Boletines de Prensa - 2019

COMUNICADO DE PRENSA No. 040

 

  • Hace 3 años, la Contraloría produjo un fallo fiscal donde determinó que la compañía Prodeco y otros involucrados deben resarcir al Estado colombiano la suma de $60.023 millones por un daño patrimonial en esta cuantía.
  • A pesar de que, conforme a lo previsto en la Ley 610 de 2000, Prodeco elevó demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, hizo uso también del Tribunal Internacional llevando la disputa con el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI.

 

Bogotá, 1 de abril de 2019.- La institucionalidad del control fiscal se ha visto afectada por nuevos riesgos frente a su ejercicio constitucional y legal y uno de ellos es consecuencia del mal uso de instrumentos de protección a la inversión extranjera, como los tratados internacionales de libre comercio.

Los responsables fiscales han buscado ampararse en los mismos para evadir las decisiones de los órganos del control fiscal, desconocer el ordenamiento jurídico de Colombia en la materia, e introducir al Estado colombiano en acciones de carácter internacional, que no deberían caber en este tipo de asuntos.

En próximo días en el seno del CIADI, institución del Banco Mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales, se proferirá una importante decisión en el caso Prodeco- Glencore.

Esta compañía demandó no sólo ante dicho Tribunal Internacional sino también en la jurisdicción contencioso administrativa en Colombia (Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca), un fallo de responsabilidad fiscal por el detrimento al patrimonio público, causado por la minera y otros servidores públicos que lesionaron los intereses patrimoniales del Estado colombiano.

Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca cursa una acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por Prodeco, por el fallo de responsabilidad fiscal.

El daño patrimonial se produjo al modificar un contrato de gran minería con el cual se disminuyeron las regalías y otras contraprestaciones económicas que venía recibiendo el Estado colombiano, recursos públicos con los cuales se atienden las necesidades básicas de las poblaciones más vulnerables del país.

La Contraloría General de la República considera el tema de la mayor importancia, por las implicaciones no sólo económicas, jurídicas y de soberanía del Estado colombiano, y de sus instituciones que no pueden ver soslayadas sus facultades constitucionales y legales a propósito de posibles demandas internacionales. 

El fallo de la Contraloría

Mediante auto del 21 de agosto de 2015 y actuando como segunda instancia, el Despacho del Contralor General de la República, confirmó la ocurrencia de un daño de $60.023 millones de pesos causado a los intereses patrimoniales del Estado y la declaratoria de responsabilidad fiscal de contra C.I. Prodeco S.A. y otros involucrados (Prodeco es propiedad de la multinacional Glencore).

El fallo con responsabilidad fiscal se originó en el detrimento patrimonial que le representó al Estado el ajuste que se hizo, mediante el otrosí No. 8 del 28 de enero de 2010, al Contrato de Gran Minería 044 de 1989 suscrito por Ingeominas con C.I. Prodeco.

Como consecuencia de ese otrosí, el Estado dejó de recibir regalías y contraprestaciones económicas en una cifra de pesos equivalente a la de la condena, por la explotación de la mina de carbón “Calenturitas”, en el departamento del Cesar.

Publicado el 01 Abr 2019 12:15


COMUNICADO DE PRENSA No. 039

 

Cartagena de Indias, 29 de marzo de 2019.- La situación de la empresa Electricaribe, desde el punto fiscal y de operación, ya está llegando a los límites. En este momento está presionada por un déficit de $1,3 billones, únicamente para asegurar la prestación del servicio, reveló aquí la Contraloría General de la República.

 “Por condiciones índices, esta sería una compañía que tendría que hacer inversiones cercanas a los $600 mil millones de pesos y en este momento vemos que no supera los $140 mil mil millones de pesos”, aseguró el Vicecontralor, Ricardo Rodríguez Yee.

“Esa brecha se refleja claramente en la operación comercial y en la prestación y calidad del servicio, a partir de redes que no están cumpliendo con los estándares de calidad”, sostuvo.

