Boletines de Prensa - 2019

Ante la ciudadanía:

Autoridades suscribieron compromisos para mitigar efectos del cierre de la vía Bogotá – Villavicencio

COMUNICADO DE PRENSA No. 099

 

  • Llegaron a estos acuerdos, el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Guayabetal y las Gobernaciones de Cundinamarca y Meta.
  • Entre los compromisos adquiridos, se destacan intervenciones en las vías alternas, soluciones en materia laboral para los afectados por el cierre de la vía, la generación de proyectos de reactivación productiva y alternativas de acceso a educación para los jóvenes del municipio de Guayabetal.

 

Guayabetal (Cundinamarca), 18 de julio de 2019. En mesa de seguimiento a las medidas del Gobierno Nacional para mitigar los efectos del cierre de la vía Bogotá – Villavicencio, convocada por la Contraloría General de la República, la Gerencia de la vía al Llano, en cabeza del Viceministro de Transporte, Manuel Felipe Gutiérrez, la alcaldía de Guayabetal y las gobernaciones de Cundinamarca y Meta, suscribieron varios compromisos con el fin de mitigar los efectos del cierre de la vía Bogotá – Villavicencio 

Previo al inicio de la mesa de seguimiento donde se llegó a estos acuerdos, la Contraloría realizó, junto a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, el Departamento Nacional de Planeación y la ciudadanía, un recorrido desde Villavicencio a Guayabetal, identificando diferentes puntos críticos de la vía, adicionales al km 58.

“Escuchamos los llamados de la ciudadanía, en particular con los puntos críticos que existen en el trayecto Villavicencio – Guayabetal, en especial tres sitios, en los que de acuerdo a las observaciones de la ANI se presenta importante riesgo de caída de material: el PR 66+250 (Macarito Puente 3), PR 62 y sobre todo el PR 64+250, que es el más crítico y en dónde se ha presentado el mayor deslizamiento según informe de la veeduría ciudadana especializada, la Anla e información suministrada por la ANI”,  indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

Sobre esta situación en particular la ciudadanía pide que se adopten medidas especiales que eviten que ocurra las mismas calamidades como el derrumbe en el km 58, agregó.

“Además en la mesa de seguimiento, a la que asistieron los ministerio de Transporte, Comercio, Industria y Turismo, Salud, Hacienda y Trabajo, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, el Departamento de Nacional de Planeación, el Departamento para la Prosperidad Social DPS, el Sena, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia y el Banco Agrario, se verificó con todos los intervinientes el cumplimiento de las 72 medidas tomadas por el Gobierno Nacional para mitigar los efectos del cierre de la vía y se generaron importantes compromisos con el propósito de realizar las intervenciones necesarias ante la ciudadanía”, resaltó el funcionario.

De acuerdo a la información suministrada por la Gerencia de la Vía al Llano, de las medidas tomadas 4 requieren especial atención, 27 están en proceso de ejecución y 41 han sido desarrolladas.

Entre los compromisos adquiridos, se destacan intervenciones en las vías alternas, soluciones en material laboral para los afectados por el cierre de la vía, la generación de proyectos de reactivación productiva y de capacidades en la población, así como soluciones de acceso a educación para los jóvenes del municipio de Guayabetal.

Lista de compromisos suscritos:

●     El Ministerio de Transporte, se encargará de intervenir la vía alterna La Herradura, con el fin de garantizar las condiciones de transitabilidad y de seguridad para quienes utilicen la vía. Entre tanto la Gobernación de Cundinamarca realizará intervención en la vía por la vereda Río Blanco, en el municipio Gutiérrez, donde se han presentado importantes deslizamientos. Con estas acciones se podría mejorar dos accesos al municipio y posterior paso a la vía al Llano.

●     El Ministerio de Trabajo se comprometió a presentar toda la propuesta laboral, posterior a que la alcaldía de Guayabetal realice el censo y caracterización socioeconómica de la población del municipio, para efecto de las ofertas de empleo.

●     El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se comprometió a desarrollar medidas que permitan generar 100 empleos, a través de 10 empresas que desarrollan oferta turística en la región.

●     A través del Sena se generarán 860 certificaciones en capacidades con énfasis en transporte.

