El Heraldo.co: Los contratos de las regalías embolatadas en el Caribe

El Heraldo.co: Los contratos de las regalías embolatadas en el Caribe

Auditorías de 2012, 2013 y 2014 dan cuenta de 50 aparentes hallazgos fiscales por $30.846 millones en la Región. Evidencian fallas en acueducto en La Guajira, obras pagas y no realizadas en Cartagena y cultivos inexistentes en Sucre.

Bogotá. Un total de 50 aparentes hallazgos fiscales por 30.846 millones de pesos estableció la Contraloría en el manejo de las regalías en el Caribe.

Los de mayor cuantía están en La Guajira: 14 por 19.868 millones; Cesar: 20 por 4.417; Bolívar: 4 por 2.053; Magdalena: 5 por 1.900; Sucre: 3 por 1.644; Córdoba: 3 por 676 y Atlántico: uno por 285 millones.

En el segundo semestre de 2015, la Contraloría se dio a la tarea de averiguar qué pasó con los recursos de las regalías en la Costa, y presentó en noviembre una serie de informes, conocidos por EL HERALDO, con la revisión de los años 2012, 2013 y 2014.

Atlántico
El informe de auditoría enviado al exgobernador José Antonio Segebre da cuenta de que en el Atlántico fueron aprobados 28 proyectos por valor de 284.192 millones de pesos. Califica la gestión en materia de ejecución de regalías como "favorable" y le concede un puntaje de 83,4.

Sin embargo, advierte que se establecieron siete hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria y uno de ellos con presunta connotación fiscal.

La Gobernación suscribió el 1 de octubre de 2014 el Convenio de Cooperación 0110 con Fundalianza, cuyo objeto era "aunar esfuerzos para el mejoramiento genético y fortalecimento de la ganadería bovina", por valor de 5.143 millones de pesos.

El departamento aportaría 2.548 millones de las regalías, Fundalianza unos 158 millones y se comprometería a gestionar la suma de 2.400 millones a través del trámite de los recursos de crédito de la línea Finagro, "para la adquisición de 900 toros reproductores puros de raza cebuína y de la comercialización de los 900 toros, que actualmente tengan al servicio en sus hatos, los beneficiarios del programa".

Se comprometía además el Atlántico a realizar sus aportes con la entrega de un anticipo del 50 por ciento de los recursos de regalías y el 50 por ciento restante mediante actas parciales. Y el anticipo, por valor de 1.292 millones fue cancelado el 28 de octubre de 2014 a Fundalianza "sin haberse constituido una Fiducia para tales efectos, como lo establece el artículo 35 del Decreto 1510 de 2013", indica la auditoría.

Señala aquí la Contraloría que del valor girado por el anticipo, Fundalianza gastó la suma de 208 millones de pesos "sin embargo, el propósito del convenio finalmente no se llevó a cabo, ya que fue suspendido el 7 de abril de 2015, porque Finagro, entidad donde se debía tramitar el crédito para la adquisición de los 900 toros, emitió la circular P-8 de 2015, la cual no incluyó dentro de los rubros elegibles para obtener el Incentivo a la Capitalización Rural, ICR, para esta vigencia, el de los Toros Reproductores Puros".

Finalmente, el 28 de mayo de 2015 se firma el acta de terminación del contrato y el 21 de septiembre de 2015 se liquida, "presentándose un detrimento en el patrimonio de la Gobernación por la inobservancia del principio de planeación, ya que el giro del anticipo no debió efectuarse hasta tanto la Gobernación no tuviera la certeza de que Fundalianza poseyera la aprobación o los dineros, sobre la gestión de los recursos de la línea de crédito de Finagro".

Por ello, el ente de control halla un presunto detrimento en el patrimonio del departamento por valor de 285 millones de pesos.

Cartagena
Los resultados de la auditoría arrojaron el resultado de una gestión "favorable" de los recursos de regalías en la capital bolivarense, con una calificación de 80,025 puntos, como consta en la comunicación dirigida al exalcalde Dionisio Vélez Trujillo, quien regentó la ciudad entre mediados de 2013 y 2015, sucediendo a Campo Elías Terán, quien gobernó durante casi todo 2012.

