Boletines de Prensa - 2021

Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 90

 

Contraloría realizará seguimiento permanente a cartera de IPS y EPS en el Cesar   

 

  • Con auditoria intersectorial, se verificará el atraso en el pago de salarios a los trabajadores de la salud del departamento. 
  • Luego de una audiencia de verificación de la red hospitalaria del Cesar, la Contraloría General de la República se comprometió a realizar una mesa interinstitucional con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para analizar el tema de la salud en el departamento, así como la situación salarial de los trabajadores de la salud. 
  • El organismo de control realizará un seguimiento constante a la cartera, para poder determinar cómo está el manejo de recursos de las IPS y las EPS y establecer soluciones prontas a la situación que se presenta con el pago de los salarios.   
  • La Contraloría Delegada para el Sector Salud se reunirá con la Contraloría Delegada para el Sector Trabajo, para verificar qué acciones fiscales pueden adelantar con respecto a la situación de atraso en el pago de los salarios a los trabajadores de la salud.

 

Valledupar, 2 de agosto de 2021.- La Contralora Delegada para el Sector Salud, Lina María Aldana, participó hoy en la audiencia pública de verificación de la red hospitalaria del departamento del Cesar, donde anunció un seguimiento permanente a este importante sector y de manera prioritaria al Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, donde se han evidenciado grandes problemáticas. 

 

“Dentro del seguimiento permanente que vamos a realizar a la situación de la red hospitalaria del departamento, lo haremos a la cartera de las IPS y las EPS. Durante esta vigencia vamos a incorporar de forma prioritaria a nuestra labor de control fiscal el Hospital Rosario Pumajero de López, porque hemos encontrado que la mayor problemática que se presenta es el pago de salarios. Hoy hemos evidenciado que al hospital le deben 36 meses de salario, así como al Instituto Departamental de Rehabilitación, IDREEC, 31 meses de salario”, aseguró la Contralora Delegada para el Sector Salud. 

 

La Contraloría General de la República realizó una auditoria al cumplimiento a la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López en el año 2020 y como resultado de la misma se encontraron 11 hallazgos, de los cuales 4 tienen posible incidencia disciplinaria y en 1 se solicitó indagación preliminar por un contrato de prestación de servicios que ascendía a los $163.528.762. 

 

También se cuenta con información importante sobre la problemática que tiene el Hospital Rosario Pumarejo de López, donde se presentó la renuncia de médicos generales por no recibir los pagos de su salario y la falta de insumos en el centro de salud.  

 

Para la Contraloría General de la República es importante que las autoridades en el marco de sus competencias se articulen y puedan llegar a una pronta solución frente a esta problemática que se está presentando.  

 

A través de la Gerencia Departamental de la CRG en el Cesar, se hará seguimiento de los compromisos planteados en las mesas de trabajo que se desarrollen entre las distintas entidades.  

 

“En el marco de las competencias constitucionales y legales asignadas a la Contraloría General de la República, adelantaremos las actuaciones pertinentes de conformidad con la información que se ha presentado en esta audiencia”, concluyó la Contralora Delegada para el Sector Salud, Lina María Aldana. 

 

Dentro de los compromisos adquiridos por la Contraloría en la audiencia está la realización de una mesa interinstitucional con otros órganos de control para discutir la situación de la red hospitalaria de Cesar y llegar a prontas soluciones, así como el seguimiento permanente a la cartera de las IPS y las EPS, para determinar cómo se están manejando los recursos.

 

Publicado el 02 ago 2021 21:30


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 89

 

Advertencia de la CGR a Minminas, la UPME y la CREG: 

 

Con Regasificadora del Pacífico pueden aumentar hasta 32% tarifas de gas y tiene riesgos económico y ambiental 

 

