Boletines de Prensa - 2020

Contraloría General pone la lupa a medidas adoptadas en el Chocó frente a epidemia del virus del dengue

COMUNICADO DE PRENSA No. 015
 

  • La CGR, a través de su Delegada para la Participación Ciudadana, se trasladará este miércoles al departamento de Chocó, en donde verificará, a través del ejercicio del control social, las acciones de salud pública que se han implementado en el PIC para mitigar los riesgos de propagación del virus del dengue.
  • Según el Instituto Nacional de Salud (INS), en año 2019 se presentaron en el país al menos 127.553 casos y 90 muertes confirmadas.
  • En lo transcurrido de 2020, se han reportado un total de 8.624 casos y 11 casos letales.

 

Bogotá, 4 de febrero de 2020.- La Contraloría General de la República adelantará mañana miércoles 5 de febrero, en Quibdó, una mesa de trabajo con las comunidades y autoridades de salud del departamento del Chocó, con el objeto de realizar seguimiento a las acciones o planes de contingencia dispuestos para mitigar los riesgos que viene generando el virus del dengue.

La reunión, que tendrá lugar en el auditorio de la Gerencia Departamental de la CGR en el Chocó, ubicada en la Calle 22 No 3 - 06 (barrio Yesquita), se evaluarán las acciones que, a través del Plan de Intervenciones Colectivas de Salud Pública, se vienen implementando para evitar que se continúe propagando el virus y minimizar los riesgos.

A la mesa de trabajo están citados el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Gobernación del Chocó, Secretaría Departamental de Salud, Alcaldías de los municipios de Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Bagadó, la Personería de Quibdó, los gerentes de los hospitales Francisco de Asís e Ismael Roldán Valencia, organizaciones indígenas y representantes de la ciudadanía.

Medidas adoptadas ante la presencia del dengue

“El departamento del Chocó tiene condiciones propicias para la transmisión del dengue, por encontrarse en una zona con temperaturas que oscilan entre los 26 y 30 °C, un elevado porcentaje de la población con NBI necesidades básicas insatisfechas (89,8 %), bajas coberturas de acueducto y alcantarillado (35 y 15 %, respectivamente) (3) y elevados índices de infestación. Es por eso que la Contraloría se traslada para establecer la problemática, y así conocer, por parte de los responsables, todas las medidas adoptadas para evitar su propagación”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

“La presencia del dengue en el país es un problema de salud pública que, según el Instituto Nacional de Salud (INS), en el 2019 generó 127.553 casos y 90 muertes confirmadas en todo el país; y en este año ya se reportan 8.624 casos y 11 casos letales. Es por eso que la grave situación amerita la intervención de la Contraloría General de la República que, a través de la Delegada para la Participación Ciudadana, promoverá la participación social y comunitaria en el ejercicio de control a las acciones que adopta la Secretaria de Salud Departamental en el marco del PIC, teniendo en cuenta que los recursos que financia dicha atención hacen parte del Sistema General de Participaciones – SGP,  donde el órgano de control fiscal tiene competencia” agregó Pineda Téllez.

Recursos transferidos a través del SGP

Los recursos que transfiere la Nación a través del SGP se destinan a financiar, a través de la subcuenta salud pública, todas las actividades relacionadas con el control sanitario al medio ambiente, la contaminación del suelo, agua, aire, que son los determinantes sociales de la salud que se deben atender para evitar la propagación del vector transmisor del virus del dengue.

“En el departamento del Choco en el año 2019, se realizó a noviembre de 2019, una transferencia por valor de $8.889 millones de pesos, cifra significativa para atender las diferentes dimensiones de salud pública de la población”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana.

Publicado el 04 febr. 2020 09:20


Persisten malas prácticas en transacciones y administración del Sistema de Salud: Contraloría

COMUNICADO DE PRENSA No. 014
 

  • Tratamientos sin pruebas genéticas, recobros sin prestación del servicio y pacientes inexistentes, son algunos de los hechos irregulares que sigue encontrado el organismo de control.
  • Una enfermedad de alto costo, el “Síndrome de Morquio”, está impactando fuertemente a las direcciones departamentales de salud y a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES.
  • Persiste concentración de cartera: a septiembre de 2019, la cartera de las IPS asciende a $9,4 Billones, de los cuales $3,3 billones, la tercera parte, se concentra en IPS de segundo nivel.
  • En el nivel 2 de atención, cinco hospitales concentran el 20% de la cartera: Villavicencio, Valledupar, Montería, Yopal y Magangué.
  • Se siguen embargando cuentas maestras, que legalmente no pueden ser objeto de ese tipo de medida cautelar.
  • Lupa de la Contraloría General a entes territoriales, sobre Acuerdo de Punto Final para sanear deudas de la salud.
  • Otro problema evidenciado por la CGR: falencias en dictámenes de diagnósticos y prescripciones en enfermedades no incluidas en el POS.
  • El organismo de control llama la atención por incumplimiento en contrato para auditar recobros no PBS.
     