No obstante, de los 97.039 millones de pesos asignados por regalías, de los cuales se ejecutaron 48.62 millones, se encontraron 19 hallazgos administrativos, de los cuales cuatro corresponden a hallazgos con presunto alcance fiscal por 2.023 millones de pesos.

El contrato 45678910 del 16 de mayo de 2014 se suscribió entre la Unión Temporal ‘Vías de Cartagena' y el Distrito, con el objeto de la ‘Construcción, mejoramiento, rehabilitación y adecuación de vías en diferentes barrios y sectores del Distrito', por un valor de 10.343 millones de pesos.

Tenía un plazo de ejecución de ocho meses pero a noviembre de 2015, señala la Contraloría, tenía un avance físico del 85,9 por ciento y un avance financiero del 83,68 por ciento. El contrato está suspendido, como también está suspendido el contrato de la interventoría 45678910 del 3 de septiembre de 2014 con el Consorcio ‘Intervías Cartagena 2014', por valor de 517 millones de pesos.

Se suspendió el contrato el 10 de septiembre de 2015, por la espera de las instalaciones de tubería de acueducto y alcantarillado por parte de Aguas de Cartagena y de acuerdo a la auditoría "se presenta atraso significativo en la ejecución, ya que la terminación de la obras se contemplaba para el 14 de Septiembre de 2015 (…), vulnerando el principio de planeación". Tampoco, a la fecha del informe, presentaba el proyecto licencia ambiental para explotación de material de sub-base y en la ejecución no había plan de manejo ambiental presentado por el contratista, sin que lo exigiera la interventoría.

Además, "se evidencia la existencia de mayores cantidades de obras pagadas no ejecutadas, y obras de mala calidad", las primeras por 650 millones de pesos y las segundas por 18 millones.

Para el organismo de control, se genera un hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria y alcance fiscal por 669 millones de pesos.

En el proyecto ‘Ampliación de atención en salud para la población pobre y vulnerable no afiliada y para eventos no cubiertos con subsidios', aprobado el 16 de octubre de 2012 por valor de 7.895 millones de pesos, con fecha de inicio del 1 de noviembre de 2012 y de finalización del 31 de diciembre de 2013, hubo tres aparentes irregularidades.

De acuerdo a la auditoría, "se autorizaron pagos por suministros de medicamentos y procedimientos que se encuentran incluidos en el POS, lo que denota que se incurrió en gastos que debieron ser asumidos por las EPS del Régimen Subsidiado y/o Entes Territoriales responsables de su atención", lo que ocasiona un presunto detrimento por 130 millones de pesos.

Así mismo, el ente, al consultar los precios de los medicamentos "se aprecia que existe sobreprecio con respecto a los valores facturados", lo que genera un presunto detrimento al patrimonio en la suma de 698 millones de pesos.

Y, finalmente, al confrontar el organismo los valores facturados, contra los registros de notas de enfermería, "se observa que existe un menor valor en cuanto a las cantidades aplicadas a los pacientes con respecto a lo facturado", constituyéndose así un hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria y alcance fiscal por 524 millones de pesos.

Sucre
La misiva, dirigida al exgobernador Julio César Guerra Tulena, da cuenta de que en la región sucreña se aprobaron 23 proyectos por valor de 232.332 millones de pesos. Califica el ente como "favorable" la gestión y le da una nota de 80,169 puntos, pero advierte que se establecieron seis hallazgos administrativos y dos tienen connotación fiscal por 1.570 millones de pesos.

Uno de los contratos cuestionados es el 008 de 2013, cuyo objeto es la implementación de la Jatropha Curcas (planta de semillas con aceite) como materia prima para la industria del biocombustible, la cual por sus condiciones era apta para su cultivo en la zona, según los estudios previos.

No obstante, tras la visita realizada por la Contraloría el 27 de octubre de 2015, se observaron "cultivos de forma irregular, es decir, los terrenos cultivables no poseen la cantidad de plántulas establecidas en los estudios previos. La mayoría de éstas se encuentran muertas y las que sobreviven se encuentran dentro de la maleza de la zona ".

Por ello, se advierte que hay un presunto daño de alcance administrativo, disciplinario y fiscal, por el valor total del contrato de prestación de servicios e interventoría, lo que asciende a una suma de 1.286 millones de pesos.

