Boletines de Prensa - 2019

Contraloría General revisa ejecución de obra financiada con recursos de regalías por $30.337 millones, en la isla Tierra Bomba (Bolívar)

COMUNICADO DE PRENSA No. 074

 

  • Construcción de las obras de estabilización y recuperación de un sector de la línea de costa de Tierra Bomba acumula una ejecución de 51 meses y no se advierte una posible fecha de terminación.

 

Cartagena, (Bolívar), junio de 2019.- La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, realizó una visita fiscal al Distrito de Cartagena, con el propósito de recaudar información que luego de varios requerimientos aún no se ha remitido al organismo de control.

La información requerida tiene que ver con el Contrato de Obra No. 01-04 de 2015, cuyo objeto es la construcción de las obras de estabilización y recuperación de un sector de la línea de costa de Tierra Bomba, el cual a la fecha supera una inversión de $31 mil millones de recursos de regalías. 

Se trata de un proyecto que entró en vigencia en el año 2015, cuyo período inicial de 18 meses con suspensiones, prórrogas y adiciones en plazo, ahora acumula una ejecución de 51 meses y no se advierte una posible fecha de terminación.

La Contraloría General observó la contratación de varios estudios y diseños realizados por la Universidad de Cartagena de vigencias anteriores que no han podido implementarse.

Dentro del proyecto, además, se han realizado otras contrataciones con recursos propios y con el mismo contratista Rahs Ingenieria S.A.S.,

para la Prevención del fenómeno de erosión en la Isla de Tierra Bomba por vía de urgencia manifiesta, la cual supera los $2.000 millones.

Esta obra beneficiaría a una población de 6.663 personas, algunas de las cuales han manifestado ante la CGR su inconformidad con el avance, valores invertidos y toda la ejecución de la obra, que dejan claro los pocos o nulos beneficios recibidos con la cuantiosa contratación.

A la fecha, el proyecto presenta una ejecución física del 25% y un avance financiero del 58%, según el aplicativo Gesproy del DNP. No ha habido información oficial al respecto por parte del Distrito.

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Publicado el 05 juin 2019 18:00


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Por irregularidades en ejecución de Fase III de Transmilenio:

Contraloría imputó responsabilidad fiscal por $3.931 millones contra exdirectora del IDU, Liliana Pardo

 COMUNICADO DE PRENSA No. 073

 

 

  • También fue imputada, por el mismo valor, la entonces Directora Técnica de Construcciones del IDU, Carmen Elena Lopera.
  • La imputación está relacionada con la contratación y pago de estudios y diseños, que reemplazaron los que inicialmente se tenían.
  • También se imputó responsabilidad fiscal, por $734 millones, al sucesor de Liliana Pardo Gaona en la dirección del IDU, Néstor Eugenio Ramírez, por no descontar en un acta de liquidación estudios y diseños que había sido declarados inviables.

 

Bogotá, 5 de junio de 2019.- La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por $3.931 millones de pesos, en forma solidaria, en contra de la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, Liliana Pardo Gaona, y la entonces Directora Técnica de Construcciones de esta misma entidad, Carmen Elena Lopera Fiesco, por irregularidades en la ejecución del proyecto Fase III de Transmilenio en la carrera 10 y la calle 26.

Durante la administración de la exdirectora Liliana Pardo se contrataron y pagaron nuevos estudios y diseños a través de los contratos de obra números 136 y 138 de 2007, después que los diseños iniciales fueron declarados inviables por presentar riesgos de inestabilidad para las obras correspondientes al puente vehicular de la carrera 13 por calle 26, puente vehicular de la carrera 10 por calle 26, puente vehicular de la carrera 7 por calle 26, e intercambiador de la carrera 3 por calle 26.

Un segundo motivo de imputación contra Liliana Pardo y su directora de Construcciones, Carmen Elena Lopera, es que los estudios y diseños iniciales de la calle 26, que fueron entregados por los consultores del contrato 133 de 2005, contaban con la aprobación y viabilidad técnica para su construcción, pero fueron objeto de actualizaciones y rediseños, como consecuencia de deficiencias en la planeación del proyecto.

Entre estas deficiencias están la falta de adquisición predios, la decisión de incluir buses biarticulados y la atemporalidad de las obras de drenaje de otro contratista de la fase III en el tramo de la calle 26, que llevó a rediseñar los productos correspondientes a la oreja suroccidental del puente vehicular Av. Ciudad de Cali con Avenida El Dorado y el puente Estación Modelia, así como actualizar los diseños del patio garaje.

También se imputó responsabilidad fiscal, por más de $734 millones, al exdirector del IDU, Néstor Eugenio Ramírez Cardona, por no descontar en el acta de liquidación del contrato de consultoría 129 de 2005 los estudios y diseños que fueron declarados inviables por presuntos riesgos de inestabilidad para las obras.

