Boletines de Prensa - 2019

Contraloría encontró hallazgos fiscales por más de $63.000 millones en el FOMAG y no ve viable su sostenibilidad en el tiempo

COMUNICADO DE PRENSA No. 098

 

  • Por pérdidas acumuladas de $4.2 billones, el Fondo encargado de pagar las prestaciones de los docentes registra un patrimonio negativo de $-1 billón 872 mil millones.
  • A $34.320 millones asciende el posible daño patrimonial por el pago de intereses moratorios en fallos de pensiones, en el período comprendido entre 2015 y 2018.
  • También se observa un presunto daño patrimonial por pago de Indexación e intereses moratorios en fallos por Sanción Moratoria de Cesantías por valor de $ 27.000 millones
  • La auditoría al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio determinó un presunto daño patrimonial por $2.243 millones, derivado de las acciones y omisiones que generó la prescripción de cuotas partes pensionales por cobrar, las cuales datan desde el año 1992.

 

Bogotá, 17 de julio de 2019.- La Contraloría General de la República encontró hallazgos fiscales por más de $63.000 millones de pesos en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), inició indagaciones preliminares por las situaciones encontradas y, además, determinó que no ve viable su sostenibilidad en el tiempo pues presenta un cuantioso patrimonio negativo, debido a las pérdidas por más de $4.2 billones que acumula.

Por pagos de indexaciones e intereses moratorios en fallos de cesantías y pensiones, la Contraloría iniciará una indagación preliminar por valor de $61.350 millones de pesos por cuanto el Fondo no pagó en los términos que establece la ley.

El organismo de control estableció también un presunto daño patrimonial por $34.320 millones, por el pago de intereses moratorios en fallos de pensiones en el período comprendido entre 2015 y 2018. También se observa un presunto daño patrimonial por pago de Indexación e intereses moratorios en fallos por Sanción Moratoria de Cesantías por valor de $ 27.000 millones

Se advierte un claro incumplimiento en los términos que establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, encontrando casos en mora de pago desde 90 días hasta 15 años.

Además, por prescripción de cuotas partes pensionales por cobrar, que datan del año 1992, se observó un presunto daño patrimonial por $ 2.243 millones de pesos,

No se realizó ninguna acción para que no ocurrieran esas circunstancias y se perdieran los recursos. 

Según la Contraloría, esto evidencia unas grandes deficiencias en el manejo que se le está dando al cumplimento de los fallos.

Las demoras surtidas obligan a que se tengan que pagar indexaciones o intereses.

Gestión antieconómica e insostenible

Todo lo anterior hace que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sea absolutamente ineficiente para el manejo del recurso público, estima la CGR. Siendo responsabilidad del comité directivo del fondo (compuesto por los Ministros de Hacienda, Educación y Trabajo y el representante de la fiduciaria, como dos representantes de FECODE), como de la Fiduprevisora como Administradora del Fondo del buen manejo de esos recursos.

El proceso auditor observó que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene pérdidas acumuladas por más de $ 4.2 billones de pesos, lo que deja ver que su gestión es antieconómica e insostenible en el tiempo.

El Fondo registra un patrimonio negativo por $-1 billón 872 mil millones.

Deficiencias en Defensa Judicial

Son varias las deficiencias que en materia de Defensa Judicial muestra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo a la auditoría realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Social, y que se resumen así:

*No se atienden de manera oportuna las etapas judiciales dentro de los términos procesales.

*No se formulan las excepciones a que haya lugar.

*No se acude a las audiencias.

*No se interponen los recursos.

*No se atienden las actuaciones en defensa de los intereses del Fondo.

*No se actúa con la debida diligencia y el cuidado que impone la defensa de los intereses del Fondo.

*Y no se realizan actividades que busquen el desembargo de las cuentas bancarias, tanto del Ministerio de Educación como del propio Fondo.

*El Fondo Nacional de Empleados del Magisterio (FOMAG) es una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica y con independencia patrimonial y contable, y cuyos recursos son administrados por la fiduciaria La Previsora.

Entre los objetivos del FOMAG está pagar las prestaciones sociales y servicios de salud de los docentes afiliados. Y vela porque los empleadores (Nación o entidades territoriales) cumplan con los respectivos aportes.

