Boletines de Prensa - 2019

La deuda pública colombiana se incrementó en $60,66 billones

COMUNICADO DE PRENSA No. 146

 

  • Contraloría reveló balance de las finanzas públicas en 2018.
  • El saldo de la deuda pública como porcentaje del PIB mostró un importante incremento en 2018, alcanzando el 59,0%.
  • Este aumento se presentó pese a los esfuerzos de ajuste fiscal que llevaron el déficit del Gobierno Nacional de 3,70% al 3,10% del PIB (cumpliendo con la meta establecida en la Regla Fiscal).
  • La devaluación fue uno de los factores que más impactó el saldo de la deuda.
  • También aumentó en 2018 el déficit fiscal consolidado, pasando de 2.52% del PIB en 2017 ($23,23 billones) al 2,99 del PIB en 2018 ($29,21 billones).
  • Le fue bien al Sistema General de Regalías, que presentó un superávit de $5,69 billones en 2018, resultado de un mayor recaudo de ingresos dado el repunte de los precios del petróleo.
  • Se mantiene la baja ejecución de los recursos de regalías. En 2018 fue equivalente al 53%.
  • La CGR emitió Opinión No Razonable sobre la Cuenta General del Presupuesto y el Tesoro 2018.
  • Así mismo el organismo de control emitió Opinión Negativa sobre el Balance General de la Nación de la vigencia 2018, al establecer (en sus auditorías financieras) incorrecciones totales por $79,1 billones, equivalentes al 12,7% del total de activos.
  • Estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros de la Nación.
  • Y en su Auditoría al Balance General de la Hacienda Pública, la CGR emitió opinión con salvedades.

 

Bogotá, 30 de septiembre de 2019.- En un acto académico que tuvo lugar hoy en el Auditorio Principal de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, la Contraloría General de la República dio a conocer sus informes sobre la situación de las finanzas públicas en la vigencia 2018, donde se destaca el incremento de la deuda en $60,66 billones, al pasar de $516,59 billones de pesos en 2017 (56,6% del PIB) a $576,9 billones (o sea el 59,0% del PIB).

La variación de la deuda pública, la mayor de los últimos 15 años,  estuvo determinada principalmente por el comportamiento de la deuda del Gobierno Nacional,  que registró un aumento de $59,35 billones

El endeudamiento de las entidades públicas del nivel nacional alcanzó $527,92 billones (54,0% del PIB) y las del nivel territorial $48,97 billones (5,0% del PIB).El Gobierno Nacional Central (GNC) es el mayor prestatario, al registrar un saldo de $468,86 billones (47,9% del PIB).

Las entidades territoriales con mayor endeudamiento fueron: en departamentos: Antioquia y Cundinamarca, en capitales: Barranquilla y Medellín, y en municipios no capitales: Barrancabermeja y Rionegro.

En cuanto a empresas, la mayor deuda la tiene Ecopetrol ($32,93 billones). Le sigue EPM ($13,40 billones).

Otro resultado importante es que: hubo un mayor déficit fiscal, comparado con las vigencias anteriores.

El balance de las finanzas públicas de Colombia durante 2018 arrojó un déficit consolidado mayor, comparado con las vigencias anteriores (pasó de 2,52% en 2017 a 2,99% del PIB), lo que representa un incremento de 0,47 puntos porcentuales.

Mientras en 2017 el déficit del Sector Público Consolidado fue de $23,81 billones, en la vigencia pasada (2018) llegó a $29,21 billones.

Llama también la atención el superávit de $5,69 billones que registró el Sistema General de Regalías.

Y en cuanto a la lupa que pone la Contraloría General de la República a la ejecución del Presupuesto General de la Nación, es destacar que el máximo organismo fiscalizador de las finanzas públicas emitió Opinión Negativa sobre la razonabilidad del Presupuesto de la vigencia 2018.

Uno de los fundamentos para esta Opinión Negativa es que se constituyeron reservas presupuestales por $10,58 billones para el pago del servicio de la deuda de la vigencia 2019 con apropiaciones de la vigencia 2018, con base en la autorización dada en el artículo 28 de la Ley 1940 de 2018 (Ley de Presupuesto 2019), vulnerándose el principio de anualidad establecido en el artículo 14 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

De resaltar también que, debido a las incorrecciones que detectó en sus auditorías financieras, la CGR emitió un dictamen negativo sobre el Balance General de la Nación de  la vigencia 2018.

