Boletines de Prensa - 2019

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COMUNICADO DE PRENSA No. 035

 

  • Según el Contralor Carlos Felipe Córdoba, es necesario determinar cuanto antes qué ha pasado con los recursos destinados para el desarrollo social del departamento del Chocó y mirar con lupa el desarrollo de los proyectos aprobados recientemente por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Regional Pacífico por $20.661 millones.
  • Uno de las obras sobre las que expresó preocupación el Contralor es la construcción de la primera etapa de la Universidad Tecnológica del Chocó en la provincia de San Juan de Istmina, donde se han comprometido $5.136 millones del Fondo de Compensación Regional y todavía no se ha terminado.
  • Atendiendo una solicitud de la comunidad, la CGR está haciendo seguimiento al milímetro a la retrasada construcción del Mega Colegio MIA, en cuya inversión inicial ya fueron comprometidos $13.800 millones más una adición de $6.300 millones, con recursos del Sistema General de Regalías y del Sistema General de Participaciones.
  • La CGR ha detectado graves problemas en obras de infraestructura importantes como la Vía Quibdó-Medellín y el acueducto de Istmina y, adicionalmente, ha encontrado que los proyectos e iniciativas relacionados con los programas para el posconflicto tienen inicio de implementación y no hay un solo certificado de disponibilidad presupuestal o contrato para su desarrollo.

 

Quibdó (Chocó), 22 de marzo de 2019.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, expresó hoy en Quibdó su indignación por el rezago que muestran los indicadores sociales del departamento del Chocó, alertó para que algunas obras que se adelantan en la región no se conviertan en elefantes blancos y se mostró preocupado por la baja ejecución que al cierre de 2018 presentaban 26 proyectos por $88.173 millones, financiados con recursos de regalías.

Al terminar la vigencia pasada, estaban sin contratar dos proyectos de regalías por $199 mil millones en los sectores de agricultura y desarrollo rural y “Debo decir que hasta el momento no se advierte un impacto social positivo de esos proyectos”, lamentó el Contralor al intervenir en Quibdó en un Foro convocado por el Consejo de Estado sobre “Justicia Abierta, Multiculturalidad y Transparencia”.

Entre 2012 y 2018 el departamento del Chocó se benefició, al menos sobre el papel, de 280 proyectos con cargo al Sistema General de Regalías por $728.750 millones, recordó Córdoba Larrarte.

Según el Contralor, es necesario determinar cuanto antes qué ha pasado con los recursos destinados para el desarrollo social del departamento y mirar con lupa el desarrollo de los proyectos aprobados recientemente por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Regional Pacífico por $20.661 millones

De esos recursos, $8.747 millones corresponden a Chocó y están anunciados, de manera genérica, para el ajuste de los esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) de los municipios de Bojayá, Lloró, Medio Atrato, Río Quito, Acandí, Riosucio, Unguía, Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Medio San Juan, Cértegui, Condoto, Nóvita, Río Iró, Tadó y Unión Panamericana.

Los proyectos deben estar sintonizados con las necesidades del día de los pobladores del Chocó y mejorar efectivamente su calidad de vida, señaló al respecto.

No más elefantes blancos

“No podemos permitir que otros proyectos críticos se vayan a dormir el sueño de los justos en cementerios de elefantes blancos”; anotó enseguida, al recordar que la Contraloría General de la República ha hecho un inventario de 890 obras en todo el país que están en este estado: abandonadas, inconclusas y sin funcionar.

“Me preocupa particularmente la construcción de la primera etapa de la Universidad Tecnológica del Chocó en la provincia de San Juan de Istmina, donde se han comprometido $5.136 millones del Fondo de Compensación Regional y todavía no se ha terminado”.

A estas alturas ese proyecto debería estar ejecutado, pero su avance físico está en el 89,97 por ciento y su avance financiero es del 80,36 por ciento.

El Contralor consideró también necesario hacer seguimiento a la construcción del Sistema de Masificación de gas natural de Istmina, Tadó, Unión Panamericana y Condoto, financiado por el Fondo de Compensación Regional por $18.000 millones. Su avance financiero es del 66,99 por ciento y el físico tan solo del 53,46 por ciento.

Lupa a otros proyectos

El Contralor Córdoba Larrarte recomendó a los chocoanos estar en alerta ante la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo de los próximos cuatro años de recursos por $14,3 billones, para invertir en programas y proyectos prioritarios que serán incluidos en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI).

