Boletines de Prensa - 2019

8 hallazgos fiscales por $11.224 millones encontró la Contraloría General en proyectos financiados con regalías, en el Huila

COMUNICADO DE PRENSA No. 130

 

  • Entre los proyectos sin avance está la construcción de la Plazoleta Lúdica y Ágora, en el municipio de Aipe, ya calificado como “elefante blanco”; y la construcción en pavimento flexible de la vía San Agustín-Obando.

 

Bogotá, 9 de septiembre de 2019.- Una Actuación Especial de Fiscalización realizada por la Contraloría General de la República a 18 proyectos financiados con recursos de regalías en el Departamento del Huila, determinó 8 hallazgos fiscales por valor de $11.224 millones de pesos.

Dos proyectos sobre los que puso su lupa el organismo de control son la construcción de la Plazoleta Lúdica y Ágora, en el municipio de Aipe, cuyas obras actualmente se encuentran inconclusas y en estado de abandono, lo que genera un hallazgo fiscal por $2.828 millones, y la pavimentación en pavimento flexible de la vía San Agustín-Obando.

Con el fin de evaluar el manejo de los recursos de regalías asignados para los sectores de transporte, educación y vivienda en el Departamento de Huila, la Contraloría General de la República realizó Actuación Especial de Fiscalización a los proyectosy contratos financiados con estos recursos, y ejecutados por la Gobernación del Huila y los Municipios de Aipe, Pitalito, Saladoblanco, Acevedo, Yaguará y Empresas Públicas de Yaguará.

El informe de la CGR presenta el análisis realizado en el primer semestre durante el proceso de auditoría a los 18 proyectos seleccionados, cuya inversión total asciende a los $145.119 millones de pesos.

Elefante blanco en Aipe

Uno de los hallazgos que más llama la atención es el que tiene que ver con el proyecto de construcción de la Plazoleta Lúdica y el Ágora en el municipio de Aipe, cuyo contrato de obra se celebró el 23 de diciembre de 2015, por valor de $ 2.587 millones, con un plazo de ejecución de 6 meses.

Actualmente este contrato se encuentra con un porcentaje de ejecución financiera del 73.36% y un porcentaje de ejecución físico estimado del 75%.

Durante la actuación especial, la CGR encontró que la planeación en la etapa pre contractual por parte del ente territorial fue deficiente, al no tenerse en cuenta todas las determinantes físicas del predio.

Así mismo, durante el proceso de elaboración del presupuesto oficial no se hizo un adecuado cálculo de cantidades de obra, y no se adelantó una completa identificación de todos los ítems necesarios para ejecutar la meta física de la obra.

Por otra parte, el desempeño de la supervisión, la interventoría y el contratista, resultó deficiente y negligente en la etapa contractual, al permitir la suscripción de 5 adiciones en el plazo contractual, y 6 suspensiones de la obra, que conllevaron un retraso en el plazo de entrega original de 6 meses.

Lo que más preocupa, sin embargo, es que, al evaluar el estado de ejecución del contrato, se concluye que estas obras actualmente se encuentran inconclusas y en estado de abandono, sin ninguna intervención por parte del contratista ni la presencia de personal de interventoría, por lo que no se ha cumplido con el objetivo general del proyecto, lo que resulta en un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $ 2.828 millones de pesos.

Alto riesgo de accidentalidad en la vía San Agustín-Obando

El 03 de noviembre de 2015 la Gobernación de Huila suscribió el contrato de obra No. 1046 de 2015, con la Unión Temporal Obando 2015, por valor de $11.642 millones de pesos, con fecha de inicio del 15 de diciembre de 2015 y plazo de ejecución de 12 meses, con el objeto de pavimentar tramos de la vía San Agustín-Obando.

Actualmente, este contrato se encuentra suspendido, con una ejecución física del 36,19% y un porcentaje de ejecución financiera del 39.17%, presentando un atraso de 33,61% según lo programado. 