Bogotá, 4 de febrero de 2020.- Mediante la aplicación intensiva de tecnología sobre las transacciones y administración del Sistema de Salud, la Contraloría General de la República sigue encontrando evidencias de malas prácticas que se mantienen, como: tratamientos sin prueba genética, recobros sin prestación del servicio, pacientes inexistentes y concentración de cartera, situaciones que muestran condiciones de riesgo para la prestación del servicio.

En el primer caso, los tratamientos sin prueba genética, el organismo de control ha determinado que existe una enfermedad de alto costo “Tipología Mucopolisacaridosis tipo IV A o Síndrome de Morquio”, para la que se receta el medicamento VIMIZIM, que está impactando fuertemente a las direcciones departamentales de salud y a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES.

Los pacientes fueron tratados sin prueba genética que confirmara la existencia del Síndrome de Morquio.

Frente a esto se encuentran múltiples EPS, las cuales en este momento hacen parte de un ejercicio de gestión fiscal por parte de la Contraloría General de la República.

Para lograr esta información, se elaboró un Bot de extracción y estructuración de información, mediante soporte de Recobros en la fuente primaria de información: ADRES y las entidades territoriales.

Pagos de recobros donde no hubo prestación del servicio

La Contraloría sigue evidenciando también que se han realizado pagos de recobros, donde una vez confrontados con fuente externas, se evidencia que no hubo prestación del servicio -suministro del medicamento.

Para este caso, la CGR realiza una operación automatizada de búsqueda de registros coincidentes con fuentes externas, verificando la asistencia del paciente a un centro de infusión y su correspondiente suministro de medicamento.

Otro ejercicio, por ejemplo, donde se determina un recobro que no debió ser pagado: es un Bot de consulta en la web que identifica un paciente por recobros por valor de $887.481.592 que no se encuentra en la BDUA - Base de Datos Única de Afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero fueron pagados a su respectiva EPS.

Se trata de una regla básica de validación de recobros que no se cumple, estableciendo una inconsistencia: debió ser glosado y no pagado.

Concentración de cartera

A septiembre de 2019, la cartera de las IPS asciende a $9,4 Billones. La tercera parte de ellos ($3,3 billones) se concentra en IPS de segundo nivel.

En el nivel 2 de atención cinco instituciones concentran el 20% de la cartera: Hospital Departamental de Villavicencio, Hospital Rosario Pumarejo de Valledupar, Hospital Regional de la Orinoquia de Yopal, Hospital La Divina Misericordia de Magangué y Hospital San Jerónimo de Montería.

Tres de estos Hospitales (Villavicencio, Magangué y Montería) están intervenidos por la Superintendencia de Salud, lo que demuestra falencias en la gestión de cobro.

Embargos de cuentas maestras que no pueden ser objeto de medida cautelar

Un hecho que ha llamado la atención de la Contraloría, y que generó una Circular del Contralor Carlos Felipe Córdoba , es que han sido embargadas cuentas maestras, que legalmente no pueden ser objeto de ese tipo de medida cautelar.

*Un caso específico es el del Juzgado Primero Civil de Riohacha, que embarga y falla a favor de los demandantes utilizando recursos de cuentas maestras de salud.

Lupa de la Contraloría General a entes territoriales, sobre Acuerdo de Punto Final para sanear deudas de la salud

Frente al Acuerdo de Punto Final, en el caso de los entes territoriales, la Contraloría General de la República estará realizando muestreo aleatorio de deuda reconocida, pagos realizados con fuentes propias y estado de la auditoría (valor auditado, valor reconocido, valor pendiente por auditar y monto pendiente de pago, producto de las auditorías de punto final contratadas por cada entidad territorial).

Se hará seguimiento a la suscripción de los contratos de transacción de punto final que deben realizar los entes territoriales con las EPS.

Y habrá seguimiento a la suscripción de los contratos de auditoria de punto final que deben realizar estas entidades.

