Boletines de Prensa - 2020

Mandatarios territoriales han recibido falsas llamadas: Contraloría denuncia de suplantación de funcionarios de la entidad

COMUNICADO DE PRENSA No. 071

 

  • El organismo pidió a la Fiscalía investigar a los suplantadores y aclara que no cita a funcionarios públicos y ciudadanos a través de llamadas telefónicas.

 

Bogotá, 21 de mayo de 2020.- Personas inescrupulosas se estarían comunicando vía telefónica, de manera ilícita, con gobernantes locales y territoriales, usurpando la identidad de altos funcionarios de la Contraloría General de la República, denunció hoy este organismo.

La ocurrencia de estos hechos ha sido informada a la entidad por algunos mandatarios territoriales.

Dichas comunicaciones, tendrían el fin de citar con fines ilícitos a funcionarios públicos y ciudadanos, invocando lo dispuesto por el Contralor General de la República en la Circular 06 de 2020, que determina el protocolo provisional para la atención de denuncias, y en la Resolución 0753 de 2020, expedida en el marco de todas las actuaciones que se desarrollan en el ejercicio del Control Preventivo y Concomitante, a la inversión de los recursos públicos en medio de la emergencia por el Covid-19.

Sobre el tema, la Contraloría General de la República, se permite informar que cualquier citación a funcionarios públicos, es realizada por la entidad haciendo uso de los medios oficiales, por medio de los cuales se desarrolla un registro específico de cada una de las citaciones y acciones realizadas por el ente de control, y, bajo ninguna circunstancia, a través de llamadas telefónicas.

La CGR ha denunciado los hechos ante la Fiscalía General de la Nación y pidió oficialmente adelantar la investigación correspondiente, contra quienes estarían realizando la suplantación de identidad de los funcionarios de la entidad, con el fin de evitar que dichos actos ilegales puedan culminar en hechos delincuenciales o estafas a ciudadanos de buena fe u otras posibles conductas delictivas.

Publicado el 21 touko 2020 12:00


La divulgación de programas y estrategias de comunicación planificadas y seleccionadas contra el covid-19 en las regiones no está prohibida: Contraloría y Procuraduría

COMUNICADO DE PRENSA No. 070

 

  • Campañas de difusión en medios locales no pueden ser utilizadas para promocionar partidos políticos o mejorar la imagen de servidores públicos en el cargo. 
  • Es necesario que los recursos que se destinen en la divulgación de estrategias de comunicación para contener los efectos del COVID-19 observen los principios de selección objetiva, economía, publicidad y planeación.

 

 

Bogotá, 11 de mayo de 2020. La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación advirtieron que la alerta para que los recursos de la emergencia sanitaria no sean utilizados para la promoción de partidos políticos, no puede ser interpretada como una prohibición a la divulgación en la prensa regional de medidas para combatir el COVID-19.

Precisaron que las actuaciones desplegadas desde lo fiscal y disciplinario buscan garantizar que las estrategias de comunicación, prensa y divulgación de programas, acciones y medidas para combatir la pandemia respondan a decisiones necesarias y planificadas, y en ningún caso sean empleadas para disfrazar la promoción de partidos políticos, o la gestión de los servidores públicos que están cumpliendo con las obligaciones derivadas de su cargo.

Insistieron que la contratación de estrategias para prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia debe contemplar la capacidad de acceso a la información de población urbana y rural y la importancia de difundir medidas sanitarias individuales y colectivas, para contener el avance del virus.

No obstante, es necesario que las contrataciones y el uso de recurso público que se destine para divulgar estrategias de comunicación para contener los efectos del COVID-19 observen los principios de selección objetiva, economía, publicidad y planeación.

Señalaron que como entes de control son guardianes y promotores del derecho al trabajo y defensores de la libertad de expresión y de informar y ofrecer a los ciudadanos una información veraz e imparcial.

Publicado el 11 touko 2020 12:00


A salvo facultades de control preventivo y concomitante, Contraloría General sigue alertando sobre mal manejo de recursos públicos

COMUNICADO DE PRENSA No. 069

  

  • La Corte Constitucional reivindicó los principales atributos de la reforma al control fiscal, en momentos en que la CGR ha logrado con sus alertas que se corrijan contratos por el Covid-19 donde detectó sobrecostos.
  • Considera la Corte que el Control Preventivo es excepcional y no coadministra.
  • El fallo fue adoptado por amplia mayoría: 8 votos a favor y un solo salvamento.
  • Contralor agradece a los miembros de la Corte Constitucional respaldo jurídico a su iniciativa de contar con un control preventivo, que le permite a la Contraloría actuar con oportunidad en la vigilancia de los recursos públicos.

