Boletines de Prensa - 2020

Alerta de la Contraloría General por proyectos críticos, obras inconclusas y Elefantes Blancos en San Andrés y Providencia

COMUNICADO DE PRENSA No. 081

 

  • Proyectos “en veremos” como en el Tropical Park, en el cual seinvirtieron más de $12 mil millones, están en la mira delorganismo de control.
  • El Contralor Carlos Felipe Córdoba anuncia que próximamente habrá resultados contundentes de las investigaciones donde la Contraloría ha evidenciado problemas de ejecución.
  • En visita a San Andrés, el Contralor Felipe Córdoba, advirtió también situaciones relacionadas con el Hospital Departamental Clarence Lynd Newball Memory, el Relleno Sanitario “Magic Garden” y el Parque Sunrise Park.
  • Habrá auditorías de la CGR sobre el Relleno Sanitario Magic Garden, la Planta RSU, la Empresa de Compactación de Chatarra, así como el Alcantarillado y Agua Potable.
  • Adicionalmente, el organismo de control adelantará un estudio técnico sobre la erosión costera que está sufriendo el Departamento Archipiélago.

 

Bogotá, 30 de junio de 2020.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, alertó sobre varios proyectos críticos, obras inconclusas y Elefantes Blancos detectados en San Andrés y Providencia, y anunció que próximamente el organismo de control dará a conocer los resultados de estas investigaciones.

Entre estos proyectos están, en el caso de San Andrés, el Tropical Park, el Colegio CEMED y el parque Sunrise Park.

Y en cuanto a Providencia y Santa Catalina, se encuentra paralizada la ejecución de obras como la piscina olímpica, el Colegio Junín, la pista de bicicross y el Puente de los Enamorados.

Todos estos proyectos involucran importantes recursos: en el Tropical Park se invirtieron más de $12 mil millones; en la piscina olímpica más de $1.600 millones; y en la pista de bicicross unos $1.200 millones.

También están en la mira de la Contraloría, la planta de desalinización y la compactadora de basuras.

Proyectos con problemas de ejecución

En el caso de los proyectos que tienen problemas de ejecución, en coordinación con la Contraloría Delegada de Infraestructura, se verificarán los costos asociados reales en materia de construcción, para poder establecer posibles sobrecostos y quiénes estarían poniendo precios superficiales a los insumos no acordes con la realidad del Departamento Archipiélago.

La CGR hará los seguimientos pertinentes y, cuando sea de caso, se harán las advertencias respectivas.

En su visita a San Andrés, donde concedió una Rueda de Prensa Virtual al lado del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, el Contralor Felipe Córdoba, habló de advertencias relacionadas con el Hospital Departamental Clarence Lynd Newball Memory, el Relleno Sanitario “Magic Garden” y el Parque Sunrise Park.

Evaluó, además, los avances del Seguimiento a la Ejecución de Recursos para atención Covid-19 y la situación de los proyectos medio ambientales con incidencia en el Archipiélago Relleno, como el Relleno Sanitario Magic Garden, la Planta RSU y la Empresa de Compactación de Chatarra.

Los siguientes son los principales temas sobre los cuales hay alerta de la Contraloría General de la República:

Hospital Departamental Clarence Lynd Newball Memory

El Hospital Departamental Clarence Lynd Newball Memory, es operado por un privado. El contrato finaliza el 31 de julio de 2020, y solo hasta el 24 de junio fue radicado un proyecto de ordenanza ante la Asamblea Departamental para la creación de una ESE.

La CGR ha iniciado seguimiento inmediato a este proceso y a través de la Contraloría Delegada para el Sector Salud generará las advertencias que sean del caso.

Relleno Sanitario “Magic Garden”

El relleno sobrepasó la capacidad, la Gobernación debió hace más de 2 años, actualizar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos, por lo cual fue multado por CORALINA. Hoy en día se genera un riesgo por acumulación de residuos y generación de lixiviados. Y la planta RCU no funciona.

Actualmente, se adelanta seguimiento por parte de la Delegada de Vivienda y Saneamiento Básico y la Delegada de Medio Ambiente.

La Contraloría Delegada de Participación Ciudadana ha venido liderando el tema En el mes de febrero, se adelantó una mesa con funcionarios de las Secretarías de Deporte e Infraestructura del Departamento Archipiélago, y el presidente de la Asamblea Departamental, donde se determinó realizar una visita técnica al parque el día 26 de marzo del año en curso, pero por la emergencia actual no ha sido posible llevarla a cabo.

Para adelantar las actuaciones que se deben adelantar, con apoyo de la Policía Nacional, la Contraloría tomará fotos del relleno sanitario con un dron.

Seguimiento Ejecución de Recursos para atención Covid19

Se adelanta en tiempo real seguimiento a los recursos públicos en el Departamento Archipiélago, en temas como contratación, ayudas humanitarias e infraestructura hospitalaria.

En San Andrés y Providencia, el Contralor General de la República ha ordenado dos intervenciones funcionales para asumir conocimiento directo en materia de control fiscal:

*Una por el contrato No. 362 de 2020 por valor de $3.500.000.000, donde gracias a la gestión realizada por parte de la Gerencia Departamental y la advertencia de unos posibles sobrecostos, se logró un beneficio por $728.000.000, bajando así el valor inicial del contrato.

*La segunda intervención funcional es la relacionada con el contrato 1150 de la Alcaldía de Providencia, por un valor de $139.385.000, donde por mutuo acuerdo se terminó y liquidó el contrato, sin que haya habido erogación del recurso público, teniendo así un beneficio por dicho valor.

Y se ha puesto la lupa sobre un Contrato de la Gobernación por $1.300.000.000 referente a 10.000 bonos para mercados, que fueron entregados antes de la suscripción del contrato 1250, cuya fecha de celebración es del 28 de mayo del año en curso. La información (contrato y demás documentos) no ha sido remitida a la Gerencia Departamental de la CGR, así como tampoco cargada en el SECOP.

El tema está en revisión y ya se abrió un proceso administrativo sancionatorio.

Revisión de proyectos de medio ambiente.

La Contraloría General de la República adelanta también una revisión general de todos los proyectos medio ambientales con incidencia en el Archipiélago, para incluir en su Plan de Vigilancia y Control Fiscal del Segundo Semestre de 2020 Actuaciones Fiscales sobre:

Relleno Sanitario Magic Garden, Planta RSU y Empresa de Compactación de Chatarra.

Alcantarillado y Agua Potable. Adicionalmente, el organismo de control adelantará un estudio técnico sobre la erosión costera que está sufriendo el Departamento Archipiélago.

Publicado el 30 kesä 2020 14:00


En la vigencia 2019, la USPEC dejó de ejecutar $44.922 millones de su apropiación presupuestal para inversión

COMUNICADO DE PRENSA No. 080

 

 

Bogotá, 30 de junio de 2020.- De acuerdo a una Auditoría Financiera practicada por la Contraloría General de la República, en la vigencia 2019 la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- dejó sin ejecutar $44.922 millones del total de su apropiación presupuestal para el rubro de Inversión ($285.035 millones). Solo comprometió $240.112 millones.

De los recursos no ejecutados, $28.909 millones estaban programados para servicio de información penitenciaria y carcelaria para la toma de decisiones –construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON); y $14.720 millones para infraestructura penitenciaria y carcelaria con mejoramiento.