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Publicado el 17 Jul 2019 15:00


Contraloría realiza seguimiento a las acciones adelantadas para superar cierres en vías del país

COMUNICADO DE PRENSA No. 097

 

  • Hoy habrá encuentro ciudadano, en Cáqueza (Cundinamarca) sobre los problemas que afectan la Vía Perimetral de Oriente.
  • Y mañana jueves habrá un recorrido en el tramo más crítico de la Vía Bogotá-Villavicencio y seguidamente, en el municipio de Guayabetal (Cundinamarca) habrá una mesa de seguimiento a las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional.
  • Entre las próximas obras que se visitarán y evaluarán están la variante El Pollo – La Romelia y la vía Amagá – Bolombo.

 

Bogotá, 17 de julio de 2019.- En desarrollo del especial seguimiento que realiza a las problemáticas que se presentan en diferentes vías del país, la Contraloría General de la República comenzará hoy encuentros con la ciudadanía para evaluar las acciones que se adelantar para superar  los cierres y situaciones de parálisis que presentan la carretera Bogotá-Villavicencio, la Vía Perimetral del Oriente, Pacífico 1 (vía Amagá-Bolombolo) y la variante El Pollo -La Romelia, entre otras.

A través de su Delegada para la Participación Ciudadana, la CGR viene realizando seguimiento a varías vías que se encuentran cerradas por deslizamientos originados por la temporada de luvias y otros aspectos como circunstancias –geológicas e hídricas o suspensiones en la ejecución de los contratos de obra.

Los encuentros con la ciudadana para evaluar estas problemáticas inician hoy en el municipio de Cáqueza (Cundinamarca), en las instalaciones del Concejo Municipal, a las 11:00 a.m., donde se adelantará Especial Seguimiento al desarrollo del proyecto de Cuarta Generación de Concesiones, Vía Perimetral del Oriente, que tiene una longitud de 153 kilómetros de calzada sencilla y una inversión total de $1,7 billones, y el cual se encuentra paralizado en un 60%.

La comisión efectuará el recorrido por las obras, hará seguimiento a los compromisos en la zona de influencia y recogerá la percepción ciudadana como también la de los responsables de la ejecución del proyecto, buscando generar acuerdos que permitan adelantar la ejecución del contrato.

Además, se atenderán las reclamaciones de la comunidad y las denuncias en temas como el pago de predios, realización de obras técnicas, el cobro de peajes, diseño de la obra y la posible afectación de recursos naturales como humedales, fuentes hídricas, termales y el Páramo (Choachí).

Seguimiento para medidas sobre Vía al LLano

Mañana jueves la comisión de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana se trasladará, junto con funcionarios Gerencia Departamental  de la CGR en el Meta, a la ciudad de Villavicencio, desde donde se realizará un recorrido verificando, junto a la ciudadanía , las afectaciones en los diferentes puntos críticos del tramo vial Bogotá – Guayabetal, municipio en el que se realizará la mesa de seguimiento a las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional para atender la crisis en la Vía al Llano.

Al encuentro se ha convocado a todos los responsables de ejecutar dichas medidas, las autoridades municipales y representantes de la comunidad afectada y en estado de vulnerabilidad. Estarán presentes representantes de los Ministerios de Transporte, Agricultura, Medio Ambiente, Minas, Salud, Educación, Hacienda y Trabajo, así como la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, Departamento de Prosperidad Social - DPS, Departamento Nacional de Planeación - DNP, Presidencia de la República, Sena y voceros ciudadanos.

Esta mesa de seguimiento en el municipio de Guayabetal se realizará en la alcaldía del municipio, a las 11:00 a.m.

Frente a las 67 medidas que anunció el Gobierno Nacional para mitigar los efectos del cierre de la vía al Llano, como consecuencia de la emergencia generada en el kilómetro 58 y, luego de los encuentros con todas las instituciones gubernamentales en el Puesto de Mando Unificado PMU, pasaron a ser 71 las acciones, que serán revisadas por la Contraloría, junto a las comunidades afectadas y las entidades del Gobierno Nacional.

Se mirarán los avances en los sectores agropecuario e hidrocarburos, como los incentivos de almacenamiento a productores de arroz, comercialización de productos agrícolas y compensación en el incremento de fletes; así como el establecimiento de precios de frontera para el combustible.

Visita a la variante El Pollo – La Romelia

El viernes 19 de julio, los funcionarios de la CGR se trasladarán a la ciudad de Pereira, específicamente a la variante El Pollo - La Romelia, vía que por disposición del Invías tiene cierre total entre el PR1+0400 y el PR3+0350 después de la emergencia presentada el pasado 11 de junio, cuando un derrumbe en la parte trasera de la vía produjo la muerte de cuatro personas y la orden de evacuación para el conjunto Portal de la Villa, donde hay 234 Viviendas de Interés Social estrato 3, expedida por la Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira (Diger).

