Boletines de Prensa - 2020

Contraloría General impulsa acuerdos para culminar 9 obras de infraestructura educativa en Barranquilla, que presentan retrasos

COMUNICADO DE PRENSA No. 008

 

Barranquilla, 16 de enero de 2020.- La Contraloría General de la República realizó ayer una Mesa de Seguimiento a las obras de infraestructura educativa del Distrito de Barranquilla que actualmente presentan retrasos.

Este proyecto forma parte de la Estrategia de Control Fiscal Participativo “Compromiso Colombia”, con la cual la CGR busca convocar, con la ciudadanía, a los diferentes actores involucrados en el desarrollo de los proyectos que presentan diferentes problemáticas y generar acuerdos que permitan sacarlos adelante.

Las obras de 9 Instituciones educativas, financiadas por el Fondo de Financiación de Construcción de Infraestructura Educativa -FFIE del Ministerio de Educación Nacional, presentan retrasos por la falta de la licencia de construcción y de los recursos que debe aportar el Distrito de Barranquilla para su ejecución.

Estas obras corresponden a los contratos marco celebrados en virtud de las invitaciones abiertas No. FFIE 003-2015 y No. FFIE 004-2016”.

En el caso puntual de Barranquilla, se contempla la construcción de infraestructura en las siguientes instituciones educativas: La Unión, La Distrital José Martí, el Colegio de Barranquilla-CODEBA-, La Distrital Despertar del Sur, IED Denis Herrera de Villa, La Distrital Isaac Newton, Evardo Turizo, Institución Von Humboldt y Calixto Álvarez. 

 

Compromisos para culminar las obras

Durante el evento la Secretaria Distrital de Educación, Bibiana Rincón Duque, anunció los avances de las obras y se asumieron nuevos compromisos para que culminen sin retrasos.

A la Mesa de Seguimiento asistieron los rectores de las instituciones educativas, funcionarios del FFIE, contralores y personeros estudiantiles, asociaciones de padres de familia, consejo de padres de familia y asociaciones de alumnos.

Publicado el 16 janv. 2020


Contraloría General encuentra que rezago en el Transmilenio por la Carrera Séptima está generando sobrecostos

COMUNICADO DE PRENSA No. 007

  • Auditoría de Cumplimiento detecta que la inversión de más de $287.000 millones destinados para la compra de inmuebles, no ha sido utilizada oportunamente.
  • El IDU queda sujeto a Plan de Mejoramiento para corregir falencias encontradas por la CGR.

 

Bogotá, 15 de enero de 2020.- El proyecto para la construcción y adecuación de la carrera séptima de Bogotá al sistema Transmilenio no ha resultado de acuerdo  a las previsiones iniciales y su rezago amenaza con generar mayores costos administrativos y fiscales.

Esa es una de las principales conclusiones de la Auditoría de Cumplimiento a la etapa precontractual del proyecto, realizada por la Contraloría General de la República, a través de su Delegada para la Infraestructura Física.

El ejercicio produjo 13 hallazgos administrativos, 4 con presunto alcance fiscal en cuantía de $448  millones, 3 con mérito para indagación preliminar y 9 con presunta incidencia disciplinaria.

Quedó establecido que el proyecto en su fase de planeacion, estructuracion,  gestión y compra de predios no se ha ejecutado conforme a lo inicialmente previsto.

Los $287.957 millones invertidos en la compra de predios no han resultado eficaces, ya que al no haber sido utilizados oportunamente se está generando  una carga administrativa y económica en el cuidado, custodia y mantenimiento de los inmuebles ya adquiridos.

Durante el proceso de auditoría fueron identificados seis predios para los cuales ya se habían suscrito promesa de compraventa y habían sido realizado pagos parciales por $1.870 millones. Sin embargo, hasta diciembre último no había concluido el proceso de escrituración y registros de la propiedad.

En el contrato 1073 de consultoría y 1104 de 2016, de interventoría, fue determinada la existencia de un presunto daño fiscal en cuantía de $219 millones y $61 millones, respectivamente, ocasionado por mayores valores pagados por el reconocimiento de ajustes.

 

Otras situaciones

Otro de los casos que arroja un posible detrimento por $78 millones se habría producido al no haber sido realizadas ocho de las once reuniones de finalización, debido a deficiencias en la ejecución del contrato.

Igualmente, hay evidencia de un daño patrimonial al Estado por $89 millones ocasionado por pagos al especialista en redes hidrosanitarias.

Fueron advertidos también problemas en el manejo de la información financiera: a juicio de los auditores, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) presenta en los estados financieros a diciembre 31 de 2018 los registros, clasificación y revelaciones de ejecución de los contratos 1073 y 1104 de 2016, de consultoría y auditoría por $10.249.8 millones en la cuenta 1810 de Bienes de Uso Público en Servicio. De acuerdo con las resoluciones que rigen este aspecto de la operación, deberían estar en una cuenta diferente, hecho que podría generar sesgos en la información financiera.

