Boletines de Prensa - 2021

Logos CGR - Procuraduría y Defensoría del Pueblo

COMUNICADO DE PRENSA No. 96

Procuraduría, Contraloría, Defensoría y Mesa Nacional de Víctimas solicitaron al Gobierno redoblar esfuerzos institucionales y presupuestales para atención y reparación de las víctimas del conflicto

 

Contralor General Felipe Córdoba en evento con Procuraduría, Defensoría y la mesa nacional de víctimas

 

 

• Los entes de control señalaron que, a raíz de la agudización del conflicto armado en las regiones, la minería ilegal, el narcotráfico y las disputas por el territorio entre los grupos armados ilegales, se duplicaron los desplazamientos masivos en 2021 en comparación con el mismo periodo de 2020.  

 

 Durante el primer semestre de este año se han presentado 102 eventos de desplazamiento masivo, donde 44.290 personas se desplazaron por cuenta del conflicto armado. 

 

• Los entes de control reconocieron la gestión del Gobierno nacional y advirtieron que se requerirán $328,3 billones para garantizar, en un tiempo razonable, una reparación integral y transformadora de las víctimas. 

 

 

Bogotá, 18 de agosto de 2021. La Procuraduría General de la Nación (PGN), la Contraloría General de la República (CGR), la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas reconocieron la gestión del Gobierno nacional e instaron a las entidades a que se redoblen los esfuerzos institucionales y presupuestales para implementar la Política Pública de Asistencia, Atención y Reparación de las Víctimas del Conflicto Armado, con el fin de avanzar de forma contundente en la garantía de los derechos de esta población. 

 

La Comisiones de Seguimiento y Monitoreo de la Ley 1448 y los Decretos Ley Étnicos celebraron la prórroga de 10 años establecida en la Ley 2078 de 2021 y la expedición del Conpes 4031, en el cual se proyectan recursos y lineamientos de acción para la política pública, evidenciándose el compromiso del Gobierno nacional para continuar con la asistencia, atención y reparación integral de las víctimas.  

 

Así mismo, destacaron la inversión realizada por este Gobierno frente al reto de la implementación del Acuerdo de Paz, siendo el que más ha invertido recursos en ello, con un esfuerzo fiscal de $135,5 billones, entre 2012 y 2021. También señalaron que se requieren $328,3 billones adicionales para garantizar a las víctimas una reparación integral. 

 

En los informes se resaltaron los avances alcanzados en 2019, 2020 y 2021, aunque faltan aspectos por mejorar para atender el crecimiento del universo de víctimas que hoy supera los nueve millones de personas.  

 

Hicieron un llamado a continuar fortaleciendo la articulación institucional y la implementación de medidas reparadoras sostenibles para las víctimas y comunidades étnicas.  

 

En el evento de aprobación de los informes de las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo, que se realizó en cumplimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y de los Decretos Leyes Étnicos, los entes de control y los representantes de las víctimas identificaron algunas dificultades en los procesos de reparación colectiva, retornos y reubicaciones, indemnización y rehabilitación. 

 

 

Durante el primer semestre de este año se han presentado 102 eventos de desplazamiento masivo donde 44.920 personas pertenecientes a 15.340 familias, se movilizaron de manera forzada a otros lugares por cuenta del conflicto armado. En el mismo periodo del año anterior se registraron un total de 51 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 13.912 personas de 4.311 familias. 

 

Según los informes presentados el 91% de las víctimas del conflicto armado están en situación de pobreza o vulnerabilidad. En materia de reparación se destacaron 276.434 órdenes proferidas por jueces especializados en restitución de tierras, a través de 6.483 sentencias que beneficiaron a 33.028 personas. No obstante, se requieren esfuerzos adicionales para lograr un alto nivel de cumplimiento de las decisiones judiciales.  

 

Además, por primera vez se contó con un estudio específico en materia de género que señaló que más de la mitad de las víctimas del conflicto armado son mujeres afectadas de manera diferencial. En esa medida, la respuesta institucional debe adecuarse a sus necesidades.  

