Boletines de Prensa - 2021

Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 63

 

Contraloría alerta por pagos de indemnizaciones a fallecidos en ejecución de la Ley de Víctimas

 

 Pieza gráfica con fotografía del centro memoria y texto que dice Contraloría alerta por pagos de indemnizaciones a fallecidos en ejecución de la Ley de Víctimas

  • La Contraloría General de la República identificó inconsistencias en giros de indemnizaciones, atención y ayuda humanitaria y en la aplicación de subsidios de vivienda urbana de la Ley de Víctimas, que suman más de 82 mil millones de pesos.  
  • En los cruces de bases de datos realizados por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) y la Contraloría Delegada para el Posconflicto se evidenciaron pagos por indemnizaciones a 75 fallecidos que suman 647 millones de pesos, que nunca fueron reintegrados. 
  • También se identificaron pagos por ayuda humanitaria a 493 personas fallecidas que suman más de 282 millones de pesos.  
  • Entre 2014 y 2021, la Unidad para las Víctimas invirtió cerca de 280 mil millones de pesos en tecnología de información que buscaban depurar y actualizar las bases de datos de las victimas identificadas del conflicto en el país.  
  • La CGR hace un llamado a minimizar los riesgos en pérdida de recursos, siendo necesario mejorar por parte de las entidades nacionales sus sistemas de información, y realizar una debida depuración de los datos. 



Bogotá, 9 de junio de 2021. La Contraloría General de la República identificó inconsistencias en giros de indemnizaciones, atención y ayuda humanitaria, así como en la aplicación de subsidios de vivienda urbana de la Ley de Victimas que suman más de 82 mil millones de pesos. 

En un ejercicio de control preventivo y concomitante, la Contraloría Delegada para el Posconflicto y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) evidenciaron inconsistencias y alertas en la ejecución de recursos desde el año 2012 destinados a la población víctima del conflicto por parte de entidades nacionales.  

En relación con la Indemnización Administrativa a las víctimas se identificó que desde 2012 a la fecha se han realizado 823.140 giros a 782.605víctimas por un valor de $5,5 billones. 

Según la base de datos Indemniza, que concentra toda la información de las víctimas identificadas en el país, con corte a marzo de 2021, se encontraron 75 personas fallecidas incluidas como destinatarios con pagos ya realizados y que fueron cobrados con fecha de pago posterior a la fecha de su defunción por un valor de 647 millones de pesos.  

No se encontró evidencia de que estos pagos, que en su mayoría se realizaron entre los años 2012 y 2014, se hayan reintegrado al identificar la anomalía.   

Con un cruce entre las bases de datos Indemniza con el Registro Único de Víctimas (RUV) y la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se identificaron 665 registros de giros cobrados de indemnizaciones que suman $4.208 millones que tienen inconsistencias en los datos de nombre y apellido del destinatario.  

También, se evidenciaron 289 registros de giros por valor de $1.941 millones con inconsistencias en el número del documento de identificación de los beneficiarios frente a los datos registrados en la Registraduría Nacional. 

De igual manera, la Contraloría General de la República evidenció 156 registros, por valor de $801 millones, con el campo documento vacío en la base de indemnización y 10.770 registros de giros cobrados por valor de $56.696 millones que cuentan con fecha de giro o reintegro nula.  

Pagos a fallecidos también se dieron por ayudas humanitarias 

La CGR también encontró que desde 2015 a la fecha se han identificado 1.793.062 familias beneficiarias de ayudas humanitarias con un total de 3.985.301 giros por valor de $2,4 billones.  

Realizados los cruces de la base de datos de Ayudas Humanitarias entregadas por la Unidad de Víctimas, con la base de datos de Registraduría Nacional, se identificaron 493 giros a personas fallecidas, cobrados con posterioridad a la fecha de fallecimiento por un valor de $228 millones.  

La mayoría de estos giros se encuentran entre las vigencias 2016 a 2018. El 65% de estos giros se concentran en su orden en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Nariño y Magdalena.  

De estos giros a personas fallecidas, 56 corresponden a víctimas de pueblos afrocolombianos, por valor de $32 millones, y 9 giros a víctimas de pueblos indígenas por valor de $6,8 millones. 

También se identificaron 135 giros a 68 familias beneficiarias por 78 millones de pesos en las que se evidenció que el nombre del destinatario no coincide con el nombre reportado en la Registraduría. Y 266 giros a 250 familias por 234 millones de pesos en lo que se encontró que el documento del destinatario no se encuentra en la base de datos de la Registraduría NEC. 

Subsidios de vivienda urbana, también con inconsistencias 

Frente a los Subsidios Familiares de Vivienda Urbana otorgados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio desde 2003, la Contraloría identificó 207 subsidios asignados por 3.055 millones de pesos asignados a personas con fecha de fallecimiento posterior a la entrega. 

Estos subsidios legalizados fueron asignados en las modalidades de adquisición de vivienda (86%), arrendamiento (16%), mejoramiento/reparación (5%) y construcción en sitio propio (1%). El 85% de estos subsidios se concentraron en vigencias anteriores a 2010.  

