Boletines de Prensa - 2020

Por presunto sobrecosto del 100% en compra de un millón de tapabocas: Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones contra 2 oficiales de la Armada Nacional y la empresa contratista

COMUNICADO DE PRENSA No. 072

 

  • En este y en los demás casos de procesos responsabilidad fiscal abiertos y en curso, se solicita búsqueda de bienes de los implicados.
  • Aplicando el principio de verdad sabida y buena fe guardada, el Contralor General de la República suspendió al Alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez, al que se le abrió proceso de responsabilidad fiscal por $1.051 millones, por presuntos sobreprecios en 26.666 kits alimentarios contratados por la Alcaldía y la entrega incompleta de los mismos.
  • Vinculados a proceso de responsabilidad fiscal  el Comandante de la Base Naval ARC Bogotá, Capitán de Navío Jaime Gómez González; la oficial que realizó los respectivos estudios previos, Capitán de Fragata Magda Constanza Moreno Doncel; y  la empresa contratista, Medivalle, a través de su representante legal, Anderson Gaminera Angulo.
  • El elevado sobrecosto en este contrato se determinó al comparar los valores pagados por la Armada frente a un contrato de la Policía Nacional donde se compraron tapabocas convencionales similares.
  • La Policía compró cada tapabocas a $750, mientras la Armada pagó el doble por unidad ($1.500).
  • Acciones fiscales, penales y disciplinarias de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría contra Alcaldes de Sincelejo (Sucre), Malambo (Atlántico) y Girón (Santander).
  • Contraloría y Procuraduría toman decisiones fiscales y disciplinarias contra Gobernadora del Valle del Cauca y Alcalde de Coveñas (Sucre).
  • “Transparencia para la Emergencia”. Por presuntos sobrecostos en contratación de kits alimentarios: Contraloría abrió procesos de responsabilidad fiscal, por  un total de  $3.885  millones, contra la Gobernadora del Valle del Cauca y los Alcaldes de Medellín, Sincelejo  Malambo, Girón y Coveñas.
  • La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $311.935.026 contra la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, por un presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto brindar el servicio de alimentación de manera domiciliaria a adultos mayores, durante el período de calamidad pública por el Covid-19.
  • Abrió además un proceso de responsabilidad fiscal por $942.750.372 contra el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por un presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto el suministro de alimentos a población estudiantil.
  • En el caso del Municipio de Malambo (Atlántico), se evidencia un detrimento fiscal de $1.107 millones relacionado con presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato de suministro de 80.000 mercados a la población vulnerable de este municipio. Se abre proceso de responsabilidad fiscal, por esta cuantía, contra el Alcalde, Rummenigge Monsalve Álvarez.
  • Allí, en Malambo, se contrataron 80 personas con una remuneración mensual promedio de $3 millones de pesos por contrato, para descargar los productos, embalar y empacar los mercados, o sea por un valor de $178 millones, de los cuales la Contraloría sólo encuentra razonables la suma de $101 millones.
  • La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $242.800.994,00 contra el Alcalde del Municipio de Girón (Santander), Carlos Alberto Román Ochoa, por un detrimento patrimonial ocasionado por el presunto sobrecosto que se dio en un contrato que celebró su administración para el suministro de 20.000 kits alimentarios.
  • Y en lo que toca con el municipio de Coveñas (Sucre), se abrió proceso de responsabilidad fiscal contra el Alcalde, Rafael Antonio Ospina Toscano, en cuantía de $229 millones por presuntos sobrecostos en la celebración de un contrato de suministro de kits de alimentos y de aseo.
  • El Contralor General de la Republica, Carlos Felipe Córdoba, declaró de Impacto Nacional los hechos relacionados con la ocurrencia de presuntas  irregularidades en la adquisición por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) de 769.677 kits alimentarios, por un valor total de $95.723.616.000. Se abre de inmediato indagación preliminar.
  • Esta investigación por presuntos sobrecostos en 93 órdenes de pago celebradas por la Ungrd, fue asumida por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
  • La CGR abre 40 nuevas indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos en contratos de Covid-19, que involucran a 12 Gobernaciones, 10 Alcaldías, 4 entidades de salud y la Armada Nacional.
  • En la Gobernación de César se indagan 4 contratos; en las Gobernaciones de Valle, Tolima y Casanare 2. También se llevan 2 indagaciones en la Alcaldía de Tumaco (Ñariño).
  • Las indagaciones preliminares abarcan además a las Gobernaciones de Atlántico, Nariño, Sucre, Norte de Santander, Magdalena, Vichada, Putumayo y Guainía; y Alcaldías de capitales como Medellín, Cartagena, Barranquilla, Montería y Puerto Carreño.
  • También se abrieron indagaciones relacionadas con las Alcaldías de Barrancabermeja y Floridablanca (Santander), Granada (Meta), Susacón (Boyacá), Abejorral (Antioquia), Curamaní (Cesar), Ramiriquí (Boyacá) y Girardot (Cundinamarca).
  • 5 contrataciones de entidades de salud dieron lugar a indagaciones preliminares y tienen que ver con la ESE IMSALUD en Cúcuta (2 casos), el Hospital Universitario San José de Popayán ESE, la ESE Santiago de Tunja y la ESE Hospital Regional de la Orinoquia de Yopal.
  • Con todas estas indagaciones preliminares se determinará si hay o no mérito para abrir proceso de responsabilidad fiscal.
  • Una de las dos indagaciones preliminares abiertas a la Gobernación del Valle del Cauca tiene que ver con presuntos sobrecostos (de más de $452 millones) en un contrato suscrito con la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco Seccional Valle del Cauca, para la adquisición de bonos de alimentos, para atender la población vulnerable del departamento.
  • Indagación preliminar por presuntos sobrecostos en contrato suscrito entre el departamento del Atlántico y Trading Group Int para el Suministro de kits de asistencia humanitaria, en atención a la población vulnerable.
  • También se indagan presuntos sobrecostos en contrato suscrito por la Alcaldía de Barranquilla con Servicios de Alimentación NP SA, para el suministro y entrega de mercados básicos.
  • En el caso de la Alcaldía de Cartagena, se abre indagación por presuntos sobrecostos en suscrito con Ventas Distribución y Marketing Ltda, para el suministro de insumos sanitarios y de protección.
  • Y en Medellín, se indaga por posibles sobrecostos en el contrato suscrito con Tecnididacticos Ind SA, para el suministro de implementos de autocuidado para prevenir el Covid-19.
  • La Gobernación de Putumayo adquirió 10 ambulancias, generando una pérdida de recursos públicos dado que en la actualidad el departamento cuenta con 43 ambulancias básicas y 48 ambulancias medicalizadas, las cuales se encuentran habilitadas y en funcionamiento. El presunto daño patrimonial asciende a $1.730 millones, equivalente al valor del anticipo que entregó al contratista.
  • Se determinó además un presunto sobrecosto, en la adquisición de las ambulancias, que pasa de $113 millones por cada ambulancia, para un sobrecosto total de $1.139 millones.
  • El Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento de Casanare adquirió equipos biomédicos con presuntos sobrecostos del 113% Un desfibrilador, que tiene un valor de referencia en el mercado de $14.300.000, se compró en $47.970.000.851 a $5.
  • La Contraloría le puso también la lupa al manejo de regalías, por motivo de la pandemia, y encontró presuntos sobrecostos en un contrato suscrito entre el alcalde de Buesaco (Nariño) y la empresa Wab Ingeniería SAS, domiciliada en Pasto, y cuya principal actividad comercial es la publicidad.
  • La Contraloría ha realizado 227 alertas preventivas por presuntos sobrecostos en cuantía de $17.200 millones, en contratos Covid por $419.000 millones.
  • Gracias al control preventivo, la CGR le ahorró al Estado $25.000 millones en contratos renegociados por alertas de la DIARI (Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata).
  • Las alertas de la CGR han servido también para que se cancelen o liquiden contratos por $3.200 millones. Es así como se canceló un contrato en Medellín por $2.462 millones, 2 contratos en Guaduas (Cundinamarca) por $560 millones y un contrato en Cali por $62 millones.
  • Contratación de víveres, artículos de aseo personal y de bioseguridad, en Guaduas (Cundinamarca), y de tapabocas por parte del Municipio de Medellín, dos casos donde la Contraloría advirtió posibles sobrecostos, se liquidaron los contratos y se salvaguardó el recurso público.

 

Bogotá, 21 de mayo de 2020.-  Por un presunto sobrecosto del 100% en la adquisición de 1 millón 322 mil 700 tapabocas convencionales por parte de la Armada Nacional, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones de pesos contra el Comandante de la Base Naval ARC Bogotá, Capitán de Navío Jaime Gómez González; la directora de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta misma unidad, Capitán de Fragata Magda Constanza Moreno Doncel; y el representante legal de la empresa contratista Medivalle SF SAS, Anderson Gaminera Angulo.

Adicionalmente, el organismo de control abrió procesos de responsabilidad fiscal contra 6 mandatarios territoriales: por casi $312 millones contra la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González; por más de $942 millones contra el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle; por $1.051 millones contra el Alcalde de Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez; por $1.107 millones contra el Alcalde del Municipio de Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez; y otro por más de $229 millones contra el Alcalde del Municipio de Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.

Todos estos procesos se abren por presuntos sobrecostos en la ejecución de contratos que suscribieron sus administraciones como consecuencia de declaratorias de Urgencia Manifiesta realizadas a raíz del Covid-19.

Al mismo tiempo, el organismo de control anunció la apertura de 40 indagaciones preliminares también por el tema de posibles sobrecostos, en contrataciones por el Covid-19.

Las decisiones fueron adoptadas por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal y algunas Gerencias Departamentales Colegiadas de la CGR.

Proceso fiscal contra Comandante de la Base Naval ARC Bogotá

La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones, al encontrar presuntos sobrecostos en la ejecución del Contrato No. 0047-ARC-CBN6-2020, suscrito entre la Armada Nacional Base Naval # 6 ARC Bogotá y Medivalle SF SAS el 7 de abril de 2020, cuyo objeto fue: “Contratar la adquisición a todo costo de elementos de protección personal para el personal de servidores públicos de la Armada Nacional, con el fin de atender la emergencia sanitaria del Covid-19”.

Este contrato se suscribió inicialmente por un valor de $2.361 millones, que fue modificado luego para quedar en un valor final de $1.984 millones. El ajuste se hizo atendiendo lo dispuesto en Decreto Legislativo del Gobierno Nacional No. 551 de 15 de abril de 2020, el cual con ocasión de la pandemia exoneró del impuesto sobre las ventas (IVA) entre otros productos a los tapabocas convencionales, en este caso adquiridos por la Armada Nacional con el fin de contar con los elementos necesarios que propendieran por la seguridad de sus integrantes.

Fue así como, en virtud del Contrato No. 0047-ARC-CBN6-2020, la Armada Nacional Base Naval # 6 ARC Bogotá y Medivalle SF SAS pactaron la adquisición de 26.454 cajas de 50 unidades de tapabocas convencionales (en total 1.322.700).

