戻る

vanguardia.com: Así se pierde la plata pública en la pandemia

En esta época de cuarentena, mientras la mayoría de los ciudadanos permanece en casa para cuidar su salud, los organismos de control (las llamadas ‘ías’: Fiscalía, Procuraduría y Contraloría) tienen más trabajo que nunca.

 

En las últimas semanas, han tenido que afinar su olfato para identificar a los funcionarios que aprovechan para hacer de las suyas en medio de esta situación extraordinaria, que requiere de la ejecución de multimillonarios contratos para atender la emergencia.

Las tres entidades presentaron un informe conjunto de sus investigaciones, en el cual evidenciaron que en 26 de los 32 departamentos hay alertas sobre la posible destinación irregular de los recursos.

Sobrecostos, contratos a dedo, selección de contratistas que no tienen experiencia para la labor para la que fueron contratados y compras innecesarias son solo algunas de las modalidades en las que se pierde el dinero que debería estar destinado a la atención en salud y de las demás necesidades apremiantes de los colombianos más vulnerables.

Aunque se trata de investigaciones que aún están en curso, dejan en evidencia posibles malos manejos que ya dieron lugar a la apertura de investigaciones disciplinarias, penales y fiscales contra varios alcaldes y gobernadores. (ver Paréntesis)

En alimentación

Colombia está sumergida en una grave crisis alimentaria, porque muchos colombianos que viven del rebusque y de los trabajos informales se han quedado sin empleo o no han podido salir a ganar el sustento para evitar un posible contagio, por eso los gobiernos nacional y locales han puesto en marcha planes para garantizar la alimentación a los más necesitados.

Sin embargo, los contratos que son necesarios para llevar a cabo este plan se han convertido en muchos casos en fuente de irregularidades.

En Malambo (Atlántico), la Alcaldía celebró un convenio de $4.000 millones para entregar kits de mercados, en el que fueron halladas irregularidades.

En los dos contratos que la Alcaldía de Sincelejo (Sucre) celebró con la misma finalidad con las sociedades de Abastos y Fruver, por más de $1.000 millones, las 'ías' alertaron sobre un posible detrimento de más de $900 millones.

En Girón (Santander), la historia se repitió, el alcalde celebró dos “negocios jurídicos” por más de $3.400 millones con los que, inicialmente, buscaba adquirir alrededor de 1.200 kits de mercados para la población vulnerable. En un segundo convenio se pretendía favorecer a estudiantes de colegios distritales que hicieran parte del Programa de Alimentación Estudiantil (PAE), sin embargo, a juicio de las ‘ías’ en ambos pactos se habrían registrado sobrecostos para favorecer a terceros.

En Coveñas (Sucre), por su parte, las autoridades indagan lo sucedido con el suministro de 6.000 kits alimentarios que le costaron a la Alcaldía $1.206 millones. En este caso, lo que llama la atención es que se contrató a una fundación que tiene domicilio en otro departamento, sumado a que este a su vez tuvo que adquirir con un proveedor mayorista algunos productos que se encontraban dentro del kit.

Lo que indagan las 'ías' es el motivo por el cual se les cobró los productos de manera unitaria cuando estaba incluido en un a “todo costo” en los kits. Además de ello, hallaron irregularidades en los precios del transporte. Las cláusulas en este caso fueron cambiadas por la empresa contratista y fueron avaladas por los funcionarios.

En Chocó los más de 4.000 kits de mercados que estaban destinados para familias vulnerables de Quibdó, están bajo la lupa de las ‘ías’, pues tienen pruebas de que hay sobrecostos en el convenio que superó los $300 millones.

En Medellín también hallaron irregularidades en los paquetes que le entregarían a niños del PAE, lo que llamó la atención de los investigadores fue que los mercados que tendrían un costo real de entre $10.000 a $15.000, la administración los estaba pagando a $32.500. Por estos hechos indagan a funcionarios de la Secretaria de Educación.

Otra irregularidad hallada en Antioquia es que hay una entidad denominada Suministros Empresariales de Colombia, que firmó un convenio con la administración para la entrega de paquetes alimentarios. El nombre de la entidad generó incertidumbre en los órganos de control debido a que posiblemente su actividad económica no guarda relación con la distribución de la canasta familiar.

En salud

Aunque los elementos de salud, insumos sanitarios y equipos médicos son indispensables en esta época de emergencia, no se salvaron del detrimento.

La lupa la pusieron los órganos de control en la Gobernación del Valle del Cauca, donde hallaron sobrecostos en un contrato que tenía como objeto proveer elementos de protección y 100 camas hospitalarias por un valor de superior a los $15.132 millones. Dicho convenio fue adjudicado de manera directa y los costos no estarían acordes con la realidad.

Por los mismos sobrecostos en tapabocas, la Armada Nacional está en apuros. Una relación de costos emitidos por la Contraloría da cuenta que mientras la Policía Nacional compró este elemento de protección convencional en $750, la Armada lo hizo en $1.500. Por estos hechos tres uniformados y el representante legal de la empresa contratista son investigados.

Si bien las autoridades advirtieron que el sobrecosto de esos elementos ha aumentado considerablemente, incluso, para el ciudadano del común, los órganos de control han hecho un llamado para que no exista especulación y menos por parte de los contratistas.

Las ‘ías’ también advirtieron que el convenio celebrado por la Gobernación de Putumayo para adquirir 10 ambulancias, por más de $3.460 millones, careció de planeación.

Otro hecho que causó sorpresa es que en Doncello (Caquetá) la administración adoptó medidas extremas para evitar que las personas salieran a la calle: se trata de un formulario que le hicieron diligenciar a los lugareños indicando que si se llegaban a contagiar renunciaban a su derecho a la salud y a ser atendidos en un centro asistencial. Lo que llama la atención de los órganos de control es que con la firma los ciudadanos autorizaban la aplicación de la eutanasia en caso de ser un paciente terminal.

El formato, que lo denominaron “Para el ciudadano infractor”, según la administración municipal está destinado a los habitantes que violen la cuarentena.

 

Fuente: vanguardia.com - 26 de mayo de 2020