Oportunidad en la Contratación con Red Pública

Las Gobernaciones y Alcaldías deben contratar a 30 de junio del 2020, los excedentes de las cuentas de salud pública con la Red Pública, en cumplimiento del Art. 20 de la Resolución 518 de 2015, recordó la Contraloría.

La contratación debe hacerse de acuerdo con los Planes de Acción en Salud, que debe presentarse a más tardar el 30 de enero de 2020.

En el 2019, se suspendieron los giros de los excedentes a los municipios de Santa Marta y San Andrés, por no cumplir las fechas de contratación establecidas por el Ministerio de Salud.

En el 2020 está pendiente la asignación de los saldos a las entidades territoriales por parte del Departamento Nacional de Planeación -DNP.

Otro problema: falencias en dictámenes de diagnósticos y prescripciones en enfermedades no incluidas en el POS

Comparados los giros del 2018 y 2019 de ADRES hacia los Regímenes de Salud, se observa un crecimiento de 32.19% en el No PBS (Servicios y Tecnologías en Salud no Cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC)

El incremento en el régimen subsidiado es de apenas el 6.26% en el régimen subsidiado y 13.91% en el régimen contributivo.

Son visibles las falencias en dictámenes de diagnósticos y prescripciones en enfermados no incluidas en el POS.

De hecho, el No PBS es 5.14 veces el régimen subsidiado y 2.31 veces el régimen contributivo.

Incumplimiento en contrato para auditar recobros no PBS

ADRES firmó en 2018 un contrato para auditar los recobros no PBS por el monto de $140.000 millones. El contrato ha sido incumplido y el contratista, que ha recibido cuatro multas, está solicitando al Ministerio la cesión del contrato. Como la auditoría no fue ejecutada, el rezago es de $7,6 billones.

ADRES generó entonces un giro previo de $5,01 billones de pesos a 15 EPS. A la fecha solo ha sido legalizados $2,9 billones.

COMFENALCO VALLE, SANITAS, SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS, MEDIMAS, SALUDVIDA y PIJAO SALUD, no han legalizado hasta ahora valor alguno.

Publicado el 04 febr. 2020 09:00


Este martes, desde la 8:00 de la mañana, en Barranquilla: Contraloría General realiza segunda mesa de seguimiento a 26 obras de infraestructura educativa en la región Caribe

COMUNICADO DE PRENSA No. 013
 

  • La CGR promueve entrega de informe del FFIE a la ciudadanía, sobre los avances en las construcciones de colegios en el Caribe colombiano.
  • En la mesa ciudadana promovida por la Contraloría, en el marco de la estrategia “Compromiso Colombia”, el FFIE entregará avances en el proceso de construcción de 26 colegios.
     

Barranquilla, 3 de febrero de 2020. La Contraloría General de la República, haciendo uso de su facultad de Control Fiscal Participativo, y en el marco de la estrategia "Compromiso Colombia", realizará este martes 4 de febrero, en Barranquilla, la segunda mesa de trabajo y seguimiento a las 26 obras de infraestructura educativa que adelanta el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa -FFIE en la región Caribe y que han presentado retrasos en su ejecución.

En la mesa de seguimiento se presentarán avances y el estado actual de los colegios en Albania, Barranquilla, Cartagena, Fonseca, Lorica, Montería, Riohacha, San Andrés, San Juan del Cesar, Santa Lucía, Sincelejo y Valledupar.

“Son las obras de Instituciones educativas, financiadas por el Fondo de Financiación de Infraestructura Educativa -FFIE del Ministerio de Educación Nacional, que se desarrollan en la región Caribe por $171.120 millones y que deberían beneficiar 23.359 estudiantes. Proyectos que presentan retrasos por la falta de la licencia de construcción y los recursos que debe aportar el Distrito de Barranquilla para su ejecución. En esta mesa de trabajo acompañaremos a la ciudadanía en el seguimiento que se realizará a los compromisos adquiridos por las diferentes instituciones el pasado 31 de julio de 2019”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadano, Luis Carlos Pineda.

La Contraloría General de la República, a través de su estrategia “Compromiso Colombia”, tiene como propósito servir de mecanismo de facilitación de acciones entre las entidades públicas, los contratistas, y/o la ciudadanía organizada, que contribuyan a la ejecución de proyectos de interés regional, nacional o local, para generar acuerdos que permitan sacarlos adelante.

En la estrategia se han priorizado 231 instituciones en todo el país, para las cuales en el año 2019 se realizaron 8 mesas de trabajo y para el caso de las instituciones del Caribe, 12 compromisos suscritos serán objeto de la revisión y seguimiento.

