Boletines de Prensa - 2021

Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 83

 

Contraloría encontró hallazgos fiscales por $15 mil 702 millones en Cajas de Compensación  

 

 

  • 8 de 11 Cajas de Compensación Familiar auditadas por la CGR presentan deficiencias en materia de control interno. 

 

  • COMFAMILIAR NARIÑO utilizó dos o más veces la misma fórmula médica para amparar irregularmente el suministro a 651 usuarios. 

 

  • Usuarios ya fallecidos aparecieron recibiendo recursos de compensaciones por UPC. 

 

Bogotá, 16 de julio de 2021.- Como producto de un trabajo conjunto de las contralorías delegadas para los sectores de Trabajo y Salud, la Contraloría General de la República realizó en el primer semestre de este año un total de 11 auditorías de cumplimiento a igual número de Cajas de Compensación Familiar, identificando presuntos daños patrimoniales al Estado por casi 15 mil millones de pesos. 

 

Los hallazgos fiscales más significativos se produjeron en tres departamentos, así: 

 

  • Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca COMFENALCO Valle: 7 mil 401 millones de pesos 
  • Caja de Compensación Familiar de Nariño COMFAMILIAR NARIÑO: 4 mil 956 millones de pesos. 
  • Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar COMFAMILIAR: 2 mil 200 millones de pesos. 
  • Caja de Compensación Familiar COMPENSAR: 244 millones de pesos. 
  • Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano COMFAORIENTE: 42 millones de pesos. 
 
Caja de Compensación Familiar del Huila COMFAMILIAR 823 millones de pesos. 

Con esos $15.000 millones comprometidos sería posible, por ejemplo, pagarles en un mes el subsidio familiar a cerca de 210.000 personas. Se trata de recursos sagrados por la vocación social que tienen.  

Total de hallazgos y apertura de indagaciones preliminares 

El ejercicio auditor, con escasos antecedentes en el sector, condujo a determinar 137 presuntos hallazgos administrativos, 76 disciplinarios, 34 con otro tipo de incidencias y 1 con incidencia penal.  

En forma paralela se dispuso la apertura de indagaciones preliminares que buscan profundizar en presuntos hechos irregulares por cerca de 15 mil millones de pesos. Estas Indagaciones se presentan en Bogotá, Valle del Cauca, Risaralda, Nariño, Huila, Chocó y Sucre.  

Se evidenció que 8 de las Cajas de Compensación Familiar auditadas presentan deficiencias en la aplicación de los mecanismos de control interno reglados legalmente para la vigilancia de los recursos parafiscales del 4%. 

Dentro de los hallazgos detectados hay dos situaciones que llaman la atención: 

En un caso se encontró que COMFAMILIAR NARIÑO presuntamente utilizó dos o más veces la misma fórmula médica para amparar irregularmente el suministro a 651 usuarios, con lo cual el presunto perjuicio fiscal sería cercano a los $964 millones. La contabilidad registraba varias veces el mismo número de factura. 

Irregularidades de este tipo se dieron en un contrato suscrito con una farmacia del municipio de Buesaco (Nariño). 

En otro caso representativo de presuntas anomalías, COMFENALCO Valle tomó en arriendo un apartaestudio amoblado para su director de Salud, que reside en Bogotá, con el argumento de que le resultaba más económico el arrendamiento que el pago del hospedaje en hotel comercial.  

Sin embargo, la caja de compensación familiar no aportó a la carpeta del contrato estudios de mercado que soporten el valor del arrendamiento pactado y pagado, que para el 2018 fue de $3 millones mensuales por 61.2 metros cuadrados. 

Por lo demás, se reconoció por Unidad de Pago por Capitación (UPC) correspondiente a 19 usuarios que reportan fecha de fallecimiento anterior al periodo de compensación; mientras se advertía una ineficiente gestión de recaudo en su cartera y pagos significativos en intereses de mora por la no cancelación de facturas en los tiempos estipulados. 

Ejemplo de lo anterior es la Caja de Compensación Familiar de Sucre, que presentó cuentas por cobrar mayores a 360 días por un monto aproximado de 11.000 millones de pesos sin recaudar al cierre del año 2020.  

Incumplimiento de requisitos y procedimientos 

La Contraloría no halló evidencia de la eficacia que debería esperarse de la supervisión, seguimiento y control frente al cumplimiento de las cláusulas contractuales.  