A eso se suma el hecho de que el IDU prorrateó la ejecución del valor de esos contratos en Troncales diferentes a la Troncal Carrera Séptima donde fueron ejecutados otros recursos.

A partir del pasado 6 de diciembre, el IDU quedó comprometido a desarrollar un Plan de Mejoramiento para corregir las falencias indicadas en el informe de auditoría.

Publicado el 15 janv. 2020


Contraloría descubrió "mega irregularidades" en conectividad escolar: hallazgos fiscales por $55.195 millones en 6 departamentos

COMUNICADO DE PRENSA No. 006

 

  • El 80 por ciento de los hallazgos corresponde a una sola empresa, FUNTICS.
  • Una Actuación Especial de Especialización de la Contraloría sobre contratación del servicio de conectividad en Instituciones Educativas, con recursos de regalías, permitió detectar lo que podría ser el principio de un “mega escándalo”.
  • Los hallazgos fiscales tienen que ver con pagos por servicios no prestados ($10.949 millones); pagos por servicio de conectividad en períodos de receso académico ($9.405 millones); y doble conectividad, o sea casos en que las instituciones educativas ya tenían internet y las Gobernaciones lo contrataron ($9.294 millones).
  • También hay hallazgos por deficiencias en los contratos de interventoría ($6.535 millones), intermediación innecesaria ($2.030 millones) y sobrecostos ($1.664 millones).
  • Se dejaron de entregar 50.223 megas en 3 departamentos, cantidad con la que se hubiera podido atender el servicio de conectividad de 5 mil escuelas.
  • En un solo contrato los sobrecostos del valor del mega comprado llegaron a $1.664 millones. El precio que le cobraba el contratista a la Gobernación era un 65% superior frente a lo que este les pagó a sus operadores.
  • La Contraloría realizó unas valoraciones sobre contratación de software en dos casos y encontró lo que se puede llamar “Elefantes Blancos Virtuales”, o sea casos donde se pagó por un software que nunca se utilizó.
  • En 2 proyectos, uno en Nariño y otro en Santander, hay clara evidencia de “Elefantes Blancos Virtuales” por un total de $15.315 millones. pública 

 

 

Bogotá, 14 de enero de 2020.- Con hallazgos fiscales por $55.195 millones de pesos concluyó una Actuación Especial de Fiscalización de la Contraloría General de la República sobre la conectividad en las Instituciones Educativas de 6 departamentos del país (La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander y Santander), así como el municipio de Acacías (Meta) y la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (EMTEL).

Adicionalmente, se envió a indagación preliminar lo relacionado con 3 contratos, desarrollados en los departamentos de Magdalena y Norte de Santander, donde se evidencian presuntas situaciones irregulares hasta por un valor de $11 mil millones.

“Nos preocupa lo que podamos llegar a encontrar en el resto de departamentos, si en una muestra tan pequeña detectamos situaciones tan delicadas”, expresó uno de los investigadores que adelantó esta Actuación Especial.

El objeto de la Actuación Especial fue mirar cómo se había contratado el servicio de conectividad, es decir el internet que se adquirió en las Instituciones Educativas de estos departamentos, para lo cual se analizó una muestra de $157.745 millones de pesos, 12 proyectos y 25 contratos (aproximadamente por cada proyecto se auditaron 2 contratos).

Es importante destacar que, de los 25 contratos auditados, el 80% corresponde a una sola empresa (FUNTICS), según se pudo determinar a través de la plataforma Oceáno de la CGR. Aquí se configura un caso claro de una malla empresarial, dada que la firma citada hace presencia en 16 departamentos.

El total de hallazgos fiscales encontrados equivale al 35% de la muestra auditada.

 

7 “Mega Hallazgos”

En general, se manejaron en esta Actuación Especial 7 modelos de hallazgos relacionados con el tema de conectividad:

 

Pagos por períodos de inactividad económica

  • El primero fue el de pagos por períodos de inactividad académica, es decir que las Gobernaciones pagaron por servicios de internet en períodos donde los estudiantes estaban en vacaciones (junio-julio y diciembre-enero). En este caso, se determinaron hallazgos fiscales por $9.405 millones.

Se pagaron 599 días de conectividad, que realmente nunca se prestaron. Los servicios se adquirieron sabiendo que los mismos no se podían prestar para esa época.

Un caso donde se dio esta situación fue en Norte de Santander. En el contrato 1423 de 2018, por 4 años, hubo 260 días de inactividad académica, donde se pagó el servicio de conectividad. En promedio, por año se prestó tal servicio durante 65 día en recesos académicos, cuando esto no se debía hacer. Se llegaron a pagar $3.878 millones.

