COMUNICADO DE PRENSA No. 104

 

• La imputación recae sobre Aleck Remberto Santamaría y Rosa Catalina Santos. El primero fue Gerente General de Bioenergy y la segunda su suplente.
• Cobija además a la firma Tipiel, a la que Bioenergy pagó por realizar actividades que ya había ejecutado Isolux, contratada originalmente para realizar el proyecto de biocombustibles. 
• No se debieron invertir recursos en una labor que ya había sido certificada como cumplida.  

 

Bogotá, 11 de agosto de 2020.- La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por la suma de $12.243 millones de pesos contra dos directivos en su momento de BIOENERGY S.A., empresa filial de Ecopetrol actualmente en trámite de liquidación, y la firma TIPIEL S.A, que suscribió contratos con BIOENERGY para realizar actividades que previamente habían dado como recibidas a satisfacción a ISOLUX, empresa a la que inicialmente se le contrató la construcción de la planta de etanol situada en Puerto López (Meta). 

El ambicioso proyecto terminó convertido en uno de los elefantes blancos y desastres financieros más grandes de que se tenga noticia en el país; y hoy la CGR adelanta procesos de responsabilidad fiscal por una suma total que bien puede acercarse al billón de pesos, recursos públicos que buscar resarcir. 

En este caso, la imputación de responsabilidad fiscal recae sobre: 

1. ALECK REMBERTO SANTAMARIA DE LA CRUZ, Gerente General de BIOENERGY S.A.                               
2. ROSA CATALINA SANTOS PRADA, S.A., suplente del Gerente General de BIOENERGY S.A. 
3. TIPIEL S.A., contratista en los contratos ZF No. 0016-14 de 01 de septiembre de 2014 y ZF No. 0018-14 de 1 de octubre de 2014 

Esta decisión fue tomada por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 6 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, mediante Auto No. 0549 del 16 de julio de 2020. 

La imputación de responsabilidad fiscal es exactamente por la suma DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SEIS PESOS ($12.243.000.106), por la pérdida de recursos públicos con ocasión de la celebración de los contratos ZF No. 0016-14 de 1 de septiembre de 2014 y ZF No. 0018-14 de 1 de octubre de 2014, suscritos por BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S. con TIPIEL S.A., para la "CORRECIÓN DE DISEÑOS, COMPLEMENTACIÓN DE LA INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y APOYO TÉCNICO" 

BIOENERGY pagó a TIPIEL por actividades que ya había ejecutado ISOLUX 

BIOENERGY justificó la suscripción de los contratos con TIPIEL argumentando que esta empresa la había acompañado en el proceso de Interventoría del Contrato 0050-10 suscrito con ISOLUX, que se dio a través del contrato No. ZF No. 0010-12, y que, en el desarrollo de sus funciones de apoyo de la interventoría, evidenció inconsistencias en la ingeniería de detalle entregada por la empresa ISOLUX.  

Sin embargo, según las actas y avances del contrato firmados por ISOLUX, TIPIEL Y BIOENERGY, se evidenciaron pagos avalados por TIPIEL por el 93,7% de avance de la ingeniería, es decir que, la contratación se celebró, no obstante haber sido ejecutadas estas actividades por ISOLUX y recibidas a satisfacción por BIOENERGY ZONA FRANCA S.A.S y TIPIEL. 

Para la Contraloría, no es de recibo que se diga que no se ejecutó por parte de ISOLUX el 93,70% de la Ingeniería, y que por esta razón debió nuevamente contratarse el mismo objeto, cuando previamente la misma firma TIPIEL le había dado su aval con la aprobación de BIOENERGY, por lo que no se debieron invertir recursos en una labor que ya había sido certificada como cumplida. 

Esta situación, demuestra la ocurrencia de irregularidades en la celebración de los contratos ZF No. 0016-14 de fecha 1 de septiembre de 2014 y ZF No. 0018-14 de fecha 1 de octubre de 2014. 

