Boletines de Prensa - 2020

Se necesita infraestructura de respaldo: Según análisis de la Contraloría, a Colombia le queda un año para perder su autosuficiencia en gas natural

COMUNICADO DE PRENSA No. 033

 

  • Preocupa al organismo de control el retraso en el cronograma de la planta regasificadora del Pacífico, que debía entrar a operar en 2021 y se proyecta ahora que funcionará en 2024.
  • Se evidencian debilidades en el control y coordinación que debe tener el Ministerio de Minas y Energía con entidades adscritas como la ANH y la UPME.
  • De acuerdo al análisis realizado por la CGR, la oferta disponible viene descendiendo sostenidamente y los posibles hallazgos de gas natural no se materializarán en el corto ni mediano plazo.

 

Bogotá, 3 de marzo de 2020.- Colombia perderá su autosuficiencia en gas natural a partir del próximo año, lo que coincide con el retraso de la entrada en operación de la Regasificadora del Pacífico, prevista ahora para 2024, señala un reciente estudio de la Contraloría General de la República sobre el tema donde se evalúa la perspectiva del sector, en el corto y mediano plazo.

Para el organismo de control, el país requiere de la infraestructura de respaldo que le permita atender la demanda de gas natural en términos de seguridad y confiabilidad, como un activo de flexibilidad, el cual ha sido propuesto por el Gobierno Nacional desde al año 2010 en los diferentes planes de desarrollo.

Preocupa a la CGR, el retraso en los cronogramas de los proyectos que respaldarán la demanda de gas natural, como es este de la Regasificadora del Pacifico, ante el descenso sostenido de las reservas de gas natural que se  viene dando desde el año 2012 y los pobres resultados del proceso de exploración y explotación.

En el Estudio Sectorial, denominado “Viabilidad de la construcción de una planta de regasificación en la Costa Pacífica”, ¿Perdió Colombia la autosuficiencia en gas natural?”, la Contraloría Delegada de Minas y Energía analiza el comportamiento de las reservas frente al crecimiento del sector en términos de oferta y demanda, así como el futuro de estas variables.

El documento pone en evidencia debilidades en el nivel de control que ejerce el Ministerio de Minas y Energía sobre entidades adscritas como la UPME, la ANH y la CREG, por cuanto se maneja información que no es procesada oportunamente y compartida, para el logro de un objetivo determinado.

Ejemplo de lo anterior son los métodos diferentes que utilizan el Ministerio y la ANH para calcular las reservas de gas natural, así como declaraciones a medios que dio en su momento el saliente director de la ANH cuyo alcance no era de conocimiento de la cartera ministerial.

Según el análisis, “Estas debilidades en el control y coordinación ocasionan retrasos en la entrada de operación de los proyectos, como es el caso de la planta regasificadora (del Pacífico), lo que aunado a la ocurrencia simultanea de un escenario de perdida de auto suficiencia, generaría un déficit en el balance oferta demanda con sus consecuentes implicaciones en el precio del gas natural y las tarifas de energía eléctrica, afectando a los usuarios más vulnerables”.

En 2022: Cantidad para la venta no alcanzará para cubrir la demanda

Las reservas de gas natural vienen en franco descenso desde el año 2012, debido a que fuentes de la Costa Atlántica (Chuchupa y Ballena) se encuentran en decadencia, pues en sus mejores tiempos sostuvieron el plan de masificación aportando en el 2002 el 85% de la oferta total (unos 599 MPCD) y en el 2018 solo aportó un 27%, de una oferta de 912 MPCD. La otra gran fuente, Cusiana, gracias a desarrollos operacionales ha compensado en algo los volúmenes necesarios para atender una demanda que supera los 1000 MPCD.

El instrumento que emplea el Gobierno Nacional para hacer sus proyecciones y determinar las necesidades del sector es la “Declaración de Producción Disponible para la Venta de Gas Natural”, obligación que tienen todos los productores de declarar su potencial de producción con un horizonte de 10 años. También está el monitoreo del estado y avance de los procesos de exploración y explotación.

