Boletines de Prensa - 2020

Después de dos meses de sancionada la ley, ninguna entidad estatal ha reportado obras inconclusas en el Registro Nacional

COMUNICADO DE PRENSA No. 137 

 

  • Alcaldes, Gobernadores, Superintendentes, Ministros, Directores y Gerentes de entidades públicas y todos los representantes legales de las entidades u ordenadores del gasto de los que dependa la decisión de invertir recursos públicos, tienen que reportar al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas los proyectos que han identificado en este estado.  
  • La Contraloría General de la República ha identificado cerca de 480 obras inconclusas en el país, georreferenciadas por la DIARI de la CGR y que reposan en una base de datos interna.
  • Los responsables de hacer el reporte en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas que no lo hagan y tengan en su inventario un proyecto de este tipo, podrán ser sancionados.
  • Los departamentos que más tienen hoy obras inconclusas son Bolívar, Meta, Casanare, Cundinamarca, Boyacá y Arauca.
  • Hoy el país registra más obras inconclusas que ‘Elefantes Blancos’.  

 

Bogotá, 25 de septiembre 2020.- Después de dos meses de que entrara en vigencia la Ley 2020 del 17 de julio de 2020, que obliga a las entidades estatales, entes territoriales y todos los representantes legales de las entidades u ordenadores del gasto de los que dependa la decisión de invertir recursos públicos a reportar las obras inconclusas que tengan identificadas en su región, ninguna entidad de este tipo ha realizado un solo reporte a la Contraloría General de la República.  

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la CGR, que abrió el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, aún no tiene reportado ningún proyecto por parte de los responsables de hacerlo según la ley. 

La DIARI tiene georreferenciadas más de 480 obras inconclusas en el país, después de un trabajo conjunto de identificación que se realizó con la Delegada de Participación Ciudadana, veedurías y denuncias de los ciudadanos, que han advertido a la CGR sobre el estado actual de estos proyectos.  

Los responsables de hacer este reporte tienen hasta el 17 de octubre del 2020 para realizarlo. La directora de la DIARI, María Fernanda Rangel, aseguró que “aquellos funcionarios que no reporten y tengan en su inventario una obra inconclusa, de acuerdo al concepto de la Ley, serán sancionados después de hacer una evaluación de la no justificación de registro, el cual es sumamente importante para el control fiscal. Y se compulsarán copias a Procuraduría General de la Nación, toda vez que es un deber del funcionario público cumplir con el mandato legal”.  

El objetivo es poder salvar las obras inconclusas 

El Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, creado por la Ley 2020 del 17 de julio de 2020, le permite a la Contraloría General de la República realizar un cruce de información para verificar la base de datos de las obras inconclusas que tiene georreferenciadas la DIARI, con los reportes de los funcionarios públicos responsables del registro.  

“Por eso le hago un llamado de atención a todos estos funcionarios que tienen la responsabilidad del Registro de Obras Inconclusas para que inicien sus reportes. La DIARI de la Contraloría General de la República está presta a ayudarles e ilustrarlos en cómo realizar el registro, a crearle sus usuarios a aquellos que no se encuentran registrados en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes (SIRECI). Este registro es muy importante para que el país conozca y podamos salvar muchas de estas obras”, agregó la directora de la DIARI. 

Las obras inconclusas son proyectos de infraestructura hospitalaria, educativa y vial en los que las entidades tienen la opción de reinvertir recursos para su culminación o puesta en funcionamiento.  

Con la puesta en marcha del Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, la DIARI puede vigilar, en tiempo real, el desarrollo de estas obras, su estado actual y proyección para que no lleguen a ser ‘Elefantes Blancos’ de la contratación.  

Hoy el número de obras inconclusas identificadas, cuyo valor de inversión se aproxima a los 10 billones de pesos, supera el de los denominados ‘Elefantes Blancos’.  

Los departamentos que más tienen hoy obras inconclusas son Bolívar, Meta, Casanare, Cundinamarca, Boyacá y Arauca, con 32.   

Todos los ciudadanos, desde cualquier parte del país, podrían consultar el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas en la página web de la Contraloría General de la República que, partir del 18 de octubre de 2020, tendrá un link donde estarán alojados todos los proyectos de este tipo de los que se tenga reporte.  

