Boletines de Prensa - 2019

Contraloría verifica y hace seguimiento, con la ciudadanía, a construcción de escenarios deportivos de Juegos Nacionales y Paranacionales Bolívar 2019

COMUNICADO DE PRENSA No. 169

 

Cartagena, 13 de noviembre de 2019.- La Contraloría General de la República realiza hoy miércoles, previo a la entrega de los escenarios e inicio de los Juegos Nacionales y Paranacionales Bolívar 2019, una mesa de trabajo en el marco del Pacto por la Ética y la Transparencia, con el cual se ha venido realizando seguimiento con la ciudadanía a la eficiente ejecución de los recursos destinados a estas justas deportivas.

Al evento, que tiene lugar en la Casa de la Moneda de Cartagena, fueron convocados, junto a las veedurías ciudadanas, el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena; al Alcalde de Cartagena, Pedrito Tomás Pereira Caballero; y el Gobernador del departamento de Bolívar, Dumek Turbay Paz, con el fin de hacer seguimiento con la ciudadanía, en el marco del Control Fiscal Participativo, de la eficiente ejecución de los recursos destinados a estas justas deportivas.

“Esta es la cuarta Mesa de Seguimiento al Pacto por la Ética y la Transparencia para realización de Juegos Nacionales y Paranacionales Bolívar 2019, en la que la Contraloría realiza acompañamiento a la ciudadanía que se ha organizado a través de veedurías para realizar un Proceso de Control Fiscal Participativo a los recursos que se ejecutan en infraestructura y desarrollo para este evento deportivo. Hemos dicho y reiteramos que estos juegos deben ser para beneficio de los deportistas y su desarrollo en el alto rendimiento deportivo, por eso estamos trabajando de la mano de la ciudadanía y el control social, para que se utilicen de la mejor manera los recursos de todos los colombianos", indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

Los veedores ciudadanos, han venido contando con el acompañamiento de la Contraloría en la vigilancia de la inversión proyectada en el evento multideportivo del país más importante en categoría abierta.

“Este evento no solo congrega a los mejores atletas nacionales, sino también es el punto de partida y de preparación de los deportistas que nos representan en competiciones internacionales. Es por ello que la inversión superior a los $192 mil millones, que se entregará mañana 14 de noviembre, debe contar con el control social de la ciudadanía y la Contraloría como acompañante de la gestión social, para que los escenarios cumplan con las exigencias técnicas que permitan que los deportistas puedan tener su mejor desempeño”, dijo el Contralor Delegado.

Y agregó: “se está realizando una maratónica entrega de escenarios por parte del Gobierno Nacional, la alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar, por lo que la ciudadanía, de la mano de la Contraloría como organismo de control, le deben cumplir a cada uno de los deportistas y en general a todos los colombianos, en la labor vigilante de los recursos públicos, para que

De igual forma, Pineda Téllez recordó que, con el compromiso de la ciudadanía organizada, se conformó una veeduría que viene haciendo seguimiento y control social y fiscal sobre los millonarios recursos que deben invertirse para el desarrollo del evento deportivo.

Publicado el 13 נוב 2019 10:00


8 hallazgos fiscales por $69.507 millones encontró la Contraloría en proyectos financiados con regalías, en Córdoba

COMUNICADO DE PRENSA No. 168

 

  • Preocupan pagos por millonarios contratos de investigación que no fueron ejecutados y deficiencias en la calidad de obras de escenarios deportivos que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios.

 

Bogotá, 7 de noviembre de 2019.- Con 14 hallazgos administrativos, de los cuales 13 tienen presunta connotación disciplinaria, 2 posible incidencia penal y 8 una probable implicación fiscal por $69.507 millones de pesos, concluyó la Actuación Especial de Fiscalización que realizó la Contraloría General de la República, durante el primer semestre de 2019, a los proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en el Departamento de Córdoba.

Estos recursos fueron ejecutados por la Gobernación de Córdoba y las alcaldías de Cotorra, Planeta Rica, San Bernardo y Ciénaga de Oro.

En total se analizaron doce proyectos por $ 378.154 millones de pesos, de los cuales $300.449 millones corresponden a recursos del Sistema General de Regalías.

Los proyectos de la muestra auditada pertenecen a los subsectores de Agricultura y Desarrollo Rural, Transporte - Red Urbana, Transporte - Vial Red Terciaria, Ciencia y Tecnología e Innovación, Agua Potable y Saneamiento Básico, y Cultura.

Sector Ciencia y Tecnología comprometido por contratos pagados y no ejecutados

Uno de los proyectos destacados en el informe es el de “Investigación sobre el corredor agroecológico caribeño (Córdoba – La Guajira) en la cuenca del rio Sinú, departamento de Córdoba”.

Para la ejecución de este proyecto, la Gobernación de Córdoba firmó en el 2013 un convenio de cooperación con la Corporación Áreas Naturales Protegidas y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal- CONIF, por un valor total de $51.118 millones de pesos, de los cuales $50.548 millones corresponden a recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías (SGR) asignados al departamento de Córdoba.