La primera herramienta indica que la oferta disponible viene descendiendo sostenidamente, a pesar que se agrega un componente de importación por parte de la Regasificadora del Atlántico. Y la segunda revela que los posibles hallazgos de gas natural no se materializarán en el corto ni mediano plazo.

Con esta información y los estimativos del crecimiento de la demanda (nula), se observa que al año 2022 la cantidad disponible para la venta no alcanzará para cubrir la demanda.

Esta situación ha sido de conocimiento del Gobierno Nacional, que ha contemplado la construcción de dos plantas de regasificación como alternativa para importar gas natural y garantizar el abastecimiento en términos de seguridad y confiabilidad.

No hay claridad sobre arranque de regasificadora del Pacífico

La planta regasificadora para la Costa Pacífica debía entrar a operar en el año 2021, según el informe técnico sobre este proyecto publicado por la UPME, pero por diferentes motivos se ha retrasado el cronograma diseñado a tal punto que a la fecha no ha asignado el inversionista y la proyección de entrada en operación se ha trasladado al año 2024.

Para la Contraloría, ha faltado coordinación de la CREG y la UPME en el nuevo proceso para la selección del inversionista que se encargará de la construcción, operación y mantenimiento de la Regasificadora del Pacífico. En este caso, la CREG debe establecer cómo será la remuneración de la inversión y requiere que la UPME le informe quiénes serán los usuarios de la demanda, y esta información aún no se le ha reportado, encontrándose este proceso aún sin definir.

La regasificadora del Pacífico se viene planeando desde el 2010, y al día de hoy no hay claridad en algunos aspectos, tales como la demanda que atenderá la planta a fin de establecer la remuneración, aspecto que mantiene el proyecto en stand by y el desarrollo del cronograma establecido por la UPME para la entrada en operación no se ha modificado y, con lo avanzado al día de hoy, no se dará cumplimiento a este hito.

Conclusiones generales del ESTUDIO SECTORIAL VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE REGASIFICACIÓN EN LA COSTA PACÍFICA ¿Perdió Colombia la autosuficiencia en gas natural?:

*Desde el año 2012 las reservas de gas natural presentan una declinación progresiva y sostenida. La oferta de gas natural en Colombia presentó un máximo de 1249 Mpcd en el año 2013 y el año 2018 se redujo a 912 Mpcd, el 27% menos.

*Según la Declaración de Producción de Disponible para la Venta, en el período 2019-2032 el crecimiento de la demanda es 0, ya que en el 2019 se usarán 1000 GBTUD (los mismos que en 2032), con unos períodos de crecimiento negativo.

*El balance de la producción y la demanda indica que en el año 2021 la producción declarada de los campos no estará en condiciones de asumir la demanda de los diferentes sectores con el crecimiento 0, situación que se acentuará a partir de abril de 2022, cuando la producción iniciará un ciclo deficitario.

*En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 no se vislumbra un aumento de las reservas ya que el señalado para el cuatrienio es de 3.8 TPC, volumen que es igual al que se registra en la actualidad.

*Los resultados de los proyectos de exploración off shore y on shore a corto y mediano plazo han surtido la etapa primaria de exploración y se encuentran en evaluación. Esto no asegura que el país será autosuficiente a tal punto que se favorezca un crecimiento sostenido de los diferentes sectores que utilizan este combustible.

*Las expectativas del off shore de la Costa Atlántica no se ven en el mediano plazo. Tardarán en su mejor gestión entre 7 y 10 años si son exitosas y, mientras tanto, el país deberá afrontar la pérdida de autosuficiencia de gas natural con producto importado.

*La CGR observa que los proyectos necesarios para la conexión al Sistema Nacional de Transporte -SNT de gas natural que debe ejecutar el Gobierno ante los posibles hallazgos off shore, no fueron incorporados en el plan transitorio de abastecimiento de gas natural y requerirán de consensos, planeación y ejecución, actividades que demandan tiempo.

*Con los pozos que existen hoy y los que se hayan en desarrollo, hacia el año 2027 la Producción Total Disponible para la Venta (PTDV) será de 450 GBTU, el 68% menos de lo que alcanza hoy.