Como resultado de las auditorias se establecieron incorrecciones totales por $79,1 billones equivalentes al 12,7% del total de activos, que llevaron a concluir que estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados financieros.

En cuanto a la Auditoría al Balance General de la Hacienda Pública (o del Sector Público), a 31 de diciembre de 2018, preparado por la Contaduría General de la Nación, la CGR emitió Opinión con Salvedades, con efecto material no generalizado, en estos términos:

“…el Balance General Consolidado del Sector Público a 31 de diciembre de 2018, junto con sus estados de actividad financiera, económica, social y ambiental, y de cambios en el patrimonio y sus correspondientes notas, es razonable salvo por: los hallazgos individuales; los hallazgos derivados de la aplicación de la normatividad contable vigente para las entidades públicas que no permiten evidenciar la realidad financiera en la actualización, revelación del pasivo pensional de las entidades responsables; el valor de los saldos de operaciones recíprocas por conciliar y el valor de las cuentas afectadas por imposibilidades” 

ADJUNTO:

Resumen Ejecutivo de cada uno de los informes sobre el comportamiento de las finanzas públicas en 2018 que entregó oportunamente al Congreso de la República el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, y que hoy se dieron a conocer en un acto académico que tuvo lugar en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá (en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas).

 

SITUACIÓN DE LAS FINANZAS

 

  • El balance de las finanzas públicas de Colombia durante 2018 arrojó un déficit consolidado mayor comparado con las vigencias anteriores pasando de 2,52% en 2017 a 2,99 del PIB.
  • El Gobierno Nacional Central (GNC) redujo su déficit gracias al crecimiento de los ingresos tributarios y de procesos de ajuste en el gasto, mientras que algunos sectores (como los gobiernos centrales territoriales) aumentaron su déficit en la vigencia 2018. Esto hizo que se detuviera la reducción del déficit del SPC que venía desde 2016.
  • El balance fiscal del Sector Público Consolidado en 2018 fue deficitario en $29,21 billones (2,99% del PIB), con un incremento de 0,47 puntos porcentuales frente al presentado en 2017.
  • El GNC registró para 2018 un balance fiscal deficitario de $30 billones, equivalente a 3,1% del PIB. Este resultado, inferior en 60 puntos básicos frente al registrado en 2017 (-3,7% del PIB), se dio como resultado de la combinación de dos factores: el crecimiento de los ingresos (2,5%) y una reducción del 0,2% presentada en el gasto.
  • Los Establecimientos Públicos Nacionales obtuvieron en 2018 un superávit de $3,48 billones (0,4% del PIB), que significó un incremento de $0,54 billones (0,36% del PIB) frente a 2017.
  • Los gobiernos territoriales (29 capitales, 31 departamentos y 983 municipios no capitales) registraron en 2018 un déficit de $3,28 billones (0,34% del PIB). Este resultado surgió de la suma del déficit originado en los recursos diferentes al SGR de los gobiernos centrales territoriales ($4,32 billones, equivalentes al 0,44% del PIB) y del superávit de $1,04 billones de los recursos del SGR que se giraron a las administraciones territoriales.
  • El sector de seguridad social registró en 2018 un superávit de $1,58 billones (0,16% del PIB), al cual contribuyó mayoritariamente el subsector de pensiones (pensiones, $1,25 billones: salud, $40,41 mil millones y riesgos laborales, $281,97 mil millones). Este resultado mostró que el sector tuvo el mismo comportamiento positivo del año anterior, aunque en una cuantía tres veces menor (superávit 2017: $5,99 billones).
  • El SGR presentó un superávit de $5,69 billones en 2018, resultado de un mayor recaudo de ingresos dado el repunte de los precios del petróleo. Los ingresos totales por $12,10 billones y gastos totales por $6,41 billones mostraron variación positiva del 67% y 49% respecto a 2017. La ejecución de recursos equivalente al 53% significó que en 2018 se mantuvo la tendencia de baja ejecución.