La Contraloría encontró que la pérdida de capital de trabajo de la compañía inició en el primer trimestre de 2015 y esa situación la llevó a la crisis que tiene, aseguró también el Vicecontralor, en declaraciones que concedió luego de intervenir en un debate público sobre la situación de Electricaribe que convocó el organismo de control en Cartagena.

Sostuvo que Electricaribe minó la confianza de la banca para prestarle recursos a las compañías del sector eléctrico.

Tambén recordó que es la empresa con más reclamaciones de los usuarios en el país, aunque hoy está dando una mejor respuesta a esos reclamos.

Indicó que en algún momento habrá que responder por el pasivo pensional de los trabajadores de la empresa y eso implicaría una suma de $1,8 billones.

Para la Contraloría, es necesario alinear a todos los interesados en lograr una solución para la empresa y que los inversionistas que lleguen no resulten golondrinas.

Publicado el 29 Mar 2019 19:00


COMUNICADO No. 038

 

  • Contraloría General investiga  lo que está ocurriendo con los proyectos de infraestructura educativa en varias regiones del país y los resultados iniciales confirman retrasos en varias obras y determinan  además, en algunos casos, costos exagerados.
  • Lluvia de denuncias por incumplimientos de los contratistas y posibles sobrecostos y, sobretodo, por la demolición de establecimientos educativos para dar paso a nuevos que están inconclusos o no se han entregado, con lo cual muchos estudiantes han sido trasladados, cuando no “amontonados”, en sitios inapropiados.
  • Sube el volumen y el tono de las denuncias recibidas por la Contraloría: “La ejecución de los proyectos se encuentra en estado crítico”; “se han incumplido los cronogramas de las obras”; “No tenemos respuesta del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa”; “El colegio parece un edificio colapsado por algún terremoto destructor”; “¿Quién responde por el hacinamiento, la incomodidad, la falta de espacios pedagógicos y recreativos?”.
  • La situación es tal que se han interpuesto varias tutelas, como es el caso del departamento de Boyacá, donde el incumplimiento en la construcción de los colegios y lo que llaman los demandantes “el inicio del carrusel de las escuelas o de los colegios”, ha dejado a niños y jóvenes expuestos a recibir clases en lugares improvisados, como plazas de mercado, coliseos, conchas acústicas “y hacinados en los pocos colegios que quedaron en pie, es decir que no se derrumbaron”.  
  • Con motivo del inicio de las investigaciones de la Contraloría, se han recibido también denuncias de proveedores y trabajadores de las obras contra los contratistas del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa –FFIE,  por mora en los pagos.
  • La indagación abarca denuncias relacionadas con la firma portuguesa Mota-Engil y otros contratistas como la Unión Temporal Educar Oriente y el Consorcio Desarrollo Escolar -G4, entre otros.
  • La Contraloría ha encontrado desfases significativos en los costos promedio por aula construida en las zonas urbanas, en proyectos ejecutados en marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa.
  • Un ejemplo, es el caso de la Institución Educativa Pompilio Martínez de Cajicá, donde se construyeron 3 aulas a un costo promedio de $1.039 millones por aula, que desborda el costo promedio por aula terminada estimado en el Conpes 3831, que era de $146 millones (por aula nueva, tanto urbana como rural).
  • A diciembre de 2018 sólo se habían terminado 73 proyectos de infraestructura educativa en área urbana, de un total de 543 aprobados. Y de esos 73 concluidos solo se habían entregado 12.

 

Bogotá, 28 de marzo de 2019.- Atendiendo un cúmulo denuncias que ha recibido de parte de Alcaldes, Secretarios de Educación, Concejos Municipales, Veedores Asociaciones de Padres de Familia, Rectores, Congresistas, y en general comunidades de varias regiones del país afectadas por retrasos e incumplimientos en obras de infraestructura educativa, contempladas en los planes del gobierno anterior para implementar la Jornada Única Escolar, la Contraloría General de la República avanza en una indagación preliminar cuyos resultados preliminares confirman hasta ahora algunos de los graves hechos denunciados y evidencian, además, desfases significativos en los costos promedio por aula construida.

