Boletines de Prensa - 2020

Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo solicitan y se pronuncian sobre intervención forzosa administrativa para liquidar a Medimás EPS

COMUNICADO DE PRENSA No. 032

 

  • Medimás tuvo un incremento exponencial en los pasivos, que pasaron de $2,037 billones de finales de 2018 a 2,726 billones a noviembre de 2019. 
  • Al parecer, se habrían desviado recursos públicos del sistema general de seguridad social en salud, que para el 2019, superarían los $635 mil millones.
  • Ocupa el primer lugar entre las EPS por acumular el mayor número de PQRD, con una tasa de 453,71% para el régimen contributivo y de 261,2% para el subsidiado. 

 

Bogotá, 27 de febrero de 2020.- El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larralte, y el Defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, se pronunciaron y solicitaron que se adelante en forma inmediata la intervención forzosa administrativa para liquidar a Medimás.

En comunicación enviada al Ministro de Salud, Iván Darío González Ortiz, y al Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizabal Ángel, los jefes de los entes de control alertaron sobre la grave vulneración de los derechos fundamentales de los afiliados a Medimás EPS S.A.S, representada en la falta de garantías en la prestación del Plan Básico de Salud –PBS-, y las irregularidades en la administración de los recursos públicos del sistema general de seguridad social en salud.  

Señalaron que Medimás ha tenido un incremento exponencial en los pasivos que pasaron de $2,037 billones de pesos (diciembre de 2018) a 2,726 billones (noviembre de 2019) y acumula pérdidas superiores a -$803.295 millones de pesos.  

Todos los indicadores financieros de la EPS se encuentran en rojo, porque incumple con las exigencias de capital mínimo, patrimonio adecuado, razón corriente, liquidez, monto y régimen de inversión de las reservas técnicas. A la fecha, ha superado el límite legal de gastos administrativos, y se encuentra incursa en causal de liquidación por cuanto su patrimonio neto es inferior al cincuenta por ciento del capital suscrito.  

Así mismo, según el informe del Contador con Funciones de Revisor Fiscal, el 60% de los activos que Medimás reportó en noviembre de 2019 en $1,761 billones de pesos, corresponden al denominado activo intangible, es decir, una estimación del valor de los potenciales beneficios económicos presentes y futuros asociados a la adquisición de Cafesalud EPS S.A., y al parecer no contarían con un soporte técnico que validara la realidad económica y financiera.    

Los resultados de las auditorías y actuaciones preventivas adelantadas por los organismos de control, habrían podido evidenciar posibles acciones y omisiones por parte de los administradores de MEDIMÁS E.P.S. S.A.S (contratistas, y/o empleados) a través de las cuales, al parecer, se estarían desviando los recursos públicos del sistema general de seguridad social en salud que superarían los $635.000 millones de pesos.  

Esto se podría evidenciar en giros de anticipos sin legalizar a IPS de accionistas de Prestnewco, sociedad dueña de Medimás; autorizaciones con fecha superior a fecha de salida del servicio, pago de servicios con valor superior al previsto, pago de medicamentos a sus IPS con precios superiores al regulado, y pagos de servicios médicos prestados con anterioridad a la creación de Medimás E.P.S.  

También consideraron inaceptable que la Supersalud haya establecido como una meta del plan de acción de la medida de vigilancia especial de Medimás, la legalización de tan solo el 30% de dichos anticipos y peor aún, que la EPS apenas haya alcanzado el 3,13% y el 6,28% en agosto y en noviembre de 2019, respectivamente.  

Advirtieron que Medimás no estaría garantizando la atención en salud a sus afiliados, ya que los indicadores de riesgo reportan un tiempo de espera de 44.12 días para el inicio de tratamientos en el caso de pacientes con cáncer de seno, y menores con sífilis congénita y gestacional.  

La entidad promotora de salud ocupa el primer lugar entre las EPS por acumular el mayor número de PQRD, con una tasa acumulada de 453,71% para el régimen contributivo y de 261,2% para el subsidiado y 23.664 acciones de tutela en su contra, y 35.256 incidentes de desacato en los primeros ocho meses de 2019, lo que demuestra su incapacidad para la administración del riesgo en salud.  