  • En la primera función de advertencia que emite en aplicación del del control fiscal concomitante y preventivo, la Contraloría identifica varios riesgos de afectación negativa a los intereses públicos con relación al proyecto de construcción de la Regasificadora del Pacífico y el Gasoducto Buenaventura-Yumbo. 
  • El organismo de control advierte sobre los efectos tarifarios que tendría en los usuarios el modelo de remuneración de la planta regasificadora. 
  • Otro riesgo que implica el proyecto tiene que ver con que se pueda llegar a tener una infraestructura improductiva, si no se presenta el supuesto déficit de gas que se daría en 2024 por la presencia de lo que sería el más crítico Fenómeno del Niño. 
  • Coincide la CGR con los analistas que han afirmado que requiere ser evaluado con mayor rigor el eventual desabastecimiento que sustenta la construcción de la planta regasificadora. 
  • La Contraloría señala también un riesgo por la demora que implica el licenciamiento ambiental y, de acuerdo a lo que ha señalado la DIMAR, un riesgo técnico-operativo sobre el Puerto de Buenaventura.                                                                                           
  • La advertencia de la Contraloría no es de carácter vinculante sobre los riesgos que identifica. Minminas, la CREG y la UPME pueden evaluar autónomamente la adopción de las medidas que consideren procedentes para ejercer control sobre los hechos que indica el ente de control a través de su Delegada de Minas y Energía. 

 

Bogotá, 2 de agosto de 2021.- La Contraloría General de la República estrenó el ejercicio de la llamada función de advertencia con un pronunciamiento al Gobierno Nacional frente a la convocatoria pública para la selección del inversionista que se encargará del proyecto de construcción de la Regasificadora del Pacífico y el Gasoducto Buenaventura-Yumbo, donde le señala varios riesgos que se corren con el mismo, empezando porque el esquema de remuneración establecido implicaría un impacto tarifario para los usuarios de gas en el país, al entrar en operación esta planta en 2024, dado que se verían afectados con un incremento del 32 por ciento en tres años. 

 

Con el control fiscal y preventivo que realizó en este caso la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía, el organismo de control identificó riesgo de connotación económica, riesgo por el licenciamiento ambiental, riesgo de interferencia en el tráfico marítimo y operaciones de navegabilidad en la bahía de Buenaventura, riesgo por los posibles efectos sobre la política de transición energética y riesgo por incertidumbre regulatoria. 

 

La razón principal del Gobierno para acometer este proyecto es garantizar el suministro de gas en el país, considerando que -de acuerdo al “Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2019-2028” que elaboró la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)- existe una alta posibilidad de que se presente un Fenómeno del Niño considerable hacia el año 2024 (más drástico que los ocurridos en los últimos 20 años), lo que hace necesario que la Planta de Regasificación de Buenaventura entre a operar hacia esa fecha, dado el alto consumo de gas que se proyecta. 

 

Llama la atención a la Contraloría que la UPME plantee la necesidad urgente de construir la Planta Regasificadora del Pacífico, para suplir ese déficit de gas natural que se presentaría a partir de enero de 2024, toda vez que si el proceso de selección del inversionista se cumpliese sin ningún contratiempo y el proyecto es adjudicado a finales de septiembre de 2021, como aparece en el cronograma, y estimando un tiempo de construcción de la planta de 58 meses, según la misma UPME, se pondría en operación en julio de 2026, dos años y medio después de presentarse dicho déficit. 

 

En el estudio de la UPME se presentan inconsistencias en el horizonte de autosuficiencia de gas natural del país, pues plantea cerca de 9 años de reservas de gas de producción nacional, es decir hasta cerca del 2030. Sin embargo, expone un déficit de gas que se presentaría a comienzos del 2024, lo que justifica la construcción de la planta. 

 

La planta de regasificación costará cerca de US$400 millones, el gasoducto US$161 millones y la infraestructura de comprensión US$150 millones, para un valor total de US$711 millones. 

 

La convocatoria pública de la UPME tiene por objeto seleccionar el inversionista que se encargará, a todo riesgo del adjudicatario, de la prestación del servicio de almacenamiento de GNL, regasificación y transporte de gas natural y Servicios Asociados de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico conformada por la Planta de Regasificación del Pacífico y el Gasoducto Buenaventura-Yumbo. 

 

Riesgo de connotación económica  

 

Para la Contraloría tomar como base y sustento para el desarrollo del proyecto de construcción de la Regasificadora del Pacífico el déficit de gas de producción nacional a comienzos del año 2024, producto de plantear un crítico fenómeno climático seco, implica un riesgo de connotación económica. 