El presupuesto de inversión 2019 se impactó en $2.109 millones al asumir pasivos exigibles - vigencias expiradas, que datan desde el 2013.

Durante la vigencia 2018 la USPEC solicitó aprobación de cupos para comprometer apropiaciones de vigencias futuras en el presupuesto de gastos de la vigencia 2019, recibiendo autorizaciones en cuantía de $101.803 millones para los rubros de funcionamiento e inversión, sobre los que se asumieron compromisos por valor de $83.869 millones.

Y dejó sin utilizar $17.934 millones de los cupos de las vigencias futuras para el desarrollo de los procesos contractuales orientados a la adquisición de bienes, servicios y para los proyectos de inversión de la Entidad.

Recursos sin legalizar sobre un contrato liquidado

La auditoría de la Contraloría permitió establecer también que el Acta de Liquidación de mutuo acuerdo sobre el contrato de fiducia mercantil No. 363 de 2015, celebrada el 31 de mayo de 2018, no relaciona el saldo de los recursos entregados en administración en cuantía de $16.630 millones como tampoco el de los rendimientos financieros desde el momento en que se debieron legalizar.

Para el organismo de control, el hecho de contar con recursos sin legalizar sobre un contrato liquidado, se presenta por deficiencia en los controles y falta de seguimiento efectivo por parte del supervisor.

Publicado el 30 kesä 2020 08:30


131 alertas de la Contraloría por obras de infraestructura retrasadas o en riesgo que cuestan $18,11 billones

COMUNICADO DE PRENSA No. 079

 

  • 9 de estas alertas, las de mayor valor, corresponden a proyectos de la ANI (que incluyen 22 unidades funcionales), por $17.2 billones.
  • 17 de esas 22 unidades funcionales (el 84,22%) presentan un avance físico inferior al 70%.
  • El mayor número de alertas (91), por $301.757 millones, tienen que ver con igual número de colegios en construcción financiados por el FFIE que se consideran como obras en alto riego.
  • En cuanto a infraestructura de salud, están vigentes alertas por 4 obras consideradas de alto riesgo, que suman un valor de $62.459 millones, encabezadas por el Hospital de Francisco de Paula Santander, en Santander de Quilichao (Cauca), que tiene un avance de apenas el 29%.
  • La emergencia del Covid-19 ha llevado a suspender obras de infraestructura por $4,15 billones: 6 unidades funcionales de la ANI por $3,9 billones, 4 proyectos de la Aerocivil por $236 mil millones y 8 obras a cargo del INVÍAS por $14.307 millones.

 

Bogotá, 22 de junio de 2020.- La Contraloría General de la República ha generado 131 alertas en el sector de infraestructura por una suma total de $18,11 billones, por los retrasos, suspensiones y otras situaciones que ponen en riesgo proyectos y obras a cargo del INVÍAS, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Aeronáutica Civil, así como hospitales y colegios en construcción.

Así lo revela un reporte sobre el tema realizado por adscrita al Despacho del Contralor General, Carlos Felipe Córdoba.

El informe analizó la ejecución de 1.278 obras por $70,98 billones que se adelantan en el país, entregando el siguiente consolidado:

*INVÍAS: De 432 intervenciones por $5,1 billones, la Contraloría ha generado 20 alertas por valor de $642 mil Millones.

*ANI: De 81 ejecuciones por $62 billones, se han producido 9 alertas por $17,2 billones.

*Aerocivil: De 40 proyectos por $749 mil millones, se ha dado 1 alerta por $6.622 millones, que corresponde a un proyecto en Yopal (Casanare).

*Infraestructura de Salud: De obras correspondientes a 18 hospitales por $375.082 millones, se han generado 4 alertas por $62.459 millones.

*Infraestructura Educativa: de 451 obras por $2.827.640 millones, hay 91 alertas por $301.757 millones.

 

Alertas INVÍAS

Tiene 11 obras por $593.594.833.920 en construcción.

8 obras por $14.307.991.800 están suspendidas por la emergencia del Covid-19.

Y 1 obra por $34.340.686.833 está suspendida por causa diferente.

En total, se han dado 20 alertas en el sector transporte, por $642.243.512.553.

El 80% de las obras de estas alertas presenta un avance físico inferior al 72%.

 

Alertas Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

Avanza la construcción de proyectos por $8,4 billones (7 unidades funcionales).

Por el Covid-19, están suspendidos proyectos por $3,9 billones (6 unidades funcionales).

En proceso de cesión están proyectos por $2,9 billones (7 unidades funcionales)

En período de cura hay proyectos por $2,4 billones (1 unidad funcional).

Y presentan inconvenientes ambientales proyectos por $2,8 billones (1 unidad funcional).

El 82% de los proyectos con alertas presenta un avance físico inferior al 70%.

9 proyectos de la ANI (que incluyen 22 unidades funcionales), por $17,2 billones, tienen alertas de la CGR. 

17 de estas unidades funcionales (el 84,22%) presentan un avance físico interior al 70% y las otras 3 unidades funcionales (el 15,78%) presenta un avance superior al 70%

 

Alertas Aeronáutica Civil

Esta entidad adelanta 40 proyectos aeroportuarios por $794 mil millones, de los cuales el 63% (21 por $502 mil millones) se encuentran en construcción y operación y el 30% (4 proyectos por $236 mil millones) se encuentran suspendidos por el Covid-19.

El resto de proyectos están terminados (1 por $25.697 millones), en estudios y diseños (2 por $21.390 millones), suspendidos por motivos diferentes al Covid-19 (5 por $7.621 millones) y liquidados (7 por $1.245 millones).

Hay una alerta de la CGR, enmarcada en la estrategia “Compromiso Colombia”, de un proyecto en Yopal (Casanare) por $6.622 millones.

 

Alertas Hospitales en construcción

La CGR ha alertado sobre 4 obras de infraestructura hospitalaria con alto riesgo, que tienen un valor de $62.459 millones (incluyendo adiciones).

La situación más grave es la del Hospital Francisco de Paula Santander ESE Nivel II, cuyas obras presentan un avance físico de apenas el 29%.

Las otras obras hospitalarias con alertas son: ESE Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, (avance del 66%); Hospital El Buen Samaritano ESE, Municipio de La Cruz, Nariño (avance del 71%); y ESE Hospital San Rafael de Puerto Rico – Risaralda (avance del 73%).

 

Alertas Colegios en construcción con recursos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa -FFIE

La CGR ha alertado sobre 91 obras de infraestructura educativa en alto riesgo, que tienen un valor de $301.757 millones (con adiciones).

*Las alertas del organismo de control sobre las obras de infraestructura citadas han sido dadas a través de la Estrategia de Control Fiscal Participativo “Compromiso Colombia”, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) y la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.

Publicado el 22 kesä 2020 19:00


Con la estrategia “Compromiso Colombia”: Contraloría General facilita reactivación del proyecto vial 4G Santana-Mocoa-Neiva

COMUNICADO DE PRENSA No. 078

 

  • Se espera que la reactivación se realice, por parte de la ANI, en el mes de agosto.
  • "La idea es que las obras lleguen a buen fin”, dice el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda.

 

Pitalito (Huila), 19 de junio de 2020.- De la mano de la ciudadanía, la Contraloría General de la República comenzó hoy a facilitar la reactivación del proyecto vial 4G Santana-Mocoa-Neiva, suspendido hace 4 años, realizando en el municipio de Pitalito una mesa de seguimiento convocada en desarrollo de su estrategia de control fiscal participativo "Compromiso Colombia” y con motivo de las alertas generadas por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) del organismo de control.

