En el INPEC: Permisos sindicales que totalizan 39 mil días en un año, afectaron seguridad carcelaria y remisiones médicas y judiciales de reclusos

En el INPEC: Permisos sindicales que totalizan 39 mil días en un año, afectaron seguridad carcelaria y remisiones médicas y judiciales de reclusos

Comunicado de prensa No 214

  • Esta cifra de permisos sindicales equivale a más de 110 años.
  • Así lo revela la más reciente auditoría que adelantó la Contraloría a esta entidad.
  • El 85% de los permisos sindicales concedidos en 2015, corresponden a personal de custodia y vigilancia.
  • En algunos casos, sindicalistas favorecidos con permisos pertenecen en forma simultánea a varios sindicatos.
  • Deficiencias en la atención de la defensa judicial de la entidad, generan dobles condenas y pagos excesivos de intereses de mora.
  • Resultados de visitas de seguimiento de la CGR a sentencias de la Corte Constitucional por la cuales se declaró estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria, revelan persistencia de las situaciones que motivaron la declaratoria.


Bogotá, 15 de diciembre de 2016.- Permisos sindicales de 39.293 días, equivalentes a más de 110 años, concedió el INPEC en 2015 a personal vinculados a los 76 sindicatos de la entidad, el 85% perteneciente al cuerpo de custodia y vigilancia, una situación que para la Contraloría General de la República afecta significativamente la seguridad de los establecimientos carcelarios.

Esta falta de disponibilidad de funcionarios para cumplir las actividades por las cuales se encuentran vinculados al INPEC, afecta también la integridad de las pocas unidades que deben velar por la seguridad de cientos de internos, señaló también el organismo de control.

Incluso, tal limitación de personal afectó derechos de los internos, debido a la imposibilidad de cumplir remisiones médicas o judiciales, contrariándose de esta forma estándares mínimos esbozados por la Corte Constitucional en sus fallos de Tutela.

Un hallazgo que detectó la Contraloría, es que algunos de estos permisos fueron concedidos con ocasión de fueros sindicales que recaían en una misma persona, por pertenecer ésta a más de una asociación sindical.

La CGR reveló los resultados de la auditoría adelantada a la gestión adelantada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC durante la vigencia fiscal 2015, cuyo examen arrojó el no fenecimiento de su cuenta fiscal para la vigencia evaluada.

La gestión y resultados del instituto tuvieron calificación desfavorable por parte de la Contraloría, que a su vez emitió opinión con salvedades sobre sus estados financieros.

En la auditoría al INPEC se establecieron 33 hallazgos administrativos, de los cuales 6 tienen presunta connotación disciplinaria y motivan el inicio de una indagación preliminar.

Los auditores encontraron que la entidad continúa cancelando salarios a personal con periodos de incapacidad superior a 180 días continuos (8 años en algunos casos), lo que amerita el inicio de actuaciones dirigidas a establecer posibles responsabilidades fiscales.

Deficiente gestión judicial

En lo que respecta a la gestión judicial del INPEC, se logró establecer que un importante porcentaje del total de demandas interpuestas contra la entidad en el departamento del Cauca, fueron lideradas por dos abogadas, y en varios casos evaluados se evidenció el trámite y condena por los mismos hechos, derivado de la interposición simultanea de acciones judiciales por cada una de las profesionales del derecho. Esta situación generó traslado al Consejo Superior de la Judicatura.

Se evidenciaron también situaciones como dobles pagos, falta de información y deficiente programación para la provisión y pago de sentencias, todo ello generado por falta de presupuesto (rubro de sentencias y conciliaciones) y de capacidad instalada de la entidad en el Nivel Central para atender un promedio de 5.400 procesos judiciales, a lo que se suma la atención de procesos administrativos, conciliaciones judiciales y prejudiciales, estudios para acción de repetición, cobros coactivos y pago de sentencias.

Algunos de los casos evaluados arrojaron como resultado periodos hasta de 25 meses entre la radicación de la sentencia para pago y la cancelación efectiva de la misma, generando costos excesivos en el pago de intereses de mora.

Persiste hacinamiento carcelario

La auditoría también abordó el seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, en cuanto a la situación de los internos frente a condiciones de hacinamiento, infraestructura, salud, alimentación, separación de condenados y sindicados, programas resocialización, salubridad, entre otros.

Dicha evaluación fue adelantada en 29 establecimientos por el equipo de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad y por personal de las Gerencias Departamentales de Caldas, Córdoba, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Atlántico, Boyacá, Santander y Bolívar.

Las visitas efectuadas arrojaron como conclusiones la persistencia del hacinamiento carcelario en la mayoría de establecimientos, la imposibilidad de aplicación de la regla del equilibrio decreciente plasmada en la sentencia T-388 de 2013, la ausencia generalizada de instalaciones que permitan la realización de visitas conyugales en condiciones de dignidad, y deficiencia en la provisión de elementos de atención básica en urgencias médicas.

Se verificó igualmente incumplimiento del mandato legal de separar internos sindicados de condenados, limitada oferta de programas de redención de pena, así como deficiente infraestructura para atención en salud intramural y para brindar el servicio de alimentación, entre otras.

El resultado de las visitas que se efectuaron a los establecimientos carcelarios a nivel nacional, será trasladado al Consejo Superior de Política Criminal, al igual que a las instancias decisorias de la Administración y de la propia Corte Constitucional.