Boletines de Prensa - 2021

Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 38

 

Contraloría ordena visitas fiscales a 6 entidades territoriales que aún no reportan inicio del PAE   

 

 Pieza gráfica con titular del comunicado, Contraloría ordena visitas fiscales a 6 entidades territoriales que aún no reportan inicio del PAE

 

 

  • Pitalito, Cauca, Popayán, Girardot, Villavicencio y Putumayo, son las 6 ETC que serán visitadas. 

 

  • Después de haber requerido oficialmente a las entidades territoriales, por la falta de oportunidad en la ejecución del PAE, la CGR ordenó estas visitas fiscales a fin de recaudar insumos, que se trasladarán para adelantar las respectivas acciones fiscales que haya lugar. 

 

  • Se ha identificado que, con corte al 29 de marzo de 2021, de las 96 entidades territoriales que ya iniciaron calendario académico y que ejecutan el PAE, 90 han reportado inicio operación del programa. 
     
  • De los 5.692.734 estudiantes que se deben beneficiar con el PAE, 313.901 aún no cuentan con el programa. 
     
  • El Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda, resaltó la atención que merecen los casos de Pitalito, Cauca y Popayán que iniciaron calendario académico desde el mes de enero y no reportan inicio del PAE. 

 

  • 83 ETC ya cuentan con el equipo profesional conforme los perfiles establecidos por el Ministerio de Educación y 13 ETC se encuentran en proceso de contratación. 

 

 

Bogotá, 9 de abril de 2021.- La Contraloría General de la República ordenó visitas fiscales a 6 entidades territoriales que, de acuerdo con información del Ministerio de Educación y su entidad adscrita Unidad de Alimentación Escolar - Alimentos Para Aprender, aún no han reportado el inicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) luego de haberse surtido los tiempos establecidos. 

 

Con corte al 29 de marzo de 2021, de las 96 ETC que ya iniciaron calendario académico, 90 han reportado inicio de operación del PAE, quedando pendiente 6 ETC (Pitalito, Cauca, Popayán, Girardot, Villavicencio y Putumayo) por reportar fecha de inicio de atención. 

 

ETC 

INICIO CALENDARIO ACADÉMICO 

 

 
   

CAUCA 

25/01/2021 

   

GIRARDOT 

1/02/2021 

   

PITALITO 

18/01/2021 

   

POPAYÁN 

25/01/2021 

   

PUTUMAYO 

8/02/2021 

   

VILLAVICENCIO 

1/02/2021 

   

 

Según el reporte del sistema integrado de matrícula SIMAT del Ministerio de Educación del año 2020, el programa debería beneficiar 5.692.734 estudiantes, pero hasta el momento se están atendiendo 5.378.833. Es decir que 313.901 estudiantes aún no estarían beneficiándose del PAE. 

 

ETC 

 Beneficiarios 2020
Reporte SIMAT a 31 de diciembre de 2020  

 

 
   

CAUCA 

                   183.479  

   

GIRARDOT 

                       6.216  

   

PITALITO 

                     11.986  

   

POPAYÁN 

                     14.885  

   

PUTUMAYO 

                     61.570  

   

VILLAVICENCIO 

                     35.765  

   

 

Desde el pasado 25 de marzo la Contraloría realizó requerimientos oficiales, con los que se solicitaba dar a conocer las razones del por qué, luego de haberse surtido los tiempos establecidos, no se había reportado inicio del programa y por ende no se estaría beneficiando la totalidad de beneficiarios del PAE.  

 

“La Contraloría General, en primera medida y desde el carácter preventivo, ha venido realizando reiterados llamados a las entidades territoriales para que se atiendan y dispongan los equipos para ejecutar el PAE, pero casos como los de Pitalito, Cauca y Popayán preocupan al estar en riesgo la alimentación de 210.350 estudiantes. Por ello, tomamos la decisión de que nuestros funcionarios en las regiones correspondientes realicen visitas a las ETC y recauden todos los elementos que permitan adelantar las acciones fiscales que sean necesarias. Los recursos públicos y en este caso los de la alimentación escolar se deben ejecutar como es debido”, afirmó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez. 