COMUNICADO DE PRENSA No. 103

 

• Ejecución de la implementación del Acuerdo Final de Paz inferior a la prevista. 
• Debido a la no aprobación y cuantificación de los Planes Nacionales Sectoriales, se puede presentar el riesgo de que no haya cuantificación de la totalidad de los recursos necesarios para cumplimiento del Acuerdo Final. 
• Puede existir un déficit de financiación para la implementación de la Reforma Rural Integral RRI. Del costeo de $110,6 billones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2017/2018, la CGR calcula un requerimiento adicional de aproximadamente $54,5 billones. 
• La no adjudicación de tierras con fines de Reincorporación y la inestabilidad jurídica de algunos de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación (ETCR), deben ser de especial cuidado de acuerdo al Decreto 902 para la implementación e inversión de los diferentes procesos de reincorporación.  
• Se mantienen compromisos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), para 82.240 familias inscritas en el Programa. 
• En materia de reincorporación social y económica, se destaca el cumplimiento de las metas del Conpes 3931 de 2018, correspondiente a la política de reincorporación, la destinación de recursos para la aprobación y viabilización de proyectos productivos, los avances en la acreditación de los excombatientes, y la definición y aprobación de la Ruta de la Reincorporación aprobado por el Consejo Nacional Reincorporación.  
• El análisis de la CGR, entregado al Congreso de la República, presenta los principales avances y obstáculos en cada uno de los Puntos del Acuerdo Final de Paz, e identifica los riesgos más relevantes tanto en materia de financiación y ejecución presupuestal, como en la implementación de las políticas públicas que contemplan el Acuerdo.  

 

 

Bogotá, 9 de agosto de 2020.- El cuarto informe de seguimiento de la Contraloría General de la República a los recursos destinados para el posconflicto, entregado por este organismo de control al Congreso al inicio de sus sesiones ordinarias, arroja algunas conclusiones relacionadas con inversión y política pública. 

Una de ellas es que, excepto lo dispuesto en el Presupuesto General de la Nación (PGN), las demás fuentes de financiación previstas para el Acuerdo Final programaron y ejecutaron recursos menores a lo estipulado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2017/2018 durante las vigencias 2019 y 2020, lo que podría retrasar la ejecución de la implementación del AF. 

Otra de las conclusiones del análisis realizado para este informe, basado en las respuestas del Gobierno Nacional, es que: se aprecia una asignación del gasto concentrada en los puntos 2 al 6 sin tener en cuenta que el punto 1 (Reforma Rural Integral) es el que más supone inversiones de acuerdo al Plan Marco de Implementación. 

Prevalece el riesgo de que no haya cuantificación de la totalidad de los recursos necesarios para el cumplimiento del AF, debido a la no aprobación y cuantificación de los Planes Nacionales Sectoriales, sostiene el informe de la CGR. 

Por otro lado, el informe destaca que menos del 1% de la ejecución en 2019 ha sido financiada con recursos del SGP, por debajo de las expectativas de financiación contempladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y en el Plan Plurianual de Inversiones PPI de Paz del PND 2018-2022. Aún no se cuenta con normatividad y lineamientos que permitan el uso de esta fuente en la implementación del AF.  

El informe de la Contraloría plantea otras situaciones como las siguientes. 

*Se puede presentar un déficit en la financiación para la implementación de la Reforma Rural Integral RRI. Del costeo de $110,6 billones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2017, la CGR identifica un requerimiento adicional de aproximadamente $54,5 billones. 

*Se advierten demoras en los procesos de adjudicación de tierras para el desarrollo de Programas y Proyectos con fines Reincorporación, conforme a lo establecido en el Decreto 902 de 2017. 3. Para la vigencia 2019 y primer trimestre de 2020, no se encontró evidencia de que alguna entidad de derecho público solicitara la adjudicación de tierras para el desarrollo de programas y proyectos con fines de Reincorporación. 

*Prevalece el retraso de la aprobación y adopción del Plan Nacional de Educación Rural PEER. 

*Se reitera el riesgo de planeación y sostenibilidad financiera de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), toda vez que el proceso de formulación de iniciativas de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se surtió sin la aprobación de la mayoría de los PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito). 

*Se evidencia ausencia de recursos para la implementación de los mecanismos de participación electoral. 

*También se menciona un riesgo de sostenibilidad financiera del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), pese a que se mantienen los compromisos con 82.240 familias del Programa. 

*Adicional, se indican retrasos en los pagos de la Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI).  

Cuarto Informe sobre uso de recursos del posconflicto 

Llegando al cuarto año de implementación de los acuerdos de paz, en un documento de 371 páginas, la Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para el Posconflicto, entregó al Congreso su informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las responsabilidades fijadas a los diferentes sectores y entidades a quienes se les asignó tareas en el Plan Marco de Implementación -PMI. 