 

Finalmente, los órganos de control y los miembros de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas hicieron un llamado a las alcaldías municipales donde se encuentran los 34 puntos de atención de la Unidad para las Víctimas a asignar recursos para su funcionamiento y mantenimiento, ya que algunas obras presentaron deterioros durante la suspensión de la atención presencial en 2020, debido a la pandemia por COVID-19. 

Publicado el 18 aug. 2021 17:50


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 95

 

Contraloría falló con responsabilidad fiscal por $211.755 millones contra Electricaribe y revisoría fiscal, por indebida aplicación de recursos del FOES destinados a población más pobre de la Región Caribe

 

 Fotografía edificio Electricaribe

 

  • Se constató una omisión en la correcta aplicación de la norma establecida para el manejo de los recursos del Fondo de Energía Social -FOES, que contribuyó a la materialización del daño al patrimonio público, durante el período comprendido entre julio de 2011 y octubre de 2016. 
  • En forma solidaria con Electricaribe, se falló también con responsabilidad fiscal contra la empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS y tres de sus colaboradores. 
  • El proceso fiscal se originó en una auditoría de 2017, y otras posteriores, donde se encontró que los recursos estatales que debían subsidiar a usuarios de los estratos 1 y 2 de las zonas especiales de la Región Caribe fueron utilizados por Electricaribe para reducir sus pérdidas. 
  • La Empresa de Energía Eléctrica del Caribe - ELECTRICARIBE S.A en liquidación, constituyó Garantía Bancaria con la entidad Bancaria BBVA a favor de la Contraloría General de la Republica dentro de este Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, en salvaguarda del interés público en cuantía de $187.227 millones. 

Bogotá, 17 de agosto de 2021.- La Contraloría General de la República profirió falló con responsabilidad fiscal por $211.755 millones de pesos en contra de Electricaribe, por la indebida aplicación de los recursos de destinación específica del Fondo de Energía Social -FOES que debieron aliviar el valor a pagar en la factura del consumo de energía de los usuarios de los estratos 1 y 2 de las zonas especiales de la Región Caribe, durante el período comprendido entre julio de 2011 y octubre de 2016. 
 

Los $187.227 millones que recibió Electricaribe como canalizador del FOES, que administra el Ministerio de Minas y Energía, fueron aplicados al consumo distribuido comunitario y no al consumo individual del usuario que contaba con medidor individualizado como principal destinatario del mismo.  

 

Los recursos del FOES son de inversión social y destinación específica, por lo tanto, debieron ser aplicados al consumo individual del usuario y no al consumo distribuido comunitario, como lo realizó Electricaribe. 

 

Al llevar a cabo dicha aplicación, no se alivió el valor a pagar en la factura por los usuarios, sino que por el contrario se favorecieron los ingresos de la empresa ELECTRICARIBE como canalizador, reduciendo con ello las pérdidas no técnicas de energía que presentaba la empresa en esas zonas especiales. 

 

Fue así como, ELECTRICARIBE pasó por alto que el Estado destinó unos recursos en beneficio de la empresa en los cuales actuaban como operadores los Fondos de Apoyo Financiero PRONE, FAER y FANZI, cuyos recursos van encaminados, de una parte, para apoyar los planes de reducción de perdidas no técnicas de energía, y de otra, como apoyo a las empresas con usuarios no normalizados ubicados en las áreas especiales. 

 

En forma solidaria con Electricaribe, se falló también con responsabilidad fiscal contra la firma PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA y tres de sus colaboradores, en su calidad de revisores fiscales de la empresa, que avalaron la aplicación incorrecta de dichos recursos, toda vez que con su atestación o su testimonio en tal condición conllevaron a que el Ministerio de Minas y Energía llevara a cabo el giro de los recursos a Electricaribe como canalizador de los mismos. 

 

Revisión de facturas con minería de datos 

 

Para llegar a esta decisión, proferida por la Contralora Delegada Intersectorial No. 5 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, se revisó la facturación mensual de las zonas especiales de la Región Caribe, que corresponde en promedio a un millón 800 mil facturas por mes, de las cuales fueron glosadas aproximadamente 700 mil, bajo el esquema de minería de datos, así como, las pruebas recaudas, practicadas y valoradas integralmente a los largo de la causa fiscal. 

