Boletines de Prensa - 2021

Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 53

Revela el Contralor General: 361 entidades han reportado a la Contraloría 1.061 obras públicas sin uso e inconclusas por $6,7 billones 

 

  • El Registro Nacional de Obras Inconclusas, creado con la Ley 2020 de 2020, ha generado un gran avance contra la corrupción”, destaca el Contralor Felipe Córdoba. 

 

  • Valle del Cauca con 101 y Cundinamarca con 75 encabezan el listado de departamentos con mayor número de obras inconclusas registradas. 

 

  • La gestión de la Contraloría, en su cruzada para acabar elefantes blancos, ha permitido que se reactiven unas 450 obras inconclusas. 

 

 

Bogotá, 21 de mayo de 2021.- El Contralor General de la República, Felipe Córdoba, entregó hoy un balance exitoso de los resultados del Registro Nacional de Obras Públicas, a cargo de la DIARI, que se traduce en las siguientes cifras: 

 

*361 entidades del orden nacional y territorial han registrado más de 1.061 obras por $6,7 billones de pesos, de las cuales 635 son sin uso y 426 son inconclusas. 

 

*Catalogadas como elefantes blancos hay 242, por $2,5 billones. 

 

Los departamentos que tienen más obras inconclusas en el país son: 

 

*Valle del Cauca: 101 obras por $618.000 millones 

*Cundinamarca: 75 por $292.000 millones 

*Bolívar: 28 por $224.000 millones 

*Magdalena: 19 por $465.000 millones 

*Putumayo: 16 por $438.000 millones 

*Caldas: 15 por $281.000 millones 

 

El sector que más obras civiles inconclusas tiene es infraestructura vial, seguido por proyectos de vivienda e instalaciones deportivas. 

 

A su vez, los sectores que más obras sin uso tienen son acueductos y alcantarillados. 

 

En aras de la reactivación de las obras inconclusas, la Contraloría General de la República ha realizado 35 visitas a 13 departamentos. 

 

Hoy precisamente el Contralor realiza una de estas visitas, en el departamento de Bolívar, donde asiste a la entrega de 3 obras que lograron terminarse gracias a la aplicación de la Ley 2020 de 2020 y también a su inclusión en la estrategia de la CGR “Compromiso Colombia”. Se trata de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de Santa Rosa de Lima y San Estanislao de Kostka y el Acueducto Regional de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto. 

 

Obras inconclusas reactivadas 

“Este Registro Nacional de Obras Inconclusas, creado con la Ley 2020 de 2020, genera un gran avance en la lucha contra la corrupción, porque ayuda de una u otra manera a que efectivamente se sepa dónde están, cuáles son, cómo están, y a la vez se les haga un seguimiento para destrabarlas y finalizarlas”, destacó el Contralor Felipe Córdoba al intervenir en la “Audiencia pública virtual “Radiografía de las obras públicas, corrupción y elefantes blancos”, convocada por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. 

 

Las primeras dos obras inconclusas que se reactivaron después de ser incluidas en el Registro Nacional que lleva la CGR (a través de la DIARI), y con el ejercicio del control preventivo y concomitante, fue un colegio en el departamento de Cesar: la Institución Educativa Santa Teresa, en el corregimiento de Puerto Patiño; y el Hospital de Gramalote, en Norte de Santander. 

 

A través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, la CGR ha logrado realizar un inventario de obras inconclusas y elefantes blancos en todo el territorio nacional, que a la fecha suma 1.500 por alrededor de un total de $23 billones. 

 

La gestión de la Contraloría, en su cruzada para acabar elefantes blancos, ha permitido la reactivación de unas 450 obras inconclusas, destacó finalmente el Contralor.

Publicado el 21 máj. 2021 11:50


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 52

 

 

Con impulso dado por la Contraloría: se reinician obras de 5 instituciones de salud en Cartagena que estaban paralizadas 

 

 

 

  • Entre 2 y 5 meses se estarán entregando Centros de Atención Prioritaria (CAP) en Cartagena que llevan paralizados más de 57 meses. 
     
