COMUNICADO DE PRENSA No. 151

• Vinculados como presuntos responsables fiscales el director de la UNGRD, Eduardo José González Angulo, y los subdirectores María Grisela Benítez Ospina, Fernando Carvajal Calderón y Ariel Enrique Zambrano Meza.  
• También fueron llamados a responder 35 proveedores a cuyo cargo estuvo el suministro de los kits de alimentos.  
• Los sobrecostos se dieron en 89 órdenes de proveeduría de la UNGRD, para la entrega de kits de alimentos de asistencia humanitaria a damnificados y afectados por la emergencia sanitaria COVID-19.   
• Aparte de sobrecostos, se establecieron faltantes en los mercados adquiridos, tanto en cantidad como en gramaje, en productos como fríjol y chocolate.  
• Hubo productos que no se entregaron y en algunos casos no se cumplió con llevar los mercados puerta a puerta cuando a ello había lugar.  
• De acuerdo a esto, se pagaron sumas superiores a las que corresponden al suministro efectivamente prestado. 

 

 

Bogotá, 21 de octubre de 2020.-La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $16.637 millones de pesos contra el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González Angulo, 4 subdirectores de la misma entidad y 35 proveedores de kits de alimentos, por sobrecostos, faltantes en cantidad y producto y entregas incompletas de mercados destinados damnificados y afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19. 

Según estableció el organismo de control, las irregularidades se dieron en 89 órdenes de proveeduría emitidas por la UNGRD para la entrega de estos kits de alimentos de asistencia humanitaria de emergencia -AHE, conforme a la declaratoria de calamidad pública en varios departamentos del país y en el Distrito Capital. 

Se pudo establecer la ocurrencia de sobrecostos, y/o cantidades faltantes (menor gramaje o mililitros en elementos como leche, arroz, pasta, sal, panela, fríjol, lenteja, chocolate y aceite) y/o unidades faltantes de ciertos productos (fríjol y chocolate), y/o kits no entregados. 

Otra irregularidad verificada es que en algunos casos no se cumplió con llevar los mercados puerta a puerta cuando a ello había lugar. 

Para la CGR, las situaciones mencionadas implican que en desmedro del erario se vienen pagando sumas superiores a las que corresponden al suministro efectivamente prestado. 

Vinculados como presuntos responsables fiscales 

La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la CGR vinculó como presuntos responsables fiscales al director general y subdirectores para el manejo de desastres de la UNGRD que intervinieron en estos hechos y, también, a 35 proveedores a cuyo cargo estuvo el suministro de los kits de alimentos: 

*Eduardo José González Angulo, en su calidad de Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

*María Grisela Benítez Ospina, Fernando Carvajal Calderón y Ariel Enrique Zambrano Meza, en su condición de subdirectores para el Manejo de Desastres de la UNGRD. 

*Y 35 proveedores de esta entidad, entre los que figuran empresas como Apoyos y Logísticas SAS, Ardiko A&S Construcciones, Suministros y Servicios SAS, Central Cooperativa Proveeduría Indígena del Cauca – CENCOIC, Corporación Ceres, D&M Distribuidora y Comercializadora SAS, Distrifruver La Carreta y Diver Dotaciones SAS. 

Así mismo, fue llamada como tercero civilmente responsable La Previsora S.A., compañía de seguros. 

Trámite de denuncias ciudadanas y de congresista 

Los actos irregulares que dieron lugar a este proceso de responsabilidad fiscal fueron puestos en conocimiento de la CGR mediante dos denuncias recibidas por correo electrónico, el 29 de abril pasado, por la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana, que solicitó a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) revisar la contratación cuestionada. 

La Contraloría Delegada para Infraestructura conoció de estas denuncias y a su vez requirió información a la UNGRD sobre el tema, con el objeto de responder un cuestionario formulado por el Senador Carlos Jiménez López, relacionado con posibles sobrecostos en los mercados adquiridos. 

A principios de mayo, la DIARI trasladó la documentación respectiva a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, luego que el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, declaró de impacto nacional los hechos relacionados con estas irregularidades. 