El objeto del convenio era el desarrollo de un estudio para potencializar el corredor agroecológico de la cuenca del río Sinú. Sin embargo, se encontró que la anterior Gobernación había realizado unos desembolsos por alrededor de $29 mil millones de pesos sin que se hubiera ejecutado ninguna actividad del proyecto. Por esta razón, el convenio fue liquidado unilateralmente por la Gobernación de Córdoba a mediados del año 2017.

Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización, el organismo de control presentó un hallazgo fiscal por valor de $45.083 millones de pesos, que incluyen el hallazgo de $3.428 millones correspondientes al valor de la interventoría del convenio, ejecutada por la Universidad Francisco José de Caldas, por no cumplir debidamente sus funciones y obligaciones, al autorizar desembolsos sin que se ejecutaran las actividades del objeto contractual.

Por otro lado, se destaca también un hallazgo con incidencia fiscal por valor de $9.628 millones de pesos, por irregularidades en el manejo de los recursos del estado en el proyecto de “Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en ciencia, tecnología, e innovación a través de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en los tics en el departamento de Córdoba”, por valor de $46.431 millones de pesos, de los cuales, $42.503 pertenecen al Sistema General de Regalías. Es de destacar la importancia del rol del interventor en este proyecto, pues las irregularidades causales del hallazgo, fueron advertidas por éste a la Contraloría.

Para el desarrollo del proyecto, se firmó en diciembre del 2013 el convenio especial de cooperación entre la Gobernación de Córdoba y la Corporación Unificada de Educación Superior, que presenta a la fecha, según los auditores, irregularidades relacionadas con los pagos de actividades no contempladas dentro del contrato, saldos sin comprometer, giros de dineros por presuntos conceptos injustificados, no soportados y no ejecutados, e intermediación innecesaria del convenio especial de cooperación.

Escenarios deportivos con fallas estructurales

En el informe de la CGR, llaman la atención dos proyectos relacionados con la construcción de escenarios deportivos en los municipios de Planeta Rica y Cotorra, por tratarse de obras de infraestructura de gran cuantía que se encuentran con un porcentaje de ejecución física y financiera del 100%, ya han sido entregadas, pero presentan gran deterioro y fallas estructurales que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios.

En el caso de Planeta Rica, la CGR configuró dos hallazgos administrativos con presunta incidencia fiscal. Uno de ellos, por valor de $1.701 millones de pesos, por el proyecto “Construcción y adecuación de la unidad deportiva local etapa I”, de $9.173 millones de pesos.

El otro hallazgo, de $765 millones, tiene que ver con el mismo complejo deportivo, por el proyecto “…para la construcción de obras complementarias del estadio de fútbol y obras de urbanismo de la unidad deportiva”, de un valor de $3.859 millones de pesos.

En ambos casos, se determinó que los productos entregados presentan deficiencias en la calidad y el diseño de la obra, que impiden cumplir plenamente su finalidad y hacer uso de la totalidad de la infraestructura.

En el caso del municipio de Cotorra, el objeto del proyecto era “Mejorar las condiciones para la práctica del deporte (…) mediante la construcción de un estadio y un bioparque”, por un valor total de $6.331 millones de pesos.

Sin embargo, en su análisis, la CGR encontró deficiencias en la calidad de la obra, obras sin funcionamiento e incompletas, pago de valores diferentes a lo contratado, y un deficiente desempeño de la interventoría, por lo que configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por valor de $4.054 millones de pesos.

Proyecto agroforestal fallido

Finalmente, destaca un hallazgo fiscal por valor de $5.511 millones de pesos, correspondientes a los pagos realizados por la Gobernación de Córdoba al contratista del proyecto “Aplicación, aislamiento y mantenimiento de sistemas agroforestales como estrategia para la regulación hídrica, conservación de suelos y mejorar la productividad de regiones deprimidas del departamento de Córdoba”. El proyecto fue aprobado en el año 2013, por un valor total de $6.725 millones de pesos, financiados en su totalidad con fondos del Sistema General de Regalías.

El objetivo final era la regulación hídrica, conservación de suelos y mejoramiento de la productividad de regiones deprimidas del Departamento de Córdoba, mediante la implementación de parcelas productivas de cacao, plátano y árboles maderables, para brindar a los pequeños agricultores un medio seguro de subsistencia.

Sin embargo, en el análisis realizado por la CGR se encontraron fallas en la planeación, estructuración y aplicación del proceso constructivo de los sistemas agroforestales, que derivó en la ausencia de producción y, por tanto, no se cumplió con la finalidad del proyecto.

Publicado el 07 נוב 2019 19:00


A $15,6 billones llegó el saldo sin ejecutar del Sistema General de Regalías, a diciembre de 2018

COMUNICADO DE PRENSA No. 167

 

  • Esta situación constituye el indicador de eficiencia más crítico del SGR.
  • 5 departamentos tienen el mayor porcentaje de recursos pendientes por ejecutar: Sucre, Atlántico, Risaralda, Vaupés y San Andrés.

 

Bogotá, 5 de noviembre de 2019.- En $15,6 billones de pesos calculó la Contraloría General de la República el saldo de recursos del Sistema General de Regalías que quedó sin ejecutar a diciembre de 2018, lo que representa el 54% de los recursos disponibles del SGR para el bienio 2017-2018.