Se intervendrán sitios críticos y se realizarán obras de mantenimiento en los 456,2 Km de longitud del proyecto de segunda ola de las Autopistas 4G, cuyo origen es Neiva (Huila) y destino final Puerto Asís (Putumayo).

El proyecto vial es desarrollado por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, a través del Concesionario Aliadas para el Progreso S.A.S, desde el 18 de agosto de 2015, cuando se firmó el contrato.

El 21 de septiembre de 2016 se firmó el acta de inicio de construcción, que tenía un valor en el año 2013 de $2.969 billones y a diciembre de 2019 llegaba a $3,874 billones.

“Compromiso Colombia” busca convocar con la ciudadanía, a los diferentes actores involucrados en el desarrollo de los proyectos que presentan diferentes problemáticas en el país, tal y como se ha presentado en la ejecución de este proyecto vial Santana-Mocoa-Neiva, que integra los departamentos de Huila, Cauca y Putumayo.

En esta ocasión junto a veedurías ciudadanas, así como el Comité Cívico Neiva-Santana-Mocoa, se facilitará que se puedan realizar los planes remediales para superar la suspensión de obras que se presentaba desde hace 4 años”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

La ANI ya probó el Otrosí 6 al Contrato de Concesión, que da viabilidad a la Fase 1, “Periodo Inicial” con el que se buscará realizar la atención de sitios críticos, labores de bacheo y obras de mantenimiento en el corredor vial (rocería, limpieza de cunetas, remisión de derrumbes, limpieza de señales y señalización).

La Fase 2 del proyecto establece la cesión del contrato, intervenciones de puesta a punto y la reactivación del proyecto, que se espera que se realice por parte de la ANI en el mes de agosto. Con esto se busca poner a punto la vía y adelantar las actividades necesarias para lograr el reinicio de la fase de construcción del proyecto.

La idea es que las obras lleguen a buen fin

“Este proyecto tiene una gran importancia, es una deuda que se tenía con las poblaciones del sur del país; es por esto que, como lo hemos hecho con otros proyectos como la Ruta del Sol - Tramo 3, ofrecemos facilitar la reactivación del proyecto con la estrategia “Compromiso Colombia”, para que se pueda destrabar el desarrollo de los 456,2 Km, que cubre tres departamentos y compromete importantes recursos públicos por $3,8 billones.

Estábamos urgidos de ayudar en esta reactivación y en este momento vamos a hacer un acompañamiento junto a la ciudadanía, y con la colaboración de las entidades que tienen competencia, para que lleguen a buen fin estas obras”, destacó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, en la mesa de seguimiento al proyecto vial Santana-Mocoa-Neiva, realizada en Pitalito.

Con la estrategia "Compromiso Colombia", la CGR busca que la ciudadanía conozca el estado del proyecto y al mismo tiempo, se lleguen a acuerdos que permitan contar con tiempos ciertos sobre el desarrollo del mismo.

Publicado el 19 kesä 2020 19:00


Por presuntas irregularidades en contratos Covid: Contraloría abrió 3 procesos de responsabilidad fiscal por $2.121 millones contra Gobernador del Tolima

COMUNICADO DE PRENSA No. 077

 

  • También abrió procesos de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat (por $193 millones); y el Gobernador del Guainía, Juan Carlos Iral Gómez (por $112 millones).
  • La CGR ordena además procesos de responsabilidad fiscal en contrataciones de la alcaldía de Girardot (Cundinamarca) y la Alcaldía de Chiriguana (Cesar).
  • En forma simultánea, el organismo de control abre 24 nuevas Indagaciones Preliminares por presuntos sobrecostos en contratos Covid-19, que involucran a 9 Gobernaciones, 11 Alcaldías y un Hospital Departamental.
  • 2 Indagaciones Preliminares en Gobernación de Antioquia por presuntas irregularidades en la contratación realizada con las fundaciones Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín y SACIAR-Banco de Alimentos, para la entrega de paquetes alimentarios.
  • Las Indagaciones Preliminares abarcan además las Gobernaciones de Norte de Santander (2), Valle del Cauca (2), Cesar (2), Magdalena, Putumayo, Santander, Cundinamarca y Vaupés; y las Alcaldías de Cúcuta (2), Santa Marta, Yondó y Sabaneta (Antioquia), Cota (Cundinamarca), El Copey, El Paso y Aguachica (Cesar); así como la ESE Hospital Universitario Departamental de Nariño.

 

  • La CGR ha emitido 340 alertas por presuntos sobrecostos del 21 por ciento, en promedio, en contratos relacionados con el COVID-19 cuyo valor total es de $484.000millones, de los cuales el 40 por ciento (unos $193.000 millones) corresponde a contratación realizada por 25 gobernaciones.

 

  • A la fecha, estas alertas del organismo de control han llevado a las administraciones a renegociar contratos que inicialmente valían $101.000 millones, gracias a lo cual su monto se redujo a $54.000 millones.
  • Los posibles sobrecostos se redujeron a $6.400 millones y hasta el 12 de junio, la Contraloría había logrado beneficios económicos para el patrimonio público por $29.276 millones.

 

  • Debido a la solidez de las alarmas, fueron terminados anticipadamente contratos por $21.000 millones y en 29 el sobrecosto se redujo al cero por ciento, con un beneficio de $4.200 millones.

 

  • En Bogotá, se han generado 18 alertas por presuntos sobrecostos en cuantía de $20.221 millones.
  • La emergencia del COVID-19 ha llevado a suspender obras de infraestructura por $4,15 billones: 6 unidades funcionales de la ANI por $3,9 billones, 4 proyectos de la Aerocivil por $236 mil millones y 8 obras a cargo del INVÍAS por $14.307 millones.
  • 131 alertas ha dado la Contraloría por obras de infraestructura retrasadas o en riesgo, que cuestan $18, 11 billones
  • 9 de estas alertas, las de mayor valor, corresponden a proyectos de la ANI (que incluyen 22 unidades funcionales), por $17.2 billones. 
  • 17 de esas 22 unidades funcionales (el 84,22%) presentan un avance físico inferior al 70%.
  • El mayor número de alertas (91), por $301.757 millones, tienen que ver con igual número de colegios en construcción financiados por el FFIE que se consideran como obras en alto riego.
  • En cuanto a infraestructura de salud, están vigentes alertas por 4 obras consideradas de alto riesgo, que suman un valor de $62.459 millones, encabezadas por el Hospital de Francisco de Paula Santander, en Santander de Quilichao (Cauca), que tiene un avance de apenas el 29%.
  • La emergencia del COVID-19 ha llevado a suspender obras de infraestructura por $4,15 billones: 6 unidades funcionales de la ANI por $3,9 billones, 4 proyectos de la Aerocivil por $236 mil millones y 8 obras a cargo del INVÍAS por $14.307 millones.

 

 

Bogotá, 17 de junio de 2020.- La Contraloría General de la República abrió tres procesos de responsabilidad fiscal, por un total de $2.121 millones, contra el Gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, por presuntos sobrecostos en dos contratos de suministros de kits alimentarios y de aseo y por el pago de mayores valores e intermediación innecesaria en un contrato relacionado con la estrategia de divulgación del tema Covid-19.