Para los entes de control, la medida de vigilancia especial y demás actuaciones desarrolladas por la Superintendencia Nacional de Salud desde 2017, no han generado resultados que validen y garanticen la prestación del servicio por parte de la EPS, y por el contrario, se ha permitido que  las condiciones de incumplimiento de la Capacidad Científica, la Capacidad Técnico Administrativa, y la Capacidad Tecnológica, aumenten y pongan en riesgo la eficiencia y eficacia de la prestación de los servicios.  

Señalaron que Medimás está incursa en todas las causales de intervención del Estado, de revocatoria del certificado de autorización para operar y de liquidación; que no cumple con ninguna de las condiciones de habilitación, y que no se pueden ignorar las cuestionables condiciones operacionales que tiene la EPS, por lo que debe darse cumplimiento a las obligaciones constitucionales y legales para evitar afectaciones a los afiliados.

Publicado el 27 Fev 2020 15:00


Según informe final de la Contraloría sobre el Hospital Cari: Gerente se habría extralimitado en sus funciones y, además, puede haber indicio de direccionamiento del proceso de contratación

COMUNICADO DE PRENSA No. 031

 

  • Para la Contraloría es sospechoso que en un lapso tan corto como el comprendido entre el 23 y el 27 de diciembre de 2019, se hubiese procedido a la conformación del consorcio oferente, la presentación de la oferta del caso, la evaluación de la misma y la correspondiente contratación.
  • Podría generarse responsabilidad disciplinaria y fiscal para el representante legal y el revisor fiscal, por incumplimiento del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para las Empresas Sociales del Estado

 

Bogotá, 26 de febrero de 2020.- La Contraloría General de la República concluyó su visita al Hospital Universitario Cari de Barranquilla, con un informe en el cual señala haber encontrado situaciones como incumplimiento del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para las Empresas Sociales del Estado y, en particular, una posible extralimitación de funciones de su gerente, Ulahy Beltrán López, al no encontrarse evidencia documental de la autorización de la Junta Directiva del centro asistencial para realizar el proceso de contratación directa que concluyó con la suscripción del contrato 690 de 2019. 

Con dicho contrato, se entregó la operación de la Sede de Alta Complejidad al Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe por quince años. COMUNICADO DE PRENSA La Contraloría consideró también que puede haber indicio de direccionamiento de la actividad contractual con miras al favorecimiento del oferente beneficiado. 

En atención a las denuncias realizadas en los diferentes medios de comunicación nacionales y regionales sobre este proceso contractual, la Contraloría General de la República solicitó información del mismo y realizó las visitas correspondientes, llegando a las siguientes conclusiones: 