De esa suma, un poco más de $9,7 billones quedaron en las cuentas bancarias de las entidades territoriales y $5,9 billones en el Tesoro Nacional, es decir en comparación con años anteriores, aumentaron los saldos en la cuenta del Tesoro Nacional, esto como consecuencia de la modificación en la política de giro establecida a partir del 01 de enero de 2017 a través del Decreto 2190 de 28 de diciembre de 2016, por el cual se decretó el  Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2017-2018.

La contratación directa representa el 28%  y los procesos de concurso (licitaciones y concurso de méritos el 71%. Según un análisis realizado por la Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías de una muestra de contratos por valor de $12.8 billones, el 64,8%, es decir $8.3 billones se realizan con un único oferente.

Distribución de la contratación según modalidades 2012 a 2018 (Cifras en millones de pesos y porcentajes)

A diciembre de 2018 había más de mil contratos del Sistema General de Regalías suspendidos, por valor de $1,8 billones. Estos contratos hacen parte de 942 proyectos que ascienden a $2,8 billones, equivalentes al 28% de los proyectos en ejecución.

Esto quiere decir que estos proyectos estarían en riesgo para culminar su ejecución, pues los contratos fueron suspendidos.

Valor y porcentaje de recursos de regalías en riesgo por contratos suspendidos a diciembre de 2018 (Cifras en millones de pesos)

Ejecución por departamentos

Como se observa en el siguiente gráfico, la información por departamentos muestra que Norte de Santander, Guaviare, Vichada, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Guainía, Casanare y Arauca presentan la ejecución más alta, con porcentajes entre el 52% y el 62%.

En contraste, 18 departamentos están por debajo del 45%, dentro de los cuales Sucre, Atlántico, Risaralda y Vaupés son los más críticos (por debajo del 30%).

Transporte y educación principales sectores de inversión

La tendencia en el último año se mantiene en cuanto a los sectores hacia donde se dirige la inversión de los recursos de regalías.

Los sectores con mayor inversión desde el año 2012 a diciembre de 2018: son Transporte/vías (4.919 proyectos; $14,2 billones), Educación (1.530 proyectos; $4,6 billones), Agua Potable y Saneamiento Básico (1.144 proyectos; $2,4 billones), Vivienda (1.357 proyectos; $2,2 billones) y cultura (1.763 proyectos; 2 billones).

Persisten riesgos de dispersión de los recursos

La evaluación realizada por la CGR indica que siguen presentes los riesgos de dispersión de los recursos de regalías.

El valor promedio de los proyectos es bastante bajo, en el caso de los OCAD Municipales ($1.030 millones) y en los OCAD Departamentales ($3.170 millones).

Los promedios son más altos en los proyectos que se aprueban a través de los OCAD Regionales y en el OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Hallazgos fiscales por $1,4 billones, entre 2015 a septiembre de 2019

Los riesgos de corrupción, de baja calidad de los bienes y servicios contratados, así como las debilidades en los procesos de planeación y en la ejecución de los proyectos, se ponen de manifiesto en los procesos auditores que realiza la CGR. En efecto, las auditorías arrojaron hallazgos fiscales que afectan los sectores de agua potable y saneamiento básico, transporte y educación.

Publicado el 05 נוב 2019 11:00


Con 55 hallazgos fiscales por $11.399 millones, concluyó control fiscal a convenios suscritos por Coldeportes entre 2015 y 2018, para infraestructura deportiva

Audiolectura

COMUNICADO DE PRENSA No. 166

 

  • Se determinaron en total de 257 hallazgos administrativos, 55 de ellos con incidencia fiscal por detrimento al patrimonio público, 180 con posible connotación disciplinaria y uno penal.
  • La Contraloría encontró obras sin uso, escenarios deportivos que requieren de obras adicionales para ponerlo en uso y baja calidad de algunas entregadas por los contratistas.
  • Se evidenciaron 14 proyectos de 562 revisados (2,5%), sin ningún avance de obra.
  • Conclusiones del ejercicio de control fiscal realizado a más de 1000 convenios suscritos por Coldeportes para las vigencias 2011 a 2017 (ejecutados o liquidados entre 2015 y 2018), para la construcción de infraestructura deportiva.
  • La supervisión y seguimiento a la ejecución de estas obras de infraestructura deportiva por parte de Coldeportes ha sido insuficiente y ha conllevado a incumplimientos de algunos contratistas.
  • Parte de las irregularidades encontradas en la ejecución de los convenios y contratos de obra, se dan por debilidades en materia de planeación, como la falta de estudios y diseños completos de los proyectos de infraestructura.
  • Falta también compromiso de las entidades territoriales para mantener y sostener los escenarios deportivos, algunos de los cuales son abandonados al ser culminados.
  • De 405 obras terminadas (incluyendo las liquidadas), la CGR encontró 391 en uso por parte de la comunidad.
  • El valor total de los convenios suscritos por Coldeportes es $1.8 billones, de los cuales, esta entidad aportó la suma de $1.6 billones, valor que representa el 89% de los recursos destinados para la infraestructura deportiva en todo el país.
  • La Actuación Especial de Fiscalización de la CGR se adelantó en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Cundinamarca (incluido Bogotá, D.C.), Chocó, La Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
  • Gracias al ejercicio de control fiscal realizado por la Contraloría General de la República, se lograron obtener beneficios de auditoria por $640 millones los cuales se lograron ajustar

 

Bogotá, 1 de noviembre de 2019.- Un total de 55 hallazgos fiscales por $11.399 millones de pesos encontró la Contraloría General de la República en la Actuación Especial de Fiscalización que realizó en el primer semestre de 2019, a partir de una denuncia presentada en su momento por el entonces director de Coldeportes y hoy ministro del Deporte, Ernesto Lucena, sobre las inversiones en infraestructura deportiva realizadas por esta entidad desde 2015 hasta 2018.