 

SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 

 

  • La deuda del sector pública colombiano para 2018 fue $576,9 billones de pesos, equivalentes al 59% del Producto Interno Bruto.
  • $527.92 billones corresponden al nivel nacional, de éstos el Gobierno Nacional Central participó con $468.86 billones (47,9% del PIB) y empresas nacionales $57,06 billones.
  • La devaluación fue uno de los factores que más impactó el saldo de la deuda pública.  En la deuda de todo el sector público se aumentó $16,77 billones, de los cuales solo en el Gobierno Nacional Central el aumento fue $11,75 billones.
  • La deuda en las empresas, la mayor es de Ecopetrol que concentra $32,93 billones, seguida por EPM $13,40 billones.
  • La deuda de los gobiernos centrales territoriales fue de $13,05 billones, 1,3% del PIB. Las entidades con mayor endeudamiento fueron: en departamentos: Antioquia y Cundinamarca, en capitales: Barranquilla y Medellín, y en municipios no capitales: Barrancabermeja y Rionegro.

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y EL TESORO 2018

 

  • Presupuesto aprobado por Ley $235,55 billones, reducciones $2,29 billones, cierre de la vigencia en $233,26 billones.
  • Recaudo en efectivo fue $219,92 billones
  • En el gasto:
    • Compromisos $227 billones
    • Obligaron $204,4 billones
    • Pagaron $203,6 billones
    • Se constituyeron reservas por $22,6 billones y cuentas por pagar $0,7 billones

 

OPINION: No razonable

 

FUNDAMENTO

  • Constitución de reservas presupuestales por $10,58 billones para el pago del servicio de la deuda de la vigencia 2019 con apropiaciones de la vigencia 2018, con base en la autorización dada en el artículo 28 de la Ley 1940 de 2018 (Ley de Presupuesto 2019), vulnerándose el principio de anualidad establecido en el artículo 14 del EOP.
  • Constitución de reservas presupuestales por $2,90 billones que correspondían a cuentas por pagar a las cuales no se les sitúo PAC.
  • En diciembre de 2018, ingresaron a la Tesorería $2,21 billones de Foncontin y $2,45 billones de fiducias, recursos que aparecen registrados contablemente como ingresos de Tesorería, pero que de registrarse como préstamos (financiamiento).
  • Incorrecciones por $4,51 billones, resultados de las auditorías realizadas por la CGR.
  • La CGR no refrendó reservas presupuestales por 0,86 billones.

 

AUDITORÍA AL BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN

Y AL BALANCE GENERAL DE LA HACIENDA PÚBLICA

 

Auditoría al Balance General de la Nación

 

  • Activos agregados de la Nación $840 billones
  • Muestra de 104 de 356 entidades del orden nacional, lo que representó una cobertura del 89,1% de los activos agregados.
  • Hallazgos por $79 billones, 12,7% de los activos consolidados de la Nación que fueron $623 billones.
  • Opinión negativa por efecto material y generalizado.
  • Efecto aplicación nuevo marco normativo: Disminución del patrimonio $167 billones.

 

Auditoría al Balance General de la Hacienda Pública

 

  • Activos agregados de la Hacienda Pública $1736 billones.
  • Muestra de 547 de 3.754 entidades del sector público, lo que representó una cobertura del 70,6% de los activos agregados.
  • Hallazgos por $101 billones, 7.3% de los activos consolidados del sector público que fueron $1.372 billones.
  • Opinión con salvedades con efecto material no generalizado.
  • Efecto aplicación nuevo marco normativo: Aumento del patrimonio $7 billones.

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Publicado el 30 ספט 2019 18:00


Espaldarazo de organización mundial de contralores al nuevo modelo de control fiscal que aplicará la CGR

COMUNICADO DE PRENSA No. 145

 

  • Emplear análisis de datos y herramientas de inteligencia artificial, tal como lo pregona el Contralor Carlos Felipe órdoba y quedó plasmado en la recién aprobada reforma al Régimen de Control Fiscal, recomendó la declaración final del XXIII Congreso Internacional de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
  • En el evento, que tuvo como sede Moscú, intervino el Contralor e insistió precisamente en la necesidad de incorporar la tecnología como herramienta fundamental para desarrollar los procesos de auditoría, recomendación que quedó consignada en la declaración que suscribieron las delegaciones de los más de 170 países asistentes a este Congreso.