  1. Siguiendo la línea de tiempo alrededor de las actuaciones realizadas, en primera instancia no se cumplió con lo estipulado en el parágrafo 3 del Artículo 8 de la Ley 1966 de 2019 “Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para Las Empresas Sociales del Estado”, pudiendo existir compromiso de responsabilidad del representante legal y del revisor fiscal del hospital. 
  2. Así mismo, se podría configurar extralimitación de funciones por parte del Gerente, al no encontrarse evidencia documental de la autorización de la Junta Directiva del hospital para realizar el proceso de contratación directa que concluyó con la suscripción del contrato 690 de 2019. 
  3. La Contraloría considera necesario establecer si asiste responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva del hospital, Guido Santander, Eusebio Consuegra y Álvaro Sánchez, partícipes de la comisión designada por esa junta para hacerle seguimiento al desarrollo del proceso de selección del operador, sin evidenciarse pronunciamiento alguno de su parte con respecto a los hechos analizados por este organismo de control. 
  4. Revisando los estudios previos de la Convocatoria Pública, se pone de manifiesto que está justificada en la ventaja de garantizar que el operador asuma todos los gastos y costos que generen la prestación de los servicios de ambas sedes hospitalarias, refiriéndose a la de Alta Complejidad y a la de Salud Mental, lo cual evidencia la improcedencia de la causal de inadmisibilidad en su momento invocada. Este mismo factor tampoco se tuvo en cuenta en los ajustes realizados a los documentos previos de la Contratación Directa. Al ajustar aspectos técnicos no se modifica el planteamiento económico de incremento de los ingresos y saneamiento del pasivo. Lo anterior al dejar del resorte del hospital el pago de los gastos administrativos. Tampoco se tuvo en cuenta el impacto en la calidad y cobertura del servicio. 
  5. Los ingresos proyectados en el modelo de la propuesta son desproporcionados e injustificados, puesto que no permiten establecer la forma como el operador va a lograr un incremento de la venta de servicios para obtener unos ingresos que le permitan pasar de una facturación de $14.980.590.000 en 2018 (hospital), a una de mínimo $134.180.411.111,11 (operador), y así poder garantizar el cumplimiento de la cláusula de forma de pago, de manera tal que el hospital reciba los $12.076.237.000 esperados en el primer año del contrato, correspondientes al 9% de la facturación anual del operador. La conclusión en este punto es que no resulta coherente un escenario financiero como el planteado. 
  6. Para la Contraloría es sospechoso que en un lapso tan corto como el comprendido entre el 23 y el 27 de diciembre de 2019, se hubiese procedido a la conformación del consorcio oferente, la presentación de la oferta del caso, la evaluación de la misma y la correspondiente contratación. Dichos trámites, por su naturaleza y especialmente por la extensión de la propuesta, toman mucho más tiempo que el referido, lo cual para la Contraloría puede ser indicio de direccionamiento de la actividad contractual con miras al favorecimiento del oferente beneficiado. 
  7. Una vez declarada desierta la Convocatoria Pública el día 20 de diciembre, se limitó el derecho de participación que asistía a las personas naturales y a las veedurías ciudadanas de expresar sus pareceres frente a la determinación, al no permitir que se surtieran los 10 días para interponer recurso de reposición. 8. Frente a la posibilidad de dar inicio a un proceso de responsabilidad fiscal por los hechos encontrados, como solicitó en su momento la Secretaria de Salud del Departamento del Atlántico, Alma Johana Solano, vale decir que la competencia para el trámite procesal de todo lo determinado por la CGR es de la Contraloría Departamental del Atlántico, ya que no están involucrados recursos nacionales. Solo podría haber una nueva actuación si media una solicitud de control excepcional por parte de quienes están facultados para hacerla. 

El informe final de la Contraloría General de la República sobre el proceso de contratación directa que entregó la operación y gestión integral de la sede de Alta Complejidad del Hospital Cari, fue remitido a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría Departamental del Atlántico y la Secretaría de Salud del Departamento del Atlántico, para lo de sus respectivas competencias.

Publicado el 26 Fev 2020 09:00


Contraloría encontró hallazgos fiscales por $251 millones: En Morroa (Sucre), los recursos del SGP están en peligro

COMUNICADO DE PRENSA No. 030

 

  • En el Régimen Subsidiado, se pagaron servicios no prestados a 27 afiliados fallecidos.
  • También se determinaron irregularidades relacionadas con adquisición de textos y sillas escolares.
  • Los mayores hallazgos se dan en el manejo de los recursos de libre inversión.

 

Sincelejo, 25 de febrero de 2020.- En una evaluación al manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) por parte del municipio de Morroa (Sucre), la Contraloría General de la República encontró 13 hallazgos con incidencia fiscal en cuantía superior a los $251 millones, 21 de carácter disciplinario y 13 con posible connotación penal.

Durante la vigencia 2018 este municipio recibió $9.615.955.863 por transferencias del SGP, que fueron ejecutados en más del 99%. Sin embargo, se evidenció que su manejo no es el más adecuado.