Para este efecto, el organismo de control puso su lupa desde febrero a la inversión de más de $1.6 billones aportados en este período por Coldeportes a distintas entidades territoriales, a través de convenios suscritos con las mismas, que sumaban $1.8 billones.

Los escenarios deportivos financiados con esos recursos fueron objeto de visitas especiales por parte de un equipo de expertos auditores de la CGR.

De los 1059 convenios suscritos por Coldeportes, por la suma de $1.8 billones, fueron evaluados por la Contraloría 548 ejecutados en 304 municipios del país, revisando la inversión de $959 mil millones aportados por esta entidad estatal.

Se revisó la ejecución de los recursos invertidos en infraestructura deportiva en Bogotá Distrito Capital y los departamentos de: Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Guajira, Huila, Nariño, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Tolima, Quindío, Santander y Valle del Cauca.

En el ejercicio de control fiscal que se adelantó en Bogotá D.C., se incluyó la revisión de 3 convenios interadministrativos suscritos entre Coldeportes y Fonade, Findeter y la Federación Colombiana de Fútbol, respectivamente.

En total la Contraloría General determinó la configuración de 257 hallazgos administrativos de los cuales 180 tienen presunta connotación disciplinaria, 55 tienen incidencia fiscal por $11.399.947.373,76, uno presunta connotación penal y en uno se solicitará el inicio de Indagación Preliminar-

Tres hallazgos tienen solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio y otros 6 tienen otras incidencias.

Situaciones detectadas

Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización realizada a Coldeportes, durante las vigencias 2015 al 2018, la CGR considera que la ejecución de los recursos invertidos en infraestructura deportiva, en el período evaluado, cumple parcialmente con los principios de igualdad, moralidad, eficacia economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, y en términos generales con la normatividad legal vigente en materia contable, financiera y contractual, teniendo en cuenta que:

*Se evidencian deficiencias en los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y control.

*En los casos en que las cuentas bancarias generaron rendimientos financieros, fue generalizado que los entes territoriales no realizaran la devolución al Tesoro Nacional de estos recursos, tal como lo estipulaban los convenios respectivos; en algunos municipios la devolución se hacía de manera parcial, y otros están esperando la etapa de liquidación del convenio para realizarla.

*Se advierte debilidad en la planeación de los proyectos de infraestructura deportiva.

*Se detectaron proyectos de obra contratados por los municipios, pero incompletos en su documentación técnica (estudios y diseños). Lo anterior, a pesar que Coldeportes surte una etapa de viabilización técnica de los proyectos que los municipios le presentan para cofinanciar.

La Contraloría determinó que la supervisión y seguimiento a la ejecución de estas obras de infraestructura deportiva por parte de Coldeportes no es suficiente, toda vez que se le asigna a un profesional la supervisión simultánea de una gran cantidad de convenios, lo que denota que se presente una debilidad en el seguimiento, la vigilancia y el control de la ejecución de los recursos que aporta Coldeportes. Lo anterior conlleva a que se presenten incumplimientos por parte de los contratistas y/o firmantes de los convenios de las obligaciones contraídas.

Falta de planeación afecta la ejecución de las obras

Se evidenció, igualmente, que parte de las irregularidades encontradas en la ejecución de los convenios y contratos de obras derivados, se dieron debido a que se presentaron debilidades en la planeación.

Antes de que las entidades territoriales iniciaran con los procesos de selección no se contaba con los estudios y diseños completos de los proyectos de infraestructura, lo cual origina que las obras no se ejecuten en los tiempos establecidos en los convenios y contratos de obra, poniendo en riesgo la inversión de los recursos y afectando a la comunidad, pues no se logra el disfrute de las obras.

Esta falta de planeación hace además que, una vez terminadas las obras, no se cuenta con un compromiso por parte del ente territorial en el mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura deportiva y/o recreativa, el cual es un compromiso que adquiere tanto el municipio como Coldeportes, al ser este un requisito previo para acceder a los recursos de la Nación.

Adicionalmente, se evidenció abandono de las obras una vez son culminadas, lo que no garantiza la preservación y condiciones en buen estado de los escenarios deportivos construidos, generando el deterioro progresivo de las obras y dificultando la prestación eficiente y con calidad de estos.

En resumen, algunas de principales situaciones encontradas por la CGR son:

*Obras sin uso.

*Escenarios deportivos que requieren de obras adicionales para ponerlo en uso

*Baja calidad de algunas obras entregadas por los contratistas, que, en distintos niveles de afectación, dificultan el uso por parte de la población y limitan la durabilidad de las mismas.

*Se evidenciaron 14 proyectos de 562 revisados (2,5%), sin ningún avance de obra.