En su momento, el equipo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República (DIARI) advirtió que en el mencionado contrato se había evidenciado un presunto sobrecosto del 128%, al pagarse por unidad de tapabocas convencional la suma de $1.785.

Sin embargo, con la modificación que tuvo el valor del contrato, al pasar de $2.361millones a $1.984 millones, el precio final de cada tapaboca quedó establecido en $1.500.

La Contraloría contrastó los valores del contrato acordado entre la Armada Nacional y Medivalle SF SAS con otro contrato de similares condiciones suscrito entre la Policía Nacional - Dirección de Tránsito y Transporte, y Sersugen SAS (Contrato No. 64-2-10007-20), en el cual se evidenció que, cada unidad de tapabocas convencional fue adquirido por precio de $750, exactamente la mitad de lo que pagó la Armada, de lo cual se concluyó la existencia de  un presunto sobrecosto del 100%.

Esta comparación se sustentó en que, en ambos casos, el objeto contractual es el mismo y los elementos de protección personal adquiridos son de similares condiciones técnicas. Siendo así, la Armada Nacional los contrató a precios sustancialmente diferentes a los que los compró la Policía Nacional.

Determinación del daño patrimonial

En el presente caso, el presunto daño patrimonial al Estado está representado en el sobrecosto para la adquisición de tapabocas convencionales por parte de la Armada Nacional de Colombia, puesto que en el Contrato N° 0047 de 07 de abril de 2020 se evidenció que el valor de los tapabocas convencionales por unidad, de acuerdo a lo pagado, ascendió a la suma de $1.500 c/u, con lo cual, la caja por 50 unidades tuvo un valor de $75.000 que multiplicado por 26.454 (cantidad pactada en el contrato), arroja un valor total de $1.984.050.000.

Comparando estos valores con los del contrato celebrado por la Policía Nacional, se encuentra que por cada caja de 50 tapabocas adquirida por la Armada Nacional se evidencia un sobrecosto de $37.500, que al multiplicarse por la cantidad pactada en el contrato (26.454), sumaría $992.025.000, advirtiéndose el sobrecosto de 100%., considerándose así que se ha producido un daño patrimonial por ese valor (NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES VENTICINCO MIL PESOS).

Ante los hechos descritos, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR procedió a la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal, vinculando al mismo a quienes, en virtud de la gestión fiscal o con ocasión de ella, presuntamente generaron o contribuyeron en la generación del daño patrimonial, como son:

− Capitán de Navío Jaime Gómez González comandante de la Base Naval No. 6 ARC Bogotá, quien suscribió el Contrato N° 0047 de 07 de abril de 2020, donde se evidencia el sobrecosto descrito.

Para la Contraloría, el Capitán Gómez González en su calidad de ordenador del gasto, al momento de celebrar el contrato objeto de investigación debió advertir el desproporcionado valor de los tapabocas convencionales que se iba adquirir por la Armada Nacional.

− Capitán de Fragata Magda Constanza Moreno Doncel, toda vez que en su calidad de Directora de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Base Naval No. 6 ARC Bogotá, al realizar los estudios previos debió incluir en la cotización del estudio de mercado a empresas como Sersugen SAS, que posteriormente suscribió el contrato con la Policía Nacional, ofreciendo por unidad de tapabocas la suma de $750, cifra ostensiblemente menor a las ofrecidas por las cotizaciones que la capitán Moreno incluyó en los estudios previos y que finalmente establecieron el valor del contrato No 047 de 07 de abril 2020 objeto de cuestionamiento.

− Anderson Gaminera Angulo, como representante legal de Medivalle SF SAS, firma contratista que ofreció los tapabocas objeto de cuestionamiento, toda vez que el precio de venta superaba ampliamente a los tapabocas convencionales ofrecidos por otros proveedores, de acuerdo al análisis efectuado por la Contraloría.

Proceso fiscal contra Gobernadora del Valle del Cauca

La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $311.935.026 y vinculó como presuntos responsables fiscales a la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, su Secretaria de Desarrollo Social y Participación, Nataly Toro Pardo, y la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca, Corpovalle, por presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto brindar el servicio de alimentación de manera domiciliaria a adultos mayores, durante el período de calamidad pública por el Covid-19.

Fueron vinculados en virtud de que, con su gestión fiscal o con ocasión de ella, presuntamente generaron o contribuyeron en la generación del daño patrimonial señalado.

Los hechos declarados como de Impacto Nacional por el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, están relacionados con el Contrato Interadministrativo No. 1.230.02.59.2.3313 del 30 de marzo de 2020, por valor de $2.330.517.483, suscrito por la Gobernación del Valle del Cauca - Secretaría de Desarrollo Social y Participación y la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca, Corpovalle, cuyo objeto es: “Brindar el servicio de alimentación de manera domiciliaria a los adultos mayores de los centros de protección, centro vida y centro día”.

Para el cumplimiento de este contrato, la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca, Corpovalle, suscribió para la compra de productos el contrato No. 027 del 1 de abril de 2020, por un valor de $1.685.654.400, con la firma El Desvare.Net S.A.S.; y para el servicio de logística, el contrato No. 028 del 1 de abril de 2020, por valor de $313.929.600, con la firma Agrofaro S.A.S.

Según la Contraloría, el presunto sobrecosto al patrimonio del Estado está representado en el mayor valor de los productos adquiridos para 10.176 kits de asistencia alimentaria con el contrato interadministrativo No. 1.230.02.59.2.3313 de 30 de marzo de 2020 y otrosí 1.230.02.59.2.3313 -1 de 12 de mayo de 2020.

Este mayor valor fue estimado en $311.935.026, sin indexar, que porcentualmente corresponde al 16.12% del valor del contrato interadministrativo, y se determinó al comparar los precios del proveedor Corpovalle.

Vinculación de los presuntos responsables fiscales:

*Clara Luz Roldán González, Gobernadora del Departamento de Valle del Cauca: por haber efectuado la delegación de la contratación, mediante Decreto No. 1.3.0715 de 25 de marzo de 2020.

*Nataly Toro Pardo, Secretaria de Desarrollo Social y Participación de la Gobernación del Valle del Cauca, quien suscribió el contrato interadministrativo No. 1.230.02.59.2.333 de 30 marzo de 2020 y el otrosí No. 1.230.02.59.2-3313-1 de 12 de mayo de 2020.

*Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca, Corpovalle, representada legalmente a través de Adrián Fernando Zamora Duque, en calidad de contratista.

Proceso fiscal contra Alcalde de Medellín

La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $942.750.372 contra el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, su Secretaría Educación, Martha Alexandra Agudelo Ruiz, la Asesora Jurídica de este Despacho, María Patricia Ariza Velasco, y la Corporación Colombia Avanza, representada legalmente por Henry Paulison Gómez Montoya, por un presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto el suministro de alimentos a población estudiantil durante el período de calamidad pública por el Covid-19.

Todo ellos fueron vinculados en virtud de que, con su gestión fiscal o con ocasión de ella, presuntamente generaron o contribuyeron en la generación del daño patrimonial señalado.

Los hechos, declarados en su momento como de Impacto Nacional por el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, tienen que ver con el contrato No. 4600085448, por valor de $7.168.848.968.00, suscrito el día 20 de marzo de 2020 entre el Municipio de Medellín- Secretaria de Educación y la Corporación Colombia Avanza.

En el presente caso, el presunto daño patrimonial al Estado está representado en el sobrecosto para el suministro de alimentos por parte del Municipio de Medellín, puesto que en el contrato mencionado se evidenció que el valor por kit alimentario fue de $26.423 pesos, valor que al sumar el porcentaje del costo de logística y transporte ascendió a la suma de $32.500 pesos por kit alimentario, que multiplicado por 220.578  kits pactados en el contrato, arrojó como valor total del mismo la suma de $7.168.848.968 pesos.

Al constatar los valores de los productos antes mencionados con los consultados con el Grupo Éxito dentro de la fecha estipulada en el contrato, se determinó que en este establecimiento el kit alimenticio tendría un costo de $22.149 pesos, lo que significa qué al multiplicar este valor por la cantidad de kits estipulados en el contrato, arrojaría un valor de $4.885.582.122 pesos, advirtiéndose así un sobrecosto de 19,03%, representados en la suma de $942.750.372 pesos, considerada como daño patrimonial al Estado.

Proceso Fiscal contra Alcalde de Sincelejo, suspendido por el Contralor General

Aplicando el principio de verdad sabida y buena fe guardada, el Contralor General de la República suspendió al Alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez.

La CGR abrió proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $1.051.748.446 contra este mandatario como consecuencia del daño al patrimonio del Municipio de Sincelejo derivado de sobreprecios y la entrega incompleta de algunos elementos que conformaban los 26.666 kits que debían ser entregados a población vulnerable a través de los contratos 003 de 2020 y 004 de 2020.

Estos contratos tenían por objeto entregar kits de alimentos no perecederos a la población vulnerable para contrarrestar los efectos económicos que generó la cuarentena declarada por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del virus Covid-19

Se encontraron sobreprecios en los productos que conforman los kits, que oscilan entre el 28% y 164% (dando un promedio de 52,36%).

Así mismo, en relación con la entrega incompleta de productos, se tiene que no fueron entregadas 66.665 libras de fríjol dejando a 13.333 familias que recibieron los kits sin dicho alimento. Así mismo en 906 kits no se entregó el aceite, así como tampoco se entregaron 18.644 libras de lenteja y 3666,5 libras de sal.

Dentro de este proceso de responsabilidad fiscal, fueron vinculados como presuntos responsables fiscales: el alcalde del municipio de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez; el supervisor del contrato, Leonardo Beltrán Pinto; la gerente de Estrategia Covid-19, María Teresa Vergara Merlano; así como los contratistas Surtiviveres Comercializadora y Distribuidora SAS. y Abastos y Fruver el Paraíso SAS.

Los contratos 003 de 2020 y 004 de 2020 fueron   celebrados entre la Alcaldía de Sincelejo y las empresas Surtiviveres Comercializadora y Distribuidora SAS y Abastos y Fruver El Paraíso SAS respectivamente.

Cada uno de estos contratos tiene el mismo valor ($1.999 millones -el cual fue ajustado mediante otrosíes a la suma de $1.769.489.095, como consecuencia de la modificación de la prestación de transporte puerta a puerta por transporte a un punto de acopio).

Y los dos contratos tienen idéntico objetivo: suministrar (en cada caso) 13.333 kits con alimentos no perecederos para población vulnerable del municipio.

Estos contratos se suscribieron en el marco de una declaratoria de urgencia manifiesta, por lo que el proceso de selección fue el de contratación directa y no se contó con estudios previos.

Proceso Fiscal contra Alcalde de Malambo (Atlántico)

La Contraloría General de la República ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal contra el Alcalde del Municipio de Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez, la Fundación Lirio de los Valles, la Supervisora del contrato, Doris Monsalve Parra, la Fundación Amira de la Rosa y el subcontratista encargado del transporte, por un detrimento fiscal estimado en $1.107.043.597, relacionado con presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de un contrato de suministro de 80.000 mercados a la población vulnerable de este municipio.