Son varios los casos donde el costo promedio por aula nueva desborda el que fue estimado en el Documento Conpes 3831 del 3 de junio de 2015, por el cual se declaró de importancia estratégica el Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la implementación de la Jornada Única Escolar.

De acuerdo con el diagnostico consignado en dicho Conpes, este Plan debía cumplir a diciembre de 2018 con la meta de resolver el 60% del déficit de aulas estimado en 51 mil aulas nuevas y ampliadas. Es decir, cumplir con la entrega de al menos 30 mil nuevas aulas y mejoradas.

Los funcionarios de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR que adelantan esta indagación preliminar han establecido hasta el momento, con base en información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional, que dicha meta no se cumplió porque a diciembre de 2018 sólo se habían terminado 73 proyectos en área urbana de un total de 543 aprobados por la Junta Administradora del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa

Sin embargo, de esos 543 proyectos contratados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa –FFI solo se comenzaron 310, de los cuales 237 aún se encuentran en obra negra y de los 73 terminados solo se han entregado 12 proyectos, equivalentes a 230 aulas, de las cuales solo 131 son nuevas, 5 especializadas y el resto mejoradas, lo que hace más evidente que la meta del Conpes a 31 de diciembre de 2018 no se habría cumplido.

Los 73 proyectados terminados en área urbana corresponden a la construcción y mejoramiento de igual número de instituciones educativas, con un total de 1.310 aulas de las 30.680 proyectadas (que incluyen tanto nuevas como mejoradas y especializadas). Esta cifra es muy inferior a la meta trazada y al compararse indica un avance del 4.3%.

Dos de las instituciones educativas terminadas deberán demolerse, porque no es posible certificar si cumplen con los estándares constructivos y de sismo resistencia exigidos por las normas técnicas vigentes.

 

Desfases en los costos

 

El equipo investigador de la Contraloría ha identificado que entre los 73 proyectos terminados se evidencian algunos donde hay notables desfases en los costos promedio.

Es el caso de la Institución Educativa Pompilio Martínez de Cajicá, donde se construyeron 3 aulas a un costo promedio de $1.039 millones por aula, que desborda el costo promedio por aula terminada estimado en el Conpes 3831, que era de $146,6 millones (por aula nueva, tanto urbana como rural).

En la IE Técnica de Accion Comunal de Fusagasuga (Cundinamarca) se construyeron solo 2 aulas nuevas, a un costo de $620 millones cada una.

Y está el caso de las 5 aulas nuevas y especializadas construidas en la IE Nuestra Señora del Rosario en Polo Nuevo (Atlántico), a un costo promedio de $557 millones por aula.

Igual sucede en la IE San Joaquín de La Mesa (Cundinamarca), donde se terminaron 2 aulas nuevas y 2 especializadas a un costo promedio de $417 millones cada una.

Así mismo, en la IED Tecnológico de Madrid (Cundinamarca), donde se terminaron 12 aulas nuevas y 1 especializada a un costo promedio de 4327 millones por aula.

 

Visitas de la Contraloría

 

Los investigadores de la CGR están visitando las obras, acompañado de un equipo de ingenieros, con el propósito de verificar las causas de esos desfases frente al costo por aula estimado en el Conpes.

Para determinar el costo unitario promedio por aula de cada uno de los 73 proyectos terminados, se tomó el valor efectivamente causado y pagado por la intervención y construcción de las 73 instituciones educativas.

Los resultados preliminares arrojan que en 35 proyectos dichos costos fueron superiores y en la mayoría de los casos se duplica el costo estimado en el Conpes.

Vale señalar también que en otros 36 proyectos el costo unitario promedio por aula resultó inferior a los $146, 6 millones estimados por el Conpes.

El Plan de la Contraloría es visitar la totalidad de las obras terminadas y las que están en fase de ejecución, para determinar ineficiencias en el uso de los recursos públicos invertidos en el desarrollo de los proyectos.

 

¿Qué indaga la Contraloría?