*A mediano plazo Colombia perderá su autoabastecimiento a partir de 2021.

*La situación actual del sector gas natural y sus expectativas de oferta y demanda indican que el país requiere de infraestructura de respaldo como la Regasificadora del Pacífico para atender la demanda en términos de seguridad y confiabilidad, con el valor agregado de aumentar la cobertura en todos los sectores de la economía en el sur del país.

*Para la Contraloría, la Regasificadora del Pacífico no sobredimensionará la oferta para atender la demanda, por cuanto su utilidad estará dada por la capacidad de responder a la demanda en un momento crítico.

*En cuanto a la planta de regasificación de Cartagena, entró a operar en diciembre de 2016 (un año después de lo previsto), no sin antes surtir una serie de inconvenientes que aún hoy se discuten, tales como la forma de remuneración y la toma de la regasificadora en arriendo.

*Ecopetrol es el mayor productor y oferente de gas natural en el país. De los 649 GBTUD que oferta, toma el 23% (230) para su consumo en refinerías, generación y petroquímica, dejando finalmente 470 GBTUD.

*El nivel de control entre el Ministerio de Minas y Energía, la UPME y la CREG presenta deficiencias, por cuanto en la actualidad, aplicando la Resolución 181704 de 2011, el Ministerio estableció una metodología para el cálculo de las reservas de gas natural denominada índice de abastecimiento de gas natural, y mientras tanto la ANH efectúa el cálculo de los años de reserva de gas con un indicador conocido como R/P.

Publicado el 03 márc. 2020 08:30


Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo solicitan y se pronuncian sobre intervención forzosa administrativa para liquidar a Medimás EPS

COMUNICADO DE PRENSA No. 032

 

  • Medimás tuvo un incremento exponencial en los pasivos, que pasaron de $2,037 billones de finales de 2018 a 2,726 billones a noviembre de 2019. 
  • Al parecer, se habrían desviado recursos públicos del sistema general de seguridad social en salud, que para el 2019, superarían los $635 mil millones.
  • Ocupa el primer lugar entre las EPS por acumular el mayor número de PQRD, con una tasa de 453,71% para el régimen contributivo y de 261,2% para el subsidiado. 

 

Bogotá, 27 de febrero de 2020.- El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larralte, y el Defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, se pronunciaron y solicitaron que se adelante en forma inmediata la intervención forzosa administrativa para liquidar a Medimás.

En comunicación enviada al Ministro de Salud, Iván Darío González Ortiz, y al Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizabal Ángel, los jefes de los entes de control alertaron sobre la grave vulneración de los derechos fundamentales de los afiliados a Medimás EPS S.A.S, representada en la falta de garantías en la prestación del Plan Básico de Salud –PBS-, y las irregularidades en la administración de los recursos públicos del sistema general de seguridad social en salud.  

Señalaron que Medimás ha tenido un incremento exponencial en los pasivos que pasaron de $2,037 billones de pesos (diciembre de 2018) a 2,726 billones (noviembre de 2019) y acumula pérdidas superiores a -$803.295 millones de pesos.  

Todos los indicadores financieros de la EPS se encuentran en rojo, porque incumple con las exigencias de capital mínimo, patrimonio adecuado, razón corriente, liquidez, monto y régimen de inversión de las reservas técnicas. A la fecha, ha superado el límite legal de gastos administrativos, y se encuentra incursa en causal de liquidación por cuanto su patrimonio neto es inferior al cincuenta por ciento del capital suscrito.  

Así mismo, según el informe del Contador con Funciones de Revisor Fiscal, el 60% de los activos que Medimás reportó en noviembre de 2019 en $1,761 billones de pesos, corresponden al denominado activo intangible, es decir, una estimación del valor de los potenciales beneficios económicos presentes y futuros asociados a la adquisición de Cafesalud EPS S.A., y al parecer no contarían con un soporte técnico que validara la realidad económica y financiera.    