En virtud de este contrato, suscrito por la Alcaldía de Malambo con la Fundación Lirio de los Valles, por un valor de $4 mil millones, los 80.000 kits de víveres deberían ser distribuidos en dos entregas.

El detrimento fiscal está dado, principalmente, por la evidente diferencia entre los precios a los que la Alcaldía contrató los diferentes productos que conforman los mercados y el precio real al que la Fundación Lirio de los Valles pagó dichos productos a los mayoristas.

Con soporte en las facturas de los proveedores de la Fundación Lirio de los Valles, esta diferencia asciende a $842.652.149 pesos.

En el caso de algunos productos como pasta, arroz o harina de maíz, se encontraron precios de proveedores mayoristas facturados a esa fundación muy por debajo de los precios piso que para los mercados de Barranquillita y Granabastos identifica el DANE para esas mismas semanas.

A través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, el organismo de control determinó también que habría un faltante en las cantidades de leche en polvo y de avena contratadas por la Alcaldía. No hay evidencia en las facturas de su compra por la fundación, lo cual se determina como fuente de afectación fiscal por la suma total de $137.586.595 pesos.

La Contraloría pudo evidenciar que la fundación contratista compró más cantidades de las necesarias para el suministro de los mercados contratados, que parecen estar justificadas en el contrato de suministro que celebró con la Alcaldía, según las facturas y las declaraciones iniciales de la Fundación en la visita especial adelantada por los funcionarios de la Gerencia Departamental de la CGR en el Atlántico.

Se encontraron, además, gastos no razonables en transporte de los mercados, lo que fue subcontratado por la fundación con una frecuencia de viajes no razonable, con vehículos de poca capacidad, a un promedio de $50 mil pesos cada viaje desde un centro de acopio organizado en el suroccidente de Barranquilla hasta Malambo, que por este sólo concepto implica un detrimento de $22.125.747 de pesos, incluido dentro del total de costos indirectos reprochados fiscalmente.

El detrimento fiscal atribuible a los costos indirectos no razonables en que incurrió la Fundación Lirio de los Valles para ejecutar este contrato asciende a la suma de $126.804.853 pesos.

Adicionalmente, se contrataron 80 personas con una remuneración mensual promedio de $3 millones de pesos cada contrato para descargar los productos, embalar y empacar los mercados, o sea  por un valor de $178 millones de pesos, de los cuales la Contraloría sólo encuentra razonables la suma de $101 millones de pesos, de acuerdo con los indicadores de productividad y rendimiento evidenciados en la visita fiscal realizada a la Fundación y la verificación de facturas, cuentas de cobro, cantidades entregadas y otra información relevante.

También se reprochan los $36 millones de pesos gastados por la Fundación en almuerzos para estos contratistas, que se presentan como costos indirectos del contrato.

Como se evidenció que los contratos con estas 80 personas son verbales y que la Fundación Lirio de los Valles no habría verificado el pago de los aportes obligatorios a salud y pensiones, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR ordenó dar el traslado a la entidad competente para este tema: la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social, adscrita al Ministerio de Hacienda.

Otros traslados

Debido a las denuncias ciudadanas sobre la calidad del atún entregado en el contrato entre la Alcaldía del municipio de Malambo y la Fundación Lirio de los Valles, la Contraloría solicitó colaboración del INVIMA y de la Fiscalía General.

Por las posibles faltas disciplinarias en que podría haberse incurrido por parte de los servidores públicos de la Alcaldía vinculados al proceso, también se ordenó compulsar copias del expediente a la Procuraduría General.

Así mismo, con la apertura del proceso de responsabilidad fiscal se ordenó el traslado de copias de las pruebas recaudadas tanto a la Fiscalía General como a la Procuraduría General, a los despachos que también adelantan investigaciones en el caso de estos mercados de Malambo.

Papel de la Supervisora del contrato y de la Fundación Amira de la Rosa

La supervisora de la ejecución del contrato también suscribió los estudios previos en que se determinaron los precios de referencia a los cuales contratar los productos que conformaban los mercados e igualmente firmó el certificado de idoneidad y experiencia de la fundación seleccionada como contratista

Mientras tanto, La Fundación Amira de la Rosa arrendó el 16 de marzo de 2020 un inmueble en el suroccidente de Barranquilla, que la Fundación Lirio de los Valles le subarrendó para la ejecución del contrato de suministro.

Proceso fiscal contra Alcalde de Girón (Santander)

La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $242.800.994,00 contra el Alcalde del Municipio de Girón (Santander), Carlos Alberto Román Ochoa, por un detrimento patrimonial ocasionado por el presunto sobrecosto que se dio en un contrato que celebró su administración con el señor Ariel Castro Garcés, propietario del establecimiento de comercio Districostos, para el suministro de 20.000 kits alimentarios, por un valor de $1.400.000.000.

El organismo de control consideró que, a pesar de la delegación de las funciones para contratar en un funcionario de su administración, no puede desprenderse de la obligación de supervisión y control respecto del manejo y destinación que se le debe dar a los recursos asignados al municipio.

La CGR vinculó también como responsables fiscales a:

*Luz Mireya Machuca Rangel, en calidad de Jefe de la Oficina de Contratación del municipio de Girón, quien suscribió el contrato de suministro N° 0088 de 2020, atendiendo a la delegación contenida en el decreto municipal N° 0006 del 14 de enero de 2019.

*Juan Carlos Pinto Lorza, en calidad de Secretario de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gestión del Riesgo del municipio de Girón, en virtud de la cual suscribió los estudios previos del contrato MN° 0088 de marzo 25 de 2020. Y, a su vez, también actuó como supervisor del señalado contrato.

*Ariel Castro Garcés, propietario del establecimiento de comercio Districostos, en calidad de contratista en el contrato de suministro N° 0088 de 2020.

En este caso, la Contraloría General estableció un presunto sobrecosto del 32% en el valor de los kits alimentarios que contrató el municipio de Girón con este contratista.

El presunto daño patrimonial al Estado está representado en la pérdida de recursos por $242.800.994,00, originada en la indebida planeación y posterior celebración del contrato de suministro N° 0088 de marzo 25 de 2020, dentro del cual se evidenció el sobrecosto señalado.

Una vez se efectuaron las deducciones legales a las que estaba sujeto el contrato de suministro, así como los costos en que incurrió en pólizas y logística para el empaque, transporte y entrega, como también descontada la utilidad a la cual tenía derecho, el valor que recibió el contratista por cada uno de los kits suministrados ascendió a $55.140,05.

Lo anterior permite señalar que se produjo un presunto detrimento patrimonial ocasionado por el sobrecosto que se generó en el valor de los kits alimentarios, puesto que el costo de adquisición de los productos fue de $43.000, mientras que el valor que recibió el contratista, luego de descontada su utilidad razonable, fue de $55.140,05, generándose así un mayor valor o sobrecosto de $12.140,05 por cada kit alimentario suministrado, que al ser multiplicado por los 20.000 kits comprendidos en el objeto del contrato, arroja un valor de $242.800.994,00, que se configura como daño patrimonial a los recursos del Estado.

Proceso fiscal contra alcalde de Coveñas (Sucre)

A través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, la Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $229.476.753, por presuntos sobrecostos en la celebración del contrato de suministro No. CP-COV-001-2020 del 21 de marzo de 2020, celebrado por el Alcalde Municipal de Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano, con la Fundación Servicios y Consultorías Caribe – Funcarservicios, para el “suministro de ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria de emergencia en marco de la situación de la calamidad pública declarada mediante el decreto 045 del 20 de marzo de 2020.”

El valor del contrato fue de $1.206.000.000, por el término de 7 días, cuyo objeto consistía en el suministro de 6.000 kits de Alimentos como ayuda alimentaria humanitaria de emergencia y 6.000 kits de aseo como ayuda humanitaria no alimentaria de emergencia.

En la Indagación preliminar se determinó que el 25 de marzo de 2020 se firmó un modificatorio al contrato No. CP-COV-001-2020, en el cual el Alcalde Municipal y el contratista pactaron realizar un ajuste y revisión de los precios, en donde ya no se entregarían 6.000 Kits de alimentos y 6.000 de aseo, sino 6.550 de cada uno, por el mismo precio: $1.206.000.000.

En un principio, antes del modificatorio No. 1 al contrato, la Contraloría determinó un daño patrimonial por sobrecostos del kit de alimentos contratados (6.000) en un 21%, determinando un presunto daño por $193 millones de pesos.

Pero abierta la indagación preliminar y practicados los medios de prueba que permitieran establecer los precios del mercado de los productos que conformaban tanto el kit de alimentos como el de aseo (cotizaciones a establecimientos y precios DANE), se pudo determinar un presunto daño patrimonial al Estado en cuantía de $229.476.753, por concepto de sobrecostos en la celebración del contrato de suministro No. CP-COV-001-2020 y su modificatorio No. 1.

La cuantía del daño patrimonial se determinó, teniendo en cuanta que el costo directo del contrato debió ser de $788.678.950 y como costos asociados el valor de $187.844.298 (empaquetado, transporte, impuestos entre otros), es decir que el valor total del contrato debió ser de $976.523.248 y no de $1.206.000.000.

Dentro del proceso de responsabilidad fiscal se determinará si existió una posible intermediación en la contratación, lo cual podría ser una de las causas de los presuntos sobrecostos.

Como presuntos responsables fiscales, fueron vinculados:

*Rafael Antonio Ospina Toscano, en su calidad de Alcalde Municipal de Coveñas

*Fundación Servicios y Consultorías Caribe – Funcarservicios, contratista.

*Fabio Enrique Maestre Machado, Secretario de Planeación, Obras Públicas y Saneamiento Básico, en su calidad de interventor y/o supervisor.

Se abre indagación preliminar por presuntos sobrecostos en 93 órdenes de pago celebradas por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo

El Contralor General de la Republica, Carlos Felipe Córdoba, declaró de Impacto Nacional y remitió a la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción los hechos que tratan sobre presuntos sobrecostos en 93 órdenes de pago celebradas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) con 35 proveedores, por valor total de $95.723.616.000, para la entrega en 30 departamentos del país de 769.677 kits de alimentos de Asistencia Humanitaria de Emergencia AHE a damnificados y afectados por la emergencia sanitaria Covid-19, conforme a la declaratoria de calamidad pública que realizó el Gobierno Nacional.

Ya se abrió indagación preliminar por estos hechos.

RELACIÓN DE INDAGACIONES PRELIMINARES ABIERTAS POR LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES CONTRA LA CORRUPCIÓN, LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL Y GERENCIAS DEPARTAMENTALES COLEGIADAS DE LA CGR:

Gobernación del Cesar

Presunto sobrecosto en el contrato No. 2020-09-08 del 26/03/2020, por valor de $405.120.000, suscrito con Fudsocial para adquisición de 3200 kits de mercados, para la atención de población vulnerable.

El ejercicio comparativo frente a precios del mercado, tomando como referente información de Colombia Compra Eficiente, determinó un presunto sobrecosto del 28%, es decir la suma de $111.852.160, tomando los 9 productos que conformaron el kit a entregar.

La Dirección de Investigaciones 4 de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal abrió a indagación preliminar, que se encuentra en etapa probatoria.

