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null semana.com: Contraloría advierte deficiencias en estudios sobre el Arroyo Bruno

El informe le fue puesto de presente a la Corte Constitucional que había emitido dos sentencias en el 2017.

 

Un fuerte llamado de atención hizo la Contraloría General de la República frente a los incumplimientos de los dos fallos que ha emitido la Corte Constitucional para proteger el Arroyo Bruno en el departamento de La Guajira. El organismo de control fiscal indicó que hasta la fecha no se han tomado medidas de fondo para proteger al medio ambiente con relación al proyecto que buscaba el desvío del cauce por parte de la empresa Cerrejón.

La Contraloría General le notificó a la Corte Constitucional este incumplimiento y le informó que a partir del segundo semestre de 2022 realizará una auditoría sobre el cumplimiento del Plan de Mejoramiento que suscribieron las entidades estatales, además se verificará el cumplimiento de las demás sentencias de este alto tribunal desde el 2017.

En el documento realizado por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente se señala que se han presentado fallas en el cumplimiento de la sentencia SU-698/17 por parte del Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira).

Una de las conclusiones del documento es que hay un incumplimiento en las órdenes quinta y octava de la mencionada sentencia que hacen referencia directa a la creación de un equipo de trabajo para la construcción de una hoja de ruta para los actores que hacen parte de la Mesa Interinstitucional de Trabajo.

Igualmente, la Auditoria se enfocó en la evaluación al informe técnico presentado por la Mesa Interinstitucional para sustentar la decisión de mantener el arroyo Bruno en el nuevo cauce, determinando que se presentan las siguientes situaciones:

  • Debilidades en la rigurosidad del método de valoración económica y debilidades en la aplicación del método elegido frente a la garantía de los derechos al agua, a la seguridad alimentaria y la salud de las comunidades afectadas.
  • Debilidades en relación con las fuentes de información, los soportes documentales y los datos considerados en las evaluaciones realizadas.
  • Debilidades en la evaluación de los posibles impactos.
  • Debilidades en la determinación de las conclusiones plasmadas en el informe técnico.

En la Auditoria de Cumplimiento de 2020 se constituyeron 14 hallazgos administrativos de los cuales 7 tienen posible connotación disciplinaria, los cuales fueron trasladados a la Procuraduría General.

En el documento la Contraloría se cita el concepto de Incumplimiento Material Adverso en los aspectos evaluados y señaló que fallas en la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corpoguajira podrían impedir que se mitigue la amenaza de vulneración a los derechos a la salud, al agua y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto de desviación del cauce del Arroyo Bruno.

El organismo de control fiscal realizó acompañamiento, en calidad de garante del proceso de sociabilización del estudio a las incertidumbres dispuesto en la orden quinta de la sentencia a la comunidad de La Horqueta.

El 30 de noviembre de 2021 la CGR, junto con representantes de la Defensoría del Pueblo, se reunió con las comunidades de Paradero y Gran Parada, quienes manifestaron que mientras no se efectuara el desvío del arroyo no se sentarían a discutir las incertidumbres de la orden quinta. Argumentaron que no tenían garantías para discutir el estudio, por cuanto no disponían de los expertos para ello.

 

Fuente: semana.com - 15 de mayo de 2022