La visita tiene por objeto realizar seguimiento a las acciones de atención puestas en marcha luego de la emergencia.

Seguimiento a la vía Amagá-Bolombo

Finalmente, el próximo el miércoles 24 de julio, una comisión de la Contraloría que llega al Departamento de Antioquia se trasladará a fin de verificar el impacto del cierre de la Troncal del Café, en el tramo vial Amagá – Bolombolo.

Igualmente se realizará una mesa de seguimiento enTitiribí (Antioquia), que ha sido la población más afectada con el cierre por el derrumbe en La Huesera, única vía de acceso que tiene el municipio. A esta mesa de trabajo están citados el contratista, el interventor, la ANI, autoridades municipales y la ciudadanía afectada con el cierre de la vía.

Las obras que se adelantan en el proyecto Pacífico 1, desarrollada por Covipacífico, corresponden al contrato suscrito el 15 de septiembre de 2014 por valor de $2.087.106 millones.

Teniendo en cuenta el impacto socioeconómico de dicho cierre para la población que habita y transita la zona de influencia del corredor vial, la Contraloría ha dispuesto efectuar especial seguimiento, a través de un recorrido por el corredor vial y una mesa de trabajo en la que se expondrán las denuncias e inquietudes de la población y se escucharán los argumentos de los ejecutores de las obras a fin de obtener compromisos que permitan agilizar la ejecución de los recursos del contrato y operación de la vía.

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Publicado el 17 Jul 2019 09:30


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Contraloría General y Superindustria suscribieron convenio para fortalecer investigaciones

COMUNICADO DE PRENSA No. 096

 

Bogotá, 15 de julio de 2019.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, y el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González, suscribieron un convenio que permitirá a estas dos entidades aunar esfuerzos en la lucha contra la corrupción en el desarrollo de sus respectivas funciones.

La Superindustria facilitará a la Contraloría acceso a la información relativa a las investigaciones administrativas que adelanta en materia de protección a la competencia y los resultados frente a la cartelización empresarial y colusiones.

Por su parte, la Contraloría compartirá con la Superintendencia la información y los resultados obtenidos en las investigaciones adelantadas en la lucha anticorrupción.

En virtud del convenio suscrito, que tendrá una duración de cuatro años con posibilidad de prórroga, la Contraloría y la Superintendencia se comprometieron a usar debidamente la información que compartan, guardando la debida confidencialidad y observando las disposiciones legales sobre protección de datos personales.

Acciones contra cartelizaciones y mallas de contratación

“Este convenio es de gran importancia para seguir fortaleciendo la plataforma Océano de la Contraloría, que viene dando grades resultados en materia de seguimiento de la contratación pública, y ampliar con la Superintendencia de Industria y Comercio las búsquedas que realizamos”, destacó el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

La Superintendencia realiza todas las investigaciones sobre las posibles y evidentes colusiones y cartelizaciones que se generan en el país y así cuando la Contraloría señala mallas de contratación, el Superintendente es competente para mirar estos casos, explicó.

Por su parte, el Superintendente, Andrés Barreto González indicó que: “La Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad nacional de competencia aportará su experiencia en atacar colusiones y desfalcos para fortalecer el control fiscal de la Contraloría General de la República. Este convenio es un esfuerzo más en la lucha contra el flagelo de la corrupción”.

 

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Publicado el 16 Jul 2019 11:30


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Advierte el Vicecontralor:

"Si no hay cambios, se necesitarían entre 30 y 48 años para cerrar brechas regionales en educación”

COMUNICADO DE PRENSA No. 095

 


Barranquilla, 10 de julio de 2019.- El Vicecontralor General de la República, Ricardo Rodríguez Yee, llamó hoy la atención sobre la necesidad de introducir cambios que permitan superar las marcadas brechas que se evidencian hoy en materia de cobertura educativa y logros de los estudiantes a nivel de ciudades y regiones.

Aseguró que, “de mantenerse la actual situación, se necesitarían entre 30 y 48 años, para cerrar las brechas entre aquellas regiones que tienen oportunidad de invertir y las que no lo tienen”.

“Solo ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla y departamentos como Atlántico, Valle y Cundinamarca tienen recursos importantes propios y capacidad de inversión”, señaló.