Posteriormente, el pasado 3 de junio se abrió Indagación Preliminar y tras el cierre de la misma se profirió el auto de apertura del este proceso de responsabilidad fiscal. 

Entidad afectada 

La entidad afectada por el detrimento patrimonial de $16.637.510.403 es el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -FNGRD, fideicomiso estatal constituido como patrimonio autónomo y que es administrado por La Previsora S.A. 

Esto porque la ordenación del gasto del Fondo y sus subcuentas está a cargo del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

COMUNICADO DE PRENSA No. 150

• Amazonas, con 21 procesos, encabeza el listado de mayores investigaciones por departamentos. 
• En Puerto Gaitán (Meta) se ubican los dos procesos de mayor cuantía (uno por $8.032 millones y otro por $3.924 millones).  
• Desde el año 2000 hasta 2019, se tramitaron y terminaron 370 investigaciones fiscales por $43.197 millones.  
• Una de las irregularidades más comunes, como objeto de reproche fiscal, es que los recursos se utilizaron de manera ineficaz e ineficiente, debido a que no fueron destinados a satisfacer las necesidades de las comunidades indígenas. 

 

Bogotá, 21 de octubre de 2020.- La Contraloría General de la República tramita actualmente 87 procesos de responsabilidad fiscal y 10 indagaciones preliminares, por $30.238 millones de pesos, que tienen relación con irregularidades en el manejo de recursos destinados a los Resguardos Indígenas detectadas en los últimos años. 

El departamento del Amazonas, con 21 procesos, encabeza el listado de estas investigaciones. Le siguen Nariño (con 15), Guajira (10) y Sucre (8). 

El proceso de responsabilidad fiscal de mayor cuantía, por $8.032 millones, se adelanta por parte de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, y tiene que ver con obras no realizadas en la Institución Educativa Kuwei, del Resguardo Wacoyo, así como la construcción, adecuación y mejoramiento de las instalaciones del internado El Tigre, ambas en Puerto Gaitán (Meta). 

Le sigue un proceso por $3.924 millones, relacionado con una obra localizada también en Puerto Gaitán: la construcción del internado para el Resguardo Awaliba. 

Enseguida están otros 3 procesos: 

*Proceso fiscal por $2.319 millones, por irregularidades en la construcción de los sistemas de acueducto de las comunidades indígenas del kilómetro 11 San José, del kilómetro 6 y San Antonio de los Lagos, en Leticia (Amazonas). 

*Proceso fiscal por $1.499 millones, por inconsistencias en contrato interadministrativo celebrado con el Cabildo Indígena Kofan de Santiago de Cali, para construcción de plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Ginebra (Valle). 

*Proceso fiscal por $1.428 millones, por irregularidades en contrato para la construcción de un sistema de almacenamiento para las comunidades indígenas de Uribia, en La Guajira. 

Investigaciones terminadas 

Otra cifra importante a destacar es que, desde el año 2000 hasta 2019, se tramitaron y terminaron 370 investigaciones fiscales (135 indagaciones preliminares y 235 procesos de responsabilidad fiscal) por $43.197 millones, por irregularidades alrededor de estos recursos. 

Se produjeron 54 fallos de responsabilidad fiscal por cuantía de $4.823 millones y resarcimientos en 19 actuaciones por un monto de $1.022 millones (3 Indagaciones Preliminares y 16 Procesos de Responsabilidad Fiscal). 

Buena parte de las investigaciones tienen que ver con irregularidades en convenios interadministrativos y entrega de recursos sin legalizar. 

Las irregularidades más comunes objeto de estas investigaciones, son: 

*Los recursos se utilizaron de manera ineficaz e ineficiente, debido a que no fueron destinados a satisfacer las necesidades de las comunidades indígenas. 

*Irregularidades en órdenes de compra. 

*Falta de soportes de los gastos realizados e incumplimiento de convenios que debían beneficiar a los resguardos. 

*Incumplimiento de órdenes de servicio. 

*Ejecución parcial de proyectos. 

*Pagos sin el lleno de los requisitos de ley. 

*Compras con sobrecostos. 

*Incumplimiento de contratos que tenían por objetos diversos fines orientados a mejorar la calidad de vida de los resguardos. 

