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eltiempo.com: La política carcelaria

El problema carcelario debe ocupar un lugar preponderante entre los temas de los candidatos.

 

Solo en una entidad con problemas tan serios como los que hoy afronta el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) puede darse el vergonzoso episodio que tuvo lugar el sábado pasado en la cárcel La Picota de Bogotá. Todo apunta a que un dragoneante, al parecer en estado de embriaguez, que departía con los internos les permitió a tres de ellos abandonar el penal para comprar licor. Dos de estos –uno de los cuales está condenado a una pena de 40 años por el delito de secuestro– no regresaron. Lo ocurrido podría quedarse, incluso, en calidad de anécdota –como también el caso del recluso que se fugó ayer de la cárcel de Bellavista, en Medellín, dejándoles una irónica nota de despedida a quienes lo cuidaban–, de no ser porque se trata de un síntoma más de un enfermo grave.

Sobra un nuevo diagnóstico del Inpec. Basta remitirse a lo divulgado este lunes por la Contraloría, que denuncia la exagerada cantidad de permisos sindicales al personal de custodia y vigilancia. Los 3.650 funcionarios del instituto que tienen fuero sindical –recordemos que este cuenta con 78 sindicatos– solicitaron en el 2016 permisos que, sumados, acumulan 112 años. La gran mayoría –el 85 por ciento– de los beneficiarios de tales pedidos forman parte del cuerpo de vigilancia y custodia. Es decir que su ausencia hace más vulnerables las cárceles. Vale anotar que se solicitan estas licencias no obstante un déficit de personal que, según ha dicho ese organismo, alcanza las 13.000 unidades.

De cara a semejante situación, es necesario que el problema carcelario, que no se limita a la crisis del Inpec ni es de ahora, ocupe un lugar preponderante entre los que deberán abordar los aspirantes a la presidencia.

"Tal vez lo primero que hay que exigir es una política con norte claro que contraste con los bandazos vistos en el último tiempo"

Es fundamental que los candidatos tengan una idea clara de qué hacer para disponer de un cuerpo de custodia de los establecimientos carcelarios del país libre del conjunto de males que hoy carcomen al instituto responsable del asunto.

Pero también se esperan de ellos propuestas de soluciones estructurales ante la crisis del sistema penitenciario nacional. Las cifras publicadas el lunes por este diario confirman, una vez más, que las cárceles no están cumpliendo con su misión de resocializar a los internos: la cantidad de detenidos reincidentes se duplicó desde el 2010. En medio de un hacinamiento que ronda el 45 por ciento, quienes ingresan a estos lugares perfeccionan con mucha frecuencia perversas destrezas que luego ponen en práctica al salir. No se pueden olvidar los problemas evidenciados en los últimos días con los brazaletes para vigilar a quienes gozan de detención domiciliaria, figura vista en su momento como una solución, pero que hoy es otro serio inconveniente más.

Tal vez lo primero que debe exigirse es una política con norte claro. Esto porque en el último tiempo han sido evidentes los bandazos en la materia: mientras que algunas entidades formulan valiosas iniciativas con miras a sancionar a los delincuentes sin involucrar reclusión intramural, desde otras, del mismo Estado y al mismo tiempo, se avanza en la dirección contraria: la de aumentar penas como respuesta inmediata a todos los desafíos que enfrenta el país en cuanto a seguridad urbana y orden público.

EDITORIAL

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