Durante las visitas técnicas realizadas por la CGR, se identificó un peligro latente de accidentalidad vial que se puede presentar para los vehículos y transeúntes que recorren la vía, con el riesgo permanente de caída al vacío por la falta del relleno estructural para el muro de contención, el cual está construido parcialmente en algunos tramos.

Así mismo, se observa a lo largo de la vía que los taludes cortados a margen izquierda han generado derrumbes, poniendo en riesgo la integridad de los usuarios y un potencial cierre de la vía.

Según el informe de la Contraloría, algunos ítems pendientes de ser ejecutados y cumplidos en su totalidad, fueron cobrados conforme al anticipo. Así mismo, no se respetó el cronograma de obra, dilatando por meses la ejecución del proyecto, que se encuentra actualmente en estado de abandono.

Adicionalmente, se destaca el riesgo de vencimiento de los permisos de aprovechamiento forestal, intervención de cauce, y permiso del Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH.

En consecuencia, las obras abandonadas o inconclusas,  el riesgo de inestabilidad del terreno intervenido, el peligro constante de accidentalidad vial para los  habitantes del sector, el desacierto en la planeación contractual para solicitar los permisos requeridos y cumplir los plazos de dichos permisos, y el pago no debido conforme al plan de manejo del anticipo por la no ejecución total del ítem evidentemente cobrado, son razones de peso para la configuración de un hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $3.450 millones de pesos.

No obstante, lo anterior, es de resaltar que la supervisión de los contratos de la Gobernación del Huila, en atención a dos de las observaciones comunicadas por la CGR, dio respuesta oportuna y eficaz a las mismas, logrando realizar las reparaciones detectadas en las visitas de obra, desvirtuando las incidencias de las mismas, lo que resultó en dos (2) beneficios de control fiscal por valor de $166 millones de pesos.

Análisis por sectores

El 89 % (16), de los 18 proyectos de regalías revisados en esta auditoría que realizó la CGR están relacionados con la construcción o mantenimiento de vías secundarias y terciarias, el 5.5% corresponde a un proyecto de infraestructura educativa y el 5.5% a un proyecto de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

En 6 de los 16 proyectos de vías secundarias y terciarias analizados, se encontraron debilidades relacionadas con planeación, calidad de obra y mantenimiento. En el proyecto de infraestructura educativa se encontraron debilidades en mantenimiento y calidad de obra. Y en el proyecto de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, se encontró la obra suspendida y en estado abandono.

*La CGR trabaja con las entidades ejecutoras de los proyectos para fortalecer los planes de mejoramiento y subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos, con el objeto de brindar solución oportuna a las necesidades de la población.

Publicado el 09 syys 2019 15:00


A través de "Compromiso Colombia", Contraloría General impulsa soluciones energéticas en Cumaribo y La Primavera (Vichada)

COMUNICADO DE PRENSA No. 129

 

  • Se espera que iniciando octubre se entreguen las instalaciones correspondientes al municipio de Cumaribo, mientras que las de La Primavera se proyectan entregar a los usuarios a finales de ese mismo mes.

 
Puerto Carreño (Vichada).- 6 de septiembre de 2019.- En el marco de la estrategia de control fiscal participativo "Compromiso Colombia", la Contraloría General de la República inició  de la mano de la ciudadanía el proceso de facilitación de la ejecución de proyectos de soluciones energéticas mediante fuentes no convencionales, en el departamento de Vichada.

Los proyectos, que beneficiarán  a 825 viviendas de áreas rurales alejadas de los cascos urbanos de zonas no interconectadas de esta región, presentan dificultades en la etapa final de ejecución fisica, debido a asuntos logísticos y de gestión administrativa.

La inversión ejecutada en los mismos por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), asciende a $16.454 millones.

De la mesa de diálogo sobre el tema, convocada por la Contraloría, surgieron 12 compromisos, a los cuales la ciudadanía, apoyada por este organismo de control, hará el respetivo seguimiento.