Los casos de Putumayo, Girardot y Pitalito 

 

De las 6 entidades que aún no estarían ejecutando el PAE, 4 dieron respuesta y se realizará seguimiento a los compromisos manifestados. 

 

De acuerdo con las respuestas dadas, se pudo evidenciar que en el caso de Putumayo se adelantó el proceso de selección bajo la modalidad de licitación pública. Sin embargo, el mismo se declaró desierto mediante resolución No 0127 de fecha 22 de febrero del 2021 al haberse contado con un solo proponente, por lo que la entidad está adelantando las acciones para definir la mejor manera para desarrollar la contratación, aunque se aseguró que ya se dio la orden para iniciar la etapa precontractual a través de la modalidad de selección abreviada. 

 

En cuanto a Girardot (Cundinamarca) explicaron que se publicó el proceso para conocimiento de los interesados desde el 9 de febrero del 2021, pero mediante resolución No 105 se declaró desierto el proceso y ya se publicó uno nuevo de selección abreviada de menor cuantía (004-2021), que se encuentra en espera de presentación de ofertas por parte de los oferentes y audiencia de cierre, para el día 30 de marzo del 2021. Aclaran que se prevé adjudicar el proceso entre los días 9 al 12 de abril. 

 

El municipio de Pitalito (Huila) es una de las entidades que, en el año 2020, atendieron a los estudiantes a través del PAE 114 días por debajo de los 180 días esperados o del promedio nacional. Por lo tanto, debía tener excedentes monetarios por $666.957.780 para iniciar el programa. 

 

Por otra parte, en el reporte del CHIP, se evidencia que el aporte de Pitalito para el programa en la vigencia 2019 fue de $435 millones y en el 2020 bajó a $272 millones.   

 

Para el año 2020, el Ministerio de Educación aportó un total de $2.544 millones, y para la actual vigencia inicialmente $2.361 millones, faltando el aporte adicional, por lo que, para el Delegado de Participación Ciudadana, no se entiende cómo no se ha iniciado el programa: se tenían excedentes, se redujo el número de beneficiarios y además se ha retrasado el proceso. 

 

Aun así, en su respuesta del 29 de marzo a la Contraloría, la administración de Pitalito asegura que desde diciembre de 2020 ha venido estructurando el proyecto de pliego de condiciones.  Sostiene que “debido a la disminución de recursos asignados al municipio por parte del Ministerio de Educación para financiar el PAE y del SGP, se debió realizar un ajuste al presupuesto del proyecto y una disminución de cupos a atender en las diferentes sedes educativas del municipio, bajando la cobertura de 11.158 titular de derecho a solo 11.000”, algo que preocupa aún más, pues se estaría dejando de atender a estudiantes a través de la alimentación escolar.  

 

Además. aseguraron que se radicó solicitud de inicio del proceso de contratación el 5 de febrero, la cual fue devuelta solicitando que su contratación se realice por la Bolsa Mercantil de Colombia (BMB), la cual les manifestó que fue seleccionado el comisionista para que se adelante el proceso y en el cronograma para elección de operador se resalta que máximo el 6 de abril debería estar el vendedor seleccionado. 

 

“Eso algo que esperamos como Contraloría se cumpla y a lo que haremos seguimiento de acuerdo al próximo informe del Ministerio de Educación”, advirtió el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana. 

 

El caso del Cauca 

 

En cuanto al Cauca, la ETC respondió que el operador a quien se les adjudicó la licitación para la atención de la zona sur, macizo y centro, no había subido las pólizas de garantías para la suscripción del acta de inicio, manifestando que la semana en curso adelantarían el alistamiento para iniciar con las entregas. En el caso del operador para la zona costa, están pendientes las pólizas de garantías para la suscripción del acta de inicio.  

 

Los operadores indígenas ya se encuentran ejecutando los contratos y están realizando la segunda entrega de las raciones para preparar en casa -RPC. Y está pendiente iniciar proceso contractual con el operador Ozbesca, que atendería a los estudiantes indígenas de López de Micay y Timbiquí, por cuanto la representación legal venció el 3 de febrero del 2021 sin que a la fecha se haya efectuado la elección de la nueva junta directiva. 