Descargos

Conforme lo dispone la Ley 610 de 2000, los exdirectores del IDU Liliana Pardo Gaona y Néstor Eugenio Ramírez Cardona, y la entonces la Directora Técnica de Construcciones del instituto, Carmen Elena Lopera Fiesco, cuentan con un término de 10 días para presentar los descargos contra las imputaciones formuladas y podrán aportar o solicitar la práctica de pruebas.

Vencido el término de traslado y practicadas las pruebas pertinentes, el funcionario de conocimiento proferirá Fallo con Responsabilidad Fiscal o sin Responsabilidad Fiscal, según fuere el caso.

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Publicado el 05 juin 2019 14:00


Luego de una mesa de trabajo ciudadana:

Contraloría facilita reinicio de construcción del Hospital de Gramalote y puente El Salado

COMUNICADO DE PRENSA No. 072

 

  • El Fondo Adaptación fijó con el interventor una nueva prórroga al contratista para la construcción del Hospital San Vicente de Paul, y se acordó ampliar el plazo de entrega en 2,5 meses, con lo que se espera que el 17 de agosto de 2019 esté a disponibilidad de los habitantes del nuevo casco urbano de Gramalote.
  • En el caso del Puente El Salado de la vía Tramo 2, la firma Ingeniería de Vías SAS, fijó fecha tentativa de culminación de las obras y la realización de las pruebas de carga y de entrega para mediados de junio.

 

Cúcuta, 31 de mayo de 2019.- Una mesa ciudadana convocada por la Contraloría General de la República logró facilitar el reinicio de dos obras fundamentales para el nuevo Gramalote: el puente El Salado, que permite comunicar con el municipio de Lourdes, y el Hospital San Vicente de Paul, que posibilitará la atención médica de urgencias y especializada de sus 4.000 pobladores.

La actividad, promovida directamente por la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y la Gerencia Departamental de la CGR en Norte de Santander, contó con la participación del alcalde del Municipio, Tarcisio Celis, contratistas, concejales, funcionarios del Hospital Regional Centro -Gramalote y veedores ciudadanos que acompañan la auditoría articulada que realiza el organismo de control a este macro proyecto del Fondo Adaptación.

Además del reinició de las obras citadas, se dio la entrega de un vehículo de atención básica medicalizada que facilitará las labores médicas y asistenciales en horas nocturnas y se concretó el arreglo de algunas fallas hidráulicas en el Centro de Desarrollo Infantil del municipio.

Vía Tramo 2 – Puente El Salado

En el encuentro, el ingeniero Andrés Zapata de la firma Ingeniería de Vías SAS, contratista del desarrollo vía Tramo 2 – Puente El Salado, reconoció problemas con los pagos a proveedores y trabajadores, la falta de acero y fallas en una de las vigas de la estructura, lo que retrasó la entrega de la interconexión.

Ante la problemática, Zapata, se comprometió con la ciudadanía y la CGR a reiniciar las labores de construcción del Puente El Salado, lo que se hizo desde el 13 de mayo, solucionando así los impases y fijando fecha tentativa de culminación y realización de las pruebas de carga que permitan la apertura de paso vehicular para mediados del mes de junio.

Hospital San Vicente de Paul de Gramalote

El Fondo Adaptación informó a la CGR que se generaron algunos impases en el desarrollo de la obra por falta de pagos oportunos al contratista, trámite que gestionó la entidad ante la Fiducia y la Interventoría, logrando así solucionar la parálisis de la obra.

Sin embargo, en visita de acompañamiento a la veeduría ciudadana realizada al Hospital no se advierte la cantidad de trabajadores necesarios para poder agilizar la finalización de la obra.

Por otro lado, el Fondo Adaptación fijó con el interventor, las condiciones de la nueva prórroga al contratista, para lo cual se acordó ampliar el plazo de entrega en 2,5 meses, con lo que se espera la entrega para el 17 de agosto de 2019.

Respecto a los compromisos pactados con la comunidad, el Fondo Adaptación aseguró que efectivamente se cuenta con el área requerida de 1000 metros para el funcionamiento administrativo del centro asistencial, la cual estaría a nombre del Municipio y quedando ahora su construcción bajo la responsabilidad financiera de la Gobernación.

Gramalote ya cuenta con Ambulancia

Ante el constante incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de las autoridades de salud con la comunidad de Gramalote, en los cuales se había establecido instalar de manera permanente una ambulancia nocturna junto al Centro Administrativo Municipal, que permitiera las labores médicas y asistenciales cuando el dispensario de salud básica no presta sus servicios, la CGR en la mesa ciudadana instó nuevamente al Hospital Regional Centro, para que cumpliera lo pactado con la ciudadanía gramalotera.