Dentro de estos registros se encuentran 23 casos de titulares fallecidos con más de un subsidio asignado. Y se identificaron 4 casos (2004 y 2016) de titulares de subsidios de vivienda que se encuentran registrados por el hecho victimizante de desaparición forzada.  

Desde 2003, se encontraron 13.044 beneficiarios víctimas de desplazamiento forzado cuyo subsidio permanece en cuentas de ahorro programado - CAP en una entidad bancaria por valor de $192.471 millones, lo que permite establecer que estos beneficiarios no han accedido al derecho a la vivienda.  

La mayoría de estos subsidios fueron asignados antes de la vigencia 2010 y si bien el subsidio se entregó, no ha sido aplicado a una vivienda nueva o usada. 

De igual forma, la Contraloría Delegada para el Posconflcito también evidenció que 916 registros de subsidios legalizados de vivienda por valor de $15.596 millones presentan inconsistencias en los datos de nombre y apellido del destinatario, al cruzar con los datos de la Registraduría con programas principalmente como Mi Casa Ya, Vivienda Gratuita y Bolsa Desplazados.  

Las situaciones detectadas llaman la atención de este organismo de control, debido a que se ha destinado una cantidad importante de recursos a proyectos de implementación y mejoramiento de tecnologías de información por parte de las entidades responsables de estos procesos. En el caso de la Unidad para las Víctimas, entre 2014 - 2021 se alcanzó una inversión de $280 mil millones de pesos constantes de 2021; y por parte del Ministerio de Vivienda, entre 2012 – 2021 este valor alcanzó $46 mil millones de pesos constantes de 2021. 

Por otra parte, en el marco del Séptimo informe de la Comisión de Seguimiento a la Ley 1448 de 2011, presentado al Congreso de la República en agosto de 2020, la CGR evidenciaba la insuficiencia de los recursos asignados a estas medidas frente al creciente número de población víctima pendiente de atención y es así como, específicamente para la medida de indemnización individual que supera hoy los 7 millones de personas, se requeriría destinar un valor aproximado de $48,6 billones, para atención y ayuda humanitaria se estimó un valor de $11 billones y para cubrir el derecho a la vivienda urbana $13,5 billones.  

Por lo anterior, la Contraloría considera que se hace necesario que las entidades nacionales que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas- SNARIV, mejoren sus sistemas de información, y realizar una debida depuración de los datos, así como mejorar las marcaciones para la población víctima, étnica y con enfoque de género, e implementar controles efectivos para la aplicación de los procedimientos y el registro de la información, a fin de evitar riesgos en la pérdida de recursos. Adicionalmente, fortalecer y simplificar la presentación de los registros de los procesos y procedimientos en las bases de datos, a fin de brindar a la ciudadanía mayor transparencia y acceso a la información. 

La CGR continuará con el seguimiento a la política pública de víctimas y lo ordenado en los autos de seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004, a partir de los cruces y análisis de información sobre subsidios otorgados a población víctima en bases de datos relacionadas con programas de Subsidios de Vivienda de Interés Social Rural, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, Devolución de IVA, Restitución de Tierras, entre otros. Así mismo con los cruces de información de bases de datos de SPI, FUT, Sisbén III y IV, SIMAT y PAE, entre otras.  

Con base en las inconsistencias detectadas, este órgano de control procederá a adelantar las actuaciones de control fiscal que se consideren pertinentes, en el marco del nuevo esquema de control fiscal Preventivo y Concomitante.

Publicado el 09 jún. 2021 6:35


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 62

 

Contraloría insta a autoridades competentes en la reconstrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a tomar medidas y prepararse ante la temporada de huracanes y otros ciclones tropicales

 

Pieza gráfica con Fotografía de estado de San Andrés, texto que dice Contraloría insta a autoridades competentes en la reconstrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a tomar medidas y prepararse ante la temporada de huracanes y otros ciclones tropicales

 

  • De acuerdo con la UNGRD desde el 1 de junio inició la “temporada de ciclones tropicales en el Mar Caribe y Océano Atlántico”, la cual se extiende hasta el 30 de noviembre. 
  • Por este motivo la Contraloría hace un llamado a todas las autoridades de la isla a prepararse para evitar una nueva emergencia. 
  • Persisten dificultades en el cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional para la reconstrucción del archipiélago, primordialmente en la construcción y reparación de casas en las islas de Providencia y Santa Catalina, las más afectadas por el paso del Huracán IOTA. 
  • En el seguimiento realizado se ha evidenciado la construcción de 2 viviendas, 129 demoliciones, 36 predios en excavaciones de zapatas y 28 en labores de estructuras metálicas. 
  • Al 30 de mayo, según el plan inicial del Gobierno Nacional, se deberían tener construidas 130 casas (50 a corte de abril y 80 en el mes de mayo). 
  • En el caso de las reparaciones se planteó inicialmente la entrega del 100% de las viviendas (877 techos y estructuras). 
  • En San Andrés, al 30 de abril, de las 104 viviendas que se tienen que construir nuevas, se han construido 9 y 7 se encuentran en proceso de construcción. En cuanto a la reparación de 2.438 viviendas, se han reparado 154 cubiertas que presentaron daños leves, 1 con daños moderados y 0 con daños severos. 