*Una obra inconclusa no es igual que un ‘Elefante Blanco’. La obra inconclusa tiene la opción de que se reinviertan recursos para poder terminarla. O, en el caso de aquellas obras que no han sido puestas en funcionamiento, se les puede inyectar un recurso y quedan prestando servicio. 

Publicado el 25 Set 2020 08:30


Cruzada para acabar “Elefantes Blancos”: Contraloría lanza Registro Nacional de Obras Inconclusas

COMUNICADO DE PRENSA No. 136 

 

Funcionarios de la CGR en revisión de la construcción en la línea. Sobre este, imagen de "No Más Elefantes Blancos"

  • Hasta el 17 de octubre, todos los entes estatales, sujetos de control y entes territoriales, gobernaciones y alcaldías, deben reportar a la CGR las obras inconclusas. 
  • Y desde el 18 de octubre, los ciudadanos podrán consultar en el sitio web de la Contraloría General el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas.  
  • Los ‘Elefantes Blancos’ ya superan los 1.400 proyectos y le han costado al país cerca de $25 billones de pesos.
  • La DIARI de la Contraloría General será la encargada de llevar este Registro Nacional, con los reportes de los entes estatales.  
     

Bogotá, 23 de septiembre de 2020.- La Contraloría General de la República, según lo dispuesto por la Ley 2020 del 17 de Julio de 2020, abrió el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, en el que todas las entidades estatales reportan la identificación de esta información clave, que se podrá consultar en la página web del organismo de control desde el 18 de octubre de 2020.    

En esta cruzada para que en el país no sigan creciendo los denominados ‘Elefantes Blancos’, todos los entes estatales, sujetos de control de la CGR y entes territoriales del país, gobernaciones y alcaldías, deben reportar a la CGR hasta el 17 de octubre de 2020, las obras civiles inconclusas que tienen identificadas para que sean incluidas en el Registro Nacional.   

Como lo ha indicado el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, las obras inconclusas y ‘Elefantes Blancos’ ya superan el registro de 1.400 proyectos de este tipo en los que se han invertido más de 25 billones de pesos del presupuesto de todos los colombianos.    

Ojo a visor de la DIARI 

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la CGR será la encargada de llevar este Registro Nacional de Obras Civiles e Inconclusas.  

Desde hace algunos meses, la DIARI viene implementando la georreferenciación de ‘Elefantes Blancos’ con fotografías satelitales y videos realizados por auditores de las Gerencias Departamentales de la Contraloría General.       

Todos los entes estatales pueden conocer la Ley 2020 del 17 de julio de 2020 y sus obligaciones de dar esta información a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes (SIRECI),  que se encuentra en la página web de la Contraloría General (https://www.contraloria.gov.co/web/sireci). 

Apoyo a responsables de reportar información 

“Ya se aproxima el vencimiento del término para cumplir con la obligatoriedad del registro que establece la Ley. Y debemos decirles a los responsables de las entidades que la DIARI está dispuesta a apoyarlos en todo lo que necesiten, para que este proceso sea exitoso y una herramienta más para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el control fiscal”, aseguró la directora de esta dependencia de la Contraloría, María Fernanda Rangel Esparza. 

Publicado el 23 Set 2020 08:30


Sustitución de la DNE por la SAE no ha sido suficiente para mejorar la administración de bienes incautados

COMUNICADO DE PRENSA No. 135 

Imagen de Sociedad de activos especiales bogotá

 

  • La CGR analizó los resultados del actual modelo de administración de bienes incautados y determinó que los resultados obtenidos no son los esperados.  
  • Persisten dificultades en la administración de los bienes. 

 

Bogotá, 21 de septiembre de 2020.- Con la creación de la Sociedad de Activos Especiales -SAE- no se han logrado superar los riesgos de corrupción y los problemas en la administración de los bienes en proceso de extinción de dominio que obligaron a liquidar la Dirección Nacional de Estupefacientes - DNE, concluyó un estudio sectorial de la Contraloría General de la República. 

El organismo de control analizó los alcances del modelo de administración de bienes incautados adoptado en el país y lo comparó con algunas referentes internacionales. 