 

Publicado el 09 ápr. 2021 14:40


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 37

 

Detrimentos patrimoniales por $35.941 millones ha encontrado la Contraloría en fiscalización de recursos de Ley de Víctimas 

 

 

 

 

 

  • En la conmemoración del “Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado”, la CGR señala riesgos y cuellos de botella que ha encontrado en sus labores de vigilancia a los recursos públicos destinados a la restitución de derechos y reparación de las víctimas. 

 

  • La CGR ha reiterado con preocupación la desfinanciación de la Ley de Víctimas y señala posibles detrimentos patrimoniales por más de $6 mil millones en el Banco Agrario, en temas de vivienda rural para las víctimas. 

 

 

Bogotá, 9 de abril de 2021.- En su compromiso de fiscalización a los recursos de la Ley de Víctimas, la Contraloría General de la República ha realizado 32 ejercicios auditores desde el año 2012, donde hasta el 2019 se habían encontrado posibles detrimentos patrimoniales por $35.941 millones de pesos. 

 

Y desde el 2020 hasta lo corrido del 2021, se están adelantando ejercicios de auditoría en la Unidad para la Víctimas y en el Banco Agrario. 

 

El órgano de control ha reiterado que la Ley de Víctimas está desfinanciada. La Contraloría calcula que hasta el año 2030 el Gobierno Nacional debe invertir unos $357 billones para los más de 9 millones de colombianos incluidos en el Registro Nacional de Víctimas y las mayores inversiones están relacionadas con los temas de vivienda (cerca de $24 billones) y alimentación (por un monto similar). 

 

También ha advertido la Contraloría que los decretos leyes étnicos se encuentran desfinanciados y hay más de 483 sujetos étnicos, de los cuales solo el 10% ha sido reparado, manifestó el Contralor Delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón. 

 

Lo primero que debe indicarse -anotó- es que la Contraloría General de la República, en su compromiso con la vigilancia de los recursos públicos destinados a la restitución de derechos y reparación de las víctimas, reconoce la vital importancia de la aplicación eficiente de los recursos en la política pública de víctimas por parte de las entidades responsables. 

 

Es así como, a través de la realización de ejercicios de control fiscal a las entidades responsables de la ejecución de la política pública de víctimas, y la elaboración de análisis especializados sobre sus componentes, este organismo de control ha logrado identificar riesgos y cuellos de botella en la misma, en el marco de la Comisión de Seguimiento de la cual esta entidad hace parte.  

 

Resultados del acompañamiento fiscal a la Ley de Víctimas 

 

En la conmemoración del día de las víctimas del conflicto armado, la CGR reveló algunos de los resultados de la vigilancia realizada por la Contraloría Delegada para el Posconflicto, durante el 2020 y lo corrido del 2021: 

 

Hallazgos del Control Fiscal Micro 

 

En el marco del seguimiento y monitoreo a esta política pública, la Contraloría ha realizado en el período comprendido entre 2012 - 2019, alrededor de 32 auditorías a las entidades responsables, 48 actuaciones especiales y 153 ejercicios de seguimiento a nivel territorial, con resultados de posibles detrimentos patrimoniales por el orden de $35.941 millones, que son materia de investigación.   

 

Y se realizó una Auditoria Financiera a la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, en la cual, se establecieron 11 hallazgos administrativos, de los cuales 2 tienen incidencia disciplinaria. 

 

Para el 2020 y lo que va de 2021, se realizaron: 

 

*Auditoría de Cumplimiento sobre Indemnización Administrativa que estableció 18 hallazgos administrativos, de los cuales 10 tienen incidencia disciplinaria y 1 es de carácter fiscal, con un presunto daño patrimonial calculado de $7,4 millones. 

 

*Auditoria de Cumplimiento sobre Subsidios de Vivienda Rural entregados por el Banco Agrario de Colombia (BAC), que estableció 23 hallazgos administrativos, de los cuales 20 tienen presunta incidencia disciplinaria y 11alcance fiscal, determinándose un daño patrimonial por un total de $5.531 millones. Y se solicitó la apertura de seis indagaciones preliminares. 

