El Heraldo.co: Anatomía de las 'mordidas' a la alimentación infantil

El Heraldo.co: Anatomía de las 'mordidas' a la alimentación infantil

EL HERALDO conoció el auto que le abre juicio de responsabilidad fiscal al axalcalde de La Jagua de Ibirico Didier Lobo y a la unión temporal integrada por la Corporación GERS, la empresa Catalina SAS y Fundalimentos.

Sobrecostos de $2.384 millones en alimentos destinadas a niños en el Cesar encontró la Contraloría, que detectó además que una misma firma maneja varios contratos en la región a través de distintas razones sociales.

De hecho, el ente de control viene siguiendo los pasos de una decena de fundaciones que se están llevando la gran tajada de la contratación de temas de infancia y nutrición en la Costa. Una de ellas es la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano ONG, Gers, con sede en Valledupar y cuya representante legal es Marlene Esther Vásquez Guerrero, a quien precisamente el ente de control, en auto conocido por EL HERALDO, le acaba de abrir juicio de responsabilidad fiscal, en un proceso por el que también responden el exalcalde de La Jagua de Ibirico, Didier Lobo, y dos fundaciones más

La Contraloría, en cabeza del valduparense Edgardo Maya Villazón, se interesó especialmente por el caso de La Jagua porque en los últimos cuatro años fue la población colombiana que más recursos recibió por regalías carboníferas: más de $800 mil millones.

De esas regalías, el ente de control fiscal audita con especial cuidado cerca de $2.300 millones con los que, presuntamente, cometieron irregularidades en contratos de alimentación para menores de edad: los productos fueron facturados con sobreprecios y a los niños les habrían dado raciones menores a las contratadas y de mala calidad.

En las indagaciones, a la CGR le llamó la atención el caso de la Corporación GERS que ha firmado, por lo menos, 23 contratos en tres departamentos por un valor superior a los $95 mil millones. Igualmente, la Contraloría ha puesto la lupa en una decena de fundaciones que en el Caribe han logrado contratos por más de $350 mil millones del Programa de Alimentación Escolar, PAE, del Ministerio de Educación; del programa Primera Infancia del ICBF y, por supuesto, de los planes nutricionales que departamentos y municipios financian directamente con las regalías u otros recursos.

EL HERALDO conoció que la Contraloría tiene documentado que algunos de estos contratos son asignados de manera directa o en licitaciones con un solo proponente y que los nombres de las fundaciones se difuminan a través de la conformación de consorcios y uniones temporales, permitiéndoles figurar en una gran cantidad de contratos.

Los cuestionamientos a los beneficios de estos programas han surgido tras la crisis humanitaria por falta de alimentos que sufren niños y adolescentes de la etnia wayuu de La Guajira: este año ya han muerto 14 pequeños por causas asociadas a la desnutrición; el año pasado fallecieron 37 y en 2014 las cifras oficiales reconocieron la muerte de 48.

Denuncias hechas por EL HERALDO y otros medios han dejado al descubierto que en estos programas existen reprochables fallas en el control estatal y deleznables actos de corrupción.

Abren proceso

En el auto de apertura 0006 del 9 de febrero de 2016 del proceso de responsabilidad fiscal 21-04-1071 la Contraloría inició un juicio por los aparentes sobrecostos que se habrían presentado en la compra de paquetes nutricionales para más de 5.000 niños desnutridos y en riesgo de desnutrición y madres gestantes y lactantes en La Jagua de Ibirico, Cesar.

En el auto se informa del proceso contra el exalcalde de La Jagua, Didier Lobo Chinchilla; a la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano integrante de la unión temporal Servicios Nutricionales Complementarios, representada legalmente por Marlene Esther Vásquez.

De esa unión temporal también forman parte Industrias Alimentos y Cathering Catalina SAS, representada por William Fajardo Rojas, y la Fundación para el Fomento de la Industria de Risaralda, Fundalimentos, representada por Mauricio Castillo Rodríguez, ambas incluidas en el proceso de responsabilidad fiscal.

La CGR revisa si los anteriores causaron un presunto daño patrimonial de $2.384 millones a través del contrato 340 del 3 de diciembre de 2012 por $15.295 millones, que debía ejecutarse en 18 meses, cuyo objeto era la "suplementación y complementación modalidad paquetes nutricionales para la recuperación de niños y niñas desnutridos y/o en riesgo de desnutrición y de madres gestantes o lactantes en la Jagua de Ibirico, Cesar".