 

Bogotá, 29 de septiembre de 2019.- Representantes de la organización mundial que agrupa a las entidades fiscalizadoras superiores (Contralorías, Cortes, Tribunales de Cuentas y órganos similares en todos los continentes) aprobaron en Moscú, donde se reunieron esta semana, una declaración conjunta que impulsa el empleo de análisis de datos y herramientas de inteligencia artificial en el trabajo auditor, tal como lo planteó allí mismo el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

En el punto 8 de la Declaración Final del XXIII Congreso Internacional de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), se convino en la necesidad de “nutrir a los auditores del futuro que puedan emplear análisis de datos y herramientas de inteligencia artificial, métodos cualitativos avanzados, mejorar la innovación y actuar como actores estratégicos, intercambiadores de conocimiento y productores de previsión”.

Justamente, al hablar previamente en este Congreso, ante sus colegas del mundo, el Contralor Córdoba Larrarte insistió en la necesidad de incorporar la tecnología como herramienta fundamental para desarrollar los procesos de auditoría, lo cual contribuiría a la claridad conceptual y mayor objetividad en los resultados de la vigilancia fiscal.

“Es necesario que el BIG DATA sea incorporado en todas las auditorías de nuestras naciones, pero adicionalmente de eso que la Inteligencia artificial y todo el componente tecnológico sea la ayuda básica para nuestros auditores en el día a día, con claridad conceptual para la objetividad en cada una de nuestras auditorías. Eso nos va ayudar mucho en la vigilancia en línea y en tiempo real de los recursos de los objetivos de desarrollo para todos nuestros países y efectivamente en que los recursos de quienes más los necesitan lleguen efectivamente”, enfatizó el Contralor.

Alerta oportuna de riesgos

Otro tema sobre el cual hace énfasis la recién aprobada reforma al control fiscal, al dar vía libre al control concomitante y preventivo (en tiempo real), es poder alertar oportunamente sobre riesgos o daños inminentes al patrimonio público, y las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) coincidieron en señalar, en esta misma declaración, en su punto 7, que “la gestión de riesgos debería convertirse en una práctica de gestión regular de las EFS”.

Para la INTOSAI, “Las EFS pueden ampliar el enfoque en (a) identificar áreas de riesgo de interés internacional y sensibilización sobre los riesgos; (b) la necesidad de gestionar riesgos sistémicos en el gobierno, además de operativos, empresariales y otros riesgos de una entidad”.

La declaración final agrega al respecto: “Se alienta a las EFS a adoptar una visión de alto nivel de los objetivos de su gobierno, identificar riesgos significativos y sistémicos para la entrega de resultados, y proporcionar recomendaciones sobre cómo se pueden mitigar estos riesgos”.

Alcances del BIG DATA

Durante su intervención ante el Congreso de INTOSAI, el Contralor Córdoba Larrarte habló de los alcances que tiene el BIG DATA en los procesos de vigilancia fiscal, indicando que no se trata de vulnerar la privacidad de nadie sino de hacer búsquedas a partir de parámetros que permitan prender las alarmas.

“La información no va en contra de ningún derecho a la privacidad de nadie, porque no vamos efectivamente en contra de una sola persona, ni se están haciendo búsquedas selectivas. Son los patrones de búsqueda objetivos los que eficientemente nos están mostrando las alertas y es fundamental que decididamente podamos todas las naciones vincularnos en este propósito”.

Por último, Córdoba Larrarte hizo un llamado a sus pares internacionales para que estos cambios que se están generando se puedan concretar. 

Temas y participantes del Congreso de la INTOSAI

EFS del mundo entero se reunieron en la Manege en Moscú, para participar desde el miércoles 25 hasta el viernes 27 de septiembre en el XXIII Congreso Internacional de la INTOSAI, que reúne las Entidades Fiscalizadoras Superiores de 194 países.

Los participantes del Congreso discutieron el papel de las EFS para lograr las metas y prioridades nacionales. público.

El Congreso Internacional de la INTOSAI tiene lugar cada tres años y es el órgano supremo de esta organización.

Al Congreso realizado en Moscú asistieron delegaciones de unos 170 países – miembros de la INTOSAI, expertos en el campo de la administración pública y de economía, representantes de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, de la OCDE y de otras organizaciones.

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Publicado el 29 ספט 2019 18:00


Con 12 compromisos, se buscará que no se pierdan recursos para reactivación de obras de la Central de Urgencias del Hospital Universitario de Santander

COMUNICADO DE PRENSA No. 144

 

  • Los compromisos se suscribieron en la Mesa de Diálogo Compromiso Colombia, que realizó la Contraloría General de la República atendiendo el llamado de la ciudadanía, dados los retrasos para la reactivación del proyecto.
  • Con el cumplimiento efectivo de los compromisos pactados en la mesa Compromiso Colombia, se espera que el proyecto pueda salir de la suspensión en la que se encuentra y surtir todos los trámites para su viabilización.