 

La indagación preliminar en curso tiene por objeto investigar, con base en las denuncias conocidas por la CGR, el manejo de los recursos de inversión del Ministerio de Educación Nacional para Infraestructura Educativa y los asignados al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura -FFIE, para cumplir con el Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la Jornada Única Escolar 2015-2018, durante dichas vigencias y hasta el presente año.

Dado que el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura -FFIE es una cuenta especial sin personería jurídica del Ministerio de Educación Nacional se considera por parte de la Contraloría que esta es una de las entidades que puede resultar afectada con las presuntas irregularidades que se investigan en esta actuación.

La indagación abarca denuncias relacionadas con la firma portuguesa Mota-Engil y otros contratistas como la Unión Temporal Educar Oriente y el Consorcio Desarrollo Escolar -G4, el riesgo que se tiene de alta pérdida de recursos del erario por los críticos problemas de ejecución de varios proyectos, el incumplimiento de las metas del Plan de Infraestructura Educativa para la implementación de la jornada única escolar, así como la presunta falta de seguimiento y control en algunos de los proyectos.

Las denuncias que ha recibido la Contraloría proceden tanto de comunidades afectadas con los retrasos en las obras y por demolición de los antiguos establecimientos, como denuncias de proveedores y trabajadores de las obras contra los contratistas del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa -FFIE por mora en los pagos.

De acuerdo con la Ley 610 de 2000, la indagación preliminar busca determinar si existe un detrimento fiscal e identificar a los presuntos responsables fiscales, si a ello hay lugar y, de lograr probarse, se ordenaría la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal.

La investigación de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR se inició luego que el pasado 18 de enero el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, declaró de impacto nacional los hechos relacionados con el manejo de los recursos de inversión del Ministerio de Educación Nacional para la Infraestructura Educativa y los asignados al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa -FFIE, para cumplir con el Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la Jornada Única Escolar 2015-2018.

Para la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, desde finales de 2015 hasta mediados del año 2016 se celebraron contratos con la multinacional Mota-Engil, Graña y Montero, Constructora Colpatria, Consorcio Gramma, Consorcio Desarrollo Escolar -G4 y Germán Mora Insuasti, entre otros. Este último integra otros consorcios contratistas del mismo Plan.

 

Se siguen recibiendo denuncias

 

A partir de la declaratoria de impacto nacional por parte del Contralor, ha aumentado el volumen de denuncias que recibe la Contraloría General de la República de parte de Alcaldes, Secretarios de Educación, Veedores Municipales y Asociaciones de Padres de Familia, incluyendo órdenes de jueces de tutela que solicitan que este organismo de control intervenga para verificar

Estas denuncias se están recibiendo directamente en la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y también a través de la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana y las Gerencias Departamentales de la CGR.

A partir de las denuncias recibidas, se están priorizando las obras que serán objeto de inspección por parte del equipo investigador de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.

 

*INFORMACIÓN DE CONTEXTO*

 

La Contraloría ha podido identificar que además de los aportes del Ministerio de Educación Nacional por $1.2 billones, a la financiación del Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la Jornada Única Escolar 2015-2018 concurren recursos por $1.13 billones, transferidos por las entidades territoriales, a lo que se suman los rendimientos generados por su manejo a través del esquema fiduciario, para un total de $2.5 billones girados  entre los años 2015 y 2018.

En los contratos de obra y de interventoría celebrados  entre finales de 2015 y julio de 2016 se comprometieron recursos disponibles y de vigencias futuras del orden de $3.4 billones, de los cuales a diciembre 31 de 2018 se han pagado a los contratistas $656 mil millones de pesos.

Además de estas sumas, entre los  años 2015 y 2018 se han utilizado $53 mil millones en los gastos administrativos de la Unidad de Gestión del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa -FFIE, encargada de coordinar y supervisar la ejecución de los proyectos.

La Contraloría está evaluando la ejecución de los recursos con fundamento en las metas adoptadas en el Conpes 3831 de 2015, mediante el cual se declara como de valor estratégico nacional el Plan Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura Educativa para la jornada única escolar 2015-2018.