 

*En 2021 se está desarrollando, en el primer semestre, una auditoría financiera a la UARIV (Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas), y una Actuación Especial a Fonvivienda sobre la legalización de los Subsidios del Programa Bolsas Anteriores. 

 

Y para el segundo semestre, se tiene programada una auditoría de cumplimiento que abordará las temáticas relacionadas al Fondo de Reparación a Víctimas y la aplicación de otras medidas. 

 

Seguimiento a la Política Pública de  

Víctimas y Restitución de Tierras 

 

En el seguimiento realizado a la Ley 1448, los Decretos leyes de víctimas étnicas y el seguimiento en territorio, se tienen resultados como:  

 

*Ley 1448:  

 

-Se ha identificado reiterativamente la insuficiencia de recursos para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley. En 2020 se evidenció un valor de recursos requeridos para ejecutar la misma a 2031 del orden de $357,4 billones de pesos. 

 

-Medidas como indemnización administrativa y colectiva, requieren un valor de $48,7 billones. Para cubrir esta medida en 10 años, la inversión anual debería estar alrededor de $4,8 billones.  Por monto le sigue la medida de vivienda con $26 billones, alimentación con $24,8 billones (15,5%) y le sigue retornos y reubicaciones con $20,5 billones (13%). 

 

*Decretos leyes de víctimas étnicas (4633, 4634 y 4635 de 2011) 

 

-Deficiencias en el presupuesto para los retornos y reubicaciones de las comunidades étnicas. La UARIV asigna un 7% ($3.366 millones en 2019) de los recursos disponibles para garantizar la estabilización de los pueblos étnicos retornados y los mismos, no se ejecutan en su totalidad. 

 

-De 483 sujetos de reparación colectiva étnicos, solo el 10% se encontraba en implementación y ninguno de ellos había terminado su proceso. Se calculó que el valor requerido para la implementación de los planes de reparación colectiva para estos sujetos era de $1,6 billones. 

 

-421 sujetos étnicos se encontraban pendientes de indemnización colectiva. Se calculó que el valor requerido para indemnizar a estos sujetos era de $ 120 mil millones. 

 

*Seguimiento en territorio 

 

-Para la vigencia 2020, con un énfasis en la ejecución de recursos, se realizó seguimiento a 80 municipios PDET y durante la presente vigencia se espera visitar estos mismos municipios y adicionalmente realizar seguimiento sobre 35 municipios nuevos.  

 

En estas visitas se realizan reuniones con los representantes de las Mesas de Víctimas municipales y revisión en terreno de la ejecución de los Planes de Reparación Colectiva de los municipios. 

Publicado el 09 ápr. 2021 8:35


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 36

 

Alerta la Contraloría: 1.241 vacunados no hacen parte del grupo priorizado en segunda etapa de la fase 1 del Plan Nacional de Vacunación  

 

 

 

  • 600 de estas personas están ubicadas en un rango de edad de 26 a 44 años, de las cuales 189 tienen entre 18 y 25 años. 

 

  • Estos 1.241 vacunados no tienen más de 60 años, tampoco son profesionales, docentes o estudiantes de salud, personal de apoyo o talento humano de servicios en dicha área, ni se encuentran dentro de los regímenes especiales y de excepción. 

 

  • La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General de la República encontró 20 personas que aparecen como presuntos fallecidos en el cruce de base de datos de la Registraduría Nacional y el Registro Único de Afiliados (RUAF) y fueron vacunadas. 

 

  • Se verificó igualmente el fenómeno de la doble vacunación con la identificación de 59 personas que fueron vacunadas dos o tres veces en menos de 10 días, es decir, antes de la segunda dosis.   

 

  • El Valle del Cauca es el departamento que más presenta personas vacunadas no priorizadas (440). 

 

  • Alertas por personas vacunadas en corredor fronterizo que no residen allí, sino en departamentos diferentes. Un ejemplo: de 30 personas que debían vacunarse en Antioquia, 14 lo hicieron en Amazonas, 7 en Guainía y 9 en Vaupés. 