*Coldeportes le asigna a un profesional la supervisión simultánea de una gran cantidad de convenios.

*Coldeportes evidencia debilidad en el seguimiento, la vigilancia y el control de la ejecución de los recursos que aporta en los convenios que celebra con los municipios.

*Incongruencia y falencia en la definición de los tiempos de la interventoría de las obras.

*Ausencia de mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura deportiva y/o recreativa.

*Abandono y falta de mantenimiento general por parte de Coldeportes y las entidades territoriales, que permita preservar en las mejores condiciones los escenarios deportivos construidos, generando con ello el deterioro progresivo de las obras y dificultando la prestación eficiente y con calidad de los escenarios deportivos.

Publicado el 01 נוב 2019 11:15


Diagnóstico al PAE evidencia falta de recursos, deficiencias en dotación de restaurantes, así como problemas de calidad

COMUNICADO DE PRENSA No. 165

 

  • El diagnóstico del Programa de Alimentación Escolar (PAE) fue realizado por la Contraloría General de la República, conjuntamente con la Universidad Nacional y la Red Universitaria Anticorrupción  -RedUVA.
  • Cambios al PAE proponen el organismo de control y las comunidades educativas de los departamentos que fueron objeto de este diagnóstico.
  • Los recursos son insuficientes para la cobertura total del programa durante el año escolar.
  • Los menús no se adecuan a las costumbres y culturas de cada región.
  • Conclusiones completas del documento de diagnóstico, por ejes temáticos.
  • La Contraloría activó la Red Nacional de Contralores Estudiantiles, que aspira a convertirse en un apoyo fundamental al seguimiento puntual que hace el organismo de control a la ejecución del PAE en las distintas regiones del país.

 

Bogotá, 29 de octubre de 2019.-La Contraloría General de la República, a través de la estrategia de Participación Ciudadana denominada “Control Fiscal Participativo”, entregó este martes las conclusiones del diagnóstico realizado, junto a la Universidad Nacional y la Red Universitaria Anticorrupción – RedUVA al Programa de Alimentación Escolar PAE en 31 municipios de 10 departamentos del país, donde se detectó que:

En un 37% la infraestructura de comedores es insuficiente, existe deficiencia en la dotación de los restaurantes y hay falta de seguimiento del programa

En un 35% no se cumplen los estándares de calidad, los insumos son insuficientes por parte de los operadores y los menús no cuentan con particularidades socioculturales y médicas de los niños.
En 18% se detectaron irregularidades en contratación y pagos, los operadores incumplen las condiciones de los contratos y existen deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control.
En un 6% se identificó insuficiencia de recursos para la adecuada operación del programa
Y en 4% no hay cobertura para 100% de los estudiantes durante el año escolar.

El documento se entregó al Ministerio de Educación Nacional, para que en el marco del proyecto de resolución por la que se busca modificar los lineamientos técnicos – administrativos, los estándares y condiciones mínimas del PAE, se convierta en insumo de la proyección del nuevo Programa de Alimentación Escolar y Política Nacional de Alimentación Escolar.

El diagnóstico se realizó a través de mesas de diálogo, visitas de campo y encuestas, así como la recolección de la percepción de la comunidad estudiantil, los gestores del programa, operadores, interventores, órganos de control y expertos de la academia.

Y se desarrolló en Amazonas, Bolívar, Chocó, Cundinamarca, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Quindío, San Andrés, Vichada y Bogotá.

El análisis evaluó el Programa de Alimentación Escolar (PAE) desde cuatro ejes temáticos establecidos en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: calidad e inocuidad, cobertura y financiamiento, gestión territorial y transparencia; detectando como principales problemáticas que:

  • Los recursos son insuficientes para la cobertura total del programa durante el año escolar.
  • Los menús no se adecuan a las costumbres y culturas de cada región.
  • No se promueve el control social durante los procesos de contratación del PAE.
  • Existe deficiencia en la infraestructura de los restaurantes escolares y su dotación.

“Luego de intervenciones previas con las comunidades educativas que mostraron falencias reiterativas del programa de alimentación escolar, se priorizó para el año 2019 una evaluación estructural con la ciudadanía al programa. Así nació este diagnóstico, que hace parte de la estrategia denominada Control Fiscal Participativo, con la cual la Contraloría General de la República, vincula a la ciudadanía en la gestión y vigilancia a los recursos públicos, que para este caso se realiza a los procesos de administración pública del PAE”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

Conclusiones y recomendaciones del diagnóstico al PAE por ejes temáticos
 

1.     Calidad e Inocuidad

Problemáticas encontradas

Las problemáticas que más se destacaron por sus características de riesgo para una buena implementación de la calidad e inocuidad de los alimentos en el PAE y que preocuparon a la comunidad participante son, la entrega de insumos insuficientes por parte del operador (63%), los complementos alimentarios que no cumplen condiciones de calidad y porciones estandarizadas (57%), los menús que no tienen en cuenta particularidades médicas y socioculturales de los niños (50%), la inconformidad con las raciones y/o minutas establecidas en los lineamientos del MEN (42%), los víveres e insumos que no cumplen con condiciones de calidad (36%) y desperdicios de comida (29%) y por último, la inadecuada organización de horarios para el consumo de los complementos alimentarios con un 16%.