 

 

Bogotá, 8 de junio de 2021.- La Contraloría General de la República, en el marco del Especial Seguimiento que realiza a los recursos dispuestos para atender la emergencia presentada en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por el paso del huracán IOTA, insta a las autoridades competentes con la reconstrucción del archipiélago a cumplir con las metas propuestas, teniendo en cuenta la llegada de la temporada de huracanes y otros ciclones tropicales al país. 

 

De acuerdo con el primer esquema y cronograma de reparación y construcción de viviendas en la Isla de Providencia, presentado a la Contraloría General de la República, se planteaba reparar 877 casas y construir 1.134. 

  

En el seguimiento realizado por este organismo de control se ha podido evidenciar que al momento se ha terminado la construcción de 2 viviendas, se vienen realizando 129 demoliciones (alistamiento de lotes), se encuentra en la isla material para la construcción de 60 estructuras, 37 ya tienen replanteo del diseño (es decir poner en terreno el diseño y marcar el lugar de las excavaciones para las zapatas), en 36 de dichos lotes se realizan excavaciones de zapatas y en 28 se adelantan labores de estructuras metálicas. 

 

En el caso de la habilitación de cubiertas y reparaciones, se reportan 628 viviendas con cubiertas reparadas y 4 en ejecución. Al mismo tiempo que se explica que de estas viviendas hay en la isla 400 viviendas con reparaciones integrales y 146 en ejecución. 

 

Preocupa a la Contraloría que a una semana de cumplirse 7 meses de la emergencia, y cuando está por llegar la temporada de huracanes y otros ciclones tropicales al país, no se hayan cumplido las metas establecidas inicialmente de entregar, en el mes de abril del presente año, 50 viviendas terminadas y 240 en proceso de construcción (100 demolidas, de las cuales 80 en etapa de estructura, y en 60 acabados), y una proyección posterior de entrega de 80 viviendas terminadas en mayo, 95 en junio y a partir de julio 100 viviendas por mes. En el caso de las reparaciones, al 30 de abril se planteaba la entrega del 100% de las viviendas reparadas (es decir 877 techos y estructuras). 

 

De acuerdo con la advertencia emitida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, a través de la circular 018 del 11 de mayo pasado, el 1 de junio del año 2021 inicia la “temporada de ciclones tropicales en el Mar Caribe y Océano Atlántico”, que en general se extiende hasta el 30 de noviembre del mismo año ya que, según la experiencia, más del 95% de los eventos históricos se han registrado en este periodo del año. 

 

Así mismo el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en su comunicado especial 023, informó que los más recientes pronósticos realizados por científicos de la Universidad Estatal de Colorado (CSU) indican una actividad ciclónica por encima del promedio, estimando que este año podrían presentarse al menos 17 tormentas con nombre, de las cuales 8 podrían convertirse en huracanes; cuatro de ellos con probabilidad de llegar a convertirse en ciclones de gran categoría, es decir los de mayor potencial destructivo.  

 

Se debe resaltar que las zonas de mayor exposición a este tipo de fenómenos en el Caribe Colombiano son, principalmente, el Archipiélago de San Andrés y Providencia y la península de la Guajira, donde podrían presentarse, por el paso cercano de estos sistemas, lluvias fuertes que ocasionen inundaciones, vientos de variada intensidad, vendavales o mini tornados e incrementos de marea, como se evidenció en el año 2020. 

 

Ante ello la Contraloría solicitó a la Gerente General para el Proceso de Reconstrucción del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Susana Correa, informar las medidas que se prevén adoptar frente a las recomendaciones establecidas y al impacto sobre los compromisos de entrega de las viviendas, tanto en Providencia como en San Andrés, teniendo en cuenta los riesgos que los retrasos representan para las comunidades y habitantes de las islas. 

 

En el caso de las afectaciones en la Isla de San Andrés, se estableció la construcción de 104 viviendas nuevas y la reparación de 2.438, acciones que están a cargo de la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  

 

De acuerdo con la información oficial brindada, se han construido 9 viviendas nuevas y 7 se encuentran en proceso de construcción. Se han reparado 154 cubiertas que presentaron daños leves, 1 con daños moderados y 0 con daños severos. 

 

El Especial Seguimiento que realiza la CGR a los recursos dispuestos para atender la emergencia presentada en el Archipiélago, indica que el Gobierno Nacional ha dispuesto recursos por 306 mil millones de pesos (exactamente $306.363.182.812), que han sido dispuestos a través del Ministerio de Hacienda a la UNGRD, el Instituto Nacional de Vías INVIAS, Bancoldex y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

Tales recursos han sido transferidos desde el Presupuesto General de la Nación (PGN) hacia el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).  

 

La ejecución se realiza de manera directa por parte de la UNGRD y también por parte de las entidades territoriales (Departamento de San Andrés y Municipio de Providencia y Santa Catalina) a través de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC).  

 

La UNGRD -a través del FNGRD- es la encargada de la administración de los recursos recibidos mediante donaciones, las cuales a pesar de que provienen de particulares, se consideran recursos públicos una vez ingresan al presupuesto. 

