Boletines de Prensa - 2019

Hallazgo con presunta incidencia fiscal por $6.036,6 millones encontró la CGR debido a deficiencias en contrato del Aeropuerto “Perales” de Ibagué

Comunicado de Prensa No. 113

 

 

  • El organismo de control evidenció problemas en los sistemas de cámaras de ventilación y red contra incendios que no cumplen con la función para la cual se adquirieron y que llevaron a determinar dicho hallazgo.
  • La CGR identificó deficiencias en la ejecución contractual, supervisión e interventoría para las obras en el terminal aéreo de la capital Tolimense.

 

Tolima, 12 de agosto de 2019.- En una auditoría adelantada por la Contraloría General de la República a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL, encontró deficiencias en la ejecución contractual, supervisión e interventoría en el contrato 14000149-ok de 2014, para la construcción del terminal, torre de control, cuartel de bomberos, urbanismo y vías de acceso del Aeropuerto “Perales” de Ibagué, dejando un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $6.036,6 millones.

Este monto corresponde con lo evidenciado por el organismo de control en los sistemas de cámaras de ventilación mecánica y de red contra incendios que fueron cobrados y pagados ($4.700 millones), y que no tienen funcionalidad y por ende, todos los ítems que comprenden estos sistemas no están adecuados para cumplir la finalidad para la que fueron adquiridos e instalados. Además, se evidenció que se cobraron y pagaron cantidades de obra calculadas en $1.336,5 millones.

La Contraloría encontró que el sistema de CCTV está desconfigurado, por conflictos de red, y necesita una separación de redes e instalación de hilos de fibra óptica, siendo un hecho estructural para dar utilidad a los elementos contratados.

También evidenció que el sistema de ventilación no está funcionando correctamente como se contrató. No tiene un sistema para su manejo y se administra manualmente desde los “chiller”. Encontró también que no es posible graduar la temperatura y cada área requiere personal de mantenimiento del aeropuerto para prender y apagar el aire acondicionado, obedeciendo a dificultades funcionales y no a una situación propia de la operación.

En cuanto a la “Falla red contra incendios”, aunque la entidad aludió que se encontraba consiguiendo elementos para su reparación, para la Contraloría la causa de esa situación obedece a deficiencias en la etapa constructiva, específicamente de la instalación de los elementos.

Audio relacionado

Publicado el 12 août 2019


Contraloría investiga pagos sin justificación de ADRES por $1,4 billones, así como cantidad de multiafiliaciones

 COMUNICADO DE PRENSA No. 112

 

  • Al revisar a la base de datos única de afiliados (BDUA) que maneja la ADRES, la Contraloría encontró varias situaciones irregulares.
  • Por ejemplo, se evidencian más de 60.000 personas presuntamente duplicadas, 7.636 beneficiarios sin cotizantes, 322 personas fallecidas y 4.168 pensionados afiliados, al mismo tiempo, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado.
  • Unas 65.000 personas con capacidad de pago se encuentran en el régimen subsidiado, pero pagan impuesto de renta.
  • La base de datos del BDUA más registros de la Base de los regímenes excepcionales registra 53´212.614 colombianos, mientras el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 arrojó una estimación de 48’ 258.494 habitantes.
  • Ante esta diferencia, la CGR exhortó al Gobierno a tener bases de datos unificadas.

 

 

Bogotá, 12 de agosto de 2019.- La Contraloría General de la República inició indagaciones contra la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES-, la entidad que reemplazó al hoy extinto Fosyga, por posibles menoscabos relacionados con multiafiliaciones en los distintos regímenes de Salud, además de pagos sin justificación por más de un billón cuatrocientos mil pesos.

Al realizar una Actuación Especial a la base de datos única de afiliados (BDUA), que maneja la ADRES, se observó que no existe calidad en la información que suministra la misma, con lo cual se incumple gravemente la normatividad vigente.

En la base de datos se evidenciaron más de 60.000 personas presuntamente duplicadas, otras 60.000 cuyo número de documento no correspondería con la edad, 7.636 beneficiarios sin cotizantes y 322 personas fallecidas, todo lo cual implicaría presuntamente pagos del sistema a personas que no tendrían derecho.