 

Y abrió procesos de responsabilidad fiscal, también por presuntos sobreprecios en contratos Covid, contra el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat (por $193 millones) y el Gobernador del Guainía, Juan Carlos Iral Gómez (por $112 millones).

 

Igualmente, la CGR abrió proceso de responsabilidad fiscal por sobrecostos en contratos del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare (por $236 millones), el Municipio de Girardot-Cundinamarca (por $54 millones) y la Alcaldía de Chiriguana -Cesar (por más de $24 millones).     

 

Primer proceso de responsabilidad fiscal contra el Gobernador del Tolima

 

La Contraloría General de la República, por medio de la Contraloría Delegada Intersectorial N° 3, adscrita a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, dio apertura a un proceso de responsabilidad fiscal por $1.151 millones contra el Gobernador del departamento del Tolima, JOSÉ RICARDO OROZCO VALERO, por presuntos sobrecostos en la ejecución del contrato N°0494 del 26 de marzo de 2020, por $5.500 millones, celebrado entre la Gobernación del Tolima y la empresa SIERRA PINEDA S.A.S. cuyo objeto fue la compra de 55.000 kits alimentarios y de aseo para mitigar los efectos del aislamiento obligatorio por la pandemia en la población más vulnerable del departamento.

 

Los sobrecostos se dan por la diferencia existente entre el precio de compra de los kits según las cifras del DANE (Sistema SIPSA) de $4.002.515.000 y el precio de compra del contrato de $5.154.077.411 (luego de aplicados los costos asociados y/o indirectos, como estampillas departamentales, póliza y otros).

 

La tabla del DANE refleja un valor más razonable para la adquisición de los productos contratados, que, de haberse tenido en cuenta, le habría podido ahorrar al departamento del Tolima el valor que hoy se configura como presunto sobrecosto ($1.151.562.41).

 

Además, del Gobernador del Tolima, JOSÉ RICARDO OROZCO VALERO, fueron vinculados como presuntos responsables fiscales:

 

*La Secretaria de Salud del departamento del Tolima, ADRIANA ALEXANDRA MARQUÉZ RAMIRÉZ, con delegación de ordenación del gasto, estructuración y suscripción del contrato N°0494 del 26 de marzo de 2020;

 

*Y la firma SIERRA PINEDA S.AS., representada legalmente por JOSE ATANIBAL SIERRA AVILA, o por quien haga sus veces, en calidad de contratista en el contrato N°0494 del 26 de marzo de 2020.

 

 

Segundo proceso de responsabilidad fiscal contra el Gobernador del Tolima

 

La Contraloría General de la República, por medio de la Contraloría Delegada Intersectorial N°3, adscrita a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, dio apertura a un proceso de responsabilidad fiscal por $827.533.223 contra el Gobernador del Tolima, JOSÉ RICARDO OROZCO VALERO, por presuntos sobrecostos en este monto en la ejecución del contrato N°0531 del 1 de abril de 2020, por $5.000 millones, celebrado entre la gobernación del Tolima y la empresa ENRED GROUP S.A.S.  y cuyo objeto fue la compra de 50.000 kits alimentarios y de aseo para mitigar los efectos del aislamiento obligatorio por la pandemia en la población más vulnerable del departamento.

 

El presunto daño patrimonial se daría a partir de la diferencia existente entre el precio de compra de los kits según las cifras del DANE (Sistema SIPSA) de $3.988.500.000 y el precio de compra del contrato de $4.816.033.223 (luego de aplicados los costos asociados y/o indirectos como estampillas departamentales y póliza).

 

Se habría dado un presunto mayor valor pagado de $12.650.000, que es la diferencia entre $4.987.350.000 (el valor que resulta de multiplicar el precio real de cada kit adquirido, $99.747, por el total de kits comprados, 50.000) y el valor de $5.000.000.000 por el que se suscribió el contrato N° 0531 del 1 de abril de 2020.

 

La CGR vinculó como presuntos responsables fiscales, a:

 

*El Gobernador del Tolima, JOSÉ RICARDO OROZCO VALERO.

 

*La Secretaria de Salud del departamento, ADRIANA ALEXANDRA MARQUÉZ RAMIRÉZ, con delegación de ordenación del gasto, estructuración y suscripción del contrato N°0531 del 1 de abril de 2020;

 

*El señor GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO, en calidad de Director de Infancia y Juventud para la época de los hechos, supervisor y responsable de la elaboración del proyecto de estudios previos del contrato N°0531 del 1 de abril de 2020.

 

*Y la firma ENRED GROUP S.A.S., representada legalmente por el señor CÉSAR AUGUSTO TRILLERAS CASTRO, o por quien haga sus veces, en calidad de contratista en el contrato N°0531 del 1 de abril de 2020.

 

Tercer Proceso de Responsabilidad Fiscal contra Gobernador del Tolima

Mediante auto No 420 del 9 de junio de 2020, la CGR abrió proceso de responsabilidad fiscal en cuantía preliminar de $143 millones contra el Gobernador del Tolima, JOSÉ RICARDO OROZCO VALERO, como consecuencia del daño al patrimonio del Departamento derivado del pago de mayores valores por intermediación innecesaria en el contrato 493 de 2020 suscrito con la firma LEON GRAFICAS S.A.S, que tenía por objeto la prestación de servicios para la ejecución de la estrategia de comunicación denominada “Plan de Comunicación-Emergencia COVID 19-2020”.

 

El contrato referido fue celebrado en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional, con el fin de mitigar la expansión del COVID 19 en el Departamento del Tolima.

 

Es de resaltar que la CGR encontró que la labor desplegada por el contratista puede ser calificada como una mera intermediación consistente en allegar a los medios de comunicación la pauta elaborada y entregada por el Departamento para que fuera transmitida, a pesar de que dicha actividad podría haber sido desarrollada directamente por la administración, que contaba con el personal idóneo para ello.

 

Sinn embargo, la Gobernación del Tolima decidió tercerizar y reconocerle mayores valores al contratista que oscilan entre el 38 y el 55% y no se encuentran justificados.

 

Así mismo, la Contraloría encontró probado que en algunas de las pautas publicitarias se exaltaba la figura del Gobernador y no se cumplía con la finalidad prevista de promoción y prevención en salud en atención a la pandemia ocasionada por el COVID 19. Entre otras cosas, se verificó que en algunas cuñas que duraban un minuto se alcanza a mencionar al Gobernador con nombre propio en al menos tres ocasiones.

 

La cuantía por la que se abrió este proceso de responsabilidad fiscal es de $143 millones, valor que se ajustará a medida que se tenga la totalidad de la información sobre la ejecución del contrato.

 

La Contraloría vinculó a este proceso de responsabilidad fiscal a:

 

*El Gobernador del Tolima JOSÉ RICARDO OROZCO VALERO.

 

*La Secretaria de Salud, ADRIANA ALEXANDRA MARQUES RAMÍREZ.

 

*CAMILO ERNESTO VALENCIA AGUDELO, profesional universitario quien hace parte de la Secretaria Administrativa (prensa y comunicaciones) supervisor del contrato 0493 de 2020.

 

*SANTIAGO BARRETO TRIANA, Secretario General y de Apoyo a la Gestión, como presidente del Comité que administra el Fondo de Mitigación de Emergencia del Departamento del Tolima, FOMETOL.