●     Se trasladarán a Guayabetal dos aulas móviles que permitirán reanudar clases a estudiantes que se han visto afectados por el cierre de la vía.

●     El Ministerio de Salud continuará gestionando los recursos que se requieren para hacer efectivas todas las medidas tendientes a alivianar los efectos del cierre de la vía en la población con condiciones de vulnerabilidad en salud. Como también la Gerencia de la vía al Llano se comprometió a gestionar la presencia de un segundo vehículo de asistencia – ambulancia, que permita el traslado de pacientes. 

En la mesa de seguimiento, la ANI se comprometió igualmente a seguir liderando el retiro de material de la vía y realizar las intervenciones en las vías alternas a Villavicencio. Así mismo ejercerá la supervisión permanente a los estudios contratados para el viaducto en el Km 58, así como al contrato para estudios sobre causa, estado y alternativas en el Km 58 suscrito con la Universidad Nacional, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes.

Habrá otro encuentro similar

“Esta convocatoria de la Contraloría General de la República, un espacio que se enmarca en el Control Fiscal Participativo que ejerce este organismo de control, se realizó teniendo en cuenta el impacto socioeconómico sobre la población que habita toda la región de la Orinoquía, y aquella que transita la zona de influencia del corredor vial.

En este encuentro, que se volverá a convocar posteriormente, no solo se busca hacer seguimiento a los compromisos y avances, también se permite que se expongan los argumentos de los ejecutores de las obras y se planteen las inquietudes de las comunidades para lograr compromisos como los logrados en esta ocasión, concluyó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

Publicado el 19 Jul 2019


Contraloría encontró hallazgos fiscales por más de $63.000 millones en el FOMAG y no ve viable su sostenibilidad en el tiempo

COMUNICADO DE PRENSA No. 098

 

  • Por pérdidas acumuladas de $4.2 billones, el Fondo encargado de pagar las prestaciones de los docentes registra un patrimonio negativo de $-1 billón 872 mil millones.
  • A $34.320 millones asciende el posible daño patrimonial por el pago de intereses moratorios en fallos de pensiones, en el período comprendido entre 2015 y 2018.
  • También se observa un presunto daño patrimonial por pago de Indexación e intereses moratorios en fallos por Sanción Moratoria de Cesantías por valor de $ 27.000 millones
  • La auditoría al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio determinó un presunto daño patrimonial por $2.243 millones, derivado de las acciones y omisiones que generó la prescripción de cuotas partes pensionales por cobrar, las cuales datan desde el año 1992.

 

Bogotá, 17 de julio de 2019.- La Contraloría General de la República encontró hallazgos fiscales por más de $63.000 millones de pesos en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), inició indagaciones preliminares por las situaciones encontradas y, además, determinó que no ve viable su sostenibilidad en el tiempo pues presenta un cuantioso patrimonio negativo, debido a las pérdidas por más de $4.2 billones que acumula.

Por pagos de indexaciones e intereses moratorios en fallos de cesantías y pensiones, la Contraloría iniciará una indagación preliminar por valor de $61.350 millones de pesos por cuanto el Fondo no pagó en los términos que establece la ley.

El organismo de control estableció también un presunto daño patrimonial por $34.320 millones, por el pago de intereses moratorios en fallos de pensiones en el período comprendido entre 2015 y 2018. También se observa un presunto daño patrimonial por pago de Indexación e intereses moratorios en fallos por Sanción Moratoria de Cesantías por valor de $ 27.000 millones

Se advierte un claro incumplimiento en los términos que establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, encontrando casos en mora de pago desde 90 días hasta 15 años.

Además, por prescripción de cuotas partes pensionales por cobrar, que datan del año 1992, se observó un presunto daño patrimonial por $ 2.243 millones de pesos,

No se realizó ninguna acción para que no ocurrieran esas circunstancias y se perdieran los recursos. 

Según la Contraloría, esto evidencia unas grandes deficiencias en el manejo que se le está dando al cumplimento de los fallos.

Las demoras surtidas obligan a que se tengan que pagar indexaciones o intereses.

Gestión antieconómica e insostenible

Todo lo anterior hace que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sea absolutamente ineficiente para el manejo del recurso público, estima la CGR. Siendo responsabilidad del comité directivo del fondo (compuesto por los Ministros de Hacienda, Educación y Trabajo y el representante de la fiduciaria, como dos representantes de FECODE), como de la Fiduprevisora como Administradora del Fondo del buen manejo de esos recursos.