 

 

Bogotá, 8 de abril 2021.- La Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), identificó 1.241 personas vacunadas que no hacen parte del grupo priorizado en la segunda etapa de la fase 1 del Plan Nacional de Vacunación al que hace referencia el Decreto 109 de 2021, que está dirigida a colombianos mayores de 60 años.  

 

La DIARI identificó en total cuatro alertas con la puesta en marcha de su modelo analítico para hacer seguimiento, en tiempo real, a las bases de datos del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19.  

 

Por ejemplo, dentro del número de 1.241 personas que la DIARI identificó que no hacen parte del grupo priorizado de la segunda fase de la etapa 1 del plan, existen 600 colombianos, entre los 26 y 44 años, que fueron identificados dentro de la base de datos conocida como Paiweb como vacunados contra el Covid-19. También existen 189 personas de este grupo que tienen entre 18 y 25 años.  

 

Los departamentos en los que la DIARI identificó este grupo de personas no priorizadas son:  

 

  • Valle, 440 
  • Santander, 166 
  • Caldas, 116 
  • Atlántico, 89 
  • Bolívar, 68 
  • Boyacá, 47 
  • Tolima, 48 
  • Nariño, 42 
  • Quindío, 37 
  • Huila, 31 
  • Antioquia, 24 
  • Magdalena, 24 
  • La guajira, 24 
  • Cesar, 22 
  • Cundinamarca, 2 
  • Norte de Santander, 15 
  • Cauca, 13 
  • Meta,  
  • Bogotá, 5 
  • Risaralda, 5 
  • Córdoba, 4 
  • Vichada, 5 
  • Sucre, 1 
  • Arauca, 3 
  • Choco, 3 
  • Casanare, 1 

 

En este ejercicio de control preventivo y concomitante, la Contraloría Delegada para el Sector Salud ha radicado y comunicado al Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud la información discriminada de las alertas mencionadas.  

 

Presuntos fallecidos vacunados y personas vacunadas dos veces 

 

En un cruce de datos que realizó la DIARI a las bases de datos de la Registraduría Nacional y el Registro Único de Afiliados con los datos suministrados en la plataforma Paiweb, encontró 20 personas que aparecen como presuntos fallecidos y que recibieron, cada uno, una dosis de la vacuna.  

 

Los departamentos en los que fueron identificada esta población son los siguientes:  

 

  • Valle, 
  • Atlántico, 3 
  • Antioquia, 2 
  • Bolívar, 2        
  • Magdalena, 2 
  • Boyacá, 1 
  • Norte de Santander, 1 

 

La DIARI también identificó 59 personas que aparecen en las bases de datos vacunados dos y hasta tres veces en menos de 10 días, es decir, antes de la segunda dosis. De hecho, la información analizada reporta que hay personas que se vacunaron en dos IPS en diferentes departamentos, el mismo día.  

 

En total, esta alerta de doble vacunación reporta la aplicación de 123 dosis de vacunas en los siguientes departamentos:  

 

  • Cundinamarca, 69 
  • Bogotá, 12 
  • Atlántico, 7 
  • Antioquia, 6 
  • Meta, 5 
  • Valle, 5 
  • Tolima, 3 
  • Boyacá, 2 
  • Caldas, 2 
  • Nariño, 2 
  • Norte de Santander, 2 
  • Sucre, 2 
  • Bolívar, 1 
  • Casanare, 1 
  • Córdoba, 1 
  • Guainía, 1 
  • Putumayo, 1 
  • Santander, 1 

 

Alertas por personas vacunadas en el corredor fronterizo  

 

Por otro lado, el seguimiento de la DIARI al Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 también identificó 427 personas vacunadas en el corredor fronterizo - Leticia y Puerto Nariño (Amazonas), Puerto Inírida (Guainía) y Mitú (Vaupés) - que presuntamente residen en departamentos diferentes. 

 

La alerta se genera porque, de acuerdo a las disposiciones normativas, no existe priorización de listas y no se tiene claro por qué personas que debían ser vacunadas, por ejemplo en Antioquia, fueron vacunadas en Mitú (Vaupés) sin encontrarse en ningún régimen especial tales como la Fuerza Pública, maestros, personas privadas de la libertad, entre otros. 

