Boletines de Prensa - 2019

COMUNICADO DE PRENSA No. 050

 

  • Los dos organismos suscribieron un acuerdo que permitirá promover veedurías ciudadanas, brindar capacitación en riesgos electorales y atender quejas y denuncias sobre riesgos de transparencia en las elecciones del 27 de octubre.
  • La ciudadanía podrá presentar quejas y denuncias en los correos: atenciónalciudadano@cne.gov.co y participación@contraloria.gov.co.
  • Con el “Acuerdo de Transparencia para el Fortalecimiento del Control Social al Proceso Electoral 2019", la Contraloría General de la República y el Consejo Nacional Electoral desarrollarán actividades que permitan identificar y prevenir riesgos electorales, buscar la mayor transparencia en los comicios de octubre y adelantar actividades de promoción y capacitación.

 

Bogotá, 10 de abril de 2019.- La Contraloría General de la República y el Consejo Nacional Electoral (CNE) suscribieron hoy un Acuerdo de Transparencia que tiene por objeto fortalecer el control que pueden ejercer los ciudadanos en las elecciones locales que tendrán lugar el próximo 27 de octubre, de tal manera que ayuden a detectar y denunciar posibles irregularidades.

Para este fin, los dos organismos prestarán apoyo con el fin de promover y conformar veedurías que vigilen los recursos públicos destinados al proceso electoral, en todo el territorio nacional. 

Además, coordinarán actividades de capacitación y formación en materia electoral a los ciudadanos, con un enfoque de transparencia, identificación y prevención del riesgo electoral. 

Las actividades se orientarán al reconocimiento y prevención de los riesgos fiscales, disciplinarios y penales en materia electoral, así como las obligaciones sobre financiación de campañas políticas y los deberes sobre rendición de cuentas.

Igualmente, en el marco del Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF ) y el aplicativo Cuentas Claras, la Contraloría General de la República y el Consejo Nacional Electoral realizarán actividades conjuntas de capacitación y formación en riesgos y transparencia electoral.

CNE y Contraloría disponen canales para recibir quejas electorales

Otro aspecto fundamental del desarrollo de este Acuerdo es que se diseñarán y establecerán canales para recibir y tramitar quejas ciudadanas sobre el uso indebido de recursos públicos en el marco de las campañas electorales. Para ello, la ciudadanía podrá presentar quejas y denuncias en los correos: atenciónalciudadano@cne.gov.co y participación@contraloria.gov.co

A través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral URIEL, se promoverá la presentación de denuncias ciudadanas calificadas y sustentadas sobre posibles irregularidades en el proceso electoral.

"Queremos generar espacios de debate y de acción participativa para la prevención y mitigación de riesgos electorales en las regiones", destacó el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

"Adicionalmente, se van a generar informes de seguimiento en el marco del proceso electoral de identificación del riesgo y de las acciones estatales para su mitigación", señaló por su parte el presidente del Consejo Nacional Electoral, Heriberto Sanabria Astudillo.

Los dos funcionarios firmaron este "Acuerdo de Transparencia para el Fortalecimiento del Control Social al Proceso Electoral 2019", junto con los restantes magistrados que integran el Consejo Nacional Electoral, en un evento que tuvo lugar en el Auditorio principal de la sede de la Contraloría General de la República.

Publicado el 10 אפר 2019


COMUNICADO DE PRENSA No. 049

 

  • De acuerdo a la Veeduría Ciudadana Especializada, no se cumplirá la entrega de la obra el próximo 4 de julio como se tenía establecido.
  • El proyecto que se presupuestó con una inversión de $75 mil millones, deberá tener un proceso contractual adicional por $55 mil millones.

 

Bogotá,10 de abril de 2019. La Veeduría Especializada al proyecto de ampliación del Teatro Colón de Bogotá, alertó sobre el incumplimiento en los costos de ejecución del proyecto y la no entrega total de la obra para el próximo 4 de julio, como estaba previsto.

Así lo hizo durante una mesa de trabajo adelantada en la Sala Mallarino del Teatro, en la cual participaron la Contraloría General de la República, el Ministerio de Cultura, el contratista de la obra y el interventor.

La Veeduría manifestó su inquietud luego de la presentación del informe de la firma interventora de la obra, que expuso los ajustes finales realizados y las obras requeridas para entregar el teatro al servicio de la comunidad.