 

Plan de Acción Específico (PAE) 

 

El conjunto de acciones de planificación, organización y de gestión para las fases de preparación y ejecución para la recuperación (rehabilitación y reconstrucción) de las 2.347 familias o 5.680 personas afectadas por la emergencia, contempla 371 actividades de intervención en 20 sectores por un valor total de $1,2 billones ($1.271.384.026.518). 

 

Fase I Reconstrucción: 272 actividades valor $ 742.400.968.159. 

 

  • San Andrés: 40 actividades, valor $ 65.003.548.381 
  • Providencia y Santa Catalina: 117 actividades, valor $526.931.239.105 
  • Archipiélago: 115 actividades, valor $ 150.466.180.672 


Fase II Intervención Estructural: 99 actividades $ 528.983.058.359. 
 
  • San Andrés: 21 actividades, valor $ 190.367.848.200 
  • Providencia y Santa Catalina: 37 actividades, valor $ 175.100.449.755 
  • Archipiélago: 41 actividades, valor $163.514.760.404 


Dificultades que se han debido enfrentar 

La Gerencia para la Reconstrucción del Archipiélago, así como Findeter, han explicado en múltiples ocasiones las dificultades logísticas que se han tenido en el proceso, entre ellos la capacidad del puerto de Providencia, el cual no tenía las características para recibir embarcaciones de gran calado, por lo que se hizo necesario realizar traslado de materiales en alta mar para ser puestos en la isla.  

De igual manera, se ha destacado la problemática que se tiene en Providencia al contar inicialmente con una sola grúa para el descargue de materiales y elementos, dificultad que ha venido siendo superada al disponer de otra grúa en la isla. 

Además, es importante resaltar que en el proceso de construcción se han venido presentado dificultades con los tamaños de los predios (lotes), teniendo en cuenta que en algunos casos tienen proporciones inferiores a los modelos de casas definidas, que cuentan con 12 metros de frente. Esta problemática se presenta en cerca del 38% de los lotes evaluados. 

Por otra parte, cuando inició el proceso de la reconstrucción la finalidad del proyecto estaba enfocada a la reconstrucción de las viviendas afectadas por el paso del huracán, sin existir ninguna condición de saneamiento predial previo, sin embargo, es preciso anotar que será la Agencia Nacional de Tierras la entidad responsable de realizar el proceso de titulación de predios. 

Publicado el 08 jún. 2021 13:35


 

Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 61

 

Más obras rescatadas en el departamento del Meta con el ejercicio del control preventivo y concomitante de la CGR 

 

Más obras rescatadas en el departamento del Meta con el ejercicio del control preventivo y concomitante de la CGR

  • La Urbanización Nueva Jerusalén, en Acacías, ya dispone de las obras complementarias que no tenía. La comunidad que reside allí agradece a la Contraloría por atender sus denuncias y gestionar la finalización del proyecto en óptimas condiciones. 

 

  • El Contralor Felipe Córdoba estuvo allí, lo mismo en dos importantes obras en Villavicencio que al fin se culminan: el Centro de Responsabilidad Penal para Adolescentes y el Megacolegio y Centro de Desarrollo Infantil de la Ciudadela La Madrid. 

 

  • Un elefante blanco (el proyecto de vivienda), una obra inconclusa (el Centro de Responsabilidad Penal) y un proyecto con alerta de la DIARI (el Megacolegio y CDI), se hicieron realidad con el acompañamiento de la Contraloría General de la República. 

 

  • Por las anomalías presentadas en la construcción de la Urbanización Nueva Jerusalén, se adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por cuantía de $12.004 millones. 

 

Bogotá, 5 de junio de 2021.- Otros tres proyectos en el departamento del Meta que logran salir adelante, gracias al control preventivo y concomitante que ejerce la Contraloría General de la República: 

*En Acacías, un proyecto de vivienda de interés prioritario (Urbanización Nueva Jerusalén), destinado a población vulnerable, que había sido entregado sin condiciones mínimas de habitabilidad, como el suministro de agua y energía eléctrica, vías de acceso, parqueaderos y alumbrado público. 

*En Villavicencio, el Centro de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que llevó 5 años y 6 meses para poderse terminar. 

*Y también en la capital de este departamento, el Megacolegio y CDI de la Ciudadela La Madrid. Con su modelo de infraestructura, la DIARI emitió una alerta sobre este proyecto logrando que no llegara a ser un elefante blanco, sino que se pudiera terminar, gracias al especial seguimiento de la Unidad de Reacción Inmediata de esta dependencia de la Contraloría General. 

Urbanización Nueva Jerusalén, en Acacías  

Este proyecto, que beneficia a 280 familias de población vulnerable, tenía un valor inicial de $9.170 millones, tuvo una adición de $2.940 millones y terminó costando $12.110 millones, convirtiéndose en un elefante blanco. 

Inició en febrero de 2017 y fue terminado en agosto de 2019. Estaba programado para estar listo en un año y, con suspensiones y prórrogas, su ejecución se llevó 2 años y 6 meses. 

