Según la Contraloría General, la transferencia de bienes ha sido documental, pero aún no hay entrega real y material de los bienes.

Bienes no ubicados, entregas no materializadas y capitales aún sin identificar, fueron algunos de los vacíos que halló la Contraloría General de la República en el proceso de entrega de inventarios de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes a su nueva administradora, la Sociedades de Activos Especiales (SAE).

Según la entidad, debido a la falta de esa información, aún se desconoce la cantidad y el valor exacto de la totalidad de los bienes que el Estado administra por concepto de incautación o extinción.

En la investigación que adelantó la CGN, se detectó que la transferencia de bienes fue de forma documental, pero que nunca hubo una entrega real y material de los bienes muebles e inmuebles, como ocurrió con Frisco (Fondo para la Rehabilitación de Inversión Social).

Ahora, la pregunta que tendrán que resolver quienes realizan el inventario es ¿dónde están los bienes que no han sido registrado?

La Contraloría estima que solo se conoce el 26 por ciento de los inmuebles con medidas cautelares.

Esta indefinición genera excesivos costo de mantenimiento, asegura la Contraloría, pues en muchos casos los depositarios no rinden cuentas ni la entidad evalúa las que son sometidas a su consideración.

Para el Estado, no contar con esta información, representa un alto costo de sostenimiento y mantenimiento de los bienes, sobre los cuales no se toman medidas de administración definitivas.

INFORMACIÓN INCOMPLETA, IMPRECISA Y DESACTUALIZADA

De acuerdo con la CGN, al examinar la información recibida se observó que muchos registros antiguos del sistema con el que se hace el registro (Matrix) son incompletos, algunos contienen información imprecisa o desactualizada e incluso hay algunos duplicados.

Así mismo, no todos los bienes con extinción de dominio o incautados se encuentran registrados en el sistema.

Con base a estos hallazgos, la entidad determinó que la transferencia fue únicamente documental y por lo tanto se ha hecho necesario realizar labores de depuración de la información, lo que conlleva realizar visita a los inmuebles administrados.

Finalmente, la Contraloría advirtió que el nivel de avance en esta tarea es discreto frente al volumen de bienes que se requiere verificar para validar la información recibida.

Fuente: Portafolio.co - 08 de febrero de 2016