Boletines de Prensa - 2021

Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 48

 

Vacunas sin control en tiempo real: Contraloría alerta por retrasos de IPS en reporte  

de más de un millón de dosis aplicadas 

 

 

  • La Contraloría General de la República evidenció que las IPS no han reportado los datos de 1’309.562 vacunas aplicadas en todo el país.  
     
  • Esta falta de información impide hacer control preventivo, en tiempo real, al Plan Nacional de Vacunación 

 

  • La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) también identificó que 7 fallecidos, que habían sido reportados dentro del acumulado de alertas de la CGR, fueron retirados de la base de datos Paiweb sin que se informara la razón ni el origen de la alerta.    

 

  • El número de personas vacunadas no priorizadas es de 1.372. 

 

  • 228 personas que habían sido reportadas por la CGR como vacunadas dos o tres veces en menos de diez días, también fueron retiradas de la base.  

 

  • Hoy solo una persona está reportada dentro del fenómeno de doble vacunación, situación que preocupa a la CGR por la confiabilidad en el ingreso y retiro de datos de la base Paiweb. 

 

  • La DIARI identificó una bebé, de tres meses de nacida, a la que se le aplicó una dosis de la vacuna en el departamento de Atlántico y su registro civil se modificó a una cédula que, según la Registraduría Nacional, no existe.   

 

  • Paiweb es la principal base de datos del Plan Nacional de Vacunación donde está contenida toda la información que reportan las IPS del país sobre aplicación de vacunas.  

 

 

Bogotá, 11 de mayo de 2021.- Las IPS del país no han reportado la aplicación de más de un millón trescientos mil vacunas contra el Covid-19 en la base de datos Paiweb, que contiene toda la información del Plan Nacional de Vacunación, retraso que dificulta el control preventivo en tiempo real que está realizando la Contraloría General de la República.   

 

Así lo evidenció la CGR a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), que identificó inconsistencias en esta base de datos. Mientras las IPS registraron en Paiweb que a 5’387.256 colombianos le aplicaron una dosis de la vacuna, el Ministerio de Salud informó en su página web que, en el mismo mes, el total de vacunas fue de 4´077.694. 

 

La diferencia es de 1’309.562 vacunas de las que Contraloría General de la República no tiene información en qué IPS fueron aplicadas, quién fue beneficiario y si cumplían con la priorización de edades especificada en el Plan Nacional de Vacunación.  

 

La inconsistencia dificulta la vigilancia que, en tiempo real, está realizando la CGR al Plan Nacional de Vacunación con corte del 9 de mayo de 2021.  Por eso la entidad pide al Ministerio de Salud que estas diferencias de reportes en las bases de datos sean solucionadas.    

 

Presuntos fallecidos vacunados identificados  

por la DIARI fueron retirados de base de datos 

 

La DIARI identificó estas alertas con el despliegue tecnológico del modelo que le hace seguimiento al Plan de Vacunación. Con analítica de datos y entrenamiento de algoritmos, la Contraloría está vigilando más de 3 billones de pesos invertidos por el Estado para este fin.      

 

Con esta metodología, la DIARI identificó que 7 personas reportadas como fallecidas en las bases de la Registraduría Nacional y el Registro Único de Afiliados (RUAF) y que recibieron una dosis de la vacuna, fueron retirados de la base de datos Paiweb sin que el Ministerio de Salud informara cuál fue el origen de la alerta emitida por la CGR.  

 

El 21 de abril pasado, la CGR divulgó que el número de los presuntos fallecidos vacunados era de 44. Al corte del 9 de mayo, la DIARI identificó 86 fallecidos acumulados, evidenciando también que 7 personas identificadas con número de cédula, departamento e IPS y tipo de vacuna habían sido retiradas de la base de datos, sin justificación alguna. 

 

La entidad no recibió ninguna comunicación del Ministerio de Salud que explicara la razón por la que la base de datos fue manipulada en los registros de personas que originaron las alertas de la DIARI.   

 

Los 86 presuntos fallecidos vacunados identificados por el modelo de la DIARI están ubicados en los siguientes departamentos:     

  • Valle, 29 
  • Antioquia, 13 
  • Atlántico, 11 
  • Bolívar, 4        
  • Magdalena, 4 
  • Nariño, 4 
  • Huila, 4 
  • Boyacá, 4 
  • Norte de Santander, 3 
  • Cauca, 2 
  • Cundinamarca, 2 
  • Santander, 2 
  • Bogotá, 1 
  • Meta, 1 
  • Quindío, 1 
  • Tolima, 1 

 

En el mismo acumulado de alertas la DIARI encontró que 228 personas que habían sido reportadas como receptoras dos o tres veces de una dosis en menos de 10 días, también fueron retiradas de la base de datos.   

 

La DIARI, en su acumulado de alertas, evidenció que este fenómeno de doble vacunación fue el que más creció en este periodo de tiempo pasando de 59 personas, en la primera alerta hecha pública, a 229 en su más reciente informe.  

 

Hoy solo una persona, de ese grupo de 229 identificadas dentro del fenómeno de doble vacunación, que está registrada en la base de datos Paiweb.  

 

La entidad tampoco recibió alguna comunicación del Ministerio de Salud que justificara la manipulación de la base, situación que preocupa a la Contraloría General debido a que no existe una trazabilidad en el ingreso y retiro de los datos que de confiabilidad en lo que está reportado en Paiweb. 

 

Preocupación por bebé vacunada en Atlántico 

 

Pese a la ampliación del rango de edades, el número de personas vacunadas que no hacen parte del grupo priorizado sigue creciendo: la última alerta de la DIARI registra 1.372 personas que no hacen parte del grupo priorizado en la etapa 1 y 2 de la fase uno del Plan Nacional de Vacunación, de acuerdo con el decreto 109 del 2021.    

