COMUNICADO DE PRENSA No. 218

Rendición de cuentas 2020:

5 casos emblemáticos muestra gestión de la Contraloría General en el Amazonas

• Sobresale una imputación de responsabilidad fiscal por $2.511 millones, por la construcción del Plan Maestro de Alcantarillado Urbano Fase I de Leticia.

Leticia (Amazonas), 23 de diciembre de 2020.- Cinco casos emblemáticos muestra la gestión de la Contraloría General de la República en el departamento del Amazonas, en el último año.

Así lo reportó hoy la Gerencia Departamental de la CGR en la Rendición de Resultados correspondiente a 2020, realizada mediante una Audiencia Pública Virtual.

Los casos a resaltar son los siguientes:

Caso 1.

Entidad afectada: Departamento del Amazonas

Proceso de responsabilidad fiscal (recursos de regalías)

Hechos: Como resultado de la actuación fiscal, se imputó responsabilidad fiscal por valor de $2.511.274.939.

Tiene que ver con la ejecución contrato de obra pública No.702 de 2011, que tiene como fuente recursos Sistema General de Regalías y cuyo objeto era realizar la “CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO FASE I MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”.

Se adelantó sin contar con unos estudios y diseños que cumplieran con la norma RAS 2000. Además, presentaban errores técnicos, topográficos y no estaban debidamente aprobados por las entidades competentes, contribuyendo así, con la generación del daño e impidiendo que la comunidad del municipio de Leticia contara con el alcantarillado objeto del contrato de obra 702 de 2011.

Caso 2.

Entidad afectada: Municipio de Leticia

Proceso de Responsabilidad Fiscal

Hechos: Como resultado de la actuación fiscal, se profiere fallo con responsabilidad fiscal por valor de $881.041.815.

La Alcaldía de Leticia suscribió el 30/10/2009 contrato para la construcción de viviendas nuevas bifamiliares a beneficiarios del subsidio en la Urbanización Manguare del Municipio de Leticia, por valor de $ 3,075,413 y un plazo de ejecución de 8 meses, durante el cual se giró por parte de la Alcaldía de Leticia la suma de $ 2,408,794,906.

Se estableció que no se ejecutaron la totalidad de las obras.

Caso 3.

Entidad afectada: Departamento de Amazonas

Proceso de Responsabilidad Fiscal

Hechos: Como resultado de la actuación fiscal, se determinó que su gestión no estuvo acorde con los principios rectores de la función pública y se generó un hallazgo fiscal por la suma de $129.9 millones.

Estos alcances fiscales se originaron por presuntos sobrecostos en el contrato 1159 de 2016, cuyo objeto fue LA PRESTACION DE SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS AMBIENTALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE PARTICIPACION COMUNITARIA E INSTITUCIONAL EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DESDE SU SEPARACION EN LA FUENTE.

Como presuntos responsables aparecen el ordenador del gasto, Coordinador del PDA para la época de los hechos y el contratista.

Caso 4.

Entidad afectada: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Proceso de Responsabilidad Fiscal

Hechos: Como resultado de la actuación fiscal, se determinó que su gestión no estuvo acorde con los principios rectores de la función pública y se generó un hallazgo fiscal por la suma de $330.4 millones.

Estos alcances fiscales se originaron por presuntas irregularidades en el contrato de aporte 126 de 2016, evidenciándose un detrimento fiscal por valor de $330.4 millones por cupos no atendidos e inasistencias evidenciadas durante la ejecución del contrato de aporte modalidad cdi institucional.

Como presuntos responsables aparecen el ordenador del gastos y supervisor del contrato.

Caso 5.

Entidad afectada: Municipio de Puerto Nariño

Proceso de Responsabilidad Fiscal

Hechos: como resultado de la actuación fiscal, se determinó que su gestión no estuvo acorde con los principios rectores de la función pública y se generó un hallazgo fiscal que asciende a la suma de $299.5 millones.

Estos alcances fiscales se originaron por presuntas irregularidades en el Convenio 369 de 2018 por incumplimiento de obligaciones del contratista, falta de pago de trabajo a miembros de las comunidades indígenas beneficiarias y presunto desvío de recursos para pago de obligaciones tributarias.

Como presuntos responsables aparecen el ordenador del gasto, el supervisor y contratista.