De acuerdo a dicho informe, la no entrega del proyecto que tiene una inversión de $75 mil millones, está soportada en los mayores costos que conllevó la cimentación y muros de contención de la obra, lo cual generó costos adicionales al proyecto en $20 mil millones adicionales.

Nueva Licitación

La culminación de la obra física implica un nuevo proceso contractual por un valor aproximado de $35.000 millones, “igualmente se debe contratar la dotación por un valor de $20.000 millones” aseguró, la Secretaria General del Ministerio de Cultura, Claudia Isabel Victoria Niño Izquierdo, quien aclaró que dicho proceso está sujeto a la aprobación de dichos recursos por parte del Gobierno Nacional.

En desarrollo de la mesa de trabajo, convocada por la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, se suscribió igualmente un acta de compromisos relacionados con la entrega del cronograma definitivo de ejecución del proyecto, y el presupuesto final a invertir en el mismo.

Según la Veeduría Ciudadana Especializada, el 5 de septiembre de 2017 se aprobaron los ajustes a los diseños con la firma del otrosí N°3 y después de transcurrido un año y seis meses no se conocen los costos y tiempos para culminar el proyecto, avances de la obra y el cronograma real de su ejecución.

Asimismo, la Veeduría Especializada hizo énfasis en el seguimiento y verificación a construcciones aledañas y la ejecución del proyecto, para evitar que no presenten afectaciones por el proceso constructivo.


COMUNICADO DE PRENSA No. 048

 

Arauca (Arauca), 9 de abril de 2019.- La Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en Arauca inició un Control Excepcional sobre los contratos y convenios financiados con la Estampilla Pro-Adulto Mayor, durante la vigencia 2015-2018, periodo en el cual se recaudaron cerca de $ 44.000 millones.

Esta actuación especial de fiscalización fue promovida por un Veedor Ciudadano del Municipio de Arauca con el fin de corroborar el cumplimiento de los objetivos contractuales y la adecuada destinación de los recursos obtenidos con la estampilla.

La Contraloría determinará si los recursos se han utilizado de acuerdo a los marcos legales en atención a temas específicos de: salud, alimentación, vivienda y tratamiento psicosocial de los adultos mayores araucanos, mediante el examen de muestras selectivas para su evaluación.

Actualmente, el recaudo de dineros con la estampilla se distribuye entre los municipios del departamento en un orden prioritario, determinado por los niveles de necesidad de cada centro de bienestar del anciano, I y II del Sisbén, y en proporción directa al número de adultos mayores adscritos a los Centros de Vida y Centros de Bienestar.

El control fiscal que adelanta la Contraloría General de la República cobija a uno de los sectores con mayor vulnerabilidad y por ello vela por que los recursos destinados a su calidad de vida hayan sido invertidos de acuerdo a la ley.

Publicado el 09 אפר 2019 10:00


COMUNICADO DE PRENSA No. 047

 

  • Una conclusión de la Actuación Especial es que existe un mayor costo del proyecto en un valor de $5.670 millones, que corresponden a la suma de los costos por ajustes pagados y el costo de la interventoría desde diciembre de 2016 hasta septiembre de 2018, como consecuencia de una gestión ineficiente, antieconómica e ineficaz.
  • Además de los mayores costos por ampliación del plazo contractual, se advierte un detrimento patrimonial por la inversión de $1.885 millones en los 2 puentes no ejecutados (La Judía y Sitio Crítico 43).
  • Se evidenciaron fisuras en la parte inferior del tablero del puente Hisgaura, por deficiencias constructivas.
  • A las deficiencias constructivas atribuibles al contratista, se suma la falta de rigor técnico y administrativo de las interventorías y de la supervisión del proyecto.
  • Las deficiencias en el proceso constructivo del puente Hisgaura, no han permitido la entrega de la obra ante la incertidumbre que existe de momento sobre la durabilidad y resistencia del tablero del puente, por lo cual la Contraloría considera que de momento, se está ante una inversión ineficiente e ineficaz, lo que eventualmente se puede constituir en una lesión al patrimonio público.

 

Bogotá, 9 abril de 2019.- Con la decisión de abrir una indagación preliminar por $96.725 millones y hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor de $8.185 millones de pesos, concluyó la Actuación Especial de Fiscalización que realizó la Contraloría General de la República al Fondo Adaptación por las irregularidades presentadas en la ejecución del Contrato No. 285 de 2013 que suscribió esta entidad estatal con la firma española Sacyr para construir los puentes Hisgaura, La Judía y otro en el denominado Sitio Crítico 43, que hacen parte de la carretera entre Los Curos y Málaga, en el departamento de Santander.