 

Estas 1.372 personas vacunadas son menores de 60 años, no son profesionales, docentes o estudiantes del sector de la salud, personal de apoyo o talento humano de servicios en dicha área, ni se encuentran dentro de los regímenes especiales y de excepción.  

 

Del grupo de 1.372 personas vacunadas no priorizadas 651 tienen entre 26 y 44 años y otras 220 de 18 a 25. 

 

La DIARI evidenció que una bebé, de solo tres meses de nacida, aparece registrada como beneficiaria de una dosis de vacuna en el departamento de Atlántico y su Registro Civil se modificó a una cédula que, según la Registraduría Nacional, no existe.   

 

Los departamentos en los que la DIARI identificó este grupo de personas no priorizadas son:  

 

Departamento 

Cantidad personas 

VALLE DEL CAUCA 

342 

SANTANDER 

206 

CALDAS 

152 

ATLANTICO 

108 

BOLIVAR 

64 

TOLIMA 

64 

ANTIOQUIA 

63 

NARIÑO 

49 

HUILA 

48 

MAGDALENA 

45 

BOGOTA 

39 

BOYACA 

29 

CESAR 

28 

CAUCA 

27 

NORTE DE SANTANDER 

25 

QUINDIO 

25 

LA GUAJIRA 

19 

VICHADA 

CHOCO 

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES 

RISARALDA 

ARAUCA 

CASANARE 

CORDOBA 

GUAVIARE 

Total 

1372 

 

 

En este ejercicio de control preventivo y concomitante, la Contraloría Delegada para el Sector Salud ha radicado y comunicado a entes de control, Secretarias de Salud de entes territoriales, Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud la información discriminada de las alertas identificadas por la CGR. 

 

Alertas por personas vacunadas en el corredor fronterizo  

 

La alerta por personas vacunadas en corredor fronterizo que no residen allí, sino en departamentos diferentes, se incrementó de 1.249 a 1.478 personas.  

 

Estas 1.478 personas fueron vacunadas en el corredor fronterizo — Leticia y Puerto Nariño (Amazonas), Puerto Inírida (Guainía) y Mitú (Vaupés)— donde, de acuerdo con las disposiciones normativas, no existe priorización de listas.  

 

La CGR alerta por la aplicación de una dosis de vacuna a estas personas, que al aparecer no residen en este corredor fronterizo.  

 

Por ejemplo, de 231 personas que debían ser vacunadas en Bogotá, 207 terminaron recibiendo una vacuna en el departamento de Amazonas.  

 

La siguiente tabla ejemplifica el lugar reportado como de residencia de la persona vacunada y el departamento, en el corredor fronterizo, en el que finalmente fue vacunado.   

 

Etiquetas de fila 

AMAZONAS 

GUAINIA 

VAUPES 

Total general 

ANTIOQUIA 

62 

10 

80 

ARAUCA 

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES 

   

ATLANTICO 

31 

35 

BOGOTA 

207 

10 

14 

231 

BOLIVAR 

18 

23 

BOYACA 

28 

37 

CALDAS 

12 

16 

CAQUETA 

44 

55 

CASANARE 

12 

26 

CAUCA 

14 

   

14 

CESAR 

13 

 

15 

CHOCO 

10 

CORDOBA 

12 

16 

CUNDINAMARCA 

84 

13 

101 

GUAVIARE 

18 

26 

HUILA 

45 

54 

LA GUAJIRA 

 

10 

MAGDALENA 

17 

 

18 

META 

68 

91 

91 

250 

NARIÑO 

18 

27 

NORTE DE SANTANDER 

33 

42 

PUTUMAYO 

43 

 

44 

QUINDIO 

21 

31 

RISARALDA 

13 

20 

SANTANDER 

27 

10 

43 

SUCRE 

11 

 

12 

TOLIMA 

38 

45 

VALLE DEL CAUCA 

65 

12 

83 

VICHADA 

29 

 

37 

(en blanco) 

44 

11 

11 

66 

Total general 

1013 

257 

208 

1478 

 

 

Actualización de datos, vital para el Plan 

 

Para la Contraloría General es importante que los datos entregados oficialmente por el Ministerio de Salud y los reportados en la plataforma de vacunación Paiweb, correspondan al mismo número de vacunados.  

 

Por esta razón, a través de la DIARI, la CGR hace un llamado al Ministerio de Salud para que la plataforma Paiweb sea actualizada constantemente, proceso que es de vital importancia para la completa vigilancia, en tiempo real, que realiza al Plan de Vacunación.   

 

La actualización de los datos garantiza que las cifras que oficialmente lleva el Ministerio de Salud, coincidan con la ejecución de las vacunas en cada uno de los departamentos e IPS del país. 

Publicado el 11 máj. 2021 13:40


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 47

 

Alerta de la Contraloría:

Zonas con mayor presencia de minería ilegal de oro tienen alto número de cultivos ilícitos y baja explotación de títulos mineros 

 

 

  • La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), de la CGR, identificó que para el 2019 los departamentos de Antioquia, Cauca y Chocó concentraron, en promedio, el 58% de la actividad de explotación de oro de aluvión ilegal en el país.  
     
  • En Cauca el 68% es ilegal, en Chocó la cifra es del 79% y en Antioquia es de 38%.  
     
  • En estos estos tres departamentos se identificaron 36 municipios en los que coinciden la huella de explotación de oro de aluvión con siembras de cultivos ilícitos. 
     
  • En 15 de estos municipios coinciden la explotación de oro ilegal con los cultivos de coca, y en los otros 21 se presenta en forma simultánea la explotación legal de oro con la siembra de cultivos ilícitos. 
     
  • El título minero con más área de extensión en el país está ubicado en Cauca y para 2019 presentaba 900 hectáreas de cultivos ilícitos. El mismo año se evidenció una mínima explotación legal de oro, mientras la minería ilegal estaba presente en áreas muy cercanas.  
     