 

Bucaramanga, 26 de septiembre de 2019.- Como resultado de la Mesa de Diálogo Ciudadano realizada ayer miércoles en la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en Santander, que se desarrolló a través de la estrategia de Control Fiscal Participativo "Compromiso Colombia", el Ministerio de Salud, el Departamento Nacional de Planeación DNP, la Gobernación de Santander y las directivas del Hospital Universitario de Santander, concretaron 12 compromisos con los que se espera sacar de la suspensión actual la construcción de la Central de Urgencias y surtir todos los trámites para la viabilización del proyecto y las condiciones especiales de giro de los recursos para culminar la obra.

La mesa de diálogo que realizó la Contraloría General de la República por las preocupaciones manifestadas por la veeduría ciudadana, permitió generar un cronograma de trabajo y con ello agilizar los trámites necesarios para la viabilización del proyecto, que cuenta con un avance físico de obra del 60.86 % y un avance financiero del  79,19 %, con lo que se evitaría que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que tiene el contrato No 530 del 31 de diciembre de 2013 por $ 9.717.033.638, venza al culminar el año 2019.

“El compromiso es sacar adelante el proyecto, acompañando a la ciudadanía ”

“Este proyecto se contrató en el 2013, con un plazo de ejecución de 6 meses, y actualmente tiene medida de suspensión de giros por parte del DNP debido a fallas en la planeación, modificaciones normativas, mayores cantidades de obra y obras no incluidas. La construcción busca mejorar la prestación del servicio de salud no solo en el departamento de Santander, sino de toda una región y el país, puesto que, al brindar red de servicios de salud de primer nivel, atiende población de todo el nororiente colombiano. Es por ello, que la Contraloría a través de Compromiso Colombia facilita el encuentro de todo los que tienen competencia, para sacar adelante el proyecto”, explicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

Igualmente agregó: “En este momento con los recursos existentes del contrato 530 de 2013, no se culmina la obra como inicialmente se planeó. De los $ 9.717 millones se encuentran suspendidos $1.900 millones que tiene la Gobernación de Santander, y requiere de la autorización del DNP para ser girados. Con esos recursos -explicó la Gerencia del Hospital a la ciudadanía- se culminará el 70% de las obras, por lo que se requieren $3.000 millones pesos, para la celebración del proceso contractual que busca la culminación total de la obra, el cual ya cuenta con un proyecto para ser viabilizados”.

La Contraloría acompañará a la comunidad y las veedurías en todos los procesos a fin de que se cumplan los tiempos y compromisos para culminar la obra y se garanticen los derechos de la ciudadanía.

Compromisos asumidos

Entre los compromisos asumidos en la Mesa de Diálogo, se destacan que el Hospital Universitario de Santander y la Secretaria Departamental de Salud revisarán y actualizarán la información del proyecto Central Urgencias en aplicativo Gesproy, máximo el 7 de octubre, teniendo en cuenta los requerimientos del Departamento Nacional de Planeación.

Por su parte el Ministerio de Salud realizará una Mesa de Trabajo en Bogotá el próximo 1 de octubre, en la que se revisará el proyecto con la justificación y todos los soportes de mayores y menores cantidades de obra, y de ser necesario, se efectuarán los ajustes pertinentes. Al encuentro asistirán las entidades participantes en el proyecto ya mencionadas.

De otra parte, el Ministerio de Salud se comprometió a que, una vez celebrada la Mesa de Trabajo en Bogotá y realizadas las correcciones pertinentes, el 9 de octubre emitirá Concepto Técnico al proyecto Central Urgencias.

Seguidamente, la gerencia del Hospital Universitario de Santander radicará la solicitud ante el Departamento Nacional de Planeación de condiciones especiales de giro en un tiempo no mayor al 24 de octubre de 2019, y el DNP, en máximo 30 días calendario a partir de la radicación, dará respuesta.