Tuvo 4 suspensiones por 9 meses, debido a ajustes de diseños e ítems no previstos; 4 prórrogas por 9 meses, por la ejecución de obras adicionales por mayores cantidades; y 2 adiciones por $2.940 millones por obra faltante y ajustes de precios (recursos aportados por la Gobernación del Meta). 

El contrato de construcción de Urbanización no contempló condiciones mínimas de habitabilidad, como suministro de agua, energía eléctrica, vías de acceso, parqueaderos y alumbrado público. 

Para culminar las condiciones de habitabilidad del proyecto, la Gobernación del Meta suscribió un contrato adicional en el 2020, por $2.498 millones. 

La Contraloría logró comprometer a la Gobernación del Meta para iniciar las obras complementarias de este proyecto, culminarlo y entregarlo. 

Por las anomalías presentadas en este proyecto, en 2020 la CGR abrió un proceso de responsabilidad fiscal por cuantía de $12.004 millones, contra los siguientes presuntos responsables: 

*Giovanny Morales Achury, en su calidad de Gerente de la Secretaría de Vivienda Departamental en su momento. 

*Luis Alberto Rodríguez Medina, como secretario de Vivienda del Meta para la época de los hechos investigados. 

Centro de Responsabilidad Penal para Adolescentes, en Villavicencio 

El valor inicial de esta obra era $8.039 millones. Tuvo una adición de $4.687 millones, con lo cual terminó costando $12.726 millones. 

Empezó a ser construido el 29 de septiembre de 2014 y se terminó en febrero de 2020. 

Previsto para ejecutarse en 12 meses, se llevó 5 años y 6 meses, con suspensiones y prórrogas. 

Ha tenido 5 suspensiones por 18 meses y 15 días, debido a incumplimientos en la ejecución de obra, y 8 prórrogas por 29 meses por cambios en diseños. 

Se han presentado retrasos en la ejecución de la obra. Se declaró incumplimiento al contratista y se cedió el contrato. Faltaba el Certificado Eléctrico RETIE, no tenía red contra incendios y se dieron ajustes de mayores y menores cantidades de obra. 

A través de mesas de seguimiento realizadas en los meses de febrero y mayo de 2021, la CGR logró comprometer al ICBF para poner a funcionar este Centro de Responsabilidad Penal, con el traslado de los menores infractores a más tardar el próximo 15 de julio. 

En 2019 la Contraloría abrió una Indagación Preliminar por $6.763 millones, que fue archivada por resarcimiento pleno del daño al ejecutarse la obra en su totalidad. 

Megacolegio y CDI de la Ciudadela La Madrid, en Villavicencio 

En este proyecto (incluyendo el Parque Recreativo) se invirtieron $14.232 millones. Se inició el 2 de enero de 2018 y finalizó el 31 de mayo pasado. 

La obra fue recibida por el municipio de Villavicencio, con acompañamiento de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la CGR, que en su momento generó una alerta sobre la marcha del proyecto y se encargó de hacerle permanente seguimiento. 

Se le asignó rector y están matriculados en educación básica 1.099 alumnos. 

A la fecha se encuentra pendiente la dotación correspondiente para el Megacolegio y el CDI por parte del Municipio de Villavicencio. 

El Megacolegio beneficia a 1800 estudiantes (900 por cada jornada), el CDI a 300 niños de primera infancia y el parque a 6000 habitantes de la Ciudadela La Madrid. 

Publicado el 05 jún. 2021 18:30


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 60

 

Tres exgobernadores son investigados en un caso: Con gestión mediadora de la Contraloría, se hacen realidad en el Meta tres obras que permanecieron inconclusas por años 

 

Pieza gráfica con Tres exgobernadores son investigados en un caso: Con gestión mediadora de la Contraloría, se hacen realidad en el Meta tres obras que permanecieron inconclusas por años

 

  • Se trata del internado Jhon F. Kennedy, en San Juanito; la Torre Mirador, en Puerto López; y el Coliseo Cubierto de Granada. 
     
  • Las tres fueron incluidas en el Registro Nacional de Obras Inconclusas, que lleva la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la CGR, y después tuvieron el apoyo de la estrategia “Compromiso Colombia”. 

 

  • En la lupa de la Contraloría General en el Meta están 104 proyectos entre elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos, que suman $587 mil millones de pesos. 

 

 

Bogotá, 4 de junio de 2021.- El Contralor Felipe Córdoba llegó hoy al departamento del Meta para ser testigo de la terminación de tres obras que estuvieron inconclusas por muchos años, cargando con sucesivas suspensiones y prórrogas, por lo que, incluso, son objeto de investigaciones fiscales en curso. 

 

Internado Jhon F. Kennedy 

 

La Institución Educativa Colegio Nacionalizado Jhon F. Kennedy, en el municipio de San Juanito (Meta), es la primera obra que se hace realidad. 

 

Inició su construcción en abril de 2011 y fue terminada en noviembre de 2013, pero se convirtió en un elefante blanco, debido a que no se pudo poner en funcionamiento; lo hasta ahora, exactamente el próximo 15 de julio. 