La conclusión es que la adopción de un nuevo marco normativo y la constitución de una entidad independiente encargada exclusivamente de la administración de este tipo de bienes, no ha arrojado los resultados esperados, lo cual corrobora lo evidenciado en los diferentes procesos auditores realizados por la CGR en los últimos años a la SAE. 

Se reemplazó una entidad por otra que heredó los problemas 

A pesar de que la SAE viene adoptando una arquitectura empresarial robusta y consistente, se presentan dificultades de operación del modelo y de coordinación interinstitucional.  

Para la Contraloría, el diseño de administración de bienes incautados se limitó a crear esta entidad, desconociendo la procedencia, estado real y otras características de los bienes incautados. 

Debido a la traumática transición entre la DNE y la SAE, esta heredó el desorden administrativo y la dispersión de información.  

Factores que afectan el manejo de bienes incautados 

Diferentes factores afectan el funcionamiento eficiente del modelo de la administración de bienes, entre los que se pueden destacar, estos seis:  

1) Duración prolongada de los procesos judiciales de extinción de dominio. 

2) Inoperancia de la figura de depositarios. 

3) Inconvenientes para el desalojo de predios. 

4) Dificultades para la enajenación de activos debido a restricciones del mercado. 

5) Desconocimiento de la localización y estado de muchos bienes.  

6) Falta de coordinación con las entidades de registro para obtener la información de los bienes. 

No se ha atendido el objeto del FRISCO 

Como consecuencia de los inconvenientes registrados, se evidencia que no se ha producido un impacto importante en las políticas que se deberían atender con las productividades de los bienes incautados, que incluyen: Inversión social, Fortalecimiento de la justicia, Reparación de víctimas y Desarrollo rural. 

Igualmente, la financiación de estos programas se vio limitada por la baja ejecución de las transferencias líquidas, que en el periodo 2015-2018 alcanzaron apenas el 37% frente al presupuesto proyectado para asignación a las entidades beneficiarias. 

No obstante lo anterior, la SAE, entidad administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado -FRISCO, está pasando por un momento coyuntural en el que se han implementado mecanismos que permiten prever la consecución de mayores ingresos a partir de la enajenación temprana y la venta masiva. Así, con este panorama, el Gobierno nacional debería garantizar la efectividad de las transferencias. 

Comparativo con otros países 

La Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública realizó, en este estudio, un comparativo con Bolivia, Honduras, México y Perú, con problemáticas de narcotráfico y corrupción similares. 

Se observó que en Colombia el volumen de los bienes incautados es muy superior. Y en cuanto a la financiación de la entidad administradora, el país es el único que no cuenta con recursos del Presupuesto General de la Nación.  

En los países latinoamericanos mencionados se destacan prácticas como:  

  • Seguimiento y control a las destinaciones de las productividades con incidencias admitida, civil y penal. 
  • Creación de un sistema informático que consolida la información de todos los actores, desde la incautación de bienes hasta la destinación definitiva.  
  • Existencia de un registro nacional de bienes incautados a disposición de la ciudadanía. 
  • Creación del Registro Nacional de Extinción de Dominio, donde se pueden consultar los bienes afectados, las sentencias y su cumplimiento. 
  • Relevancia en la búsqueda de rentabilidad de las sociedades antes que su enajenación. 
  • Fortalecimiento del sistema judicial de extinción de dominio para mejorar los tiempos de administración de los bienes. 

A juicio de la CGR, se trata de elementos que podrían contribuir al mejoramiento sustancial del modelo colombiano de administración de bienes incautados. 

Publicado el 21 Set 2020 10:00


Contraloría se constituye como víctima en proceso penal contra responsable de vender carne de burro a operadores del PAE en Santander

COMUNICADO DE PRENSA No. 134 

 

Imagen, Contraloría se constituye víctima en proceso penal contra responsable de vender carne de burro a operadores del PAE en Santander. Posee un niño comiendo en el fondo.

 

  • “Este es un atentado contra la vida y los derechos fundamentales de los niños afectados”, sostiene el Contralor Carlos Felipe Córdoba.
  •  La CGR adelanta 184 investigaciones por irregularidades en contratos del PAE que suman $74 mil millones. 

 

Bogotá, 21 de septiembre de 2020.- Representando los intereses del estado colombiano, la Contraloría General de la República se constituirá como víctima en el proceso penal que se sigue contra el señor Fernando Trujillo Gómez, capturado por la Fiscalía como presunto responsable de vender carne de caballo y de burro a operadores del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Bucaramanga y algunos municipios del municipio de Santander. 