*Bienes, obras y servicios no recibidos por los resguardos o que no llegan en su totalidad. O irregularidades en su adquisición. 

*Irregularidades en la entrega a los beneficiarios directos de los contratos 

*Faltantes en la ejecución de recursos

COMUNICADO DE PRENSA No. 149

• Es el caso del Doxopeg, un medicamento utilizado en el tratamiento de cáncer de ovario.  
• Igual sucede con dos medicamentos utilizados en el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand (Haemate P 500 e Immunate 100), con recobros de 6 mil y 3 mil por ciento, respectivamente.  
• Preocupación del Contralor por concentración de sumas de recobros girados en 9 meses, a tres EPS, por medicamentos no PSB de enfermedades de alto costo. 
• La Contraloría ha detectado, además, nuevas posibles contravenciones a la integración vertical en el caso de cuatro EPS.  
• También se evidencia el giro preferente de igual número de EPS a un mismo proveedor de medicamentos (configurando un oligopolio).  
• Algunas EPS no han cumplido con la obligación del Giro Directo a sus prestadores, que hoy llegan apenas al 40%.  
• “No vamos a permitir privilegios ni concentración ilegal de recursos en manos de aquellos que encuentran en la crisis, no una oportunidad para resolver problemas estructurales, sino para hacer negocios”, advierte el Contralor Carlos Felipe Córdoba.  
• Muy lento avance en saneamiento de la deuda del sector salud, a través del Acuerdo de Punto Final: solo $1,51 billones de pesos de los $6,7 billones proyectados para tal fin han sido efectivamente pagados.  

 

Bogotá, 20 de octubre de 2020-. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, alertó hoy sobre una serie de situaciones problemáticas que están afectando el Sistema de Salud y a las que se les debe prestar atención, empezando por el recobro de medicamentos que exceden hasta en un 8 mil por ciento el precio máximo permitido y el hecho que tres EPS concentren el 60% de la suma de recobros girados en 9 meses, por medicamentos no PBS de las cinco principales enfermedades de alto costo.  

Hay también concentración de proveedores en el 50% de los recobros, en ese mismo caso. 

Y a esto se suman nuevas posibles contravenciones a la integración vertical en el caso de cuatro EPS, el giro preferente de igual número de EPS a un mismo proveedor de medicamentos (configurando un oligopolio) y una marcada concentración en pocas EPS de los recursos destinados por concepto de compensación y liquidación mensual de afiliados en los regimenes contributivo y subsidiado. 

Al hablar el Foro Virtual “El sistema de salud que necesitamos los colombianos”, el Contralor indicó que, aun en medio de los naturales problemas de índole financiero y fiscal que se han afrontado, ha sido muy lento el avance en el saneamiento de la deuda del sector, a través del Acuerdo de Punto Final, pues solo $1,51 billones de pesos de los $6,7 billones proyectados para tal fin han sido efectivamente pagados. 

Dijo también que la Contraloría ve con preocupación cómo el giro anticipado de techos o presupuestos máximos para los meses de febrero, marzo y abril de la presente vigencia no se tradujo en el flujo de recursos esperado a los prestadores de servicios de salud, para lo cual se generó el anticipo en mención.  

Según precisó, en su ejercicio de Vigilancia y Control fiscal a dichos recursos, la CGR ha venido haciendo un seguimiento de manera específica y ha encontrado que algunas EPS no han cumplido con la obligación del Giro Directo a sus prestadores, que hoy llegan apenas al 40%. 

En este sentido, anunció que, dentro de su Plan de Vigilancia y Control Fiscal para el segundo semestre de la presente vigencia, la CGR contempla auditorías a 28 EPS del sistema, con el fin de establecer las responsabilidades en posibles hallazgos de carácter fiscal. 

“No vamos a permitir privilegios ni concentración ilegal de recursos” 

El Contralor fue enfático en señalar que la Contraloría General de la República redoblará esfuerzos para que los recursos públicos, orientados y ejecutados en el marco de la pandemia, alcancen la mayor eficiencia y eficacia posible en el propósito de controlar la grave situación de salud que aqueja al país. 