Una vez el proyecto cuente con la viabilidad, la Gobernación de Santander adelantará la publicación del proceso licitatorio, al tiempo que la Gerencia del Hospital se comprometió con la ciudadanía que a partir del reinicio del contrato 530, entregará en seis meses el 70% de la meta inicial de la Central de Urgencias. Para el caso del contrato adicional para la finalización del proyecto, es decir del 30% restante, se comprometió a culminar la obra en seis meses desde de la firma del Acta de Inicio.

Finalmente, los asistentes establecieron celebrar una nueva Mesa de Diálogo Ciudadano, que permita desarrollar la problemática del proyecto Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Universitario de Santander, para realizar compromisos que permitan a llevar a feliz término el proyecto que busca beneficiar a aproximadamente 13 mil personas.

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Publicado el 26 ספט 2019 16:15


Contraloría encontró daño patrimonial de $2.523 millones, por fallas constructivas, de control y planeación en la “Ciudadela del Saber”, en Puerto Lleras (Meta)

COMUNICADO DE PRENSA No. 143

 

  • La obra, contratada durante la administración del exgobernador del Meta Alan Jara, se convirtió en un “elefante blanco”, pues ha caído en desuso y abandono, no presta ningún servicio a la comunidad y ha sido objeto de vandalismo.

 

Bogotá, 26 de septiembre de 2019.- La Contraloría General de la República encontró irregularidades por un total de $2.523 millones de pesos en la ejecución de los contratos de obra e interventoría, con los cuales la administración del exgobernador del Meta Alan Jara Urzola puso en marcha la construcción de la “Ciudadela del Saber”, en el municipio de Puerto Lleras.

Si bien el contrato de obra (número 116 de 2014) fue ejecutado dentro del tiempo establecido y sin exceder el presupuesto original, visitas de inspección adelantadas por los auditores de la Contraloría General de la República permitieron identificar graves y generalizadas deficiencias constructivas, empezando por problemas de humedad y filtraciones que han causado daños a acabados como el cielo raso y los pisos, especialmente en la zona del auditorio.

De acuerdo a lo establecido por los funcionarios de los organismos de control, como consecuencia de la exagerada humedad que se presenta al interior de la edificación, producto de la mala calidad de los procesos constructivos y de los errores de planeación, esta Ciudadela del Saber se encuentra en estado de abandono.

Es así como todos los elementos de mobiliario que se adquirieron para su dotación y funcionamiento fueron retirados, en procura de salvaguardarlos de las malas condiciones reinantes.

Esta situación ha hecho que el edificio se encuentre actualmente en estado de abandono, que no preste ninguna utilidad para la comunidad y que su uso, en procura de alcanzar los objetivos trazados para el proyecto, no sea posible, circunstancia que ha permitido el vandalismo, provocando además consecuencias como pérdida de cableado eléctrico, de la bomba para instalaciones hidraúlicas y de láminas de policarbonato.

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la Contraloría General de la República calculó en $2.336 millones de pesos el daño patrimonial causado por la mala calidad en los trabajos ejecutados en el marco de este contrato de obra.

Errores de planeación

Según explicó el Contralor Delegado Intersectorial de la Unidad de Regalías, José Antonio Soto, las deficiencias constructivas detectadas tienen como causa errores en la planeación, así como en los procesos constructivos, al igual que deficiencias en las labores de verificación y control durante la ejecución de la obra contratada. “La deficiente calidad de los trabajos ejecutados es inobjetable ya que éstos pueden apreciarse a simple vista”, indicó.

El contrato de obra No. 116 de 2014 cuestionado por la CGR, fue suscrito entre la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) y la Union Temporal Ciudadela Puerto Lleras 2014, con el objeto de construir la Ciudadela del Saber en el municipio de Puerto Lleras, proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías por la suma de $2.336 millones. El plazo pactado fue de 10 meses constados a partir de la suscripción del acta de inicio, lo que ocurrió el 27 de octubre de 2014.

Daño patrimonial por falta de control de la interventoría

También es objeto de reproche fiscal el contrato de interventoría No. 130 de 2014, suscrito entre la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) y la Unión Temporal Nueva Sede Gobernación del Meta, el cual tiene por objeto realizar Control mediante Interventoría técnica legal, administrativa financiera y ambiental al mejoramiento y construcción etapa 2 de la nueva sede administrativa de la Gobernación del Meta, incluye Flor Amarillo, Asamblea y parqueaderos en el Municipio de Villavicencio; al igual que la Ciudadela del Saber, en el Municipio de Puerto Lleras, entre otras obras.