De acuerdo con el diagnostico consignado en el Conpes este plan debía cumplir a diciembre de 2018 con la meta de resolver el 60% del déficit de aulas estimado en 51 mil aulas nuevas y ampliadas. Es decir, cumplir con la entrega de al menos 30 mil nuevas aulas y mejoradas.

Según el Conpes, la jornada única escolar requiere la construcción o adecuación de colegios denominados tipo 10, que incluye no solo las aulas para garantizar las clases a los niños y jóvenes sino también de laboratorios de física, química,  ciencias naturales y bilingüismo, laboratorio de tecnología, innovación y multimedia, biblioteca, centro de conectividad, comedor y cocina, sala de maestros, zona administrativa, canchas deportivas y áreas recreativas y por supuestos baterías sanitarias y servicios generales.

El costo promedio por cada aula nueva construida, incluyendo los laboratorios, canchas deportivas y demás áreas de servicio asociadas, fue estimado en el Conpes 3831 en $146,6 millones, incluyendo el costo de obras y de la interventoría.

Este costo no incluye la dotación de las aulas ni la prestación de los servicios públicos, que debe asumir cada entidad territorial a un costo promedio de $6 millones por aula.


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COMUNICADO DE PRENSA No. 037

 

  • Contralor Carlos Felipe Córdoba radicó proyecto de Acto Legislativo que da vuelco a las funciones que ejerce la CGR, empezando por el establecimiento de un control concomitante y preventivo.
  • Se reducirá sustancialmente el tiempo que llevan las actuaciones fiscales, se unificarán las competencias de las CGR y las contralorías territoriales y el Contralor General tendrá la función de intervención ante estas, cuando se advierta ausencia de imparcialidad u objetividad.
  • La reforma busca también que los créditos derivados de responsabilidad fiscal tengan prelación sobre otros.

 

Bogotá, 27 de marzo de 2019.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, radicó hoy un proyecto de acto legislativo que establece un sistema de control fiscal concomitante y preventivo, que permite a este organismo adelantar actuaciones en tiempo real, recuperar el control de advertencia y alertar así oportunamente sobre riesgos o daños inminentes al patrimonio público.

La vigilancia en tiempo real estará sustentada en el uso de tecnología avanzada: big data e inteligencia artificial. En otras palabras, la auditoría y el control serán hechos a partir de datos abiertos.

Unos de los aspectos novedosos del proyecto de acto legislativo es la unificación de las competencias de la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales. Así mismo, el Contralor General de la República tendrá la función de intervención frente a las Contralorías Territoriales, adicional a las facultades ya existentes.

La intervención de la Contraloría General frente a las Contralorías Territoriales se dará cuando se advierta ausencia de imparcialidad u objetividad en la función de estas o cuando  se requiera apoyo técnico.

En caso de eventuales procesos de intervención, los mismos se adelantarán respetando las garantías laborales de los empleados de la CGR y la estabilidad de los funcionarios de las contralorías territoriales en la Contraloría General.

El nuevo modelo de control fiscal asigna funciones jurisdiccionales a la CGR para la determinación de la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento del proceso de cobro coactivo, determinando que los créditos derivados de la responsabilidad fiscal deben tener prelación frente a otros acreedores.

Sistema de Control Concomitante y Preventivo

El Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte ha considerado necesario modificar el Artículo 267 de la Constitución Política y establecer un sistema de control concomitante y preventivo.

“El país no aguanta más, que la Contraloría llegué a ver las cenizas de lo que muy posiblemente pueda encontrar, de los presuntos robos al erario público, por eso estamos pidiendo que tengamos una función preventiva, concomitante y posterior, para estar en todo momento vigilantes y atentos del recurso de todos los colombianos y superar esa limitante que hoy tenemos, que nos lleva a llegar después de pasados los hechos irregulares”, expresó.

“Lo que necesitamos es ser preventivos y en ese sentido hacemos un llamado al Congreso, para que se nos permita fortalecer la Contraloría General de la República, de aquí hacia el futuro, contando además con unas herramientas tecnológicas con las que buscamos llegar rápido y con un paso adelante sobre quienes se quieren quedar con los recursos públicos, que son de todos los colombianos”, añadió.