Los beneficiarios de este contrato serían 854 bebés de 0 a 11 meses, 1.384 niños hasta los tres años, 1.140 pequeños mayores de tres años y menores de cinco años, 350 madres gestantes y 1.235 madres lactantes, para un total de 5.063 niños y madres.

Los sobrecostos

En su investigación, la Contraloría cotizó varios productos con almacenes de cadena, como harina, arroz, pastas, aceite, granos, etc., y encontró que los precios eran menores a los que pagó la Alcaldía en el contrato.

Esta situación "da lugar a establecer la existencia de un presunto detrimento al patrimonio del Estado" debido "a los sobrecostos en los precios de los elementos que conformaron los paquetes nutricionales", dice la CGR.

Además, constataron los auditores que las marcas entregadas a los beneficiarios "en su gran mayoría no son comercializados por los almacenes en cita, tenidos como referentes para determinar el costo de los paquetes nutricionales".

De igual manera, se cuestiona que la administración municipal omitió realizar la retención en la fuente correspondiente.
Inicialmente se evidenció un presunto detrimento por $3.026 millones, "hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal", pero tras "un estudio minucioso y detallado" el detrimento quedó fijado en $2.384 millones al descontar los gastos de legalización (pólizas), y en impuestos con ocasión del contrato.

Para la Contraloría son claras entonces las "falencias" del contrato en la planeación económica y el manejo general del recurso otorgado, además que no existió un estudio serio del que se hayan derivado el precio real de la canasta de alimentos y los costos directos e indirectos realizados por el municipio que "ahora se denota que bien podría haber salido más económico para la entidad contratante".

La Contraloría también identificó que la calidad de los productos suministrados por la unión temporal no fue la mejor, por lo que, además de los presuntos sobreprecios en que incurriría la administración local, "se hace necesario la vinculación de los contratistas".

Los cuestionados

El ente de control fiscal objeta la conducta del exalcalde Lobo ya que como ordenador del gasto tramitó la etapa precontractual en lo referente con los estudios previos del caso (04 de julio de 2012), avalando el esquema, condiciones, modalidad y valores allí establecidos, de los cuales se tiene el presunto sobrecosto, y adjudicó el contrato mediante un proceso de licitación pública con una única firma proponente.

Advierte que Lobo, como gestor fiscal, "adelantó un proceso licitatorio con una deficiente elaboración de los estudios previos de mercado, (…) que conllevaron a que se adquirieran unos elementos (kits de alimentos), por un mayor valor del real".

Asimismo, recrimina que la unión temporal (GERS, Catalina y Fundalimentos) "se benefició de manera irregular con la sobreestimación de lo presupuestado para el suministro de los kits de alimentos (…), o con un mayor valor pagado en cuanto a lo contratado vs. lo ejecutado", sobre todo por la mala calidad de los alimentos.

Y concluye sobre lo actuado por los contratistas que "se configura un posible enriquecimiento injusto en beneficio del contratista y en perjuicio del patrimonio público".

De esta forma, dispone la entidad escuchar la exposición libre y espontánea del exalcalde Didier Lobo, y los contratistas Marlene Vásquez, William Fajardo y Mauricio Castillo.

También la Contraloría vincula como terceros civilmente responsables a la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, al haber expedido la póliza de seguro de manejo global con el amparo de fallo con responsabilidad fiscal a favor de La Jagua; y a la Compañía de seguros Suramericana S.A., al haber expedido la póliza de cumplimiento entidad estatal con el amparo del cumplimiento del contrato a favor del municipio.

La CGR ordena "la investigación de bienes de las personas naturales y jurídicas vinculadas en este proceso de responsabilidad fiscal".

Este medio buscó a la representante de GERS para conocer un pronunciamiento al respecto, pero en su oficina dijeron que estaba fuera de Valledupar.

Los contratos de Gers

La Corporación Gestión del Recurso Social y Humano firmó por lo menos 23 contratos de alimentación escolar y suministros de kits alimentarios entre 2013 y 2015, por un valor superior a los $95 mil millones, ya sea de manera directa o a través de consorcios y uniones temporales en Maicao, La Guajira; Becerril, La Jagua de Ibirico, Chimichagua, El Paso y Valledupar, Cesar, así como en el departamento del Magdalena y en el municipio de Arauca.

