Los avances tecnológicos pueden mejorar en varios aspectos la prestación de servicios a los ciudadanos por parte de las entidades estatales, el intercambio de información entre ellas, la provisión de información a la población, etc., pero la simple incorporación de nuevas tecnologías no implica en sí misma un impacto positivo en la administración; es necesario que se demuestre que las inversiones en tecnología producen mejoras en procesos y servicios de forma medible, asimilable a un indicador como el ROI (retorno sobre la inversión) del sector privado.