  • Para la contraloría la zona del Bajo Cauca antioqueño constituye la mayor alerta ambiental al presentar una alta concentración de minería ilegal y cultivos de coca.  
     
  • La Contraloría General de la República identificó la huella minera de la explotación de oro de aluvión en el país y su relación con los fenómenos ambientales ilegales, a partir del diseño de un geovisor de última tecnología inédito en el país que construyó la DIARI.  

  

Bogotá, 2 de mayo de 2021.- La Contraloría General de la República, con el despliegue tecnológico de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), ha priorizado el daño ambiental en el país y el seguimiento de los fenómenos de minería ilegal y cultivos ilícitos con la creación de un modelo de análisis de datos, que usa la inteligencia artificial y herramientas como machine learning, para el control fiscal preventivo y concomitante. 

  

En un ejercicio inédito en el país, la DIARI logró conectar varias bases de datos entre las que se destacan la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Agencia Nacional Minera y el IDEAM que alimentan el Modelo de Minería Ilegal y Cultivos Ilícitos.  

 

Con el fin de matizar el impacto de explotación, la DIARI conectó las capas de datos del Estudio de Explotación de Oro de Aluvión (EVOA), realizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC), en convenio con el Ministerio de Minas y Energía, entre el 2014 y el 2019.  

 

De esta manera, la DIARI creó una herramienta única en Colombia para que la Contraloría Delegada de Medio Ambiente y la Contraloría Delegada de Minas y Energía pudieran tener un procesamiento de datos sobre el impacto de estos fenómenos clandestinos e ilegales, que se desarrollan en lugares donde auditores no podrían desarrollar un trabajo de campo ideal.  

 

Con este instrumento estas delegadas podrán fortalecer sus auditorías y acciones especiales en la vigilancia del recurso público invertido por el país en estos vitales sectores.  

 

Los principales resultados de este cruce de datos y análisis de información, con la última tecnología incorporada a un geovisor del mapa de Colombia, son los siguientes: 

  

  • La DIARI identificó que en 2019 los departamentos de Cauca, Antioquia y Chocó concentraron, en promedio, el 58% de la actividad de explotación ilegal de oro de aluvión del país. En Cauca, el 68% es ilegal, en Chocó la cifra es del 79% y en Antioquia el porcentaje es de 38%.  
     
  • En estos estos tres departamentos se identificaron 36 municipios en los que coinciden la huella de explotación de oro de aluvión con siembras de cultivos ilícitos.  
     
  • En 15 de estos municipios coinciden la explotación de oro ilegal con los cultivos de coca, y en 21 municipios coinciden la explotación legal de oro con las siembras de cultivos ilícitos.  
     
  • En los departamentos de Cauca, Antioquia y Chocó sólo el 42% de la explotación de oro de aluvión para 2019 está dentro de títulos mineros con 32.762 hectáreas.   

    En Cauca:  
     
  • El título minero con más área de extensión del país, con 2.058 km2 y ubicado en el municipio de López de Micay, presentó para 2019 la siembra de 900 hectáreas de cultivos ilícitos. El geovisor del mapa del país de la DIARI muestra que está rodeado de explotación ilegal de oro de aluvión.  
     
  • Entre 2018 y 2019 este título no evidenció alguna explotación de oro de aluvión, mientras que en 2016 se explotaron 74 hectáreas, lo que corresponde al 0,036% de su área total.  
     
  • Los activos hídricos de esos municipios, como los ríos Guapi, Bubuey, Sajía, San Juan de Micay y Naya, terminan en el Océano Pacífico con altos grados de envenenamiento por el uso de mercurio en este fenómeno ilegal.  

    En Chocó:  
     
  • La DIARI identificó un total de 27.768 hectáreas de explotación de oro de aluvión ilegal, que equivale al 79% del área total, con un estimado de 1.248 hectáreas de cultivo de coca para 2019.  
     
  • También se evidenció que los títulos mineros en la región que componen los municipios de Medio Atrato, Quibdó, Cértegui, Unión Panamericana, El Cantón del San Pablo, Tadó, Condoto y Río Quito denotan una casi nula actividad de explotación de oro de aluvión mientras que la explotación ilegal en esta subregión es del 91%.  

    En Antioquia:  
     
  • La DIARI identificó 15.628 hectáreas de explotación de oro de aluvión ilegal y 24.573 legal con un estimado de 9.482 hectáreas de cultivo de coca para 2019.  
     
  • Este departamento constituye la mayor alerta ambiental al presentar una alta concentración de minería y cultivos de coca en 2019. La zona del bajo Cauca Antioqueño, con municipios como Nechí, Cáceres, Zaragoza, El Bagre, Segovia, Anorí, Amalfi y Tarazá, presenta las mayores concentraciones de minería ilegal y cultivos de coca.  

    Sobre el modelo de la DIARI  

    Se trata de un modelo de análisis espacial desarrollado en la DIARI, a partir de un trabajo de última tecnología, que permitió conectar varias fuentes de información de diversas entidades.  

    Así la Contraloría General consolidó un geovisor que logró determinar las zonas más expuestas a riesgo en los fenómenos de minería ilegal y cultivos ilícitos, y su potencial amenaza a los activos ambientales del país.  

    En un primer paso, la DIARI desarrolló la capacidad de creación de una visión general del mapa de Colombia con las siguientes categorías:  

    • Capas de bosque 

    • Capas de no bosque. 

    • Áreas protegidas 

    • Zonas de minorías étnicas. 

    • Capas de títulos mineros que fueron otorgados por la Agencia Nacional Minera (ANM). 

    • Geolocalización de estos títulos mineros y su incidencia con otras variables y fenómenos ilegales. 