  • Complementos alimentarios que no cumplen condiciones de calidad y porciones estandarizadas.
  • Inadecuada organización de horarios para el consumo de los complementos alimentarios.
  • Inconformidad con las raciones y/o minutas establecidas en los lineamientos del MEN.
  • Desperdicios de comida (especialmente verduras)
  • Menús que no tienen en cuenta particularidades médicas y socioculturales de los niños.
  • Los menús no incorporan alimentos producidos en la región.
  • Falta de conocimiento, apropiación y seguimiento del programa por parte de los distintos actores.
  • Comportamientos y conductas inapropiadas en el comedor por parte de los diferentes actores.
  • Entrega de insumos insuficientes por parte del operador (elementos de aseo y dotación del personal manipulador)
  • Fallas en la capacitación y cualificación del personal manipulador de alimentos.
  • Número insuficiente de manipuladores de alimentos asignado por el operador.
  • Víveres e insumos que no cumplen con condiciones de calidad.


Recomendaciones

El diagnóstico recomienda principalmente crear planes alimenticios que consideren la cultura de los departamentos:

  • Mejorar la calidad de los alimentos y el agua
  • Se deben generar planes alimenticios que consideren las diferentes culturas en los departamentos del país.
  • Se deben fortalecer las estrategias de vigilancia sanitaria por parte de los operadores del programa.
  • Se debe capacitar a los integrantes de la cadena de producción (manipuladoras, bodegueros, proveedores, etc) en buenas prácticas de manufactura - BPM y técnicas culinarias
  • Es importante considerar la contratación de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.
  • Se recomienda constituir veedurías al PAE por parte de estudiantes y profesores
  • Se debe fortalecer el conocimiento técnico en nutrición por parte de todos los actores involucrados en el PAE
  • Se evidenció la necesidad de generar políticas y leyes que garanticen la reducción del desperdicio de comida.
  • Se deben analizar los casos en los que los estudiantes tienen dietas especiales.

Se debe revisar particularmente el ciclo de minutas con enfoque diferencial en los municipios, por la heterogeneidad intercultural de algunos de los departamentos. Para ello se recomienda observar el comportamiento de consumo de la ración y escuchar las opiniones de los usuarios.

Ahora que se sancionó la ley 1990 de 2019, que crea la política de para prevenir la pérdida y desperdicio de alimentos se requiere crear estrategias desde el MEN y las entidades territoriales para mitigar el desperdicio de verduras, que es el grupo de alimentos que menos consumen los escolares del PAE.

Se requiere analizar los casos en donde se requieran menús terapéuticos para la población que cuente con diagnósticos médicos. Igualmente, aquellos niños que han realizado transición a dietas veganas o vegetarianas o por motivos de credo.

Aunque desde los pliegos de condiciones para contratar el PAE ya se han incorporado acciones de compras locales agroalimentarias se requiere hacer ajustes a la normativa nacional de contratación pública para incluir las cadenas productivas cortas de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Para ello también se requiere analizar la reglamentación técnica para este sector productivo, por lo que se requiere estudiar los temas de estándares de calidad alimentaria.

Los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos ETA identificados en diferentes operaciones del PAE en el país indican que se debe fortalecer las estrategias de vigilancia en salud pública en las entidades territoriales certificadas y no certificadas; aunque la responsabilidad sanitaria inicial recae en el operador del programa; por lo que se requiere establecer multas y sanciones, para glosar la factura cuando se confirme la enfermedad, de acuerdo al protocolo del Instituto Nacional de Salud –INS. 

2.     Cobertura y financiamiento

Problemáticas encontradas

Los recursos son insuficientes para garantizar la adecuada operación del programa. Por ejemplo, la mayoría de los ETC afirman que los recursos son insuficientes para cubrir lo que demanda la implementación adecuada del programa a lo largo de todo el periodo escolar. El PAE tiene problemas especialmente con los escolares de jornada única, los escolares de comunidades étnicas, aquellos en situación de discapacidad, los que han sido víctimas del conflicto armado y que se encuentran cursando preescolar. Situación que se ve agravada por fallas en el proceso de planeación, incluida la contratación del PAE, lo que se ha traducido en años anteriores en un inicio tardío del programa. 

Se evidencia que a niveles similares de cobertura, los costos promedio por estudiantes son muy distintos. De esta forma, si entre departamentos o ETC colindantes se asociaran para brindarle alimentación escolar a todos sus estudiantes, podrían aprovechar las economías de escala y con los mismos recursos aumentar la cobertura. Por ejemplo, si Huila se asocia con Tolima podría bajar su costo promedio de $2.630 a $1.739, con lo que lograría alimentar durante 171 días a todos los estudiantes huilenses.

Recomendaciones orientadas a avanzar aceleradamente hacia la cobertura universal

Los expertos recomiendan que las metas se expresen en términos de cobertura efectiva: En el Nuevo PAE se anuncia como meta de cobertura aumentar el número de beneficiarios de los 5.387.504 con los que se finalizó en 2018 a 7.000.000 millones. En sentido estricto, esta no es una meta de cobertura pues no se hace referencia al universo poblacional que se pretende cubrir. Por esta razón expertos recomendaron que las metas se formulen en términos de cobertura efectiva

Definir de forma prioritaria metas de cobertura universal sobre los segmentos de estudiantes prioritariamente focalizados: Esto implica que antes que aspirar a la cobertura de todos los matriculados oficiales, hay que garantizar que los grupos más vulnerables nutricionalmente y más propensos a la deserción escolar sean los primeros receptores del PAE.
 