 

Tras ser incluida en el Registro Nacional de Obras Inconclusas se reactivó con la gestión de la Contraloría y pudo al fin terminarse.  

 

El organismo de control logró comprometer a la Gobernación del Meta para iniciar las obras pendientes, culminarlas y entregarlas. El contratista puso los recursos. 

 

Este proyecto, que beneficia a 41 estudiantes, tuvo un valor inicial de $2.999 millones y dos adiciones por $1.724 millones, para un total de $4.724 millones.  

 

Tuvo 4 suspensiones por 4 meses y 12 días debido a cambios de diseño, y 5 prórrogas por 15 meses por cambios en las actividades programadas y variación en los ítems contratados. 

 

El contrato se liquidó el 9 de octubre de 2014. Se pagaron ítems y actividades no ejecutadas por el contratista y que debió haber realizado. 

 

Por las situaciones irregulares que habían convertido este internado prácticamente en un elefante blanco, la Contraloría abrió en su momento un proceso de responsabilidad fiscal por $4.177 millones que se encuentra en etapa de recepción de versiones libres de los presuntos responsables (los exgobernadores del Meta Darío Vásquez, Alan Jara y Marcela Amaya, contratistas, interventores y funcionarios de la Agencia de Infraestructura del Meta). 

 

Torre Mirador en Puerto López (Meta) 

 

El contrato de construcción de la Torre Mirador, en el municipio de Puerto López (Meta), inició el 29 de diciembre de 2015 y pudo entrar en servicio gracias, en buena parte, a la intervención de la CGR. 

 

La obra, que se constituye en un gran atractivo turístico para la región, demandó una inversión de $16.568 millones. 

 

Mediante la estrategia “Compromiso Colombia” la Contraloría logró impulsar su terminación y puesta en funcionamiento. El proyecto no se encontraba funcionando por falta de adecuaciones para la atención al público, certificación de ascensores y entrega de locales, entre otras situaciones. 

 

Tuvo 3 suspensiones de 4 meses por permisos de aprovechamiento forestal y restricciones de circulación de vehículos de carga. Y se vio afectado con 8 prórrogas por 24 meses y 9 días debido a modificaciones de obra, demoras en la aprobación de permisos y en su construcción. 

 

Las irregularidades presentadas alrededor de la ejecución del proyecto Torre Mirador llevaron a la Contraloría a abrir, en 2020, un proceso de responsabilidad fiscal por cuantía de $14.474 millones, que se encuentra en etapa probatoria y al cual están vinculados los siguientes presuntos responsables fiscales: 

 

*María Luisa Parra Mora, exdirectora del Instituto de Turismo del Meta. 

*Gustavo Adolfo Jiménez Barrios, exdirector del Instituto de Turismo del Meta. 

*Juan Carlos Navarro Perico (Consorcio Matapalo). 

*Curva Ltda. 

*Cuadrante Construcciones Arquitectura e Ingeniería SAS. 

*Ferney Yesid Beltrán Ávila (Sdeng SAS). 

*Daniel Arturo Sánchez Gutiérrez (Consorcio Intermirador). 

*Interventoría: Ingeconsultar Ltda, Ingecinco Ltda. 

 

Coliseo Cubierto y Áreas Conexas, en Granada (Meta) 

 

Requirió una inversión de $15.166 millones, incluyendo una adición de $1.672 millones. 

 

El contrato de esta obra inició el 5 de julio de 2016 y concluyó el 30 de enero de 2021. Se requirieron 5 años y 9 meses, para que entrara en servicio, cuando su tiempo de ejecución inicial era supuestamente de 9 meses. 

 

Tuvo 3 suspensiones por 40 meses, debido a cambio de diseños, la falta del Certificado Eléctrico RETIE y suspensión de giro de recursos. Y sufrió 5 prórrogas por 17 meses, por atrasos en la ejecución de las obras

 

A través de mesas de seguimiento realizadas en octubre de 2020 y febrero y mayo de 2021, la Contraloría logró concertar con la Gobernación del Meta y la Alcaldía de Granada para que se recibiera por parte del municipio la obra, ya subsanadas las adecuaciones. 

 

La Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías de la CGR abrió en 2020 una Indagación Preliminar por cuantía en $15.458 millones, en relación a las irregularidades presentadas en este proyecto. 

 

Elefantes blancos y obras inconclusas en el Meta 

“La función preventiva y concomitante que ejerce ahora la Contraloría General de la República está dando unos resultados importantísimos, logrando que se terminen   elefantes blancos y se tengan elefantes vivos. En el Meta hay 104 obras inconclusas, elefantes y proyectos críticos por más de $587 mil millones de pesos”, resaltó el Contralor Felipe Córdoba al llegar hoy a Villavicencio. 

“Los elefantes blancos pueden terminarse y la gente puede ver que, gracias a la gestión preventiva, es posible ir acabando la corrupción”, agregó. 

Y advirtió finalmente. “Estamos encima de los contratistas. La Contraloría General de la República, con la tecnología que hoy tiene, está haciendo seguimiento en línea, para saber qué está pasando con el avance de cada una de las obras del país, haciendo uso de su función preventiva, con inteligencia artificial, analítica avanzada, imágenes satelitales y áreas, así como videos de drones”.