 

En la advertencia firmada por el Contralor General de la República (E), Julián Mauricio Ruiz, y dirigida al ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, el director de la UPME, Christian Jaramillo, y el presidente de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Jorge Alberto Valencia, se relaciona lo que indicó al respecto la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía: 

 

“…si bien es cierto, la planta no se construirá con recursos del presupuesto nacional, no es menos cierto que su esquema de remuneración establecido implicará un efecto tarifario para los consumidores de gas en el país, pues una vez construida la misma se asumirá el pago de ésta, así la misma no se vaya a utilizar si los supuestos del déficit no se presentan. Es decir, estaríamos asumiendo riesgos con alto impacto económico y social al tener un activo improductivo, construido con un buen propósito, pero con escenarios de oferta y demanda que hoy son objeto de diversos repararos”. 

 

Preocupante impacto tarifario 

 

En cuanto a los impactos tarifarios, según lo informado por la CREG a la Contraloría, estos solo se podrán obtener en forma posterior a la adjudicación y durante la operación del proyecto. 

 

Sin embargo, la evaluación preliminar de la UPME, contenida en el “Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2019-2028”, esboza un escenario de aumentos tarifarios al considerar una franja de posibles incrementos basados en los precios del gas importado. Ejemplifica así que, para un usuario residencial no subsidiado con un consumo de 15 metros cúbicos, que hoy paga por esa cantidad $28.800, la entrada en operación de la planta le implicaría pagar hasta $38.000 mensuales, a partir del año 2024, es decir un incremento del 32% en tres años, situación preocupante dado su impacto económico para la gran mayoría de colombianos que hoy utilizan este combustible. 

 

Efecto adverso en la política de transición energética 

 

Le preocupa a la CGR el eventual efecto adverso que pueden generar en la política de transición energética los potenciales incrementos en la tarifa para el sector industrial, pues podría ser un incentivo para retornar al consumo de combustibles más baratos, pero más contaminantes, produciendo un desbalance en la relación costo-beneficio en dicho aspecto. 

 

Así mismo, en la actualidad no existe una reglamentación clara asociada a la comercialización del gas importado, situación que ha afectado la celebración de compromisos en firme con los potenciales consumidores de mayor demanda, lo que a futuro puede incidir en la viabilidad del proyecto. 

 

Riesgo regulatorio 

 

También genera incertidumbre que tanto la Resolución CREG 107 de 2017, por la cual se establecen los procedimientos que se deben seguir para ejecutar proyectos del Plan de Abastecimiento de Gas Natural, como la Resolución CREG 152 de 2017, mediante la cual se establecen reglas complementarias para el desarrollo de la infraestructura de importación de gas del Pacífico, o sea dos resoluciones que sustentan regulatoriamente el proyecto, estén hoy siendo modificadas en pleno proceso de adjudicación del mismo, lo que implica un gran riesgo jurídico y técnico para el sector y el país. 

 

El pasado 19 de febrero la Comisión publicó las Resoluciones CREG 006 y 007 de 2021 que contienen las correspondientes propuestas de ajuste. Allí se plantean cambios importantes en la concepción del proyecto que han sido alertados por varios sectores, entre ellos la posibilidad de permitir el transporte de gas de la planta por carrotanques, con las implicaciones que eso tendría. 

 

Riesgo ambiental 

 

No se advierte a la fecha que el Gobierno, a través de la UPME o del Ministerio de Minas y Energía, haya evaluado con la Autoridad Ambiental los requerimientos que conlleva en esta materia el licenciamiento para cada uno de los componentes de la infraestructura, en particular para la construcción del gasoducto. 

 

Si bien es cierto este licenciamiento corresponderá gestionarlo al adjudicatario, en la etapa de planeación se deberían considerar los tiempos y así establecer su posible afectación sobre la fecha prevista para tener la infraestructura necesaria para el aprovechamiento del gas importado. 

 

Riesgo técnico-operativo sobre Puerto de Buenaventura 

 

La Dirección General Marítima (DIMAR) ha manifestado reiteradamente su “concepto no favorable” sobre la implementación del proyecto en el Puerto de Buenaventura, por la interferencia que posiblemente acarreará en el tráfico marítimo al interior de la bahía y en el resto de las instalaciones portuarias. La entidad ha solicitado a la UPME la reconsideración del área de construcción de cualquiera de los dos proyectos que implique la planta de regasificación. 