El proceso auditor observó que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene pérdidas acumuladas por más de $ 4.2 billones de pesos, lo que deja ver que su gestión es antieconómica e insostenible en el tiempo.

El Fondo registra un patrimonio negativo por $-1 billón 872 mil millones.

Deficiencias en Defensa Judicial

Son varias las deficiencias que en materia de Defensa Judicial muestra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo a la auditoría realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Social, y que se resumen así:

*No se atienden de manera oportuna las etapas judiciales dentro de los términos procesales.

*No se formulan las excepciones a que haya lugar.

*No se acude a las audiencias.

*No se interponen los recursos.

*No se atienden las actuaciones en defensa de los intereses del Fondo.

*No se actúa con la debida diligencia y el cuidado que impone la defensa de los intereses del Fondo.

*Y no se realizan actividades que busquen el desembargo de las cuentas bancarias, tanto del Ministerio de Educación como del propio Fondo.

*El Fondo Nacional de Empleados del Magisterio (FOMAG) es una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica y con independencia patrimonial y contable, y cuyos recursos son administrados por la fiduciaria La Previsora.

Entre los objetivos del FOMAG está pagar las prestaciones sociales y servicios de salud de los docentes afiliados. Y vela porque los empleadores (Nación o entidades territoriales) cumplan con los respectivos aportes.

Audio relacionado

Publicado el 17 Jul 2019 15:00


Contraloría realiza seguimiento a las acciones adelantadas para superar cierres en vías del país

COMUNICADO DE PRENSA No. 097

 

  • Hoy habrá encuentro ciudadano, en Cáqueza (Cundinamarca) sobre los problemas que afectan la Vía Perimetral de Oriente.
  • Y mañana jueves habrá un recorrido en el tramo más crítico de la Vía Bogotá-Villavicencio y seguidamente, en el municipio de Guayabetal (Cundinamarca) habrá una mesa de seguimiento a las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional.
  • Entre las próximas obras que se visitarán y evaluarán están la variante El Pollo – La Romelia y la vía Amagá – Bolombo.

 

Bogotá, 17 de julio de 2019.- En desarrollo del especial seguimiento que realiza a las problemáticas que se presentan en diferentes vías del país, la Contraloría General de la República comenzará hoy encuentros con la ciudadanía para evaluar las acciones que se adelantar para superar  los cierres y situaciones de parálisis que presentan la carretera Bogotá-Villavicencio, la Vía Perimetral del Oriente, Pacífico 1 (vía Amagá-Bolombolo) y la variante El Pollo -La Romelia, entre otras.

A través de su Delegada para la Participación Ciudadana, la CGR viene realizando seguimiento a varías vías que se encuentran cerradas por deslizamientos originados por la temporada de luvias y otros aspectos como circunstancias –geológicas e hídricas o suspensiones en la ejecución de los contratos de obra.

Los encuentros con la ciudadana para evaluar estas problemáticas inician hoy en el municipio de Cáqueza (Cundinamarca), en las instalaciones del Concejo Municipal, a las 11:00 a.m., donde se adelantará Especial Seguimiento al desarrollo del proyecto de Cuarta Generación de Concesiones, Vía Perimetral del Oriente, que tiene una longitud de 153 kilómetros de calzada sencilla y una inversión total de $1,7 billones, y el cual se encuentra paralizado en un 60%.

La comisión efectuará el recorrido por las obras, hará seguimiento a los compromisos en la zona de influencia y recogerá la percepción ciudadana como también la de los responsables de la ejecución del proyecto, buscando generar acuerdos que permitan adelantar la ejecución del contrato.

Además, se atenderán las reclamaciones de la comunidad y las denuncias en temas como el pago de predios, realización de obras técnicas, el cobro de peajes, diseño de la obra y la posible afectación de recursos naturales como humedales, fuentes hídricas, termales y el Páramo (Choachí).

Seguimiento para medidas sobre Vía al LLano

Mañana jueves la comisión de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana se trasladará, junto con funcionarios Gerencia Departamental  de la CGR en el Meta, a la ciudad de Villavicencio, desde donde se realizará un recorrido verificando, junto a la ciudadanía , las afectaciones en los diferentes puntos críticos del tramo vial Bogotá – Guayabetal, municipio en el que se realizará la mesa de seguimiento a las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional para atender la crisis en la Vía al Llano.