    De igual forma, se realizó un estudio de ilegalidad y una calificación de riesgo teniendo varios aspectos relacionados con el crecimiento de posibles puntos de actividad minera ilegal, su impacto en recursos ambientales en deforestación, afectación de fuentes hídricas, conexidad con títulos mineros y dispersión sobre huella minera. 

 

Las siguientes son algunas imágenes que obtuvo el modelo

Imágenes del municipio de Nechí (Antioquia): 

 

 

 

 

Publicado el 02 máj. 2021 09:30


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 46

 

Contraloría profirió fallo con responsabilidad fiscal por 2.9 billones de pesos en el caso Reficar, por mayores inversiones que no le agregaron valor al proyecto

 

 

  • Por el mayor daño al patrimonio público del Estado colombiano, son llamados a responder fiscalmente, a título de culpa grave, 2 presidentes y 3 vicepresidentes de Reficar, 7 miembros de su Junta Directiva (incluyendo el presidente de Ecopetrol para la época de los hechos) y 4 multinacionales contratistas del proyecto. 

 

  • La Contraloría profirió fallo con responsabilidad fiscal por el control de cambio 2 en cuantía indexada de más de $1.3 billones, y por un monto indexado de más de $1.6 billones por el control de cambio 3. 

 

  • En la modernización de la Refinería de Cartagena, se presentaron mayores inversiones que no le agregaron valor al proyecto en cuantía de 997 millones de dólares (aproximadamente 2.9 billones de pesos), el monto en que cuantificó finalmente la Contraloría el daño fiscal ocasionado. 

 

  • Se dieron gastos que no tuvieron relación con el proceso de modernización de la Refinería, hubo baja productividad de la mano de obra directa, mayores gastos en contratación de personal y demoras en las actividades propias del proyecto causadas por acciones y omisiones, por parte de la junta directiva de Reficar, la administración de Reficar, contratista y supervisor del proyecto.  

 

  • Este fallo con responsabilidad fiscal es susceptible del recurso de reposición y el de apelación. 

 

  • Una vez se encuentre en firme la decisión que tome la segunda instancia, se procederá enviar el expediente al Consejo de Estado para que ejerza el control automático e integral de legalidad. 

 


Bogotá, 26 de abril de 2021.- La Contraloría General de la República profirió fallo de responsabilidad fiscal en el caso Reficar por una suma que totaliza 2.9 billones de pesos, contra 5 ex funcionarios de la empresa (incluyendo 2 presidentes), 7 miembros de su junta directiva y cuatro contratistas, por los mayores valores invertidos en la construcción de la Refinería de Cartagena que no se recuperarán, según lo evidenciado por  este organismo de control después de 4 años de estudios e indagaciones.    

  

Los exfuncionarios de la empresa Reficar declarados responsables fiscales son: los presidentes REYES REINOSO YANES y ORLANDO JOSÉ CABRALES MARTÍNEZ y los Vicepresidentes CARLOS EDUARDO BUSTILLO LACAYO, ANDRÉS VIRGILIO RIERA BURELLI y MAGDA NANCY MANOSALVA CELY.
 

Los miembros de la junta directiva declarados responsables fiscales son: JAVIER GENARO GUTIÉRREZ PEMBERTHY, PEDRO ALFONSO ROSALES NAVARRO, DIANA CONSTANZA CALIXTO HERNÁNDEZ, HENRY MEDINA GONZÁLEZ, HERNANDO JOSÉ GÓMEZ RESTREPO, NATALIA GUTIÉRREZ JARAMILLO y URIEL SALAZAR DUQUE.
 

Y los contratistas declarados responsables fiscales son: CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY CB&I UK Limited,CBI Colombiana S.A. (en liquidación), FOSTER WHEELER USA CORPORATION y PROCESS CONSULTANTS INC.  

  

El daño patrimonial determinado y cuantificado en el fallo de la Contraloría General, se produjo con ocasión de las acciones y omisiones de la junta directiva de Reficar y su administración, contratista y supervisor del proyecto, quienes en ejercicio de la gestión fiscal directa o indirecta, de manera antieconómica, ineficiente e inoportuna, contribuyeron a esta billonaria pérdida de  recursos públicos, que se convierte en el mayor detrimento patrimonial del Estado colombiano en toda su historia. 

  

Al llegar al final de la investigación por la construcción de la nueva Refinería de Cartagena, Reficar, el megaproyecto de modernización del sector petrolero más importante del país, son llamados a responder fiscalmente los miembros de la Junta directiva de Reficar que aprobaron las mayores inversiones en los controles de cambio 2 y 3 y miembros de la administración de Reficar, contratistas y supervisores que participaron en el proyecto. 

  

Pérdida de valor por mayores inversiones 

  

La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la CGR determinó que, en la modernización de la Refinería de Cartagena, se presentaron mayores inversiones que no le agregaron valor al proyecto en cuantía de 997 millones de dólares, que equivalen aproximadamente a 2.9 billones de pesos.  

 

La pérdida de valor de las mayores inversiones, repercute   negativamente en el valor de la Refinería en el mercado, además de que gran parte de los recursos no se encontraron invertidos en mayor capacidad y mejor tecnología que le aportara valor. 

 

En lugar de eso, se dieron gastos que no tuvieron relación con el proceso de modernización de la Refinería, se comprobó una baja productividad de la mano de obra directa, mayores gastos en contratación de personal y demoras en las actividades propias del proyecto causadas por acciones y omisiones, por parte de la Junta Directiva de Reficar, la Administración de Reficar, contratista y supervisor del proyecto.  

 

Algunas de estas mayores inversiones consistieron en retrabajos, reprocesos, sobrantes excesivos en inventarios y gastos no asociados a la construcción del activo de refinación. 

 

Ejecución de recursos de controles de cambio 

 

El marco de análisis del proceso de responsabilidad fiscal tuvo en cuenta las decisiones presupuestales formalizadas en los controles de cambio 1 al 5 y la verificación que se realizó a la ejecución de dichos recursos, los cuales alcanzaron al control de cambios 5 una cuantía de 8.016 millones de dólares.  