 

La siguiente tabla ejemplifica el lugar reportado como de residencia de la persona vacunada y el departamento, en el corredor fronterizo, en el que finalmente fue vacunado.   

 

Departamento residencia 

AMAZONAS 

GUAINÍA 

VAUPÉS 

Total vacunados 

ANTIOQUIA 

14 

30 

ARAUCA 

  

  

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,  PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

  

  

ATLANTICO 

BOGOTA 

59 

  

60 

BOLIVAR 

  

BOYACA 

13 

CALDAS 

CAQUETA 

12 

CARTAGENA 

  

CASANARE 

CAUCA 

  

CESAR 

  

  

CHOCO 

  

  

CORDOBA 

CUNDINAMARCA 

13 

23 

GUAVIARE 

  

13 

HUILA 

15 

LA GUAJIRA 

  

  

MAGDALENA 

META 

35 

33 

75 

NARIÑO 

13 

No registra 

13 

  

  

13 

NORTE DE SANTANDER 

12 

PUTUMAYO 

  

  

QUINDIO 

RISARALDA 

SANTA MARTA 

  

  

SANTANDER 

13 

SUCRE 

  

12 

TOLIMA 

17 

VALLE 

  

VALLE DEL CAUCA 

13 

  

  

13 

VICHADA 

  

12 

  

12 

Total 

190 

133 

104 

427 

 

 

Modelo analítico de seguimiento al Plan Nacional de Vacunación 

 

La DIARI diseñó este modelo, único en Colombia, con el objetivo principal de vigilar más de $3 billones de pesos que comprometió el Estado colombiano para el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19. El modelo permite a entidad vigilar, en tiempo real, la contratación del presupuesto asignado última este proceso de gran relevancia para el país. 

 

El modelo analítico de datos utiliza la última tecnología de monitoreo y georreferenciación puesta al servicio del control preventivo y actuaciones especiales que le ha permitido a la CGR, hacer seguimiento minuto a minuto, por ejemplo, a más 1.427.666 personas que la DIARI tiene identificadas como la población objeto de la fase 1 del Plan de Vacunación. 

 

Con cruces de información de bases de datos del sector salud, la DIARI está verificando la existencia de personas vacunadas que no están dentro de esa primera fase del Plan Nacional de Vacunación.  

  

Así mismo, el Modelo Analítico para el Plan puede hacer seguimiento a las IPS que están vacunando a los colombianos en las distintas fases del plan, verificando su idoneidad, capacidad médica y niveles de hospitalización según los requerimientos que las farmacéuticas proveedoras de las vacunas han exigido.   

 

De igual forma, la DIARI realiza el monitoreo a cada una de las Ips y Eps que han sido georreferenciadas en todo el territorio nacional, mapeo que le permite identificar dónde, cuándo y en qué centros de vacunación del país se están ejecutando los recursos asignados al Plan.  

 

Finalmente, el modelo permite hacerle seguimiento a la entrega final de la vacuna, la validación de identidad de cada una de las personas receptoras del biológico y el proceso de carnetización que se ha dispuesto para este proceso.  

 

Con la implementación de este modelo, la Contraloría General de la República desarrolla sus nuevas facultades de control preventivo y concomitante que le permiten actuar en tiempo real en la vigilancia de los recursos asignados para el Plan Nacional de Vacunación.

Publicado el 08 ápr. 2021 8:20


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 35

 

Concepto adverso de la Contraloría sobre cumplimiento de medidas de prevención y mitigación ambiental por labores extractivas de Cerro Matoso  

 

 

  • La CGR emitió un concepto de INCUMPLIMIENTO MATERIAL ADVERSO y constituyó 17 hallazgos administrativos, 15 de ellos con presunta incidencia disciplinaria.  
  • Se evaluó cumplimiento de órdenes impartidas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA y la CVS, en la Sentencia T-733 de 2017 de la Corte Constitucional, referida a la afectación a la salud y al ambiente por explotación de níquel, por parte de Cerro Matoso.  
  • Se encontraron situaciones de incumplimiento en materia del derecho a la consulta previa de las comunidades étnicas, la gestión del recurso hídrico y el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, la regulación de valores límite de hierro y níquel para el agua y el aire, entre otros aspectos. 