 

*JORGE LUCIANO BOLÍVAR TORRES, Secretario de Inclusión Poblacional, como integrante del Comité que administra el FOMETOL.

 

*FREDY TORRES CERQUERA, Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, como integrante del Comité que administra el FOMETOL.

 

*ALEXANDER TOVAR GONZÁLEZ, Secretario del Interior, como integrante del Comité que administra el FOMETOL

 

*Y el Contratista, LEÓN GRAFICAS SAS.

  

 

Proceso de responsabilidad fiscal contra alcalde de Cartagena

 

La CGR abrió proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $193.357.579 contra el Alcalde del DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, WILLIAM JORGE DAU CHAMATT, como consecuencia del presunto daño al patrimonio público derivado, principalmente, de posibles sobreprecios en la ejecución del Contrato de Compra – Venta No. 7 del 8 de abril de 2020 suscrito entre el Distrito de Cartagena y la empresa Ventas Distribución y Marketing Ltda., por $1.215.500.000que tenía por objeto el suministro de insumos sanitarios y de protección como medida de prevención, reducción de los factores de riesgo y amenaza ante el COVID-19, en el Distrito de Cartagena. 

 

La Contraloría determinó que hay una diferencia entre los precios a los que el Distrito contrató el suministro de los insumos sanitarios y de protección y el precio promedio de los mismos en el mercado. Estos elementos debían ser entregados al Distrito, según lo estipulado en el contrato, a más tardar el 30 de abril del mismo mes y año.

 

Dentro de este proceso de responsabilidad fiscal fueron vinculados como presuntos responsables:

 

*El Alcalde de Cartagena de Indias, WILLIAM JORGE DAU CHAMATT.

*ÁLVARO JOSÉ FORTICH REVOLLO, en calidad de Director del DADIS, para la época de los hechos.

 

*Y la empresa contratista VENTAS DISTRIBUCIÓN Y MARKETING LTDA., representada legalmente por Irán Gabino Borja Monroy.

 

 

Proceso de responsabilidad fiscal contra Gobernador del Guainía

 

La CGR abrió proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $112 millones contra el Gobernador del Guainía, JUAN CARLOS IRAL GÓMEZ, como consecuencia del daño al patrimonio derivado del presunto sobrecosto determinado en el contrato 460 de 2020, suscrito con SANDRA PATRICIA GAVIRIA HURTADO, para la compraventa de víveres (6.245 kits), entregadas en ayuda humanitaria a la población más vulnerable del Departamento.

 

El contrato en cuestión fue celebrado dentro del marco del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional, con el fin de mitigar la expansión del COVID-19.

 

Fueron vinculados como presuntos responsables fiscales:

 

*El Gobernador del Departamento del Guainía, JUAN CARLOS IRAL GÓMEZ.

 

La Secretaria de Gobierno y Administración Departamental CLAUDIA JIMENA ARANGO.

 

*Y SANDRA PATRICIA GAVIRIA HURTADO, en calidad de contratista.

 

 

Proceso de responsabilidad fiscal Alcaldía de Chiriguana (Cesar)

 

 

La CGR, a través de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto daño patrimonial en cuantía inicial de $24.764.889, en la ejecución del contrato de suministro 002 de 2020 del 25 de marzo de 2020, por valor de $228.913.080, suscrito entre la Alcaldía de Chiriguaná y SAÚL TÉLLEZ PABÓN, para el suministro de ayudas humanitarias (paquetes nutricionales) a familias vulnerables para contrarrestar los riesgos de contagio del coronavirus (COVID-19) en el municipio. 

 

 

Proceso de responsabilidad fiscal Alcaldía de Girardot (Cundinamarca)

 

 

La Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto daño patrimonial en cuantía inicial de $54.102.239 en la ejecución del Contrato U-M 509-2020, por un valor de $1.013.070.000, suscrito por el Municipio de Girardot (Cundinamarca) con INTERSUM SOLUCIONES PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES, representada legalmente por Orlando González Ortiz, para el suministro de mercados de apoyo nutricional con destino a la población vulnerable, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19.

 

Se evidencia inconsistencia entre el valor de costos unitarios de los productos adquiridos y un estudio de mercado adelantado con grandes superficies, por lo que se indica un posible sobrecosto.

 

 

INDAGACIONES PRELIMINARES

 

 

Indagación preliminar por posibles sobrecostos

en órdenes de proveeduría de la UGRD

 

La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, a través del Contralor Delegado Intersectorial No. 2, dio inicio a una indagación preliminar por posibles sobrecostos en 94 órdenes de proveeduría por valor de $98.827 millones emitidas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, para la entrega de kits de alimentos de asistencia humanitaria a damnificados y afectados por la emergencia sanitaria COVID-19, conforme a la declaratoria de calamidad pública en los 32 departamentos del país y en el Distrito Capital.

 

Esta indagación preliminar permitirá determinar el porcentaje en que se dieron estos sobrecostos y quiénes son los presuntos responsables.

 

2 Indagaciones Preliminares en Gobernación de Antioquia

 

La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, dispuso la apertura de dos indagaciones por las presuntas irregularidades en la contratación realizada por la Gobernación de Antioquia con las fundaciones Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín y SACIAR-Banco de Alimentos, para la entrega de 47.433 y 58.646 paquetes alimentarios, respectivamente, por valor de $3.837’099.259 y $4.459’818.723.

 

En estos contratos, la Contraloría evidenció sobrecostos del 10,03% y del 12,29%, equivalentes a $385’183.724,74, y $548’523.031. Cabe destacar que los contratos se celebraron directamente con fundaciones que, por tratarse de entidades sin ánimo de lucro, en principio, debían ofrecer condiciones más favorables para la entidad pública contratante.

 

Asimismo, en las contrataciones no resultó clara la fuente de los recursos con los que se ejecutaron las prestaciones en ambos casos y tampoco si los recursos utilizados podían disponerse para tales contrataciones.

 

Y finalmente, a pesar de que el supervisor de los contratos avaló el cumplimiento y pago a una de las fundaciones, se encontró que algunos productos no cumplieron las condiciones de calidad y fue necesario reponerlos.

 

 

Indagación Preliminar Gobernación de Norte de Santander

 

Presunto sobrecosto con la suscripción del Contrato No: CDUM-SEG-00571-2020, por un valor de $2.098.600.000, entre el Departamento del Norte de Santander y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS COLOMBIANOS C.I. PROCOL S.A.S. para el suministro de kits alimentarios a la población vulnerable en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada en razón de la pandemia ocasionada por el COVID-19.

 

Se presumen sobrecostos por el orden del 8% que ascienden a $ 162.867.250. Se pudo establecer que aun cuando en varios productos la cotización del contratista fue menor, las grandes cadenas ofrecían algunos productos a menor precio y se puede inferir que, no obstante, el contratista fue el de menor precio global, hubo sobrecosto.

 

 

Segunda Indagación Preliminar Gobernación Norte de Santander

 

Sobrecosto en la suscripción del Contrato No. 00573 del 07/04/202 suscrito entre la Gobernación de Norte de Santander y la UNIÓN TEMPORAL MULTIPAE 2020, por valor de $5.956.600.000, para el suministro de alimentación escolar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados en educación del departamento de Norte de Santander durante la vigencia 2020, bajo la modalidad de ración preparada en casa, ante la calamidad pública provocada por el COVID-19.