El Contralor Carlos Felipe Córdoba calificó este hecho como un atentado contra la vida, la nutrición y los derechos fundamentales de los niños afectados, que dejaron de recibir una alimentación saludable por esta conducta criminal. 

El jefe del organismo de control ordenó a la Contralora Delegada de Investigaciones y Juicios Fiscales, Soraya Vargas, que designe un abogado de esta dependencia, al que se le entregue el poder respectivo y se haga parte dentro de este proceso penal. 

La Contraloría General de la República investiga varios casos de malos manejos de los recursos del PAE en varias regiones del país y, a la fecha, adelanta 184 investigaciones por irregularidades que suman más de $74 mil millones, que involucran el mismo departamento de Santander, y algunos otros como Bolívar, La Guajira y Sucre, como los que presentan los manejos más cuestionados. 

Estima la Contraloría que hasta en un 35% de los contratos del PAE no se cumplen los estándares mínimos de calidad. 

Por otra parte, el mes pasado la Contraloría produjo 30 alertas por presuntos sobrecostos de $34.856 millones en contratación del PAE durante la pandemia. 

Publicado el 21 Set 2020 09:00


Baja inversión, ineficiencia presupuestal y falta de planeación, afectan gestión de recurso hídrico en el país: Contraloría

COMUNICADO DE PRENSA No. 133 

Recurso hídrico de Colombia, fotografía

Baja inversión, ineficiencia presupuestal y falta de planeación, afectan gestión de recurso hídrico en el país: Contraloría 

  • Estudio de la Contraloría, que abarca el período 2015-2018, muestra falencias en el uso oportuno y eficiente de los recursos asignados al programa de gestión del recurso hídrico.  
  • No hay certeza de las existencias que tiene el país en materia de agua subterránea.  
  • El ejercicio de las funciones de las autoridades ambientales frente al seguimiento y monitoreo de las concesiones de agua y permisos de vertimientos, no ha servido para que se reduzca la ilegalidad en el uso del recurso hídrico.  
  • Son escasos los proyectos del sistema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) que cuentan con evaluaciones de resultados que permitan validar las inversiones efectuadas.   
  • Y son pocos los estudios que han realizado las CAR sobre las necesidades de agua para el sector productivo. 

 

Bogotá, 20 de septiembre de 2020.- La gestión del recurso hídrico en el país muestra bajos recursos de inversión e ineficiente ejecución presupuestal, a lo que se añade ausencia de planeación y baja gestión de las autoridades ambientales, indica un estudio de la Contraloría General de la República sobre el tema. 

De acuerdo a este análisis, son evidentes situaciones como las siguientes: 

*Durante el periodo 2015-2018, solamente el 11% de los $1,66 billones dispuestos en el Presupuesto General de la Nación como recursos de inversión para el sector ambiente, fueron destinados a la gestión integral del recurso hídrico en Colombia. En total, solo alcanzaron los $184.026 millones, de los cuales el 9% fue asignado a proyectos de las CAR y el restante 2% a proyectos del Ministerio de Ambiente. 

*A un promedio de 10 de las 23 Corporaciones que reciben recursos para inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación les fueron aprobados proyectos bajo el programa gestión del recurso hídrico por un valor total de $153.257 millones, frente a los $30.770 millones del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

*Llama la atención el hecho de que el IDEAM sea el administrador del sistema de manejo de los recursos hídricos y no haya tenido asignados recursos para ese programa. 

*La ejecución de los recursos asignados por el Presupuesto General de la Nación al programa de gestión del recurso hídrico fue en promedio el 27% para el periodo analizado (2015-2018). Lo que, a juicio de la CGR, puede significar que las brechas de financiamiento más grandes no son de carácter presupuestal, sino que están relacionadas con la ausencia de planeación y la baja gestión de las autoridades. 

Para la Contraloría resulta indispensable corregir la ineficiencia en la ejecución de los recursos destinados para este propósito, dadas las importantes falencias detectadas en el uso oportuno y eficiente de los mismos.  