“No vamos a permitir privilegios ni concentración ilegal de recursos en manos de aquellos que encuentran en la crisis, no una oportunidad para resolver problemas estructurales, sino para hacer negocios”, subrayó. 

Tres ejemplos dicientes de exceso en recobro de medicamentos 

El Contralor reconoció que el proyecto de regulación de precios de medicamentos ha permitido ahorros cercanos a los $7 billones en el último quinquenio, sin embargo -dijo- hay una alarma: 

Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2019, la Contraloría ha constatado medicamentos que exceden hasta en un 8.000% por ciento el precio máximo permitido por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Tales situaciones son motivo de alerta y de verificación por parte de los equipos auditores que se encuentran en las EPS.   

El tablero de control de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la CGR, que permite detectar gastos indebidos, buenas o malas prácticas, riesgos, patrones o tendencias relacionadas con la gestión fiscal, encontró que hay medicamentos cuyos recobros exceden hasta el 8 mil por ciento del precio máximo permitido. 

Estos son de 3 los casos detectados por la DIARI: 

*DOXOPEG SUSPENSIÓN LIPOSOMADA PEGILADA INYECTABLE 20 mg/10 Ml. Excede presuntamente hasta el 8000% del máximo permitido. Medicamento utilizado en el tratamiento de cáncer de ovario. 

*HAEMATE P 500 UI. Excede presuntamente hasta el 6000% del máximo permitido. Medicamento utilizado en el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand (asociada a la coagulación sanguínea) 

*IMMUNATE 1000 FACTOR DE COAGULACIÓN. Excede presuntamente hasta el 3000% del máximo permitido. Medicamento utilizado en el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand (asociada a la coagulación sanguínea). 

Otros problemas a los que se les debe prestar atención 

En su intervención en el Foro Virtual “El sistema de salud que necesitamos los colombianos”, convocado por la Casa Editorial El Tiempo, el Contralor Carlos Felipe Córdoba entregó otros datos y cifras de problemas estructurales del sector salud. 

*A través también del tablero de control administrado por la DIARI, se ha observado las EPS que más han realizado recobros por medicamentos no PBS de las cinco principales enfermedades de alto costo (Artritis, Cáncer, ERC, VIH y Hemofilia).  

Son: NUEVA EPS, SURAMERICANA y SANITAS, por $906.000 millones. 

Esa cifra equivale al 60.46% de los recobros girados entre los meses de enero y septiembre de 2019. Y llama la atención que cerca del 50% de los recobros esté representado únicamente por siete 7 proveedores a nivel nacional. 

*También se observa una concentración en los pagos hacia las IPS que tienen vínculos empresariales con la EPS. 

Esto último evidencia el posible establecimiento de una condición de integración vertical, que se infiere de los giros preferentes en casos como los de Coomeva EPS, Salud Total EPS, Nueva EPS y Famisanar EPS.  

*Se ha encontrado, igualmente, que cuatro EPS giran de manera preferente a un proveedor de medicamentos, con lo que se podría estar configurando en el mercado de la salud la presencia de oligopolios en los proveedores. 

*Respecto al régimen contributivo, entre enero y julio de 2020 se han destinado recursos UPC por valor de $14.73 billones y la Contraloría ha encontrado que las cinco EPS que reciben más recursos por concepto de compensación son NUEVA EPS, SURAMERICANA, SANITAS, SALUD TOTAL Y FAMISANAR. 

*En cuanto al régimen subsidiado, entre los meses de enero y julio de 2020 se han destinado recursos UPC Liquidación Mensual de Afiliados por valor de $13.54 billones. 

Las cinco EPS que reciben mayor cantidad de recursos por la Liquidación Mensual de Afiliados son COOSALUD, NUEVA EPS, MUTUAL SER, EMSSANAR Y ASMETSALUD. Estas EPS han recibido en el periodo señalado $6.02 billones, lo que evidencia una concentración cercana al 44%. 

*De los $3,93 billones destinados durante la actual vigencia para los presupuestos máximos, la ADRES ha realizado giros por $2,36 billones a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB). 

Si bien es obligatorio que estas entidades reporten la destinación de los recursos entregados por este concepto, sólo 11 de ellas han realizado el reporte a la ADRES.  