Publicado el 02 ago 2021 7:45


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 88

 

Contraloría ha emitido 419 alertas por más de $38 billones sobre obras públicas de infraestructura 

 

  • Los elefantes blancos cuestan más que la reforma tributaria, dijo el Contralor Felipe Córdoba ante los alcaldes del país reunidos en Cartagena, y les ofreció su colaboración para seguir rescatando las obras que se han quedado sin terminar. 
  • La estrategia “Compromiso Colombia”, que impulsa la Contraloría, está permitiendo rescatar elefantes blancos y trabajar en la meta de lograr la reactivación de 635 obras sin concluir y la puesta en servicio de 435 ya terminadas pero que no están funcionando, destacó igualmente el Contralor. 

 

 

Cartagena de Indias, 30 de julio de 2021.- La Contraloría General de la República ha emitido 419 alertas por más de 38 billones de pesos en proyectos para los sectores de educación, transporte, vivienda, mitigación de riesgos, salud, agua potable, mitigación del riesgo e interconexión eléctrica, reveló el Contralor General de la República, Felipe Córdoba, al intervenir hoy ante los alcaldes del país reunidos en el segundo día de sesiones del Consejo Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, en Cartagena. 

 

Las alertas fueron generadas por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), con su modelo de monitoreo del avance de obras públicas de infraestructura

 

La Unidad de Análisis de Información de la DIARI ha desarrollado 18 modelos analíticos para seguir la trazabilidad del recurso público en Colombia. 

 

Entre ellos están los modelos para la autogestión de alertas que se enfocan en el procesamiento de información, en   la producción de informes de analítica de datos y otros reportes e insumos sobre   hechos constitutivos de presunto daño fiscal. También hay un modelo de Automatización del Cálculo de Presuntos Sobrecostos.  

 

Adicionalmente, existen modelos de Riesgo de Recursos del Sistema General de Regalías, el Programa de   Alimentación Escolar y el de Seguimiento al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y son aplicados modelos   de Vivienda y Saneamiento Básico y de Vacunación, entre otros.  

 

1.070 obras inconclusas por $6,7 billones 

 

La labor de la DIARI es clave en el ejercicio del control preventivo que realiza la Contraloría General de la República, lo mismo que el manejo del Registro Nacional de Obras Inconclusas, que revela hoy que hay 1.070 proyectos detenidos, en los que están en juego $6,7 billones. 

 

De estos proyectos, 914 pertenecen a las entidades territoriales, precisó el Contralor General de la República, Felipe Córdoba. 

 

Tales obras están siendo objeto de monitoreo de la DIARI, seguimiento que está generando instrumentos para promover acuerdos de voluntades entre las entidades públicas, contratistas, veedores ciudadanos y la propia Contraloría, para redefinir los plazos de ejecución y poder culminarlas. 

 

Al rescate de elefantes blancos 

“La estrategia “Compromiso Colombia”, que impulsa la Contraloría, está permitiendo rescatar elefantes blancos y trabajar en la meta de lograr la reactivación de 635 obras sin concluir y la puesta en servicio de 435 ya terminadas pero que no están funcionando”, destacó el Contralor. 

 

Según Córdoba, uno de los problemas más grandes que tiene hoy el país son los denominados elefantes blancos. “Son más de 1.171, por $24,5 billones, o sea mucho más que una reforma tributaria, pues la actual está planteada para recoger $15 billones”, indicó. 

Publicado el 30 jul 2021 15:10


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 87

 

Nuevamente el PAE en la mira de la Contraloría:

 

Retorno a clases presenciales se lleva a cabo con improvisación en la entrega de alimentos a los estudiantes

 

 Fotografía de niños en un comedor, con pieza gráfica con titular del comunicado.

 

  • En algunos casos el gramaje no está siendo el adecuado. 
  • En Riohacha, comisión de la CGR propició acuerdos para asegurar en 15 días el funcionamiento de la cocina que tiene la Institución Educativa Familia de Nazareth. Hoy no hay ollas, tampoco refrigeración, ni elementos para servir. 
  • Mientras tanto en la IE San Juan Bautista, en el corregimiento de Cotoprix, se encontraron situaciones que pusieron en riesgo la alimentación de los niños algunos días. 