Dadas las condiciones de calidad de los trabajos ejecutados en el marco del contrato No. 116 de 2014, se evidencia que el seguimiento y control que se debía efectuar en el marco del contrato No. 130 del 2014 fue inefectivo, provocando el detrimento patrimonial señalado; situación que genera un nuevo detrimento, esta vez por un valor de $186 millones 929 mil pesos, suma que corresponde al valor porcentual equivalente al proyecto de la Ciudadela del Saber pagado hasta la fecha al interventor.

Con lo anterior, se tiene que el daño total causado al patrimonio público por la ejecución de estos contratos que fueran suscritos durante la Administración del exgobernador del Meta Alan Jara Urzola, se eleva a la suma de $2.523 millones:

 

 

CONTRATO

DETRIMENTO RECURSOS SGR

Contrato de obra No. 013 de 2015

 $                           2.336.123.114,00

Contrato de interventoría No. 130 de 2014

 $                              186.929.460,40

Total

 $                           2.523.052.574,40

 

 

 

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Publicado el 26 ספט 2019 11:50


Además de denuncias de corrupción en su adjudicación: Alcantarillado de Carmen de Bolívar está atrasado y no se culminará en la fecha prevista

COMUNICADO DE PRENSA No. 142

 

  • Así lo manifestó el Contralor (E), Ricardo Rodríguez Yee tras realizar una inspección física a las líneas de instalación de la tubería, la planta de tratamiento y demás obras del proyecto.
  • “Vamos a revisar cómo se realizó la contratación y las condiciones de las ofertas que se presentaron para adelantar este proyecto”, anunció.

 

El Carmen de Bolívar (Bolívar).- 25 de septiembre de 2019.- El Contralor General de la República (E), Ricardo Rodríguez Yee, realizó hoy una inspección a las obras de construcción del alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de El Carmen de Bolívar, y dijo al término de esta visita que el proyecto tiene un rezago cercano al 10 por ciento, no se va a entregar en la fecha prevista y no tiene quien lo opere.

Indicó que, para evaluar las denuncias de posible corrupción en su adjudicación, el organismo de control ha empezado a revisar las condiciones jurídicas, técnicas y económicas de las 8 ofertas que recibió Aguas de Bolívar para adelantar esta contratación.

“Vamos a verificar todas las condiciones de los pagos que se hayan efectuado, viendo si están reflejados en la obra”, agregó.

El contrato de construcción del alcantarillado sanitario del municipio de El Carmen de Bolívar tiene un valor de $56 mil millones y recientemente fue adicionado en $19 mil millones.

La Contraloría va a verificar la forma cómo se realizó la contratación de esta obra y el trámite que se dio en este proceso, a cargo de Aguas de Bolívar.

“Nos interesa que el proyecto no corra riesgos de incumplir sus fines”, manifestó el Contralor (E), que entregó el siguiente balance de su visita:

“Tuvimos la oportunidad de visitar la obra. Vimos las obras principales y la ingeniería asociada. Nos dimos cuenta que de alguna manera este es un proyecto que ha sufrido bastantes modificaciones, pero nos vamos con una preocupación y es que claramente las finalidades para las cuales ha sido formulado este proyecto no quedan cerradas, dado que no tiene un operador asociado.

Las condiciones de administración, operación y mantenimiento no son de alguna manera determinadas y, en este caso, en la eventualidad de la entrega inmediata de este acueducto, pues claramente no tiene quien lo opere.

Otra situación que nos preocupa es que se esperaba que de alguna manera en el mes de diciembre se entregara el proyecto y eso difícilmente se va a lograr.

Además de que no tiene quien lo opere y no tiene condiciones tarifarias, este es un acueducto sanitario, luego municipio de El Carmen de Bolívar quedará sin una solución pluvial. Se viene el problema de a dónde depositan las aguas lluvias. No hay condiciones para disponer de éstas.

Este proyecto fue formulado inicialmente como un acueducto sanitario, es decir aquel que les da disposición final a los residuos líquidos de las casas. Sin embargo, hoy hemos notado que no contempló las condiciones pluviales y obviamente en una zona donde llueve tanto pues esto va a ser inconveniente a futuro. De hecho, hoy las condiciones de aguas lluvias son las que no permiten el avance acelerado de las obras”.

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Publicado el 25 ספט 2019 17:00