Los resultados de las auditorías y actuaciones preventivas adelantadas por los organismos de control, habrían podido evidenciar posibles acciones y omisiones por parte de los administradores de MEDIMÁS E.P.S. S.A.S (contratistas, y/o empleados) a través de las cuales, al parecer, se estarían desviando los recursos públicos del sistema general de seguridad social en salud que superarían los $635.000 millones de pesos.  

Esto se podría evidenciar en giros de anticipos sin legalizar a IPS de accionistas de Prestnewco, sociedad dueña de Medimás; autorizaciones con fecha superior a fecha de salida del servicio, pago de servicios con valor superior al previsto, pago de medicamentos a sus IPS con precios superiores al regulado, y pagos de servicios médicos prestados con anterioridad a la creación de Medimás E.P.S.  

También consideraron inaceptable que la Supersalud haya establecido como una meta del plan de acción de la medida de vigilancia especial de Medimás, la legalización de tan solo el 30% de dichos anticipos y peor aún, que la EPS apenas haya alcanzado el 3,13% y el 6,28% en agosto y en noviembre de 2019, respectivamente.  

Advirtieron que Medimás no estaría garantizando la atención en salud a sus afiliados, ya que los indicadores de riesgo reportan un tiempo de espera de 44.12 días para el inicio de tratamientos en el caso de pacientes con cáncer de seno, y menores con sífilis congénita y gestacional.  

La entidad promotora de salud ocupa el primer lugar entre las EPS por acumular el mayor número de PQRD, con una tasa acumulada de 453,71% para el régimen contributivo y de 261,2% para el subsidiado y 23.664 acciones de tutela en su contra, y 35.256 incidentes de desacato en los primeros ocho meses de 2019, lo que demuestra su incapacidad para la administración del riesgo en salud.  

Para los entes de control, la medida de vigilancia especial y demás actuaciones desarrolladas por la Superintendencia Nacional de Salud desde 2017, no han generado resultados que validen y garanticen la prestación del servicio por parte de la EPS, y por el contrario, se ha permitido que  las condiciones de incumplimiento de la Capacidad Científica, la Capacidad Técnico Administrativa, y la Capacidad Tecnológica, aumenten y pongan en riesgo la eficiencia y eficacia de la prestación de los servicios.  

Señalaron que Medimás está incursa en todas las causales de intervención del Estado, de revocatoria del certificado de autorización para operar y de liquidación; que no cumple con ninguna de las condiciones de habilitación, y que no se pueden ignorar las cuestionables condiciones operacionales que tiene la EPS, por lo que debe darse cumplimiento a las obligaciones constitucionales y legales para evitar afectaciones a los afiliados.

Publicado el 27 febr. 2020 15:00


Según informe final de la Contraloría sobre el Hospital Cari: Gerente se habría extralimitado en sus funciones y, además, puede haber indicio de direccionamiento del proceso de contratación

COMUNICADO DE PRENSA No. 031

 

  • Para la Contraloría es sospechoso que en un lapso tan corto como el comprendido entre el 23 y el 27 de diciembre de 2019, se hubiese procedido a la conformación del consorcio oferente, la presentación de la oferta del caso, la evaluación de la misma y la correspondiente contratación.
  • Podría generarse responsabilidad disciplinaria y fiscal para el representante legal y el revisor fiscal, por incumplimiento del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para las Empresas Sociales del Estado

 

Bogotá, 26 de febrero de 2020.- La Contraloría General de la República concluyó su visita al Hospital Universitario Cari de Barranquilla, con un informe en el cual señala haber encontrado situaciones como incumplimiento del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para las Empresas Sociales del Estado y, en particular, una posible extralimitación de funciones de su gerente, Ulahy Beltrán López, al no encontrarse evidencia documental de la autorización de la Junta Directiva del centro asistencial para realizar el proceso de contratación directa que concluyó con la suscripción del contrato 690 de 2019. 

Con dicho contrato, se entregó la operación de la Sede de Alta Complejidad al Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe por quince años. COMUNICADO DE PRENSA La Contraloría consideró también que puede haber indicio de direccionamiento de la actividad contractual con miras al favorecimiento del oferente beneficiado. 