 

 

Bogotá, 30 de julio de 2021.- Denuncias ciudadanas, con imágenes de niños beneficiarios del PAE en La Guajira recibiendo una pequeña porción de arroz y frijol, llevaron a la Contraloría General de la República a verificar en tiempo real qué está sucediendo en esta región del país al respecto, a levantar la información necesaria y recoger las respectivas pruebas. 

 

La Contraloría ve con preocupación que las instituciones educativas y las entidades territoriales certificadas no están preparadas con la alimentación que deben dar a los niños con motivo de su regreso presencial. Eso se está viendo en La Guajira, donde inclusive no se está garantizando el 100 por ciento de la alimentación a los estudiantes. 

 

Así lo indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda. “Eso no es solo en La Guajira. Va a ser en todo el país. Estamos viendo que el gramaje no es el adecuado y que, con el retorno a clases presenciales, hay improvisación en la entrega de alimentos a los estudiantes. Y hay responsabilidad en eso tanto de las entidades territoriales, que deben ejercer la respectiva supervisión, como de los contratistas, que no pueden estar engañando a los estudiantes y a los padres de familia, porque se les está pagando”, agregó. 

 

Recordó que en La Guajira se han asignado $27 mil millones para los programas de alimentación escolar y se debe garantizar el cien por ciento de cobertura, con calidad y cantidad. 

 

“En las instituciones educativas con jornada única tiene que darse un suplemento por la mañana y así el mismo el almuerzo. Y aquí lo que vemos es que en la hora del almuerzo le dieron lo de la mañana, lo que debe tener una consecuencia tanto para el contratista como la entidad territorial”, agregó. 

 

Visita a 2 instituciones educativas 

 

Una comisión de la Contraloría General de la República verificó en La Guajira algunas denuncias sobre el PAE.  

 

En Riohacha propició acuerdos para asegurar el funcionamiento de la cocina que tiene la Institución Educativa Familia de Nazareth. 

 

En este colegio, que se pudo terminar con el acompañamiento de la estrategia “Compromiso Colombia”, se determinó que los niños no pueden recibir aún comida caliente, pues la dotación de la cocina está incompleta. 

 

La cocina aún no funciona porque no hay ollas, tampoco refrigeración, ni elementos para servir. 

 

Con los padres de familia, el rector del colegio, el alcalde y la gerencia temporal del Ministerio de Educación se acordó que en no más de 15 días se tenga solucionada esta situación, anunció el Contralor Delegado para el Sector Agropecuario, Gabriel Romero. 

 

Y en el corregimiento de Cotoprix la CGR visitó la Institución Educativa San Juan Bautista para evaluar una denuncia que recibió de los mismos profesores sobre la entrega de raciones del PAE. Se encontraron allí situaciones que pusieron en riesgo la alimentación de los niños algunos días, señaló el delegado.

Publicado el 30 jul 2021 8:15


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 86

 

Por irregularidades en el PAE:

Contraloría adelanta 153 procesos de responsabilidad fiscal por $47 mil millones  

 

Fotografía de niño comiendo con titular que dice Por irregularidades en el PAE: Contraloría adelanta 153 procesos de responsabilidad fiscal por $47 mil millones 

 

  • Contraloría verifica en La Guajira denuncias sobre entrega solo de meriendas, y no de almuerzos, a niños beneficiarios del PAE. 
  • “Estamos coloreando los 53 elefantes blancos por $798 mil millones identificados por la CGR en La Guajira, haciéndoles el seguimiento respectivo para que se terminen”, indicó el Contralor Felipe Córdoba al iniciar una visita de dos días al departamento. 
  • A la fecha, la CGR adelanta en La Guajira 322 procesos de responsabilidad fiscal por $173 mil millones.
  • Proyecto de pozos de agua profunda, acompañado desde hace dos años por la Contraloría, ha mejorado calidad de vida de 1.329 familias Wayuu en 7 municipios de La Guajira, brindándoles la posibilidad de que cuenten con sostenibilidad y seguridad alimentaria. 
  • Para estas comunidades, tener agua les garantiza cultivar yuca y papa. Así lo constató el Contralor Felipe en su visita a Manaure. 
  • La CGR logró que Vecol se uniera a esta iniciativa y capacite a las comunidades en el tema sanitario, de manera que puedan controlar enfermedades de los chivos y se les abra la oportunidad de mercados de comercialización, incluso fuera del país. 