Se espera que iniciando el próximos mes octubre se entreguen las instalaciones correspondientes al municipio de Cumaribo, mientras que los de La Primavera se proyectan entregar a los usuarios a finales de octubre.

Asistieron  a la mesa de diálogo, representantes del IPSE, de las electrificadoras de Vichada y Guainia, los secretarios de planeacion de los municipios de Cumaribo  y la Primavera, contratistas y representantes de la comunidad.

Publicado el 06 syys 2019 18:00


Se evidenciaron graves irregularidades: Contraloría encontró hallazgos fiscales por $2.324 millones en auditoría financiera a la Universidad del Pacífico

COMUNICADO DE PRENSA No. 128

 

  • Pagos con tarjeta de crédito sin autorización, declaraciones tributarias inoportunas que generaron pagos adicionales, avances para viáticos y gastos de viajes sin soporte legal (resoluciones) y distintas irregularidades contractuales, son algunos de los hallazgos que detectó la CGR.

 

Bogotá, 6 de septiembre de 2019.- Una auditoría financiera que realizó la Contraloría General de la República a Universidad del Pacífico, sobre la vigencia 2018, determinó graves irregularidades que se traducen en 41 hallazgos administrativos, de los cuales 15 tienen posible incidencia fiscal por $2.324 millones de pesos, 29 presunta connotación disciplinaria y uno (1) probable implicación penal.

Dentro de las irregularidades en el manejo de los recursos se encontraron, entre otros, pagos de tarjetas de crédito por $333 millones de pesos sin que medie autorización o soporte del pago, así como registro en los bancos por $290 millones sin contar con los soportes debidos.

Además, se presentaron declaraciones tributarias inoportunamente, situación que generó pagos adicionales durante la vigencia 2018 por $330 millones. 

Y se encontraron contratos suscritos y pagados durante el 2018, donde se evidenció que la Universidad no realizó el debido descuento por la estampilla ProDesarrollo de la Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA.

Igualmente, se evidenciaron pagos realizados de manera extemporánea por concepto de aportes correspondientes a la Seguridad Social y Fondo de Sostenibilidad, generando intereses de mora.

También se encontraron avances para viáticos y gastos de viaje a funcionarios, sin contar con las resoluciones que amparan la entrega de los recursos, y a la fecha de la auditoría, no se habían legalizado en su totalidad.

Irregularidades en materia contractual

En materia contractual, se determinaron otras graves irregularidades:

*Un posible contrato incumplido para realizar apoyo logístico para la caracterización de las víctimas del conflicto armado en la comuna 10 del distrito de Buenaventura, por $ 70 millones de pesos.

*Pagos a un contrato del cual no existen evidencias del proceso contractual adelantado por la Universidad ni de su ejecución, por $ 165 millones.

*Un contrato de servicio de apoyo logístico en el cual no coinciden los pagos con los costos de la propuesta.

*Y se encontró un contrato pagado cuyo objeto ya había sido elaborado durante la vigencia 2017.

A las anteriores irregularidades se suma que, a mayo de 2019, los Estados Financieros con corte 31 de diciembre de 2018, se encontraron sin la aprobación del Consejo Superior y que la Universidad no ha adoptado un Manual de Políticas Contables, en virtud del nuevo marco normativo.

Ante las distintas situaciones irregulares detectadas, la Contraloría General de la República, además de iniciar los procesos respectivos y darle traslado de los hallazgos a otros organismos de control, no feneció la cuenta rendida por la Universidad del Pacífico sobre la vigencia 2018.

Publicado el 06 syys 2019 09:00


“Fracasó la política pública de descongestión judicial”, dice el Contralor General

COMUNICADO DE PRENSA No. 127

 

  • Pide replantear esta política, brindarle mayores recursos a la jurisdicción contenciosa administrativa y contar con mayores funcionarios judiciales.
  • El Contralor Carlos Felipe Córdoba pide el fortalecimiento de la justicia y dice que hacerlo tiene un costo económico, como lo tiene la reforma del modelo de control fiscal, pero el problema no es el costo sino lograr mejores resultados y mayor eficiencia.
  • El jefe del organismo de control llamó a los críticos del acto legislativo que reforma el control fiscal a quitarse los miedos sobre la propuesta que estudia el Congreso y no generarlos tampoco.

