Boletines de Prensa - 2020

Gracias a la estrategia “Compromiso Colombia” de la CGR, se entregó Avenida La Alameda del Señor de los Milagros de Guadalajara, en Buga

COMUNICADO DE PRENSA No. 035

 

  • El proyecto llevaba más de dos años de retraso y su terminación representa una solución para los habitantes de Buga, al entregar a la región una mejor calidad de vida para la población.
  • Se prevé un incremento de turistas que visitan el Municipio y se mejorará la capacidad adquisitiva de la población.

 

Buga (Valle del Cauca), 13 de marzo de 2020-. Un nuevo proyecto de infraestructura que presentaba atrasos fue rescatado gracias a la intervención de la Contraloría General de la República y su estrategia “Compromiso Colombia”, y ya se puso en marcha: se trata de la Ampliación de la Alameda del Señor de los Milagros en el Municipio de Guadalajara de Buga.

La Contraloría General de la República logró que se cumplieran los acuerdos suscritos el pasado mes de septiembre, en el 10º Encuentro “Compromiso Colombia”, que tuvo lugar en el municipio de Buga, donde se definió que, para poder iniciar la construcción, se tenía que:

Solicitar un permiso ambiental para la intervención de especies menores con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), un permiso para la intervención de la vía férrea con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), una autorización de Ferrocarriles del Pacífico para intervenir dicha línea férrea, un permiso de la Concesión de Alumbrado Público y otro de la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA) para la construcción de líneas subterráneas de energía.

Se definió entonces que la obra se entregaría antes del 31 de diciembre de 2019. Tras algunos atrasos por presupuesto y después de varias reuniones para poder cumplir con el compromiso acordado, finalmente se entregó por parte del Consorcio Constructor el pasado 4 de marzo, con la asistencia de veedores ciudadanos del proyecto, funcionarios de la Gerencia Departamental de la CGR en el Valle del Cauca y la Gobernación del Departamento.

Solución a un problema de infraestructura

El proyecto Ampliación de la Alameda del Señor de los Milagros tiene una inversión de $3.216.210.415 millones y beneficia a más 110 mil habitantes del municipio y sus alrededores, tuvo dos prórrogas y al momento de intervención de “Compromiso Colombia”, se encontraba en un 24.67% de avance físico, cuando debería estar en proceso de entrega final.

La Coordinadora de la Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías de la Contraloría General de la República, Mónica Certain, mostró su satisfacción por la entrega de esta obra, gracias a la mediación oportuna del organismo de control a través de su estrategia de control fiscal participativo “Compromiso Colombia”.

Regalías en el departamento del Valle del Cauca

Entre 2012 y 2018, el Sistema General de Regalías ha trasladado a los departamentos recursos por valor de $35 billones de pesos.

Para el departamento del Valle del Cauca, en el mismo periodo de tiempo, este valor asciende a un billón dieciocho mil millones de pesos ($1.018.000.000.000), lo que corresponde al 2,6% del total de los recursos de regalías destinados por la Nación.

Con esos recursos se desarrollan 451 proyectos, de los cuales 78 presentan bajo nivel de ejecución y 29 están sin contratar.

Publicado el 13 márc. 2020 15:00


Contraloría General encontró 13 hallazgos fiscales por $2.769 millones en Comfamiliar de Nariño

COMUNICADO DE PRENSA No. 034

 

  • Por pagos de sentencias y conciliaciones, donde la Caja de Compensación Familiar fue declarada responsable, se determinó un presunto daño patrimonial de $957 millones.
  • La Contraloría evidenció también irregularidades en convenios suscritos por Comfamiliar de Nariño y empresas privadas, para ejecutar recursos asignados al programa “40 Mil Nuevos Empleos”.
  • Los jóvenes que se reportaron como beneficiarios de este programa no se encontraban cesantes y tenían vinculación con la empresa que suscribió el convenio.

