Boletines de Prensa - 2019

COMUNICADO DE PRENSA NO. 45

 

San Andrés, 3 de abril de 2019.- La Contraloría General de la República, a través de la Gerencia Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dio apertura a un proceso de responsabilidad fiscal por $4.701 millones de pesos, por presuntas irregularidades en la construcción del sistema de acueducto para el municipio de Providencia y Santa Catalina, en su primera fase.

Las obras contratadas por más de $14.200 millones, presentan diversas fallas que inciden negativamente en el buen funcionamiento del sistema de acueducto construido, causadas por deficiencias constructivas y mala calidad de la obra.

El organismo de control tiene evidencia que, desde la puesta en marcha del sistema de acueducto, se han presentado falencias tanto en la planta de tratamiento de agua potable – PTAP – como en la red de distribución.

Para la CGR, los recursos invertidos en dichas actividades no dieron los resultados esperados y no cumplen con los fines para los cuales fueron destinados, situación que ha afectado la efectiva prestación en el servicio en términos de cantidad, continuidad y calidad del agua tratada, y por ende a la comunidad que sería la finalmente beneficiada.

Publicado el 03 huhti 2019 09:30


COMUNICADO DE PRENSA No. 044

 

  • Las denuncias más relevantes se refieren a presuntas afectaciones socioeconómicas y a la infraestructura de los territorios, sufridas por la creciente súbita del río Cauca, generada el 12 de mayo de 2018.
  • La pesca, el barequeo, el comercio de arenas y la agricultura, actividades de sustento de buena parte de los pobladores, presuntamente perjudicadas.
  • Se denuncia presunta irregular gestión del manejo del riesgo y deficiencias en el plan de retorno de los afectados.
  • Se trasladaron denuncias con ocasión de errores en el Censo y Registro Único de Damnificados.
  • Testimonios de los afectados.

 

Bogotá, 2 abril de 2019.- Una significativa afectación a la vida social y económica se denunció ante la Contraloría General de la República al escuchar el testimonio de las comunidades afectadas en la influencia del Río Cauca por el proyecto Hidroituango, luego de un recorrido por 4 departamentos y 15 municipios, donde se recibieron más de 300 denuncias que fueron trasladadas a EPM, las Alcaldías, las Gobernaciones y otras entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la Unidad Nacional de Protección y la Procuraduría General de la Nación, entre otras.

Según el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez, quien encabezó el recorrido terrestre y fluvial, el común denominador de las denuncias y peticiones que recibió de los habitantes de la zona, río arriba y río abajo del proyecto, son las posibles afectaciones que están teniendo sobre sus actividades socioeconómicas, como la pesca, el barequeo, el comercio de arenas y la agricultura, cuyo impacto podría tener una cuantía significativa.

De acuerdo a los testimonios recogidos, las poblaciones damnificadas derivan su sustento, en un 90 por ciento, de dichas actividades.

Son recurrentes las denuncias incluso sobre daños psicosociales y a la infraestructura de los territorios, ocasionados por la creciente súbita del río Cauca, que se generó el pasado 12 de mayo de 2018.

Se denunció que no hay claridad sobre la población afectada y no existen programas concretos de reactivación económica. Hasta el momento se comenzó el censo para realizar estos programas, que cuentan con 800 cupos y sólo para el departamento de Antioquia.

Situaciones objeto de denuncias que causan preocupación:

La presunta irregular gestión del manejo del riesgo

Posibles deficiencias que se advierten en el plan de retorno de los afectados.

Presuntas falencias en el Censo y en el Registro Único de Damnificados.

Algunos testimonios

*Eulalia Corpa, habitante de Achí (Bolívar), considera que la calidad de vida en esa población ha bajado más de un 50 por ciento, porque todo es más caro, pues “si no puede sembrar nada, todo sube”.

*En palabras de Manuel Suárez, habitante de la comunidad indígena Balai, del corregimiento Guarumo, del municipio de Cáceres, “Esta es la crónica de una muerte anunciada… estamos viviendo una zozobra y esa represa se va a venir el día menos pensado y no sabemos qué acompañamiento vamos a tener”.