  • Con el control preventivo que ejerce la Contraloría General de la República, sentando a la mesa a las autoridades locales y contratistas, se llegó a este logro. 
     
  • Visita del Contralor y mesa de diálogo permite reactivar obras de Hospitales de El Pozón y Canapote, el CAP de Bayunca y el CAP de Barú, así como la UPA Daniel Lemaitre. 

 

  • La Contraloría tiene embargados y vinculados a dos procesos de responsabilidad fiscal por $42.000 millones a responsables de no entregar los Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAP) en Cartagena. 

 

  • Con su estrategia “Compromiso Colombia”, la CGR acompaña en este momento 13 proyectos de infraestructura en salud por un valor de $32.202 millones en Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Huila, Nariño, Santander y Sucre. 

 

 

Cartagena de Indias, 20 de mayo de 2021.- Con la mediación de la Contraloría General de la República, se logró hoy allanar el camino para la reactivación de cinco instituciones de salud en Cartagena incluidas en la estrategia “Compromiso Colombia” con el objeto de que no terminen como obras inconclusas o elefantes blancos. 

 

La visita del Contralor Felipe Córdoba a la ciudad permitió impulsar acuerdos para destrabar las obras de los Hospitales de los barrios El Pozón y Canapote, los CAP de Bayunca y Barú y la UPA Daniel Lemaitre, que demandan una inversión que suma más de $56.000 millones. 

 

Entre 2 y 5 meses se estarán entregando estos Centros de Atención Prioritaria (CAP) en Cartagena, que llevan paralizados más de 57 meses. 

 

Al término de una Mesa Técnica sobre el tema, con participación del Alcalde Distrital, contratistas, interventores y veedores, realizada en el Palacio de la Aduana, el Contralor General de la República, Felipe Córdoba, anunció la entrega en un período de entre dos y cinco meses de los Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAP) incluidos en la estrategia “Compromiso Colombia” de la CGR: 

 

El de Canapote, en 5 meses 

El de Barú, en 4 meses 

El de Bayunca, en 2 meses 

Y la UPA Daniel Lemaitre en 3 

 

La CGR mantendrá un seguimiento permanente sobre las obras que se reactivan, con el acompañamiento de la comunidad organizada en veedurías y la Procuraduría. 

 

Lucha contra elefantes blancos en la salud 

Otro anuncio que hizo el Contralor es que el próximo lunes el alcalde de Cartagena, William Dau, se reunirá con el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, para buscar que otros 6 Centros de Atención Prioritaria, donde también se involucran recursos del Fonpet, se puedan igualmente reactivar. El Contralor llamó al ministro para pasarle al alcalde y concretar esta cita. 

 

El organismo de control ha liderado desde el año pasado mesas de diálogo con la Alcaldía de Cartagena, la Secretaría de Infraestructura y el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), en su propósito de ejercer control preventivo y reactivar estas obras. 

 

El alcalde de Cartagena agradeció a la Contraloría por el acompañamiento en tiempo real en este tema y el apoyo que ha brindado a los esfuerzos dirigidos a acabar los elefantes blancos en la salud. 

 

Confió en que antes de terminar este año se podrán terminar y poner al servicio todos los CAP priorizados. 

 

Hay acompañamiento y al tiempo se busca a los responsables fiscales 

La Contraloría tiene embargados y vinculados a 2 procesos de responsabilidad fiscal por $42 mil millones a los responsables de no entregar los Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAP) en Cartagena. 

 

El anuncio lo hizo el Contralor Felipe Córdoba al visitar el inconcluso CAP del barrio Canapote, una de las cinco instituciones de salud que se reactivarán en la capital de Bolívar, con el impulso de la estrategia “Compromiso Colombia”. 