La Empresa Social del Estado se hizo presente en el municipio de Gramalote con este vehículo de transporte de atención básica que, con un conductor y un auxiliar de enfermería, prestará los servicios asistenciales para el traslado primario de personas que los soliciten.

Arreglo de fallas hidráulicas en el Centro de Desarrollo Infantil

Con la comisión de la Contraloría General de la República, se realizó visita al Centro de Desarrollo Infantil del Municipio, donde la comunidad educativa del plantel denunció una falla hidráulica, la cual generaba que se vinieran presentando goteras en el área de manipulación y preparación de alimentos de los menores, por lo que se estableció comunicación con la Gerencia del Macroproyecto que, ante el compromiso ciudadano, realizó la reparación.

Seguimiento a lo pactado

La Gerencia Departamental de la CGR en Norte de Santander adelantará el seguimiento respectivo a lo pactado con el equipo de auditores y funcionarios de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y, adicionalmente, realizará una mesa de trabajo informativa en el marco de la auditoría articulada en marcha.

 

La Contraloría realizó un llamado a todas las instituciones del Estado colombiano para prestar la atención debida a la ciudadanía de Gramalote, teniendo en cuenta la importancia nacional que ha representado el reasentamiento del municipio.

 

Según información de la alcaldía municipal, a la fecha se ha trasladado un 60% de sus habitantes originarios (6.000 habitantes aproximadamente), lo que compromete a cada una de las instituciones intervinientes en el proceso a aunar todos los esfuerzos posibles y a buscar, en los diferentes frentes de trabajo, la terminación definitiva de esta obra, en fecha que se dará a conocer la próxima semana.

 

Asistentes a la mesa ciudadana

José Tarsicio Celis, alcalde del Municipio
Nelson Sánchez, presidente del Concejo de Gramalote

 

Concejales:

Eucario Gutiérrez

Myriam Fuentes

Sildana Medina.

 

Veedores ciudadanos:

Pedro Romero

José Humberto Martínez

Jimmy Wilson Gómez

 

Representante comerciantes plaza de mercado Gramalote

Yamile Wualteros Archila

 

Y funcionarios de la Contraloría General de la República

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Publicado el 31 mai 2019 14:00


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Contrato cuestionado se firmó en administración del exgobernador Alan Jara:

Contraloría encontró más de $13 mil millones en irregularidades con recursos de regalías, en 10 proyectos de vivienda rural indígena en el Meta

COMUNICADO DE PRENSA No. 071

 

  • La CGR detectó uso indebido y mala inversión de un anticipo de obra y otros pagos, por $13.885 millones.
  • Las 517 viviendas que se iban construir no fueron terminadas y lo poco que se ha edificado presenta defectos constructivos y de tipo estructural, y no tiene condiciones básicas de habitabilidad.
  • En algunos proyectos se encontraron bases, en otros solo hay excavaciones y donde hay levantamiento de muros no se cumplen las especificaciones técnicas de sismoresistencia.
  • Ninguno de los 10 proyectos de vivienda se entregó y están en completo abandono.
  • La Contraloría determinó como irregularidad la no amortización del anticipo del 50 por ciento que se hizo al contratista, la  Unión Temporal (UT) Vivienda de Interés Prioritario Indígena del Meta.
  • Se evidencian fallas en  la supervisión e interventoría del proyecto.

 

Bogotá, 28 de mayo de 2019.- Un contrato por $21 mil millones de pesos para construir 517 viviendas rurales para población indígena del departamento del Meta, suscrito por la Secretaría de Vivienda de la administración del entonces Gobernador Alan Jara, generó un hallazgo fiscal por $13.885 millones, las viviendas no fueron terminadas y las pocas que alcanzaron a ser construidas presentan graves deficiencias estructurales.

El 19 de octubre de 2015 la Gobernación del Departamento del Meta suscribió a través del Secretario de Vivienda para la época, Luis Alberto Rodríguez Medina, el contrato de obra N° 1470 de 2015, el cual fue ejecutado en su totalidad con recursos del Sistema General de Regalías por $21.030.958.345,72 con la Unión Temporal (UT) Vivienda de Interés Prioritario Indígena del Meta, representada legalmente, en su momento, por el señor Néstor William Bravo Bermúdez.

El objeto era la CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO PARA COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL META. La ejecución del proyecto tenía una plazo de 10 meses y hoy se completan 3 años y 5 meses sin que la obra tenga ningún avance significativo.

A 31 de julio de 2018 el contrato había evidenciado 6 prorrogas y una adición de $2.213 millones.