 

 

Bogotá, 7 de abril  de 2021.- En una auditoría que evaluó el cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia T-733 de 2017 por parte de la Corte Constitucional, que ampara los derechos fundamentales a la consulta previa, a la salud y al disfrute de un ambiente sano de las comunidades étnicas ubicadas en el área de influencia del proyecto minero de la empresa Cerro Matoso S.A., la Contraloría General de la República emitió un concepto de INCUMPLIMIENTO MATERIAL ADVERSO en los aspectos evaluados y formuló 17 hallazgos administrativos, 15 de ellos con posible connotación disciplinaria y 1 de carácter penal, que  fueron traslados a las instancias correspondientes. 

 

También se realizó una solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio -PAS por no entrega de información por parte del Municipio de Puerto Libertador (Córdoba), el cual se encuentra en etapa de Averiguación Preliminar. 

Conclusiones de la auditoría 

 

Varias fueron las situaciones detectadas en esta actuación de fiscalización a cargo de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, que incluyó el examen en detalle de la gestión realizada para el cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T-733 de 2017 por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge CVS. 

 

Como resultado del proceso auditor, se evidenciaron las siguientes situaciones: 

 

          Debilidades en el cumplimiento las normativas aplicables en materia del derecho de consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades étnicas, tanto para el desarrollo de la actividad minera, como para el trámite de permisos ambientales y la gestión ambiental relacionada con la actividad minera. 

 

          Situaciones de incumplimiento en el régimen ambiental al permitirse la construcción y operación del gasoducto Jobo Tablón - Cerro Matoso S.A. sin permiso o licencia ambiental desde hace más de 30 años y el incumplimiento de los términos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 para la evaluación de solicitudes de licenciamiento ambiental. 

 

          Debilidades en el cumplimiento del ordinal décimo primero de la sentencia, referido a la necesidad de regular de manera específica, clara y suficiente los valores límite de concentración para el agua y el aire respecto a las sustancias químicas de hierro y níquel, así como la definición de los criterios de calidad para el uso de las aguas superficiales, subterráneas y marinas. 

 

          Debilidades en el cumplimiento de normativas sobre trámite de procesos administrativos sancionatorios, imposición de multas y sanciones, gestión del recurso hídrico, monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, gestión contractual y administración de expedientes digitales.  

 

 

Como resultado de la evaluación realizada, el control fiscal interno del asunto auditado obtuvo una calificación final de 2,704, que corresponde al rango de ineficiente, dado que no se cuenta con los controles adecuados para el cabal cumplimiento de los criterios auditados y que dan lugar a las situaciones detectadas en la auditoría. 

 

No se han aplicado medidas preventivas 

 

Como resultado del análisis a la aplicación del Principio de Valoración de Costos Ambientales en la toma de decisiones relacionadas con el trámite administrativo sancionatorio y la imposición de multas sobre el desarrollo de actividades mineras desarrolladas por el Proyecto Minero Cerro Matoso S.A., se tuvo como resultado que no se registran evidencias que confirmen la imposición de medidas preventivas por parte de la CVS. 

 

Por otro lado, se seleccionaron como muestra para su análisis, cuatro expedientes sancionatorios existentes en la CVS, donde fue posible evidenciar que no existe ningún proceso sancionatorio en el que se haya dado cumplimiento a la imposición de medidas compensatorias ambientales por los daños generados en desarrollo de actividades de minería, por las infracciones ambientales ocasionados en el área de influencia del Proyecto Minero Cerro Matoso S.A. 

 

Órdenes de la Corte que se evaluaron 

 

La auditoría tuvo como objetivo evaluar el cumplimiento de las órdenes impartidas en relación con: 

 

*El ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia, que ordenó la realización de una consulta previa para establecer medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental respecto a los perjuicios que pudiere ocasionar la continuación de las labores extractivas por parte de la empresa Cerro Matoso S.A. 

 

*El cumplimiento del ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia, que ordenó el inicio de los trámites necesarios para la expedición de una nueva licencia ambiental. 