Se trata de una ONG registrada en la Cámara de Comercio de Valledupar desde el 3 de agosto de 2002 como una entidad sin ánimo lucro y una vigencia hasta el 9 de octubre de 2044, NIT 824005257-8, con domicilio en la calle 23 No. 14-60 del barrio 12 de Octubre de la capital del Cesar. Son miembros principales de la junta directiva Alenys Patricia Castilla, Nora Alexandra Bejarano y Yeini Liliana Tamayo, con la suplencia de Yusselffy Ariza Calderón y José Miranda Rodríguez. La revisoría fiscal está a cargo de Solyira Rueda Ribón.

Según el certificado de registro, GERS reporta activos por $11.241 millones. Su nombre aparece mencionado en una serie de denuncias que hizo en septiembre pasado la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, sobre el ‘carrusel de la alimentación escolar' en el país y en las que dijo que la ONG se encuentra entre las firmas que contratan con entidades territoriales certificadas a partir de procesos de licitación con únicos proponentes, con los mismos de siempre y a través de ‘camuflajes', mediante la creación de consorcios y uniones temporales.

Entre las licitaciones con único proponente aparecen ocho contratos en el Cesar entre 2013 y 2015 por valor de $24 mil millones en los municipios antes mencionados; bajo la modalidad de los mismos de siempre con tres contratos en el mismo periodo en Arauca y Fortul por $3.800 millones; y en 2012 con La Jagua de Ibirico, por $2.200 millones-

Figura con contratos en Becerril, Cesar, en 2015 a través del consorcio Obed, integrado por GERS y la Fundación Sysdac, por $2.125 millones. Y en 2014 figura en un contrato con la unión temporal Alimentando El Futuro, integrada por la Fundación Entregando Semillas, Industrias Alimentando, Catering y GERS, por $1.900 millones; en La Jagua de Ibirico, en 2015, a través de una unión temporal conformada por la Fundación Sysdac y GERS; y en el municipio de Chiriguaná, en 2014, por medio del consorcio Porvenir, con un contrato de $3.324 millones.

De hecho, en las cartas que envió desde el 2 de marzo pasado el contralor Edgardo Maya Villazón al fiscal Eduardo Montealegre y al procurador Alejandro Ordóñez, trasladando el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal por el caso de La Jagua, les advierte que como "aspecto relevante para las investigaciones que se adelantan" en el ente de control fiscal reposa documentación "en la que se evidencia que GERS celebró con el municipio de Becerril, Cesar, los contratos 081 de 2013 y 062 de 2015, por cuantías de 9.721 y 5.362 millones de pesos, respectivamente, para la ejecución del programa de atención nutricional".
Igualmente, señala que con la misma entidad territorial para la operación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, suscribió los contratos 074 de 2013 por valor de $1.823 millones; 052 de 2014 por $1.898 millones y 054 de 2015 por $2.125 millones.

El Ministerio de Educación celebró el contrato 0201 de 2015 con GERS para implementar el Programa de Alimentación Escolar en el departamento del Magdalena por $13.882 millones.

Los mismos con las mismas

Coincidencialmente, la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios, con la que se suscribió el contrato en La Jagua, aparece para la fecha con la representación legal de Alyanis Castilla Córdoba, la misma que hoy hace parte de la junta directiva de GERS.

Igualmente, en el contrato de Chiriguaná, con el consorcio Porvenir, la representante legal resultó ser Marlene Esther Vásquez Guerrero.

De acuerdo con los señalamientos que hizo la senadora López, en el Caribe hay unas ocho corporaciones y fundaciones, incluyendo a GERS, que se llevan una gran tajada de $350 mil millones de los contratos estatales de alimentación infantil.

En Atlántico aparece la Unión Temporal Alimentar, conformada por la Fundación Enlace, Fundaenlace (representada por Alejandro Hernández) y la Cooperativa de Servicios Generales La Heroica, Cooseheroica (representada por David Camacho), con siete contratos por $12 mil millones en Atlántico, Cartagena y varios municipios de Bolívar. En Bolívar las denuncias apuntan a la Fundación Kábala, representada por María Araújo Noguera, con 12 contratos por $160 mil millones celebrados en este departamento, Cesar, Valledupar, Sincelejo y La Guajira.

En Córdoba figura, el Consorcio Córdoba Saludable, conformado por la Fundación Desarrollo Caribe, la Fundación Colombia Nueva y el Almacén El Trébol (representadas por Guido Roque y Gustavo Marín), y la Fundación Unidos por Colombia (representada por William Diz Berrío), con nueve contratos por $69 mil millones en territorio cordobés y en Sucre y Bolívar.