 

Otra posible afectación presupuestal 

 

Se encontró que adicionalmente fueron realizadas erogaciones por valor de 904 millones de dólares, con lo cual el monto de los recursos incorporados al proyecto ascendió a la cuantía de 8.920 millones de dólares, hechos que son objeto de otra investigación para revisar si hay una posible afectación fiscal.  

  

Los siguientes datos dan cuenta de las diferencias que se presentaron entre la formulación inicial y la ejecución del proyecto hasta el control de cambio 5: 

  

CONCEPTO  

Formulación inicial 

Ejecución CC 5 

CAPEX  

3.777 MUSD 

8.016 MUSD 

CONTRATO EPC 

2.821 MUSD 

5.944 MUSD 

COSTOS DEL DUEÑO 

367 MUSD 

1.512 MUSD 

MANO DE OBRA  

528 MUSD 

1.522 MUSD 

SUBCONTRATACIÓN  

96 MUSD 

1.287 MUSD 

FECHA DE TERMINACIÓN  

GARANTIZADA  

FEB. DE 2013 

NOV. DE 2015 

TIR 

16,1% EA 

4,35 % EA 

VPN 

2.369 MUSD 

(-)5,812 MUSD 

  

  

Controles de cambio 2 y 3 

 

En primer lugar, se profirió fallo con responsabilidad fiscal por el control de cambio 2 y 3 en contra de:  

 

Control de Cambio 2, en cuantía indexada de UN BILLÓN TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS Y VEINTISIETE CENTAVOS ($1.329.555.296.567,27), en forma solidaria y a título de CULPA GRAVE en contra de las siguientes personas naturales y jurídicas:  

 

FUNCIONARIOS DE LA REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. – REFICAR 

 

CARLOS EDUARDO BUSTILLO LACAYO, en calidad de Vicepresidente de Proyecto y Asesor de la Vicepresidencia de Proyecto de REFICAR DE CARTAGENA S.A. –REFICAR para la época de los hechos. 

ANDRÉS VIRGILIO RIERA BURELLI, ciudadano venezolano, Vicepresidente de Proyectos de REFICAR DE CARTAGENA S.A. –REFICAR para la época de los hechos. 

REYES REINOSO YANES, ciudadano venezolano, en calidad de presidente de REFICAR DE CARTAGENA S.A. –REFICAR y representante legal de la misma para la época de los hechos. 

ORLANDO JOSÉ CABRALES MARTÍNEZ, en calidad de presidente de REFICAR DE CARTAGENA S.A. –REFICAR y representante legal de la misma para la época de los hechos.  

MAGDA NANCY MANOSALVA CELY, en calidad de Vicepresidente Financiera y Administrativa para la época de los hechos.  
 

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE LA REFINERÍA DE CARTAGENA REFICAR S.A.  
 
JAVIER GENARO GUTIÉRREZ PEMBERTHY, en su calidad de Miembro de la Junta Directiva de la REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. – REFICAR como presidente de ECOPETROL S.A., para la época de los hechos. 

PEDRO ALFONSO ROSALES NAVARRO, en su calidad de Miembro de la Junta directiva de REFICAR DE CARTAGENA S.A. – REFICAR en representación de ECOPETROL S.A. para la época de los hechos.  

DIANA CONSTANZA CALIXTO HERNÁNDEZ, en su calidad de Miembro de la Junta Directiva de la REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. – REFICAR en representación de ECOPETROL S.A., para la época de los hechos. 

HENRY MEDINA GONZÁLEZ, en su calidad de Miembro de la Junta Directiva de la REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. REFICAR y de ECOPETROL S.A.  

HERNANDO JOSÉ GÓMEZ RESTREPO, en su calidad de Miembro de la Junta Directiva de REFICAR S.A. para la época de los hechos. 


CONTRATISTAS 

CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY CB&I UK Limited.  

CBI Colombiana S.A. (en liquidación) 

FOSTER WHEELER USA CORPORATION. (Integrante JOINT VENTURE FOSTER WHEELER USA CORPORATION AND PROCESS CONSULTANTS, INC. FOR THE PMDC o FPJVC).  

PROCESS CONSULTANTS INC. (Integrante JOINT VENTURE FOSTER WHEELER USA CORPORATION AND PROCESS CONSULTANTS, INC. FOR THE PMDC o FPJVC).  

Y en el caso del Control de Cambio 3, se profirió fallo con responsabilidad fiscal en cuantía indexada a la fecha de la decisión de UN BILLÓN SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS Y DIECISEIS CENTAVOS ($1.615.854.487.168,16), en forma solidaria y a título de CULPA GRAVE en contra de las siguientes personas naturales y jurídicas: 


FUNCIONARIOS DE LA REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. – REFICAR 

CARLOS EDUARDO BUSTILLO LACAYO, en calidad de Vicepresidente de Proyecto y Asesor de la Vicepresidencia de Proyecto de REFICAR DE CARTAGENA S.A. –REFICAR para la época de los hechos. 

ANDRÉS VIRGILIO RIERA BURELLI, ciudadano venezolano, Vicepresidente de Proyectos de REFICAR DE CARTAGENA S.A. –REFICAR para la época de los hechos. 

REYES REINOSO YANES, ciudadano venezolano, en calidad de presidente de REFICAR DE CARTAGENA S.A. –REFICAR y representante legal de la misma para la época de los hechos.  

MAGDA NANCY MANOSALVA CELY, en calidad de Vicepresidente Financiera y Administrativa para la época de los hechos.  
 

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE LA REFINERÍA DE CARTAGENA REFICAR S.A.  