El organismo de control estima que, aparte de las responsabilidades del contratista, es evidente también la debilidad y falta de rigor técnico y administrativo por parte de las interventorías contratadas y la supervisión a cargo del Fondo Adaptación.

En el caso del puente Hisgaura, la Contraloría dejó en claro que, con ocasión de las diferentes demoras, inconvenientes técnicos y en general con las incertidumbres que se han dado alrededor de la obra construida, el puente no se ha recibido por la administración pública, existiendo el riesgo de pérdida de los recursos asignados a este proyecto por $96.725.052.864[1], siendo de momento una inversión ineficiente e ineficaz, lo que se puede considerar como una lesión al patrimonio público, por lo que para profundizar en este particular se dará apertura a una indagación preliminar.

Considera la CGR que, dadas las deficiencias constructivas detectadas en el puente, el Estado Colombiano aún no ha comenzado a percibir los beneficios de la ejecución de este proyecto que, conforme al plazo inicial del contrato, estaba previsto terminar en noviembre de 2016. 

 

Fisuras por deficiencias constructivas

En la visita de inspección ocular realizada al puente Hisgaura el día 14 de marzo de 2019 por parte del personal que realizó esta actuación especial de la CGR, se pudo verificar que existe en la parte inferior del tablero del puente una serie de fisuras las cuales son visibles a simple vista a más de 45 metros, puesto que tiene manchas y algunas eflorescencias[2].

Estas fisuras surgieron probablemente con ocasión de las deficiencias en los procesos constructivos (desalineamiento vertical del tablero), retracción y sobrecargas en el tablero.

 

Mayores costos por ampliación del plazo contractual

El primer hallazgo de la actuación adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física, es de carácter administrativo, fiscal y disciplinario, y tiene que ver con los mayores costos que se dieron con ocasión de la negativa por parte del contratista de obra de implementar los diseños entregados por el Fondo Adaptación, lo cual desembocó en una ampliación del plazo contractual.

Para la Contraloría, las demoras del contratista en la elaboración de los diseños del puente Hisgaura y sus respectivos presupuestos, consumieron la mayor parte del tiempo previsto para la ejecución del contrato, y derivaron en la ampliación del plazo contractual y la incorporación del ítem de ajuste de precios.

En este sentido, la conclusión de la actuación especial es que existe un mayor costo del proyecto en un valor de $5.670 millones, que corresponden a la suma de los costos por ajustes pagados y el costo de la interventoría desde diciembre de 2016 hasta septiembre de 2018, como consecuencia de una gestión ineficiente, antieconómica e ineficaz, contraviniendo presuntamente lo establecido en el Artículo 3 de la Ley 610 de 2000.

 

Diseños no utilizados

De otro lado, la CGR considera que por la no utilización de los diseños iniciales del puente Hisgaura, se constituye un presunto detrimento patrimonial por $503 millones consistente en el valor de los diseños, y por $126 millones de interventoría, que corresponde a la proporción de costos del diseño del puente en relación con el valor total de los diseños, para un total de $629 millones.

 

Uso de elementos para corregir errores constructivos

Otro hallazgo administrativo está relacionado con el mantenimiento periódico derivado de los errores constructivos.

Ante el desalineamiento vertical del tablero del puente y las vigas longitudinales, el contratista de obra Sacyr decidió colocar unas impostas o faldones metálicos, para tapar con deformaciones. Adicional a la parte puramente estética, se necesitó colocar unas estructuras para nivelar la superficie de la rasante del puente (recrecidos), para ofrecer seguridad y confort vial.

Cálculos del interventor indican que, en el escenario más desfavorable, el mantenimiento no estimado originalmente durante la vida útil del puente (75 años), puede llegar a $6.473 millones (cuantificado a precios de febrero de 2019), recursos que para la Contraloría no corresponden con las actividades habituales de mantenimiento de este tipo de puentes y tampoco fueron considerados en la fase de estructuración y diseño del proyecto.

 

Riesgos sobre la instrumentación instalada en el puente Hisgaura 

El siguiente hallazgo, igualmente de carácter administrativo, tiene que ver con la operación de los diferentes instrumentos instalados en el puente, para controlar y vigilar el mismo.