 

 

Bogotá, 7 de mayo de 2020.- En un fallo histórico, con el cual declaró ajustada a la Constitución la reforma al control fiscal, la Corte Constitucional dio vía libre a la aplicación de las figuras del control preventivo y concomitante (no previo) e indicó que no constituye una afectación del principio de separación de poderes.

Consideró la Corte que la propia norma constitucional examinada justamente establece los límites, cautelas y prohibiciones bajo los cuales debe ejercerse dicho control.

El Contralor Carlos Felipe Córdoba agradeció a los miembros de la Corte Constitucional  y  expresó su satisfacción por el claro respaldo jurídico a la iniciativa que planteó desde antes posesionarse en el cargo, en cuanto a poder hacer un control preventivo, que, como se ha demostrado en la emergencia por el Covid-19, permite a la Contraloría General ser oportuna en la vigilancia de los recursos públicos, adelantando actuaciones en tiempo real y alertando eficazmente sobre riesgos o daños inminentes al patrimonio público.

El máximo juez de la Constitución reivindicó los principales atributos de la reforma, así:

  1. No implicará coadministración.
  2. Se realizará en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la información.
  3. Promueve la activa participación activa del control social.
  4. Se articula efectivamente con el control interno.
  5. Tiene carácter excepcional y no vinculante.
  6. No versará sobre la conveniencia de las decisiones de los administradores de recursos públicos.
  7. Se realizará en forma de advertencia al gestor fiscal.
  8. Su ejercicio y coordinación corresponde exclusivamente al Contralor General de la República en materias específicas.

El fallo fue adoptado por ocho de los nueve magistrados, con el único salvamento de voto de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger.

Control preventivo muestra primeros resultados.

La sentencia de exequibilidad de la Corte se produce en momentos en que la Contraloría General de la República hace uso de las nuevas normas de control, con una vigilancia excepcional al gasto público realizado en todos los niveles de gobierno para atender los efectos de la pandemia Covid-19.

Con ello el órgano de control ha alertado sobre posibles sobrecostos en contratos de compra de alimentos para la población más vulnerable y adquisición de elementos para la salud, con lo cual ha facilitado que varias entidades corrigieran errores que habrían afectado seriamente los presupuestos públicos.

En una sola muestra de 21 contratos por el Covid-19, los posibles sobrecostos se redujeron $7.566 millones, luego de alertas de la Contraloría.

No se sustituye la Constitución Política

La reforma impulsada por el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, que dota a la entidad de la eficaz herramienta del control preventivo y concomitante, fue declara ayer plenamente ajustada a la Carta Política por la Corte Constitucional.

En un fallo que resulta histórico por sus alcances, la Corporación dio vía libre a la aplicación de las dos figuras que complementan y fortalecen el sistema de control posterior y selectivo establecido por el Constituyente de 1991.

En sesión virtual, la Corte resolvió una demanda de constitucionalidad contra los artículos 1 (parcial) y 2 (parcial) del Acto Legislativo 4 de 2019, y concluyó que la norma demandada no sustituye la Constitución Política, como lo pretendía el demandante.

Publicado el 07 touko 2020 10:30


Balance del control preventivo en emergencia por Covid-19:

Contraloría adelanta 2 procesos fiscales por $2.246 millones y ha alertado a 26 Gobernaciones y 67 Alcaldías por presuntos sobrecostos y ambigüedades contractuales

COMUNICADO DE PRENSA No. 068

 