JAVIER GENARO GUTIÉRREZ PEMBERTHY, en su calidad de Miembro de la Junta Directiva de la REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. – REFICAR como presidente de ECOPETROL S.A., para la época de los hechos.  

PEDRO ALFONSO ROSALES NAVARRO, en su calidad de Miembro de la Junta Directiva de REFICAR DE CARTAGENA S.A. – REFICAR en representación de ECOPETROL S.A. para la época de los hechos.  

NATALIA GUTIÉRREZ JARAMILLO, como Miembro de la Junta Directiva de la REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. – REFICAR.  

URIEL SALAZAR DUQUE, en su calidad de Miembro de la Junta Directiva de la REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. – REFICAR para la época de los hechos. 
 

CONTRATISTAS 

CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY CB&I UK Limited. 

CBI Colombiana S.A. (En liquidación) 

FOSTER WHEELER USA CORPORATION (Integrante JOINT VENTURE FOSTER WHEELER USA CORPORATION AND PROCESS CONSULTANTS, INC. FOR THE PMDC o FPJVC).  

PROCESS CONSULTANTS INC. (Integrante JOINT VENTURE FOSTER WHEELER USA CORPORATION AND PROCESS CONSULTANTS, INC. FOR THE PMDC o FPJVC).  

Declarados sin responsabilidad fiscal 

De igual manera, se falló sin responsabilidad fiscal al determinarse que no se cumplía con uno de los elementos para fallar con responsabilidad fiscal, esto es, el nexo causal entre la conducta y el daño. 

Esto se dio en los siguientes casos: 

Control de Cambio 2 y 3  

CBI – CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY (CB&I) Américas Ltd. Contratista. 

CÉSAR LUIS BARCO GARCÍA, en calidad de Director Corporativo de Proyectos de Ecopetrol S.A. 

Control de Cambio 4 

Respecto del control de cambio 4, se falló sin responsabilidad fiscal a favor de los miembros de Junta Directiva, de la Administración de Reficar, contratistas y supervisores, por presentarse una causal eximente de responsabilidad fiscal a favor de:  

ASTRID MARTINEZ ORTIZ, en su calidad de Miembro de la Junta Directiva de REFICAR S.A. 

CARLOS GUSTAVO ARRIETA, en su calidad de Miembro de la Junta Directiva de REFICAR S.A.  

JAVIER GENARO GUTIÉRREZ PEMBERTHY, en su calidad de Miembro de la Junta Directiva de REFICAR S.A. Presidente de ECOPETROL S.A.  

PEDRO ALFONSO ROSALES NAVARRO, en su calidad de Miembro de la Junta Directiva de REFICAR S.A.  

URIEL SALAZAR DUQUE, en su calidad de Miembro de la Junta Directiva de REFICAR S.A.  

REYES REINOSO YANES, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva de REFICAR S.A 

ANDRÉS VIRGILIO RIERA BURELLI, Vicepresidente del Proyecto de Expansión de ECOPETROL S.A., desde el 4 de julio de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014  

CÉSAR LUIS BARCO GARCÍA, en calidad de Director de Proyecto de REFICAR S.A.  

CBI COLOMBIANA S.A.,contratista. 

CHICAGO BRIDGE &IRON COMPANY (CB&I) UK LIMITED.  

FOSTER WHEELER USA CORPORATION. Integrante en un 60% del Joint Venture "FPJVC"  

PROCESS CONSULTANTS INC. Integrante en un 40% del Joint Venture "FPJVC". 

Terceros civilmente responsables 

Finalmente, se declaró como terceros civilmente responsables a las compañías de seguros: Compañías Aseguradoras de Fianzas S.A. CONFIANZA, CHUBB DE COLOMBIA Compañía de Seguros S.A y AXA Colpatria Seguros S.A. 

Recursos que pueden interponer los declarados responsables fiscales 

Cabe destacar que este fallo con responsabilidad fiscal es susceptible del recurso de Reposición ante la Contralora Delegada No. 15 de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción y el de apelación ante la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República.  

Adicionalmente, una vez se encuentre en firme la decisión tomada por segunda instancia, se procederá enviar el expediente al Consejo de Estado para que ejerza el control automático e integral de legalidad previsto en el artículo 23 de la Ley 2080 de enero 25 de 2021. 

Publicado el 26 ápr. 2021 13:15


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 45

 

Condena fiscal de $2.906 millones por distrito de riego para comunidad indígena en Nariño, financiado con recursos de Agro Ingreso Seguro y que funcionó apenas tres semanas

 

 

  • Se trata del Distrito de Riego de Pequeña Escala Asoguamorrán, en Cumbal (Nariño), proyecto ejecutado por Asoguamorrán y construido por la ONG Centro para la Investigación y Desarrollo (CIDES).  

  

  • Fallas en el sistema de riego construido generaron daño en las tuberías y convirtieron en inoperante el proyecto, con lo cual 254 familias de la comunidad indígena de Panán (en Cumbal) no pudieron contar con este servicio. 

     
  • Fueron declarados responsables fiscales, a título de culpa grave, el ejecutor del proyecto (Asoguamorrán), el contratista (la ONG CIDES) y el interventor (Interriegos). 

 

 

Bogotá, 26 de abril de 2021.- La Contraloría General de la República dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por una cuantía indexada de $2.906 millones de pesos contra los responsables del daño patrimonial que ocasionó el no funcionamiento del Distrito de Riego de Pequeña Escala Asoguamorrán, situado en el corregimiento de Panán, en el municipio de Cumbal (Nariño). 

 

Con este proyecto se pretendían adecuar 190 hectáreas. El contrato de obra fue ejecutado mayoritariamente con ingresos del denominado programa “Agro Ingreso Seguro -AIS”, exactamente $1.872 millones, dineros desembolsados por el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) que provenían del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  

 

También hubo cofinanciación con recursos del SGP de la Gobernación de Nariño (más de $266 millones) y la Alcaldía Municipal de Cumbal ($15 millones). 