Como lo determinó en su momento un estudio de la Contraloría sobre el efecto redistributivo del Sistema General de Participaciones (SGP), son marcadas las brechas en la calidad de la educación entre la Nación y las entidades territoriales, especialmente las más pequeñas y pobres.

En el tema de cobertura neta y básica de educación preescolar, básica y primaria, hay todavía una brecha del 11%, subrayó el Vicecontralor.

Las brechas que se advierten entre los niveles de cobertura neta y bruta en los niveles educativos de transición, media, preescolar y básica están directamente relacionadas con una capacidad de gestión de recursos que aún es baja, anotó.

Adicionalmente, en 2018, 834 municipios calificaron por debajo del promedio nacional en los resultados de la Prueba Saber, lo que para el Vicecontralor muestra que las ciudades que tienen posibilidad de hacer inversiones jalan los buenos resultados.

Entidades territoriales dependen del SGP en educación

El Sistema General de Participaciones en Educación es el principal instrumento financiero del sector educativo para los niveles preescolar, básica y media y, en 2017, financió el 68.63% de la educación pública en este nivel educativo.

Al intervenir en el Foro “+ Región, hacia un nuevo modelo de Estado”, convocado por la Federación Nacional de Departamentos, el Vicecontralor Ricardo Rodríguez Yee expuso la alta dependencia que presentan de tales recursos las entidades territoriales.

Corrupción e intereses políticas afectan avances en salud.

En cuanto a salud, Rodrígez Yee mostró como la proporción de la participación del Sistema General de Participaciones destinada a la salud se ha mantenido casi invariable desde 2002.

"Uno de los obstáculos en la prestación del servicio de salud es la corrupción en el manejo de los recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud por parte de ciertos actores en los territorios", indicó enseguida.

"También se han identificado obstáculos como barreras geográficas y de movilidad, culturales, financieras y administrativas, para el acceso a la salud, lo cual ha evidenciado resultados negativos".

"Otro problema es la falta de continuidad en programas y proyectos de alto impacto, asociado a la fluctuación de intereses políticos de acuerdo con el gobierno de turno", concluyó.

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Publicado el 11 Jul 2019 08:00


En Auditoría a la Agencia Nacional de Tierras, Contraloría encontró 4 hallazgos fiscales por $8.353 millones

COMUNICADO DE PRENSA No. 094

 

  • Ha habido una gestión antieconómica de la ANT para recuperar recursos no pagados por arrendatarios de predios en islas del Rosario y San Bernardo.

 

Bogotá, 9 de julio de 2019.- Con 4 hallazgos con posible incidencia fiscal por $8.353 millones de pesos, 20 con presunto alcance disciplinario y 2 que probablemente tengan carácter penal, concluyó la auditoría financiera que realizó la Contraloría General de la República a la Agencia Nacional de Tierras -ANT, por la vigencia 2018.

Uno de los hallazgos fiscales, en cuantía de $1.920 millones, corresponde al presunto daño patrimonial que ha significado la poca efectiva gestión de la ANT para recuperar los recursos no pagados por los arrendatarios de los predios ubicados en las islas del Rosario y San Bernardo, donde a 31 de diciembre de 2018 se evidencia una cartera de más de 90 días y hasta 8,53 años de morosidad.

Para la Contraloría, la gestión antieconómica por parte de la Agencia Nacional de Tierras permite que particulares continúen usufructuando bienes estatales sin la contraprestación requerida, lo que genera un alto riesgo de daño patrimonial por el aprovechamiento de bienes del Estado en beneficio de terceros.

Los arrendatarios de los siguientes predios son los que presentan mayor mora: Isla el Arca de Noe ($586 millones), Isla del Pirata ($328 millones), Hotel Isla Media Naranja ($278 millones), Hotel Kokomo ($261 millones) y Casablanca ($122 millones). Hay predios que registran una cartera de entre 2800 y 3000 días.

¿Contrato a la medida?

El equipo auditor encontró evidencia de que el contrato Interadministrativo 872 de 2017, suscrito con la Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos COLVATEL S.A. E.S.P, con el objeto de contratar la organización, inventario, descripción y digitalización conforme a la normatividad exigida por el Archivo General de la Nación y a la parametrización de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), habría sido pactado a la medida de los intereses del proponente.