 

“Hoy vinimos para priorizar con el alcalde de Cartagena estos 5 de Centros de Atención Prioritaria de 19 donde se invirtieron $97.000 millones”, destacó el Contralor. 

 

Explicó que, bajo las mesas técnicas que se han desarrollado sobre el tema, se llegó a una solución y es que el Concejo Distrital ha entregado más de $23.400 millones para la reactivación de las obras correspondientes. 

 

Problemas de los contratos 

La CGR ha realizado monitoreo permanente sobre el desarrollo de dos contratos del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), por monto total cercano a los $100.000 millones, mediante los cuales se adelantan estas obras. 

 

En su ejecución se presentaron algunos problemas, entre ellos el hecho de que los contratos hubiesen sido elaborados sobre “diseños prototipo”, sin tener en cuenta el verdadero estado físico de los inmuebles que serían intervenidos. 

 

El estudio previo reveló que las edificaciones no cumplían con las normas de sismo-resistencia vigentes y presentaban problemas de funcionalidad operativa. 

 

La corrección de las inconsistencias incluiría la reubicación de muros, puertas, ventanas y mesones, por ejemplo. 

 

A comienzos de 2015, los diseños definitivos de cada uno de los proyectos contratados revelaron que los costos finales de cada institución de salud superaban ampliamente las estimaciones hechas con los diseños prototipos que sirvieron de sustento a la licitación pública. 

 

Menos obras, contratos suspendidos y el esperado reinicio 

La Administración Distrital, los contratistas de obra y la Interventoría suscribieron un Acta de Priorización de Proyectos y pasaron de 39 obras contratadas a 25. 

 

Los contratos fueron suspendidos sin ejecución total de las obras contratadas y en medio de múltiples dificultades de orden financiero, administrativo, técnico y legal.  

 

En mayo de 2017 las obras fueron reiniciadas después de la delegación de los contratos, pero en diciembre siguiente fueron suspendidas por tercera vez por problemas financieros, mientras se esperaba que el Concejo Distrital aprobara la incorporación de nuevos recursos al presupuesto. 

 

Finalmente, mediante Acuerdo Municipal del pasado 10 de mayo se incorporaron más de $23.400 millones necesarios para la culminación de estas cinco instituciones de salud. 

 

Y hoy en una Mesa Técnica con la Alcaldía de Cartagena, contratistas, interventores y veedurías ciudadanas, liderada por la Contraloría, se suscribió un acta de compromisos para reactivar las obras correspondientes. 

 

CAP CANAPOTE 

El proyecto visitado hoy por el Contralor Felipe Córdoba inició el 23 de febrero de 2015. 

 

Su valor inicial era de $ 6.777 millones y tuvo una adición de $12.581 millones, para un valor total de $19.359 millones. Se le van entregar ahora más de $16.000 millones, para asegurar su terminación en 5 meses. 

 

Este proyecto, que debe beneficiar a una población de 16.297 personas, ha tenido 5 prórrogas por 12 meses y 16 días por ítems no previstos. Tuvo 3 suspensiones por 4 años y 6 meses, por dificultades con los contratistas y en la consecución de recursos para su financiación. 

 

CAP BARÚ 

Su valor inicial era de $2.358 millones y tuvo una adición de $6.991 millones, para un valor total de $9.349 millones. 

 

Ha tenido 4 prórrogas por 10 meses y 15 días por ítems no previstos. Tuvo 3 suspensiones por 4 años y 6 meses. 

 

Beneficiará a 890 personas. 

 

CAP BAYUNCA 

Su valor inicial era de $4.699 millones y tuvo una adición de $1.302 millones, para un valor total de $6.001 millones. 

 

Ha tenido 4 prorrogas por 10 meses y 15 días por ítems no previstos. 

Tuvo 3 suspensiones por 4 años y 6 meses  

 

CAP POZÓN 

Su valor inicial era de $6.556 millones y tuvo una adición de $11.957 millones, para un valor total de $18.514 millones. 