En atención a las denuncias realizadas en los diferentes medios de comunicación nacionales y regionales sobre este proceso contractual, la Contraloría General de la República solicitó información del mismo y realizó las visitas correspondientes, llegando a las siguientes conclusiones: 

  1. Siguiendo la línea de tiempo alrededor de las actuaciones realizadas, en primera instancia no se cumplió con lo estipulado en el parágrafo 3 del Artículo 8 de la Ley 1966 de 2019 “Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para Las Empresas Sociales del Estado”, pudiendo existir compromiso de responsabilidad del representante legal y del revisor fiscal del hospital. 
  2. Así mismo, se podría configurar extralimitación de funciones por parte del Gerente, al no encontrarse evidencia documental de la autorización de la Junta Directiva del hospital para realizar el proceso de contratación directa que concluyó con la suscripción del contrato 690 de 2019. 
  3. La Contraloría considera necesario establecer si asiste responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva del hospital, Guido Santander, Eusebio Consuegra y Álvaro Sánchez, partícipes de la comisión designada por esa junta para hacerle seguimiento al desarrollo del proceso de selección del operador, sin evidenciarse pronunciamiento alguno de su parte con respecto a los hechos analizados por este organismo de control. 
  4. Revisando los estudios previos de la Convocatoria Pública, se pone de manifiesto que está justificada en la ventaja de garantizar que el operador asuma todos los gastos y costos que generen la prestación de los servicios de ambas sedes hospitalarias, refiriéndose a la de Alta Complejidad y a la de Salud Mental, lo cual evidencia la improcedencia de la causal de inadmisibilidad en su momento invocada. Este mismo factor tampoco se tuvo en cuenta en los ajustes realizados a los documentos previos de la Contratación Directa. Al ajustar aspectos técnicos no se modifica el planteamiento económico de incremento de los ingresos y saneamiento del pasivo. Lo anterior al dejar del resorte del hospital el pago de los gastos administrativos. Tampoco se tuvo en cuenta el impacto en la calidad y cobertura del servicio. 
  5. Los ingresos proyectados en el modelo de la propuesta son desproporcionados e injustificados, puesto que no permiten establecer la forma como el operador va a lograr un incremento de la venta de servicios para obtener unos ingresos que le permitan pasar de una facturación de $14.980.590.000 en 2018 (hospital), a una de mínimo $134.180.411.111,11 (operador), y así poder garantizar el cumplimiento de la cláusula de forma de pago, de manera tal que el hospital reciba los $12.076.237.000 esperados en el primer año del contrato, correspondientes al 9% de la facturación anual del operador. La conclusión en este punto es que no resulta coherente un escenario financiero como el planteado. 
  6. Para la Contraloría es sospechoso que en un lapso tan corto como el comprendido entre el 23 y el 27 de diciembre de 2019, se hubiese procedido a la conformación del consorcio oferente, la presentación de la oferta del caso, la evaluación de la misma y la correspondiente contratación. Dichos trámites, por su naturaleza y especialmente por la extensión de la propuesta, toman mucho más tiempo que el referido, lo cual para la Contraloría puede ser indicio de direccionamiento de la actividad contractual con miras al favorecimiento del oferente beneficiado. 
  7. Una vez declarada desierta la Convocatoria Pública el día 20 de diciembre, se limitó el derecho de participación que asistía a las personas naturales y a las veedurías ciudadanas de expresar sus pareceres frente a la determinación, al no permitir que se surtieran los 10 días para interponer recurso de reposición. 8. Frente a la posibilidad de dar inicio a un proceso de responsabilidad fiscal por los hechos encontrados, como solicitó en su momento la Secretaria de Salud del Departamento del Atlántico, Alma Johana Solano, vale decir que la competencia para el trámite procesal de todo lo determinado por la CGR es de la Contraloría Departamental del Atlántico, ya que no están involucrados recursos nacionales. Solo podría haber una nueva actuación si media una solicitud de control excepcional por parte de quienes están facultados para hacerla. 