Lo que respondió Lobo

Luego de que se conocieran los resultados de la auditoría de la Contraloría, en la etapa previa al proceso fiscal, el entonces alcalde Lobo respondió que estaba "tranquilo" y dijo que los productos se adquirieron "después de un trabajo de campo y estudio de mercado".

"Soy muy respetuoso de los organismos de control y de las autoridades, ellos están haciendo su trabajo, y ahora viene una etapa de defensa donde presentaremos los soportes que tenemos para desvirtuar esos supuestos hallazgos", indicó en ese momento.

Y agregó el exmandatario que los costos están "amarrados" a algunas características, como la calidad del producto y al conocer los almacenes donde la Contraloría hizo sus cotizaciones: "este es un contrato cuyos precios están muy por debajo, incluso del 35%, con respecto a administraciones anteriores. Técnicamente vamos a demostrar que no hay sobrecostos en este proceso".

Las denuncias del ICBF

Desde el ICBF, con el que GERS tiene al menos cuatro contratos vigentes en Arauca, su directora, Cristina Plazas, reiteró a EL HERALDO las denuncias que ha venido haciendo sobre las "mafias" en la contratación de servicios de alimentación a niños, así como la labor de depuración que han venido llevando a cabo desde el ente rector de las políticas de infancia, aunque reconoció que es "muy difícil" identificar algunas de estas corporaciones corruptas porque cambian de nombre y mutan en uniones temporales para percibir recursos públicos en varias localidades a la vez.

"Desde que llegamos hemos dicho que la mafia en la prestación de los servicios a los niños es peor que el narcotráfico, porque la prestación de estos servicios en primera infancia es legal, y lograr descubrir el delito de todos estos operadores es mucho más difícil", advirtió Plazas.

La funcionaria describió varias modalidades de anomalías que han logrado identificar a través de las pesquisas internas que llevan. "Compran hojas de vida" para cumplir los requisitos de amplia experiencia que exige el Instituto en la contratación, pero en la operación contratan a cuidadores; también están los ‘niños fantasmas', es decir, que no existen; además, no están pagando los impuestos, porque solamente podemos contratar con entidades sin ánimo de lucro y estamos trabajando de la mano de la Dian ya que algunos operadores se están lucrando y deberían pagar los impuestos como si fueran una sociedad, además de tener que responder si hay fraude o algún tipo penal".

Sobre el modus operandi de las fundaciones que se camuflan para la contratación, Plazas afirmó que "estamos haciendo cruces de los representantes legales y miramos las personas que hacen parte de las sociedades, (…) y el trabajo que hacemos con la Dian y la Fiscalía consiste en que damos el nombre de la entidad y del representante legal, y se les hace un chequeo a las declaraciones de renta de los representantes".

Tras aclarar que "hay unos operadores muy buenos y no todos son corruptos", reconoció Plazas que "en el tema de la alimentación seguramente es donde más roban. Lo que hacen es no darle el alimento que dicen, el gramaje; no compran la comida con la calidad que debería tener. Esto lo que hemos identificado y presentamos denuncias en la Fiscalía, que creó un grupo que nosotros hemos venido capacitando al respecto".

Cómo enfrentan la "mafia"

La directora del ICBF, Cristina Plazas, explicó a EL HERALDO el modo en que han venido enfrentando estas "mafias" para desenmascararlas y llegar a erradicarlas de los programas para la niñez.

"El año pasado hicimos una evaluación de la operación y creamos un banco de oferentes, y con ellos contratamos esta vez; en Córdoba, La Guajira y Chocó los contratos se hicieron a cuatro meses para evaluar cómo va a la operación y si es necesario cambiar o no", indicó.

Frente al tema de los proveedores, señaló que en La Guajira hicieron una primera reunión con los operadores y les dijeron que tienen que registrar a los proveedores la próxima semana con el certificado de sanidad de la Secretaría de Salud, para asegurar que los lugares donde se están comprando los alimentos sean "aptos y de la mejor calidad".

Manifestó que están buscando la forma de "limpiar el tema de Primera Infancia, pero no es tan fácil y tan rápido, y a veces se ve como ineficiencia del ICBF, pero la operación es de $3 billones y es para 64 mil unidades de servicio".

¿Qué es la responsabilidad fiscal?
Es el paso que sigue a las auditorías de la Contraloría, aunque también se puede iniciar por denuncias de la ciudadanía o cuando las entidades vigiladas lo soliciten.

El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa, un daño al patrimonio del Estado.

El daño patrimonial al Estado es la lesión del patrimonio público representada en el menoscabo.

Fuente: El Heraldo.co - 13 de marzo de 2016