*Algo similar expresa Marina Espinosa, habitante del municipio de Valdivia, sobre la situación que viven cada vez que se activan las alertas: “A dónde nos vamos a ir… No sabemos a dónde nos van a meter, sabiendo que tenemos un lobo dormido ahí arriba, en esa represa”.

*Santiago González es un pescador, también de Valdivia, y su denuncia está relacionada con la forma cómo se ha afectado su trabajo diario: “Como pescador no he podido ejercer la actividad como tal, por lo que las especies fueron muy afectadas. Luego el cierre de la compuerta terminó afectando más al río, en su cauce”.

*Ana María Ladeo, habitante del corregimiento de Puerto Valdivia, municipio de Valdivia, dice: “Es injusto que después que nos digan a los sectores que ya no retornan, que estamos dentro de una mancha de la inundación, ahora quieran hacer con nosotros lo que ellos quieran, y digan que van a mitigar las cosas arreglando las casas y no respondiendo como nos deben de responder. Con qué tranquilidad nos vamos a venir nosotros a nuestras casas sabiendo que estamos dentro de una mancha de la inundación”.

*“Estamos ante un exterminio cultural de las comunidades indígenas del Bajo Cauca, porque si nuestra economía es del rio por tradición, de años atrás, y no la quitaron, entonces no vamos a poder seguir, con nuestras costumbres culturales y ancestrales que teníamos”, asegura entre tanto Cecilia Moros, Cacica de la comunidad indígena El Manantial, del corregimiento Guarumo.

*“Nosotros le pedimos de corazón, para que realmente tomen conciencia, que nosotros los que vivimos en el Bajo Cauca, en específico en el municipio de Caucasia, somos los que tenemos que tener la oportunidad de que nos tengan en cuenta y no nos han tenido en cuenta”, dice por su parte un habitante de este municipio antioqueño.

*Yonhani Paternina Fernández trabaja como apoyo en la coordinación de riesgo municipal de Ayapel (Córdoba) y dice que “hubo afectación psicológica a los habitantes de los ocho corregimientos del municipio que podrían ser afectados si Hidroituango llega a desbordarse o a romper la compuerta”.

*También alza su voz Dora Uribe, cabildante adulto mayor del corregimiento de Puerto Valdivia: “Cuando fueron a hacer esa represa, nosotros les hicimos paro, porque nosotros siendo campesinos, casi analfabetas, sabíamos que era un perjuicio y nos dijeron que la hacían por encima del que fuera. Entonces nosotros le pedimos que por encima del que sea, también nos respondan”.

Zonas recorridas

Cumpliendo los compromisos adquiridos por el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, en la audiencia preventiva de Hidroituango, realizada en Medellín el pasado 27 de febrero, en Medellín, el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez, y su comitiva escuchó las inquietudes y denuncias de las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, en los siguientes departamentos, municipios y corregimientos:

Departamentos

Antioquia
Bolívar
Córdoba
Sucre

Municipios y corregimientos:

Antioquia

1.     Sabanalarga

2.     Valdivia

Corregimiento Puerto Valdivia

3.     Cáceres

Corregimiento Guaramo

4.     Caucasia

5.     San Andrés de Cuerquia

6.     Ituango 
 

Córdoba  

7.     Ayapel 
 

Sucre
8.     San Marcos

9.     San Benito Abad

Corregimiento Jegua

10. Guaranda

Bolívar

11. San Jacinto del Cauca

12. Magangué

Corregimiento Santa Mónica
Corregimiento Barbosa

13. Pinillos

14. Achí

Corregimiento Guacamayo
Corregimiento Tres Cruces

15. Montecristo

La Contraloría General de la República, a través de su Delegada para la Participación Ciudadana, realizó el traslado de más de 300 irregularidades a distintas entidades, con ocasión de las denuncias de las comunidades afectadas por el proyecto Hidroituango, a las siguientes entidades:

EPM
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD
Procuraduría General de la Nación
Unidad Nacional de Protección
Alcaldía de Valdivia
Alcaldía de Caucasia
Alcaldía de Cáceres
Alcaldía de Sabanalarga
Alcaldía de Ituagüí
Alcaldía de San Benito de Abad
Alcaldía de Magangué
Alcaldía de Achí
Departamento para la Prosperidad Social DPS
Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la Gobernación de Antioquia DAPARD
Gobernación Antioquía
Gobernación Bolívar
Gobernación Sucre
Gobernación Córdoba
Consejo Departamental de la Gestión del Riesgo de Antioquía.