Además de lo anterior, se analizaron las bases de afiliados y pensionados y se encontró lo siguiente: 27.553 afiliados al mismo tiempo a la base del BDUA y a los regímenes excepcionales de salud (de las Fuerzas Militares y Ecopetrol, por ejemplo), y 4.168 pensionados afiliados, al mismo tiempo, tanto en contributivo como en subsidiado.

Estas situaciones evidencian fallas en los mecanismos que tiene la entidad para el manejo de sus bases de datos y puede llevar a mayores costos, al pagar afiliados y pensionados que se encuentran en este momento registrados al mismo tiempo en 2 regímenes.

Personas que pagan impuestos y están afiliadas al régimen subsidiado

Se encontraron, además, 65.000 personas con capacidad de pago que se encuentran en el régimen subsidiado, pero pagan impuesto de renta.

Tampoco se han restituido más de un billón cuatrocientos mil millones de pesos de recursos apropiados sin justa causa, dineros que requiere el sistema para su buen funcionamiento.

En el Censo faltarían 5 millones de personas de acuerdo  con la base de datos de la ADRES

A la Contraloría le genera gran preocupación que la base de datos del BDUA difiera en gran medida con los resultados del Censo 2018, recientemente revelados por el DANE.

De acuerdo con  la BDUA, sumando los que están vinculados a los regímenes excepcionales  seríamos  53´212.614 personas, mientras el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 arroja una estimación preliminar de 48’258.494 habitantes.

Frente a esta diferencia, la Contraloría General de la República exhortó al Gobierno a tener bases de datos unificadas.

6 hallazgos administrativos

Dentro de la Actuación Especial de Fiscalización se establecieron 6 hallazgos de carácter administrativo, que tienen que ver con:

  • Calidad de la información en la Base de Datos Única de Afiliados -BDUA.
  • Multiafiliación entre Regímenes de Excepción y la BDUA.
  • Multiafiliacion Pensionados en la BDUA.
  • Información Sisbén Régimen Subsidiado en BDUA.
  • Gestión documental, carpetas Procesos de Restitución de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa. Ley General de Archivo -Ley 594 de 2000.
  • Afiliados al Régimen Subsidiado Declarantes de Renta.

Audio relacionado

Publicado el 12 août 2019 11:00


Contraloría y Colombia Compra Eficiente unen esfuerzos para generar alertas e identificar riesgos de corrupción en contratación estatal

COMUNICADO DE PRENSA No. 111

  • Las dos entidades suscribieron un Convenio de Cooperación, cuya aplicación permitirá atajar a los contratistas que se saltan las normas, destaca el Contralor Carlos Felipe Córdoba.
  • Uno de los objetivos del Convenio es identificar e implementar posibles interoperabilidades entre el SECOP y las plataformas de control fiscal de la Contraloría General de la República, como la Central de Información Contractual, Océano


 

Bogotá, 9 de agosto de 2019.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, y el director de la Agencia Nacional de Contratación  Pública -Colombia Compra Eficiente, José Andrés O´Meara, suscribieron un Convenio de Cooperación entre las dos entidades que les permitirá, entre otras acciones, articular esfuerzos para desarrollar herramientas de analítica, minería de datos e inteligencia artificial, que darán la posibilidad de generar señales de alerta, identificación de riesgos y prevención de actos de corrupción en el Sistema de Compras y Contratación Pública.

En desarrollo de este convenio, la Contraloría y Colombia Compra Eficiente aunarán esfuerzos técnicos y administrativos, para contribuir con el mejoramiento de la calidad de la información disponible y el desarrollo de plataformas o sistemas de información que faciliten la interoperabilidad de las plataformas del Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP, y las plataformas de control fiscal de la Contraloría General de la República, como es el caso de su Central de Información Contractual, Océano.

 “Este Convenio nos va a permitir un gran trabajo conjunto en la lucha contra la corrupción y en detectar esos contratistas que se saltan las normas y quieren coludirse y realizar contrataciones con múltiples propósitos”, destacó el Contralor Córdoba Larrarte.

“En esa vía -agregó- estamos fortaleciendo el análisis de información, el Sistema de Electrónico de Contratación Pública SECOP II, donde deben estar todas las entidades del Estado contándonos, en línea y en tiempo real, a quién, cómo y dónde están contratando, y para qué”.