Gobernación del Cesar

Presunto sobrecosto en el contrato 2020-09-0013 del 26/03/2020, por valor de $329.156.828, suscrito con Servicios Integrales del Caribe Colombiano, para la adquisición de 2.600 kits de mercados para la atención de la población vulnerable en el marco de la urgencia manifiesta, declarada mediante decreto departamental para atender el estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica.

De acuerdo con el reporte RUES del contratista, su actividad económica NO está relacionada con la compraventa de elementos de abastecimiento alimenticio para lo cual fue contratado. Su objeto social se encuentra asociado con:

*Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

*Actividades de consultoría de gestión

*Actividades de apoyo a la agricultura

*Y actividades de apoyo a la ganadería

De otra parte, el Registro Único de Proponentes (RUP) se encuentra sin renovar y cancelado desde el 08/04/2017.

En este caso, la Dirección de Investigaciones 4 de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, se encuentra en recolección de pruebas en atención a la indagación preliminar.

Gobernación del Cesar

Presunto sobrecosto en el contrato CD-SGR-0571-2020 del 26/03/2020, por valor de $367.140.000, suscrito con la Fundación Visión Caribe, para la adquisición de 2.900 kits mercados para la atención de la población vulnerable en el marco de la urgencia manifiesta, declarada mediante decreto departamental para atender el estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica.

Si se toma el valor total de los 2.900 kit del contrato; se presenta diferencia entre el valor del contrato ($367.140.000) frente a precios referencia de Colombia Compra Eficiente ($ 268.090.790), con un presunto sobrecosto de $99.049.790, correspondiente a 37%.

La canasta de bienes del kit es de 13 productos, de los cuales 7 registran presuntos sobrecostos superiores al 40% con referencia a los precios de Colombia Compra Eficiente, y uno supera el 100%.

En atención a este hallazgo, en la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, Dirección de Investigaciones 3, se encuentra en etapa probatoria la indagación preliminar abierta.

Gobernación del Cesar

Presunto sobrecosto en el contrato 2020-09-0012 del 26/Marzo/2020, por valor de $303.840.000, suscrito con Granero La Delicia de la Paz, para adquisición de 2400 kits de mercados para la atención de la población vulnerable en el marco de la urgencia manifiesta, declarada mediante decreto departamental para atender el estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica.

Con respecto a los precios de referencia DANE, el sobrecosto asciende en valores absolutos a $40.188.000 (un 15%).

En relación con los precios de referencia Colombia Compra Eficiente, el sobrecosto en valores absoluto asciende a $54.640.800 (21%).

La Dirección de Investigaciones 1 de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, se encuentra en recolección de pruebas ordenadas en la indagación preliminar.

Gobernación del Tolima

Se abre indagación preliminar por presuntos sobrecostos del 28% en el contrato No. 0494 del 26 de marzo de 2020, por valor de $5.500 millones, celebrado entre la Gobernación del Tolima y la empresa Sierra Pineda, que tiene por objeto el suministro de 55.000 kits alimenticios y de elementos de aseo para la atención humanitaria de la población tolimense, con base a la urgencia manifiesta generada por el Covid-19.

El valor del componente de mercado de cada kit, de acuerdo a lo pagado en el contrato, ascendió a $69.798, y el valor del componente de aseo de cada kit a $30.202, para un total de $100.000 por cada kit, que, multiplicado por los 55.000 kits adquiridos, arroja el valor total del contrato objeto de cuestionamiento de $5.500.000.000.

Lo anterior contrasta con la verificación hecha del costo de cada elemento de los kits. Tomando como referencia las cifras de Colombia Compra Eficiente, se tiene un valor total por los kits de $4.309.321.500.  Y restándole esta cifra al valor total del contrato ($5.500.000.000), se aprecia una diferencia de $1.190.678.500, lo cual supone un sobrecosto del 28% en el valor del contrato.

Gobernación del Tolima

Se abre indagación preliminar por presuntos sobrecostos del 31% en el contrato de suministro No. 0531 del 01 de abril de 2020, por valor de $5.000 millones celebrado entre la Gobernación del Tolima y el señor César Augusto Trilleras Castro, como representante legal de Enred Group SAS, cuyo objeto fue “contratar el suministro de 50.000 kits alimenticios y de elementos de aseo para la atención humanitaria de la población tolimense con base a la urgencia manifiesta generada por el Covid-19”.

Al analizar la información contractual del contrato objeto de cuestionamiento, se evidencia ausencia de información sobre la entrega efectiva de los kits, así como de los beneficiarios de los mismos.

En primer lugar, el valor del componente denominado kit alimenticio, de acuerdo a lo pagado en el contrato, ascendió a la suma de $77.189,64, y el valor del componente de aseo a $22.557,64, para un total de $99.747,28, que, multiplicado por los 50.000 kits adquiridos, arrojó el valor de $4.987.364.000, monto que difiere a la señalada en el contrato objeto de estudio, que fue de $5.000.000.000.

Adicionalmente, al contrastar los costos de cada elemento de los kits, tomando como referencia las cifras de Colombia Compra Eficiente, se tiene un valor total por los kits de $3,802.406.667.  Y restándole esta cifra al valor total del contrato ($5.000.000.000), se tiene una diferencia de $1.197.593.333, lo cual supone un sobrecosto del 31% en el valor del contrato.

Gobernación de Casanare

Presunto sobrecosto (del 29%) en el contrato 20-12-10640477-9755938 del 25/03/2020, suscrito con Las Electromedicinas, para adquisición de camas hospitalarias y camillas de transporte y recuperación, para el fortalecimiento de la capacidad de atención en la red de prestación de servicios de salud, por valor de $372.500.000.

De conformidad con el análisis establecido entre los precios de mercado y los valores del contrato, se establece un presunto sobrecosto del 29%.

Con ocasión de este hallazgo, la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Casanare abrió la indagación preliminar, que se encuentra en etapa probatoria.

Gobernación de Casanare

La CGR abrió indagación preliminar por los presuntos sobrecostos presentados en el contrato 008 de 2020, suscrito entre el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare y Aginsa Ingeniería Ltda, por un valor de $1.124.089.564, cuyo objeto era realizar la adquisición de equipos biomédicos destinados al fortalecimiento de la capacidad de atención en la red de prestación de servicios de salud, en el marco del plan de acción y respuesta ante la pandemia por Covid-19.

La irregularidad que da lugar a esta indagación hace referencia a presuntos sobrecostos del 113% respecto del valor de los equipos biomédicos contratados, que incluían ventilador mecánico, equipo de gases arteriales y desfibrilador.

Se busca determinar si estos presuntos sobrecostos derivaron de una mala planeación en la etapa precontractual, que permitieran evidenciar debilidad en la confección de los estudios previos.

El organismo de control fiscal solicitó a la Gobernación de Casanare, información del contrato indagado y es así como deberá remitir, entre otros, copia de los estudios de precios de mercado que debió elaborar en la etapa precontractual.

Gobernación del Valle del Cauca

Se abre indagación preliminar por presuntos sobrecostos en el contrato 1.340-59.93340 suscrito con la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco Seccional Valle del Cauca, por valor de 1.351.294.440, para la adquisición de bonos de alimentos, para atender la población vulnerable del departamento del Valle del Cauca afectada por la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19.

La apertura de esta indagación preliminar está sustentada en las siguientes razones:

*En la descripción de la necesidad no se detalla los alimentos que componen el bono con el objeto de entrar a determinar el precio y la cantidad.

*En el estudio de necesidades expresa que el plazo de ejecución son 10 días hábiles a partir de la suscripción del acta de inicio, mientras que en la cláusula séptima del contrato el plazo de ejecución es desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de septiembre de 2020 y por otro lado en el Parágrafo dice que la vigencia de cada bono será hasta el 31 de julio de 2020. Como se evidencia, no se sabe cuál es el plazo de ejecución verdadero. 

*En la cláusula segunda expresa que adquieren 15.000 bonos por $75.000 pesos cada uno. Es decir, los costos de los bonos serían $1.125.000.000. Sin embargo, en la cláusula quinta expresa “El valor del presente contrato es por $1.351.294.440, con lo cual se presentaría un sobrecosto en valores absolutos de $226.294.440, que corresponde al 20.1%

*Por otra parte, la Gobernación del Valle del Cauca realiza el otrosí No 3440-1, sin fecha por $1.351.294.440 con CDP No 3500006685 del 28 de marzo de 2020, para la compra de 15000 bonos de alimentos de primera necesidad por $75.000 cada uno más los gastos financieros y de operación propios del contrato. De igual manera como ocurrió con el primer contrato, la adición presentaría un sobrecosto también de $226.294.440, para un total de sobrecosto de $452.588.880. Es decir, los $226.294.440 del primer contrato más los $226.294.440 del otrosí. 

Gobernación del Valle del Cauca

Presunto sobrecosto en el contrato CO1.PCCNTR.1490966 del 6/04/2020, por valor de $4.448.700.000, suscrito con el Centro de Acción Popular, para suministro de kits de alimentos para atender la declaratoria de calamidad pública en el departamento del Valle del Cauca, de acuerdo con el Decreto No. 1-3-0675 del 16 de marzo de 2020 y el plan específico para la recuperación, elaborado y aprobado por el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.

En el valor total contratado se encuentra un presunto sobrecosto por valor de $590.358.333 (15.3%) atendiendo al valor de los productos a entregar, que, de acuerdo con los valores del mercado, suman $77.167, incluidos los costos indirectos y no $88.974.

En la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, Dirección de Investigaciones 1, se abrió la indagación preliminar que se encuentra en etapa de pruebas.

Gobernación del Atlántico

Presuntos sobrecostos en el Contrato 202000948 suscrito entre el departamento del Atlántico y Trading Group Int, para el suministro de kits de asistencia humanitaria, con el objeto de atender la población vulnerable dentro de la contingencia del virus Covid-19, en el marco del decreto por medio de la cual se declaró la urgencia manifiesta en el Departamento.

Los hechos generadores de daño patrimonial, en este caso, consisten en los presuntos sobrecostos de los valores de los kits de asistencia humanitaria derivados del contrato de suministro mencionado y en posibles irregularidades en la entrega completa de los kits.

Gobernación de Putumayo

Presunto sobrecosto y otras irregularidades en el contrato 547 del 1 de abril de 2020 suscrito entre el departamento del Putumayo y Carrocerías Innova S.A.S., por valor de $3.460 millones, para la compraventa de diez ambulancias medicalizadas (TAM) en el marco de la calamidad pública declarada mediante decreto No. 0111 del 13 de marzo de 2020.

La Contraloría encontró que la adquisición de estas 10 ambulancias constituyó una pérdida de recursos públicos, en la medida en que en la actualidad el Departamento de Putumayo cuenta con 43 ambulancias básicas y 48 ambulancias medicalizadas, las cuales se encuentran habilitadas y en funcionamiento, cantidad más que suficiente para la red de salud departamental, que solo cuenta con 10 empresas sociales del estado de nivel I y II de atención.