 

Doble conectividad

  • Un segundo modelo de hallazgo es de la doble conectividad, es decir que las instituciones educativas contaban con un servicio de internet, que había sido suministrado por el Ministerio de Educación Nacional o por el Ministerio de las TIC, a través de algunas sus iniciativas. Ese servicio es gratuito y de buena calidad, y sin embargo las Gobernaciones contrataron una nueva instalación, generando un posible detrimento patrimonial por $9.294 millones.

La Contraloría encontró que hubo 822 Instituciones Educativas que tenían al menos un proyecto de conectividad con el Ministerio de Educación o con el MINTIC.

Un ejemplo palpable de esta situación se encuentra en Santander, en el contrato 1335 de 2017, donde se iban a beneficiar 320 Instituciones Educativas con el servicio de conectividad, de las cuales en 114 hubo traslape, o sea ya se tenía el servicio contratado.

 

Pago por servicio no prestado

 

  • También se dieron hallazgos por pagos de servicios no prestados: la Contraloría verificó quiénes fueron los proveedores de los contratistas, o sea a qué operadores de telecomunicaciones les compraron su servicio de conectividad.

Se determinó cuánto compraron y a cómo, lo que permitió concluir que no se entregaron la totalidad de los megas que tenían que entregar, situación que le costó al Sistema General de Regalías alrededor de $10.949 millones.

Se dejaron de entregar 50.223 megas en 3 departamentos, cantidad con la que se hubiera podido atender el servicio de conectividad de 5 mil escuelas.

En el departamento de Magdalena, por ejemplo, en el contrato 1929 de 2015, se contrataron 34.560 megas y se dejaron de entregar 17.576, o sea un poco más de la mitad, lo que le costó al Sistema General de Regalías unos $2.321 millones.

 

Sobrecostos

  • Se encontraron igualmente sobrecostos. En un solo contrato los sobrecostos del valor del mega comprado llegaron a $ 1.664 millones. El precio que le cobraba el contratista a la Gobernación era un 65% superior frente a lo que este les pagaba a sus operadores.

Por decir un ejemplo, mientras los operadores (Azteca Columbus y Ufinet) le vendieron al contratista Funtics el mega a $113.700, éste a su vez lo vendió a la Gobernación de la Guajira a $321.685, o sea valor superior en un 65 por ciento (contrato 009 de 2016).

 

Intermediación innecesaria

  • También hubo un hallazgo fiscal por $2.030 millones, por intermediación innecesaria. La Gobernación adquirió un servicio de conectividad con un contratista, que a su vez lo subcontrató con quien finalmente lo prestó.

 

Fallas en interventoría

Para la Contraloría, los hallazgos antes relacionados denotan una falta absoluta de idoneidad y de control en los procesos de interventoría de los contratos. En interventoría se encontraron hallazgos fiscales por $6.535 millones.

 

Continuo desuso de software (“elefantes blancos” virtuales)

Finalmente, la Contraloría realizó unas valoraciones sobre contratación de software en dos casos y se encontró lo que se puede llamar “Elefantes Blanco Virtuales”, o sea casos donde se pagó por un software que nunca se izó.

Esto se determinó en 2 proyectos, uno en Nariño y uno en Santander, donde hay clara evidencia de “Elefantes Blancos Virtuales” por $15.315 millones.

En ambos casos, se contrató software para prestar capacitaciones a estudiantes y educadores y se pudo establecer que los mismos ingresaron una vez a los contenidos de las plataformas y nunca lo volvieron a hacer.

“Esto es tanto como decir que construimos un colegio, lo dotamos, le ponemos toda la infraestructura para que funcione y los estudiantes solo entraron una vez y se fueron”, indicó el Contralor Delegado Sectorial de Regalías que tuvo a su cargo esta Actuación Especial de Fiscalización, Iván Sánchez Arango.

En el departamento de Nariño, en el convenio GN1737 de 2013 se presentaron 3 hechos: la plataforma tecnológica nunca se implantó en los colegios beneficiarios del proyecto; ninguna de las 750 Instituciones Educativas tuvo conectividad a internet, para acceder a la plataforma; y, por si fuera, la plataforma fue hackeada perdiéndose toda la información contenida allí. Tales situaciones generaron un presunto detrimento patrimonial por $8.433 millones.

 

Un trabajo dispendioso

Para realizar esta Actuación Especial de Fiscalización, la Contraloría verificó la conectividad de 3 mil instituciones educativas, se hicieron cruces de bases de datos con los ministerios de Educación y de las TICS y se verificaron facturas de operadores de telecomunicaciones (cruzadas con información remitida por algunos de estos, que colaboraron con la investigación).

 

Vienen más hallazgos

En materia de conectividad y software, la Contraloría Delegada de Regalías para TICS auditará este año más de $100 mil millones de pesos, de los cuales un porcentaje importante corresponde a la empresa FUNTICS.