Las auditorías hicieron notorios el incumplimiento de los requisitos y procedimientos exigidos en los procesos de asignación de subsidios y la falta de gestión eficiente para el recobro de la cartera.  

Seguimiento integral de la CGR 

Las contralorías delegadas de Trabajo y de Salud harán un seguimiento integral a los casos señalados, en el contexto de la prevención que garantiza el nuevo modelo de control fiscal en Colombia. 

Publicado el 16 júl. 2021 9:30


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 82

 

Contraloría General hace llamado a entidades territoriales a gestionar de la mejor manera los recursos del FOME para el regreso a clases presenciales 

 

Pieza gráfica del titular, fotografía de manos de un niño pintando, titular que dice Contraloría General hace llamado a entidades territoriales a gestionar de la mejor manera los recursos del FOME para el regreso a clases presenciales  

 

  • De los $400 mil millones de recursos FOME dispuestos por el Ministerio de Educación, para la organización del servicio educativo para el regreso a clases presenciales, se ha ejecutado el 61,8% ($247.263 millones) y hay $152.787 millones (38,2%) sin ejecutar. 
     
  • De acuerdo con el Ministerio de Educación de las 96 ETC que han recibido recursos FOME, para la organización del servicio educativo, 42 ya regresaron a clases presenciales con alternancia, 47 han anunciado que regresarán durante el mes de julio y 7 aún no lo anuncian. 
     
  • De las 18.239 instituciones educativas que hay en el país 7.721 han regresado a clases presenciales con alternancia. 

 
Bogotá, 16 de julio de 2021.- La Contraloría General de la República identificó, junto al Ministerio de Educación, que de las 96 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) con las que se ejecutan $400 mil millones del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) para el financiamiento de los planes de regreso a clases presenciales con esquema de alternancia (Directiva 017 de 2020), se ha ejecutado el 61,8% ($247.263 millones) y hay $152.787 millones (38,2%) sin ejecutar. 

De acuerdo con la información oficial 42 ETC ya regresaron a clases presenciales en el primer semestre del año, 47 ya anunciaron regreso a presencialidad durante el mes de julio, 4 no han confirmado inicio de regreso a la presencialidad y 3 han aplazado dicho proceso. 

Esto indica que de las 18.239 instituciones educativas que hay en el territorio nacional, 7.721 (3.134 oficiales y 4.587 no oficiales) han regresado a clases presenciales con alternancia, o sea el 42,3% (1.663.009 estudiantes). 

“La Contraloría General de la República, desde el carácter preventivo, ha venido realizando un seguimiento a los más de $400 mil millones que ha dispuesto el Ministerio de Educación a través de recursos del FOME para la financiación de los protocolos de bioseguridad, y así desarrollar el regreso seguro a clases presenciales de las instituciones educativas. Es por ello que en este momento hacemos un llamado a las ETC para que ejecuten dichos recursos y se garantice el servicio educativo a los 9 millones 800 mil estudiantes en el territorio nacional”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez. 

Y agregó: “Debemos destacar que dichos recursos los destinó el Ministerio de Educación para que las Secretarías de Educación adquirieran Elementos de Protección Personal (EPP); la contratación de servicios de aseo y desinfección, incluyendo insumos para garantizar las condiciones de bioseguridad en IE oficiales, y la realización de las adecuaciones necesarias para cumplir los protocolos dispuestos. Así que el llamado es a que se garantice el cumplimiento de la finalidad de los recursos públicos”. 

De acuerdo con el informe presentado al ente de control, hasta la fecha las 42 ETC que ya ingresaron a la presencialidad son: 

Julio 6: Antioquia, Apartado, Bello, Bolívar, Caldas, Chocó, Envigado, Guainía, Guaviare, Huila, Itagüí, Manizales, Sabaneta, Quibdó, Quindío, Rionegro, Turbo, Vichada.  

Julio 7: Palmira, Zipaquirá 

Julio 8: Bogotá, San Andrés. 

Julio 12: Amazonas, Armenia, Atlántico, Casanare, Cauca, Córdoba, Facatativá, Florencia, Girardot, Medellín, Mosquera, Pereira, Putumayo, Risaralda, Tolima, Tumaco, Santander, Sucre, Vaupés (área urbana y el 19 de julio en área rural), Yopal. 

las ETC que han confirmado que ingresarán a la presencialidad con alternancia son: 

Julio 15: Chía, Cundinamarca, Fusagasugá, Funza, Jamundí, Malambo, Neiva, Sahagún, Sincelejo, Sogamoso, Soledad, Soacha, Tunja, Valledupar. 