El hallazgo está sustentado en cinco factores. En primer lugar, el estudio previo tuvo en cuenta únicamente la oferta ofrecida por COLVATEL y pudo haber pasado por encima del principio de selección objetiva al no incluir un estudio de mercado que considerara las propuestas de otros posibles proveedores.

Los auditores advirtieron expresamente que si bien la contratación directa es justificable para los contratos interadministrativos, es claro que en el estudio previo no se evaluó cual era la modalidad de contratación más adecuada para este tipo de servicios, sobre todo cuando el objeto planteaba una tarea compleja: ordenar 5.111 expedientes de procesos agrarios, contenidos en aproximadamente 831 cajas.

En tercer lugar, la fecha límite establecida para la ejecución del contrato, el 30 de diciembre de 2017, coincidía con los días que le restaban a la vigencia presupuestal, sin que las partes evaluarán si el tiempo era suficiente para atender las necesidades de la ANT, señaladas en la sentencia T-488 de 2014 y el Auto 040 de 2017 de la Corte Constitucional.

Adicionalmente, tres prórrogas posteriores pusieron de manifiesto que no hubo un estudio objetivo de riesgos e hicieron no solo que el plazo de ejecución fuera pospuesto casi cuatro meses, sino que se iniciara un proceso de declaratoria de incumplimiento por deficiencias atribuibles al contratista.

También incidió en el fracaso del contrato el hecho de que para la fecha en que fue suscrito el Archivo General de la Nación no había aprobado las tablas de retención documental de la ANT, cosa que aún hoy no ha ocurrido. El contratista se apoyó en esa falencia para pedir mayores prórrogas.

Aun así, fue solicitada la liberación presupuestal de $895.690.670, equivalentes al 30,7% del valor del contrato y correspondientes a 18.719 expedientes que no se intervinieron, los cuales monetariamente ascendían a $545.321.908, y a productos que no se recibieron a satisfacción, por valor de $350.368.762.

Como los recursos eran originados en una reserva presupuestal no pudieron ser apropiados nuevamente.

La Contraloría cuestiona a la ANT por haber observado el principio de planeación contractual y en consecuencia también el principio de economía, consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993. El Consejo de Estado ha advertido que ese principio pretende que la actividad contractual “no sea el resultado de la improvisación y el desorden, sino que obedezca a una verdadera planeación para satisfacer necesidades de la comunidad”.

Contrato con sobrecostos

Siguiendo con el análisis del contrato interadministrativo 872 de 2017, la Contraloría identificó sobrecostos y estableció un presunto daño patrimonial por $367.275.847. Por esa razón objeta también un pago pendiente a favor de Colvatel por valor de $518.203.058, pendiente por el posible incumplimiento contractual.

Es este caso los estudios previos se realizaron exclusivamente con la información de Colvatel y no hay evidencia de consulta de la información al Archivo General.

En opinión de los auditores, se configura entonces un hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario, por lo cual solicitan una indagación preliminar.

Incumplimiento en compra de predios

Por denuncia de una veeduría ciudadana, fueron puestos en evidencia posibles incumplimientos de los compromisos pactados en el marco de la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo.

Allí, el Incoder adquirió 430.88 hectáreas que no puede entregar porque no son adecuables para riego por gravedad. La compra se realizó sin contar con el concepto técnico de EMGESA, como se había establecido en el acuerdo.

Los recursos comprometidos son del orden de los  $3.263 millones para su posterior entrega a la población afectada. Sin embargo, los predios no son aptos para cultivo, toda vez que no se pueden adecuar para el riego. Por eso, la ANT no ha podido adjudicar los mencionados predios.

A esto se suma también la compra del predio Yarumal, ubicado en la jurisdicción de Turbó, en el Urabá antioqueño. Allí se habría producido un detrimento patrimonial por $3,000 millones porque la compra fue hecha sin que existiera la certeza de la existencia de la comunidad étnica que se beneficiaría del bien.

Y más de $415 millones adicionales quedaron comprometidos con la compra del predio “Mediecito la Selva-Cauca- pues iba a ser entregado a campesinos, sin tener en cuenta que también estaba en proceso de adquisición para una comunidad indígena que obstruyó su ocupación.

Para la CGR, la situación debe ser resuelta por la ANT, y no por el Ministerio del Interior como lo indica la entidad en su respuesta a la Contraloría, por cuanto, la situación ocurre precisamente por la acción del INCODER, que tituló el predio a las familias campesinas, cuando existía ocupación del mismo por la comunidad indígena de Quintana.

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Publicado el 09 Jul 2019 14:30