La Contraloría General de la República –CGR-, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo tercero del Acto Legislativo 1 de 2016, presenta así el cuarto informe de seguimiento a la ejecución de los recursos y al cumplimiento de las metas del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto-AF-, el cual contiene acciones alrededor de seis puntos:  

1. Reforma Rural Integral, 2. Participación Política, 3. Fin del Conflicto, 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, 5. Acuerdo sobre las Víctimas y 6. Mecanismos de Implementación y Verificación. 

El análisis de la CGR presenta los principales avances y obstáculos en cada uno de los Puntos del Acuerdo Final, e identifica los riesgos más relevantes tanto en materia de financiación y ejecución presupuestal, como en la implementación de las políticas públicas que contemplan el Acuerdo. 

El cuarto informe de seguimiento a los recursos destinados para el posconflicto, puede ser consultado por la ciudadanía en el sitio web de la CGR:  

https://www.contraloria.gov.co/resultados/informes/informes-posconflicto  

Así se estructuró el Informe 

Esta cuarta versión del informe, correspondiente a los recursos destinados para el posconflicto, durante el 2019 y los primeros meses del 2020, incluye un seguimiento a los indicadores de género y una perspectiva territorial. 

Para ello, y gracias al convenio logrado entre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Contraloría General de la República (CGR), se realizaron visitas a 25 de los 170 municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET- los cuales fueron priorizados para evaluar sus avances en la política pública de posconflicto. 

Como resultado, el organismo de control publicó el “Cuarto informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la Paz del Plan Plurianual de Inversiones”. 

Dentro de la información evaluada se determinó que en el año 2019 la inversión privada, a través del mecanismo obras por impuestos, alcanzó el 82% de lo proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). 

Para dicho seguimiento se implementó la herramienta de control fiscal en tiempo real, a través de la Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) y la participación de la ciudadanía. 

Asimismo, el informe incluye el resultado de la vigilancia y seguimientos a $2,3 billones en contratos de inversión de Obras PDET y OCAD Paz, este último del Sistema General de Regalías (SGR), que tiene bajo su responsabilidad la viabilización, priorización y aprobación de proyectos que favorezcan la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 

En el análisis realizado por la Contraloría Delegada para el Posconflicto correspondiente al año 2019, también se determinó que se han destinado a la atención a la primera infancia $4,5 billones. 

El informe de la CGR incluyó la revisión de todos los sistemas de información oficiales, respuestas a más de 70 formularios, enviados a las entidades que tienen responsabilidades en el Plan Marco de Implementación y más de 100 reuniones presenciales y virtuales con funcionarios de las entidades responsables.

COMUNICADO DE PRENSA No. 102 

 

• Se investiga la posible pérdida de recursos públicos por $86 millones, en la ejecución de un convenio donde no se encuentran soportes de entrega de algunos implementos deportivos.  
• Se determinó, además, un daño al patrimonio del Estado en cuantía de $3.710.401, generado por gastos no soportados y no autorizados en un convenio que suscribió Indeportes Cauca con la Liga Caucana de Atletismo. 

 

Bogotá, 6 de agosto de 2020.- La Contraloría General de la República adelanta dos procesos de responsabilidad fiscal, por una cuantía que pasa de los $90 millones de pesos, por presuntas irregularidades que se habrían dado en la ejecución de dos convenios suscritos en 2014 por el Instituto Departamental de Deporte y la Recreación del Cauca -Indeportes Cauca. 

 

En el primer caso, se investiga una posible pérdida de recursos públicos por $86.850.000 por la falta de soportes de entrega de implementos deportivos adquiridos en desarrollo del Convenio No. 004-2014, cuyo objeto fue "Aunar esfuerzos con la Asociación de Servicios Integrales para la Comunidad Asipcom, para la realización de los eventos zonales departamentales en el marco del Programa Supérate Intercolegiados 2014 en el Departamento del Cauca". 

Y el otro proceso de responsabilidad fiscal es por $3.710.5401, monto correspondiente a gastos no soportados por la Liga Caucana de Atletismo en el marco del Convenio 26-2014 que suscribió con esta entidad el Instituto Departamental de Deporte y la Recreación del Cauca -Indeportes Cauca, con el objeto de apoyar a la Liga para garantizar el optimo desempeño de sus deportistas, en desarrollo del Sub-proyecto “Apoyo al Deporte Asociado y Asistencia Técnica Convencional”. 