 

Ha tenidos 5 prorrogas por 12 meses y 16 días por ítems no previstos. Tuvo 3 suspensiones por 4 años y 6 meses por dificultad con contratistas y recursos para financiación del proyecto 

Beneficiará a 48.367 personas 

 

UPA DANIEL LEMAITRE  

Su valor inicial era de $1.774 millones y tuvo una adición de $1.304 millones, para un valor total de $3.076 millones. 

Ha tenido 3 prorrogas por 10 meses y 20 días y 4 suspensiones por 4 años y 4 meses. 

Publicado el 20 máj. 2021 15:30


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 51

 

Por irregularidades en construcción de alcantarillado: Contraloría dejó en firme fallo fiscal por $1.686 millones contra dos exgobernadores de Guainía

 

 

  • Hubo fallas en la planeación, las obras no se concluyeron y se usó indebidamente el anticipo del contrato. 

 

 

Bogotá, 19 de mayo de 2021.- La Contraloría General de la República dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal en cuantía de $1.686 millones en contra de los exgobernadores de Guainía Iván Vargas Silva y Oscar Armando Rodríguez, por irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la comunidad de San Felipe. 

 

El fallo cobija también a Nixon Helí Jácome Manosalva, en calidad de contratista, la empresa Habocic Consultoría e Interventoría SAS y la señora Angela Julieta Camacho Roa, en calidad de Supervisora. 

 

Los hechos giran en torno a irregularidades en la planeación, uso indebido del anticipo y obras no concluidas, dentro del proceso contractual No. 563 de 2009, cuyo objeto era la CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE — DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA”

 

Estas obras fueron financiadas con recursos asignados por la Nación al departamento, para el Fondo Departamental de Aguas, y administrados por el Consorcio FIA. 

 

El presupuesto asignado para la ejecución del contrato fue de $1.683.208.885, para un plazo de siete meses, contados a partir del acta de inicio suscrita por el contratista y el interventor. 

 

La población que se beneficiaría con la ejecución de este contrato se encuentra ubicada en el corregimiento de San Felipe y la comunidad indígena de Cangrejo, en el Departamento del Guainía.  

 

Decisiones de primera y segunda instancia 

 

Este fallo con responsabilidad fiscal tuvo su origen en una denuncia ciudadana radicada en la Gerencia Departamental de la CGR en Guainía, interpuesta por el señor José Francisco Galicia Rodríguez en su calidad de diputado para la época de los hechos, en la cual solicitó que se investigaran diferentes obras inconclusas en el corregimiento de San Felipe (Guainía) 

 

El fallo de primera instancia fue proferido por la Gerencia Departamental del organismo de control y confirmado en su totalidad por la Unidad de Responsabilidad Fiscal No. 6 de la Contraloría Delegada Intersectorial, al resolver el grado de consulta.

Publicado el 19 máj. 2021 10:00


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 50

 

Es un proyecto suspendido por más de 5 años: 

  

Tras acuerdos impulsados por la CGR: se reactiva obra de pavimentación en vía Porvenir-La Platina, en Quibdó 

 

 

 

  • Las partes involucradas acogieron observaciones, alertas y recomendaciones de Veeduría Ciudadana, promovida por Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en el Chocó. 

 

  • Se trata de un proyecto con implicación estratégica para el desarrollo de la región. 

  

 

Quibdó, 13 de mayo de 2021.- Fruto de acuerdos logrados en el marco de la estrategia “Compromiso Colombia” que impulsa la Contraloría General de la República, se logró la reactivación de las obras de pavimentación de 3,5 kilómetros en la vía Porvenir-La Platina, que permite el ingreso a Quibdó, capital del Chocó. 

  

El mismo Contralor Felipe Córdoba realizó en noviembre del año pasado una visita a la obra y pudo evidenciar las dificultades que tenía el contrato de pavimentación, que incluye el puente sobre la quebrada El Caraño. 