 

Bogotá, 6 de marzo de 2020.-Un total de 13 hallazgos fiscales por $2.769 millones de pesos y otros 11 que dan lugar a indagación preliminar, encontró la Contraloría General de la República en una Auditoría de Cumplimiento que realizó a la Caja de Compensación Familiar de Nariño - Comfamiliar Nariño.

Con este ejercicio de control fiscal se evaluó el manejo de los recursos de carácter parafiscal y salud del régimen subsidiado, de las vigencias 2017 y 2018, a cargo de la Caja.

En total se configuraron 31 hallazgos administrativos, de los cuales (aparte de los ya reseñados) 17 tienen incidencia disciplinaria y 7 connotación penal.

Además, se determinaron 13 hallazgos con otras incidencias, que fueron trasladados al Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Subsidio Familiar, la Superintendencia de Salud y el Consejo Superior de la Judicatura de Nariño.

Daño patrimonial de $957 millones por pagos de sentencias y conciliaciones

En la auditoría realizada se estableció que, en las vigencias 2017 y 2018, la Caja de Compensación Familiar de Nariño fue declarada responsable en 8 procesos judiciales (3 civiles y 5 laborales) y en un proceso civil concilió con el demandante.

Al verificar la situación, la Contraloría determinó un presunto daño al patrimonio público en cuantía de $957.657.570, por pagos de sentencias y conciliaciones en los cuales la Caja de Compensación Familiar de Nariño fue declarada responsable.

En las sentencias civiles se estableció la existencia de fallas en la prestación del servicio y, en el caso de los fallos laborales, la sentencia se fundamentó en la injustificada terminación unilateral de contratos laborales; determinando la obligación de indemnizar por los daños causados por los hechos, acciones u omisiones de sus empleados.

Las sentencias y conciliaciones referidas son las siguientes:

Sentencias y conciliaciones vigencias 2017 y 2018

 pagadas con recursos parafiscales

Cifras en pesos

DESPACHO JUDICIAL 

CLASE DE PROCESO 

CUANTIA DEL FALLO 

FECHA DE PAGO 

Juzgado Segundo Civil Municipal de Tumaco 

Civil 

15.537.400 

30/11/2018 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto 

Laboral 

213.370.021 

29/06/2017 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto 

Civil 

60.771.344 

22/08/2018 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto 

Laboral 

99.774.644 

8/06/2018 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto 

Laboral 

397.691.313 

7/03/2018 

Juzgado Segundo Civil de Circuito de Pasto 

Civil 

90.000.000** 

18/07/2017 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto 

Laboral 

50.570.356 

18/07/2018 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto 

Civil 

5.250.000 

 

Juzgado primero Laboral del Circuito de Pasto 

Laboral 

24.692.492 

26/03/2019 

TOTAL PAGADO 

 

957.657.570 

 

 

Fuente: Información siniestrada por Oficina Jurídica la Caja de Compensación Familiar.  Sistema SISU módulo de pagos a terceros.

Elaboró: Equipo Auditor.

**Conciliación en la Cual no se incluyó a la Aseguradora llamada en garantía.

 

Para la Contraloría, los pagos señalados anteriormente se realizaron en beneficio patrimonial de la Caja y no en cumplimiento de la función pública que desarrolla, y esto ocurre por omisión en deslindar las responsabilidades como persona privada y como administradora de recursos parafiscales.

$471 millones de detrimento por irregularidades en convenios con empresas privadas

La Contraloría evidenció también irregularidades en convenios suscritos por Comfamiliar de Nariño y empresas privadas para ejecutar recursos asignados al programa “40 Mil Nuevos Empleos”, iniciativa gubernamental que busca promover la contratación de talento joven entre 18 y 20 años de edad, sin experiencia laboral y que se encuentra buscando empleo.

Se evidenció que cuatro convenios celebrados en la vigencia 2017, y analizados en la muestra de auditoría, no cumplían con los objetivos y requisitos del programa y por tanto con el objeto del convenio.