Recomendaciones orientadas a aumentar la eficiencia del presupuesto destinado al PAE

Promover la asociación de ETC para reducir los costos promedio de servicio por estudiante beneficiario: Los expertos evidenciaron que hay un potencial de ahorro significativo de recursos si los ETC se asocian.

Aumentar la proporción de recursos canalizados por medio del SGR y el SGP: El propósito de reducir los costos promedio por estudiante es que los ahorros se traduzcan en mejoras de cobertura o calidad. Por ello hay que garantizar la trazabilidad de todos los recursos hacia estos propósitos. En esta medida, hay que privilegiar una participación creciente en la bolsa de recursos de aquellas fuentes mejor auditadas y controladas, como es el caso del Sistema General de Regalías (SGR) y el Sistema General de Participaciones (SGP).

Poner la información pública del PAE a disposición de la ciudadanía: En particular se refieren los expertos a la publicación oportuna de los informes trimestrales del PAE en la página web del Ministerio, así como la base de datos con la que fue construido dicho informe.

Recomendaciones orientadas a incrementar la concurrencia de fuentes de financiamiento

Invitar al sector privado y a los agricultores rurales a vincularse solidariamente al PAE: El sector privado y las cooperativas solo han sido vistos como potenciales operadores del programa. Sin embargo, por medio de programas de Responsabilidad Social Empresarial y estrategias de innovación social, estos pueden contribuir a la reducción de los costos de operación del PAE.

Fomentar la asociación con organismos multilaterales para la transferencia de conocimiento y recursos financieros: El Programa Mundial de Alimentos y el Banco Mundial se han asociado con el fin de mejorar la cobertura y calidad de los programas de alimentación escolar, que a nivel mundial alimentan a más de 350 millones de niños y en Latinoamérica a más de 80 millones de niños. La cooperación entre el gobierno nacional, organizaciones multilaterales pueden hacer que Colombia obtenga asistencia técnica a partir de casos de éxito de otros países.

3.     Gestión Territorial

Problemáticas encontradas

La infraestructura de comedores escolares deficiente (102%), la deficiencia en la dotación de equipos de cocina, utensilios y menaje (92%), la falta de conocimiento, apropiación y seguimiento del programa por parte de los distintos actores (42%), los hábitos alimenticios inadecuados, las debilidades en la capacidad institucional para atender el programa (8%) y por último con un 6% varias problemáticas como, la contratación no oportunidad del operador para la prestación del servicio, las dificultades para prestar el servicio en zonas dispersas o alejadas y las fallas en la focalización de titulares de derecho.

  • Centralización del programa.
  • Dificultades en la atención de niños migrantes.
  • Dificultades para prestar el servicio en zonas dispersas o alejadas.
  • Disminución en la asignación de recursos para el PAE.
  • Fallas en la focalización de titulares de derecho.
  • Pocos recursos asignados al ente territorial.
  • Transferencia de recursos del ente territorial para bolsa común PAE.
  • Víveres e insumos que no cumplen con condiciones de calidad.
  • No existen controles de los beneficiarios del Programa.
  • Menús que no se adecúan al contexto cultural y  costumbres.
  • La no prestación oportuna, deficiencia o falta de garantía de los servicios públicos.
  • Infraestructura de comedores escolares deficiente y sin restaurante.
  • Inconformidad con cantidad de manipuladores establecida en lineamientos del MEN.
  • Inadecuada organización de horarios para el consumo de los complementos alimentarios.
  • Comportamientos y conductas inapropiadas en el comedor por parte de los diferentes actores.
  • Debilidades en la articulación del ETC con los Entes Territoriales no certificados.
  • Debilidades en la capacidad institucional para atender el programa.
  • Deficiencias en el mantenimiento y dotación de equipos de cocina, utensilios y menaje.
  • Fallas en la planeación del programa.
  • Hábitos alimenticios inadecuados.
  • Contratación no oportuna del operador para la prestación del servicio.
  • Falta de conocimiento, apropiación y seguimiento del programa por parte de los distintos actores.
  • Falta de continuidad del Programa.
  • Inseguridad en las instituciones educativas, ocasionando robo de los elementos del restaurante.
  • La comunidad educativa no conoce el PAE.

Recomendaciones

La deficiente infraestructura de establecimientos escolares y comedores o restaurantes-cocinas para la implementación del PAE, debe ser superada por el MEN y el Departamento de Planeación Nacional –DPN- en el país. Para acelerar el cumplimiento, se requiere de una Política Pública de Alimentación Escolar en Colombia.

En cuanto a la infraestructura, esta no solo debe tener un alcance frente a la estructura física de los colegios sino de la dotación de equipos, menaje y todos los elementos necesarios para una puesta en marcha exitosa para la producción de alimentación.

El PAE debe mejorar su articulación con otras entidades públicas con alcance en salud, desarrollo social y agrícola, participando en mesas intersectoriales, para fortalecer las acciones propias del programa. 