En este sentido, el Contralor General llamó la atención a las 28 entidades restantes para que realicen el reporte del total recibido por las EPS que han realizado giros a las IPS por más de $811.000 millones, correspondiente al 34% de los recursos girados a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB). 

El desafío de disponer de más UCI  

Para el Contralor Carlos Felipe Córdoba, la problemática del Sector Salud se ha caracterizado por una gran presión sobre los servicios de salud, que al inicio de la pandemia no tenían una capacidad instalada adecuada, lo cual debe dejar como enseñanza que la inversión en salud y el cuidado de los presupuestos públicos deben ser una prioridad para el país. 

Según el Ministerio de Salud Pública, al inicio de la pandemia se contaba con 5.539 camas UCI, cuya capacidad había aumentado gradualmente a 5.845 para abril de 2020, con la perspectiva de llegar a 9.000 en la última fase de implementación de medidas contra la pandemia; sin embargo y a raíz de los esfuerzos por mejorar la capacidad instalada en camas de UCI, a septiembre de 2020, ya se registran alrededor de 10.000 camas UCI instaladas en el país. 

En una reunión reciente con el equipo de la Contraloría Delegada de Salud, el Ministerio anunció la ejecución de recursos por más de $280.000 millones para contratar y formalizar personal de atención en la emergencia.   

También informó sobre la destinación de $380.000millones con el propósito de saldar deudas salariales de los hospitales públicos y saneamiento de su nómina.  

Pero la Contraloría considera que no existen bases de consulta pública actualizadas en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud (RETHUS) ni en el Observatorio de Talento Humano en Salud que permitan realizar un seguimiento fiscal de la ejecución real de estas asignaciones. 

Retos para la post pandemia 

Otro tema al que se refirió el Contralor es que el organismo de control a su cargo observa con preocupación que Colombia ha perdido la soberanía en la producción de vacunas desde la implementación de la Ley 100 de 1993, situación que debe ser corregido en el futuro.  

Frente a la pandemia por COVID-19, el Gobierno Nacional se ha visto precisado a la adquisición de vacunas con el propósito de lograr la inmunidad o la protección de la población mediante una estrategia internacional que obligará a la orientación de recursos por una suma cercana a los US $ 500 millones. 

“Este escenario obligará a la disposición de recursos institucionales con el ánimo de alcanzar la eficiencia y eficacia en el uso de estos recursos”, concluyó al respecto. 

Se refirió luego al Proyecto de Ley 010 que tramita el Congreso y tiene como propósito generar una reforma en el Sistema de Salud y dijo que la Contraloría le está realizando seguimiento, con el fin de determinar oportunamente sus potenciales riesgos e impactos desde la perspectiva macroeconómica sobre las finanzas del sistema.

COMUNICADO DE PRENSA No. 148 

• 638 hallazgos disciplinarios y 45 de carácter penal, dan cuenta también de la gravedad del problema que significa el manejo de los recursos del SGP destinados a los Resguardos Indígenas. 
• Conclusiones preocupantes arroja la Actuación Especial de Fiscalización que ordenó el año pasado el Contralor Carlos Felipe Córdoba sobre la utilización de recursos del SGP por más de $1,04 billones, destinados a los Resguardos Indígenas en las últimas cinco vigencias (2015 a junio de 2019).  
• Se corrobora lo que anticipó el Contralor: no se ve el resultado e impacto de estos recursos.  
• Solo el 25% de las de 200 entidades territoriales objeto de esta Actuación manejaron adecuadamente estos recursos. El 62% presentó fallas no tan graves y el 11% deficiencias generalizadas.  
• En 23 de los 29 departamentos que cuentan con resguardos indígenas y fueron auditados por la CGR, se presentaron deficiencias especialmente por la no suscripción de contratos de administración y, en otros casos, por el no reporte de los mismos.  
• Buena parte de los recursos destinados a los Resguardos son ejecutados en compra de bienes de consumo inmediato y no en proyectos de inversión que garanticen mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades indígenas.  
• Es recurrente que no se ejecuten todos los recursos disponibles o el presupuesto definitivo.   
• Del presupuesto auditado en las cinco vigencias ($1,04 billones), se ejecutaron $662.702 millones aproximadamente (el 63.69%).  
• Listado de municipios que no suscribieron contratos de administración con los resguardos indígenas de su jurisdicción en las vigencias auditadas y de municipios que dejaron de ejecutar recursos.  
• Se evidenciaron debilidades en la supervisión de los contratos y convenios suscritos por los entes territoriales.  
• Por falta de supervisión de los contratos y convenios, se dan situaciones como la falta de entrega oportuna y completa de los bienes adquiridos. 