 

Auditoría que dio lugar al proceso fiscal 

 

Este proceso fiscal se originó en los hallazgos que se detectaron en una auditoría que realizó la Contraloría Delegada de Minas de Energía en 2017 y que dio lugar posteriormente a otras acciones de control en Electricaribe. 

 

Según el informe de auditoría mencionado, al revisar en detalle la aplicación individual del subsidio a los usuarios (en ese momento durante los años 2015 y 2016), se encontró que al asignar el beneficio FOES en su sistema de facturación, Electricaribe desconoció la esencia del subsidio, que es aminorar el valor de la obligación a cargo del usuario en su factura y a cambio lo destinó a disminuir sus pérdidas. 

 

Publicado el 17 aug. 2021 6:35


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 94

 

Alerta de la Contraloría:

 

Hay más de 26 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 sin pagar a las IPS

 

Fotografía de Vacuna Covid, frasco

 

 

  • La Contraloría evidenció que sólo se han ejecutado cerca de 16 mil millones de pesos de los más de 668 mil millones que el Ministerio de Salud destinó para el pago de la aplicación de la vacuna.   
  • De las 31.000.000 de dosis aplicadas a la fecha solo se han realizado pagos por 2.647.638 a las IPS.  
  • Existen retrasos en la validación de facturas por parte de las EPS que están generando un ‘cuello de botella’ dentro del trámite para realizar los pagos.   
  • Solamente el 27% de total de las facturas de las vacunas aplicadas entre los meses de febrero y abril de 2021, han sido validadas por las EPS.  

 

Bogotá, 16 de agosto de 2021.- La Contraloría General de la República, a través de su Delegada para el Sector Salud, identificó graves retrasos en los procesos de facturación y pagos de las dosis aplicadas de vacunas contra el Covid-19.  

De los más de 668 mil millones de pesos que el Ministerio de Salud destinó para el pago de la aplicación de la vacuna, solo se han ejecutado cerca de 16 mil millones.  

La información se obtuvo dentro del seguimiento permanente que la CGR está realizando al Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19. En este seguimiento también se identificó que, de las 31.000.000 dosis de vacunas aplicadas a la fecha, solo se han realizado pagos a las IPS por $16.004.790.321, correspondientes a 2.647.638 dosis. 

La baja ejecución de los recursos destinados para este fin deja al descubierto que existen retrasos en la validación de facturas por parte de las EPS, lo que está generando un ‘cuello de botella’ dentro del trámite para realizar los pagos.   

Por ejemplo, un cruce de datos que realizó la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la CGR a las bases que contienen la información del plan, dejó como resultado que las EPS del país han validado solo el 27 por ciento de las vacunas aplicadas entre el 17 de febrero y el 30 de abril de 2021, acrecentando así los retrasos de los pagos que deben recibir las IPS por la aplicación de las vacunas.  

Además, la base de datos Paiweb, que contiene todos los datos del Plan Nacional de Vacunación, registra, con corte al 4 de agosto pasado, 18.233.872 vacunas digitalizadas de las 29.013.935 que en total se habían aplicado a esa fecha, lo que representa un rezago de 10.780.063 dosis dentro de las actualizaciones que el Ministerio de Salud, EPS e IPS deben realizar en esta plataforma.   

Diferencias de reportes en bases de datos deben solucionarse 

La inconsistencia entre las bases de datos dificulta la vigilancia que, en tiempo real, está realizando la CGR al Plan Nacional de Vacunación. Por eso la entidad pide al Ministerio de Salud y a las prestadoras de salud que estas diferencias de reportes en las bases de datos sean solucionadas y los datos actualizados oportunamente, porque los retrasos hacen más lento aún el proceso de facturación y pagos.   

Los trámites de validación de las facturas del Plan de Vacunación están dispuestos en una resolución del Ministerio de Salud que, además, contiene los protocolos para los anticipos a las IPS que aplican los biológicos y los protocolos que deben anexarse para los giros que finalmente realiza la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGR), entidad gubernamental encargada de realizar los pagos.   