Dichos convenios son los siguientes:

 

CONVENIOS CELEBRADOS PARA EJECUTAR EL POGRAMA “40 MIL NUEVOS EMPLEOS” -VIGENCIA 2017

Convenio

 

Empresa

Fecha

Suscripción

Fecha postulación vacante

Valor pactado

En miles de pesos

Valor pagado Según actas de liquidación

 

Perfil empleos   pagado

 

037-2017

 

POLLOS AL DIA SAS

 

22/02/2017

 

24/02/2017

 

178.873.727

 

144.489.465

13 bachilleres

5 técnicos

6 tecnólogos

1 profesional

 

144-2017

POLLOS AL DIA SAS

 

17/05/2017

 

28/06/2017

 

127512513

 

108.581.813

8 bachilleres

7 técnicos

3 tecnólogos

 

181-2017

CHAMORRO PORTILLA SAS

 

3/11/2017

 

9/11/2017

 

100664880

 

99.546.411

 

15 bachilleres,

 

080-2017

CHAMORRO PORTILLA SAS

 

17/03/2017

 

21/03/2017

 

131103781

 

118.669.590

14 bachilleres

3 tecnólogos

2 técnicos

1 profesional

TOTAL PAGADO

471.287,279

 

 

Fuente: Archivos contractuales 2017 COMFAMILIAR de NARIÑO, www.serviciodeempleo.

Elaboró: Equipo auditor

 

Beneficiarios del programa no se encontraban cesantes

Al revisar  la información soporte de la etapa previa y contractual de los convenios referidos y cotejarla con los sistemas SISU -Trayectoria en nómina por trabajador-, el reporte en Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, (PILA), certificaciones de Coordinación de aportes de la Caja y la página web del servicio de empleos, la Contraloría  estableció que los jóvenes que se reportaron como beneficiarios del programa no se encontraban cesantes y tenían vinculación con la empresa que suscribe el convenio.

Por tanto, se logró concluir que la Caja de Compensación Familiar de Nariño -Comfamiliar Nariño-, como operador del programa “40 mil nuevos empleos”, omitió el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en el manual operativo y, en particular, los requisitos exigidos para participar y ser beneficiario de los apoyos económicos otorgados a las empresas

Fue así como se encontraron las siguientes situaciones:

*No se cumplió con el objetivo del programa, teniendo en cuenta que los jóvenes que se relacionan en la ejecución de los convenios, estaban laborando al servicio de la empresa contratista, en períodos de meses y años anteriores a la firma del convenio respectivo.

*Se observa que, dentro de la ejecución del convenio, la empresa presenta contratos laborales a términos definido, para soportar el cumplimiento de las cláusulas pactadas, consignando fechas que no consultan la realidad laboral de los jóvenes dentro de la empresa que recibe el apoyo económico.

*No existían vacantes en las empresas que celebraron convenio, pues de acuerdo a la información reportada sobre postulación de las mismas, las solicitudes son posteriores a los convenios, tal cual se evidencia en el cuadro antes referido.

*Los jóvenes que se reportan como contratados en ejecución del convenio, poseen experiencia laboral de conformidad con su nivel educativo, a lo que se suma que estaban vinculados con la empresa antes de la suscripción del convenio.

*De acuerdo a esto, los jóvenes no se encontraban en la búsqueda activa de empleo, ni tampoco en transición entre los procesos de formación y el mercado laboral, por cuanto los aportes realizados a Comfamiliar Nariño -según certificación- indican que conservan el mismo nivel laboral, en contravía de los objetos del convenio.

*Otra observación de la Contraloría es que no se cumple con los requisitos para firmar y ejecutar recursos mediante convenio.

*Además, las empresas a las cuales se les entregaron recursos públicos, financiaron parte de la planta de personal a su cargo, generando un detrimento al erario por valor de $471.287.279.

Publicado el 06 márc. 2020 09:30


Se necesita infraestructura de respaldo: Según análisis de la Contraloría, a Colombia le queda un año para perder su autosuficiencia en gas natural

COMUNICADO DE PRENSA No. 033

 

  • Preocupa al organismo de control el retraso en el cronograma de la planta regasificadora del Pacífico, que debía entrar a operar en 2021 y se proyecta ahora que funcionará en 2024.
  • Se evidencian debilidades en el control y coordinación que debe tener el Ministerio de Minas y Energía con entidades adscritas como la ANH y la UPME.
  • De acuerdo al análisis realizado por la CGR, la oferta disponible viene descendiendo sostenidamente y los posibles hallazgos de gas natural no se materializarán en el corto ni mediano plazo.