A la mesa de trabajo, que se llevará a cabo este martes 4 de febrero de 2020 a partir de las 8:00 a.m. en la Gerencia Departamental de la CGR en el Atlántico (calle 70 No. 52- 29). en la ciudad de Barranquilla, se convocó a: las Alcaldías de Barranquilla, Cartagena, San Juan del Cesar, Valledupar, Albania, Fonseca, Lorica, Montería, Riohacha, San Andrés, Santa Lucía y Sincelejo, el Fondo de Financiación de la Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, contratistas, curadurías, empresas de servicios públicas regionales y municipales, veedurías ciudadanas y comunidades educativas.

Instituciones educativas:

 

 

MUNICIPIO

INSTITUCION EDUCATIVA

San Andrés

IE TÉCNICO INDUSTRIAL

Santa Lucía

IE ALGODONAL

Barranquilla

IE DISTRITAL EVARDO TURIZO PALENCIA

Barranquilla

IE DISTRITAL ISAAC NEWTON

Barranquilla

DISTRITAL JOSE MARTIN

Barranquilla

DISTRITAL CALIXTO ALVAREZ

Barranquilla

DISTRITAL DESPERTAR DEL SUR

Barranquilla

DISTRITAL ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA

Barranquilla

IE COLEGIO DE BARRANQUILLA

Barranquilla

IE DENIS HERRERA DE VILLA

Barranquilla

IE LA UNIÓN

Barranquilla

IED ALEXANDER VON HUMBOLDT

Cartagena

IE DE ISLAS DEL ROSARIO

Cartagena

IE NUEVO BOSQUE

Cartagena

IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ

Cartagena

IE VILLAS DE ARANJUEZ

Valledupar

IE LUIS RODRIGUEZ VALERA

Valledupar

I.E. PATILLAL

Lorica

IE EL RODEO

Montería

IE ANTONIA SANTOS

Albania

CENTRO ETNOEDUCATIVO WARE WAREN

Fonseca

I.E ERNESTO PARODI MEDINA

San Juan del Cesar

IE NORMAL SUPERIOR

San Juan del Cesar

IE EL CARMELO

Riohacha

IE FAMILIA DE NAZARET

Sincelejo

IE NORMAL SUPERIOR DE SINCELEJO

 

 

 

Publicado el 03 febr. 2020 17:30


Contraloría General inició procedimiento administrativo sancionatorio contra gerente del Hospital Cari, de Barranquilla

COMUNICADO DE PRENSA No. 012

 

  • El gerente, Ulahy Beltrán López, entregó información parcial a la Contraloría sobre la contratación directa de la operación y gestión integral de la sede de alta complejidad del Hospital.
  • Con su actuar, obstruyó e impidió el cabal cumplimiento de las funciones de fiscalización de este organismo de control, con lo que se expone a la imposición de una multa e incluso a que pueda ser suspendido de su cargo.
  • Llama la atención de la Contraloría como en la contratación directa se tuvo como único invitado a presentar propuesta a un oferente al que, en la convocatoria pública, el Comité de Bienes y Servicios del Hospital consideró que presentó entonces una oferta inadmisible, que finalmente fue rechazada.


Barranquilla, 3 de febrero de 2020.- La Contraloría General de la República inició un procedimiento administrativo sancionatorio fiscal contra el gerente de la E.S.E. Hospital Universitario Cari de Barranquilla, Ulahy Beltrán López, por no suministrar oportunamente, y de forma completa, las informaciones solicitadas sobre el proceso de contratación directa que entregó la operación y gestión integral de la sede de Alta Complejidad de dicho centro asistencial.

Con su actuar, enmarcado presuntamente en culpa grave, Beltrán López obstruyó e impidió el cabal cumplimiento de las funciones de fiscalización de este organismo de control y se expone, en caso de ser encontrado responsable, a la imposición de una multa, en los términos que señala el artículo 101 de la Ley 42 de 1993 (hasta por el valor de 5 salarios devengados por el sancionado).

En este punto, vale recordar que la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Ley 1955 de 2019), establece en su Artículo 136 (Acceso a la Información), Parágrafo 2, que “Además de la sanciones ya previstas en la ley , la Contraloría General de la República podrá suspender en el ejercicio del cargo, hasta por el término de 180 días y con el fin de impulsar el correcto ejercicio del control fiscal, a los servidores públicos que impidan o entorpezcan el acceso a la información, previo agotamiento del procedimiento legal administrativo correspondiente, en el cual se garantiza el derecho al debido proceso”.