Al encuentro se ha convocado a todos los responsables de ejecutar dichas medidas, las autoridades municipales y representantes de la comunidad afectada y en estado de vulnerabilidad. Estarán presentes representantes de los Ministerios de Transporte, Agricultura, Medio Ambiente, Minas, Salud, Educación, Hacienda y Trabajo, así como la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, Departamento de Prosperidad Social - DPS, Departamento Nacional de Planeación - DNP, Presidencia de la República, Sena y voceros ciudadanos.

Esta mesa de seguimiento en el municipio de Guayabetal se realizará en la alcaldía del municipio, a las 11:00 a.m.

Frente a las 67 medidas que anunció el Gobierno Nacional para mitigar los efectos del cierre de la vía al Llano, como consecuencia de la emergencia generada en el kilómetro 58 y, luego de los encuentros con todas las instituciones gubernamentales en el Puesto de Mando Unificado PMU, pasaron a ser 71 las acciones, que serán revisadas por la Contraloría, junto a las comunidades afectadas y las entidades del Gobierno Nacional.

Se mirarán los avances en los sectores agropecuario e hidrocarburos, como los incentivos de almacenamiento a productores de arroz, comercialización de productos agrícolas y compensación en el incremento de fletes; así como el establecimiento de precios de frontera para el combustible.

Visita a la variante El Pollo – La Romelia

El viernes 19 de julio, los funcionarios de la CGR se trasladarán a la ciudad de Pereira, específicamente a la variante El Pollo - La Romelia, vía que por disposición del Invías tiene cierre total entre el PR1+0400 y el PR3+0350 después de la emergencia presentada el pasado 11 de junio, cuando un derrumbe en la parte trasera de la vía produjo la muerte de cuatro personas y la orden de evacuación para el conjunto Portal de la Villa, donde hay 234 Viviendas de Interés Social estrato 3, expedida por la Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira (Diger).

La visita tiene por objeto realizar seguimiento a las acciones de atención puestas en marcha luego de la emergencia.

Seguimiento a la vía Amagá-Bolombo

Finalmente, el próximo el miércoles 24 de julio, una comisión de la Contraloría que llega al Departamento de Antioquia se trasladará a fin de verificar el impacto del cierre de la Troncal del Café, en el tramo vial Amagá – Bolombolo.

Igualmente se realizará una mesa de seguimiento enTitiribí (Antioquia), que ha sido la población más afectada con el cierre por el derrumbe en La Huesera, única vía de acceso que tiene el municipio. A esta mesa de trabajo están citados el contratista, el interventor, la ANI, autoridades municipales y la ciudadanía afectada con el cierre de la vía.

Las obras que se adelantan en el proyecto Pacífico 1, desarrollada por Covipacífico, corresponden al contrato suscrito el 15 de septiembre de 2014 por valor de $2.087.106 millones.

Teniendo en cuenta el impacto socioeconómico de dicho cierre para la población que habita y transita la zona de influencia del corredor vial, la Contraloría ha dispuesto efectuar especial seguimiento, a través de un recorrido por el corredor vial y una mesa de trabajo en la que se expondrán las denuncias e inquietudes de la población y se escucharán los argumentos de los ejecutores de las obras a fin de obtener compromisos que permitan agilizar la ejecución de los recursos del contrato y operación de la vía.

Audio relacionado

Publicado el 17 Jul 2019 09:30


img_til

Contraloría General y Superindustria suscribieron convenio para fortalecer investigaciones

COMUNICADO DE PRENSA No. 096

 

Bogotá, 15 de julio de 2019.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, y el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González, suscribieron un convenio que permitirá a estas dos entidades aunar esfuerzos en la lucha contra la corrupción en el desarrollo de sus respectivas funciones.

La Superindustria facilitará a la Contraloría acceso a la información relativa a las investigaciones administrativas que adelanta en materia de protección a la competencia y los resultados frente a la cartelización empresarial y colusiones.

Por su parte, la Contraloría compartirá con la Superintendencia la información y los resultados obtenidos en las investigaciones adelantadas en la lucha anticorrupción.