En el Régimen Subsidiado existen 27 afiliados fallecidos entre las vigencias 2017 y 2018 que aún aparecen registrados en la base de datos correspondiente que lleva el municipio, lo que genera que se hayan invertido recursos en servicios que efectivamente no fueron prestados.

Existen, además, necesidades en materia de infraestructura física en las instituciones educativas del Municipio que no están siendo atendidas por la administración municipal.

La Contraloría determinó que se vulneró el principio de planeación en la adquisición de textos escolares para los centros educativos del Municipio, sin existir necesidad real de ellos, ocasionándose un detrimento patrimonial por $108.990.900 y presunto alcance penal.

Otro hallazgo: en el proceso de selección adelantado para la adquisición de sillas escolares, la administración rechazó injustificadamente la oferta de menor precio y aceptó la de mayor valor, ocasionando un detrimento patrimonial por $3.351.882, situación que tiene presunto alcance penal.

Y en contratos de mínima cuantía para ejecutar actividades del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas -PIC, se determinaron faltantes correspondientes a actividades no desarrolladas, que suman $15.024.000 y generan posibles conductas de tipo disciplinario y penal.

Relación de hallazgos

*La Secretaría de Salud Municipal no atendió algunos compromisos a su cargo, producto del seguimiento adelantado por la Secretaría de Salud Departamental a las actividades enmarcadas dentro del Plan de Acción y a las dimensiones establecidas en el Plan Decenal de Salud.

*Tampoco se evidenció seguimiento y conciliación por parte del Ente Territorial a los recursos sin situación de fondos por $97.980.609, girados por la Nación a la Empresa Social del Estado San Blas de Morroa, Sucre, para el pago a los Fondos de Pensiones y Cesantías, Aseguradoras de Riesgos Laborales y EPS, para el pago de aportes patronales, frente a la nómina mensual causada.

Por lo tanto, no se pudo establecer el cumplimiento de metas de producción de servicios y gestión financiera de acuerdo con los lineamientos que define el Ministerio de Salud y Protección Social para estos recursos, lo que puede generar incertidumbre sobre la ejecución de los mismos.

*El suministro de complemento alimentario de los estudiantes del Centro Educativo el Yeso del Municipio de Morroa (Sede Principal y Pichilín), no cubrió totalmente el calendario escolar, toda vez que el período de duración del contrato MM-SM-007-2018 solo cubrió 42 días de los 189 programados en el calendario escolar.

*Con los recursos de libre destinación se realizaron pagos de cuentas de vigencias anteriores, que no están amparados en el decreto de 2017 (por el cual se conforman las cuentas por pagar, reservas y déficit) y, por lo tanto, existe incertidumbre si corresponde a pagos por obligaciones reales.

Hallazgos en el manejo de los recursos de libre inversión

En el manejo de los recursos de Libre Inversión se generaron hallazgos fiscales y se evidenciaron conductas con posible incidencia penal y disciplinaria, así:

  1. En el Contrato de Prestación de Servicio No. MC - 012-2018, hubo incumplimiento de actividades y obligaciones del contratista que generaron detrimento patrimonial por $20.200.000. Además, se evidenció que 3 de los 5 profesionales que conformarían el recurso humano con el cual se desarrollaría el objeto contractual no ejecutaron ninguna actividad dentro del contrato ni tuvieron relación contractual con la Fundación que desarrolló el contrato.
  2. En el Contrato de Obra MC 052- 2018, no se elaboraron adecuados estudios previos que permitieran determinar correctamente el presupuesto oficial y los costos de cada ítem a contratar, lo que derivó en que la Administración Municipal rechazara injustificadamente la oferta más favorable por estimarla con precio artificialmente bajo. Además, se ejecutaron obras sin las especificaciones técnicas necesarias, ocasionando deterioro y que no presten el servicio para el que se proyectaron. Se estimó un detrimento patrimonial total por $9.238.026.
  3. En el Contrato de Mínima Cuantía No. MC-019-2018, se evidenció incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones a cargo del contratista, correspondiente a actividades y/o condiciones que no se cumplieron, valoradas en $8.640.000. Además, se evidenció que una de las trabajadoras sociales que conformaría el equipo de profesionales con el cual se ejecutaría el objeto contractual, no desarrolló ninguna actividad en el marco del contrato, no tuvo conocimiento ni autorizó que su hoja de vida acompañara la oferta económica del contratista.
  4. Se evidenció incumplimiento total del Contrato de prestación de servicios profesionales SP-MM-156-2018, generándose un detrimento patrimonial en cuantía de $21.800.000.