El proyecto de la Gobernación que tenía como objeto el "Apoyo al ordenamiento de playas del corredor turístico Coveñas, Tolú y San Onofre", costó 1.798 millones de pesos y buscaba mejorar el ordenamiento, la seguridad y la señalización de las playas beneficiarias.

Sin embargo, cuando se revisó el contrato 013 de 2013, celebrado con el Consorcio Corredor Turístico, se halló que "los objetivos del proyecto no se han cumplido en lo referente al mejoramiento de las condiciones de rescate y salvamento e información turística en zonas de playa, debido a que se evidenció que las 12 torres salvavidas no cuentan con personal que desempeñe la labor de ayuda y rescate ante cualquier evento de peligro".

Así mismo, se estableció por parte de la Contraloría que los siete puntos de información turística, PIT, "no cuentan con personal asignado que los atienda, lo que significa que estos elementos se encuentran sin uso"; en San Onofre y Santiago de Tolú "se encuentra desarmado un punto de información turística en cada municipio, los cuales están en la Alcaldía y en la Secretaría de Turismo", y en Coveñas "un punto de información turística se encuentra dañado".

Para el ente hay un supuesto detrimento patrimonial de 283 millones de pesos, ya que "el proyecto no ha logrado el mejoramiento de las condiciones de seguridad marítima, rescate y salvamento, y la información turística en zonas de playa, ya que las administraciones municipales de los entes territoriales beneficiados, como son Tolú, Coveñas y San Onofre, no han realizado acciones para poner en funcionamiento las torres salvavidas y puntos de información turística".

Los 10 hallazgos más cuantiosos
1. Alcaldía de Riohacha. Contrato con hallazgo de 10.858 millones de pesos para la construcción del acueducto y alcantarillado del corregimiento de Camarones, pero que no tiene los permisos ambientales requeridos ni títulos de propiedad pública de los predios.

2. Gobernación de La Guajira. Contrato 374 de 2013 con hallazgo de 3.865 millones de pesos con la UT Interventoría Escolar, de alimentación y transporte escolar, sin soportes que evidencien el cumplimiento ni seguimiento de avance y ejecución al mismo.

3. Gobernación de La Guajira. Contrato 392 de 2013 con hallazgo de 1.625 millones de pesos, suscrito con Echeverry Gutiérrez & CIA, para suministrar semovientes, pero sin documentación para determinar cuántos semovientes, ni su distribución, identificación de beneficiarios o del productor.

4. Alcaldía de Chiriguaná, Cesar. Convenio 007 de 2013 con hallazgo de 1.413 millones de pesos para superar la vulnerabilidad estructural en viviendas de interés social.

5. Gobernación de Sucre. Contrato con hallazgo de 1.286 millones de pesos para cultivos productores de biocombustibles, pero la mayoría de las plántulas están muertas.

6. Alcaldía de Chiriguaná, Cesar. Contrato 016 de 2013 con hallazgo de 969 millones de pesos para obras públicas de transporte, por calidad de obra y sobreprecio en cálculo de desperdicios de materiales.

7. Gobernación de La Guajira. Contrato 244 de 2013 con hallazgo de 926 millones de pesos de obras públicas de transporte, pero con tramos dañados entre las veredas Caña Brava, La Gloria, Paraíso, Bañaderos, y Angostura - El Cumbre.

8. Gobernación de La Guajira. Convenio 032 de 2013 con hallazgo de 774 millones de pesos con la Cámara de Comercio de la Guajira y la Fundación Innova Caribe S.A., con uso de recursos y gastos que no podían ser financiados con recursos de regalías.

9. Alcaldía de Cartagena. Contrato 4-5-6-7-8-9-10 del 16 de mayo de 2014 con hallazgo de 699 millones de pesos para la construcción y mejoramiento de vías, con mayores cantidades de obra pagadas no ejecutadas.

10. Alcaldía de Cartagena. Contrato con hallazgo de 698 millones de pesos para comprar medicamentos y pagar procedimientos de salud, con sobreprecio con respecto a los valores facturados.

Fuente: El Heraldo.co - 25 de febrero de 2016