Julio 19: Arauca, Barranquilla, Boyacá, Cartago, Cesar, Ibagué, La Guajira, Maicao, Meta, Montería, Popayán, Riohacha, Tuluá, Uribia y Villavicencio. 

Julio 21: Bucaramanga, Cúcuta, Floridablanca, Girón Norte de Santander, Barrancabermeja, Piedecuesta. 

Julio 26: Buga, Buenaventura, Cali, Caquetá, Ipiales, Lorica, Nariño, Pasto, Pitalito, Yumbo, Valle del Cauca. 

En el esquema de especial seguimiento que viene desarrollando la Contraloría General de la República se han identificado casos que generan alarma sobre la ejecución de los recursos del FOME, como es el caso de aquellas ETC que, a pesar de haber ejecutado los dineros, no registran aún fecha definida de inicio de clases presenciales. 

Hay algunas ETC que ya han ejecutado más del 21% de los recursos FOME pero que aún no registran ante el Ministerio de Educación inicio de clases, entre las cuales se destacan: 
 
Magangué, con el 99,9% de los recursos ejecutados. 
Dosquebradas, con el 84,8% 
Cartagena, con el 68,0% 
Santa Marta, con el 66,8% 

 

Y en el caso de las ETC que no han ejecutado los recursos dispuestos para la organización del servicio educativo y que, además, no registran fecha de inicio de clases presenciales, se resaltan:  

 

Ciénaga, con una ejecución del 19,9% 
Duitama, con el 4,4% de ejecución 
Magdalena, sin ninguna ejecución de los recursos dispuestos (0,0%). 

 

“La Contraloría continúa realizando seguimiento a la ejecución de los recursos del FOME en el país, y hace un llamado de atención en este sentido. Especialmente a las 7 ETC que aún no han reportado regreso a la presencialidad y más aún a aquellas que ni han ejecutado los recursos en la generación de los protocolos de seguridad y tampoco definen el regreso de sus estudiantes a las aulas”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana. 

 

“Estamos hablando del servicio educativo de los niños del país, de aquellos que han pasado más de un año sin poder volver a las aulas de clase, entendiendo todas las implicaciones que esto trae y recordando el fallo de Control de Legalidad de la Directiva del Ministerio de Educación, emitido por el Consejo de Estado, el cual señala, tanto a la cartera de Educación como a las Secretarías, que su obligación es velar porque todos los prestadores del servicio educativo avancen en la definición de las condiciones para el retorno gradual y progresivo a las aulas, con las normas de bioseguridad previstas por las autoridades nacionales”, subrayó. 

 

“El mismo Consejo de Estado ha destacado que pueden existir situaciones particulares, en el que los padres de familia pueden exigir un tratamiento distinto, pero ha aclarado que la modalidad de trabajo en casa no puede ser equiparada a la educación presencial. Es por ello que hacemos el llamado a la responsabilidad que tienen las ETC de ejecutar los recursos públicos para los fines pertinentes, a fin de garantizar el derecho a la educación en medio de la pandemia”, concluyó recalcando Pineda Téllez. 

 

La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, junto a la ciudadanía, hace seguimiento a la ejecución de los recursos dispuestos por el Gobierno Nacional para la mitigación de la emergencia COVID -19, dispuestos en el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), a través de los mecanismos de Especial Seguimiento y el “Sistema de Control Fiscal Participativo”. 

Publicado el 16 júl. 2021 8:40


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 81

 

Contraloría detectó hallazgo fiscal de $976 millones en auditoría a Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA), que administra Asocaña 

 

Pieza gráfica con titular del comunicado, fotografía de caña de azúcar y dentro texto que dice Contraloría General hace llamado a entidades territoriales a gestionar de la mejor manera los recursos del FOME para el regreso a clases presenciales

 

  • El hallazgo con presunta incidencia fiscal surge de la revisión del rubro de Servicios Personales de Gastos de Funcionamiento de la vigencia 2020. No existen soportes de los servicios contratados. 

 

  • La administración de contribuciones parafiscales constituye una función administrativa que debe realizarse de conformidad con los principios de moralidad, legalidad y transparencia, recuerda la Contraloría. 

