no prioritarios en un contexto caracterizado por la débil capacidad institucional de las entidades territoriales.
El mencionado Acto Legislativo -que dio lugar al Sistema General de Regalías (SGR)- modificó la distribución de estos recursos para favorecer a todos los departamentos y municipios, y no mayoritariamente a los productores y puertos. Así se dio plena aplicación al criterio de que los recursos del subsuelo de la Nación son propiedad de todos los colombianos. Para facilitar la canalización de la inversión, se crearon (i) el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTI); (ii) el Fondo de Desarrollo Regional (FDR); y (iii) el Fondo de Compensación Regional (FCR). Los dos primeros y el 60% del tercero quedaron a cargo de los departamentos.
Se redujo, entonces, el porcentaje de las regalías destinadas a los productores y puertos, es decir las asignaciones directas, a favor de los fondos creados, que benefician a todos los departamentos.
Finalmente, se crearon dos mecanismos adicionales. Uno para promover el carácter contra-cíclico de la política económica y mantener estable el gasto público a través del tiempo -a través del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE)- y otro para mejorar la racionalidad del gasto mediante una instancia decisoria que da vía a la priorización y aprobación de los proyectos: los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), que cuentan con la participación de autoridades del nivel nacional y territorial. Mediante éstos, se buscaba limitar, al menos en parte, la alta discrecionalidad que en el pasado tuvieron los entes territoriales para asignar los recursos.
El nuevo Régimen de Regalías tuvo dos efectos inmediatos: distribuyó mejor los recursos en términos de beneficiar a un mayor porcentaje de la población y favoreció a los departamentos sobre los municipios.
La modificación al régimen de regalías, mediante el Acto Legislativo 05 de 2011, estuvo motivada por la inequidad de su distribución en el territorio: una alta concentración de los recursos en un porcentaje relativamente bajo de la población. También por el escaso impacto de las inversiones realizadas en términos bienestar y desarrollo regional. Esto por el uso indebido y atomización de los recursos, así como por la orientación del gasto hacia sectores no prioritarios en un contexto caracterizado por la débil capacidad institucional de las entidades territoriales.
El mencionado Acto Legislativo -que dio lugar al Sistema General de Regalías (SGR)- modificó la distribución de estos recursos para favorecer a todos los departamentos y municipios, y no mayoritariamente a los productores y puertos. Así se dio plena aplicación al criterio de que los recursos del subsuelo de la Nación son propiedad de todos los colombianos. Para facilitar la canalización de la inversión, se crearon (i) el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTI); (ii) el Fondo de Desarrollo Regional (FDR); y (iii) el Fondo de Compensación Regional (FCR). Los dos primeros y el 60% del tercero quedaron a cargo de los departamentos.
Se redujo, entonces, el porcentaje de las regalías destinadas a los productores y puertos, es decir las asignaciones directas, a favor de los fondos creados, que benefician a todos los departamentos.
Finalmente, se crearon dos mecanismos adicionales. Uno para promover el carácter contra-cíclico de la política económica y mantener estable el gasto público a través del tiempo -a través del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE)- y otro para mejorar la racionalidad del gasto mediante una instancia decisoria que da vía a la priorización y aprobación de los proyectos: los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), que cuentan con la participación de autoridades del nivel nacional y territorial. Mediante éstos, se buscaba limitar, al menos en parte, la alta discrecionalidad que en el pasado tuvieron los entes territoriales para asignar los recursos.
El nuevo Régimen de Regalías tuvo dos efectos inmediatos: distribuyó mejor los recursos en términos de beneficiar a un mayor porcentaje de la población y favoreció a los departamentos sobre los municipios.