*Las pérdidas de apropiación y las subejecuciones son reiterativas no solamente en los recursos del Presupuesto General de la Nación, sino también, y con mayor incidencia en los recursos propios y administrados por las CAR, concretamente en los recaudados por los instrumentos económicos de destinación específica para el recurso hídrico, tales como tasas por utilización del agua, tasas retributivas y compensatorias, y contribuciones parafiscales del sector eléctrico. 

  *Los análisis hechos con base en los datos suministrados por 19 Corporaciones Autónomas Regionales concluyen que la inversión realizada por estas entidades es inferior al valor de sus recaudos, situación que sugiere graves problemas de planeación, coordinación y gestión de la inversión que garantice la sostenibilidad del recurso hídrico. 

*Se evidencia que el Sector Ambiental carece de una base de datos que consolide toda la información presupuestal, detallada, veraz, oportuna y actualizada, que se asocie directamente con los planes, programas, proyectos e indicadores de cada política ambiental. 

Las anteriores son algunas de las conclusiones del estudio denominado “Evaluación de la Implementación de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico con Énfasis en la Oferta y la Demanda 2015-2018”

El análisis, realizado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada de Medio Ambiente, formula también las siguientes apreciaciones: 

Existencias de agua subterránea 

Pese a los avances obtenidos después de 2010, cuando la información se concentraba en las regiones con mayor escasez de agua superficial, como la Costa Atlántica, la Sabana de Bogotá, el Valle del Cauca, Norte de Santander, Tolima y Huila, las autoridades ambientales no disponen todavía de una memoria confiable sobre las existencias de agua subterránea. Hoy, el 67% de las CAR reconocen acuíferos en su jurisdicción. Las CAR dieron cuenta a la Contraloría de 85 acuíferos, de los cuales 38 han sido incluidos en los Planes de Manejo y Ordenamiento de Cuencas, y de los 47 que no lo están, 35 están priorizados y 15 de ellos ya cuentan con Plan de Manejo. La CGR encontró que el sistema de información del IDEAM en este campo sigue siendo débil. El instituto informó que, a noviembre de 2019, 14 Corporaciones y 4 autoridades ambientales urbanas habían reportado información sobre captaciones de aguas subterráneas y su respectiva localización en provincias hidrológicas. Sin embargo, durante el segundo semestre de 2019, la Contraloría intentó acceder al Sistema de Información del Recurso Hídrico y no pudo observar la información. Los únicos datos obtenidos llegaron a través de vínculos web.  

Condiciones de demanda no reducen la ilegalidad 

El ejercicio de las funciones de las autoridades ambientales frente al seguimiento y monitoreo de las concesiones de agua y permisos de vertimientos no ha conllevado a cambios en el comportamiento de los usuarios, ni al conocimiento real de la calidad de los recursos hídricos de su jurisdicción. Tampoco, a la reducción de la ilegalidad frente al uso del recurso. Si bien 8 Corporaciones Autónomas Regionales reportaron haber encontrado resultados positivos con los Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, no adjuntaron los indicadores, estudios técnicos o documentos que soporten los efectos que produjeron dichos programas en los recursos hídricos de manera cuantitativa y cualitativa. La Contraloría evaluó a fondo la línea estratégica de la política de gestión del recurso hídrico relacionada con las actividades necesarias para adquirir, delimitar, manejar y vigilar las áreas donde se encuentran los ecosistemas clave para la regulación de su oferta. Aunque halló avances significativos, también advirtió rezagos en la aplicación de normas que buscan disponer de espacios territoriales claves para el aseguramiento de la oferta del recurso hídrico.  

Una de estas normas es la Ley 99 de 1993, que en su Artículo 111 declaró de interés público tales territorios, asignó a los municipios la obligación de adquirir los predios necesarios para ese propósito y dispuso un plazo de quince años para las inversiones necesarias, destinando un porcentaje no inferior al 1% de los ingresos del ente territorial. 

¿Ha funcionado la figura de los Pagos  por Servicios Ambientales (PSA)? 

También encontró la CGR que si bien se pensó en el Pago por Servicios Ambientales (PSA) como una alternativa útil para el posconflicto y el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC, persisten vacíos técnicos y operativos y ausencia de mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional que obstaculizan el éxito de esta estrategia. Son escasos los proyectos de PSA que cuentan con evaluaciones de resultados que permitan la validación de las inversiones efectuadas. La mayoría carecen de una única línea política y están desconectadas de los instrumentos de planificación y ordenamiento del territorio. 