En virtud del convenio suscrito, que tendrá una duración de cuatro años con posibilidad de prórroga, la Contraloría y la Superintendencia se comprometieron a usar debidamente la información que compartan, guardando la debida confidencialidad y observando las disposiciones legales sobre protección de datos personales.

Acciones contra cartelizaciones y mallas de contratación

“Este convenio es de gran importancia para seguir fortaleciendo la plataforma Océano de la Contraloría, que viene dando grades resultados en materia de seguimiento de la contratación pública, y ampliar con la Superintendencia de Industria y Comercio las búsquedas que realizamos”, destacó el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

La Superintendencia realiza todas las investigaciones sobre las posibles y evidentes colusiones y cartelizaciones que se generan en el país y así cuando la Contraloría señala mallas de contratación, el Superintendente es competente para mirar estos casos, explicó.

Por su parte, el Superintendente, Andrés Barreto González indicó que: “La Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad nacional de competencia aportará su experiencia en atacar colusiones y desfalcos para fortalecer el control fiscal de la Contraloría General de la República. Este convenio es un esfuerzo más en la lucha contra el flagelo de la corrupción”.

 

Audio relacionado

Publicado el 16 Jul 2019 11:30


img_til

Advierte el Vicecontralor:

"Si no hay cambios, se necesitarían entre 30 y 48 años para cerrar brechas regionales en educación”

COMUNICADO DE PRENSA No. 095

 


Barranquilla, 10 de julio de 2019.- El Vicecontralor General de la República, Ricardo Rodríguez Yee, llamó hoy la atención sobre la necesidad de introducir cambios que permitan superar las marcadas brechas que se evidencian hoy en materia de cobertura educativa y logros de los estudiantes a nivel de ciudades y regiones.

Aseguró que, “de mantenerse la actual situación, se necesitarían entre 30 y 48 años, para cerrar las brechas entre aquellas regiones que tienen oportunidad de invertir y las que no lo tienen”.

“Solo ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla y departamentos como Atlántico, Valle y Cundinamarca tienen recursos importantes propios y capacidad de inversión”, señaló.

Como lo determinó en su momento un estudio de la Contraloría sobre el efecto redistributivo del Sistema General de Participaciones (SGP), son marcadas las brechas en la calidad de la educación entre la Nación y las entidades territoriales, especialmente las más pequeñas y pobres.

En el tema de cobertura neta y básica de educación preescolar, básica y primaria, hay todavía una brecha del 11%, subrayó el Vicecontralor.

Las brechas que se advierten entre los niveles de cobertura neta y bruta en los niveles educativos de transición, media, preescolar y básica están directamente relacionadas con una capacidad de gestión de recursos que aún es baja, anotó.

Adicionalmente, en 2018, 834 municipios calificaron por debajo del promedio nacional en los resultados de la Prueba Saber, lo que para el Vicecontralor muestra que las ciudades que tienen posibilidad de hacer inversiones jalan los buenos resultados.

Entidades territoriales dependen del SGP en educación

El Sistema General de Participaciones en Educación es el principal instrumento financiero del sector educativo para los niveles preescolar, básica y media y, en 2017, financió el 68.63% de la educación pública en este nivel educativo.

Al intervenir en el Foro “+ Región, hacia un nuevo modelo de Estado”, convocado por la Federación Nacional de Departamentos, el Vicecontralor Ricardo Rodríguez Yee expuso la alta dependencia que presentan de tales recursos las entidades territoriales.

Corrupción e intereses políticas afectan avances en salud.

En cuanto a salud, Rodrígez Yee mostró como la proporción de la participación del Sistema General de Participaciones destinada a la salud se ha mantenido casi invariable desde 2002.

"Uno de los obstáculos en la prestación del servicio de salud es la corrupción en el manejo de los recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud por parte de ciertos actores en los territorios", indicó enseguida.

"También se han identificado obstáculos como barreras geográficas y de movilidad, culturales, financieras y administrativas, para el acceso a la salud, lo cual ha evidenciado resultados negativos".

"Otro problema es la falta de continuidad en programas y proyectos de alto impacto, asociado a la fluctuación de intereses políticos de acuerdo con el gobierno de turno", concluyó.

Audio relacionado

Publicado el 11 Jul 2019 08:00