Por consiguiente, al haberse efectuado un desembolso del 50% del valor total del contrato a título de anticipo, correspondiente a $1.730.317.305, la Contraloría determinó que, en este caso, se configura un daño patrimonial al Estado en este caso, por esta cuantía.

Se determinó, además, la existencia de un presunto sobrecosto en la adquisición de las ambulancias efectuada por el ente territorial. Del análisis efectuado a partir de las cotizaciones allegadas por tres empresas (Amdecol S.A.S., Alfa Ambulancias y Procamillas S.A.S.), dos de ellas con más de 20 años de experiencia en el sector, se concluyó que el valor del presunto sobrecosto asciende a $113.949.698, por cada ambulancia, para un sobrecosto total de $1.139.496.980.

Como si esto fuera poco, de conformidad con la oferta presentada por la sociedad Carrocerías Innova S.A.S, el mismo contratista señaló que la entrega de los ventiladores con los que se dotarían las ambulancias, estaría sujeto a disponibilidad, lo que genera un riesgo de oportunidad, sumado a la situación actual de escasez de equipos importados con ocasión de la pandemia, por lo que la entrega de las ambulancias totalmente equipadas estaría en riesgo, que de concretarse, generaría un daño patrimonial al Estado por el valor del anticipo pagado ($1.730.317.305).

Gobernación de Sucre

Se abre indagación preliminar por presuntos sobrecostos del 19,7% en el contrato de suministro No. 004-2020 de fecha 4 de abril de 2020, por $2.579 millones, suscrito entre el Departamento de Sucre y Suministros y Negocios de la Sabana SAS, para el suministro de 17.347 paquetes nutricionales y de aseo para la población vulnerable, con el fin de atender la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia Covid-19 en el Departamento.

De conformidad con lo establecido por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la CGR (DIARI), los sobrecostos ascienden a $348.616.877, recursos con los que se pueden adquirir 3.363 Kits adicionales a precios de Colombia Compra Eficiente.

El valor del contrato pasó de $2.579 millones a $2.117.673.064 millones, dado que se modificaron algunos de los precios del contrato, por la dificultad de conseguir ciertos productos.

Pero al realizar los cambios del modificatorio al contrato, se observa que igualmente los precios cambiaron, la mayoría bajó, pero la lenteja subió de $4.900 a $5.600, el aceite pasó de $4.900 a $4.950 y la crema dental de $2.100 a $2.200, no entendiéndose la causa del reajuste de precios, el cual presentó una diferencia de $462.562.517, suma descontada del valor total del contrato.

Pese a lo anterior, al comparar los precios de los productos con los de Colombia Compra Eficiente, la Contraloría observa la existencia de sobrecostos por valor de $348.616.87, presumiendo un daño al patrimonio del Estado en esta cuantía.

Gobernación del Vichada

Presunto sobrecosto en el contrato 366 de 2020 del 03/04/2020, suscrito con Jorge Eliecer Forero Gaitán, para adquisición de mercados básicos para la población vulnerable de los municipios de Puerto Carreño, Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía, en las zonas urbanas y rurales, en el marco de la pandemia Covid-19 en el Departamento del Vichada, por valor de $148.399.284.

Validado el costo de los productos teniendo como referente Colombia Compra Eficiente, grandes superficies y DANE, se observa un presunto sobrecosto del 14.45%, el cual asciende a $ 216.728.149.

En atención a este asunto, la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en  Vichada está adelantado la indagación preliminar, que se encuentra en etapa probatoria.

Gobernación de Nariño

Presunto sobrecosto en el contrato GN1307-2020 del 31/03/2020 suscrito con Segundo Yovanny Izquierdo Estrella, para compra de insumos, equipos y elementos hospitalarios para atender la emergencia producida por el Covid-19, por valor de $5.931.805.375.

El contrato registra 15 referencias de productos y equipos, de las cuales en 10 se evidenció un presunto sobrecosto de los precios en relación con la referencia del mercado.

Las 10 referencias analizadas y adquiridas por el ente territorial en $1.046.140.947, tienen un presunto sobrecosto del 45%, dado que su valor en el mercado, según cotizaciones, es de $722.849.486 (es decir, $323.291.461 menos).

La Dirección de Investigaciones 2 de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, se encuentra en recolección de pruebas con ocasión de la indagación preliminar.

Gobernación de Norte de Santander

Presunto sobrecosto en el contrato 570 de 2020 suscrito por la Gobernación de Norte de Santander con Servialimentos y Proveedores del Norte S.A.S., para el suministro de kits alimentarios a la población vulnerable, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno Nacional en razón a la pandemia ocasionada por el Covid-19, por un valor de $1.199.880.000.

Realizando la comparación de los valores de este contrato con los precios del estudio de mercado realizado por Colombia Compra Eficiente y el DANE, se concluye que en la adquisición de 20.000 unidades de kits de mercados por valor de ($1.199.880.000) se encuentra un sobrecosto del 10,9% ($117,814.050) respecto al estudio de mercado realizado por Colombia Compra Eficiente y del 19,4% ($194.907.150) frente al estudio de mercado realizado por el DANE.

Para este caso, en la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Norte de Santander se abrió indagación preliminar y se está en recolección de pruebas.

Gobernación del Magdalena

Presuntos sobrecostos en el contrato No. CD 0212-2020, por valor de $4.210.803.000, suscrito entre el Departamento de Magdalena y Éxito, cuyo objeto es la adquisición de productos que conformen mercados solidarios para atención de la población vulnerable dentro de la emergencia ocasionada por coronavirus (Covid-19), bajo el sistema de monto agotable, por un valor de $4.210.803.000.

La Contraloría analiza el contrato suscrito, para verificar qué clase de mercados se debían entregar y con qué insumos.

Igualmente, hará una cotización en algunos otros establecimientos de comercio del Departamento, a fin de verificar los posibles sobrecostos.

En atención a este hallazgo, en la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Magdalena se abrió indagación preliminar, que se encuentra en etapa probatoria.

Gobernación de Guainía

Se abre indagación preliminar por presunto sobrecosto del 14.11% en el contrato 460 de 2020 del 7 de abril de 2020, suscrito por el departamento de Guainía con Sandra Patricia Gaviria Hurtado, por valor de $924.597.230 - IVA incluido-, cuyo objeto es la compraventa de víveres para entregar en ayuda humanitaria a la población más vulnerable del departamento.

Alcaldía de Barranquilla

Se abre indagación preliminar por presuntos sobrecostos en el contrato UMA-001-2020 del 24 de marzo de 2020 suscrito con Servicios de Alimentación NP SA por valor de $18.652.231.360 para el suministro y entrega de mercados básicos para mitigar los efectos socio económicos en la población vulnerable en razón de la proliferación del virus Covid-19, de conformidad con la urgencia manifiesta adoptada a través del Decreto Distrital N° 03682020.

En este caso, la Contraloría determinó presuntas irregularidades con connotación fiscal, en la Alcaldía del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (Atlántico), que corresponden a los costos de bienes fijados y pagados con valores que exceden sin justificación los precios reales de mercado y el precio total pactado por cada ítem.

De acuerdo al análisis del contrato y al otrosí celebrado entre las partes, se evidencia que se presentan diferencias entre los valores contratados con Servicios de Alimentación NP S.A.S y los precios de referencia del mercado, según estudio realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la CGR.

Existe una clara diferencia entre el valor del mercado entregado por el contratista, que equivale a la suma de $38.979, y la suma del valor promedio del mismo kit en los listados del DANE que sirven como referencia para el mercado y cuyo valor asciende a la suma de $30.159, ello sin tener en cuenta los 386.000 mercados que se deben suministrar, los cuales constituyen un número considerable para poder obtener valores de economía de escala.

Alcaldía de Cartagena Distrito Turístico

Se abre indagación preliminar por presuntos sobrecostos en el contrato No. 7 del 08 de abril de 2020 suscrito con Ventas Distribución y Marketing LTDA, por valor de $1.215.500.000, para el suministro de insumos sanitarios y de protección (mascarillas, jabón líquido, gel antiséptico y termómetros infrarrojos), como medida de prevención, reducción de los factores de riesgo y amenaza ante el Covid-19 en el distrito de Cartagena.

La Contraloría encontró diferencias entre los valores contratados con la firma Ventas Distribución y Marketing Ltda. y los precios de referencia del mercado, como grandes superficies, cotizaciones en sector salud y la página de internet mercado libre. Así, por ejemplo, el contratista cobraba $520.000 por cada termómetro, cuando el precio de referencia de este elemento se determinó en $295.433.

Alcaldía de Medellín

Se abre indagación preliminar por presuntos sobrecostos en el contrato de suministro número 4600085501 del 3 de abril de 2020 celebrado entre el Municipio de Medellín –  Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres-  y Tecnididacticos Ind SAS, toda vez que al comparar los precios de los implementos de autocuidado adquiridos (tapabocas), contra dos registros de ventas del mismo producto (la plataforma electrónica de venta Mercado Libre y la droguería Farmalisto), se encuentra que los valores pactados contractualmente estarían un 26 % por encima de estos.

Alcaldía de Tumaco (Nariño)

Presunto sobrecosto en el contrato 014-2020 del 25/03/2020 suscrito con la Asociación Mujer y Género, por valor de $535.120.000, para adquisición de paquetes alimenticios con destino a población vulnerable y adulto mayor, y agua para para habitantes de la zona urbana del distrito de Tumaco, como medida de atención ante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional en el marco de la emergencia generada por el brote de la enfermedad por coronavirus (Covid-19).

En la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Nariño se adelanta la indagación preliminar, la cual está en etapa probatoria.

Alcaldía de Tumaco (Nariño)

Presunto sobrecosto en el contrato 015-2020 del 25/03/2020, por valor de $500.000.000, suscrito con la Fundación Compartir, para adquisición de paquetes alimenticios a entregar a población vulnerable, adulto mayor, y agua para para habitantes de la zona rural del distrito de Tumaco, como medida de atención ante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional en el marco de la emergencia generada por el brote de enfermedad por coronavirus (Covid-19).

La indagación preliminar se encuentra en etapa probatoria en la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Nariño.

Alcaldía de Barrancabermeja (Santander)

Se abre indagación preliminar por presuntos sobrecostos de aproximadamente 37,55% en el contrato de suministro No. 0437-20 del 2 de abril de 2020, por un valor de $1.259 millones, celebrado entre la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja (Santander) y la sociedad Disansi S.A.S., cuyo objeto fue el suministro de 10.000 kits alimentarios para la población vulnerable identificada para la atención a la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 en el Distrito de Barrancabermeja.

Al comparar los precios establecidos en el contrato cuestionado, tanto los iniciales como los reajustados, con los precios estimados por Colombia Compra Eficiente -a través del Catálogo Grandes Superficies CCE- para los mismos elementos que componen el kit alimentario contratado, se observa un presunto sobrecosto por kit alimentario del 37,55% (en el valor inicial) y de 13,45% (en el valor reajustado), respectivamente.

Alcaldía de Puerto Carreño (Vichada)

Presunto sobrecosto del 15% ($148.399.284) en Contrato 121 de 2020 del 27/03/2020, por valor de $148.399.284, suscrito con Multiservicios JYN SAS, para compraventa de kits alimenticios (mercados) de asistencia nutricional para la población vulnerable del casco urbano y zona rural del municipio de Puerto Carreño afectada por la emergencia sanitaria.

La Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en el Vichada abrió la indagación preliminar, que se encuentra en etapa probatoria.

Alcaldía de Granada (Meta)

Presunto sobrecosto en el contrato 210.29.07 03 del 30/03/2020, por valor de $791.395.500, suscrito con la Corporación Vida de Colombia, para adquisición y suministro de víveres secos no perecederos con destino a la población vulnerable, para ser entregados durante la cuarentena decretada por el gobierno nacional para superar la emergencia del COVID-19 en el municipio.

La Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en el Meta abrió la indagación preliminar, que está en etapa probatoria.

Alcaldía de Montería (Córdoba)

Presuntos sobrecostos en el contrato 354 de 2020 del 31/03/2020, por valor de $1.000.000.000, suscrito con Óscar Darío Giraldo Franco, para adquisición de mercados para atender la emergencia sanitaria Covid-19.

En la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Córdoba se encuentra en etapa probatoria la indagación preliminar.

Alcaldía de Susacón (Boyacá)

Presunto sobrecosto en el contrato MSB-CD-24-2020 del 24/03/2020, por valor de $58.803.500, suscrito con Comercializadora Tecnology Live, para suministro de mercados para la población vulnerable en el marco de la declaratoria de calamidad pública y de emergencia por Covid-19 en el municipio de Susacón (Boyacá).

La Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Boyacá se encuentra en recolección de pruebas en atención a la indagación preliminar 2020-502.

Alcaldía de Abejorral (Antioquia)

Contrato 20-12-10638986-9754880 del 31/03/2020, por valor de $267.795.977, suscrito con Mónica Baena Botero para suministro de víveres apersonas en situación de vulnerabilidad, elementos de aseo y bioseguridad para contener y prevenir los efectos generados por la pandemia mundial coronavirus Covid-19 en el Municipio de Abejorral.

En atención a este caso, se encuentra en etapa probatoria la indagación preliminar ANT_IP-046-2020, de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia.

Alcaldía de Curumaní (Cesar)

Posible sobrecosto en el contrato No. 93-2020 del 30/Marzo/2020, por valor de $252.000.000, suscrito con Sindry Milena Peña López para el suministro de 2000 kits de mercados con destino a las comunidades vulnerables y de pobreza extrema que afrontan la actual situación de emergencia sanitaria ocasionada por la medida preventiva de aislamiento usada como estrategia de contención ante la situación epidemiológica causada por el Covid-19 en el municipio de Curumaní, departamento del Cesar.

En la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en el Cesar se encuentra en etapa probatoria esta indagación preliminar.

Alcaldía de Ramiriquí (Boyacá)

Posible sobrecosto en el contrato C-MR-CD-035- 2020 del 08/Abril/2020, por valor de $355.020.400, suscrito con Diana Alejandra Gómez González, para adquisición de bienes y servicios a fin de proveer a la entidad de artículos y elementos básicos (víveres y provisiones) con el fin de brindar un kit alimentario a 2.000 familias en extrema pobreza y vulnerabilidad del municipio de Ramiriquí  (Boyacá).

Para atender este caso, la Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá abrió Indagación Preliminar, que se encuentra en recolección de material probatorio.

Alcaldía de Floridablanca (Santander)

Presunto sobrecosto del 32.38% en el Contrato 0391 del 02/04/2020 y Adiciones 1 y 2, suscrito con Ledys Herrera Villamizar (Senalicas) para el suministro de alimentos de primera necesidad (mercados) dirigidos a la población vulnerable del municipio de Floridablanca (20.000), con un valor inicial de $630.320.000 y valor final de $2.190.592.272

En la Gerencia Departamental Colegiada de Santander de la CGR se adelanta la indagación preliminar, que se encuentra en etapa probatoria.

Alcaldía de Girardot (Cundinamarca)

Presunto sobrecosto en el Contrato U-M 509-2020, por un valor de $1.013.070.000, suscrito por el Municipio de Girardot con Intersum Soluciones para Empresas e Instituciones, representada legalmente por Orlando González Ortiz, para el suministro de mercados de apoyo nutricional con destino a la población vulnerable, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19, por un valor de $1.013.070.000.

Se evidencia inconsistencia entre el valor de costos unitarios de los productos adquiridos y un estudio de mercado adelantado con grandes superficies, por lo que se indica un posible sobrecosto.

En la Dirección de Investigaciones 3 de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, se abrió indagación preliminar y se avanza en la recolección y análisis de material probatorio.

Armada Nacional Base Naval No. 6 ARC

Presunto sobrecosto en el Contrato de Suministro 0050-ARC-CBN6-2020 suscrito con Amsam SAS para la adquisición a todo costo de elementos de protección personal para el personal de servidores públicos de la Armada Nacional: 15.038 cajas por 100 unidades de guantes de nitrilo en tallas L y M ($44.575 c/u incluido IVA) y 351 unidades de gafas de protección ($7.117 c/u incluido IVA), con el fin de atender la emergencia sanitaria del Covid-19, por valor total de $672.817.053.

La entidad optó por contratar de forma directa a la sociedad Amsam, no obstante haber recibido cotización de inferior valor. A su vez, en los elementos adquiridos y mediante verificación realizada en el mercado, se estima un sobrecosto que oscila entre el 19% y el 50%, es decir, entre $128.950.850 y $333.467.650.

La Contraloría Delegada Intersectorial 1 de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal abrió indagación preliminar, que se encuentra en etapa probatoria.

ESE IMSALUD (Norte de Santander)

Presuntos sobrecostos en el contrato 20-4-10679774-9795097 del 30 de marzo de 2020, por valor de $397.024.250, suscrito con Ana Dolores Pacheco Corredor para compra de material médico quirúrgico (Almacén) para la red prestadora de servicios de salud de la ESE IMSALUD.

La Contraloría identificó 7 ítems en los cuales existen presuntos sobrecostos. En los ítems 8 y 9 se contratan manómetros para balas de oxígeno grande y portátil respectivamente, por un valor unitario igual en ambos casos del orden de $459.000. Según la verificación de la CGR, los sobrecostos en estos dos ítems pueden alcanzar más de $40.000.000.

Con este hallazgo, la Gerencia Departamental Colegiada de Norte de Santander abrió indagación preliminar, que se encuentra en etapa probatoria.

ESE IMSALUD (Norte de Santander)

Presunto sobrecosto en el contrato 076 de 2020 suscrito con Distrimedicas Santander, que tiene como Representante Legal a Miguel Martínez Salazar, para la compra de bolsas para embalaje de cadáver en polietileno, material impermeable antifluido color negro, para la red prestadora de servicios de salud de la ESE IMSALUD, por un valor de $33.320.000.

Verificado el SECOP I y II, al igual que la información suministrada por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría, no se evidencia soporte de la ficha técnica, análisis de capacidad financiera ni experiencia especifica del contratista o de sector, factores determinantes para establecer el valor final del contrato en estudio previo y de necesidad.

No se evidencian ni se allegaron soportes de invitaciones u otras cotizaciones. Hay inconsistencia entre el valor del contrato y la relación de costos unitarios de los productos adquiridos, que pudieron tasarse mediante estudio de mercado,

Generando así presunto sobrecosto en el contrato.

La Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Norte de Santander se encuentra en recolección de material probatorio con ocasión de la indagación preliminar.

Hospital Universitario San José de Popayán ESE 

Presunto sobrecosto del 29% ($181.789.989) en el contrato 0151 del 31/03/2020, por valor de $808.586.588, suscrito con Carlos Andrés Salinas Giraldo, en calidad de representante legal de Electro Médica Equipo Médicos S.A.S., para la compra de monitores de signos vitales, camas hospitalarias y camas para la Unidad de Cuidados Intensivos, para dotar las áreas en el marco del plan de atención de Covid-19 en el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E.

Consultada la información que reposa en Secop I y II y Colombia Compra Eficiente, figura como estudios previos un documento denominado Aseguramiento de la calidad, donde informan que hay un espacio que no está en uso y lo habilitan para atender el Covid-19, y mencionan un número de elementos que se necesitan para poderlo poner en funcionamiento. 

No se encuentra la oferta del contratista al que se le asignó el contrato, no se evidencian las cotizaciones, de igual forma las pólizas y el acta de iniciación del Contrato 0151 del 31/03/2020.

En la información reportada por la DIARI, el mencionado contrato presenta un sobrecosto del 29% ($181.789.989).

La Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en el Cauca adelanta la etapa probatoria con ocasión de la indagación preliminar que se abrió.

ESE Santiago de Tunja (Boyacá)

Se determinó posible sobrecosto en el Contrato No. 088 de 2020, por valor de $1.269.314.371, suscrito con la Sociedad por Acciones Simplificada Laboremos SAS para contratar el envío de los trabajadores en misión que requiera la Empresa Social del Estado, para la ejecución de las acciones y actividades derivadas del Plan de Acción de Mitigación y Atención a pacientes diagnosticados con el Covid-19.

Se adelanta indagación preliminar en la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR Boyacá, la cual se encuentra en etapa de pruebas.

ESE Hospital Regional de la Orinoquia de Yopal

La CGR abrió indagación preliminar por los presuntos sobrecostos presentados en el contrato de suministro número 039 del 3 de abril de 2020, por valor de $1.477.072.275, suscrito entre el Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E.y la firma Región Plus S.A.S., cuyo objeto consistió en el suministro de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario para fortalecer tecnológicamente los servicios asistenciales ante la emergencia sanitaria por Covid-19.

La irregularidad que da lugar a dicha indagación preliminar hace referencia a presuntos sobrecostos del 67% respecto del valor de los equipos biomédicos contratados (ventilador, electrocardiógrafo de 12 canales, desfibrilador y camilla de transporte y recuperación, entre otros).

Por este motivo, la Contraloría General de la República indagará si estos presuntos sobrecostos derivaron de una mala planeación en la etapa precontractual, que permitieran evidenciar debilidad en la confección de los estudios previos.

SOBRECOSTOS EN CONTRATO FINANCIADO CON RECURSOS DE REGALÍAS:

En cuanto al manejo de los recursos de regalías dispuestos para la atención de la emergencia por el Covid-19, la Unidad de Regalías de la CGR puso su lupa, por presuntos sobrecostos, a un contrato de urgencia manifiesta, por valor de $141 millones, suscrito entre el alcalde de Buesaco (Nariño) y la empresa Wab Ingeniería SAS, domiciliada en Pasto, cuyo objeto es suministrar 2661 paquetes alimentarios a familias de escasos recursos de este municipio.

Según el certificado de la Cámara de Comercio de Pasto, esta empresa fue creada en febrero de 2019 y tiene como actividad principal la publicidad. Y como actividad secundaria, el comercio al por mayor de productos alimenticios. Se dedica, además, a actividades: el comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales y de comedor; y el comercio al por mayor no especializado.

El controlante de Wab Ingeniería SAS es el señor Willian Antonio Barco Bravo, dedicado a varias actividades económicas: instalaciones eléctricas, construcción de proyectos de servicio público y transporte de carga por carretera.