 

En total para la ejecución de este proyecto se invirtieron $2.152 millones, de los cuales $2.094 millones corresponden al valor del pago realizado a la ONG Centro para la Investigación y Desarrollo (CIDES), con la cual el ejecutor del proyecto (la Asociación de Usuarios para el Distrito de Riego de Pequeña Escala Guamorran -Asoguamorrán) suscribió el respectivo contrato de obra.  

 

Responsabilidad del ejecutor, el contratista y el interventor 

 

Asoguamorrán recibió las obras del Distrito de Riego a entera satisfacción, sin comprobar de forma real su operatividad. Tampoco realizó acciones encaminadas a ejecutar las pólizas de cumplimiento, calidad y estabilidad.  

 

Según lo que dijeron los mismos beneficiarios a los funcionarios de la CGR que visitaron en su momento la obra, el distrito de riego funcionó aproximadamente 20 días y en adelante presentó múltiples fallas técnicas.  

 

La obra se terminó de construir el 30 de junio de 2010, con lo que este año completará 11 años de no operatividad e inutilidad. 

 

Considera la Contraloría que el contratista, la ONG CIDES, resultó negligente y omisivo al entregar a satisfacción las obras, sin haber efectuado debidamente las pruebas hidráulicas de funcionamiento ni haber realizado las reparaciones que requería el sistema para ser puesto en marcha, dejando la misma a la deriva sin importarle la calidad y estabilidad de la misma. 

 

La firma interventora Interriegos recibió recursos públicos por $1.146 millones, en desarrollo del contrato que suscribió con el IICA, para realizar las actividades de interventoría. Según la Contraloría, su conducta fue negligente y omisiva, entre otras razones, por recibir las obras a satisfacción sin haber efectuado los controles necesarios en la ejecución de la obra y por consiguiente no advertir las correcciones técnicas con que debía contar la obra para su efectivo funcionamiento.  

 

Un proyecto inoperante 

 

Las fallas en el sistema de riego construido originaron daño en las tuberías y en otros aspectos de orden técnico que causaron que el proyecto fuera inoperante. 

 

Para la Contraloría, las obras adelantadas no cumplieron con el objetivo dispuesto y no se utilizaron para los propósitos previstos en el proyecto, por cuanto la comunidad que debía beneficiarse del mismo (254 familias de la comunidad indígena de Panán) no cuentan con el servicio de riego. 

 

El daño patrimonial al Estado, que fue estimado inicialmente por la Contraloría en $2.152 millones y finalmente quedó en $2.906 millones con la respectiva indexación, se causó por fallas presentadas en la estructuración del proyecto y después en la ejecución y construcción de la obra. 

 

El fallo de primera instancia en este caso fue proferido por la Contralora Delegada Intersectorial No.1 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal y confirmado en grado de consulta por la Sala Fiscal y Sancionatoria. 

 

Responsables Fiscales 

 

A título de culpa grave, fueron declarados responsables fiscales en la suma indexada de $2.906 millones: 

 

*La Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de Pequeña Escala Guamorrán, representada legalmente por Isaac Huveimer Tarapues Guerrero. 

 

*La ONG Centro para la Investigación y Desarrollo Social (CIDES), representada legalmente por Carlos Vicente Velásquez Mallama. 

 

*Interriegos Ltda, representada legalmente por Oscar Benavidez Jurado.  

 

Y fueron declarados como terceros civilmente responsables: Seguros del Estado y Aseguradora Solidaria de Colombia, quienes ya han efectuado los respectivos pagos de reparación del daño. 

Publicado el 26 ápr. 2021 9:15


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 44

 

Nueva visita de seguimiento de la Contraloría a Plan de Reconstrucción de Mocoa, deja ver atrasos, lentitud y problemas en varias obras 

 

 

 

  • Mínimo progreso muestra proyecto de construcción de viviendas. 

 

  • En cuanto a las obras de mitigación, se pudo evidenciar que la construcción de los diques no tiene un avance significativo. 

 

  • Aunque cumple el cronograma de obra, el contratista del megacolegio manifiesta dificultades por temporada invernal.  El proyecto no tiene dónde verter las aguas que produce. 

 

  • Sin avance también la plaza de mercado. 

 

 

Mocoa (Putumayo), 23 de abril de 2021.- Una nueva visita de la Contraloría General de la República al municipio de Mocoa, reafirmó la preocupación del organismo de control sobre el lento avance de algunas de las obras de reconstrucción de la capital del departamento de Putumayo. 

 

En la visita realizada en febrero pasado se verificó que el proyecto de construcción de más 900 viviendas (Sauces II, etapas 1 y 2) mostraba un avance inferior al 10 por ciento. Hoy, dos meses después, el progreso es mínimo: solo se han iniciado las obras de corte de vía. 

 

De acuerdo con el compromiso pactado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en visita realizada por la Vicepresidenta de la República, las primeras 100 viviendas se deben entregar en septiembre de 2021; pero, con las condiciones evidenciadas el día hoy, se abre la posibilidad de un posible retraso debido a las fuertes lluvias presentadas en las últimas semanas. El contratista asegura que implementará las acciones necesarias para cumplir con el cronograma acordado. 

 

El avance de ejecución en la construcción de las 300 viviendas rurales es de 0%. 

 

Advertencia de la Contraloría sobre obras de mitigación 

 

También es motivo de preocupación el avance de las obras de mitigación. Al momento de la visita, se pudo evidenciar que la construcción de los diques no tiene un avance significativo. 

 

La Contraloría insiste en que requiere con carácter prioritario optimizar los trámites administrativos, con miras a iniciar cuanto antes los procesos de contratación e inicio de obras en la zona de mitigación de la parte alta, en virtud de los recursos adicionales asignados.  