La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana realizará especial seguimiento a las denuncias y respuestas de las autoridades competentes, a fin de dar solución a las necesidades ciudadanas.

Publicado el 02 huhti 2019 15:15


COMUNICADO DE PRENSA No. 043

 

  • *Irregularidades en subsidios de vivienda llevaron a esta decisión del organismo de control.

 

Sincelejo (Sucre), 2 de abril de 2019.- La Contraloría General de la República, a través de su Gerencia Departamental en Sucre, profirió falló con responsabilidad fiscal por $171,9 millones contra el Fondo de Vivienda de Interés Social de Sincelejo (FOVIS), debido a irregularidades en la aplicación de subsidios públicos de vivienda para 11 trabajadores de la Empresa de Apuestas Permanentes de Sucre, APOSUCRE.

La adquisición de bienes defectuosos sobre los cuales no se cumple con la norma técnica de calidad en sismo resistencia, dejó en evidencia una gestión fiscal deficiente desarrollada por la Asociación de Vivienda ASOVICOR y por los ex gerentes y representantes legales del Fondo Municipal de Vivienda y de Interés Social y Reforma Urbana de Sincelejo (FOVIS): Rafael Macea Gómez, Luz Cassab Díaz y Leonardo Grillo Martínez.

El fallo fue confirmado, en segunda instancia, por la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la CGR.

Publicado el 02 huhti 2019 09:00


COMUNICADO DE PRENSA No. 042

  • Dicha cuantía obedece a un incremento en el valor inicial del contrato, que se vio afectado por constantes ajustes.

 

Tolima, 1 de abril de 2019.- La Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en el Tolima determinó un hallazgo con presunta incidencia fiscal en cuantía de $15.818 millones, en el desarrollo del proyecto para la construcción de obras de control de presas y protecciones longitudinales en el río Gualí, cuyos recursos provienen del Fondo Nacional de Regalías – FNR.

El proyecto que fue ajustado cuatro veces, ocasionó disminución de las obras al pasar de 8 presas y dos muros de contención a solo 5 presas y dos muros de contención, con un incremento en el contrato que pasó de $16.221 millones a $26.305 millones.

Esta obra diseñada para adelantarse en dos años, tardó 7 años en ser ejecutada incumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en las normas técnicas de obligatorio cumplimiento, al construirse con especificaciones técnicas inferiores y resistencia inferior a la pagada.

De esta manera se pone en riesgo a la población de Honda, dado que las estructuras construidas al verse sometidas a la fuerza impuesta por la naturaleza (corriente del rio) no garantizan que sean aptas para resistirlas, se ven afectadas en su durabilidad y aceleran la presencia de fallas prematuras, quedando propensas a un colapso en caso de emergencia.

Estos hechos fueron declarados de Impacto Nacional mediante Resolución 0216 de 18 de marzo de 2019, suscrita por el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, por lo que el trámite investigativo será adelantado por la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías, del órgano de control.


COMUNICADO DE PRENSA No. 041

 

Barranquilla, 1 de abril de 2019.- La Contraloría General de la República inició un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto daño patrimonial de más de $228 millones, contra la Fundación Huellas con Futuro, por un contrato celebrado el 18 de mayo de 2017 con la alcaldía de Soledad, en el departamento de Atlántico.

Según el organismo de control, el contratista no pudo soportar gastos o evidenciar el avance del contrato de 00286 de 2017 en el cual la alcaldía municipal invirtió $385 millones, y cuyo objetivo era generar estrategias que fortalezcan las políticas públicas de niños y niñas en Soledad al nor-oriente del departamento del Atlántico.

La Contraloría General de la República encontró que más de $ 228 millones en gastos no pudieron ser soportados por parte del contratista y tampoco se pudo establecer el avance o ejecución.

En el contrato en mención se ven comprometidos los recursos del Estado y la vulneración de los derechos de un sector prioritario de atención como son los niños y niñas del municipio de Soledad Atlántico.

Publicado el 01 huhti 2019 15:30