Proceso de responsabilidad fiscal por $86 millones 

El Instituto Departamental del Deporte del Cauca (Indeportes Cauca), suscribió el 24 de enero de 2014 con la Asociación de Servicios Integrales para la Comunidad Asipcom el Convenio No.004-2014, cuyo objeto fue "Aunar esfuerzos con la Asociación de Servicios Integrales para la Comunidad Asipcom para la realización de los eventos zonales departamentales en el marco del Programa Supérate Intercolegiados 2014 en el Departamento del Cauca".  

El convenio fue adicionado el 27 de mayo de 2014 (Otrosí No.01), con recursos de regalías (Proyecto "Apoyo al desarrollo formativo y posicionamiento de altos logros del Deporte Caucano"). 

Se adicionó la suma de $52.300.000 con el fin de adquirir un kit de implementación para los monitores del programa "Escuelas de Formación Deportiva" que apoyan la realización de los Juegos "Supérate Intercolegiados 2014”. 

El 2 de junio de 2014 se adquirieron implementos tales como: cronómetros, bula, escaleras, platillos, petos y balones por valor de $34.250.000; y el 05 de junio de 2014 se compraron los siguientes implementos: uniformes tules, conos, pitos y cuerdas para saltar por valor de $18.050.000. Sin embargo, no se encontraron soportes de entrega de estos elementos a los monitores del programa. 

Se estima que la pérdida de recursos públicos asciende a la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($86.850.000).  

En este proceso, la Gerencia Departamental y Colegiada de la CGR en el Cauca vinculó como Presuntos Responsables Fiscales a:  

ANA BOLENA GARCÍA RICARDO, en calidad de Gerente INDEPORTES, para la época de los hechos.   

ESTEFANÍA DEL PILAR SÁNCHEZ CAÑAS, en calidad de Contratista supervisora.   

ASOCIACION DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA COMUNIDAD ASIPCOM, en calidad de Contratista.   

FERGON OUTSORCING S.AS, en calidad de Interventor del proyecto denominado "Apoyo al desarrollo formativo y posicionamiento de altos logros del deporte caucano".   

JORGE ISAAC FERNANDEZ, en calidad de representante legal de Fergon Outsorcing para la época de los hechos.  

Este proceso se abrió el 27 de agosto de 2018 y el 26 de febrero de 2020 se imputó responsabilidad fiscal. Actualmente se adelantan diligencias de notificación. 

Proceso de responsabilidad fiscal por $3.710.401 

El Instituto Departamental de Deporte y la Recreación del Cauca -Indeportes Cauca suscribió el 24 de enero de 2014 el Convenio 26-2014 con la Liga Caucana de Atletismo, por valor de $42.000.000, de los cuales la Liga aportaría $2.000.000. 

El objeto de este Convenio fue “Apoyar a la Liga Caucana de Atletismo, para garantizar el óptimo desempeño de sus deportistas, en desarrollo del “Sub-proyecto Apoyo al deporte asociado y asistencia técnica convencional" en lo concerniente a la preparación, implementación deportiva necesaria y participación en las diferentes competencias federadas a nivel nacional y/o internacional, dentro del calendario deportivo desarrollado por la respectiva federación, a realizarse en el año 2014…”  

La Contraloría verificó gastos que no se encuentran soportados o autorizados, por un valor total de $3.710.401. 

Se evidencia una falta de seguimiento y control por parte de Indeportes Cauca al omitir la verificación de los soportes de las inversiones y/o gastos realizadas por la Liga en virtud del Convenio 26-2014.  

Se determinó un daño al patrimonio del Estado en cuantía de $3.710.401, generado por gastos no soportados y no autorizados”  

Presuntos Responsables  

Como presuntos responsables fiscales fueron vinculados: 

ANA BOLENA GARCÍA RICARDO, en su condición de Gerente del Instituto de Deportes del Cauca INDEPORTES, para la época de los hechos.  

MANUEL VELÁSQUEZ, en su condición de Auxiliar Administrativo Código 550, grado 4, para la época de los hechos.  

GUILLERMO ALBERTO MARMOLEJO FLOR, en su condición de contratista, para la época de los hechos.  

LIGA CAUCANA DE ATLETISMO, en su condición de Contratista, para la época de los hechos.   

MARINO ALBERTO MERA ZAPATA, representante legal de la Liga Caucana de Atletismo  

Dentro del trámite procesal está pendiente la recepción de versión libre del último de los implicados mencionados.

