Al término de una Actuación Especial de la Contraloría General de la República, el organismo de control detectó un desorden administrativo total en la administración del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), respecto de los bienes incautados y que están a cargo del Estado.

La situación llega al punto de que, según la Contraloría, sólo se conoce el 26 por ciento de los bienes inmuebles que tienen medida o ya han sido extinguidos a las organizaciones delincuenciales, lo que genera excesivos costos de mantenimiento, pues muchos depositarios ni siquiera rinden cuentas a la entidad.

La Contraloría llamó la atención sobre el alto costo que representa el sostenimiento y mantenimiento de dichos bienes improductivos u obsoletos incautados y extinguidos sobre los cuales no se toman medidas de administración definitivas.

La auditoría

La Contraloría auditó la entrega de inventarios de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes a su nueva administradora (la SAE) y estableció que no se ha logrado un levantamiento final de inventarios.

Y concluyó que "no hubo una entrega real y material de los bienes", pues verificó que la entrega de los activos del Frisco "no correspondió a una entrega real y material de los bienes muebles e inmuebles, que incluyera una descripción del estado de cada uno de los negocios y su manejo operacional".

"Por el contrario –dice la Contraloría-, se trató de una entrega que no cumplió con lo que ordena la normatividad archivística y donde no se verificó el inventario transferido.

El proceso se limitó a la recepción de documentos y folios de matrícula inmobiliaria, a través de los aplicativos Matrix y Faro".

Fuente: El Colombiano - 08 de febrero de 2016