La Contraloría revisó la minuta contratada, comparándola con precios del DANE, y detectó un presunto sobrecosto.

Así, por ejemplo, en la minuta la libra de frijol cargamento tiene un valor de $3.850 y el precio de referencia del DANE es $3.475, lo que señala una diferencia de $375.

El kilo de arroz blanco tiene un precio de $3.950 y el precio de referencia es $3.880 (una diferencia de $70).

Hasta este 15 de mayo, se han aprobado 100 proyectos de regalías por tema de Covid-19, en una cuantía total de $115.724 millones, de los cuales se han contratado 12 por $9.500 millones (uno de ellos, el de la Alcaldía del municipio de Buesaco, Nariño).

BENEFICIOS DEL CONTROL PREVENTIVO Y CASOS DONDE SE SALVAGUARDÓ EL RECURSO PÚBLICO

De un universo de contratos por $18,7 billones celebrados durante 2020, la CGR ha revisado todos los que tienen que ver con la atención del Covid-19, por $3,1 billones.

De ellos, contratos por $2,1 billones se relacionan con compras de insumos médicos, elementos de bioseguridad y alimentos y otros, por $1 billón, tienen que ver con prestación de servicios.

La Contraloría ha evidenciado presuntos sobrecostos en contratos por $419.000 millones y ha generado 227 alertas.

El monto inicial de los presuntos sobrecostos llegaba a $17.200 millones y después de la generación de estas alertas se redujeron a $6.300 millones.

Los contratos objeto de renegociación tenían un monto inicial de $57.000 millones y después de ella su valor total se redujo a $46.000 millones.

Gracias al control preventivo, hasta el 18 de mayo la CGR le ahorró al Estado $25.000 millones en contratos renegociados por alertas de la DIARI (Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata).

Estas alertas han servido también para que se cancelen o liquiden contratos por $3.200 millones. Es así como se canceló un contrato en Medellín por $2.462 millones, 2 contratos en Guaduas (Cundinamarca) por $560 millones y un contrato en Cali por $62 millones.

Los casos de Guaduas y Medellín.

Con ocasión de las acciones de vigilancia y control adelantadas por la Unidad de Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República, frente a la contratación pública dispuesta para el manejo de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, dio trámite a dos indagaciones preliminares en virtud de las presuntas irregularidades por parte del Municipio de Guaduas (Cundinamarca) en la contratación de víveres, artículos de aseo personal y de bioseguridad para la población vulnerable del área urbana, rural, y el Hogar de paso para adultos mayores de esta población, en cuantía total que asciende a los $550.000.000.

Tras comunicarse el inicio de la citada actuación de control a las autoridades municipales, en la que se advirtió la concurrencia de presuntas deficiencias relativas a la planeación contractual, idoneidad del contratista y sobrecostos en los precios contratados, la administración municipal procedió a hacer una nueva revisión de las condiciones del contrato, y al confirmar que estas efectivamente eran desfavorables a los intereses del ente territorial, y decidió de mutuo acuerdo con el contratista -quien manifestó la imposibilidad de ejecutarlo- darlo por  terminado anticipadamente y liquidarlo, sin que se hubiere pagado un solo peso por el mismo.

Similar situación se presentó en el Municipio de Medellín, donde a partir de las presuntas irregularidades en que incurrió el ente territorial para la compra de 1.350.000 tapabocas en cuantía que supera los $2.640.000.000, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, dio inicio a una indagación preliminar, actuación que permitió a la administración municipal llevar a cabo una evaluación de las condiciones del negocio jurídico y. al prever que estas no resultaban favorables, procedió a la liquidación anticipada de mutuo acuerdo, la cual estuvo precedida de una solicitud en ese sentido por parte del contratista argumentando circunstancias que le impedían cumplir con sus obligaciones, sin que se hubiere igualmente alcanzado a desembolsar ni un solo peso del erario.

En ambos casos es palpable que, ante la intervención temprana y oportuna de la Contraloría General de la República, y demás organismos de control, se ha logrado salvaguardar la integridad del patrimonio del Estado, contribuyendo así a incrementar los niveles de eficiencia en el gasto público.

Publicado el 21 מאי 2020 17:00


Mandatarios territoriales han recibido falsas llamadas: Contraloría denuncia de suplantación de funcionarios de la entidad

COMUNICADO DE PRENSA No. 071

 

  • El organismo pidió a la Fiscalía investigar a los suplantadores y aclara que no cita a funcionarios públicos y ciudadanos a través de llamadas telefónicas.

 

Bogotá, 21 de mayo de 2020.- Personas inescrupulosas se estarían comunicando vía telefónica, de manera ilícita, con gobernantes locales y territoriales, usurpando la identidad de altos funcionarios de la Contraloría General de la República, denunció hoy este organismo.

La ocurrencia de estos hechos ha sido informada a la entidad por algunos mandatarios territoriales.

Dichas comunicaciones, tendrían el fin de citar con fines ilícitos a funcionarios públicos y ciudadanos, invocando lo dispuesto por el Contralor General de la República en la Circular 06 de 2020, que determina el protocolo provisional para la atención de denuncias, y en la Resolución 0753 de 2020, expedida en el marco de todas las actuaciones que se desarrollan en el ejercicio del Control Preventivo y Concomitante, a la inversión de los recursos públicos en medio de la emergencia por el Covid-19.

Sobre el tema, la Contraloría General de la República, se permite informar que cualquier citación a funcionarios públicos, es realizada por la entidad haciendo uso de los medios oficiales, por medio de los cuales se desarrolla un registro específico de cada una de las citaciones y acciones realizadas por el ente de control, y, bajo ninguna circunstancia, a través de llamadas telefónicas.

La CGR ha denunciado los hechos ante la Fiscalía General de la Nación y pidió oficialmente adelantar la investigación correspondiente, contra quienes estarían realizando la suplantación de identidad de los funcionarios de la entidad, con el fin de evitar que dichos actos ilegales puedan culminar en hechos delincuenciales o estafas a ciudadanos de buena fe u otras posibles conductas delictivas.

Publicado el 21 מאי 2020 12:00


La divulgación de programas y estrategias de comunicación planificadas y seleccionadas contra el covid-19 en las regiones no está prohibida: Contraloría y Procuraduría

COMUNICADO DE PRENSA No. 070

 

  • Campañas de difusión en medios locales no pueden ser utilizadas para promocionar partidos políticos o mejorar la imagen de servidores públicos en el cargo. 
  • Es necesario que los recursos que se destinen en la divulgación de estrategias de comunicación para contener los efectos del COVID-19 observen los principios de selección objetiva, economía, publicidad y planeación.

 

 

Bogotá, 11 de mayo de 2020. La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación advirtieron que la alerta para que los recursos de la emergencia sanitaria no sean utilizados para la promoción de partidos políticos, no puede ser interpretada como una prohibición a la divulgación en la prensa regional de medidas para combatir el COVID-19.

Precisaron que las actuaciones desplegadas desde lo fiscal y disciplinario buscan garantizar que las estrategias de comunicación, prensa y divulgación de programas, acciones y medidas para combatir la pandemia respondan a decisiones necesarias y planificadas, y en ningún caso sean empleadas para disfrazar la promoción de partidos políticos, o la gestión de los servidores públicos que están cumpliendo con las obligaciones derivadas de su cargo.

Insistieron que la contratación de estrategias para prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia debe contemplar la capacidad de acceso a la información de población urbana y rural y la importancia de difundir medidas sanitarias individuales y colectivas, para contener el avance del virus.

No obstante, es necesario que las contrataciones y el uso de recurso público que se destine para divulgar estrategias de comunicación para contener los efectos del COVID-19 observen los principios de selección objetiva, economía, publicidad y planeación.

Señalaron que como entes de control son guardianes y promotores del derecho al trabajo y defensores de la libertad de expresión y de informar y ofrecer a los ciudadanos una información veraz e imparcial.

Publicado el 11 מאי 2020 12:00


A salvo facultades de control preventivo y concomitante, Contraloría General sigue alertando sobre mal manejo de recursos públicos

COMUNICADO DE PRENSA No. 069

  

  • La Corte Constitucional reivindicó los principales atributos de la reforma al control fiscal, en momentos en que la CGR ha logrado con sus alertas que se corrijan contratos por el Covid-19 donde detectó sobrecostos.
  • Considera la Corte que el Control Preventivo es excepcional y no coadministra.
  • El fallo fue adoptado por amplia mayoría: 8 votos a favor y un solo salvamento.
  • Contralor agradece a los miembros de la Corte Constitucional respaldo jurídico a su iniciativa de contar con un control preventivo, que le permite a la Contraloría actuar con oportunidad en la vigilancia de los recursos públicos.

 

 

Bogotá, 7 de mayo de 2020.- En un fallo histórico, con el cual declaró ajustada a la Constitución la reforma al control fiscal, la Corte Constitucional dio vía libre a la aplicación de las figuras del control preventivo y concomitante (no previo) e indicó que no constituye una afectación del principio de separación de poderes.

Consideró la Corte que la propia norma constitucional examinada justamente establece los límites, cautelas y prohibiciones bajo los cuales debe ejercerse dicho control.

El Contralor Carlos Felipe Córdoba agradeció a los miembros de la Corte Constitucional  y  expresó su satisfacción por el claro respaldo jurídico a la iniciativa que planteó desde antes posesionarse en el cargo, en cuanto a poder hacer un control preventivo, que, como se ha demostrado en la emergencia por el Covid-19, permite a la Contraloría General ser oportuna en la vigilancia de los recursos públicos, adelantando actuaciones en tiempo real y alertando eficazmente sobre riesgos o daños inminentes al patrimonio público.

El máximo juez de la Constitución reivindicó los principales atributos de la reforma, así:

  1. No implicará coadministración.
  2. Se realizará en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la información.
  3. Promueve la activa participación activa del control social.
  4. Se articula efectivamente con el control interno.
  5. Tiene carácter excepcional y no vinculante.
  6. No versará sobre la conveniencia de las decisiones de los administradores de recursos públicos.
  7. Se realizará en forma de advertencia al gestor fiscal.
  8. Su ejercicio y coordinación corresponde exclusivamente al Contralor General de la República en materias específicas.

El fallo fue adoptado por ocho de los nueve magistrados, con el único salvamento de voto de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger.

Control preventivo muestra primeros resultados.

La sentencia de exequibilidad de la Corte se produce en momentos en que la Contraloría General de la República hace uso de las nuevas normas de control, con una vigilancia excepcional al gasto público realizado en todos los niveles de gobierno para atender los efectos de la pandemia Covid-19.

Con ello el órgano de control ha alertado sobre posibles sobrecostos en contratos de compra de alimentos para la población más vulnerable y adquisición de elementos para la salud, con lo cual ha facilitado que varias entidades corrigieran errores que habrían afectado seriamente los presupuestos públicos.

En una sola muestra de 21 contratos por el Covid-19, los posibles sobrecostos se redujeron $7.566 millones, luego de alertas de la Contraloría.