 

Bogotá, 3 de marzo de 2020.- Colombia perderá su autosuficiencia en gas natural a partir del próximo año, lo que coincide con el retraso de la entrada en operación de la Regasificadora del Pacífico, prevista ahora para 2024, señala un reciente estudio de la Contraloría General de la República sobre el tema donde se evalúa la perspectiva del sector, en el corto y mediano plazo.

Para el organismo de control, el país requiere de la infraestructura de respaldo que le permita atender la demanda de gas natural en términos de seguridad y confiabilidad, como un activo de flexibilidad, el cual ha sido propuesto por el Gobierno Nacional desde al año 2010 en los diferentes planes de desarrollo.

Preocupa a la CGR, el retraso en los cronogramas de los proyectos que respaldarán la demanda de gas natural, como es este de la Regasificadora del Pacifico, ante el descenso sostenido de las reservas de gas natural que se  viene dando desde el año 2012 y los pobres resultados del proceso de exploración y explotación.

En el Estudio Sectorial, denominado “Viabilidad de la construcción de una planta de regasificación en la Costa Pacífica”, ¿Perdió Colombia la autosuficiencia en gas natural?”, la Contraloría Delegada de Minas y Energía analiza el comportamiento de las reservas frente al crecimiento del sector en términos de oferta y demanda, así como el futuro de estas variables.

El documento pone en evidencia debilidades en el nivel de control que ejerce el Ministerio de Minas y Energía sobre entidades adscritas como la UPME, la ANH y la CREG, por cuanto se maneja información que no es procesada oportunamente y compartida, para el logro de un objetivo determinado.

Ejemplo de lo anterior son los métodos diferentes que utilizan el Ministerio y la ANH para calcular las reservas de gas natural, así como declaraciones a medios que dio en su momento el saliente director de la ANH cuyo alcance no era de conocimiento de la cartera ministerial.

Según el análisis, “Estas debilidades en el control y coordinación ocasionan retrasos en la entrada de operación de los proyectos, como es el caso de la planta regasificadora (del Pacífico), lo que aunado a la ocurrencia simultanea de un escenario de perdida de auto suficiencia, generaría un déficit en el balance oferta demanda con sus consecuentes implicaciones en el precio del gas natural y las tarifas de energía eléctrica, afectando a los usuarios más vulnerables”.

En 2022: Cantidad para la venta no alcanzará para cubrir la demanda

Las reservas de gas natural vienen en franco descenso desde el año 2012, debido a que fuentes de la Costa Atlántica (Chuchupa y Ballena) se encuentran en decadencia, pues en sus mejores tiempos sostuvieron el plan de masificación aportando en el 2002 el 85% de la oferta total (unos 599 MPCD) y en el 2018 solo aportó un 27%, de una oferta de 912 MPCD. La otra gran fuente, Cusiana, gracias a desarrollos operacionales ha compensado en algo los volúmenes necesarios para atender una demanda que supera los 1000 MPCD.

El instrumento que emplea el Gobierno Nacional para hacer sus proyecciones y determinar las necesidades del sector es la “Declaración de Producción Disponible para la Venta de Gas Natural”, obligación que tienen todos los productores de declarar su potencial de producción con un horizonte de 10 años. También está el monitoreo del estado y avance de los procesos de exploración y explotación.

La primera herramienta indica que la oferta disponible viene descendiendo sostenidamente, a pesar que se agrega un componente de importación por parte de la Regasificadora del Atlántico. Y la segunda revela que los posibles hallazgos de gas natural no se materializarán en el corto ni mediano plazo.

Con esta información y los estimativos del crecimiento de la demanda (nula), se observa que al año 2022 la cantidad disponible para la venta no alcanzará para cubrir la demanda.