 

*El cumplimiento del ordinal décimo primero de la parte resolutiva de la sentencia, que ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible regular de manera específica, clara y suficiente, los valores límite de concentración para el agua y el aire, respecto a las sustancias químicas de hierro y níquel y ajustar los instrumentos normativos a que haya lugar, de conformidad con los estándares de la Organización Mundial de la Salud. 

 

*El cumplimiento del ordinal décimo segundo de la parte resolutiva de la sentencia, que ordenó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) que, de manera coordinada y con base en las consideraciones del fallo, adopten los ajustes administrativos necesarios para la realización de un control ambiental estricto y efectivo sobre las actividades extractivas de la empresa Cerro Matoso S.A. 

 

*También incluyó un objetivo para la verificación del avance en el cumplimiento de los ordinales sexto, séptimo y décimo tercero de la parte resolutiva de la sentencia, relacionados con el derecho a la salud de las personas afectadas por las afectaciones ambientales ocasionadas por la actividad extractiva de la empresa minera mencionada. 

 

Finalmente, la auditoria evaluó la identificación, cuantificación e internalización de los costos ambientales asociados al cumplimiento de la sentencia, para lo cual empleó el “Procedimiento especializado de auditoría a la aplicación del principio de valoración de costos ambientales”, un importante y novedoso instrumento de control fiscal ambiental cuya implementación en la CGR ha sido liderada por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente. 

Publicado el 07 ápr. 2021 9:30


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 34

 

Concesionario de repavimentación de Aeropuerto El Dorado resarció daño patrimonial por $11.668 millones 

 

 

 

  • Al realizar pagos a la ANI por $12.395 millones, la Compañía de Desarrollo Aeropuerto El Dorado S.A.S (CODAD S.A.S.), hoy en liquidación, resarció en su integridad el detrimento patrimonial por el cual le fue imputada responsabilidad fiscal.  
  • La Contraloría decretó la terminación del proceso de responsabilidad que adelantaba en su contra y levantó las medidas cautelares decretadas dentro del mismo. 

 

 

Bogotá, 6 de abril de 2021.- La Contraloría General de la República cesó la acción fiscal por $11.668 millones de pesos que adelantaba contra la Compañía de Desarrollo Aeropuerto El Dorado S.A.S (CODAD S.A.S.), hoy en liquidación, luego de que la misma resarció el daño patrimonial por este monto que investigaba el organismo de control por irregularidades presentadas en la repavimentación y mantenimiento de la segunda pista del Aeropuerto Internacional El Dorado, dentro del Contrato de Concesión No. 0110-OP-1995

 

Gracias al proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la CGR, CODAD S.A.S. en liquidación pagó a la cuenta de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) una suma superior a los $12.395 millones, exactamente $12.395.210.103,87, de la siguiente manera: 

  • El 12 de febrero de 2021, un pago por valor de OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.230.000.000). 
  • El 05 de marzo de 2021, se realizaron varios pagos por un total de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TRES PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($4.165.210.103,87).  

 

Esta suma resarce en su integridad el detrimento patrimonial por el cual le fue imputada responsabilidad fiscal a la Compañía de Desarrollo Aeropuerto El Dorado S.A.S., representada legalmente por Manuel Navas.  

 

Como consecuencia de lo anterior, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, a través de la Contraloría Intersectorial No. 3, mediante decisión No. 0470 del 24 de marzo de 2021, profirió auto de cesación de la acción fiscal por resarcimiento integral del daño investigado, y decretó la terminación del proceso de responsabilidad fiscal, que había sido abierto en 2017. 

 

Se ordenó además el levantamiento de las medidas cautelares decretadas dentro de este proceso de responsabilidad fiscal. 

 

Los hechos que motivaron la apertura de este proceso que se termina ahora, se circunscriben al reconocimiento económico de la repavimentación y la TIR establecida en la propuesta financiera del año 1995 dentro del Contrato de Concesión No. 0110-0P de 1995, por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) al Concesionario Compañía de Desarrollo Aeropuerto El Dorado S.A.S (CODAD S.A.S.) sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas de mantenimiento. 

Publicado el 06 ápr. 2021 13:10