Actuaciones de control fiscal llevarán menos tiempo

Para establecer el Sistema de Control Fiscal y Preventivo, se propone modificar el Artículo 267 de la Constitución. Se llama “Preventivo” porque se quiere evitar que ocurran daños fiscales.

Cuando prospere la reforma propuesta por el Contralor, este sistema preventivo será un complemento del actual control posterior y selectivo.

De esta manera, será posible reducir sustancialmente el tiempo que llevan las actuaciones de gestión fiscal.

El proyecto crea por cada Contraloría Delegada Sectorial de la CGR una oficina con funciones preventivas.

Técnología avanzada

La aplicación del nuevo modelo de control fiscal será eficaz mediante el uso de tecnología avanzada. La auditoría y el control serán hechos a partir de datos abiertos.

Para ejercer la vigilancia “en tiempo real”, la CGR utilizará mecanismos como datos públicos digitales y bases de datos de registro y control de la contratación pública.

Unificación de competencias con las Contralorías Territoriales

Hoy día existen 65 contralorías, sumadas la General, las departamentales, las distritales y las municipales. Funciona también una Auditoría General de la República encargada de vigilarlas. Esa cantidad genera la sensación de que el control fiscal está desarticulado.

Por eso, el Contralor considera urgente unificar las competencias de todas esas contralorías, de una manera ordenada y de acuerdo con su respectivo ámbito territorial, sin distinciones sobre el origen de los recursos públicos que deben vigilar.

La Contraloría General de la República conservaría su competencia nacional y en el nivel local esa competencia se ampliaría a toda clase de recursos y se compartiría con las contralorías territoriales.

Una ley posterior a la reforma regularía las competencias concurrentes entre contralorías y la forma en que la CGR podría realizar control prevalente.

Función de Intervención frente a las Contralorías Territoriales

El Contralor General de la República tendrá la función de intervención frente a las Contralorías Territoriales, adicional a las facultades ya existentes.

La intervención de la Contraloría General frente a las Contralorias Territoriales se dará cuando se advierta ausencia de imparcialidad u objetividad en la función de las mismas o se requiera apoyo técnico.

Coordinación con la Auditoría General

Adicionalmente, se asigna al Contralor General de la República la función de organizar, en coordinación con la Auditoría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal, para armonizar y estandarizar la vigilancia de la gestión fiscal y con el fin de formular políticas públicas sobre la materia.

Funciones jurisdiccionales a la CGR

El proyecto de acto legislativo asigna funciones jurisdiccionales a la CGR para la determinación de la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento del proceso de cobro coactivo.

Actualmente, los fallos fiscales de la Contraloría pueden ser controvertidos en las instancias jurisdiccionales y por eso no alcanzan de inmediato el carácter de “cosa juzgada”.

Además, en el caso de los fallos con responsabilidad, el cobro coactivo, indispensable para recuperar los dineros perdidos, se supedita a que la Justicia decida si el acto administrativo que conduce al fallo es nulo o no lo es.

En estas condiciones, es común que se presenten largos debates procesales que dilatan las actuaciones y alejan la posibilidad de que el perjuicio patrimonial sufrido por el Estado sea resarcido. Con el riesgo de que el gestor fiscal, es decir el servidor o servidores que producen el perjuicio patrimonial, se queden sin una sanción oportuna.

En estas condiciones, los procesos fiscales pueden tardar hasta 12 años, (5 años en el trámite ante la Contraloría y 7 años en la jurisdicción de lo contencioso administrativo).  El Contralor quiere acabar con esta situación y esa es la razón por la que propone modificar el Artículo 116 de la Constitución, para asignar funciones jurisdiccionales a las autoridades de control fiscal.