El informe final de la Contraloría General de la República sobre el proceso de contratación directa que entregó la operación y gestión integral de la sede de Alta Complejidad del Hospital Cari, fue remitido a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría Departamental del Atlántico y la Secretaría de Salud del Departamento del Atlántico, para lo de sus respectivas competencias.

Publicado el 26 febr. 2020 09:00


Contraloría encontró hallazgos fiscales por $251 millones: En Morroa (Sucre), los recursos del SGP están en peligro

COMUNICADO DE PRENSA No. 030

 

  • En el Régimen Subsidiado, se pagaron servicios no prestados a 27 afiliados fallecidos.
  • También se determinaron irregularidades relacionadas con adquisición de textos y sillas escolares.
  • Los mayores hallazgos se dan en el manejo de los recursos de libre inversión.

 

Sincelejo, 25 de febrero de 2020.- En una evaluación al manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) por parte del municipio de Morroa (Sucre), la Contraloría General de la República encontró 13 hallazgos con incidencia fiscal en cuantía superior a los $251 millones, 21 de carácter disciplinario y 13 con posible connotación penal.

Durante la vigencia 2018 este municipio recibió $9.615.955.863 por transferencias del SGP, que fueron ejecutados en más del 99%. Sin embargo, se evidenció que su manejo no es el más adecuado.

En el Régimen Subsidiado existen 27 afiliados fallecidos entre las vigencias 2017 y 2018 que aún aparecen registrados en la base de datos correspondiente que lleva el municipio, lo que genera que se hayan invertido recursos en servicios que efectivamente no fueron prestados.

Existen, además, necesidades en materia de infraestructura física en las instituciones educativas del Municipio que no están siendo atendidas por la administración municipal.

La Contraloría determinó que se vulneró el principio de planeación en la adquisición de textos escolares para los centros educativos del Municipio, sin existir necesidad real de ellos, ocasionándose un detrimento patrimonial por $108.990.900 y presunto alcance penal.

Otro hallazgo: en el proceso de selección adelantado para la adquisición de sillas escolares, la administración rechazó injustificadamente la oferta de menor precio y aceptó la de mayor valor, ocasionando un detrimento patrimonial por $3.351.882, situación que tiene presunto alcance penal.

Y en contratos de mínima cuantía para ejecutar actividades del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas -PIC, se determinaron faltantes correspondientes a actividades no desarrolladas, que suman $15.024.000 y generan posibles conductas de tipo disciplinario y penal.

Relación de hallazgos

*La Secretaría de Salud Municipal no atendió algunos compromisos a su cargo, producto del seguimiento adelantado por la Secretaría de Salud Departamental a las actividades enmarcadas dentro del Plan de Acción y a las dimensiones establecidas en el Plan Decenal de Salud.

*Tampoco se evidenció seguimiento y conciliación por parte del Ente Territorial a los recursos sin situación de fondos por $97.980.609, girados por la Nación a la Empresa Social del Estado San Blas de Morroa, Sucre, para el pago a los Fondos de Pensiones y Cesantías, Aseguradoras de Riesgos Laborales y EPS, para el pago de aportes patronales, frente a la nómina mensual causada.

Por lo tanto, no se pudo establecer el cumplimiento de metas de producción de servicios y gestión financiera de acuerdo con los lineamientos que define el Ministerio de Salud y Protección Social para estos recursos, lo que puede generar incertidumbre sobre la ejecución de los mismos.

*El suministro de complemento alimentario de los estudiantes del Centro Educativo el Yeso del Municipio de Morroa (Sede Principal y Pichilín), no cubrió totalmente el calendario escolar, toda vez que el período de duración del contrato MM-SM-007-2018 solo cubrió 42 días de los 189 programados en el calendario escolar.

*Con los recursos de libre destinación se realizaron pagos de cuentas de vigencias anteriores, que no están amparados en el decreto de 2017 (por el cual se conforman las cuentas por pagar, reservas y déficit) y, por lo tanto, existe incertidumbre si corresponde a pagos por obligaciones reales.