Publicado el 14 janv. 2020


Auditoría al Fondo de Prestaciones del Magisterio: Se celebró contrato con empresa que al parecer presentó documentación falsa

COMUNICADO DE PRENSA No. 005

  • Hallazgos por $2.450 millones de pesos
  • La empresa Gerizim Salud y Seguridad en el Trabajo, habría presentado documentos falsos para demostrar capacidad financiera
  • Se habrían violado los principios de la contratación pública

 

Bogotá, 13 de enero de 2020.- El Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio -FOMAG- contrató servicios con una empresa que no cumplía con los requisitos financieros que le daban la capacidad para poder ejecutar dicho contrato. Así lo determinó una auditoría realizada por la Contraloría General de la Republica con la cual se configuró un hallazgo por $2.450 millones de pesos.

Los hechos dan cuenta que los estados financieros a 31 de diciembre de 2018, reportados por la empresa adjudicataria de la invitación publica 002-2019, no concuerdan con la declaración de impuestos de renta de personas jurídicas ante la DIAN, ni con los estados financieros registrados en la Cámara de Comercio.

En la información suministrada por Gerizim Salud y Seguridad en el Trabajo para participar en la invitación publica 002-2019, se observa un presunto aumento fraudulento en el capital de trabajo por $1.200 millones, lo que impactó sus estados financieros para acceder a la contratación; este hecho fue evidenciado, previa a la adjudicación del contrato, ante las directivas del FOMAG, sin que se hubieran adoptado los correctivos del caso.

Con este aumento de capital, la empresa en cuestión pudo habilitarse y ser adjudicataria del Contrato ofertado por el FOMAG, sin el cual no habría podido cumplir con el Capital de Trabajo Mínimo que exigía el Fondo.

Esta actuación del FOMAG podría ir en contra de los principios de la contratación estatal, al adjudicarle un contrato a una empresa violando uno de los requisitos esenciales de la contratación y es que cumpla con las reglas determinadas para la selección objetiva, como lo es la capacidad financiera para la ejecución del contrato. 

Ante las evidencias la Contraloría también hará traslado a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General para lo de su competencia.

Publicado el 13 janv. 2020


C.G.R. emite concepto de incumplimiento en manejo de recursos para seguridad

COMUNICADO DE PRENSA No. 004

 

  • Estados financieros de la Policía Nacional no reflejan manejo dado a bines y servicios recibidos de parte de los Fondos de Convivencia y Seguridad Ciudadana por más de $70.000 millones.
  • Auditoría arroja 34 hallazgos administrativos, quince de ellos con posible incidencia disciplinaria.

 

Bogotá, 10 de enero de 2020. No existe certeza contable y financiera sobre el manejo de bienes y servicios por valor de $73.312.888.560 entregados por los Fondos de Convivencia y Seguridad Ciudadana (FONSET) a diez departamentos y divisiones metropolitanas de la Policía Nacional.

Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, que concluyó con 33 hallazgos administrativos, comprobó que los recursos no fueron reconocidos ni revelados en los estados financieros de Policía Nacional, durante el lapso comprendido entre el primero de enero de 2017 y el 30 de diciembre de 2018.

Por esa razón el órgano de control emitió un concepto de incumplimiento material con reserva y llamó la atención sobre un posible desconocimiento de la normatividad que rige para el manejo de los recursos de los FONSET y del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON)

Los  bienes fungibles y servicios sobre los cuales no hay registro contable ni financiero fueron asignados en su momento a las Metropolitanas y Departamentos de Policía de Bogotá, Cali, Valle de Aburra, Cúcuta, Atlántico, Meta, Boyacá, Arauca, Choco y Magdalena.

 “Todos esto obedece a la falta de registro contable de los bienes y servicios, la incorporación en los sistemas de información de bienes y servicios y a las deficiencias en las entradas y salidas de almacén”, observa el informe de auditoría.

Adicionalmente, cuestiona las debilidades en la aplicación del principio de coordinación entre la Policía Nacional y los entes territoriales, por cuanto los servicios recibidos en las vigencias evaluadas no cuentan con los actos administrativos, actas de entrega y recibo, el registro y trámite de contratos de transferencia del dominio y mejoras a bienes inmuebles y mantenimientos en las instalaciones policiales.

De los 34 hallazgos administrativos, quince tienen presunta incidencia disciplinaria. De ellos de los cuales once son competencia de la Policía Nacional y cuatro ameritaron el traslado a las entidades territoriales. Otros cuatro presentan presunta incidencia fiscal por valor de $41.774.440.Adicionalmente, siete son Beneficios de Auditoría en cuantía de $444.287.490, y diez otras incidencias, cuyo conocimiento es competencia de las contralorías territoriales.


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