Estas funciones jurisdiccionales servirían exclusivamente para determinar la responsabilidad fiscal, dado que se trata de una función especializada. En este aspecto, la reforma atendería cabalmente las exigencias derivadas de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

Créditos derivados de responsabilidad fiscal tendrían prelación

Por otra parte, la potestad de cobro coactivo atribuida a la Contraloría General de la República en el numeral 5 del artículo 268, se ha visto obstaculizada porque algunos jueces, administradores concursales y liquidadores les dan el mismo tratamiento a los créditos fiscales que a los de cualquier otro acreedor de las empresas o personas naturales que acuden a ese tipo de procedimientos.

Es por eso que la Reforma busca que, de manera taxativa, se estipule la prelación de los créditos derivados de la responsabilidad fiscal, algo apenas lógico porque están en juego recursos que fueron objeto de malversación patrimonial.

Se ha considerado necesario, además, que las medidas cautelares decretadas durante el trámite del proceso de responsabilidad fiscal o del proceso de cobro coactivo no se levanten a solicitud del juez del concurso; es decir, que ante el cobro coactivo de las deudas de carácter fiscal que ejerce la Contraloría General de la República, éstas no se mezclen con otras deudas o procedimientos de naturaleza concursal.

Con tal reforma se busca, que los recursos públicos cada vez estén mejor protegidos y con la prioridad debida.

Publicado el 27 Mar 2019 16:30


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COMUNICADO DE PRENSA No. 036

 

  • $8 billones no le llegan al erario cada año por contrabando licor, cerveza y cigarrillo,  y evasión de aportes parafiscales.

 

Bogotá, 26 de marzo de 2019.- La Contraloría General de la República iniciará la próxima semana una Actuación Especial de Fiscalización para determinar en qué se han utilizado los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) por cerca de $800 mil millones de pesos que se han destinado a los resguardos índígenas del Cauca en las últimas cuatro vigencias, dado que, según el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte, no se está viendo su impacto y resultados.

“No estamos viendo resultados representados en mayor salud y educación, ni en el componente nutricional de los niños indígenas”, aseguró.

Córdoba Larrarte dispuso que un equipo de auditores, encabezado por el Contralor Delegado para el Sector Social, Julio César Cárdenas Uribe, se encargue de verificar qué sucedió con dichos recursos y adelantar las evaluaciones respectivas.

El Contralor hizo este anunció al intervenir al acto de reactivación del acuerdo de inversión y cooperación entre la Federación Nacional de Departamentos y la multinacional Philip Morris, para adelantar acciones contra el contrabando de cigarrillos en el país.

Esto dijo el Contralor Córdoba Larrarte en su intervención:

“Hoy vemos las circunstancias que están sucediendo en el Cauca. Hay grandes montos de dinero que se han destinado hacia estas zonas y que hoy no se ven, por lo que Contraloría ha programado a partir de la próxima semana varias actuaciones especiales para saber dónde están esos recursos, que son de todos los colombianos y que deben aparecer porque no hay derecho... da mucho pesar como nuestros indígenas solo comen un amasado de maíz o de plátano y ni siquiera tienen la capacidad de comer proteínas y los niños indígenas mueren en gran medida desnutridos”.

$8 billones que no recibe el erario

Al habla luego del acto de firma de la reactivación del Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos con la multinacional Philip Morris, el Contralor mencionó la millonaria suma de recursos que está dejando de percibir el erario por contrabando de licor, cerveza y cigarrillo, y la evasión de aportes parafiscales: en total más de $8 billones.

Así lo precisó el Contralor Córdoba Larrarte:

“En mi paso por la Federación se hicieron esfuerzos ingentes para concretar este acuerdo de inversión y cooperación entre la Federación Nacional de Departamentos y la Philip Morris, ya que por contrabando licor, cerveza y cigarrillo se dejan de percibir hacia los 32 departamentos del país unos $1,6 billones de pesos, recursos que dejan de llegar para la salud, la educación y la recreación de todos los colombianos”.

Pero además de ese $1,6 billones de pesos, hay que decir también que la evasión de aportes parafiscales llega a unos $5,4 billones, y alrededor de $1 billón se pierde por los juegos ilegales de azar, con lo cual en total anualmente están dejando de llegar al erario alrededor de unos $8 billones”.

Publicado el 26 Mar 2019 13:15