Esta situación ha sido de conocimiento del Gobierno Nacional, que ha contemplado la construcción de dos plantas de regasificación como alternativa para importar gas natural y garantizar el abastecimiento en términos de seguridad y confiabilidad.

No hay claridad sobre arranque de regasificadora del Pacífico

La planta regasificadora para la Costa Pacífica debía entrar a operar en el año 2021, según el informe técnico sobre este proyecto publicado por la UPME, pero por diferentes motivos se ha retrasado el cronograma diseñado a tal punto que a la fecha no ha asignado el inversionista y la proyección de entrada en operación se ha trasladado al año 2024.

Para la Contraloría, ha faltado coordinación de la CREG y la UPME en el nuevo proceso para la selección del inversionista que se encargará de la construcción, operación y mantenimiento de la Regasificadora del Pacífico. En este caso, la CREG debe establecer cómo será la remuneración de la inversión y requiere que la UPME le informe quiénes serán los usuarios de la demanda, y esta información aún no se le ha reportado, encontrándose este proceso aún sin definir.

La regasificadora del Pacífico se viene planeando desde el 2010, y al día de hoy no hay claridad en algunos aspectos, tales como la demanda que atenderá la planta a fin de establecer la remuneración, aspecto que mantiene el proyecto en stand by y el desarrollo del cronograma establecido por la UPME para la entrada en operación no se ha modificado y, con lo avanzado al día de hoy, no se dará cumplimiento a este hito.

Conclusiones generales del ESTUDIO SECTORIAL VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE REGASIFICACIÓN EN LA COSTA PACÍFICA ¿Perdió Colombia la autosuficiencia en gas natural?:

*Desde el año 2012 las reservas de gas natural presentan una declinación progresiva y sostenida. La oferta de gas natural en Colombia presentó un máximo de 1249 Mpcd en el año 2013 y el año 2018 se redujo a 912 Mpcd, el 27% menos.

*Según la Declaración de Producción de Disponible para la Venta, en el período 2019-2032 el crecimiento de la demanda es 0, ya que en el 2019 se usarán 1000 GBTUD (los mismos que en 2032), con unos períodos de crecimiento negativo.

*El balance de la producción y la demanda indica que en el año 2021 la producción declarada de los campos no estará en condiciones de asumir la demanda de los diferentes sectores con el crecimiento 0, situación que se acentuará a partir de abril de 2022, cuando la producción iniciará un ciclo deficitario.

*En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 no se vislumbra un aumento de las reservas ya que el señalado para el cuatrienio es de 3.8 TPC, volumen que es igual al que se registra en la actualidad.

*Los resultados de los proyectos de exploración off shore y on shore a corto y mediano plazo han surtido la etapa primaria de exploración y se encuentran en evaluación. Esto no asegura que el país será autosuficiente a tal punto que se favorezca un crecimiento sostenido de los diferentes sectores que utilizan este combustible.

*Las expectativas del off shore de la Costa Atlántica no se ven en el mediano plazo. Tardarán en su mejor gestión entre 7 y 10 años si son exitosas y, mientras tanto, el país deberá afrontar la pérdida de autosuficiencia de gas natural con producto importado.

*La CGR observa que los proyectos necesarios para la conexión al Sistema Nacional de Transporte -SNT de gas natural que debe ejecutar el Gobierno ante los posibles hallazgos off shore, no fueron incorporados en el plan transitorio de abastecimiento de gas natural y requerirán de consensos, planeación y ejecución, actividades que demandan tiempo.

*Con los pozos que existen hoy y los que se hayan en desarrollo, hacia el año 2027 la Producción Total Disponible para la Venta (PTDV) será de 450 GBTU, el 68% menos de lo que alcanza hoy.

*A mediano plazo Colombia perderá su autoabastecimiento a partir de 2021.

*La situación actual del sector gas natural y sus expectativas de oferta y demanda indican que el país requiere de infraestructura de respaldo como la Regasificadora del Pacífico para atender la demanda en términos de seguridad y confiabilidad, con el valor agregado de aumentar la cobertura en todos los sectores de la economía en el sur del país.