El procedimiento administrativo sancionatorio contra el gerente del Hospital Universitario Cari fue ordenado por el Contralor Delegado para el Sector Social, Julio César Cárdenas, tras admitir una solicitud que le hiciera en este sentido el Vicecontralor General de la República, Ricardo Rodríguez Yee, quien fue el que hizo los requerimientos de información no atendidos en su totalidad.

Se recibió información parcial

El Despacho del Vicecontralor asumió de oficio el conocimiento de las denuncias públicas sobre las posibles irregularidades que rodearon el proceso de contratación directa No 690 de 2019, adelantado por la E.S.E Hospital Universitario CARI, por medio del cual se tercerizó la operación y gestión integral de su sede de alta complejidad.

Inicialmente el Vicecontralor solicitó por escrito información puntual sobre temas como los estudios y documentos previos mediante los cuales se llegó a la determinación de viabilizar la tercerización de los servicios hospitalarios de mediana y alta complejidad del Hospital Cari.

Y luego dos asesores de ese Despacho realizaron una visita especial a las dependencias administrativas del Hospital, en el curso de la cual el gerente del Hospital se comprometió a entregar a la CGR una documentación relacionada con situaciones como la Autorización y Acuerdo de la Junta Directiva del Hospital para realizar este proceso de contratación, las propuestas presentadas en la convocatoria pública y la conformación del consorcio Gestor Hospitalario del Caribe, entre otras.

El gerente del Hospital Cari, Ulahy Beltrán López, cumplió tan sólo de manera parcial con la remisión de la información solicitada, lo que deviene en un entorpecimiento a la labor del organismo de control.

Oferente rechazado en la convocatoria pública, fue el único convocado para la adjudicación directa

Desde el momento que asumió el conocimiento de la denuncia pública sobre la ocurrencia de presuntas irregularidades en este proceso de contratación directa, la Contraloría determinó verificar si el oferente cumplía con los requisitos exigidos en los estudios previos y si el Hospital tenía la facultad para realizar el mismo.

Igualmente, la CGR ha querido establecer el motivo por el cual el Hospital invitó a presentar oferta para este proceso contractual a un oferente que al parecer no se encontraba habilitado.

El proceso de contratación directa 619 de 2019 tiene como antecedente la Convocatoria Pública 001 de 2019.

En la Convocatoria Pública se recibió una sola oferta, por parte del Gestor Hospitalario del Caribe SAS. Esa propuesta fue rechazada y se declaró desierta esta convocatoria

Vino luego la contratación directa 690 de 2019, donde únicamente se invitó a presentar propuesta al oferente anterior, Gestor Hospitalario del Caribe SA., que constituyó la sociedad Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe, con la que el Hospital Cari suscribió el contrato 690 de 2019.

Llama la atención de la Contraloría como en la contratación directa se tuvo como único invitado a presentar propuesta a un oferente al que, en la convocatoria pública, el Comité de Bienes y Servicios del Hospital consideró que presentó entonces una oferta inadmisible.

La única propuesta recibida en la convocatoria pública fue calificada como inadmisible por dicho Comité, por considerar que se generaría conflicto de intereses con los objetivos y condiciones de la prestación del servicio que se incluyeron en la misma y que fueron reservados de manera específica, toda vez que allí ofertaron servicios de salud mental.

Además, esa propuesta fue rechazada porque 4 de los integrantes de la Promesa de Sociedad carecían de capacidad jurídica para comprometer obligaciones de la empresa, y el contrato de Promesa de Constitución de Sociedad Futura no incluyó la totalidad de los documentos de orden jurídico requeridos.

El proceso de contratación directa culminó con la adjudicación de la operación y gestión integral de la sede de Alta Complejidad al Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe, que está compuesto por 3 de las 8 personas jurídicas que conformaban la promesa de sociedad a futuro, según información suministrada por el gerente del establecimiento prestador de servicios de salud.

Publicado el 03 febr. 2020 16:50


El 32% de los departamentos y municipios certificados no han contratado el PAE

COMUNICADO DE PRENSA No. 011

 

  • La permanencia en el sistema educativo de cerca de 500.000 niños estaría en riesgo, ante la falta de contratación del PAE por parte de los Entes Territoriales.
  • Diagnóstico ciudadano promovido por la Contraloría General de la República en 2019, recomienda ajustar indicador de cobertura del Programa.
  • Expertos de la academia, de la mano con la Contraloría y el Ministerio de Educación, vienen realizando mesas para definir propuestas y soluciones.