  • “Estamos dando resultados contundentes y mostrando que el control preventivo sirve”, dice en plenaria no presencial del Senado el Contralor Carlos Felipe Córdoba.
  • Se han decretado embargos en los 2 procesos de responsabilidad fiscal que se han abierto, uno de los cuales involucra al Gobernador de Arauca.
  • También se han aplicado medidas cautelares a otros 3 Gobernadores.
  • La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción adelanta hoy 21 indagaciones preliminares, por una cuantía superior a los $50 mil millones. 7 están en reparto para poder abrir proceso de responsabilidad fiscal.
  • *En la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo se han abierto otras 12 indagaciones preliminares.
  • El Contralor General ha expedido 22 resoluciones que ordenan la intervención funcional de 132 contratos por valor total superior a los 297.755 millones de pesos.
  • Grandes floricultores se beneficiaron con $2.000 millones de la Línea de Crédito Agro Produce.
  • Contralor explicó al Congreso cómo se está ejerciendo control sobre manejo de recursos públicos entregados a la banca.
  • Eventualmente, la Contraloría podrá adelantar acciones de vigilancia y control posteriores sobre los recursos del FONPET y el FAE prestados al FOME.
  • Contraloría evaluará traslado de pensionados de las AFP a Colpensiones.
  • Unidad de Gestión del Riesgo llamada a rendir cuentas, por su gestión contractual en la emergencia.

 

Bogotá, 6 de mayo de 2020.- Dando cabal aplicación al Acto Legislativo 04 de 2019, que permite a la Contraloría General de la República ejercer el control preventivo y concomitante, este organismo de control ha puesto su lupa al manejo de los recursos públicos dirigidos a atender la emergencia por el Covid-19 y, su balance de actividades en este tema muestra, para empezar,  la apertura  de 2 procesos de responsabilidad fiscal, por una cuantía que suma $2.246 millones.

A través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata –DIARI, que se ha convertido en los ojos y oídos de la sociedad, el organismo de control ha emitido alertas tempranas sobre presuntos sobrecostos, ambigüedades e inconsistencias contractuales en 26 de las 32 Gobernaciones, así como en  67 alcaldías municipales y distritales, precisó hoy en una sesión plenaria no presencial del Senado el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba.

De dichas alertas se han desprendido los 2 procesos de responsabilidad fiscal mencionados (uno en Sincelejo y en otro en Arauca), ambos por presuntos sobrecostos en contrataciones para entrega de kits alimentarios a población vulnerable.

Otro resultado de estas alertas es la apertura de varias indagaciones preliminares y la evaluación de distintos casos para decidir la actuación a seguir.

La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción adelanta hoy 21 indagaciones preliminares, por una cuantía superior a los $50 mil millones. 7 están en reparto para poder abrir proceso de responsabilidad fiscal.

En la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo se han abierto 12 indagaciones preliminares.

Las Gerencias Departamentales Colegiadas de la CGR en Antioquia, Boyacá y Casanare abrieron otras 3 indagaciones preliminares.

No ha pasado ni siquiera un mes desde la primera actuación de la Contraloría y se han podido realizar embargos en los casos de Sincelejo y Arauca, y a otros tres Gobernadores, al verificar presuntos sobrecostos.

El Contralor General ha expedido 22 resoluciones que ordenan la intervención funcional de 132 contratos por valor total superior a los 297.755 millones de pesos.

Esto implica que la Contraloría General de la República ha desplazado en sus competencias a las respectivas Contralorías Territoriales, con el fin de iniciar actuaciones especiales de fiscalización, indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal o cualquier otro ejercicio de control que resulte idóneo para esclarecer los hechos relacionados.

Alerta por colaciones de crédito de Finagro

Otro logro que resaltó el Contralor es la alerta que dio el organismo a su cargo sobre la concentración de créditos subsidiados para el agro, específicamente en las colocaciones hechas por Finagro dentro de la Línea de Crédito denominada Colombia Agro Produce.

La CGR encontró que de los $226.000 millones colocados en esta línea de crédito hasta el 8 de abril, $213.566 millones han ido a grandes comercializadores y agroindustriales, $8.300 millones para medianos, y sólo $4.200 millones para pequeños productores.

De los $226 mil millones, $196.133 millones se colocaron por rubros de comercialización y/o transformación, costos operativos y anticipos.

Con corte reportado al 23 de abril de 2020 a la CGR por parte de FINAGRO, se han desembolsado créditos por $224.502.909.702.

La línea no fue focalizada por productos, regiones y en pequeños productores para atender la situación de emergencia y contribuir con la producción y con la sostenibilidad alimentaria.

Los primeros recursos se aprobaron a grandes clientes de los bancos por $213.566 mil millones, sin ningún control de su urgencia y verificación de su destino, y ninguna de las líneas de colocación fue la de producción.

Incluso se han colocado $2.000 millones para grandes floricultores.

Se determinó que esta línea de crédito se coloca por demanda, sin gestión de FINAGRO, ni políticas claras, de tal manera que el 32.5% de los recursos se concentran en Bogotá en actividades no productivas, y en 5 departamentos, que sumados representan el 73% de los créditos aprobados.