 

“De no iniciarse las obras en la parte alta, se podría generar una afectación en la parte media y baja, ante precipitaciones con altos niveles de pluviosidad, que son comunes en el municipio de Mocoa”, advierte la CGR. 

 

Problema para el Megacolegio 

 

En cuanto al megacolegio, la obra avanza conforme al cronograma, aunque el contratista de obra manifiesta dificultades por la temporada invernal y escasez de materiales, en particular con el hierro. 

 

Un problema que se ha detectado es que el megacolegio no tiene dónde verter las aguas que produce. El contratista manifiesta que las aguas residuales se están vertiendo en un costado y caen directamente a la vía pública, colindante con el proyecto de vivienda Sauces I. Es posible que, durante el periodo de lluvias, estas aguas afecten las viviendas, causando eventualmente daños. 

 

Otro motivo de alarma: hay una superficie plana de 5 mil m2 en el megacolegio, entre los 3.000 m2 de tejado o cubierta y 2.000 m2 de terreno que, al momento de presentarse fuertes precipitaciones, no tendría forma de verter en el sistema de alcantarillado, dado que no tiene la capacidad para recibir el volumen de agua que pueda presentarse.  

 

Considera la Contraloría que se deben realizar las acciones pertinentes tendientes a mitigar una posible afectación, debido a que no se ha implementado el Plan Maestro de Alcantarillado en el municipio, y este sector no cuenta con un sistema que soporte los flujos provenientes del megacolegio y del proyecto de vivienda Sauces II. 

 

“Si no se soluciona el tema del Alcantarillado, no se podrá poner en funcionamiento el colegio una vez terminadas las obras”, alerta el organismo de control. 

 

Sin avance Plaza de Mercado 

 

Otro proyecto sin avance en su ejecución es el de la plaza de mercado. El predio se encuentra en proceso de litigio por expropiación, por lo que se agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación. 

 

Según la Contraloría, se requiere verificar si es necesario adelantar el trámite ante el INVIAS para obtener el permiso de ocupación de vías. 

 

AVANCE DE OTROS PROYECTOS 

 

*Acueducto 

 

El contrato de obra finalizó su plazo inicial de ejecución, sin lograr la terminación del objeto contractual, en razón a que el contratista no suscribió el otrosí modificatorio mediante el cual se incorporaban recursos adicionales y se otorgaba una prórroga de plazo por 6 meses para la ejecución de las obras adicionales y terminación del proyecto.  

 

Findeter dio inicio al proceso de aplicación de las cláusulas de apremio por incumplimiento, establecidas en dicho contrato. 

 

El contrato de interventoría fue suspendido por el término de 60 días, conforme a lo establecido en el acta de suspensión No. 4, suscita el 03 de febrero de 2021. Será reiniciado una vez se suscriba un nuevo contrato para la terminación de las obras faltantes por ejecutar, el cual está siendo adelantado  

 

A la fecha se tiene un avance físico del proyecto del 85% y avance financiero del 76,98%. 

 

La ejecución de la optimización de la planta de tratamiento existente tiene un avance del 0%. Mientras tanto, la ejecución de la optimización del desarenador muestra también un avance del 0%.  

 

*Plan Maestro de Alcantarillado 

 

Se requiere la adquisición del predio para construir la PTAR y las servidumbres necesarias para la construcción de los colectores de llegada a la misma. El predio y las servidumbres asociadas ya han sido definidos y se encuentran en proceso de avalúo por parte del municipio. Sin embargo, la administración ha manifestado no contar con los recursos para su adquisición. 

 

El Ministerio de Vivienda, en el marco del convenio 597 de 2019, ha solicitado al municipio en repetidas ocasiones adelantar oportunamente las gestiones administrativas necesarias para la adquisición del predio y aspectos asociados como cambio de uso del suelo, declaración de utilidad pública, avalúo ante el IGAC y obtención de permisos ambientales, entre otros. 

 

Se tiene previsto terminar la totalidad de las obras antes del 31 de diciembre de 2022, según el plazo actual para el contrato de la gerencia integral del proyecto.  

 

Dado que la ruta crítica de este proyecto es la ejecución de la PTAR, para lo cual es requisito contar con la titularidad del predio por parte del municipio de Mocoa donde será construida la estructura, este plazo puede extenderse en razón a que a la fecha el municipio no la ha obtenido. 

 

En caso de no contar con la titularidad del predio, no se podrá avanzar con las obras de redes y colectores de la fase II del proyecto, debido a restricciones establecidas por el BID y el Ministerio de Vivienda para el avance del mismo. 

 

Es fundamental para la Contraloría que se agilice la implementación del Plan Maestro, ya que este genera un impacto directo para la ciudad de Mocoa, especialmente para los proyectos que están incluidos en el Plan de Reconstrucción. 

 

*Hospital José María Hernández 

 

Al momento de la visita, el contratista señala que hubo un aumento en su capacidad de ejecución en un 25%, lo que ha permitido avanzar en el desarrollo de la obra.  

 

A la fecha, se reporta una ejecución física del 30% y financiera del 15.4%. 

 

El 9 de abril del 2021 se liquidó la primera del proyecto fase de manera bilateral; no obstante, esta primera fase no resulta funcional, dado que requiere del desarrollo de la fase dos.  

 

Solo hasta el 14 de mayo de 2021 se realizará el balance del contrato de la fase II para definir su alcance.  

 

Se considera necesario definir la suficiencia de recursos para culminar el proyecto. 

 

La nueva visita de la CGR a Mocoa, para verificar cómo avanza el Plan de Reconstrucción, fue adelantada por el Contralor Delegado para el Sector de Infraestructura, Gabriel Jurado, el Contralor Delegado para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico, Javier Reyes, y el Gerente Departamental del Putumayo, Carlos Bonilla. 

Publicado el 23 ápr. 2021 8:30