“Hay que ampliar la lupa sobre esos dineros, para que mejore la calidad de vida de los habitantes del Choco, en salud, en educación y en infraestructura, donde se tienen tantas necesidades”, indicó.

El Contralor Córdoba habló igualmente del  ejercicio de control excepcional que ha iniciado la Contraloría General de la República a los proyectos de los hospitales San Francisco de Asís, de Quibdó, y el hospital Lancario Barbosa, de Acandí.

Además -recordó- con base en información recibida de las veedurías ciudadanas la Contraloría ha puesto su foco sobre el hospital Ismael Roldán y el proyecto del hospital Zona Norte de Quibdó.

Por otro lado, atendiendo una solicitud de la comunidad, la CGR está haciendo seguimiento al milímetro ala retrasada construcción del Mega Colegio MIA, en cuya inversión inicial ya fueron comprometidos $13.800 millones más una adición de $6.300 millones, con recursos del Sistema general de Regalías y del Sistema General de Participaciones.

La CGR ha detectado graves problemas en obras de infraestructura importantes como la Vía Quibdó-Medellín y el acueducto de Istmina y, adicionalmente, ha encontrado que los proyectos e iniciativas relacionados con los programas para el posconflicto tienen inicio de implementación y no hay un solo certificado de disponibilidad presupuestal o contrato para su desarrollo.

Publicado el 22 maalis 2019 17:00


COMUNICADO DE PRENSA No. 034

 

  • Recursos de la empresa se perdieron por compra irregular de un predio, que se dio cuando el funcionario de gestión inmobiliaria no realizó el debido estudio de títulos y no advirtió que tenía una medida cautelar.

 

Medellín (Antioquia), 20 de marzo de 2019.- La Contraloría General de la República dejó en firme un fallo de responsabilidad fiscal por $1.752 millones contra un exfuncionario de la empresa Ecopetrol, Juan Manuel Piñeros Quevedo, que ejercía el cargo Profesional Universitario Grado 1, por la compra irregular de un predio rural en el municipio de Yondó, al nororiente del departamento de Antioquia.

El proceso de responsabilidad fiscal, adelantado por la Gerencia Colegiada Departamental de Antioquia, se dio por la compra del predio “La Cabaña”, de cerca de 4.500 metros cuadrados.

El fallo de primera instancia del 05 de diciembre de 2018, fue confirmado por la Dirección de Juicios Fiscales mediante el auto 315 del 14 de marzo de 2019, en grado de consulta y resolviendo el recurso de apelación interpuesto.

El 1 de junio de 2011, Ecopetrol adquirió este predio en el municipio de Yondó, por valor de $1.323 millones, incluyendo gastos notariales por $7 millones 806 mil pesos. 

Sin embargo, una demanda generó la rescisión del negocio jurídico, generando un detrimento patrimonial, que indexado (traído a valor presente) alcanza ahora la suma de $1.752 millones.

El predio no hace parte de los activos de Ecopetrol, ya que el negocio jurídico no se pudo registrar porque sobre el mismo recaía una demanda de rescisión por lesión enorme y, de esta manera, los recursos de la empresa se perdieron al pagarse al vendedor.  

El hoy exfuncionario Juan Manuel Piñeros Quevedo fue encontrado responsable en razón a que tenía la obligación de realizar el debido estudio de títulos y aunque sobre el predio recaía una medida cautelar no advirtió la irregularidad y permitió el negocio de compraventa.

Publicado el 20 maalis 2019 11:00


COMUNICADO DE PRENSA No. 033

 

  • En reciente visita, la CGR analizó el estado de cinco proyectos en los que se invierten más de $50.000 millones del Sistema General de Regalías (SGR).
  • La gestión adelantada los días 13, 14 y 15 de marzo, responde a una estrategia del Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, para garantizar que el destino de los recursos de regalías responda a los propósitos trazados en los proyectos

 

Bogotá, 19 marzo de 2019.- La Contraloría General de la República adelantó una visita de 3 días a importantes proyectos financiados con recursos de regalías en el departamento del Atlántico, considerados de condición crítica, para verificar su avance.

La visita, liderada por el Contralor Delegado Sectorial para Regalías, Reinaldo Duque González, comprendió proyectos como el de la construcción y dotación de 21 Centros de Desarrollo Infantil, la ampliación y remodelación de la Fábrica de Cultura de Barranquilla y el de construcción de obras para la protección del Anclaje del Muelle de Puerto Colombia.