La Contraloría ha encontrado entonces que carece de controles en su colocación, de tal manera que puede acceder a la misma cualquier persona que no se encuentre afectada de manera directa por la emergencia.

Se verificó que no contempla ningún indicador de efectividad para medir su impacto en la producción agropecuaria, especialmente de alimentos, ni en la generación y/o en el mantenimiento de los empleos sectoriales.

Después de la alerta de la Contraloría, a la fecha se han cancelado operaciones por $58.753.000.000 en créditos devueltos. Lo que significa $1.764.700.000 en subsidios.

Finagro, mediante circular reglamentaria del 24 de abril, cerró el acceso de los Grandes Productores a todos los segmentos de la Línea de Crédito Colombia Agro Produce.

Control sobre manejo de recursos públicos entregados a la banca

La Contraloría General ha requerido información al Ministerio de Hacienda, al Banco de la República, a la Superintendencia Financiera, a Bancoldex y al Fondo Nacional de Garantías.

Son punto de interés de la CGR el monto de los recursos asignados para su cumplimiento, las asignaciones que se han realizado; los programas y líneas de crédito que se han creado para la ejecución de la estrategia y el control que está realizando la Superintendencia Financiera.

Seguimiento sobre recursos públicos facilitados a las Pymes

La Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras hace seguimiento a las obligaciones del Ministerio de Hacienda y del Fondo Nacional de Garantías para la verificación del debido cumplimiento de lo establecido en el Decreto 466 del 23 de marzo de 2020, en cuanto a la debida focalización de las líneas de garantía.

Se está haciendo seguimiento a los recursos que Bancoldex otorga mediante créditos directos con tasa compensada.

Desde el 7 de abril Bancoldex reporta a la Contraloría General de la República información sobre los desembolsos correspondientes a las líneas de crédito “Colombia Responde” y “Colombia Responde para Todos”.

Con corte al 21 de abril de 2020 se han otorgado 609 créditos a la micro, pequeña y mediana empresa por valor total de $300.162.981.213, por las líneas mencionadas.

En cuanto a créditos para las grandes empresas se reportó que han accedido a esta línea 47 de ellas, por un monto total de $145.264.297.629.

Posición sobre recursos del FONPEC y el FAE prestados al FOME

La Contraloría General de la República podrá hacer uso de cualquiera de los mecanismos de vigilancia y control fiscal establecidos en el Decreto 403 de 2020, para constatar que los recursos públicos dispuestos para la atención de la emergencia cumplan con su finalidad y sean restituidos en término a las fuentes que permitieron obtener el flujo necesario para hacer frente a la contingencia por el COVID 19, sin perjuicio de la posibilidad de advertir sobre riesgos de afectación o amenaza del flujo de pagos de FONPET o de incumplimiento de las obligaciones del FAE.

A través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI),  se realiza seguimiento en tiempo real a los giros efectuados por el FOME, informando a las respectivas Contralorías Delegadas Sectoriales lo correspondiente para que realicen el respectivo seguimiento y vigilancia sobre el uso de tales recursos.

Desde la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras se viene realizando seguimiento al programa Ingreso Solidario cuya ejecución se ha financiado con recursos del FOME.

Traslados de pensionados de fondos privados a Colpensiones

La Contraloría Delegada para el Sector Trabajo realizará el trámite para incorporar en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2020 la auditoría de cumplimiento tanto a Colpensiones como a los Fondos Privados de Pensiones.

Se evaluará que los traslados a Colpensiones de pensionados del Régimen de Ahorro Individual en la modalidad de retiro programado que reciben un salario mínimo se encuentren efectivamente financiados.

También, las acciones para contratar la renta vitalicia y el estado de las cuentas individuales de los pensionados trasladados; se verificará que las AFP giren los recursos a Colpensiones para el pago de las mesadas pensionales.

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – Ungrd

A esta entidad, se le han pedido los expedientes documentales completos con información presupuestal, contable y legal de los contratos suscritos para atender la emergencia económica, social y ambiental.

Se le ha solicitado Informe detallado de la estrategia desarrollada para cumplir con los objetos contractuales, especialmente lo referente con la entrega de la asistencia humanitaria alimentaria.

La Contraloría hace seguimiento a la entrega de 18 mil ayudas humanitarias de emergencia enviadas a los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar.