 

  • Para la CGR, no es admisible el argumento de Asocaña según el cual al ser el administrador un privado es válida la gestión de estos recursos según sus propias reglas o las de los negocios privados que gestionan. 

 

 

Bogotá, 15 de julio de 2021.- Una Auditoría de Cumplimiento que realizó la Contraloría General de la República al Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA), administrado por la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar (Asocaña), detectó un hallazgo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por más de $976 millones, correspondiente a gastos de funcionamiento sin los debidos soportes. 

 

En el informe de auditoría la CGR insistió en la importancia del contenido del artículo 267 de la Constitución Política (modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 4 de 2019), según el cual “La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos. (…)” en el sentido de señalar que los recursos parafiscales son recursos públicos administrados por privados, quienes por esa razón cumplen una función pública que está bajo la vigilancia de la CGR, tal como lo ha considerado pacíficamente la jurisprudencia de la corte constitucional desde 1995, en sentencia C-167 de 1995 en la que se señaló un criterio que no ha variado, así: 

  

“En efecto, no es extraño que los particulares ejerzan funciones públicas por habilitación del Estado, ya que los particulares pueden intervenir en el ámbito de funciones públicas. Sus atribuciones y el ejercicio de la función no modifican per se, la naturaleza privada de las personas jurídicas, pero en el ejercicio de las atribuciones estas se hallan sujetas a las reglas propias de la función que ejercen, pues en razón del acto de habilitación ocupan el lugar de la autoridad estatal, con sus obligaciones, deberes y prerrogativas. En consecuencia, para los efectos de la función administrativa, las personas jurídicas privadas deben actuar teniendo en cuenta las finalidades señaladas en el ordenamiento jurídico y utilizando explícitamente los medios autorizados, tales como las normas administrativas; por tanto, los recursos económicos provenientes del ejercicio de las funciones públicas, tienen el carácter de fondos públicos y, por ende, están sujetos a controles específicos, entre otros el que ejerce la Contraloría General de la República a través del control fiscal de los particulares que manejan fondos o bienes de la Nación ”. 

 

La CGR luego de adelantar la auditoria y de varios requerimientos hechos al administrador del FEPA, constató que Asocaña se limitó a la presentación del presupuesto ante el Comité Directivo del Fondo, sin que la ejecución del gasto de personal tuviese una planeación, verificación de costos, contratación, supervisión ni recibo documentado de los servicios contratados. 

 

Esto quiere decir que el recurso parafiscal se pagó, sin que a la fecha exista soporte para ello. Se desconoce así el destino de $976.662.626

 

La conclusión de la auditoría es que se aquí se configura un daño fiscal, teniendo en cuenta que los gastos correspondientes a servicios personales no están sustentados, ni individualizados con documentos que permitan acreditar que efectivamente se prestó el servicio y además no existen contratos con personas que se obliguen a realizar las actividades relacionadas con el funcionamiento y operatividad del Fondo, generando un gasto que no se encuentra soportado. 

 

Este presunto detrimento se enmarca dentro del artículo 6° de la Ley 610 de 2000 modificado por el artículo 126 del Decreto del 403 de 2020 parágrafo 2° que señala: "Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público". 

 

Asocaña es un gestor fiscal sujeto a los principios de contratación 

 

Recordó el organismo de control que este es un recurso público y la administración de contribuciones parafiscales constituye una función administrativa que debe realizarse de conformidad con el principio de moralidad establecido en el artículo 209 de la Constitución y de legalidad y transparencia reglados en el artículo 3 de la Ley 610 de 2000 y el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011. 

 

Teniendo en cuenta que el recurso parafiscal tiene carácter público y su administración es una expresión inequívoca del ejercicio de funciones de la misma categoría, supone ello que Asocaña es un gestor fiscal y está sujeto a lo dispuesto en el ordenamiento al principio de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales, enfatizó. 

 

Por lo anterior, para la Contraloría distinto a cómo lo percibe Asocaña, existe un criterio de vinculación positiva a Derecho, a partir de lo cual la administración de recursos públicos supone que el administrador se debe acomodar a la naturaleza de los mismos no siendo admisible el argumento según el cual al ser el administrador un privado es válida la gestión de estos recursos según sus propias reglas o las de los negocios privados que gestionan. 