 

Bogotá, 30 de enero de 2020.- De acuerdo con los reportes del Ministerio de Educación Nacional, 31 Entes Territoriales (de 96) no han contratado aún el Programa de Alimentación Escolar, señaló hoy la Contraloría General de la República.

De éstos, 26 Entes Territoriales comenzaron el calendario escolar sin garantizar la alimentación escolar de sus estudiantes, siendo críticos los casos de Cartagena, Sucre y Yopal, donde ni siquiera se ha reportado el inicio del proceso de contratación del servicio.

Esta situación afecta a cerca de 500.000 estudiantes que no están recibiendo el complemento alimentario, lo que pone en riesgo su permanencia en el sistema educativo, alertó la CGR.

Lo anterior pese a que, según manifiesta el Ministerio de Educación, desde octubre de 2019, los Entes Territoriales cuentan con los recursos de cofinanciación para la contratación del programa.

La Contraloría General de la República ya se encuentra en los sitios de mayor riesgo, donde ni siquiera se ha iniciado un proceso de contratación y los niños están empezando sus actividades escolares, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

Falta de oportunidad y de garantía en la operación del Programa

La Contraloría General de la República promovió en el año 2019, un ejercicio de control social al PAE, en el que se construyó un diagnóstico participativo sobre el Programa de Alimentación Escolar – PAE,  junto a la ciudadanía, como actor vigilante de los dineros públicos, la gestión y los procesos de administración pública.

Este diagnóstico permitió identificar de manera conjunta con los distintos actores involucrados en el PAE, (gestores públicos, contratistas, beneficiarios) los problemas estructurales y sus causas, a la luz de las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, con el fin de proponer rutas de acción concertadas, dirigidas a superar dichos problemas e incidir en la toma de decisiones para la efectiva ejecución del Programa.

La falta de oportunidad en la prestación del servicio de alimentación escolar respecto del calendario escolar, fue uno de los principales problemas evidenciados en el diagnóstico.  Así como también la falta de garantía en la operación del programa durante los 180 días del año escolar de manera consecutiva, debido a factores como recursos insuficientes para garantizar la adecuada operación del programa, dificultades en la contratación del operador, entre otras, como la identificación de la cobertura efectiva del programa.

Cambio en la forma de medir la cobertura

Por esta razón, los expertos de la academia que consolidaron este diagnóstico, recomendaron al Ministerio y a los Entes Territoriales, cambiar la forma como se mide la cobertura, avanzando hacia un indicador de cobertura efectiva que mida tanto los niños cubiertos por el programa, como los días que efectivamente se les ha prestado este servicio.[1]

Hoy se mide así: 

De acuerdo con el diagnóstico, esta forma de medir la cobertura pondera por igual al estudiante que se vio beneficiado los 180 días del año escolar que al que lo hizo 90 días o menos. Señala que si bien el Ministerio de Educación y los responsables del PAE han hecho importantes esfuerzos para que el servicio se preste desde el inicio de clases (pues de no ser así denotaría de arranque una menor cobertura efectiva), falta mucho más para que el servicio de alimentación escolar se preste durante todo el año escolar.

En este sentido la fórmula propuesta en el diagnóstico realizado por expertos y ciudadanía, fue la siguiente:

Mesas de trabajo en 14 departamentos

El Ministerio de Educación, acogiendo los resultados del diagnóstico, ha venido convocando mesas de trabajo para la construcción colectiva de propuestas y soluciones, en las que han venido participando los expertos de la academia, de la mano de este organismo de control.

Es por esto que la Contraloría General de la República, a través de su Delegada para la Participaron Ciudadana realizará a partir del mes de febrero, mesas de trabajo con los entes territoriales, ciudadanía y demás actores del programa, en 14 departamentos, comenzando por   Bolívar, Sucre y Casanare, a fin de verificar las condiciones y afectaciones que se podría estar presentando a los estudiantes del país por la falta de contratación.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones fiscales que corresponda adelantar como resultado de la auditoría realizada al programa en 2019.

La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana continuará en el 2020, acompañando a la ciudadanía y a la Red Nacional de Contralores Estudiantiles, en el ejercicio del control social al Programa para procurar su efectiva operación.

 

[1] Diagnóstico Participativo al Programa de Alimentación Escolar 2019

Publicado el 30 jan. 2020 09:30