COMUNICADO DE PRENSA No. 221

• Se trata de procesos de responsabilidad donde el detrimento patrimonial investigado suma $3.966 millones y afecta al Municipio de Putumayo, el Departamento de Policía del Putumayo, el Departamento del Putumayo y el Municipio de Orito.

Mocoa (Putumayo), 23 de diciembre de 2020.- Cuatro casos emblemáticos muestra la gestión de la Contraloría General de la República en el departamento de Putumayo, en el último año.

Así lo reportó hoy la Gerencia Departamental de la CGR en la Rendición de Resultados correspondiente a 2020, realizada mediante una Audiencia Pública Virtual.

Los casos a resaltar son los siguientes:

Caso 1. Municipio de Mocoa

Pagos injustificados con recursos de salud

Proceso de Responsabilidad Fiscal

Entidad afectada: Municipio de Mocoa

Hechos: Se utilizaron recursos del Sistema General de Participaciones para efectuar giros a personas que no tenían ninguna relación contractual con el Municipio. Se imputó responsabilidad fiscal por $1.355 millones.

Caso 2. Departamento de Policía del Putumayo

Giros fantasma

Proceso de Responsabilidad Fiscal

Entidad afectada: Departamento de Policía del Putumayo

Hechos: Desde la Tesorería del Departamento de Policía, se giraron cheques y se hicieron transferencias a cuentas de personas que no eran acreedores de la entidad. Se inició proceso por $1.907 millones.

Caso 3. Departamento del Putumayo

Falsificación de documentos

Proceso de Responsabilidad Fiscal

Entidad afectada: Departamento del Putumayo.

Hechos: El equipo de auditoría detectó liquidaciones y pagos de prestaciones y otras acreencias laborales a funcionarios de la Secretaría de Educación, utilizando documentación adulterada. Se imputó responsabilidad fiscal por $571 millones.

Caso 4. Municipio de Orito

Deficiencias en planeación contractual

Proceso de Responsabilidad Fiscal

Entidad afectada: Municipio de Orito

Hechos: La Administración Municipal construyó un tanque elevado para el acueducto de la Vereda San Andrés, pero la obra nunca ha estado en uso, por deficiencias en la planeación contractual. Se profirió fallo con responsabilidad fiscal por un valor cercano a los $133.000.000.