 

Como resultado de 48 posibles combinaciones de alimentos, en un total de 34 se presentan sobrecostos entre el 1% y el 14%. Al establecerse un valor promedio por ración, se determina que el presunto sobrecosto para la totalidad de las raciones es de $169.851.840.

 

Y al incluir un costo de $7.024 por el transporte de cada ración, se establece un total del presunto sobrecosto para las 116.000 raciones del orden de $814.784.000.   

Indagación Preliminar Gobernación del Valle Del Cauca

 

La Gobernación del Valle del Cauca suscribió el contrato de suministro 3379 del 13/04/2020 con FARMAT LTDA. IPS, por valor $7.053.395.255, para el suministro de insumos médicos en el tratamiento de los pacientes afectados por el virus COVID-19 en el Departamento del Valle del Cauca.

 

En relación con este contrato, el análisis de mercado realizado por la Contraloría respecto a los insumos médicos adquiridos por el Departamento del Valle del Cauca, cuyo costo ascendió a un total de $7.053.395.255, permitió determinar que se presenta un presunto sobrecosto del 14% en el valor total del contrato, que equivale $861.220.255, con lo cual el valor del mismo incluido el costo de transporte, finalmente ascendería a $6.192.175.000.

 

En cuanto a los insumos adquiridos no está claramente definido el procedimiento mediante el cual se determinaron las cantidades a adquirir, dado que, por ejemplo, se compraron un total de 5.000 bolsas negras para cadáveres y a la fecha, según reportes en el departamento, el número de decesos no sobrepasa los 60 muertos. Además, se adquirió un total de total de 29.000 unidades de guantes de diferentes tallas, sin que se definiera la población objeto del suministro.

 

 

Segunda Indagación Preliminar Gobernación del Valle del Cauca

 

Posible sobrecosto en el Contrato de Suministro 3417 del 22/04/2020 suscrito entre la Gobernación del Valle del Cauca con MEQ TECNOLOGÍA MÉDICA S.A.S., por un valor de $1.686.520.200, para adquirir equipos médicos destinados al tratamiento de los pacientes afectados por el virus COVID-19 en el Departamento del Valle del Cauca.

 

El presunto sobrecosto es por valor de $389.434.550, que equivale a un 30%, tomando un estimado del 10% por transporte y logística.

 

 

Indagación Preliminar Gobernación del Cesar

 

Presuntos sobrecostos en el Contrato No. 2020-09-0015 del 26 de marzo de 2020 suscrito entre el Departamento del Cesar – Secretaría General- Y CREDIMERCAR CD S.A.S., por un valor de $2.202.840.000, con el objeto de adquirir kits de mercados para la atención de la población vulnerable en el marco de la urgencia manifiesta, declarada para atender el estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica.

 

En la información que se reporta para el contrato, no se suministra el precio por unidad de los ítems descritos en el kit de mercado.

 

El análisis realizado a este contrato se hizo tomando como referencia los precios de las grandes superficies, que corresponde a $ 83.362.

 

Para el análisis se incorporó el 10% por concepto transporte y logística del costo kit de grandes superficies, el cual corresponde a $ 8.336, obteniendo un valor total kit grandes superficies de $ 91.699, de donde se derivan presuntos sobrecostos por kit de $34.301, que corresponden al 37,4%.

 

 

Segunda Indagación Preliminar Gobernación del Cesar

 

Posible sobrecosto en el Contrato 2020-09-0016 del 26/03/2020 suscrito con INVERSIONES MERK JAGUA S.A., por valor de $1.350.620.000, con el objeto de adquirir productos para kits de mercados a fin de atender la población vulnerable en el marco de la urgencia manifiesta, declarada ante el estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica.

 

En la etapa precontractual, la Gobernación solicitó cotizaciones para los estudios económicos o de mercado recibiendo tres opciones. Sin embargo, no se evidencia el respectivo promedio de precios para ajustar el presupuesto oficial a utilizar en esta compra. Se toma como referencia información aportada por uno de los cotizantes.

 

En la etapa contractual, fue imposible determinar el valor individual del producto y el número que se entregaría por kit, ya que su presentación se realiza de manera global sin identificar la marca y presentación.

 

Al realizar un ejercicio comparativo frente a precios del mercado, tomando como referente información de grandes superficies, se determinó un presunto sobrecosto del 21% teniendo como referencia 7 de los 10 productos que conforman los kits.

 

 

Indagación Preliminar Gobernación de Santander

 

Presuntos sobrecostos en la ejecución del Contrato de Compraventa del 21/04/2020 suscrito por la Gobernación de Santander con MAKROPHARMA DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS S.A.S, por valor de $2.781.496.000, para la compraventa de insumos de bioseguridad, con el fin de implementar una estrategia para la contención y protección dentro del marco de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 a la población atendida por la Secretaría del Interior en el Departamento de Santander.

 

La Contraloría evidenció un posible sobrecosto en cuantía de $1.946.600.400, que corresponde a un 233,15% del valor del contrato.

 

De otro lado, se encontró que, aunque en el contrato se pactó un anticipo del 40% del valor del mismo, no se evidencia la póliza correspondiente.

 

Así mismo, se evidenció que se realizó invitación a presentar propuesta para la contratación a un solo proveedor, la firma MAKROPHARMA DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS SAS), que fue con la que finalmente se contrató.

  

 

Indagación preliminar Gobernación del Magdalena

 

La CGR abrió Indagación preliminar por presuntos sobreprecios en la compra de elementos para conformar mercados solidarios para la población vulnerable del Departamento Magdalena, así como posibles problemas en la ejecución del contrato 216 de 2020 suscrito con la empresa BIGSTAR ALIMENTOS S.A.S.  

 

Este contrato hace parte de un proyecto que pretende realizar la entrega de 100.000 mercados solidarios a la población vulnerable, del departamento.

Indagación Preliminar Gobernación de Putumayo

 

La Contraloría determinó presunto sobrecosto del 24% en el contrato No. 548 del 1-04-2020, por valor de $899.446.056, suscrito con SERVICIOS INTEGRADOS ESPECIALIZADOS EN SALUD S.I.E.S S.A.S –JOSE LUIS NORIEGA ALMEIDA, para la compraventa de productos perecederos y no perecederos de la canasta familiar a vendedores informales, adultos mayores, población en condición de discapacidad y población de escasos recursos económicos del departamento del Putumayo.

 

 

Indagación Preliminar Gobernación de Vaupés

 

Posible sobrecosto en el Contrato de Prestación de Servicios No. 003 del 29 de enero de 2020, suscrito con la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDÍGENA DE COLOMBIA PANURE "CODESOIN PANURE", por valor de $1.146.748.682, para ejecutar el Programa de Alimentación Escolar - PAE dando cumplimiento a los lineamientos técnicos administrativos y estándares del Ministerio de Educación Nacional para el fortalecimiento nutricional integral de los niños, niñas y jóvenes del Departamento del Vaupés, vigencia 2020.

 

Después de hacer un comparativo de precios, tomando los valores de referencia de la plataforma de Colombia Compra Eficiente (Grandes Superficies), se evidencia un sobrecosto en las 3.347 porciones o kits de mercados. El valor del sobrecosto del contrato supera los $300 millones.