Riohacha (La Guajira), 28 de julio de 2021.- Las diversas irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) son objeto a la fecha, en todo el país, de 153 procesos de responsabilidad fiscal por una suma total de $47 mil millones de pesos. 

Así mismo, se adelantan 34 indagaciones preliminares por $1.471 millones, precisó el Contralor Felipe Córdoba, que inició hoy una visita de dos días al departamento de la Guajira, para verificar el funcionamiento del PAE en esta región del país, así como los avances en la entrega de 40 pozos de agua profunda a comunidades Wayuu de los municipios de Manaure, Uribia, Fonseca, Albania, Distracción, Maicao y Riohacha. 
La Contraloría General de la República ha verificado en el caso de Riohacha que, como se va venido denunciando en redes sociales, solamente se están entregando meriendas y no se está dando el almuerzo

Coloreando elefantes blancos
“Estamos coloreando los 53 elefantes blancos por $798 mil millones que habíamos identificado en La Guajira, haciéndoles el seguimiento respectivo para que se terminen”, indicó también el Contralor Córdoba al llegar a Riohacha. 

Por sectores, estos elefantes blancos se ubican así: 


EDUCACIÓN:                                  13 

AGUA POTABLE:                            12 

TRANSPORTE                                10 

DEPORTE Y RECREACIÓN             7 

VIVIENDA                                          

COMERCIO Y TURISMO                  2 

CULTURA                                          2 

AGRICULTURA                                 1 

SALUD Y PROTECCIÓN                  1 

 
Seguimiento a pozos profundos de agua 
El Contralor General estuvo en Manaure, visitando la comunidad Wayuu que se beneficia del proyecto de pozos de  agua profunda que acompaña la Contraloría desde que puso en marcha la estrategia “Compromiso Colombia”, hace dos años. Verificó allí su funcionamiento, mantenimiento y sostenimiento. 
Más de 1.300 familias Wayuu se benefician con este proyecto, en 7 municipios. 
La Contraloría le ha seguido haciendo seguimiento a este proyecto, entregado en febrero de 2020, y logró que la Empresa de Productos Veterinarios -Vecol- se uniera al mismo, brindando capacitaciones de excelencia sanitaria a las comunidades, para mejorar la producción de carne caprina y garantizar la comercialización del producto al interior y al exterior del país (se ha planteado concretar ventas en Centroamérica y el Caribe). 

Pruebas de Acueducto de Camarones 
En su primer día de visita al departamento de La Guajira, el Contralor Felipe Córdoba anunció que el acueducto del corregimiento de Camarones ya está en un 90 por ciento y se está pendiente de la última evaluación técnica para que entre totalmente en funcionamiento. 

Los resultados de las pruebas tomadas el 11 de junio indican que el agua es apta para consumo humano. 
El 9 de julio inició la limpieza de los tanques para tomar prueba de metales pesados. La toma de muestras fue reprogramada para esta semana, del 26, 28 y 30 de julio. Los resultados estarían disponible a más tardar el 6 de agosto. 
Se estima que la entrega del acueducto a la comunidad se puede dar en la segunda semana de agosto. 

Avance de otros 2 proyectos en La Guajira, sobre los cuales la CGR adelanta seguimiento: 

PARADOR TURÍSTICO 4 VÍAS 
Avance: 70% 
Valor: $4.474 millones 
Se ha avanzado en la instalación de postes de energía y pérgolas y para el 30 de julio deberá estar culminada la dotación de cocina.  
Entrega estimada: de acuerdo a cronograma, en septiembre próximo. 

TERMINAL DE URIBIA 
Avance 30% 
Valor: $7.564 millones 
El 25 de junio se realizó comité técnico entre la Alcaldía y Ministerio de Transporte para revisar los requisitos de la puesta en funcionamiento del Terminal. 
El municipio debe contratar un estudio de prefactibilidad de la operación, lo cual se realizará con recursos propios. La asignación del recurso por parte del Ministerio de Hacienda sigue en trámite. 
Entrega estimada: febrero de 2022 

Publicado el 28 jul 2021 17:50