Como es de conocimiento nacional, las prestadoras de salud han manifestado su inconformismo por la lentitud del proceso de facturación y de pagos hasta el punto de asegurar que está en riesgo la continuación de la aplicación de dosis de vacunas en varias regiones del país.   

En este ejercicio de control preventivo y concomitante, la Contraloría Delegada para el Sector Salud ha radicado y comunicado a entes de control, Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud la información discriminada de las alertas identificadas por la CGR. 

Publicado el 16 aug. 2021 10:00


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 93

 

Era plata para atención en salud a población pobre: 

 

Contraloría declaró responsable fiscal a ex alcalde de Mocoa, Mario Luis Narváez, por manejo irregular de recursos del SGP a través de transferencias electrónicas

 

Pieza gráfica con fotografía de médico en luz dramática y titular del comunicado

 

  • Igual decisión se tomó en el caso de dos funcionarios de la época en que se presentó esta situación (2011): el Tesorero Municipal, Ever Clemente Ruiz, y la interventora del Régimen Subsidiado de Salud del Municipio de Mocoa, Teresita de Jesús Erazo Melo. 

 

  • Hubo dos fallos fiscales en este caso, por más de $2 mil millones. 

 

  • Se trata de un caso emblemático que resolvió la Gerencia Departamental de la CGR en el Putumayo, por giros -sin soporte- de las cuentas maestras del Régimen Subsidiado de Salud que realizó el Municipio de Mocoa, a favor de terceros con los cuales no tenía ninguna relación contractual. 

 

Bogotá, 10 de agosto de 2021.- La Contraloría General de la República declaró responsables fiscales al ex alcalde de Mocoa (Putumayo), Mario Luis Narváez Gómez, y al ex tesorero municipal, Ever Clemente Ruiz, entre otros, por un caso de manejo irregular de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) mediante transferencias electrónicas que se dio en el año 2011. 

 

A través de la Gerencia departamental de Putumayo, el organismo de control profirió dos fallos con responsabilidad fiscal por valor de $ 2.178 millones, que ya se encuentran debidamente ejecutoriados. 

 

Dentro del trámite de los procesos, se logró demostrar la responsabilidad fiscal de los exfuncionarios y otros comprometidos en la realización de varias transferencias electrónicas desde cuentas bancarias del Municipio de Mocoa. 

 

La decisión se tomó tras verificar que hubo un manejo irregular de recursos públicos, el cual se reconoció al efectuar pagos a favor de terceros, que no tenían ningún vínculo contractual con ese ente territorial. 

 

Los recursos públicos, que correspondían al Sistema General de Participaciones (SGP), debieron haberse utilizado para la atención en salud de la población de ese municipio, pero fueron girados a favor de una empresa de servicios aduaneros con sede en Ipiales y una Fundación ubicada en Tumaco. 

 

Responsables Fiscales deberán 

reintegrar los recursos perdidos 

 

Al ser declarados fiscales, los entonces alcalde y tesorero municipal de Mocoa, que tenían a su cargo el manejo de la correspondiente cuenta bancaria, y la interventora del Régimen Subsidiado de Salud del Municipio de Mocoa para la época, deberán reintegrarle al tesoro público los recursos que se transfirieron sin que la comunidad de Mocoa obtuviera algún beneficio. 

 

Auditoría a manejo de recursos del 

SGP, origen del proceso fiscal 

 

Los procesos de responsabilidad fiscal finalizados se adelantaron como producto de una auditoría que realizó en su momento la Contraloría General de la República a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGR), cuyos hallazgos fueron trasladados entonces la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, dando pie a las respectivas investigaciones de carácter penal y disciplinario. 

Publicado el 10 aug. 2021 8:00


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 92

 

Contraloría apoya proceso para asegurar su terminación:  

 

Biblioteca España, en Medellín, no será un elefante blanco eterno 

 Pieza gráfica de biblioteca Medellin con ilustración de un elefante blanco y titular del comunicado

  • Así lo aseguró en la capital del departamento de Antioquia el Contralor Felipe Córdoba, al visitar esta obra inconclusa y anunciar el acompañamiento de la CGR, a través de su estrategia “Compromiso Colombia”. 
  • También fue incluido en este programa el parque de deportes a motor Central Park, en el municipio de Bello. La obra se ha reactivado y podría entregarse finalizada en el primer semestre de 2022. 
  • La Contraloría General de la República tiene en su lupa, en más de 50 municipios del departamento de Antioquia, 117 obras inconclusas por un valor de $971 mil millones.