Se deben contratar las interventorías al mismo tiempo del inicio de la ejecución del contrato PAE, como una medida de transparencia de la actividad contractual y para realizar paralelamente las acciones de supervisión y control del programa, de esta manera evitar desviaciones al proceso de suministro.

4.     Transparencia

Problemáticas encontradas

Irregularidades en la contratación de ecónomas        

  • Falta de garantías laborales.
  • No se les paga en los tiempos establecidos a los empleados.
  • No se les dan las garantías prestacionales.
  • En las relaciones laborales, no median contratos escritos.
  • No las afilian al ARL o seguridad social.
  • Información de contratos incompletos.
  • Remuneraciones económicas inferiores al salario mínimo a los empleados.
  • Inexistencia de lineamientos sobre remuneraciones o tipo de contratos del Ministerio de Educación.
  • Extensas jornadas laborales de 10 horas que no son remuneradas como se deben.

Operadores que no cumplen condiciones de operación del programa

  • Los operadores desconocen los contextos de los municipios en donde se presta el servicio.
  • Existe incumplimiento constante del operador en múltiples aspectos que se desarrollan en esta lista.
  • El operador tiene serias deficiencias en cuanto: 1. Materiales, 2. Equipos de transporte para el alimento, 3. Dotación para las cocinas.
  • Entregan los alimentos en mal estado o con fechas vencidas.
  • El no pago de la nómina, en especial a las ecónomas y a los transportistas.  
  • Falta de un horario específico para la entrega de los alimentos.
  • No se entregan los insumos necesarios para el aseo y manipulación de alimentos.
  • No se cuenta con el personal suficiente para desarrollar la actividad pertinente.
  • En cuanto a servicios básicos, el gas es escaso y muchas veces no es suficiente para la cantidad de niños a quienes se les presta el servicio.
  • La contratación no tiene garantías suficientes que obliguen al operador a cumplir con sus obligaciones.

Deficiencias en mecanismos de control y seguimiento

  • Las interventorías y los contratos del PAE no inician de forma simultánea.
  • Las planillas de los cursos no se alinean con el SIMAT y por ende existe desorden en los cursos.
  • Existen pocos medios para hacer control ciudadano.
  • Mala comunicación entre el operador y la comunidad educativa.
  • Los docentes son veedores, pero no están capacitados para serlo.

Dificultades relacionadas con la contratación del operador

  • No existe un manual de contratación para el PAE.
  • No se contempla un estudio de costos que permitan la ejecución adecuada del contrato.
  • Corrupción en procesos licitatorios. Donde el sancionado cambia su representante legal y su razón social para volver a participar en el proceso licitatorio. 
  • Operadores poco idóneos y sin experiencias por falta de los lineamientos, mencionados al inicio.

Compras locales mínimas o inexistentes

  • No se consumen productos de la región.
  • El operador no compra en el mercado local.
  • La compra de alimentos está centralizada a Bogotá en su mayoría.

Jornadas únicas irreales o deficientes

  • Colegios reportan que su funcionamiento se da por jornadas únicas que no existen.

Inconsistencias datos SIMAT

  • No es consistente el número de estudiantes en el colegio con los datos del SIMAT

El PAE no cumple con las expectativas de la población beneficiaria

  • No existe supervisión al PAE por parte de los veedores por lo que en lugares como Quibdó el PAE no cumple las necesidades de sus habitantes.

Recomendaciones

Para la Red Universitaria Anticorrupción -RedUVA es necesario que las Secretarías de Educación municipales se vinculen con la agencia Colombia Compra Eficiente (CCE), por medio de Instrumentos de Agregación de Demanda (IAD). Esto permite que se eliminen costos de transacción, se disminuya la modalidad de contratación de compra directa. Al tiempo permite que se incremente la competencia y pluralidad en la oferta de bienes y servicios y, se fomente la transparencia durante el proceso licitatorio y la centralización de la demanda de alimentos en un sólo lugar.

Frente al incumplimiento constante de los operadores, también recomienda que las entidades contratantes implementen cláusulas sancionatorias en cada una de las actividades que realiza el contratista diferentes a las establecidas en la ley, tales como: aplicación de descuentos a los pagos destinados a los operadores y restricción de su postulación en próximas contrataciones a través de los informes del ejercicio de supervisión y/o interventoría realizado por las entidades competentes.

Para mejorar el cumplimiento y controlar el sistema logístico y productivo dentro del programa, se necesita la presencia de supervisores municipales en cada uno de los procesos. Los cuales, deberían realizar registros de entrega y recepción de los alimentos en cada una de las instituciones educativas, a su vez del peso neto de los productos, la supervisión de entregas mediante cámaras dentro de los vehículos o llevar registros de trazabilidad por medio de plataformas digitales.

En materia de ejecución del PAE, los directivos de los colegios deben establecer canales de comunicación directa con los operadores del programa para reportar de forma anticipada cambios en la jornada estudiantil o actividades extracurriculares. Con el propósito de coordinar de una manera más eficiente la entrega de mayor o menor cantidad de refrigerios, su contenido y su forma de presentación para finalmente, realizar los ajustes necesarios en los pagos por la prestación de estos servicios eventuales.

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Publicado el 29 אוק 2019 17:00