 

Bogotá, 19 de octubre de 2020-. Un total de 156 hallazgos con presunta incidencia fiscal, por $16.776 millones de pesos, estableció la Contraloría General de la República al concluir una Actuación Especial de Fiscalización a los más de $1,04 billones de pesos del Sistema General de Participaciones destinados a los Resguardos Indígenas del país, durante las vigencias 2015 a 30 de junio de 2019. 

Se determinaron 760 hallazgos administrativos, de los cuales 638 tienen posible connotación disciplinaria y 45 presunto carácter penal. 

Otros 26 hallazgos dieron lugar a solicitudes de apertura de Indagación Preliminar, 7 a Procesos Administrativos Sancionatorios, 22 tienen otras incidencias y 41 representaron beneficios de auditoría por $2.235 millones. 

Los conceptos emitidos para cada uno de las entidades territoriales que manejaron recursos de la llamada Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas y que fueron objeto de esta Actuación, permiten concluir que solo el 25.22% (57) manejaron adecuadamente estos recursos. 

Mientras tanto, el 61.95% (145 entidades territoriales) presentan deficiencias, que si bien no son generalizadas si impactan el cumplimiento de los objetos contractuales y las metas de los proyectos formulados por las comunidades indígenas, siendo más grave aún, lo evidenciado en el 10.62% de las entidades (24), cuyas deficiencias son materiales y generalizadas. 

En general, de acuerdo con la revisión efectuada a los contratos de ejecución de estos recursos, se encontró que la estructuración de los proyectos de inversión, por parte de los resguardos indígenas, presenta debilidades, ya que no surte la metodología dispuesta para ello según la normatividad aplicable, no hay una determinación de la población beneficiaria de los bienes y servicios contratados y no presentan un cronograma de ejecución del proyecto, aunado a la falta de asistencia técnica por parte de las Oficinas de Planeación Municipal y Departamental.  

Adicionalmente, la gran mayoría de los recursos son ejecutados en compra de bienes de consumo inmediato y no en proyectos de inversión que garanticen el mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad indígena. 

No se ejecutan todos los recursos disponibles 

La Contraloría verificó que es recurrente que no se ejecuten todos los recursos disponibles o el presupuesto definitivo, por lo que en cada vigencia se deben incorporar recursos del balance en cantidades importantes de la vigencia o vigencias anteriores, como consecuencia de la baja ejecución de los recursos. 

A partir de los documentos aportados por las entidades territoriales, se determinó un presupuesto definitivo auditado, en las cinco vigencias, de $1.040.465.959.949, el cual incluye lo girado por el Ministerio de Hacienda, los rendimientos financieros y recursos del balance incorporados en 2015, correspondientes a recursos disponibles de vigencias anteriores.  

Del presupuesto señalado se ejecutaron $662.702.203.040, que representan el 63.69% de los recursos disponibles ($592.829.177.303 ejecutados por entes territoriales y $69.873.025.737 por Resguardos Indígenas Certificados). 

Para adelantar esta ejecución, las entidades territoriales suscribieron previamente 3.111 contratos de administración de recursos, por $916.976.492.528, suma que representa el 88.13% del total de recursos.  

En 23 de los 29 departamentos que cuentan con resguardos indígenas y fueron auditados por la CGR, se presentaron deficiencias especialmente por la no suscripción de contratos de administración y, en otros casos, por el no reporte de los mismos.  

Inoportuna incorporación de recursos 

Hay también inoportunidad en la incorporación de los recursos de la Asignación Especial y falta de gestión de los entes territoriales para garantizar que las entidades financieras reconocieran adecuadamente los rendimientos financieros. 