Publicado el 04 jún. 2021 18:30


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 59

 

Crecen inconsistencias en bases de datos 328 personas mayores de 120 años fueron priorizadas en el Plan Nacional de Vacunación 

 Pieza gráfica con titular del comunicado.

 

  • La Contraloría General de la República evidenció que en la base de datos Mi Vacuna fueron priorizadas 328 personas mayores de 120 años para la etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación.  

  • La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) identificó 110 personas vacunadas que fueron reportadas como fallecidas. 

  • Dentro de este grupo, 35 personas que murieron por causas naturales no asociadas al biológico después de recibir la primera dosis, fueron reportadas como vacunadas con una segunda dosis pese a haber sido reportadas como fallecidas. 

  • Hay 1.669 personas que se vacunaron sin estar priorizadas.  

 

 

Bogotá, 4 de junio de 2021.- Un estudio de la Dirección de Estudios Sectoriales para el sector salud de la Contraloría General de la República a la Etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación, evidenció que en la base de datos Mi Vacuna del Ministerio de Salud fueron priorizadas 328 personas mayores de 120 años para ser vacunadas. 

 

El estudio, que se realizó con el despliegue tecnológico de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la CGR y la Contraloría Delegada para el Sector Salud, cruzó la base de datos del Registro Único de Afiliados (BDUA) con la información contenida en Mi Vacuna, evidenciando los 328 casos de mayores de 120 años priorizados, edad de la que no se tiene registro de personas con vida en el país.

 

319 personas mayores de 120 años priorizadas en la Etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación hacen parte del régimen subsidiado y 19 están dentro del régimen contributivo de seguridad social.  Los 328 casos fueron detectados en los siguientes departamentos:

 

 

Igualmente, el mismo estudio identificó 1.345.336 mayores de 80 años que aparecen en Mi Vacuna sin régimen de salud, lo que corresponde a un porcentaje del 52.83 por ciento de esta población priorizada, la cual, según esta base de datos, estaría desprotegida en el Sistema General de Seguridad Social del país.

 

Esta no es la única inconsistencia que la CGR identificó en las bases de datos del Plan Nacional de Vacunación. A través de la DIARI, la Contraloría General evidenció que las IPS del país no han reportado la aplicación de 3.260.300 vacunas contra el Covid-19 en la base de datos Paiweb, que contiene toda la información del Plan Nacional de Vacunación. 

Esta cifra creció de 1’309.562 vacunas, correspondiente al corte de 9 de mayo, a 3.260.300 que se registraron hasta el 31 de mayo de 2021. Mientras las IPS registraron en Paiweb que se aplicaron 5’387.724 dosis a nivel nacional, el Ministerio de Salud informó, en su página web, que el total de vacunas fue de 9´098.024. 

La inconsistencia dificulta la vigilancia que, en tiempo real, está realizando la CGR al Plan Nacional de Vacunación. Por eso la entidad pide al Ministerio de Salud que estas diferencias de reportes en las bases de datos sean solucionadas y los datos actualizados oportunamente, ya que está en duda la confiabilidad de estas bases y que la correspondencia de los pagos que se realizan cumplan con la efectividad del Plan de Vacunación.

Crece número de fallecidos vacunados 

Dentro de las alertas identificadas por la DIARI también se evidenció que 110 personas que aparecen como fallecidas fueron vacunadas. En el corte del 9 de mayo esta cifra fue de 86, creciendo en 24 el número de fallecidos.  

Estas dosis fueron aplicadas en los siguientes departamentos:

Departamento vacunación 

Cantidad 

VALLE DEL CAUCA 

30 

ATLANTICO 

22 

ANTIOQUIA 

15 

CUNDINAMARCA 

BOYACA 

HUILA 

BOLIVAR 

MAGDALENA 

NARIÑO 

BOGOTA 

NORTE DE SANTANDER 

CAUCA 

SANTANDER 

TOLIMA 

CORDOBA 

META 

QUINDIO 

Total vacunados 

110 

 

Dentro de este grupo 35 personas, que murieron por causas naturales no asociadas a las vacunas después de recibir la primera dosis, fueron reportadas como vacunadas con una segunda dosis. 

De las 35 personas 21 tenían más de 80 años y 14 están dentro del rango de edad de 70 a 79 años. Estas personas vacunadas aparecen reportadas como beneficiarias de una segunda dosis de la vacuna en los siguientes departamentos:

Departamento vacunación 

Cantidad vacunados 

ATLÁNTICO 

16 

CUNDINAMARCA 

BOYACÁ 

VALLE DEL CAUCA 

BOGOTÁ 

HUILA 

ANTIOQUIA 

BOLÍVAR 

MAGDALENA 

NARIÑO 

SANTANDER 

TOLIMA 

Total vacunados 

35 

 

Pese a la ampliación del rango de edades 1.669 personas fueron vacunadas sin que hicieran parte del grupo priorizado en las etapas 1, 2 y 3 de la fase 1 del Plan Nacional de Vacunación, de acuerdo con el decreto 109 del 2021, modificado por los decretos 404 y 466 de 2021.    