También se está haciendo seguimiento a la entrega de 150.000 ayudas humanitarias en la ciudad de Bogotá y 50.000 ayudas en el municipio de Soacha en asocio con la seccional Cundinamarca/Bogotá D.C. de la Cruz Roja. 

Regalías

En cuanto a este tema, la Unidad de Seguimiento, Auditoría y Responsabilidad Fiscal de Regalías, se encuentra realizando seguimiento permanente al decreto 513 de 2020, el cual establece medidas para flexibilizar el trámite de los proyectos de inversión pública susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Fue implementada una red de monitoreo a redes sociales, medios de comunicación nacionales y regionales, redes sociales de veedores ciudadanos, emisión de reportes diarios para el seguimiento de denuncias y alertas regionales y seguimiento a las decisiones adoptadas por los organismos colegiados de administración y decisión- OCAD.

Publicado el 06 touko 2020 19:30


Contralor y Procurador pidieron al DNP proyecto de ley que amplíe el plazo para aprobación de los Planes de Desarrollo Territorial por emergencia de COVID-19

COMUNICADO DE PRENSA No. 067

 

  •  “Los mandatarios territoriales requieren tiempo adicional para presentar y actualizar los proyectos a consideración de asambleas y concejos, por cuenta de una circunstancia que puede configurar una fuerza mayor”.
  • “En un contexto de aislamiento social es razonable que las prioridades, en términos de política pública y participación ciudadana, se modifiquen sustancialmente”.

 

Bogotá, 5 de mayo de 2020.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, pidieron al Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentar, con mensaje de urgencia, un proyecto de ley que permita adecuar los términos para la aprobación de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT), para incluir el impacto del COVID-19 en las finanzas territoriales.

En carta enviada al director del DNP, Luis Alberto Rodríguez Ospino, los jefes de los órganos de control advirtieron que “los mandatarios territoriales requieren tiempo adicional para presentar y actualizar los proyectos a consideración de asambleas y concejos, por cuenta de una circunstancia que puede configurar una fuerza mayor, esto es, la tasa de contagio del brote y las medidas de aislamiento social para contener el virus”.

Indicaron que los proyectos de PDT que se presentaron pueden tener un déficit en relación con la lucha contra el brote y la adecuada consideración de los efectos socioeconómicos de la pandemia.

Ante las inquietudes planteadas por los mandatarios territoriales sobre las dificultades para cumplir con los términos de elaboración, presentación y trámite de los PDT, debido a la atención que se requiere para contener la pandemia, la aplicación de reglas de confinamiento social y la reducción de espacios de diálogo ciudadano; el Contralor y el Procurador pidieron evaluar un programa especial de acompañamiento al proceso de planeación territorial.

“Dichas dificultades tienen relación directa con la crisis derivada del COVID-19 y las medidas que se han tomado para evitar el contagio. Ciertamente, en un contexto de aislamiento social es razonable que las prioridades, en términos de política pública y participación ciudadana, se modifiquen sustancialmente”.

Solicitaron al DNP evaluar un término adicional para la aprobación de los PDT o valorar la alternativa de una modificación normativa a los instrumentos de planificación territorial, para que los planes se aprueben conforme a los estudios que se logren en relación con el impacto de la emergencia sanitaria.  

Para los entes de control, también se podría habilitar que los órganos de representación departamental, distrital y municipal, en ejercicio de la competencia regulatoria de sus procedimientos, consideraran y aprobaran modificaciones a sus reglamentos con el objetivo de permitir la discusión de los planes y su adecuación al contexto actual.

Recomendaron exhortar a los órganos administrativos de representación popular para que frente a los proyectos presentados se asegure el trámite prevalente y la participación de los ciudadanos, de conformidad con el Decreto Legislativo 491 de 2020, según el cual las corporaciones pueden sesionar de manera no presencial, razón por la cual se debería asegurar el acceso a medios virtuales y a espacios para materializar este principio.

El Procurador y el Contralor enfatizaron en que este tipo de medidas se podrían anticipar a debates judiciales que se generen con ocasión de la aprobación del PDT con algún déficit formal o material, así como facilitar la labor de los organismos de control al momento de evaluar la gestión de las administraciones territoriales para que responda a las realidades de tiempo, modo y lugar en que se tomaron las decisiones y ejecutaron los recursos públicos, y su concordancia con los Planes de Desarrollo Territorial.

Publicado el 05 touko 2020 07:30