 

 

Indagación Preliminar Gobernación de Cundinamarca

 

Presunto sobrecosto en el Contrato SS-CD-265-2020 del 21/04/2020, por valor de $3.600.000.000, suscrito con Hospital Ortopédico S.A.S. para la adquisición de unidades de cuidado intensivo, con el fin de atender la pandemia Coronavirus Covid-19 en el Departamento de Cundinamarca.

 

El estudio de mercado realizado por la CGR determinó que sobre el valor del contrato se presenta un presunto sobrecosto promedio del 13%, equivalente a $465.611.444.

 

 

Indagación Preliminar Alcaldía de San José de Cúcuta (Norte de Santander)
 

Presunto sobrecosto en el contrato No. 0543 suscrito entre la Alcaldía de San José de Cúcuta y Soluciones y Proveedurias SAS, por valor de $1.081.190.760, cuyo objeto es el suministro de insumos biomédicos y logísticos para la prevención, atención y contención de la pandemia COVID 19 en el marco de la emergencia sanitaria.

 

De acuerdo con el análisis realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), en el Otrosí hay un presunto sobrecosto de $39.369.753 (4,51%) y en el contrato inicial hay un sobrecosto de $232.306.668. (27,37%).

 

 

Segunda Indagación Preliminar Alcaldía

de San José de Cúcuta (Norte de Santander)

 

Posibles sobrecostos con la suscripción del Contrato No. 003 del 1 de abril de 2020 con la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y CRÉDITO COOGUASIMALES, por valor de $1.687.695.000, cuyo objeto es el suministro de insumos necesarios para la atención de la declaratoria de calamidad pública por el brote del virus Covid-19.

 

 

Indagación preliminar Alcaldía Distrito de Santa Marta

La CGR abrió Indagación preliminar por presuntos sobreprecios en la adquisición de insumos y elementos de protección personal, dentro de las acciones de salud pública necesarias para la contención y efectos del coronavirus COVID-19 en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, así como posibles problemas en la ejecución del contrato IP-005-2020_2 suscrito con la DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.   

 

 

Indagación Preliminar Alcaldía de Yondó (Antioquia)

 

Existe un presunto sobrecosto de $126.304.310 en el Contrato No. 138 de 2020, por valor de $1.314.377.088,98, suscrito con Emperatriz Díaz Distribuidora la Paz, cuyo objeto es el suministro de kits alimentarios de aseo y elementos de protección y prevención de contagio COVID-19 para la población vulnerable.

 

  

Indagación Preliminar Alcaldía de Cota (Cundinamarca)

 

Presunto sobrecosto en Contrato No. 671-2020 suscrito con el Grupo Empresarial FOOD S.A.S., por valor de $750.000.000, cuyo objeto es la adquisición de mercados para la población vulnerable del municipio de Cota, con ocasión de la declaración de emergencia para enfrentar la pandemia por Covid-19.

 

Se suscribió otrosí al contrato ampliando la entrega de mercados a mayor cantidad de hogares (5.500 mercados adicionales a los ya adquiridos), se prorrogó en 15 días y se adicionó por $840.000.000,00

 

De acuerdo al análisis realizado por la Contraloría, se estableció el valor del presunto sobrecosto neto del contrato y el otrosí en $257.983.636,84.

 

 

Indagación Preliminar Alcaldía El Copey (Cesar)

 

Presunto sobrecosto en la celebración del Contrato de Prestación de Servicios No. 106, por un valor de $250.000.000, suscrito entre el Municipio de Copey (Cesar) y la Fundación para el Desarrollo Social de los Colombianos – FUDSOCIAL, cuyo objeto era la operación del programa de atención especial domiciliaria a adultos mayores de escasos recursos y población vulnerable en estado de aislamiento obligatorio, dentro de las medidas adoptadas para la prevención del contagio del Coronavirus.

 

 

Indagación Preliminar Alcaldía El Paso (Cesar)

 

Contrato No. PS-095-2020 entre el Municipio de El Paso (Cesar)  y  la Fundación para el Desarrollo Social de los Colombianos FUDSOCIAL, para el “suministro de ayudas humanitarias a la población vulnerable en el marco de la urgencia manifiesta declarada mediante Decreto No. 032 de 26 de marzo de 2020; para la prevención manejo y control del coronavirus COVID-19 en el municipio de El Paso – Cesar”, con un valor de $341.820.000.

 

Teniendo en cuenta los precios del mercado y los análisis remitidos, se encuentra que el contrato PS-09-2020 presenta sobrecostos superiores al 18%.

 

  

Indagación Preliminar Alcaldía de Sabaneta (Antioquia)

 

Presuntos sobrecostos en el Contrato No. 842 del 22 de abril de 2020 que suscribió la Alcaldía de Sabaneta con la Corporación HERA CREATIVA, cuyo objetivo es el arrendamiento de equipos biomédicos para la atención de pacientes en el Hospital Venancio Díaz Díaz, a razón de la pandemia COVID-19.

 

  

Indagación Preliminar Alcaldía de Aguachica (Cesar)

 

Presunto sobrecosto con la suscripción del Contrato No. 055 de 03/04/2020, suscrito con MECHANS GROUP SAS ZOMAC, por valor de $755.998.920, cuyo objeto es la adquisición de 6000 mercados para la atención de la población vulnerable y adulto mayor en el Municipio de Aguachica, en el marco de la urgencia manifiesta declarada para atender el estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica.

 

En el análisis comparativo de costos de los productos incluidos en los kits referenciados contractualmente con los precios del mercado, los contenidos en las bases del DANE y en los registros de las grandes superficies, se pudo determinar que se presenta un presunto sobrecosto del 13% respecto del valor del costo directo establecido en el contrato de suministro.

 

Dicho porcentaje corresponde a una suma de ($ 92.812.740) incluyendo en el análisis los costos asociados de la logística y transporte, que no quedaron pactados contractualmente.


Adicionalmente, conforme la información contenida en el “CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS” expedido por la Cámara de Comercio de Aguachica, donde Certifica el Objeto Social de la empresa MECHANS GROUPS SAS ZOMAC, es posible establecer que no tiene competencia específica para realizar el suministro al por mayor o menor de alimentos preparados y conservados o de compraventa de alimentos preparados y conservados. 

 

 

Indagación Preliminar ESE Hospital Universitario Departamental de Nariño

 

Presunto sobrecosto estimado en $47.850.000 en el Contrato de Compraventa 0558-2020 del 30/03/2020 suscrito con IMPHA S.A.S., por valor de $143.000.000, para la adquisición de gel antibacterial de 1000 ml.

 

Verificado el SECOP I y II, al igual que la información suministrada por la DIARI, no se evidencia análisis de capacidad financiera ni experiencia especifica del contratista, estudio de mercado o de sector, factores determinantes para establecer el valor final del contrato en estudio previo y de necesidad (sin soporte).

 

No se evidencian tampoco ni se allegaron soportes de invitaciones u otras cotizaciones. Y hay inconsistencia entre la relación de valor indicativo de los productos adquiridos y el valor que pudo tasarse mediante estudio de mercado.

 

 

BALANCE DEL SEGUIMIENTO PREVENTIVO EJERCIDO POR LA CGR A LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON EL COVID-19

 

El seguimiento preventivo de la CGR a los contratos relacionados con la atención de la pandemia, ha permitido revisar registros por $3,9 billones, que equivalen al 19 por ciento de todos los contratos celebrados por entidades del Estado durante lo que va corrido del año, cuyo monto es de $20.6 billones.