El SECOP II es una plataforma transaccional en la cual las entidades estatales pueden hacer todo el Proceso de Contratación en línea. Los Proveedores pueden conocer la demanda de las entidades estatales, obtienen información de los procesos de contratación, presentan ofertas y gestionan sus contratos; los organismos de control hacen la auditoría del Sistema de Compra; y la sociedad civil conoce la forma como las entidades estatales ejecutan el dinero de los contribuyentes para entregar bienes, obras y servicios a las personas.

Actividades que desarrollarán la CGR y Colombia Compra Eficiente

 

Entre las actividades que, en aplicación del Convenio de Cooperación que suscribieron, van a adelantar la Contraloría General de la República y laAgencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, están las siguientes:

  • Determinar los sistemas, las plataformas y las fuentes de información necesarios para hacer seguimiento a la totalidad del proceso de gestión de recursos públicos por parte de las entidades estatales.
  • Identificar las mejores fuentes de información disponibles para la validación y correcta identificación (NIT, nombre, nivel, orden, entre otros) de las entidades estatales y de los proveedores del Estado relacionados en las plataformas del SECOP.
  • Sumar esfuerzos técnicos para consolidar una base de datos maestra de entidades estatales, que permita estandarizar y armonizar las diferentes fuentes de datos públicas con la identificación de la totalidad de esas entidades en todos los niveles y órdenes, con sus datos básicos y ubicación geográfica, entre otros.
  • Elaborar, estructurar y emitir documentos conjuntos que incentiven a las entidades estatales, a los proveedores y a los partícipes del Sistema de Compra Pública a diligenciar con la mayor calidad posible la información solicitada por las plataformas del SECOP en los procesos de compra y contratación pública y promover intercambios de información para implementar medidas preventivas o sancionatorias derivadas de su incumplimiento.
  • Articular esfuerzos técnicos para el desarrollo de herramientas de analítica, minería de datos e inteligencia artificial que permitan generar señales de alerta, identificación de riesgos y prevención de actos de corrupción en el Sistema de Compras y Contratación Pública.
  • Adelantar mesas de trabajo conjuntas con entidades estatales que cuenten con sistemas de información relacionados con los proyectos OCEANO, Centro Integrado de Información, o evoluciones de las plataformas del SECOP, con el objetivo de identificar, planear e implementar sinergias de integración o intercambio de datos, de tal manera que se mejore el servicio público.
  • Identificar e implementar posibles interoperabilidades entre el SECOP y las plataformas de control fiscal de la Contraloría General de la República.

Audio relacionado

Publicado el 09 août 2019 11:00


Pronunciamiento de la Contraloría sobre el laudo arbitral de la Ruta del Sol y la ANI

COMUNICADO DE PRENSA NO 110

 

En principio, la Contraloría General de la República considera que el Laudo Arbitral dictado en el caso de la Concesionaria Ruta Del Sol S.A.S y la Agencia Nacional de Infraestructura se ajusta al parágrafo del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018, recientemente declarado exequible de manera condicionada por la Corte Constitucional, en el sentido de que los reconocimientos a título de restituciones deben estar dirigidos al pago del pasivo externo del proyecto con terceros de buena fe, tal como el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, lo solicitó en audiencia en el Tribunal Constitucional previa demanda presentada por esta entidad.

Efectivamente, los reconocimientos que se realizan en el Laudo Arbitral al Concesionario, corresponden a inversiones ejecutadas por el contratista pero, sumado a ello,  se dirigen a cubrir deudas con terceros de buena fe, tal como lo establecen los artículos 10 y 11 del mencionado Laudo.

La Contraloría General de la República estará atenta a vigilar el correcto cumplimiento de lo ordenado en el Laudo Arbitral, así como la continuación del proyecto que se encuentra en un estado de avance de aproximadamente el 52%, en salvaguarda de los recursos públicos.

Audio relacionado

Publicado el 06 août 2019 18:30


Comisiones de seguimiento a la Ley de Víctimas y Decretos Leyes Étnicos alertan sobre aumento de nuevos hechos de violencia y precisan que se requiere $115,9 billones para reparar a las víctimas

COMUNICADO DE PRENSA No. 109

 

  • Son insuficientes las metas para víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
  • Los recursos de inversión dirigidos a comunidades étnicas disminuyeron y la reparación colectiva no avanza.