Tres hallazgos finales

  1. El IMDER de Morroa efectuó un egreso en cuantía de $20.900.000 con recursos del SGP Propósito General Deporte y Recreación y Libre Destinación transferidos por el Municipio, sin existir soportes que justifiquen el egreso y que permitan identificar claramente los receptores finales del beneficio que se pretendía con el mismo.
  2. Tampoco existen soportes en otro egreso que efectuó el IMDER de Morroa, esta vez en cuantía de$10.000.000, con recursos del SGP Propósito General Libre Destinación transferidos igualmente por el Municipio.
  3. En el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo Logístico No. 001- 2018, para realizar Festividades culturales, recreativas y deportivas de Morroa, se evidenció incumplimiento de las actividades contratadas y pago de ítems por valores que superaron el costo real, o que no se encuentran debidamente justificados, ocasionándose un detrimento patrimonial por $27.200.000 y configurándose posibles conductas de tipo disciplinario y penal.

Publicado el 25 Fev 2020 11:30


Hallazgos fiscales por $2.509 millones en la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas

COMUNICADO DE PRENSA No. 029

 

  • Reparación a las víctimas sigue en veremos, revela auditoría de la Contraloría General. 
  • Se evidencian graves retrasos e incumplimientos en materia de indemnizaciones administrativas. 
  • A 31 de diciembre de 2018, había más de un millón de pagos pendientes de hacer.
  • También hay barreras de acceso para solicitar la indemnización administrativa y es muy pobre la cobertura del Programa de Reparación Colectiva.

 

Bogotá, 25 de febrero de 2020.- Una Auditoría de la Contraloría General de la República a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), donde se determinaron 3 hallazgos fiscales por $2.509 millones de pesos, encontró preocupantes retrasos e incumplimientos en materia de indemnizaciones administrativas, una pobre cobertura del Programa de Reparación Colectiva, así como una inoportuna reparación de las comunidades étnicas que deben recibir un tratamiento especial y diferenciado, entre otras situaciones.

Como resultado de la auditoría, la CGR constituyó también 8 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y uno con otra incidencia que será trasladado a la Corte Constitucional.

Los hallazgos relacionados con los incumplimientos en materia de reparación son de tal magnitud, que bien pueden llevarse a preguntarse ¿Y la reparación de las víctimas para cuándo?

De acuerdo con el presupuesto ejecutado, en 2018 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas pagó $566.291 millones por concepto de indemnizaciones administrativas.

En la auditoría realizada, se estableció inexistencia de una ruta o procedimiento para acceder a la indemnización administrativa, que tiene relación con el represamiento de 1.140.145 pagos pendientes por realizar a 31 de diciembre de 2018, que equivalen al 55%, lo que significa un grave incumplimiento la orden judicial de la Corte Constitucional prevista en el art. 7 del Auto 206 de 2017, donde se determinó:

“ORDENAR al Director de la Unidad para las Víctimas que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y del Departamento Nacional de Planeación, reglamente el procedimiento que deben agotar las personas desplazadas para la obtención de la indemnización administrativa, con criterios puntuales y objetivos, cuyas fases se deben tramitar en periodos determinados en el transcurso de los seis (6) años adicionales a los inicialmente contemplados, en los términos descritos en este pronunciamiento…”.

De igual forma, se evidenciaron barreras de acceso para solicitar la indemnización administrativa.

De otro lado, en el Programa de Reparación Colectiva, sólo el 1% (6 sujetos de reparación colectiva) de los 631 incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV), ha sido reparado de manera integral y completa de acuerdo con las acciones planeadas y concertadas para la reparación, denotando una pobre cobertura al finalizar el 2018.