Y se da igualmente inoportunidad en la incorporación de los intereses recibidos y los recursos del balance. 

Entre las razones para no celebrar oportunamente los contratos, se tienen debilidades en la gestión de los entes territoriales y/o demora de los resguardos en la elaboración de los proyectos de inversión, lo que dificulta la ejecución de los planes de inversión.  

Las deficiencias en los controles que deben ejercer los entes territoriales en la ejecución de los recursos, permiten el incumplimiento de los objetos contractuales, esto conlleva a que se hagan pagos o desembolsos sin los soportes requeridos. 

Se evidencian deficiencias por la no elaboración de proyectos de inversión, o formulación inadecuada (sin cumplimiento de todos los requisitos), además de la inoportunidad de los mismos, afectando la ejecución del presupuesto (se ejecuta sin tener claras las necesidades de la comunidad indígena). 

Algunos casos de deficiencias en los contratos de administración 

Dentro de las principales deficiencias, relacionadas con los contratos de administración, se evidenciaron situaciones como las siguientes. 

*Los municipios de El Bagre, Cáceres (Antioquia), Guapi (Cauca), Chía (Cundinamarca), Unguía y Acandí (Chocó), Calamar (Guaviare), Rivera (Huila), Albania (La Guajira) y Prado (Tolima), no suscribieron contratos de administración con los resguardos indígenas de su jurisdicción en las vigencias auditadas, es decir, no ejecutaron los recursos que les fueron asignados y girados para realizar proyectos de inversión en beneficio de las comunidades indígenas. 

Estos 10 municipios dejaron de ejecutar $6.521.503.357 en las 5 vigencias. 

 *El municipio de Arauca, no obstante haber suscrito los contratos de administración con los 5 resguardos de su jurisdicción por $449.566.819, no ejecutó los recursos en las vigencias 2016 y 2017, por tanto, no se realizó ningún proyecto de inversión que beneficiara a la comunidad indígena. 

*Arauquita, en el departamento de Arauca, suscribió contratos con los Resguardos Indígenas Bayoneros por $9.905.140; El Vigía por $69.700.000 y Cajaros por $5.801.396, en la vigencia 2017. Sin embargo, no hubo ejecución del contrato de administración, como consecuencia tampoco los proyectos de inversión se llevaron a cabo. 

*En el departamento Caldas, los municipios de Belalcázar, Riosucio, Risaralda y San José suscribieron los contratos de administración en las vigencias auditadas, pero no incorporaron los proyectos de inversión a ejecutar ni las actas de priorización de los mismos por las asambleas de las comunidades indígenas. 

*Albania en el Caquetá, para su resguardo solo suscribió contrato de administración en la vigencia 2018; igual que La Montañita, en el mismo departamento, que para su resguardo solo suscribió en el 2016, dejando de ejecutar $238.390.349 y $144.284.732, respectivamente, en las 5 vigencias. 

*El Consejo de Autoridades Indígenas del Resguardo Indígena de San José del Ariporo, en el municipio de Paz de Ariporo, por voluntad propia dejó de ejecutar los recursos en las vigencias auditadas, que sumaron $368.079.848. 

*El municipio de Timbiquí en el Cauca, no suscribió contratos de administración para sus 4 resguardos indígenas, en las vigencias 2015 y 2017.  (Total presupuesto sin ejecutar: $1.284.630.718). 

*Para las vigencias 2017, 2018 y 2019, el municipio de Villagarzón – Huila, no celebró contratos de administración de recursos para los 11 resguardos del municipio. 

No se identifican las necesidades de las comunidades indígenas 

Se evidenció que, pese a la existencia de actas de asamblea de los resguardos indígenas, existe en la mayoría de ellos, desconocimiento respecto de la formulación de los proyectos de inversión, dificultad en la concertación con las comunidades ydeficiente identificación de las necesidades de la comunidad, que no conducen a mejorar las condiciones de vida de la población indígena.   

Tampoco se establece la justificación de los proyectos, no se identifican los beneficiarios y qué bienes se entregarán, ni cómo, cuándo o dónde se cumplirá el objeto contractual.  