*Para la Contraloría, la Regasificadora del Pacífico no sobredimensionará la oferta para atender la demanda, por cuanto su utilidad estará dada por la capacidad de responder a la demanda en un momento crítico.

*En cuanto a la planta de regasificación de Cartagena, entró a operar en diciembre de 2016 (un año después de lo previsto), no sin antes surtir una serie de inconvenientes que aún hoy se discuten, tales como la forma de remuneración y la toma de la regasificadora en arriendo.

*Ecopetrol es el mayor productor y oferente de gas natural en el país. De los 649 GBTUD que oferta, toma el 23% (230) para su consumo en refinerías, generación y petroquímica, dejando finalmente 470 GBTUD.

*El nivel de control entre el Ministerio de Minas y Energía, la UPME y la CREG presenta deficiencias, por cuanto en la actualidad, aplicando la Resolución 181704 de 2011, el Ministerio estableció una metodología para el cálculo de las reservas de gas natural denominada índice de abastecimiento de gas natural, y mientras tanto la ANH efectúa el cálculo de los años de reserva de gas con un indicador conocido como R/P.

Publicado el 03 márc. 2020 08:30


Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo solicitan y se pronuncian sobre intervención forzosa administrativa para liquidar a Medimás EPS

COMUNICADO DE PRENSA No. 032

 

  • Medimás tuvo un incremento exponencial en los pasivos, que pasaron de $2,037 billones de finales de 2018 a 2,726 billones a noviembre de 2019. 
  • Al parecer, se habrían desviado recursos públicos del sistema general de seguridad social en salud, que para el 2019, superarían los $635 mil millones.
  • Ocupa el primer lugar entre las EPS por acumular el mayor número de PQRD, con una tasa de 453,71% para el régimen contributivo y de 261,2% para el subsidiado. 

 

Bogotá, 27 de febrero de 2020.- El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larralte, y el Defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, se pronunciaron y solicitaron que se adelante en forma inmediata la intervención forzosa administrativa para liquidar a Medimás.

En comunicación enviada al Ministro de Salud, Iván Darío González Ortiz, y al Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizabal Ángel, los jefes de los entes de control alertaron sobre la grave vulneración de los derechos fundamentales de los afiliados a Medimás EPS S.A.S, representada en la falta de garantías en la prestación del Plan Básico de Salud –PBS-, y las irregularidades en la administración de los recursos públicos del sistema general de seguridad social en salud.  

Señalaron que Medimás ha tenido un incremento exponencial en los pasivos que pasaron de $2,037 billones de pesos (diciembre de 2018) a 2,726 billones (noviembre de 2019) y acumula pérdidas superiores a -$803.295 millones de pesos.  

Todos los indicadores financieros de la EPS se encuentran en rojo, porque incumple con las exigencias de capital mínimo, patrimonio adecuado, razón corriente, liquidez, monto y régimen de inversión de las reservas técnicas. A la fecha, ha superado el límite legal de gastos administrativos, y se encuentra incursa en causal de liquidación por cuanto su patrimonio neto es inferior al cincuenta por ciento del capital suscrito.  

Así mismo, según el informe del Contador con Funciones de Revisor Fiscal, el 60% de los activos que Medimás reportó en noviembre de 2019 en $1,761 billones de pesos, corresponden al denominado activo intangible, es decir, una estimación del valor de los potenciales beneficios económicos presentes y futuros asociados a la adquisición de Cafesalud EPS S.A., y al parecer no contarían con un soporte técnico que validara la realidad económica y financiera.    

Los resultados de las auditorías y actuaciones preventivas adelantadas por los organismos de control, habrían podido evidenciar posibles acciones y omisiones por parte de los administradores de MEDIMÁS E.P.S. S.A.S (contratistas, y/o empleados) a través de las cuales, al parecer, se estarían desviando los recursos públicos del sistema general de seguridad social en salud que superarían los $635.000 millones de pesos.  