 

Santa Marta, 5 de septiembre de 2019.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, aseguró hoy que la política pública de descongestión judicial en el país fracasó y debe replantearse, pues las cifras son dicientes: hoy la congestión judicial se encuentra entre el 49% y el 61%, con más 7400 procesos que se admiten a diario en los despachos judiciales.

Afirmó que la jurisdicción contenciosa administrativa requiere más recursos y herramientas para superar las brechas que subsisten en la prestación de servicio público de la administración de justicia, especialmente para descongestionar los despachos judiciales, lograr la implementación del expediente electrónico y avanzar en ampliar la cobertura de la administración de justicia.

“Necesitamos más funcionarios judiciales en Colombia porque los conflictos cada día son mayores y complejos. Necesitamos más jueces y fiscales para librar a la justicia de los peligros de la saturación”, indicó el Contralor.

El estándar internacional señalado por la OECD es que se tengan 65 jueces por cada 100.000 habitantes y, en nuestro país, por cada 100.000 habitantes se tienen apenas en promedio 11 jueces, indicó, al intervenir en el XXV Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que tiene lugar en Santa Marta.

Recordó luego que tan solo el 5% del presupuesto asignado al sector Justicia se destina a inversión. “Es necesario, fortalecer la inversión para la prestación de un servicio público que bien se ha considerado como esencial”, recalcó.

Ser más eficientes, cuesta más

Para el Contralor, es imperioso fortalecer la justicia y las instituciones, como es el caso de la Contraloría y la reforma que se tramita para modernizar el actual modelo de control fiscal.

“Con claridad yo si soy partidario de fortalecer no solamente la justicia y nuestras instituciones, sino de sincerarnos con el país: así cueste más, así hayan críticos de lo que cuesta, pero el problema no es que cueste, el problema es que se tengan resultados”, sostuvo.

“A nosotros no nos puede dar miedo decirle al país que nos cuesta más poder cumplir la función de justicia en el país, porque aquí hay varios críticos que siempre están pendientes de decir que si cuesta más es un problema, pero hay que decir que si cuesta más es porque necesitamos efectivamente esas herramientas”, agregó.

"Necesitamos más personal y herramientas más efectivas”

“Si queremos hacer bien las cosas, vamos a necesitar mayor personal, señaló el Contralor en alusión a la reforma que impulsa para este organismo de control y en respuesta a quienes critican su propuesta para que el presupuesto de la Contraloría General de la República crezca el doble en tres años.

“Necesitamos efectivamente tener mayores herramientas y eso nos cuesta”, subrayó. 

“A los que en lo personal no me quieren o han sido enemigos de esta propuesta, vuelvo y les decimos, y está en el texto del proyecto que hemos propuesto: no coadministraremos, no será un control vinculante y será excepcional”, dijo también el Contralor General.

Córdoba Larrarte llamó a los críticos a quitarse los miedos sobre la propuesta que estudia el Congreso y no generarlos tampoco.

“Aquí al parecer uno explica, explica y explica y a algunos personajes del país no les interesa entender. Vuelvo y lo repito: no es lo mismo guayos para jugadores que jugadores paraguayos. No es lo mismo el control previo que el control preventivo. Pero, además, lo que buscamos es que sea concomitante y posterior”, finalizó.

Publicado el 05 syys 2019 17:00


Sobrefacturación por más de $7 mil millones en compra de tiquetes aéreos, en la Policía, el Ejército y el INPEC, encontró la Contraloría

COMUNICADO DE PRENSA No. 126

 

  • Como producto de la labor auditora de la CGR, se lograron recuperar $3.911 millones, quedando en firme hallazgos fiscales por $3.264 millones.