 

La CGR recordó que se debe seguir y acatar la regla general que está contenida en el artículo 112 de la Ley 489 de 1998 que, en referencia al Régimen jurídico de los actos y contratos, establece claramente que “si se celebran contratos por cuenta de las entidades privadas, los mismos se sujetarán a las normas de contratación de las entidades estatales.” 

 

En este caso, el gestor fiscal (Asocaña) es un privado que administra recursos públicos y debe aplicar las normas de contratación de las entidades estatales. Lo que no significa que se sigan los procesos de selección tal y como están reglados en el estatuto de contratación público, pero sí implica que se observen los principios de la contratación, las reglas para la formación de los vínculos contractuales, como es la existencia de un contrato solemne, esto es escrito, y que se tengan presente las reglas respecto de las incompatibilidades e inhabilidades, entre otras. 

 

Se mantiene jurisprudencia sobre el tema desde 1995 

 

La gestión fiscal que supone la administración de los recursos parafiscales es una función pública, como lo ha reconocido la jurisprudencia desde 1995, y hay una línea jurisprudencial de más de 12 fallos de la Corte Constitucional, con lo que se tiene que ha hasta la fecha es una postura respecto la cual no existe divergencia de criterios, recalcó la CGR. 

 

Total de hallazgos 

Como resultado de esta auditoría, la Contraloría General de la República constituyó 10 hallazgos administrativos, de los cuales uno (1) tiene presunta connotación Fiscal y 2 tienen presunta incidencia disciplinaria. 

 

Legalidad del gasto 

Para la CGR, independientemente de que los gastos de funcionamiento estén aprobados mediante un acuerdo de gastos por el Comité Directivo del FEPA, debe existir una relación contractual entre Asocaña como administrador (no como gremio) y la persona que prestará el servicio al Fondo, en la cual se estipule, entre otros, objeto del contrato -indicando que se prestara al Fondo de Estabilización, valor a pagar, obligaciones contractuales de las partes y plazo, de tal manera que exista una obligación de realizar el pago por parte del FEPA. 

 

Por otra parte, la Contraloría consideró también que falta sustentación de los gastos originados en reintegros a Asocaña por administración del Fondo, dado que no se anexa la relación del gasto individualizado por persona, ni un informe de actividades realizadas.  

 

Deficiente control interno  

La CGR evaluó el Control Interno del Fondo de Estabilización de Precios para los Azúcares Centrifugados, las Melazas Derivadas de la Extracción o del Refinado de Azúcar y los Jarabes de Azúcar (FEPA), ubicándolo en el rango CON DEFICIENCIAS.

Publicado el 15 júl. 2021 10:00


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 80

 

Como resultado de auditoría financiera a FINAGRO y al FAG: Contraloría abre 3 indagaciones preliminares por $17 mil millones

 

Pieza gráfica con titular del comunicado de Finagro.

 

  • La más cuantiosa de estas indagaciones está relacionada con una venta de cartera a CISA y alcanza un valor de $16.812 millones. 

  

  

Bogotá, 12 de julio de 2021.- Producto de una auditoría financiera al Fondo de Financiamiento para el Sector Agropecuario (FINAGRO) y al Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), sobre la vigencia 2020, la Contraloría General de la Contraloría estableció 17 hallazgos administrativos, de los cuales 2 generan beneficio de auditoría, 4 tienen posible incidencia disciplinaria y sobre 3 de ellos se adelantarán Indagaciones Preliminares que en total ascienden a $17 mil millones. 

  

Las indagaciones preliminares se determinaron en 3 casos: uno de venta de cartera a CISA, otro por el no recaudo por garantía y, uno más, por el pago de una sanción por extemporaneidad en la presentación de una declaración de IVA del FAG (asumido por FINAGRO). 

 

Indagación preliminar por venta de cartera a CISA 

La Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario revisó el expediente del Contrato Marco Interadministrativo de Compraventa de Cartera 109 de 2019, celebrado entre el Banco de Bogotá, FINAGRO y la Central de Inversiones S.A. (CISA). 

  

Por medio de este contrato se vendieron 2.876 obligaciones que tenían un saldo total a capital de $16.885 millones. CISA pagó por dicha cartera la suma de $98 millones, es decir, el equivalente al 0,58% del valor del saldo total, del cual el FAG recibió $72.9 millones. 