Los puentes atirantados, como lo es el de Hisgaura, requieren para su adecuado control y vigilancia, la instalación de diferentes instrumentos y equipos de control. Sistemas que requieren un monitoreo y administración específica, por lo tanto, deben contar con sistemas de energización, equipos de manejo de información y personal técnico capacitado tanto para la operación como su mantenimiento.

Es pertinente indicar que los instrumentos instalados en el puente Hisgaura, con un costo aproximado de $1.834 millones, requieren para su funcionamiento suministro permanente de electricidad, una conexión a internet mínimo de 10Mb, disponibilidad de un equipo de cómputo para acceso remoto a la información, así como software o central de procesamiento de la información recolectada.

Sin embargo, no ha habido acuerdo entre el INVIAS y el Fondo Adaptación suscribientes del convenio N°014 de 2012, en relación con el costo de la administración, monitoreo y seguimiento a la instrumentación instalada en el puente, así como su electrificación ni los costos de ésta, situación que pone en riesgo la utilización efectiva de la instrumentación instalada, así como su respectiva operación.

 

Detrimento patrimonial por inversión en puentes no ejecutados

Dentro del objeto contractual del contrato de obra N°285 de 2013, se incluyó la construcción de puentes en el llamado sitio La Judía y el punto conocido como Sitio Crítico 43, que implementando el diseño de DIS-EDL según la oferta económica de Sacyr tenían un costo de $2.971 millones y $3.886 millones respectivamente.

En la ejecución contractual de obra se facturó por concepto del Sitio Critico 43 ($119.563.112) y de La Judía ($1.766.384.349), como consta en el Acta Parcial de Obra 49A. Es decir, del SC43 se pagó el 4.02% del total del presupuesto para este puente, mientras que para el puente de La Judía se gastó el 45.45% del presupuesto, sin que exista avance efectivo de obra para el cumplimiento del objeto contractual en los sectores mencionados. Estos pagos fueron avalados a Sacyr por el interventor y el Fondo Adaptación.

Dado que no se construyeron los puentes en los sitios llamados La Judía y Sitio Crítico 43, la Contraloría General de la República considera que se realizó una gestión antieconómica en su ejecución, dado que se invirtieron $1.885 millones y no se encontró físicamente obra alguna que mejore las condiciones ni geométricas ni de seguridad de la vía.

Adicionalmente, en la cláusula primera del otrosí 3, suscrito el 10 de noviembre de 2016 entre Sacyr y el Fondo Adaptación, se determinó suspender la ejecución de actividades de los puentes en los sectores La Judía y Sitio Crítico 43, por considerar la imposibilidad técnica de ejecutarlos de conformidad con los diseños existentes.

Publicado el 09 אפר 2019 07:00


COMUNICADO DE PRENSA No. 46

  • PAE y Viviendas para comunidad indígena son los objetos de los contratos objeto del control social de la CGR
  • Gerencia Vaupés de la CGR realiza control social en el departamento

 

Vaupés, 3 de abril de 2019.- A través de la oficina de Participación ciudadana de la Gerencia Colegiada Departamental de Vaupés, la Contraloría General de la República le hace seguimiento ciudadano a 2 contratos que suman un poco más de $13.000 millones.

El primero, hace referencia a un contrato para la implementación del PAE, para el cual el ente de control busca la conformación de comités de vigilancia en las instituciones educativas del municipio de Mitú, para hacerle seguimiento a los recursos destinados al programa por valor de $2.591 millones.

Con esta inversión, se pretende garantizar raciones de alimentos acorde a las necesidades nutricionales de los niños y niñas del municipio y sus alrededores, así como la permanencia de los menores en el sistema educativo.

El segundo contrato se refiere a la construcción de 80 viviendas en la comunidad indígena Trece de Junio del municipio de Mitú, cuya primera fase consistió en realizar actividades de caracterización de la población objeto del control social, y fue realizada del 28 de febrero al 14 de marzo del año en curso.

En busca de que el contrato de obra se ejecute en el tiempo establecido y bajo estándares de calidad, la CGR brinda acompañamiento a la veeduría ciudadana para el seguimiento a dicho contrato cuyo valor asciende a más de $10.480 millones.

Publicado el 03 אפר 2019 11:00