Inicialmente se previó utilizar la figura de los PSA en las áreas estratégicas de provisión de agua para las necesidades humanas, pero se fue haciendo extensiva a otros ecosistemas estratégicos sin referencia específica al recurso hídrico, al tiempo que se fue vinculando, paulatinamente, a otros actores no institucionales distintos a los municipios y autoridades ambientales, que son los que le están dando mayor impulso a estas políticas. 

Las CAR no han comprado con sus recursos o, en la actualidad, no poseen predios para atender las necesidades, aunque algunas de ellas han diseñado criterios técnicos complementarios para apoyar a las entidades territoriales en la adquisición de predios de importancia estratégica. 

Pocos estudios sobre necesidades  de agua para el sector productivo 

La CGR encontró que son pocas las Corporaciones Autónomas Regionales que cuentan con estudios enfocados a las necesidades de los sectores productivos, por lo que son ellos mismos quienes, en muchos casos, han suplido por cuenta las necesidades de información sobre el recurso hídrico que requieren para sus actividades. 

La excepción a esta tendencia son los casos registrados en la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, entidad que cuenta con estudios de la calidad del agua de la cuenca alta del Río Magdalena efectuados recientemente, o los estudios realizados por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, con los cuales se caracterizó, cualitativa y cuantitativamente, la calidad del recurso hídrico superficial en los departamentos de Putumayo y Caquetá. 

En este mismo grupo se encuentran la Corporación Autónoma Regional del Quindío, que efectuó su evaluación regional del agua en 2017, y la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá, con la caracterización de calidad y cantidad de fuentes hídricas de su jurisdicción en los años 2017 y 2018.  En otro grupo se sitúan aquellas corporaciones que tienen hidroeléctricas en su jurisdicción, como la Corporación Autónoma Regional de Chivor, que intentan avanzar en la determinación de la calidad del agua para los usos productivos. Para la Contraloría es claro que corresponde también a los productores, en especial al solicitar concesiones de aguas, presentar los monitoreos de calidad de las aguas requeridas para su actividad con el fin de identificar si se cumplen o no los criterios de calidad. 

El análisis de la información proveniente de las autoridades ambientales, recaudada y analizada por la CGR, a través del equipo investigador de la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, muestra que los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, en los aspectos específicos de la determinación de la calidad del agua basada en los estudios técnicos respectivos para los usos productivos, distan de estar completos y, en los casos más extremos, no existen. 

Reportes sobre uso eficiente y sostenible del agua 

Las CAR relacionan la apertura de procesos sancionatorios a algunos usuarios por incumplimiento de las acciones de sus Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua aprobados, pero algunas limitan sus reportes a informar que efectúan seguimiento y control a dichos programas sin especificar resultados. Aun así, hay excepciones, como la de CORNARE, que cuenta con estudios sobre "Cuantificación de la eficiencia en la implementación de la Ley 373/1997, sobre el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) 2010-2018” y que van más allá de la estadística básica.  

No obstante, los resultados exhibidos no van soportados de los indicadores respectivos, estudios técnicos o documentales que los recopilen, como tampoco de cuantificación y cualificación de los efectos que dichos resultados han significado en materia de cumplimiento de los objetivos señalados por la política pública. 

Sostenibilidad financiera 

El análisis de sostenibilidad financiera para la implementación de la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, realizado en el 2004 por el DNP a través de la consultoría a cargo de la firma Economía Urbana, estimó que bajo el escenario de ese entonces las fuentes de financiación, tanto específicas como generales dedicadas al recurso hídrico, eran insuficientes para financiar los productos y alcanzar las metas propuestas por la Política en el corto y mediano plazo. 

Las tres recomendaciones para garantizar la financiación de la política tuvieron desarrollos, pero tardíamente. Estas fueron: 

  1. Utilización del pago por servicios ambientales como alternativa a la compra de predios en cuencas abastecedoras. 
  2. Actualización tarifaria de las transferencias del sector eléctrico.  
  3. Y mejoramiento en la ejecución del Fondo de Compensación Ambiental.  

Publicado el 20 Set 2020 10:00