COMUNICADO DE PRENSA No. 101

 

• El Contralor Carlos Felipe Córdoba pide que por ninguna circunstancia se vaya a afectar la prestación de los servicios de salud, mientras se formaliza la puesta en marcha de la nueva Empresa Social del Estado de carácter departamental.
• Urge también para que paguen de manera oportuna las deudas que se tienen con los médicos especialistas de la isla, que hoy ascienden a $6.182 millones. 
• Además, el jefe del organismo de control solicita al gobierno nacional que invierta los recursos en insumos que se requieren para la atención de la pandemia. 

 

Bogotá, 2 de agosto de 2020.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, urgió hoy al Gobernador de San Andrés y Providencia, Everth Hawkins, y a la IPS Universitaria – Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia-, que garanticen los servicios de salud de la población isleña, como es su obligación, evitando por todos los medios la afectación en la prestación de los mismos, mientras se formaliza la consolidación jurídica y la puesta en marcha de la Empresa Social del Estado de carácter departamental creada por la Ordenanza No. 05 del 29 de julio de 2020. 

El Gobernador Hawkins suscribió un otrosí al contrato de administración 1134 de 2017, que en su momento se firmó con la IPS de la Universidad de Antioquia. La anticipada terminación del contrato del operador que administra el Hospital de San Andrés amenazaba con que hoy, en plena pandemia y en momentos en que la misma autoridad departamental decretó alerta roja por el número de pacientes 

contagiados y con los médicos especialistas de la isla sin recibir pagos hace varios meses, el panorama de salud se pudiera tornar absolutamente crítico. 

“Es necesario recordar que dada la situación por la que atraviesa el país ante la pandemia, se hace evidente la necesidad de llevar a cabo este período de transición evitando, a toda costa, la interrupción en la prestación de los servicios de salud, e igualmente garantizando mediante una adecuada gestión fiscal, coordinada y articulada por parte de la Gobernación y la IPS, que se honren las deudas adquiridas, principalmente con el talento humano”, insistió el Contralor Carlos Felipe Córdoba. 

La Contraloría General de la República, ha venido actuando de tiempo atrás sobre la problemática de salud en la isla, y, fue así como, en el 2019 llevó a cabo una Actuación Especial de Fiscalización que generó hallazgos con incidencias fiscales por $1.774.874.861. 

Uso adecuado de los recursos públicos 

Frente a las acreencias informadas a la Contraloría General de la República por parte de los médicos especialistas, en cuantía de $6.168 millones, el Contralor General consideró necesario que la administración del Departamento y la IPS Universitaria, desarrollen las gestiones fiscales pertinentes a fin de garantizar el adecuado uso de los recursos públicos, sin menoscabo del ejercicio de las actuaciones fiscales a que haya lugar en la oportunidad necesaria por parte de la CGR, con el fin de impedir una eventual pérdida de los recursos públicos. 

Equipos de diagnóstico obsoletos 

Con motivo de denuncias recibidas por la Contraloría, se ha obtenido evidencia de la obsolescencia de los equipos de diagnóstico, que requieren de una intervención urgente para la prestación del servicio de radiología.  

En este sentido, la Contraloría espera una especial diligencia por parte del gobierno departamental. Además, insta al Ministerio de Salud y Protección Social, en la medida en que la normatividad lo permita, a aunar esfuerzos con el departamento para suministrar los elementos que considere necesarios para mitigar los efectos de la pandemia, gestionando lo pertinente para proveer los ventiladores que requiera el Hospital de San Andrés, en aras de afrontar la crisis generada en la isla por el coronavirus. 

Es importante señalar que el monitoreo permanente de todas las necesidades que tenga el rchipiélago, así como de las medidas y decisiones a asumir por el gobierno departamental en materia de salud, son competencia del Ministerio de Salud y Protección Social, al igual que de la Superintendencia Nacional de Salud, entidades que no deben escatimar esfuerzos a fin de garantizar la prestación de los servicios de Salud a la población sanandresana. 

COMUNICADO DE PRENSA No. 100

• Proyectos de vivienda y salud son los que generan las mayores alertas. 
• Las alertas más relevantes cubren proyectos que se desarrollan en municipios de los departamentos de Sucre, Chocó, Nariño, Atlántico, Magdalena, Norte de Santander, Cundinamarca, Risaralda y Cauca. 
• Tres meses le quedan al contratista a cargo de la construcción de viviendas del nuevo municipio de Gramalote (Norte de Santander), para concluir este proyecto. 

 

Bogotá, 31 de julio de 2020.- La Contraloría General de la República ha identificado 84 proyectos del Fondo de Adaptación, en situación de alto riesgo, por valor superior a los $410.000 millones. 