La mayoría de los entes territoriales suscriben los contratos de administración de forma extemporánea, es decir, después del 31 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior, lo que trae como consecuencia el envío tardío al Ministerio del Interior, incumpliendo la normatividad que señala la entrega del contrato de administración, junto con los proyectos de inversión debidamente formulados, a más tardar el 20 de enero de la vigencia en la cual se van a ejecutar dichos recursos. 

Situaciones que se dan por falta de supervisión de contratos y convenios 

Se evidenciaron debilidades en la supervisión de los contratos y convenios suscritos por los entes territoriales, presentando falencias respecto del seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable, lo que genera:  

*Incumplimiento de los objetos contractuales. 

*Falta de entrega oportuna y completa de los bienes adquiridos; e inexistencia de registros de entrega de bienes.  

*Las actas de supervisión no detallan la labor ejecutada en cumplimiento del objeto contractual.  

*Extremos como en la Alcaldía de Solano - Caquetá, en donde el contratista termina haciendo entrega de dinero en efectivo a los beneficiarios, porque los materiales y/o equipos que les compraba la entidad territorial no les eran necesarios y no estaban contemplados dentro del contrato de administración.  

*Diferencias entre lo pactado, suscrito y ejecutado. 

*En algunos casos, el visto bueno de la supervisión, está fundado en la información suministrada por el mismo contratista. 

*Adquisición de bienes muebles (vehículos, lanchas etc.) sin el título de propiedad a nombre del resguardo (Orocué-Casanare, Buenos Aires-Cauca, San José del Guaviare y Cumbal-Nariño). 

*Falta de legalización de los predios adquiridos por los resguardos y cuyo título de propiedad no está a favor del resguardo (Ipiales-Nariño, Dibulla-Guajira y San Agustín-Huila). 

*Maquinaria entregada por el ente territorial pero que no se encuentra en uso por el resguardo. 

*Obras inconclusas, fallas de calidad de obra, bienes sin utilizar o deteriorados, obras terminadas sin prestar servicio alguno (Aldana, Córdoba, Cumbal, Guachucal, Ipiales, Potosí y Santacruz (Nariño), Puerto Leguízamo (Putumayo).  

*La no entrega de los elementos solicitados en donde se cambian por otros de uso exclusivo del representante legal del resguardo. 

*Venta de los elementos entregados por el ente territorial, por parte de algunos miembros de la comunidad indígena, por lo que la adquisición de los mismos es repetitiva durante varias vigencias.  Por su vida útil, se considera que no debían ser adquiridos cada año. 

*Contratación de alimentación para 95 pacientes, los cuales -según cruce con las ESE- no fueron atendidos en los tiempos en que se realizó la contratación (Cubará y Güicán, en el departamento de Boyacá). 

*Pago de incentivos que no se encuentran dentro de los fines de los recursos utilizados. 

*En el departamento de Guainía se realizó el pago de subsidios estudiantiles que no corresponden a un proyecto de inversión autorizado, por $246.282.543. Y mientras tanto se declararon como inviables, cultivos de yuca dulce, reparación de viviendas y conucos afectados por la ola invernal del 2018. 

*Pago de manipuladoras las cuales debieron ser garantizadas por el operador del PAE, contratado por la Gobernación del Amazonas. 

*Mayores valores pagados en la compra de combustible. 

*Adquisición de bienes que no están en funcionamiento y se encuentran desarmados y en mal estado.  Construcción de baterías sanitarias, las cuales no han prestado servicio porque el sistema séptico es deficiente y no se conectaron a la red. 

Esta Actuación Especial de Fiscalización de la CGR se adelantó respecto de 820 asignaciones especiales de SGP para resguardos, de las 892 que contaron con recursos presupuestales, durante las vigencias auditadas, 2015 a 30 de junio de 2019, lo cual equivale al 91,93%, correspondientes a resguardos ubicados en 29 departamentos del país, dentro de los que se incluyen 8 resguardos certificados, que administran autónomamente sus recursos. 

Ver Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0074 de 2020

Ver Manual de Cálculo de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación-ICLD y límites de gasto Ley 617/00