 

Durante el último mes ese seguimiento ha crecido, en términos de recursos, en $800.000 millones.

 

El 62 por ciento de los contratos relacionados con el COVID-19 han tenido por objeto la compra de alimentos, insumos médicos y elementos de bioseguridad por $2,4 billones.

 

 

El 38 por ciento restante lo componen contratos de prestación de servicios y otros por montos inferiores a los $150 millones de pesos, por valor total de $1,5 billones.

 

 

La CGR ha emitido 340 alertas por presuntos sobrecostos del 21 por ciento, en promedio, en contratos cuyo valor total es de $484.000 millones, de los cuales el 40 por ciento (unos $193.000 millones) corresponde a contratación realizada por 25 gobernaciones.

 

Es decir, que ese valor creció un 15,4 por ciento desde el 15 de mayo hasta hoy, pues hasta ese día era de $419.000 millones. 

 

El número de alertas, a su vez, creció durante el último mes un 49,7 por ciento, (hace un mes eran 227).

 

A la fecha, las alertas de la Contraloría han llevado a las administraciones a renegociar contratos que inicialmente valían $101.000 millones, gracias a lo cual su monto se redujo a $54.000 millones.

 

 

Los posibles sobrecostos se redujeron a $6.400 millones y hasta el 12 de junio se habían logrado beneficios económicos para el patrimonio público por $29.276 millones.

 

 

En el último mes esos beneficios crecieron un 93 por ciento, pues en mayo eran de $3.190 millones.

 

Debido a la solidez de las alarmas fueron terminados anticipadamente contratos por $21.000 millones y en 29 el sobrecosto se redujo al cero por ciento, con un beneficio de $4.200 millones.

 

 

El 40 por ciento de los contratos examinados tienen origen en los recursos de 25 gobernaciones.

 

En Bogotá, la CGR generado 18 alertas por presuntos sobrecostos en cuantía de $20.221 millones.

 

 

 

Emergencia del Covid-19 ha llevado a suspender

obras de infraestructura por $4,15 billones:

 

 

*Se han suspendido 6 unidades funcionales de la ANI por $3,9 billones, 4 proyectos de la Aerocivil por $236 mil millones y 8 obras a cargo del INVÍAS por $14.307 millones.

 

* Hay 131 alertas de la Contraloría por obras de infraestructura retrasadas o en riesgo que cuestan $18, 11 billones

 

*9 de estas alertas, las de mayor valor, corresponden a proyectos de la ANI (que incluyen 22 unidades funcionales), por $17.2 billones.

 

*17 de esas 22 unidades funcionales (el 84,22%) presentan un avance físico inferior al 70%.

 

*El mayor número de alertas (91), por $301.757 millones, tienen que ver con igual número de colegios en construcción financiados por el FFIE que se consideran como obras en alto riego.

 

*En cuanto a infraestructura de salud, están vigentes alertas por 4 obras consideradas de alto riesgo, que suman un valor de $62.459 millones, encabezadas por el Hospital de Francisco de Paula Santander, en Santander de Quilichao (Cauca), que tiene un avance de apenas el 29%.

 

La Contraloría General de la República ha generado 131 alertas en el sector de infraestructura por una suma total de $18,11 billones, por los retrasos, suspensiones y otras situaciones que ponen en riesgo proyectos y obras a cargo del INVÍAS, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Aeronáutica Civil, así como hospitales y colegios en construcción.

 

Así lo revela un reporte sobre el tema realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), adscrita al Despacho del Contralor General, Carlos Felipe Córdoba.

 

El informe analizó la ejecución de 1.278 obras por $70,98 billones que se adelantan en el país, entregando el siguiente consolidado:

 

*INVÍAS: De 432 intervenciones por $ 5.1 billones, la Contraloría ha generado 20 alertas por valor de $642 mil Millones.

*ANI: De 81 ejecuciones por $62 billones, se han producido 9 alertas por $17,2 billones.

*Aerocivil: De 40 proyectos por $749 mil millones, se ha dado 1 alerta por $6.622 millones, que corresponde a un proyecto en Yopal (Casanare).

*Infraestructura de Salud: De obras correspondientes a 18 hospitales por $375.082 millones, se han generado 4 alertas por $62.459 millones.

*Infraestructura Educativa: de 451 obras por $2.827.640 millones, hay 91 alertas por $301.757 millones.

 

 

Alertas INVÍAS

Tiene 11 obras por $593.594.833.920 en construcción.

 

8 obras por $14.307.991.800 están suspendidas por la emergencia del Covid-19.

 

Y 1 obra por $34.340.686.833 está suspendida por causa diferente.

 

En total, se han dado 20 alertas en el sector transporte, por $642.243.512.553.

 

El 80% de las obras de estas alertas presenta un avance físico inferior al 72%.

 

 

Alertas Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

 

Avanza la construcción de proyectos por $8,4 billones (7 unidades funcionales).

Por el Covid-19, están suspendidos proyectos por $3,9 billones (6 unidades funcionales).

 

En proceso de cesión están proyectos por $2, 9 billones (7 unidades funcionales)

En período de cura hay proyectos por $2,4 billones (1 unidad funcional).

 

Y presentan inconvenientes ambientales proyectos por $2,8 billones (1 unidad funcional)

 

El 82% de los proyectos con alertas presenta un avance físico inferior al 70%.

 

9 proyectos de la ANI (que incluyen 22 unidades funcionales), por $17.2 billones, tienen alertas de la CGR. 

 

17 de estas unidades funcionales (el 84,22%) presentan un avance físico interior al 70% y las otras 3 unidades funcionales (el 15.78%) presenta un avance superior al 70%

 

 

Alertas Aeronáutica Civil

 

Esta entidad adelanta 40 proyectos aeroportuarios por $794 mil millones, de los cuales el 63% (21 por $502 mil millones) se encuentran en construcción y operación y el 30% (4 proyectos por $236 mil millones) se encuentran suspendidos por el Covid-19.

 

El resto de proyectos están terminados (1 por $25.697 millones), en estudios y diseños (2 por $21.390 millones), suspendidos por motivos diferentes al COVID-19 (5 por $7.621 millones) y liquidados (7 por $1.245 millones).

 

Hay una alerta de la CGR, enmarcada en la estrategia “Compromiso Colombia”, de un proyecto en Yopal (Casanare) por $6.622 millones.

 

 

Alertas Hospitales en construcción

 

La CGR ha alertado sobre 4 obras de infraestructura hospitalaria con alto riesgo, que tienen un valor de $62.459 millones (incluyendo adiciones).

 

La situación más grave es la del Hospital Francisco de Paula Santander ESE Nivel II, cuyas obras presentan un avance físico de apenas el 29%.

 

Las otras obras hospitalarias con alertas son: ESE Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, (avance del 66%); Hospital El Buen Samaritano ESE, Municipio de La Cruz, Nariño (avance del 71%); y ESE Hospital San Rafael de Pueblo Rico -Risaralda (avance del 73%).

 

 

Alertas Colegios en construcción con recursos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa -FFIE

 

La CGR ha alertado sobre 91 obras de infraestructura educativa en alto riesgo, que tienen un valor de $301.757 millones (con adiciones).

 

*Las alertas del organismo de control sobre las obras de infraestructura citadas han sido dadas a través de la Estrategia de Control Fiscal Participativo “Compromiso Colombia”, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) y la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.

Publicado el 17 kesä 2020 17:00