  

Se analizó la información suministrada por FINAGRO como respuesta a las solicitudes de la CGR y la información registrada en el aplicativo FAG servicios, observándose lo siguiente: 

  

● El proceso de venta de cartera a CISA, aprobada en acta de Comité Técnico 327 de mayo 1 de 2020, no atendió a los lineamientos legales y de procedimiento adoptados por FINAGRO. 

 

● Tampoco se evidenció una valoración de la cartera para la determinación del valor de la compra de dichas obligaciones. 

 

● En el 71% de las obligaciones, es decir 2.029, no se evidencia gestión previa para impulsar los procesos judiciales y evitar el riesgo de prescripción. Y no hubo seguimiento de la misma por parte de FINAGRO a los intermediarios financieros. 

 

● Un total de 1.810 obligaciones vendidas cumplirían con el tiempo para su prescripción antes del 31 de diciembre de 2019 y otras 55 entre el 1 de enero de 2020 al 1 de mayo de 2020, fecha en la que se llevó a cabo el Comité Técnico en el cual se aprobó la venta de la cartera, como se registra en el Acta 327 de 2020. Esto evidencia una ausencia de seguimiento o una reacción inoportuna. 

  

Por este hallazgo se da inició a una indagación preliminar hasta por $16.812 millones. 

  

Indagación preliminar por no recaudo 

FINAGRO no gestionó el recaudo del 100% del valor recuperado por el Banco Agrario de Colombia (BAC) por una garantía pagada en el marco de un proceso de restructuración empresarial. 

  

El 7 septiembre de 2020, el BAC recibió el pago por valor de $3.000 millones en cumplimiento a la reforma del acuerdo aprobada por la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, el BAC consignó al Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) el 5 de noviembre de 2020 la suma de $2.870.5. millones, desconociendo lo señalado en el Manual de servicios de FINAGRO que establece que no puede existir preferencia a favor del intermediario financiero en relación con las sumas recaudadas del deudor, y al ser una garantía con cobertura del 100%, la totalidad de los recursos debían ser consignados a favor del FAG. 

  

En este caso FINAGRO debió exigir al BAC el pago total de lo recaudado y no aceptar el faltante de $129.452.111, valor respecto del cual se dará inicio de una indagación preliminar. 

  

Tercera indagación preliminar 

Se da por el pago de una sanción por extemporaneidad en la presentación de una declaración de IVA del FAG, que debió asumir FINAGRO por valor de $96.910.000. 

 

 

 

Publicado el 12 júl. 2021 12:00


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 79

 

Con acompañamiento de la Contraloría: se destraba licenciamiento ambiental para el proyecto Autopista Mulaló-Loboguerrero 

 

Pieza gráfica del titular Con acompañamiento de la Contraloría: se destraba licenciamiento ambiental para el proyecto Autopista Mulaló-Loboguerrero , con fotografía de visita CGR

 

  • Antes del 13 de agosto, la ANLA se pronunciará de fondo sobre la licencia ambiental, una de las circunstancias que lo ha demorado.

  • Este es el principal compromiso que surgió de la mesa de diálogo sobre el tema que realizó la CGR en Cali, con la participación de la ANLA, la ANI, el Ministerio de Ambiente, el concesionario, el interventor, autoridades departamentales y municipales, la CVC y ciudadanos organizados que hacen veeduría y seguimiento al proyecto. 

 

Cali (Valle), 9 de julio de 2021.- Con el acompañamiento de la Contraloría General de la República, a través de su estrategia de control fiscal participativo “Compromiso Colombia”, se lograron hoy en Cali una serie de importantes compromisos para destrabar el otorgamiento de la licencia ambiental al proyecto de construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión del corredor vial Mulaló-Loboguerrero. Antes del próximo 13 de agosto habrá un pronunciamiento de fondo de la ANLA sobre el tema. 

 

“Se logró así avanzar en la toma de decisiones para solucionar el tema del licenciamiento ambiental, que es uno de los factores por los cuales se encuentra suspendido el proyecto”, destacó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda. En este sentido, se establecieron unas fechas concretas sobre las acciones a seguir. 

 

Quedó definido que la ANLA se pronunciará sobre la licencia ambiental y el Ministerio de Ambiente en lo que tiene que ver con los residuos. La ANI y el consorcio contratista, por su parte, adquirieron el compromiso de presentar alternativas sobre el tema del fallo del amigable componedor que se ha presentado en este escenario, precisó Pineda. 