Más incumplimientos

Otro incumplimiento evidente, es el de las metas de reparación colectiva definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y el Plan de Acción de la UARIV, presentado bajo avance en el indicador “Sujetos colectivos víctimas que cuentan con al menos dos medidas de reparación administrativa implementadas”, tal como se muestra a continuación:

Comportamiento indicador Sujetos colectivos víctimas que cuentan con al menos dos medidas de reparación administrativa implementadas.

 

AÑO

META

AVANCE

Línea de Base

-

76,00

Ene-Dic 2015

150,00

113,00

Ene-Dic 2016

170,00

124,00

Ene-Dic 2017

190,00

124,00

Ene-Dic 2018

210,00

133,00

2014-2018

210,00

133,00

Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/26/1208/4756/116

 

En el Plan de Acción de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de diciembre de 2018, se dejaron de cumplir 6 de las 11 metas de reparación colectiva planteadas este año, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

Metas sin cumplir Plan de Acción 2018 UARIV– Reparación colectiva

 

Indicador de la Actividad

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO

Meta

Unidad de Medida

Diciembre

Comunidades en procesos de reparación colectiva con intervenciones implementadas para la reconstrucción del tejido social con enfoque psicosocial

300

Número

230

Sujetos colectivos víctimas que cuentan con al menos dos medidas de reparación administrativa implementadas.

210

Número

133

Sujetos de reparación colectiva étnicos que cuentan con consulta previa y han sido indemnizados

50

Número

16

Comités de impulso conformados y/o grupos de apoyo

70

Número

26

Sujetos de reparación colectiva con Plan de Reparación Colectiva implementado

10

Número

4

Sujetos de reparación colectiva étnicos con Plan de Reparación Colectiva implementado

1

Número

0

Fuente: UARIV – Seguimiento Plan de Acción 2018.  Elaboró: CGR.

 

No hay reparación pronta y oportuna para las comunidades étnicas con tratamiento especial

En relación con las comunidades étnicas que deben recibir un tratamiento especial y diferenciado en las medidas de reparación, de acuerdo con los Decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011, no han sido implementados planes de reparación colectiva en su totalidad.

 

En consecuencia y contra lo esperado de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, los miembros de estas comunidades no son reparados de manera pronta, oportuna y eficaz, resultando revictimizados. El incumplimiento de las acciones y plazos acordados en los Planea Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), afectan la confianza institucional en los sujetos donde se habían creado expectativas que finalmente no se van a cumplir, que ya se había afectado con el daño colectivo.

Fondo para la Reparación de las Víctimas y Monetización

La Contraloría determinó que los bienes administrados por el Fondo, no cumplen con criterios de rentabilidad y se observa ineficiencia en la monetización, así como incumplimiento de la normatividad vigente. 

 


Contraloría identificó 1.176 proyectos críticos, obras inconclusas y elefantes blancos sin utilidad pública y social, por $8,6 billones

COMUNICADO DE PRENSA No. 028

 

  • Así lo ha permitido la estrategia “Compromiso Colombia” que impulsa la Contraloría General de la República, destacó el Vicecontralor Ricardo Rodríguez Yee en la Cumbre de Gobernadores.
  • El funcionario le pidió a los Gobernadores cuidar los recursos de las regalías, hacer debido seguimiento a los proyectos que acompaña “Compromiso Colombia” y demostrar que las lecciones surgidas de la crisis del PAE fueron aprendidas.
  • La Contraloría General de la República inicia una nueva era del control fiscal basada en la prevención y la concomitancia, destaca el Vicecontralor General ante los mandatarios seccionales y los convoca para aliarse en el objetivo de resguardar los recursos públicos.
  • Llegó la inteligencia de automatización al control fiscal: la CGR ha desarrollado 16 robots que permiten revisar de manera rápida facturas y contratos. Hay uno que lee 4 contratos en 28 segundos y otro que revisa cerca de un millón de facturas en un día.