  

Por orden del jefe del organismo de control, se realizaron diferentes acercamientos con la ciudadanía, el contratista, la interventoría y supervisores del proyecto, que terminaron con la reactivación de las obras. 

  

Se entregaría en octubre 

  

Esta obra, que inició su ejecución el 16 de febrero de 2015, fue contratada en diciembre de 2014 con el consorcio Malla Vial, por valor inicial de $13.210 millones, con recursos de regalías, y debía haberse adelantado en un período de 10 meses. 

  

Sin embargo, en el año 2018 fue cedida a la Asociación de Municipios del Norte Antioqueño (AMUNORTE), con las mismas condiciones del contrato inicial No 216, y tras los ajustes realizados tiene un valor de $15.432 millones. La interventoría fue contratada con el Consorcio Porvenir, por valor de $2.268 millones. 

  

Con el reinicio de las obras se espera que, a partir de hoy, tenga un tiempo ejecución de 5 meses y sea entregado a la comunidad el próximo mes de octubre. 

  

Acuerdos impulsados por la Contraloría 

  

El proyecto, ejecutado por la administración municipal de Quibdó y con interventoría contratada por el departamento del Chocó, se encontraba en estado crítico debido a las reiteradas prorrogas y suspensiones, además del poco avance (61%) que presentaba.  

  

Por ello fue priorizado por la estrategia “Compromiso Colombia”, para que de la mano con la comunidad se promovieran mecanismos de acercamiento a través de mesas de diálogo y reuniones entre la Alcaldía, la Gobernación, el contratista, el interventor y la ciudadanía, que permitieron a las partes llegar a acuerdos con los que se desentrabó su ejecución. 

  

Seguimiento a compromisos 

  

La Contraloría General de la República, a través de la Delegada para la Participación Ciudadana y la Gerencia Departamental Colegiada del Chocó, garantizará el control social al proyecto y realizará seguimiento a los diferentes compromisos adquiridos que han permitido su reactivación y ejecución total en unos meses, para beneficio directo de los habitantes de la Comuna 2 de Quibdó. 

Publicado el 13 máj. 2021 13:00


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 49

 

El camino es el diálogo”, plantea el Contralor General de la República ante la situación actual que vive Colombia 

 

 

  • El Contralor Felipe Córdoba pide que se genere un diálogo amplio e incluyente. 

 

  • La Contraloría investigará si se han usado vehículos u otros bienes oficiales en actos violentos o ilegales. 

 

  • Para el Contralor General, los compromisos que permitan superar la crisis actual deben tener en cuenta el equilibrio presupuestal del Estado, garantizando que los mismos se puedan cumplir en la línea de tiempo que se defina. 

 

  • “De nada nos sirven acuerdos imposibles o irreales. De ahí el llamado a asumir la discusión y que se susciten los escenarios de diálogo o negociación, con transparencia y responsabilidad”, sostiene. 

 

  • En Audiencia convocada por la Cámara de Representantes, el Contralor hizo un llamado a que las manifestaciones se realicen en forma pacífica, invocó el respeto a la vida e integridad personal de los diferentes actores y clamó para que no haya afectación a la infraestructura o bienes de uso público y privado. 

 

 

Bogotá, 12 de mayo de 2021.- El Contralor General de la República, Felipe Córdoba, consideró que para lograr una solución a la compleja situación que enfrenta actualmente el país, “es imprescindible privilegiar y fortalecer los escenarios de diálogo entre el Gobierno Nacional y los diferentes actores que han manifestado sus muy sentidas peticiones”.  

 

Para el jefe del organismo de control, es fundamental que este diálogo se realice de forma amplia e incluyente, con la participación de sectores sociales, académicos, políticos, gremiales, entre otros.  

 

“Es importante abordar plenamente las problemáticas nacionales, regionales y locales, para lograr construir, bajo un esquema participativo y pluralista, la hoja de ruta que permita superar las dificultades evidenciadas”, insistió. 