 

 

Medellín, 6 de agosto de 2021.- Para el Contralor Felipe Córdoba, que visitó hoy esta obra, la Biblioteca España es uno de los mamuts de obras inconclusas en el país, pero con el acompañamiento de la Contraloría General de la República y su programa “Compromiso Colombia” se tiene la aspiración de poderla terminar y que preste efectivamente servicio. 

 

“Para el 2023, los niños de la Comuna 1de Medellín deberían tener nuevamente a su servicio esta biblioteca, que ya no sería entonces una obra inconclusa que ha llegado a ser considerada más que un elefante blanco, un verdadero mamut”, dijo el Contralor. 

 

El jefe del organismo de control visitó también el parque de deportes a motor Central Park, en el municipio de Bello, y dejó una buena noticia: las obras se reactivan y la idea es que el proyecto se pueda entregar finalizado en el primer semestre de 2022. 

 

El Contralor recordó que en el departamento de Antioquia hay más de 117 obras inconclusas, por más de $971 mil millones. 

 

Biblioteca España 

 

La Biblioteca España es una infraestructura que a la fecha no presta ningún servicio a la comunidad ni se encuentra en operación. 

 

Fue entregada en funcionamiento a la comunidad en 2007. En el año 2013 inició su deterioro, por lo que se hizo necesaria su intervención en la fachada. Posteriormente mostró problemas estructurales. 

 

Y después de 7 años la biblioteca se encuentra cerrada. 

 

El Concejo Municipal dispuso de cerca de $31.000 millones para su recuperación. 

 

Se encuentra incluida en el Registro Nacional de Obras Inconclusas de la Ley 2020 de 2020 y será ingresada a la estrategia “Compromiso Colombia” de la CGR, para garantizar que se culmine y vuelva a funcionar. 

 

“La Biblioteca fue inaugurada hasta con la presencia del Rey de España”, recordó el Contralor en su visita de hoy. 

 

“El acompañamiento de la Contraloría, dentro de sus nuevas funciones preventivas, buscará que efectivamente se termine. 

 

Central Park, en Bello 

 

El parque de deportes a motor Central Park es un proyecto de gran impacto en el área metropolitana del Valle de Aburra, no solo por la magnitud de su inversión de $141.888 millones, sino porque allí se podrán practicar deportes como automovilismo, karts, motociclismo, patinaje, ciclismo y atletismo. Fue entregado a finales de diciembre de 2019, con algunas de las obras proyectadas. 

 

El proyecto incluye dos contratos suscritos entre Indeportes Antioquia y la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (VIVA): el contrato interadministrativo 265 de 2019, para la construcción del Parque en su etapa 1 (Fase 1 y 2) y el contrato interadministrativo 505 de 2019, de administración de recursos y continuación de ejecución del proyecto. 

 

Y se tiene un contrato de interventoría por $6.218 millones, con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. 

 

VIVA subcontrató con Compuser (la tribuna principal) y con Ingecon SAS. (las demás obras). 

 

El contrato 265 se encuentra en proceso de liquidación de los contratos derivados, debido a que se vencieron las fechas contractuales y las obras no se han terminado.

 

La Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (VIVA) le adeuda al contratista $17.000 millones, por no reconocimiento de ítems ejecutados, situación que ha generado problemas con los pagos y amortización del anticipo. 

 

La CGR ha realizado varias mesas de trabajo y visitas a las obras, para verificar el cumplimiento en su ejecución. Así mismo, ha escuchado las inquietudes de la veeduría ciudadana y representantes de los deportes a motor.

 

Para garantizar la terminación del proyecto Central Park, fue incluido ahora en la estrategia “Compromiso Colombia” de la Contraloría General. 

 

Publicado el 06 aug. 2021 16:35