 

Bogotá, 4 de septiembre de 2019.- Hallazgos fiscales por más de $7 mil millones de pesos encontró la Contraloría General de la República por irregularidades, particularmente de sobrefacturación, en órdenes de compra de tiquetes aéreos de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la FAC y el INPEC.

Así se evidenció en las auditorías financieras realizadas a la Policía Nacional y al INPEC en los años 2018 y 2019, en la de cumplimiento al Ejército en el año 2018, y en Actuación Especial de Fiscalización a la FAC, realizadas por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad.

El ejercicio auditor permitió que, en algunos casos, se realizará devolución de los dineros pagados de más, como sucedió en la Policía Nacional ($2.478 millones en 2018 y $533 millones en 2019), el Ejército ($690 millones en 2018) y el INPEC ($290 millones en 2018), para un total de beneficios de auditoría por $3.911 millones.

De esa suma, fueron recuperados por la CGR $3.458 millones. Los restantes $533 millones se recuperaron por parte de las entidades involucradas.

De esta manera, quedaron en firme hallazgos fiscales por un total de $3.264 millones ($1.876 millones en la Policía Nacional y $1.388 millones en el INPEC). Así mismo, se adelanta una indagación preliminar por $234 millones en el Ejército. El hallazgo en la FAC es por un valor pequeño (algo más de $17 millones) y dio lugar a una indagación preliminar.

¿Cómo se produjo la sobrefacturación?

La Contraloría evidenció que, en la ejecución de las órdenes de compra para la adquisición de tiquetes aéreos, se dan casos en los que el proveedor (la agencia de viajes) ha cobrado mayores valores a la entidad.

Los mayores valores cobrados se originaron en la alteración de uno de los factores de la fórmula matemática establecida en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos., suscrito por Colombia Compra Eficiente (CCE-283-1-AMP-2015).

La variable alterada es “P”, que es el precio neto del tiquete aéreo definido por la aerolínea sin IVA.

Los hallazgos detectados, por auditoría y por entidad, son los siguientes:

*POLICÍA NACIONAL

En Auditoría Financiera, correspondiente a la vigencia 2018, se evaluaron presuntas irregularidades en la ejecución de la orden de compra Nro. 10932 del 5 de octubre del 2016 por valor de $9.771 millones, cuyo origen fue el acuerdo marco de precios CCE-283-1-AMP-2015 Colombia Compra Eficiente, vigencias 2016 y 2017, para el suministro de Tiquetes Aéreos para la Policía Nacional.

Con la información recogida por los auditores, sobre dicho acuerdo marco de precios, la orden de compra, los valores cobrados por la agencia de viaje, el valor neto de los tiquetes efectivamente utilizado y otros datos aportados por las respectivas aerolíneas, se realizó un cruce entre la base de consolidación de facturas expedida por la empresa Gold Tour S.A.S. y el reporte de las Aerolíneas que expidieron los tiquetes aéreos.

Fue así como se encontró una diferencia en las tarifas áreas (tarifa neta sin IVA), estableciéndose una sobrefacturación en cuantía de $2.468 millones.

Este hallazgo se convirtió en un beneficio de auditoría, toda vez que se realizó devolución de dineros de la siguiente manera:

- $1.200 millones en diciembre de 2018.

- $600 millones en marzo de 2019

-Y otros $600 millones en junio de 2019.

Para un total de: $2.400 millones.

Siguiendo con la Policía Nacional, en Auditoría Financiera, de la vigencia 2019, se determinó como hallazgo una sobrefacturación en la orden de compra Nro. 18561 del 6 de julio del 2017, en cuantía de $1.862 millones.

*INPEC

Hallazgo detectado en la Auditoría Financiera al INPEC (vigencia 2018):

Se hizo un cruce entre la base de consolidación de facturas expedida por la empresa Gold Tour S.A.S. y el reporte de la Aerolíneas que expidieron los tiquetes aéreos, encontrando una diferencia en las tarifas aéreas (tarifa neta sin IVA), que es el precio determinante para todos los componentes de la fórmula utilizada en el Acuerdo Marco de Precios.