Esto se podría evidenciar en giros de anticipos sin legalizar a IPS de accionistas de Prestnewco, sociedad dueña de Medimás; autorizaciones con fecha superior a fecha de salida del servicio, pago de servicios con valor superior al previsto, pago de medicamentos a sus IPS con precios superiores al regulado, y pagos de servicios médicos prestados con anterioridad a la creación de Medimás E.P.S.  

También consideraron inaceptable que la Supersalud haya establecido como una meta del plan de acción de la medida de vigilancia especial de Medimás, la legalización de tan solo el 30% de dichos anticipos y peor aún, que la EPS apenas haya alcanzado el 3,13% y el 6,28% en agosto y en noviembre de 2019, respectivamente.  

Advirtieron que Medimás no estaría garantizando la atención en salud a sus afiliados, ya que los indicadores de riesgo reportan un tiempo de espera de 44.12 días para el inicio de tratamientos en el caso de pacientes con cáncer de seno, y menores con sífilis congénita y gestacional.  

La entidad promotora de salud ocupa el primer lugar entre las EPS por acumular el mayor número de PQRD, con una tasa acumulada de 453,71% para el régimen contributivo y de 261,2% para el subsidiado y 23.664 acciones de tutela en su contra, y 35.256 incidentes de desacato en los primeros ocho meses de 2019, lo que demuestra su incapacidad para la administración del riesgo en salud.  

Para los entes de control, la medida de vigilancia especial y demás actuaciones desarrolladas por la Superintendencia Nacional de Salud desde 2017, no han generado resultados que validen y garanticen la prestación del servicio por parte de la EPS, y por el contrario, se ha permitido que  las condiciones de incumplimiento de la Capacidad Científica, la Capacidad Técnico Administrativa, y la Capacidad Tecnológica, aumenten y pongan en riesgo la eficiencia y eficacia de la prestación de los servicios.  

Señalaron que Medimás está incursa en todas las causales de intervención del Estado, de revocatoria del certificado de autorización para operar y de liquidación; que no cumple con ninguna de las condiciones de habilitación, y que no se pueden ignorar las cuestionables condiciones operacionales que tiene la EPS, por lo que debe darse cumplimiento a las obligaciones constitucionales y legales para evitar afectaciones a los afiliados.

Publicado el 27 febr. 2020 15:00


Según informe final de la Contraloría sobre el Hospital Cari: Gerente se habría extralimitado en sus funciones y, además, puede haber indicio de direccionamiento del proceso de contratación

COMUNICADO DE PRENSA No. 031

 

  • Para la Contraloría es sospechoso que en un lapso tan corto como el comprendido entre el 23 y el 27 de diciembre de 2019, se hubiese procedido a la conformación del consorcio oferente, la presentación de la oferta del caso, la evaluación de la misma y la correspondiente contratación.
  • Podría generarse responsabilidad disciplinaria y fiscal para el representante legal y el revisor fiscal, por incumplimiento del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para las Empresas Sociales del Estado

 

Bogotá, 26 de febrero de 2020.- La Contraloría General de la República concluyó su visita al Hospital Universitario Cari de Barranquilla, con un informe en el cual señala haber encontrado situaciones como incumplimiento del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para las Empresas Sociales del Estado y, en particular, una posible extralimitación de funciones de su gerente, Ulahy Beltrán López, al no encontrarse evidencia documental de la autorización de la Junta Directiva del centro asistencial para realizar el proceso de contratación directa que concluyó con la suscripción del contrato 690 de 2019. 

Con dicho contrato, se entregó la operación de la Sede de Alta Complejidad al Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe por quince años. COMUNICADO DE PRENSA La Contraloría consideró también que puede haber indicio de direccionamiento de la actividad contractual con miras al favorecimiento del oferente beneficiado. 