Es decir que estas personas son menores de 60 años, no son profesionales, docentes o estudiantes del sector salud, personal de apoyo, talento humano de servicios de dicha área o se encuentran dentro de los regímenes especiales y de excepción.  

De las 1.669 personas vacunadas no priorizadas 775 tiene entre 26 y 44 años, 344 tienen entre 55 y 59, 198 están en el rango de edad de 18 a 25, 169 tienen de 45 a 49 y 152 personas vacunadas tienen entre 50 y 54 años.   

Los departamentos en los que la DIARI identificó este grupo de personas no priorizadas son:

Departamento 

Cantidad personas 

VALLE DEL CAUCA 

454 

SANTANDER 

204 

BOGOTÁ 

169 

ATLÁNTICO 

153 

CALDAS 

88 

ANTIOQUIA 

68 

BOLÍVAR 

66 

MAGDALENA 

63 

TOLIMA 

60 

NORTE DE SANTANDER 

44 

NARIÑO 

42 

HUILA 

41 

CAUCA 

35 

BOYACÁ 

32 

CESAR 

26 

QUINDIO 

26 

LA GUAJIRA 

17 

GUAVIARE 

16 

SUCRE 

14 

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS 

CHOCÓ 

RISARALDA 

ARAUCA 

CASANARE 

META 

CÓRDOBA 

CUNDINAMARCA 

CAQUETÁ 

VICHADA 

Total vacunados 

1.669 

 

En este ejercicio de control preventivo y concomitante la Contraloría Delegada para el Sector Salud ha radicado y comunicado a entes de control, secretarias de salud de entes territoriales, al Ministerio de Salud y la a Superintendencia Nacional de Salud la información discriminada de las alertas. 

Alertas por personas vacunadas en el corredor fronterizo  

La alerta por personas vacunadas en corredor fronterizo que no residen allí, sino en departamentos diferentes, se incrementó de 1.421 a 1.666 personas.  

Estas 1.666 personas fueron vacunadas en el corredor fronterizo —Leticia y Puerto Nariño (Amazonas), Puerto Inírida (Guainía) y Mitú (Vaupés)— donde, de acuerdo con las disposiciones normativas, no existe priorización de listas.  

La alerta se genera porque no se tiene claro por qué estas personas, que al aparecer no residen en este corredor fronterizo, terminaron recibiendo una vacuna en ese lugar.  

Por ejemplo, de 267 personas que debían ser vacunadas en Bogotá 238 terminaron recibiendo una vacuna en el departamento de Amazonas, 15 recibieron una vacuna en el departamento de Guainía y 14 en el departamento de Vaupés.  

La siguiente tabla ejemplifica el lugar reportado como de residencia de la persona vacunada y el departamento, en el corredor fronterizo, en el que finalmente fue vacunado.

Departamento residencia 

AMAZONAS 

GUAINÍA 

VAUPÉS 

Total general 

ANTIOQUIA 

69 

10 

10 

89 

ARAUCA 

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS 

   

ATLÁNTICO 

34 

38 

BOGOTÁ 

238 

15 

14 

267 

BOLÍVAR 

20 

27 

BOYACÁ 

28 

39 

CALDAS 

16 

21 

CAQUETÁ 

51 

62 

CASANARE 

14 

29 

CAUCA 

15 

   

15 

CESAR 

14 

 

16 

CHOCÓ 

11 

CÓRDOBA 

13 

18 

CUNDINAMARCA 

91 

16 

114 

GUAVIARE 

18 

28 

HUILA 

48 

57 

LA GUAJIRA 

12 

MAGDALENA 

20 

 

21 

META 

73 

111 

94 

278 

NARIÑO 

20 

31 

NORTE DE SANTANDER 

36 

46 

PUTUMAYO 

45 

 

46 

QUINDIO 

21 

32 

RISARALDA 

13 

20 

SANTANDER 

28 

12 

48 

SUCRE 

15 

 

16 

TOLIMA 

39 

46 

VALLE DEL CAUCA 

72 

13 

91 

VICHADA 

35 

 

43 

(en blanco) 

66 

15 

13 

94 

Total general 

1132 

313 

221 

1.666 

 

Doble vacunados, retirados de la base de datos 

En el mismo acumulado de alertas la DIARI también evidenció que 228 personas que habían sido reportadas dos o tres veces como receptoras de una dosis de las vacunas en menos de 10 días fueron retiradas de la base de datos Paiweb.   

La DIARI, en su acumulado de alertas en el mes de abril, evidenció que este fenómeno de doble vacunación fue el que más creció en este periodo de tiempo pasando de 59 personas, en la primera alerta, a 229 en su más reciente informe.  

Hoy solo una persona, de ese grupo de 229 identificadas, está registrada en la base de datos Paiweb. La entidad aún no ha recibido comunicación alguna del Ministerio de Salud que explicara por qué fue manipulada la base de datos, sin que se explicara la anomalía que dio origen a la alerta de la DIARI. 

Publicado el 04 jún. 2021 7:40