Fue así como se estableció una presunta sobrefacturación en cuantía de $1.515 millones.

Y en la Auditoría Financiera al INPEC (vigencia 2019), se evidenció una presunta sobrefacturación en la orden de compra No. 24945 de 2018, en cuantía de $53 millones 874 mil pesos.

Según las novedades reportadas por las aerolíneas, se evidenciaron pagos, con cargo a la orden de compra número 24945 de 2018, de tiquetes aéreos que no se utilizaron por anulación (8), vencimiento (1), no usados (9) y reembolsados (136).

Sin contar el valor de los no usados, tales tiquetes tuvieron un costo superior a los $105 millones.

Por otra parte, al realizar el cruce de información entre lo aportado por las aerolíneas y lo reportado en la matriz elaborada por el INPEC, se detectaron 288 tiquetes parcialmente utilizados en vuelos de una sola ruta y cobrados como si se hubiesen utilizado en dos, en cuantía de $106 millones 608 mil pesos.

Adicionalmente, al analizar la información suministrada por las aerolíneas, se observó que el INPEC canceló con penalidades 8 tiquetes por valor de $655 mil pesos.

Y, finalmente, de acuerdo a la información reportada por las aerolíneas, se observó que se pagaron 97 tiquetes no emitidos por la entidad, en cuantía de $63 millones 417 mil pesos.

*EJÉRCITO

En la Auditoría de cumplimiento al Ejército (vigencia 2018), se hizo una la comparación entre los precios netos de los tiquetes aéreos que reportaron las aerolíneas y los precios contenidos en las facturas y los informes detallados de ejecución emitidos por la Agencia de Viajes que soportan los pagos realizados por el Ejército.Y se evidenciaron diferencias en 1.622 tiquetes. 

Se estableció por parte de la Contraloría una sobrefacturación en la orden de compra Nro. 16741 del 28 de abril del 2017, en cuantía de $524 millones.

Lo mismo en la orden de compra No. 17405 del 19 de mayo de 2017, en cuantía de $145 mil 868 pesos.

Y en la orden de compra Nro. 14721 del 02 de marzo del 2017, en cuantía de $49 mil 170 pesos.

Estas tres sumas que constituyen un presunto daño al patrimonio del Estado en cuantía de $524 millones 322 mil pesos, causado por una gestión fiscal antieconómica e ineficiente que no se compadece con los principios Constitucionales y legales de la función pública.

En estos casos de sobrefacturación se determinó un beneficio de auditoria en el Ejército Nacional, por esa misma cuantía ( $524 millones 322 mil pesos), dado que se reintegraron las respectivas sumas de dinero.

Adicionalmente, fue reintegrada la suma de $166 millones 186 mil pesos,  por la sobrefacturación identificada en tiquetes aéreos presuntamente entregados a personas no autorizadas, y la suma de $636 mil 933 pesos, correspondiente al reintegro realizado por un funcionario que no usó el tiquete número 019-2460292122 emitido por SATENA.

*FAC

En Actuación Fiscal a la FAC (vigencia 2018), se evidenciaron diferencias en 129 tiquetes parcialmente reportados por las aerolíneas.

El precio del tiquete aéreo sin IVA definido por las aerolíneas no puede ser modificado, teniendo en cuenta que el ingreso que percibe la agencia de viajes por la venta del tiquete, es la tarifa administrativa conforme a la Resolución No 3596 de 1 de septiembre 2006 y sus modificatorias, expedida por la Aeronáutica Civil.

En este caso, se estableció una presunta sobrefacturación en la orden de compra por $17 millones 789 mil pesos, que constituye un presunto daño al patrimonio del Estado. Este hallazgo dio lugar a una indagación preliminar.

Publicado el 05 syys 2019 08:00