En atención a las denuncias realizadas en los diferentes medios de comunicación nacionales y regionales sobre este proceso contractual, la Contraloría General de la República solicitó información del mismo y realizó las visitas correspondientes, llegando a las siguientes conclusiones: 

  1. Siguiendo la línea de tiempo alrededor de las actuaciones realizadas, en primera instancia no se cumplió con lo estipulado en el parágrafo 3 del Artículo 8 de la Ley 1966 de 2019 “Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para Las Empresas Sociales del Estado”, pudiendo existir compromiso de responsabilidad del representante legal y del revisor fiscal del hospital. 
  2. Así mismo, se podría configurar extralimitación de funciones por parte del Gerente, al no encontrarse evidencia documental de la autorización de la Junta Directiva del hospital para realizar el proceso de contratación directa que concluyó con la suscripción del contrato 690 de 2019. 
  3. La Contraloría considera necesario establecer si asiste responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva del hospital, Guido Santander, Eusebio Consuegra y Álvaro Sánchez, partícipes de la comisión designada por esa junta para hacerle seguimiento al desarrollo del proceso de selección del operador, sin evidenciarse pronunciamiento alguno de su parte con respecto a los hechos analizados por este organismo de control. 
  4. Revisando los estudios previos de la Convocatoria Pública, se pone de manifiesto que está justificada en la ventaja de garantizar que el operador asuma todos los gastos y costos que generen la prestación de los servicios de ambas sedes hospitalarias, refiriéndose a la de Alta Complejidad y a la de Salud Mental, lo cual evidencia la improcedencia de la causal de inadmisibilidad en su momento invocada. Este mismo factor tampoco se tuvo en cuenta en los ajustes realizados a los documentos previos de la Contratación Directa. Al ajustar aspectos técnicos no se modifica el planteamiento económico de incremento de los ingresos y saneamiento del pasivo. Lo anterior al dejar del resorte del hospital el pago de los gastos administrativos. Tampoco se tuvo en cuenta el impacto en la calidad y cobertura del servicio. 
  5. Los ingresos proyectados en el modelo de la propuesta son desproporcionados e injustificados, puesto que no permiten establecer la forma como el operador va a lograr un incremento de la venta de servicios para obtener unos ingresos que le permitan pasar de una facturación de $14.980.590.000 en 2018 (hospital), a una de mínimo $134.180.411.111,11 (operador), y así poder garantizar el cumplimiento de la cláusula de forma de pago, de manera tal que el hospital reciba los $12.076.237.000 esperados en el primer año del contrato, correspondientes al 9% de la facturación anual del operador. La conclusión en este punto es que no resulta coherente un escenario financiero como el planteado. 
  6. Para la Contraloría es sospechoso que en un lapso tan corto como el comprendido entre el 23 y el 27 de diciembre de 2019, se hubiese procedido a la conformación del consorcio oferente, la presentación de la oferta del caso, la evaluación de la misma y la correspondiente contratación. Dichos trámites, por su naturaleza y especialmente por la extensión de la propuesta, toman mucho más tiempo que el referido, lo cual para la Contraloría puede ser indicio de direccionamiento de la actividad contractual con miras al favorecimiento del oferente beneficiado. 
  7. Una vez declarada desierta la Convocatoria Pública el día 20 de diciembre, se limitó el derecho de participación que asistía a las personas naturales y a las veedurías ciudadanas de expresar sus pareceres frente a la determinación, al no permitir que se surtieran los 10 días para interponer recurso de reposición. 8. Frente a la posibilidad de dar inicio a un proceso de responsabilidad fiscal por los hechos encontrados, como solicitó en su momento la Secretaria de Salud del Departamento del Atlántico, Alma Johana Solano, vale decir que la competencia para el trámite procesal de todo lo determinado por la CGR es de la Contraloría Departamental del Atlántico, ya que no están involucrados recursos nacionales. Solo podría haber una nueva actuación si media una solicitud de control excepcional por parte de quienes están facultados para hacerla. 

El informe final de la Contraloría General de la República sobre el proceso de contratación directa que entregó la operación y gestión integral de la sede de Alta Complejidad del Hospital Cari, fue remitido a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría Departamental del Atlántico y la Secretaría de Salud del Departamento del Atlántico, para lo de sus respectivas competencias.

Publicado el 26 febr. 2020 09:00