 

Cartagena de Indias, 21 de febrero de 2020.  Un total de 1.176 proyectos críticos, obras inconclusas y elefantes blancos sin utilidad pública o social, que suman $8,6 billones, ha identificado la Contraloría General de la República en todo el país, a través de su estrategia de control fiscal participativo “Compromiso Colombia, reveló el Vicecontralor Ricardo Rodríguez Yee ante la Cumbre de Gobernadores que se realiza en esta ciudad.

El Vicecontralor invitó a los mandatarios departamentales a que sean aliados de la Contraloría en el objetivo de garantizar el buen manejo de los recursos públicos, apoyando la estrategia “Compromiso Colombia”, para sacar adelante proyectos problemáticos, superando las deficiencias recurrentes del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y evitando, también que, como sucede hoy, cerca del 54% de los recursos de regalías sigan sin presentar ejecución y $15,6 billones permanezcan en cuentas bancarias.

“La acción de la Contraloría no debe ser vista como una amenaza contra los gobernantes y administradores públicos sino como una aliada para resguardar su propia eficiencia y para ponerse a salvo, vía prevención, de sanciones fiscales, penales y disciplinarias", les dijo el Vicecontralor Rodríguez Yee a los mandatarios seccionales.

“Me preocupa, y sé que también a ustedes, que inversiones por más de $6 billones estén dispuestas en proyectos que llevan varios años sin ninguna utilidad pública”, añadió.

Recalcó entonces la importancia del control social a los proyectos en marcha y dijo que espera que, a través de las veedurías, la entrega y operación del Túnel de La Línea se realice antes de junio de este año.

Logros de “Compromiso Colombia” y seguimiento de los Gobernadores

El Vicecontralor resaltó los logros obtenidos con la estrategia “Compromiso Colombia”, para lo cual mencionó el caso de algunos departamentos donde se avanza en el “rescate” de proyectos que han tenido problemas de avance y ejecución, como los siguientes:

✓ANTIOQUIA (3 proyectos, dentro de uno de ellos 26 colegios FFIE) -$160.714 Millones.

✓AMAZONAS (2 COLEGIOS FFIE)- $21.883 Millones.

✓ARAUCA (2 proyectos)- $18.602 Millones.

✓ATLÁNTICO (4 Proyectos y dentro de uno de ellos 11 colegios FFIE) -$176.462 Millones.

✓BOLIVAR (5 Proyectos y dentro de uno de ellos 4 colegios FFIE) - $81.044 Millones.

“Hago un llamado a todos los Gobernadores para que revisen en sus despachos los compromisos asumidos por los departamentos en la Estrategia “Compromiso Colombia”. Es fundamental que remitan los informes de seguimiento de los proyectos que estamos acompañando, en los términos establecidos y solicitados”, dijo el Vicecontralor.

“Cuiden los recursos de regalías"

En su intervención ante los Gobernadores, el Vicecontralor Rodríguez Yee les pidió también cuidar los recursos de regalías, que son de los departamentos y, por culpa de la corrupción han tenido un manejo centralizado. Al respecto, entregó un dato relevante: las auditorías y seguimientos que realizó en 2019 la Contraloría General de la República a los recursos de regalías en todo el país permitieron detectar hallazgos fiscales por valor de $727.020 millones de pesos y se generaron beneficios de auditoría por $119.849 millones.

“Con un equipo conformado hace apenas 10 meses, la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la Contraloría General de la República logró llegar a todos los departamentos y fortalecer la cobertura del Plan de Vigilancia y Control Fiscal (PVCF) para auditar $7,1 billones, destacó también.

El Vicecontralor aprovechó para mencionar los resultados de un estudio de la Unidad de Regalías, que abarcó el período comprendido entre 2012 y 2019, y donde se encontró que de 17.219 proyectos aprobados el 73% valen menos de $2.000 mil millones de pesos.

“Se hace necesario un esfuerzo en proyectos regionales y/o de alto impacto para mover los indicadores de pobreza favorablemente”, dijo al respecto.