Los días 13, 14 y 15 de marzo se realizaron varias mesas de trabajo y visitas de campo a los puntos de las obras, en las que se analizó la información reportada por miembros del Gabinete del Departamento del Atlántico, funcionarios del Distrito de Barranquilla y de la administración municipal de Puerto Colombia, encargados de los proyectos de regalías de esas entidades territoriales.

En el caso del Atlántico, se analizó en esta oportunidad el avance del proyecto que ejecuta la Gobernación para mejorar la calidad de atención integral a la primera infancia mediante la construcción y dotación de 21 Centros de Desarrollo Infantil CDI en 13 municipios del Atlántico, cuya inversión asciende a los$ 124.165 millones, con el cual se espera beneficiar a más de 7.000 niños entre 0 y 5 años de edad en el departamento.

Igualmente, se realizó mesa de trabajo con funcionarios del Distrito de Barranquilla en la cual se analizó la ejecución del proyecto de ampliación y remodelación de la Fábrica de Cultura, que con una inversión de $23.709 millones beneficiará a más de 24.000 jóvenes con aulas de danza, estudio, música, dibujo, cultura, pintura, escultura, audiovisuales y taller del área de maderas, metal y hornos de arcilla, además de un auditorio de uso múltiple.

Proyectos en estado crítico

A partir de informes de la Dirección de Regalías del Departamento Nacional de Planeación, que da cuenta de los proyectos en condición crítica, el Contralor Delegado Reinaldo Duque González se desplazó al municipio de Puerto Colombia, donde visitó el proyecto de construcción de obras para la protección del Anclaje del Muelle de esa población, con una inversión cercana a los $6.820 millones. 

Asi mismo, comprobó el avance del proyecto de estabilización y recuperación ambiental de las playas del Country en Puerto Colombia, cuya inversión total será de $22.307 millones y, adicionalmente, verificó el estado del proyecto de mejoramiento y reconstrucción del corredor vial Los Pocitos -YE de Guaimaral del km 30+730 al km 36+880, que debe mejorar la movilidad a los habitantes de Tubará y Juan de Acosta y para el cual se destinaron recursos de Regalías por $21.472,8 millones.

Todos los proyectos visitados por la CGR en el Atlántico se encuentran preseleccionados por este organismo de control para ser incluidos dentro del alcance de una Actuación Especial a realizarse en ese departamento. En los próximos días, se iniciarán formalmente las actuaciones especiales de fiscalización.

Publicado el 20 maalis 2019 08:00


COMUNICADO DE PRENSA No. 032

 

  • La CGR y Minhacienda adoptaron medidas para poner fin a situaciones como la multiplicidad de reportes presupuestales y planes de cuentas, que deberán aplicar desde el 1 de enero de 2020 las entidades territoriales.

 

Bogotá, 15 de marzo de 2019.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera, suscribieron la Circular Conjunta No. 01 de 2019, que tiene por objeto precisar las estrategias de divulgación que se adelantarán para dar a conocer el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP) y el Régimen de Contabilidad Presupuestal (RCP), cuya aplicación será obligatoria a partir del 1º de enero de 2020 por parte de las Entidades Territoriales y sus entidades descentralizadas.

En general, este nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal es aplicable para las Entidades que pertenecen al Presupuesto General de la Nación, las Entidades Territoriales, las entidades descentralizadas del orden nacional y territorial, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Entidades Financieras.

La Circular Conjunta No. 01 de 2019 está dirigida a los representantes legales de departamentos, distritos, municipios y resguardos indígenas certificados, establecimientos públicos, órganos autónomos e independientes, empresas públicas y particulares que manejan recursos públicos.

Objetivos

La Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidieron el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP) y el Régimen de Contabilidad Presupuestal (RCP), con los siguientes fines:

*Minimizar los reportes de información presupuestal

*Generar información presupuestal con una única metodología

*Garantizar la consolidación de la información para fines de estadísticas públicas

*Contar con una herramienta para la gestión pública

*Y, también, consolidar la contabilidad presupuestal por parte de la Contraloría General de la República

Razones de los cambios

Para el Contralor General y el Ministro de Hacienda, la expedición del Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP) y el Régimen de Contabilidad Presupuestal (RCP), era necesaria en razón a que:

*Como resultado de la aplicación de las normas presupuestales, en la actualidad existen múltiples planes de cuentas y cada entidad incorpora cambios en sus planes de cuentas dependiendo de sus necesidades particulares.