 

El Contralor hizo notar que algunos aspectos que motivan las manifestaciones sociales se encuentran relacionados con el incumplimiento de acuerdos celebrados en oportunidades anteriores. 

 

“En tal sentido, los compromisos que permitan superar la crisis actual deben tener en cuenta el equilibrio presupuestal del Estado, garantizando que los mismos se puedan cumplir en la línea de tiempo que se defina”, indicó al respecto. 

 

Consideró que la coyuntura financiera actual hace necesario medir adecuadamente el costo fiscal de las propuestas formuladas por los diferentes actores con el fin de evaluar el impacto que podrían tener sobre las finanzas públicas del país. 

 

“De nada nos sirven acuerdos imposibles o irreales. De ahí el llamado a asumir las discusiones que se susciten en los escenarios de dialogo o negociación, con transparencia y responsabilidad”, afirmó. 

 

Reiteró, de paso, la disposición de la Contraloría General de la República para acompañar, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, las mesas técnicas o de trabajo que se consideren pertinentes, en procura de alcanzar una solución pronta y efectiva, y en aras de prevenir mayores afectaciones al patrimonio público de todos los colombianos. 

 

El Contralor Felipe Córdoba manifestó su solidaridad con todas aquellas personas que de una u otra manera se han visto afectadas por la situación actual que se presenta. Consideró que Colombia está afrontando una crisis de orden público sin precedente en la historia reciente, que se ha acrecentado con las consecuencias y efectos del Covid -19. 

 

Empleo de vehículos y bienes públicos  

 

Recordó luego que, el marco del control preventivo y concomitante, la CGR se encuentra realizando un seguimiento permanente a los recursos públicos destinados tanto para la atención de la emergencia derivada del Covid-19, como a los requeridos para la actual afectación al orden público.   

 

En este sentido, anunció que la Contraloría verificará que los vehículos y demás bienes de la fuerza pública y del Estado en general estén siendo empleados para el cumplimiento de funciones constitucionales y legales. El uso de estos bienes debe realizarse con estricto apego a la ley, subrayó. 

 

Atención a denuncias de orden fiscal 

 

En línea con lo anterior, la CGR estará atenta a tramitar de manera oportuna las diferentes denuncias de orden fiscal que sean presentadas, para lo cual, se encuentra a disposición la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y las 31 Gerencias Departamentales con que cuenta este organismo de control, precisó el Contralor Felipe Córdoba. 

 

“Bajo el nuevo esquema constitucional generado con el Acto Legislativo 04 de 2019, la articulación con la ciudadanía constituye una herramienta de vital importancia para la vigilancia y control de los recursos públicos”, puntualizó. 

 

Manifestaciones con garantía de derechos para todos 

 

Al intervenir en una Audiencia Pública sobre la contingencia que se vive a nivel nacional, convocada por la Cámara de Representantes, el Contralor dijo que este organismo de control valora y reconoce la protección constitucional de la protesta social, bajo el entendido que los Derechos de Reunión y manifestación pública y pacífica se erigen como pilares de la Democracia Participativa.  

 

“En todo caso, hacemos un llamado a que las manifestaciones se realicen en forma pacífica, con garantía de derechos para todos los habitantes del territorio colombiano; respetando la vida e integridad personal de los diferentes actores; y sin afectación a la infraestructura o bienes de uso público y privado”, manifestó. 

 

“Recordemos que hoy son 45 millones de colombianos que se están sintiendo mal, con preocupaciones y con miedo dentro de sus casas y sus ciudades, por las condiciones de violencia que se han presentado. Por eso llamamos a que se haga una protesta pacífica y que el Gobierno Nacional pueda, en este diálogo que han emprendido, solucionar las problemáticas que tienen cada una de nuestras comunidades”, acotó también. 

 

 

 

Publicado el 12 máj. 2021 18:35