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caracol.com.co: Conalvías dice que no pretende evadir fallo fiscal de la Contraloría

La firma se refirió a los comentarios del contralor general, Edgardo Maya, quien aseguró que Conalvías busca que no se haga efectiva la inhabilidad que tiene para contratar con el Estado.

Conalvías respondió al pronunciamiento del Contralor General, Edgardo Maya, quien aseguró que la empresa pretendía que no se hiciera efectiva la inhabilidad que hoy tiene para contratar con el Estado y evadir el fallo de responsabilidad fiscal.

Frente a esto, la firma dijo que respeta las decisiones administrativas que ha emitido en su contra la Contraloría General, aun cuando no comparte la legalidad de las mismas. Así mismo, manifiesta que no pretende evadir el fallo fiscal del órgano de control, sino que con la interposición de la acción de tutela está ejecutando el único mecanismo legal que le queda para pedir la protección de sus derechos.

Sin embargo, aclara que la decisión de la Contraloría de incluir a Conalvías en el boletín de responsabilidad fiscal, teniendo como efectos la imposibilidad de contratar con el Estado, no sólo pone en riesgo la ejecución del acuerdo de reorganización, con obligaciones superiores a los 800.000 millones de pesos, “sino también la viabilidad económica de la empresa y la supervivencia de más de 5.000 empleos directos”.

Este es el comunicado completo:

Con respecto a las declaraciones entregadas por el Contralor General de la República en algunos medios de comunicación frente a la tutela interpuesta ante el Tribunal Superior de Bogotá, nos permitimos informar a la opinión pública que:

  • El Grupo Conalvías respeta las decisiones administrativas que ha emitido en su contra la Contraloría General de República, aun cuando no comparte la legalidad de las mismas. A pesar de ello, sin perjuicio de las acciones legales para solicitar la nulidad de tales decisiones, la empresa ha ofrecido someter a consideración de sus acreedores y del juez concursal, la aprobación de cualquier fórmula de pago, que legalmente resulte procedente.
  • La interposición de la acción de tutela, no son “argucias jurídicas” para evitar el pago de la condena, sino el ejercicio del único mecanismo legal que le queda para solicitar la protección de sus derechos.
  • Desde Mayo del año 2016 la empresa firmó un acuerdo de acreedores avalado por la Superintendencia de Sociedades, el cual establece un cronograma de pago que se ha venido cumpliendo de manera satisfactoria.
  • De acuerdo a la Superintendencia, la Contraloría al haberse presentado extemporáneamente al proceso de reorganización, no puede adelantar un proceso ejecutivo contra la empresa, ni realizar medidas cautelares o acciones de cobro de la condena impuesta, sino que debe actuar bajo lo dispuesto por la ley y el Acuerdo de Reorganización. Vale la pena recordar que existe una prohibición legal para cualquier acreedor que no se presente oportunamente al proceso de reorganización, de adelantar por mano propia el cobro de su crédito.
  • La Contraloría, mediante comunicación recibida el 16 de Octubre de 2015 fue notificada oportunamente del inicio del proceso de reorganización, para que en su calidad de acreedor se presentara a reclamar su crédito. No obstante, esa entidad no se hizo presente en el proceso, sino hasta el último día y de manera extemporánea, como lo declaró la Superintendencia de Sociedades, mediante auto No. 400-008248 de fecha 25 de mayo de 2016.
  • Posteriormente, mediante auto No. 400-019280 de fecha 22 de Diciembre de 2016, la Superintendencia manifestó que la Contraloría no podía adelantar ninguna acción de cobro, pues el hecho por el cual Conalvías fue declarado responsable ocurrió antes de la firma del acuerdo, razón por la cual el pago del fallo está enmarcado dentro del referido Acuerdo de pago a los acreedores.
  • La decisión de la Contraloría de incluir a Conalvías en el boletín de responsabilidad fiscal, teniendo como efectos la imposibilidad de contratar con el Estado, no sólo pone en riesgo la ejecución del acuerdo de reorganización, con obligaciones superiores a los $800 mil millones de pesos, sino también la viabilidad económica de la empresa y la supervivencia de más de 5000 empleos directos e indirectos.
  • Jurídicamente es ilegal pretender el pago del fallo de la Contraloría por fuera del acuerdo de acreedores. Al hacerlo se estaría desconociendo la ley y violando un acuerdo de reorganización avalado por la Superintendencia de Sociedades y aprobado por más del 70% de acreedores a nivel nacional.
  • Reiteramos que estamos en total disposición de cumplir con el fallo de la Contraloría, como siempre respetando las disposiciones legales y las prelaciones establecidas en el Acuerdo de Reorganización, según lo establecen las normas legales.

Fuente: caracol.com.co - 15 de junio de 2017