 

Bogotá, 6 de agosto de 2019.- La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas alertaron sobre aumento de la violencia asociada al conflicto y a las luchas por el control en los territorios, y precisaron que se requieren más de $115,9 billones para ejecutar la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.

Las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 y los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011, advirtieron sobre el incremento del desplazamiento forzado en el país, tras la firma del Acuerdo Final. Solo en 2018 ocurrieron 130 desplazamientos masivos que afectaron a 32.808 personas correspondientes a 10.225 hogares.

Para las comisiones, estos eventos han desbordado la capacidad de las entidades territoriales y nacionales para la atención inmediata, de emergencia y sostenibilidad de los procesos de retornos y reubicaciones, impidiendo acceder a soluciones duraderas que posibiliten la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

En lo que va de 2019, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo reportó que 15 departamentos y 25 municipios del territorio nacional se encuentran en riesgo de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Las alertas 025 de 2019 y 029 de 2019 anunciaron una posible afectación de 1.672 indígenas y afrodescendientes en el municipio de Litoral de San Juan Chocó, y de 69.000 en Arauquita, Fortul, Saravena y Tame (Arauca).

Las comisiones de seguimiento recomendaron al Gobierno Nacional la realización de un ejercicio de planeación presupuestal que permita avanzar de manera decidida, y en un tiempo razonable, en el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Advirtieron que son insuficientes las acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 para atender esta población de especial protección.

Actualmente, el número de víctimas susceptibles de indemnización es de 6´495.713, y de estas se han indemnizado 821.836, lo que corresponde a tan solo el 12.6%. En el nuevo PND se establece una meta de 1´427.777 víctimas reparadas administrativamente. Lo que significa que habiendo terminado la vigencia de la ley no se alcanzará a indemnizar ni al 20% de víctimas que tienen este derecho.

Para las comisiones de seguimiento, entre 2019 y 2021 se requieren alrededor de $115,9 billones para ejecutar la política pública para la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto. Solo las medidas de indemnización, vivienda, reparación colectiva y atención psicosocial requieren un monto de $66,5 billones.

La reparación colectiva no avanza de manera contundente. De los 669 sujetos reconocidos, solo 140 cuentan con un plan aprobado y únicamente seis han terminado la ejecución de las medidas de reparación. El panorama frente a los sujetos colectivos étnicos es aún más preocupante pues el 70% se encuentran en el primer paso de la ruta y solamente hay 30 casos de planes integrales de reparación colectiva aprobados y en implementación. Adicionalmente el nuevo modelo Operativo de Reparación Colectiva no fue consultado con los pueblos étnicos.

Las comisiones de seguimiento evidenciaron fallas de planeación que inciden en la implementación de la política de atención a víctimas, especialmente en lo que tiene que ver con víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades étnicas, además de inconsistencias en los reportes de información.

Recursos para comunidades étnicas disminuyeron

El informe también advirtió que entre 2018 y 2019 los recursos dirigidos a las comunidades étnicas han disminuido, en el caso de los pueblos indígenas correspondió a un 34%; en un 25% para comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, y en un 43% para el pueblo Rrom, lo que indica un retroceso en las acciones con enfoque diferencial que afecta el seguimiento específico de los recursos.

Balance de la restitución de tierras y derechos territoriales

De la totalidad de solicitudes de restitución (121.462), 64% han sido negadas por la Unidad de Restitución de Tierras, muchas de ellas argumentando razones que no se ajustan a la ley. 

En relación con la sostenibilidad de la restitución, las comisiones observan con preocupación la persistencia de los fenómenos del despojo y el abandono forzado en la zona rural. Específicamente en la región del Pacífico, la Orinoquía y la región Andino-Amazónica, las dinámicas violentas se derivan del fenómeno de la deforestación y posterior desarrollo de actividades destinadas al cultivo de coca, cultivos agrícolas industriales, ganadería extensiva y explotación minera.

Audio relacionado

Publicado el 06 août 2019 12:00