Lecciones por crisis del PAE deben ser aprendidas

Otro llamado del Vicecontralor a los Gobernadores tiene que ver con la necesidad de demostrar que "aprendimos las lecciones surgidas de la crisis del Programa de Alimentación Escolar (PAE), sobre todo ahora que la asignación de recursos ha llegado a cerca de $1,02 billones tanto para PAE Regular como para Jornada Única, con una cobertura potencial de 5,4 millones de estudiantes registrados en SIMAT”.

A septiembre de 2019, eran utilizados recursos por Conpes 151, Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías, Recursos propios y otras fuentes de financiación, lo que lleva a una bolsa de recursos de más de $2,07 billones, recordó.

La Contraloría General de la República realizó auditoría al Sistema General de Participaciones y a recursos para el Programa de Alimentación Escolar, vigencia 2018, en 38 Entes Territoriales (Departamentos, distritos y municipios), incluyendo en ellas la revisión de la ejecución de los recursos destinados para Alimentación Escolar.

En esta auditoría -señaló el Vicecontralor- se encontraron deficiencias como las siguientes:

*Raciones pagadas, pero no suministradas en el municipio.

*Aumentos injustificados del valor de la ración en adición de contrato.

*Certificaciones expedidas por los rectores y coordinadores de instituciones educativas y por los supervisores de los contratos con diferencias entre la duración del contrato y el número de raciones entregadas.

*Y adicionalmente, incumplimiento de la minuta y del número de raciones, faltando estudiantes contratados por comer.

El nuevo modelo de control fiscal

Los Gobernadores que empezaron a ejercer sus cargos al inicio del presente año tienen la responsabilidad de invertir cerca de $130 billones de los recursos dispuestos para áreas tan sensibles como la salud y la educación, recordó el Vicecontralor y reiteró que su intención es articular esfuerzos con los 32 Departamentos para garantizar el buen manejo del recurso público.

Rodríguez Yee mencionó entonces los alcances del nuevo modelo de control fiscal, adoptado mediante el Acto legislativo 04 de 2019, con el que la Contraloría General de la República inicia una nueva era del control fiscal basada en la prevención y la concomitancia:

*Prevención y concomitancia serán ejercidas bajo la forma de advertencia al gestor fiscal y serán visibles ante la ciudadanía a través del Sistema General de Advertencia, cuyo carácter será público.

*Ambas tienen un carácter excepcional, no vinculante y no implican coadministración porque no versan sobre la conveniencia de las decisiones de los administradores de recursos, sino sobre los riesgos de orden legal que las pueden afectar.

*Como habrá un seguimiento permanente a los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos, la CGR dispondrá de otra herramienta clave: la Dirección de Reacción Inmediata.

Con ella se podrá detectar, por ejemplo, la concentración contractual y la acción de contratistas expertos en suscribir contratos, mas no en ejecutarlos con calidad y oportunidad.

Robots revisan contratos y facturas

Un cambio que ya se está dando en la Contraloría General es el desarrollo de la inteligencia de automatización, dijo también el Vicecontralor.

“Hemos desarrollado unos 16 robots que permiten revisar de manera rápida facturas y contratos. Tenemos un robot que más o menos está leyendo 4 contratos en 28 segundos, lo que nos da una capacidad y una productividad muy alta. Tenemos otro robot que está revisando un millón de facturas en un día”, señaló.

Vigilancia total a los recursos del SGP

Por otro lado, indicó el Vicecontralor, la ampliación de la cobertura en la vigilancia de los recursos del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías en los 1.122 municipios y 32 Departamentos del país, será ahora una realidad.

“Los recursos de salud, educación, saneamiento básico y agua potable actualmente solo son auditados en un 10% y con escasa participación, pero con los nuevos instrumentos los recursos para la salud y educación tendrán una cobertura del 100% mediante actividades de control articuladas con la ciudadanía”, anotó.

Publicado el 21 Fev 2020 14:00