Llama la atención que del valor inicial del contrato ($21.030 millones) y a escaso un mes de terminar la administración del exgobernador Alan Jara, se giró el 50% de este valor a título de anticipo, es decir la suma de $10.515 millones de pesos.

Viviendas inconclusas, con defectos estructurales y no habitables

Esta Actuación Especial de la CGR fue adelantada por la recién creada Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, que en los meses de marzo, abril y mayo hizo visita técnica al total de las viviendas, ubicadas en zona rural de los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López, La Uribe y Mesetas (Meta).

La visita técnica de la Contraloría se hizo casa por casa, en zonas veredales del Meta, evidenciando que no fueron terminadas y lo poco que se ha construido no cumple con las especificaciones técnicas contratadas, ni con las normas de sismoresistencia vigentes, tienen daños de tipo estructural, no tienen condiciones básicas de habitabilidad, además que las obras fueron abandonadas por el contratista en el 2018.

Varias etnias indígenas han resultado afectadas por la no terminación de este proyecto: Sikuani, Achagua, Piapoco, Embera-Katio, Los Páez y Nasa, entre otras.

Las inconsistencias fiscales detectadas en esta Actuación Especial se trasladarán en lo disciplinario a la Procuraduría y en lo penal a la Fiscalía. Y, por su parte, la Contraloría General de la República adelantará con carácter urgente el respectivo proceso de responsabilidad fiscal.

No era dinero del contratista, sino de la Gobernación del Meta

Ante la evidencia de estructuras sin finalizar y con defectos constructivos, obras ejecutadas de manera incompleta, muros sin confinamientos, hierros expuestos, tuberías abandonadas y cristalizadas, inestabilidad estructural por elementos sin amarres, fisuras y grietas, es claro que el proyecto contratado no cumplía su finalidad y sí se generó un daño patrimonial por la no amortización o inversión del anticipo de $10.515 millones y del resto de pagos efectuados por cerca de $3.370 millones.

La Contraloría señaló también que el anticipo girado al contratista es un recurso público, que se entregó en este caso a la Unión Temporal Vivienda de Interés Prioritario Indígena del Meta, a título de financiación o préstamo, para que lo destinara a los costos del contrato. No era un dinero del contratista sino de la Gobernación del Meta, para ser invertido y amortizado en cada pago parcial o definitivo del contrato.

Para la Contraloría, la Secretaría de Vivienda del Meta no cumplió con sus obligaciones de supervisión al contrato, así como también fue ineficiente la interventoría externa, a cargo del Consorcio Awaliba, cuyo representante legal en ese momento era el señor Iván Mauricio Aroca Cáceres.

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Publicado el 29 mai 2019 09:00


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Contraloría recupera $3.110 millones de condena fiscal a la ARL Sura en Antioquia

COMUNICADO DE PRENSA No. 070

 

Medellín, 27 de mayo de 2019.- La Contraloría General de la República, por medio de su Gerencia Departamental de Antioquia, recuperó más de $3.110 millones de pesos por los que había sido encontrada responsable fiscal la Administradora de Riesgos Laborales ARLSURA, por extralimitación en erogación de beneficios a usuarios y por pagos sin las debidas evidencias documentales.

El órgano de control encontró responsable fiscal a la compañía en dos procesos (los números 757 y 814 de 2017), por mal manejo de recursos de sus afiliados.

Como resultado final de esta actuación, la Contraloría General de la República, verificó que ya se hizo efectivo el retorno de más de $3.110 millones, los cuales se encuentran en la Dirección Nacional de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda.

Los hechos

La Contraloría evidenció que, con recursos de las cotizaciones, la ARL SURA le pagó más de $1.710 millones a la empresa Gestión Integral de Riesgo Ltda., por servicios prestados a la compañía SICIM de Colombia, tareas que debían ser financiadas por la misma en su calidad de empleador.

Del mismo modo, ni la empresa prestadora del servicio, ni la administradora de riesgo, presentaron el contrato o evidencias documentales de lo adquirido, las cuales eran necesarias para soportar órdenes de compra y facturas pagadas según procedimiento estipulado por la ARL.

Por este hecho la Contraloría General determinó que se generó un presunto detrimento patrimonial al Estado de más de $1.710 millones.

De otro lado, el organismo de control juntó en este mismo proceso de responsabilidad fiscal un segundo antecedente, por tratarse de temas conexos.

Los hechos tuvieron que ver con el pago de estudios de formación especializada por un valor de $768 millones, que fueron autorizados en el marco de “actividades de promoción y prevención de los riesgos ocupacionales” los cuales, en caso de haberse necesitado, debían ser asumidos por el empleador.

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Publicado el 27 mai 2019 12:30