Desde el punto de vista social, los que más preocupan son 51 proyectos para la construcción de vivienda, por $208.000 millones. 

El organismo de control señala, también, un riesgo de perjuicio al patrimonio público por $43.000 millones comprometidos en 14 proyectos del sector educación que hoy están en veremos. 

Los demás proyectos del Fondo en situación de alto riesgo se distribuyen así: 

*7 en el área de la salud, por $59.000 millones. 

*5 en el frente de mitigación de riesgo, por $78.000 millones. 

*5 para la provisión de agua potable, por $9.000 millones. 

*2 para el sector transporte, por $10.000 millones. 

Suspensiones por el Covid y proyectos vencidos, en Vivienda 

Las contingencias generadas por el Covid-19 ha llevado al Fondo Adaptación a suspender la ejecución de 10 proyectos en el sector de vivienda por más de $30.000 millones. 

Sin embargo, la cifra de los que están vencidos por otras causas, en este mismo sector, son 46 por más de $133.000 millones. Y actualmente solo están en ejecución 8 por $100.633 millones. 

Los siguientes son los ejemplos más relevantes de las alertas que ha emitido la CGR sobre proyectos del Fondo Adaptación en los sectores de Vivienda, Agua Potable, Educación, Salud, Transporte. Y adicional el caso del municipio de Gramalote (Norte de Santander): 

Alertas sobre proyectos de vivienda  

*En el municipio de Sucre (departamento de Sucre), la CGR ha alertado sobre el riesgo de un contrato para la construcción de 355 casas, donde la ejecución ha sido apenas del 7%. 

 *En el Carmen del Darién (Chocó), se ha encontrado apenas un avance físico del 37% en la construcción de 947 viviendas que debían estar listas el 28 de junio de 2019 y para las que han sido destinados $10.914 millones. 

El proyecto se encuentra vencido. Presenta un desfase respecto al cronograma de obras del 63%y ha transcurrido el 160% del plazo original del contrato. 

El caso de Gramalote (Norte de Santander) 

Otro proyecto que reviste un enorme interés público y sobre el cual ha emitido alertas la CGR es la construcción de las 1.007 viviendas para Gramalote (Norte de Santander), población que debió ser reubicada por causa de una contingencia generada por la naturaleza. 

El proyecto, que vale más de $67.000 millones, comenzó en 2.016 y hasta el pasado 30 de junio habían sido construidas 844 casas. Y le quedan tres meses al contratista para concluirlo. 

Alertas sobre obras para provisión de agua potable  

*La construcción del acueducto para Linares (Nariño), está en riesgo de convertirse en un elefante blanco porque, según el contrato, cuenta apenas con un mes de plazo para estar concluido y su avance físico ha sido apenas del 16%, lo que no justifica los más de $3.000 millones invertidos. 

*Una situación similar se presenta en Samaniego, en el mismo departamento, donde un contrato, por cerca de $2.300 millones, libra una carrera contra el cronómetro porque el plazo para que termine su ejecución vence dentro de dos meses y apenas lleva el 32%. 

Alertas sobre obras para Educación 

*La Contraloría encontró en Manatí (Atlántico), una IE, para la que están destinados más de $6.000 millones, con un avance de apenas el 15% y con el agravante de que el contratista ha solicitado la terminación y liquidación bilateral del contrato. 

*La construcción del Colegio Comunal Agropecuario de El Banco (Magdalena) ha sufrido 26 suspensiones y están en riesgo los más de $4.000 millones destinados para edificarlo. 

*Una situación semejante presenta la obra de la Institución Educativa “Antonio Brujes”, de Santa Ana (Magdalena) que vale $3.800 millones. 

Alertas en Salud 

En Tibú (Norte de Santander) el Centro de Salud que compartirá con el corregimiento La Gabarra tiene un 68% de ejecución y el contrato, por $5.400 millones, se encuentra suspendido. 

*Los habitantes de La Vega (Cundinamarca) esperan hace tres años su hospital de primer nivel, para cuya construcción fueron destinados cerca de $10.400 millones. Hoy tiene apenas una ejecución del 36% y se encuentra suspendido. 

Alertas sobre obras de Transporte 

*El Puente Limones, sobre la vía La Virginia-Apía-Risaralda, sufre el vencimiento del plazo para la ejecución del proyecto que vale más de $5.200 millones. 

*También está vencido en plazos el proyecto para la construcción de la vía Popayán-Guadalejo, en el departamento del Cauca, por $5,268 millones, iniciado en 2015.