No se sustituye la Constitución Política

La reforma impulsada por el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, que dota a la entidad de la eficaz herramienta del control preventivo y concomitante, fue declara ayer plenamente ajustada a la Carta Política por la Corte Constitucional.

En un fallo que resulta histórico por sus alcances, la Corporación dio vía libre a la aplicación de las dos figuras que complementan y fortalecen el sistema de control posterior y selectivo establecido por el Constituyente de 1991.

En sesión virtual, la Corte resolvió una demanda de constitucionalidad contra los artículos 1 (parcial) y 2 (parcial) del Acto Legislativo 4 de 2019, y concluyó que la norma demandada no sustituye la Constitución Política, como lo pretendía el demandante.

Publicado el 07 מאי 2020 10:30


Balance del control preventivo en emergencia por Covid-19:

Contraloría adelanta 2 procesos fiscales por $2.246 millones y ha alertado a 26 Gobernaciones y 67 Alcaldías por presuntos sobrecostos y ambigüedades contractuales

COMUNICADO DE PRENSA No. 068

 

  • “Estamos dando resultados contundentes y mostrando que el control preventivo sirve”, dice en plenaria no presencial del Senado el Contralor Carlos Felipe Córdoba.
  • Se han decretado embargos en los 2 procesos de responsabilidad fiscal que se han abierto, uno de los cuales involucra al Gobernador de Arauca.
  • También se han aplicado medidas cautelares a otros 3 Gobernadores.
  • La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción adelanta hoy 21 indagaciones preliminares, por una cuantía superior a los $50 mil millones. 7 están en reparto para poder abrir proceso de responsabilidad fiscal.
  • *En la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo se han abierto otras 12 indagaciones preliminares.
  • El Contralor General ha expedido 22 resoluciones que ordenan la intervención funcional de 132 contratos por valor total superior a los 297.755 millones de pesos.
  • Grandes floricultores se beneficiaron con $2.000 millones de la Línea de Crédito Agro Produce.
  • Contralor explicó al Congreso cómo se está ejerciendo control sobre manejo de recursos públicos entregados a la banca.
  • Eventualmente, la Contraloría podrá adelantar acciones de vigilancia y control posteriores sobre los recursos del FONPET y el FAE prestados al FOME.
  • Contraloría evaluará traslado de pensionados de las AFP a Colpensiones.
  • Unidad de Gestión del Riesgo llamada a rendir cuentas, por su gestión contractual en la emergencia.

 

Bogotá, 6 de mayo de 2020.- Dando cabal aplicación al Acto Legislativo 04 de 2019, que permite a la Contraloría General de la República ejercer el control preventivo y concomitante, este organismo de control ha puesto su lupa al manejo de los recursos públicos dirigidos a atender la emergencia por el Covid-19 y, su balance de actividades en este tema muestra, para empezar,  la apertura  de 2 procesos de responsabilidad fiscal, por una cuantía que suma $2.246 millones.

A través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata –DIARI, que se ha convertido en los ojos y oídos de la sociedad, el organismo de control ha emitido alertas tempranas sobre presuntos sobrecostos, ambigüedades e inconsistencias contractuales en 26 de las 32 Gobernaciones, así como en  67 alcaldías municipales y distritales, precisó hoy en una sesión plenaria no presencial del Senado el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba.

De dichas alertas se han desprendido los 2 procesos de responsabilidad fiscal mencionados (uno en Sincelejo y en otro en Arauca), ambos por presuntos sobrecostos en contrataciones para entrega de kits alimentarios a población vulnerable.

Otro resultado de estas alertas es la apertura de varias indagaciones preliminares y la evaluación de distintos casos para decidir la actuación a seguir.

La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción adelanta hoy 21 indagaciones preliminares, por una cuantía superior a los $50 mil millones. 7 están en reparto para poder abrir proceso de responsabilidad fiscal.

En la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo se han abierto 12 indagaciones preliminares.

Las Gerencias Departamentales Colegiadas de la CGR en Antioquia, Boyacá y Casanare abrieron otras 3 indagaciones preliminares.

No ha pasado ni siquiera un mes desde la primera actuación de la Contraloría y se han podido realizar embargos en los casos de Sincelejo y Arauca, y a otros tres Gobernadores, al verificar presuntos sobrecostos.

El Contralor General ha expedido 22 resoluciones que ordenan la intervención funcional de 132 contratos por valor total superior a los 297.755 millones de pesos.

Esto implica que la Contraloría General de la República ha desplazado en sus competencias a las respectivas Contralorías Territoriales, con el fin de iniciar actuaciones especiales de fiscalización, indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal o cualquier otro ejercicio de control que resulte idóneo para esclarecer los hechos relacionados.

Alerta por colaciones de crédito de Finagro

Otro logro que resaltó el Contralor es la alerta que dio el organismo a su cargo sobre la concentración de créditos subsidiados para el agro, específicamente en las colocaciones hechas por Finagro dentro de la Línea de Crédito denominada Colombia Agro Produce.

La CGR encontró que de los $226.000 millones colocados en esta línea de crédito hasta el 8 de abril, $213.566 millones han ido a grandes comercializadores y agroindustriales, $8.300 millones para medianos, y sólo $4.200 millones para pequeños productores.

De los $226 mil millones, $196.133 millones se colocaron por rubros de comercialización y/o transformación, costos operativos y anticipos.

Con corte reportado al 23 de abril de 2020 a la CGR por parte de FINAGRO, se han desembolsado créditos por $224.502.909.702.

La línea no fue focalizada por productos, regiones y en pequeños productores para atender la situación de emergencia y contribuir con la producción y con la sostenibilidad alimentaria.

Los primeros recursos se aprobaron a grandes clientes de los bancos por $213.566 mil millones, sin ningún control de su urgencia y verificación de su destino, y ninguna de las líneas de colocación fue la de producción.

Incluso se han colocado $2.000 millones para grandes floricultores.

Se determinó que esta línea de crédito se coloca por demanda, sin gestión de FINAGRO, ni políticas claras, de tal manera que el 32.5% de los recursos se concentran en Bogotá en actividades no productivas, y en 5 departamentos, que sumados representan el 73% de los créditos aprobados.

La Contraloría ha encontrado entonces que carece de controles en su colocación, de tal manera que puede acceder a la misma cualquier persona que no se encuentre afectada de manera directa por la emergencia.

Se verificó que no contempla ningún indicador de efectividad para medir su impacto en la producción agropecuaria, especialmente de alimentos, ni en la generación y/o en el mantenimiento de los empleos sectoriales.

Después de la alerta de la Contraloría, a la fecha se han cancelado operaciones por $58.753.000.000 en créditos devueltos. Lo que significa $1.764.700.000 en subsidios.

Finagro, mediante circular reglamentaria del 24 de abril, cerró el acceso de los Grandes Productores a todos los segmentos de la Línea de Crédito Colombia Agro Produce.

Control sobre manejo de recursos públicos entregados a la banca

La Contraloría General ha requerido información al Ministerio de Hacienda, al Banco de la República, a la Superintendencia Financiera, a Bancoldex y al Fondo Nacional de Garantías.

Son punto de interés de la CGR el monto de los recursos asignados para su cumplimiento, las asignaciones que se han realizado; los programas y líneas de crédito que se han creado para la ejecución de la estrategia y el control que está realizando la Superintendencia Financiera.

Seguimiento sobre recursos públicos facilitados a las Pymes

La Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras hace seguimiento a las obligaciones del Ministerio de Hacienda y del Fondo Nacional de Garantías para la verificación del debido cumplimiento de lo establecido en el Decreto 466 del 23 de marzo de 2020, en cuanto a la debida focalización de las líneas de garantía.

Se está haciendo seguimiento a los recursos que Bancoldex otorga mediante créditos directos con tasa compensada.

Desde el 7 de abril Bancoldex reporta a la Contraloría General de la República información sobre los desembolsos correspondientes a las líneas de crédito “Colombia Responde” y “Colombia Responde para Todos”.

Con corte al 21 de abril de 2020 se han otorgado 609 créditos a la micro, pequeña y mediana empresa por valor total de $300.162.981.213, por las líneas mencionadas.

En cuanto a créditos para las grandes empresas se reportó que han accedido a esta línea 47 de ellas, por un monto total de $145.264.297.629.

Posición sobre recursos del FONPEC y el FAE prestados al FOME

La Contraloría General de la República podrá hacer uso de cualquiera de los mecanismos de vigilancia y control fiscal establecidos en el Decreto 403 de 2020, para constatar que los recursos públicos dispuestos para la atención de la emergencia cumplan con su finalidad y sean restituidos en término a las fuentes que permitieron obtener el flujo necesario para hacer frente a la contingencia por el COVID 19, sin perjuicio de la posibilidad de advertir sobre riesgos de afectación o amenaza del flujo de pagos de FONPET o de incumplimiento de las obligaciones del FAE.

A través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI),  se realiza seguimiento en tiempo real a los giros efectuados por el FOME, informando a las respectivas Contralorías Delegadas Sectoriales lo correspondiente para que realicen el respectivo seguimiento y vigilancia sobre el uso de tales recursos.

Desde la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras se viene realizando seguimiento al programa Ingreso Solidario cuya ejecución se ha financiado con recursos del FOME.

Traslados de pensionados de fondos privados a Colpensiones

La Contraloría Delegada para el Sector Trabajo realizará el trámite para incorporar en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2020 la auditoría de cumplimiento tanto a Colpensiones como a los Fondos Privados de Pensiones.

Se evaluará que los traslados a Colpensiones de pensionados del Régimen de Ahorro Individual en la modalidad de retiro programado que reciben un salario mínimo se encuentren efectivamente financiados.

También, las acciones para contratar la renta vitalicia y el estado de las cuentas individuales de los pensionados trasladados; se verificará que las AFP giren los recursos a Colpensiones para el pago de las mesadas pensionales.

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – Ungrd

A esta entidad, se le han pedido los expedientes documentales completos con información presupuestal, contable y legal de los contratos suscritos para atender la emergencia económica, social y ambiental.

Se le ha solicitado Informe detallado de la estrategia desarrollada para cumplir con los objetos contractuales, especialmente lo referente con la entrega de la asistencia humanitaria alimentaria.

La Contraloría hace seguimiento a la entrega de 18 mil ayudas humanitarias de emergencia enviadas a los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar.

También se está haciendo seguimiento a la entrega de 150.000 ayudas humanitarias en la ciudad de Bogotá y 50.000 ayudas en el municipio de Soacha en asocio con la seccional Cundinamarca/Bogotá D.C. de la Cruz Roja. 

Regalías

En cuanto a este tema, la Unidad de Seguimiento, Auditoría y Responsabilidad Fiscal de Regalías, se encuentra realizando seguimiento permanente al decreto 513 de 2020, el cual establece medidas para flexibilizar el trámite de los proyectos de inversión pública susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Fue implementada una red de monitoreo a redes sociales, medios de comunicación nacionales y regionales, redes sociales de veedores ciudadanos, emisión de reportes diarios para el seguimiento de denuncias y alertas regionales y seguimiento a las decisiones adoptadas por los organismos colegiados de administración y decisión- OCAD.

Publicado el 06 מאי 2020 19:30