 

 

A la espera de la licencia ambiental 

 

El proyecto del corredor vial Mulaló-Loboguerrero está a la espera de licencia ambiental que debe expedir la ANLA, proceso suspendido desde el 26 de mayo pasado, debido a que se requería concepto del Ministerio del Medio Ambiente sobre sustracción del predio Arrayanes, el cual fue expedido bajo la Resolución No.0569 de junio de 2021.   

 

El proyecto atraviesa unos acuíferos y nacimientos de agua ubicados en el Municipio de La Cumbre – corregimiento de Pavas. 

 

Así mismo la ANLA solicitó al contratista presentar unos estudios ambientales a nivel geológico e hidro climático ISOTROPIA, que permitieran conocer información técnica y cartográfica e hidrogeológica de la Serranía Morales, Valle de Pavas, Serranía Cresta de Gallo y el Valle estrecho de la Quebrada Mulaló. 

 

A su vez, el Ministerio de Ambiente requirió al contratista para que desarrollara un plan de restauración ecológica, para que luego el ANLA pudiese entregar la licencia ambiental. El estudio fue presentado por el concesionario hasta el mes de abril de este año. 

 

El Ministerio de Ambiente expidió la resolución de sustracción de reserva para la licencia de ZOCME (ZONA DE DISPOSICION DE MATERIALES), pero el concesionario interpuso recurso de reposición, desde la primera semana de julio de 2021 y está en trámite. Una vez se resuelva, la ANLA en un término de 10 días, podrá expedir la licencia ambiental del proyecto. 

 

Compromisos suscritos 

 

Los compromisos suscritos al finalizar la mesa de diálogo convocada por la CGR son los siguientes: 

 

*Frente al recurso de reposición interpuesto por el concesionario COVIMAR, sobre la resolución de sustracción de reserva para la licencia de ZOCME (ZONA DE DISPOSICION DE MATERIALES), el Ministerio de Ambiente resolverá y dará respuesta máximo el 16 de julio 2021. 

 

*Teniendo en cuenta la decisión del Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se pronunciará de fondo, a más tardar el 13 de agosto 2021.   

 

*La Agencia Nacional de Infraestructura entregará a la Contraloría General de la Republica a más tardar el 9 de julio 2021, el fallo del amigable componedor referente a la existencia de una fuerza mayor ambiental por no expedición de licenciamiento ambiental.  De igual manera, el 9 de julio 2021, la ANI solicitará aclaraciones al panel de amigable componedor frente al fallo.   

 

*De acuerdo a lo expuesto por la ANI, el Panel de Amigable Componedor tiene un tiempo de 5 días hábiles para pronunciarse frente a las correcciones o aclaraciones, por lo que la ANI y el concesionario llevarán a cabo reunión frente a las decisiones adoptada por el panel a más tardar el 30 de julio de 2021 sobre la procedencia de la decisión en el contrato. Dicho pronunciamiento y las conclusiones las entregarán la ANI a la Contraloría General a más tardar el 6 de agosto. 

 

*La ANI se compromete a comunicar las opciones frente a la decisión tomada por el fallo del amigable componer en las indicaciones del contrato el 20 de agosto, en mesa de trabajo que realizará la Contraloría General de la República. 

 

La CGR realizará seguimiento a los compromisos a través de mesas de seguimiento, con la presencia de los actores involucrados. 

 

El acta de compromisos de gestión fue firmada por: 

Frank Ramírez, Secretario Departamental de Infraestructura y Valorización; Carlos García, Vicepresidente Ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); María del Mar Mozo, Directora de Bosques del Ministerio de Ambiente; Rodrigo Suarez Castaño, Director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA); Adriana Fawcett,  Gerente Jurídica Ambiental y Social de la Concesionaria Nueva Vía al Mar (COVIMAR); Miguel Vargas, Gerente de COVIMAR; Hernando Velásquez, Director de Consorcio Interconcesiones 4g (a cargo de la Interventoría del proyecto); Ana María Sanclemente Jaramillo, Alcaldesa Municipal Dagua; Carlos Andrés Hernández, Secretario de Planeación del municipio La Cumbre; Ricardo Flores; Asesor de la Alcaldía Municipal  de Yumbo; Juan Camilo Vallejo, Director Técnico de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC); Manuel Reina, de PROPACÍFICO; Genaro García, Veedor Ciudadano; y Piedad Gabriel; integrante de la veeduría Mulaló-Loboguerrero B13.

Publicado el 09 júl. 2021 7:15