Hallazgos en el manejo de los recursos de libre inversión

En el manejo de los recursos de Libre Inversión se generaron hallazgos fiscales y se evidenciaron conductas con posible incidencia penal y disciplinaria, así:

  1. En el Contrato de Prestación de Servicio No. MC - 012-2018, hubo incumplimiento de actividades y obligaciones del contratista que generaron detrimento patrimonial por $20.200.000. Además, se evidenció que 3 de los 5 profesionales que conformarían el recurso humano con el cual se desarrollaría el objeto contractual no ejecutaron ninguna actividad dentro del contrato ni tuvieron relación contractual con la Fundación que desarrolló el contrato.
  2. En el Contrato de Obra MC 052- 2018, no se elaboraron adecuados estudios previos que permitieran determinar correctamente el presupuesto oficial y los costos de cada ítem a contratar, lo que derivó en que la Administración Municipal rechazara injustificadamente la oferta más favorable por estimarla con precio artificialmente bajo. Además, se ejecutaron obras sin las especificaciones técnicas necesarias, ocasionando deterioro y que no presten el servicio para el que se proyectaron. Se estimó un detrimento patrimonial total por $9.238.026.
  3. En el Contrato de Mínima Cuantía No. MC-019-2018, se evidenció incumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones a cargo del contratista, correspondiente a actividades y/o condiciones que no se cumplieron, valoradas en $8.640.000. Además, se evidenció que una de las trabajadoras sociales que conformaría el equipo de profesionales con el cual se ejecutaría el objeto contractual, no desarrolló ninguna actividad en el marco del contrato, no tuvo conocimiento ni autorizó que su hoja de vida acompañara la oferta económica del contratista.
  4. Se evidenció incumplimiento total del Contrato de prestación de servicios profesionales SP-MM-156-2018, generándose un detrimento patrimonial en cuantía de $21.800.000.


Tres hallazgos finales

  1. El IMDER de Morroa efectuó un egreso en cuantía de $20.900.000 con recursos del SGP Propósito General Deporte y Recreación y Libre Destinación transferidos por el Municipio, sin existir soportes que justifiquen el egreso y que permitan identificar claramente los receptores finales del beneficio que se pretendía con el mismo.
  2. Tampoco existen soportes en otro egreso que efectuó el IMDER de Morroa, esta vez en cuantía de$10.000.000, con recursos del SGP Propósito General Libre Destinación transferidos igualmente por el Municipio.
  3. En el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo Logístico No. 001- 2018, para realizar Festividades culturales, recreativas y deportivas de Morroa, se evidenció incumplimiento de las actividades contratadas y pago de ítems por valores que superaron el costo real, o que no se encuentran debidamente justificados, ocasionándose un detrimento patrimonial por $27.200.000 y configurándose posibles conductas de tipo disciplinario y penal.

Publicado el 25 febr. 2020 11:30


Hallazgos fiscales por $2.509 millones en la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas

COMUNICADO DE PRENSA No. 029

 

  • Reparación a las víctimas sigue en veremos, revela auditoría de la Contraloría General. 
  • Se evidencian graves retrasos e incumplimientos en materia de indemnizaciones administrativas. 
  • A 31 de diciembre de 2018, había más de un millón de pagos pendientes de hacer.
  • También hay barreras de acceso para solicitar la indemnización administrativa y es muy pobre la cobertura del Programa de Reparación Colectiva.

 

Bogotá, 25 de febrero de 2020.- Una Auditoría de la Contraloría General de la República a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), donde se determinaron 3 hallazgos fiscales por $2.509 millones de pesos, encontró preocupantes retrasos e incumplimientos en materia de indemnizaciones administrativas, una pobre cobertura del Programa de Reparación Colectiva, así como una inoportuna reparación de las comunidades étnicas que deben recibir un tratamiento especial y diferenciado, entre otras situaciones.

Como resultado de la auditoría, la CGR constituyó también 8 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y uno con otra incidencia que será trasladado a la Corte Constitucional.

Los hallazgos relacionados con los incumplimientos en materia de reparación son de tal magnitud, que bien pueden llevarse a preguntarse ¿Y la reparación de las víctimas para cuándo?

De acuerdo con el presupuesto ejecutado, en 2018 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas pagó $566.291 millones por concepto de indemnizaciones administrativas.

En la auditoría realizada, se estableció inexistencia de una ruta o procedimiento para acceder a la indemnización administrativa, que tiene relación con el represamiento de 1.140.145 pagos pendientes por realizar a 31 de diciembre de 2018, que equivalen al 55%, lo que significa un grave incumplimiento la orden judicial de la Corte Constitucional prevista en el art. 7 del Auto 206 de 2017, donde se determinó:

“ORDENAR al Director de la Unidad para las Víctimas que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y del Departamento Nacional de Planeación, reglamente el procedimiento que deben agotar las personas desplazadas para la obtención de la indemnización administrativa, con criterios puntuales y objetivos, cuyas fases se deben tramitar en periodos determinados en el transcurso de los seis (6) años adicionales a los inicialmente contemplados, en los términos descritos en este pronunciamiento…”.

De igual forma, se evidenciaron barreras de acceso para solicitar la indemnización administrativa.

De otro lado, en el Programa de Reparación Colectiva, sólo el 1% (6 sujetos de reparación colectiva) de los 631 incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV), ha sido reparado de manera integral y completa de acuerdo con las acciones planeadas y concertadas para la reparación, denotando una pobre cobertura al finalizar el 2018.

Más incumplimientos

Otro incumplimiento evidente, es el de las metas de reparación colectiva definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y el Plan de Acción de la UARIV, presentado bajo avance en el indicador “Sujetos colectivos víctimas que cuentan con al menos dos medidas de reparación administrativa implementadas”, tal como se muestra a continuación:

Comportamiento indicador Sujetos colectivos víctimas que cuentan con al menos dos medidas de reparación administrativa implementadas.

 

AÑO

META

AVANCE

Línea de Base

-

76,00

Ene-Dic 2015

150,00

113,00

Ene-Dic 2016

170,00

124,00

Ene-Dic 2017

190,00

124,00

Ene-Dic 2018

210,00

133,00

2014-2018

210,00

133,00

Fuente: https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/26/1208/4756/116

 

En el Plan de Acción de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de diciembre de 2018, se dejaron de cumplir 6 de las 11 metas de reparación colectiva planteadas este año, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

Metas sin cumplir Plan de Acción 2018 UARIV– Reparación colectiva

 

Indicador de la Actividad

PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO

Meta

Unidad de Medida

Diciembre

Comunidades en procesos de reparación colectiva con intervenciones implementadas para la reconstrucción del tejido social con enfoque psicosocial

300

Número

230

Sujetos colectivos víctimas que cuentan con al menos dos medidas de reparación administrativa implementadas.

210

Número

133

Sujetos de reparación colectiva étnicos que cuentan con consulta previa y han sido indemnizados

50

Número

16

Comités de impulso conformados y/o grupos de apoyo

70

Número

26

Sujetos de reparación colectiva con Plan de Reparación Colectiva implementado

10

Número

4

Sujetos de reparación colectiva étnicos con Plan de Reparación Colectiva implementado

1

Número

0

Fuente: UARIV – Seguimiento Plan de Acción 2018.  Elaboró: CGR.

 

No hay reparación pronta y oportuna para las comunidades étnicas con tratamiento especial

En relación con las comunidades étnicas que deben recibir un tratamiento especial y diferenciado en las medidas de reparación, de acuerdo con los Decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011, no han sido implementados planes de reparación colectiva en su totalidad.

 

En consecuencia y contra lo esperado de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, los miembros de estas comunidades no son reparados de manera pronta, oportuna y eficaz, resultando revictimizados. El incumplimiento de las acciones y plazos acordados en los Planea Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), afectan la confianza institucional en los sujetos donde se habían creado expectativas que finalmente no se van a cumplir, que ya se había afectado con el daño colectivo.

Fondo para la Reparación de las Víctimas y Monetización

La Contraloría determinó que los bienes administrados por el Fondo, no cumplen con criterios de rentabilidad y se observa ineficiencia en la monetización, así como incumplimiento de la normatividad vigente.