*Así mismo, en ocasiones, los lineamientos entregados sobre clasificadores presupuestales dan interpretaciones distintas a los conceptos de clasificación.

*Las modificaciones en los catálogos se han dado de manera desordenada, lo que dificulta la comparación de cifras presupuestales y la agregación de las mismas para fines de rendición de cuentas, programación y análisis.

*Adicionalmente, en ausencia de un administrador de catálogos, los planes de cuentas no siempre están actualizados de acuerdo con la normatividad vigente y las categorías de clasificación interna no necesariamente son excluyentes, lo que da espacio a la discrecionalidad de los registros, a la vez que su revisión y actualización no considera la totalidad de versiones, equivalencias con otros clasificadores y requerimientos de otras entidades, aumentando la multiplicidad de reportes.

Divulgación en diferentes ciudades

Para dar a conocer el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP), el Régimen de Contabilidad Presupuestal (RCP) y las actividades que deben desarrollar las Entidades Territoriales para el proceso presupuestal del año 2020 y su implementación, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público han programado eventos de divulgación en diferentes ciudades del país.

Estos eventos inician a partir del próximo lunes 18 de marzo en Popayán y Montería, y seguirán hasta el lunes 22 de abril, en Cúcuta, cubriendo todas departamentos del país (algunos de ellos congregados en ciudades vecinas y en Bogotá, para el caso de Cundinamarca y los llamados antiguos territorios nacionales).

Habrá también eventos de divulgación en Santa Marta y Pasto (20 de marzo), Pereira, Armenia, Manizales e Ibagué (26 de marzo), Villavicencio (29 de marzo), Cali y Tunja (1 de abril), Bucaramanga (2 de abril), Bogotá (3 y 4 de abril), Valledupar (4 de abril), Medellín (5 de abril), Neiva (9 de abril) y Sincelejo (11 de abril).

Adjunto

Circular conjunta 001 de 2019

Publicado el 15 maalis 2019 10:


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COMUNICADO DE PRENSA No. 031

 

  • Ossa Escobar vinculó a la ciudadanía para apoyar el control fiscal, al dar vida a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, donde precisamente empezó su carrera en el control fiscal el actual Contralor General.
  • Además, el excontralor Ossa Escobar fue el promotor de la carrera administrativa en este órgano de control.

 

Bogotá, 14 de marzo de 2019.- En nombre de los todos los funcionarios de la Contraloría General de la República, el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte se permite expresar su pesar por el sensible fallecimiento del excontralor Carlos Ossa Escobar, quien ejerció este cargo en el período 1998-2002, dejando un legado importante en la historia del control fiscal.

Ossa Escobar hizo en su momento una reforma que impactó la estructura de la CGR, a nivel laboral, jurídico y técnico, siendo su mayor aporte la creación de la carrera administrativa en este organismo de control (Decreto Ley 268 de 2000). Un buen número de los funcionarios de la entidad que están hoy en carrera administrativa ingresaron a la entidad con el primer concurso que abrió su administración.

Así mismo, con la expedición y aplicación del Decreto Ley 267 de 2000, Ossa Escobar dio vida a las Direcciones de Estudios Sectoriales (DES), permitiendo a la CGR dedicarse no solo a la parte macroeconómica y del daño patrimonial sino también a analizar cada uno de los sectores económicos, para que los informes de las DES sirvan de insumo para los debates en el Congreso de la República y para las mismas investigaciones que adelanta la CGR.

El fallecido excontralor promovió la expedición de una buena parte de los decretos que siguen siendo columna vertebral de esta entidad (como los Decretos Ley 267, 268, y 269 de 2000, entre otros).

El Decreto Ley 267 de 2000 dio vida a una parte sustancial de la actual organización administrativa de la CGR, con el esquema, por ejemplo, de unas Contraloría Delegadas Sectoriales, que a su vez tienen una Dirección de Vigilancia Fiscal y una Dirección de Estudios Sectoriales (DES).

En el tema de responsabilidad fiscal, con la Ley 610 de 2000, se eliminaron las fases de investigación y juicio fiscal que estaban vigentes hasta entonces para dejar solamente lo que se llama el proceso de responsabilidad fiscal, o sea “el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado”.

Ossa Escobar no solo revisó la parte técnica y jurídica de la entidad, también tecnificó su talento humano.

Además, desde su visión de experto economista y exmiembro de la Junta Directiva del Banco de la República, dio un gran impulso a la revista Economía Colombiana, para lo cual contó con la asesoría del hoy ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla.