Boletines de Prensa - 2019

Contralor pide invertir en la justicia y fortalecerla con mayor tecnología

COMUNICADO DE PRENSA No. 064

 

  • Se encuentra una constante histórica en la reducción de los recursos dirigidos a este sector, dice el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
  • Apenas el 5% de los recursos presupuestales de los que está dotada la Justicia se destina a inversión, subraya el jefe del organismo de control.
  • El Contralor General habló en el IV Encuentro de Justicia, Región Norte y Bajo Cauca, que se realizó en Yarumal (Antioquia), por convocatoria de la Corte Suprema de Justicia.

 

Yarumal (Antioquia), 16 de mayo de 2019.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, formuló aquí un llamado para que en Colombia se invierta en la justicia, aumenten los recursos que se le dan y se le fortalezca con mayor tecnología, dejando de lado la idea de que es un gran gasto o un error hacerlo.

“La capacidad de Justicia para castigar a los criminales de distinto ropaje y a quienes atentan contra los bienes jurídicos del Estado depende no solo de servidores con un alto perfil ético, sino de mejores recursos presupuestales y tecnológicos”, subrayó.

Dijo que como ha pregonando con el caso de la Contraloría, se necesita mayor tecnología para derrotar a los bandidos y a la corrupción.

“Hago énfasis en este punto, porque la Contraloría General de la República ha advertido una constante histórica en la reducción de los recursos contemplados para el sector justicia”, añadió.

En el caso del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, la reducción fue de casi un 16 por ciento y los recursos permitieron perfilar con dificultad un Plan de Inversiones por$1,34 billones, gran parte de los cuales (el 75 por ciento) fueron proyectados para la construcción, adquisición y mejoramiento de la infraestructura física, precisó.

El nivel más bajo de gestión presupuestal se dio entre los años 2013 y 2016, cuando la Rama Judicial contó con apropiaciones presupuestales por $13,65 billones (a precios constantes de 2016), recordó luego.

De esos recursos, $12,53 millones (equivalentes al 91,8 por ciento, fueron para gastos de funcionamiento, mientras que solo $1,2 billones (8,2 por ciento) se dirigieron a los diversos proyectos de inversión gestionados por el Consejo Superior de la Judicatura.

No es un gran gasto

“No podemos seguir pensando que invertir en nuestra justicia es un gran gasto. Eso sería un gran error. La OCDE habla de que necesitamos 65 jueces por cada 100 mil habitantes y hoy solo llegamos a alrededor de 10.8”, indicó.

Mencionó luego que una de las cifras preocupantes que ha encontrado la Contraloría en su estudios sobre el tema es que apenas el 5 por ciento de los recursos presupuestales de los que está dotada la Justicia se destina a inversión

“Debemos entender que, si no fortalecemos con mayor tecnología, con mayor y mejor capital humano el esquema de justicia, no vamos a poder salir adelante en este camino”, insistió el Contralor Córdoba Larrarte.

El problema de la congestión judicial

En su intervención ante los asistentes al IV Encuentro de Justicia, Región Norte y Bajo Cauca, el Contralor General se refirió también a otro problema recurrente: la congestión judicial. 

Al respecto señaló: a los despachos de la rama judicial llegan alrededor de 2 millones 723 mil procesos nuevos, es decir, más de 7.400 procesos diarios, y si bien la jurisdicción penal tiene la mayor carga procesal, el segundo lugar lo tiene la jurisdicción civil, que a finales del año pasado atendía 637.111 procesos, equivalentes al 23,39 por ciento del total de la rama.

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Publicado el 16 touko 2019 18:00


Dice el Vicecontralor (E) y Contralor Delegado de Minas y Energía, Ricardo Rodríguez Yee:

“Se cumplió la hipótesis que planteó la Contraloría, hace dos años, en el sentido de que entre los años 2021, 2022 y 2023 había el riesgo de desabastecimiento de gas”

 

  • “El país sigue consumiendo altos volúmenes de gas y no se ha agregado mayor inventario de este combustible”, sostiene también el Vicecontralor.
  • Según el funcionario, se tienen que tomar todas las acciones que política y energéticamente sean necesarias para minimizar cualquier riesgo de desabastecimiento de gas a futuro y evitar enfrentarnos a cualquier tipo de racionamiento

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Publicado el 16 touko 2019 11:00


 COMUNICADO DE PRENSA No. 063

 

  • "Debemos encaminarnos al uso de la inteligencia artificial. Era imposible para la Contraloría tener la capacidad de revisar los más de 5,7 millones de contratos públicos, pero se logró, con el gran Big Data y el análisis avanzado que hoy tenemos”, destaca el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
  • En tan solo 7 meses, y pese a los pocos recursos de que dispone,  la CGR logró implementar la plataforma tecnológica Oceáno.

  

Bogotá, 13 de mayo de 2019.- Tras hacer una metáfora en el sentido de que mientras la Contraloría va a velocidad de bicicleta y los bandidos a velocidad de Lamborghini, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte consideró que este organismo de control requiere de mayores recursos, para encaminarse al uso de la inteligencia artificial y lograr mejores resultados contra la corrupción.

 “Si queremos resultados, hay que invertir en soluciones reales para el presupuesto. Necesitamos que nos den las herramientas, hacer las cosas con las uñas es difícil. Y, aun así, en apenas 7 meses de gestión, tenemos un logro: estamos viendo la cuenta del estado colombiano como si fuera la cuenta de ahorros, y eso era imposible antes”, resaltó.

Hizo así referencia al funcionamiento de la plataforma tecnológica Océano, que le ha permitido a la Contraloría revisar más de 5,7 millones de contratos públicos por valor total de 545,9 billones de pesos, gracias a este gran Big Data y el análisis avanzado que hoy se tiene desde este organismo de control.

“Con la plataforma Océano, que es el gran Big Data de la contratación estatal en Colombia, hemos podido encontrar empresas que se vuelven multipropósito y es así como hay una empresa que vende gallinas ponedoras y a la vez hace vías, o también está el caso de una farmacia en el Amazonas que termina haciendo viviendas y, además, también encontramos muertos que siguen contratando”, indicó.

“Tenemos el Big Data y queremos migrar hacía modelos predictivos, como los que ya tiene la Fiscalía. El país tiene que entender que sin la tecnología y la ciudadanía no se pueden tener resultados contundentes contra la corrupción”, insistió el Contralor Córdoba Larrarte.

“Tenemos que mostrarle al ciudadano que ser malo no paga y darle más recursos a entidades como la Contraloría”, sostuvo.

No a la cultura de dinero fácil

Insistió igualmente en que el problema de la corrupción en Colombia viene de la cultura del dinero fácil. “Hay que desincentivar la creencia de que el hombre exitoso es el que tiene vehículos de alta gama y más mujeres voluptuosas”, anotó.

“Necesitamos la ayuda de todos, la ciudadanía, el Congreso, porque no podemos seguir en lo mismo. La lucha contra la corrupción es un compromiso de todos, recalcó el Contralor General de la República al intervenir hoy en la “Cumbre Concordia Américas 2019”, en el Hotel Gran Hyatt de Bogotá.

Publicado el 13 touko 2019 16:00


COMUNICADO DE PRENSA No. 062

 

  • Este diagnóstico participativo que se realiza en torno a la problemática que vive el PAE, permitirá adelantar una evaluación concertada con los actores del Programa y buscar soluciones a las deficiencias estructurales que lo afectan.
  • En el marco de la estrategia, que fue lanzada en Cúcuta por el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda, la Contraloría suscribirá con los contralores estudiantiles una “Alianza de Control Social” por el cuidado y seguimiento a los recursos públicos.
  • “Estamos haciendo presencia en las instituciones educativas, promoviendo los Contralores Estudiantiles, porque son ellos quienes en verdad saben qué están comiendo, en qué condiciones, y, en general, cómo está funcionando el Programa de Alimentación Escolar”, destacó el Delegado de Participación Ciudadana.

 

Bogotá, 8 de mayo de 2019.- Con base en las directrices que facultan a la Contraloría General de la República para vincular a la comunidad en su gestión de vigilancia fiscal, este organismo de control adelanta un diagnóstico participativo del Programa de Alimentación Escolar – PAE en todas las regiones del país, con el acompañamiento de la ciudadanía.

Esta estrategia se desarrolla a través del “Sistema de Control Fiscal Participativo”, como actor vigilante de los dineros públicos, la gestión y los procesos de administración pública, explicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez, encargado por el Contralor Carlos Felipe Córdoba de liderar la iniciativa.

Según el funcionario, el diagnóstico que se logre realizar permitirá identificar de manera conjunta con los distintos actores involucrados en el PAE, (gestores públicos, contratistas y beneficiarios) los problemas estructurales del Programa y sus causas, a la luz de las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, con el fin de proponer rutas de acción concertadas, dirigidas a superar las situaciones que se detecten.

En las últimas horas, el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana presentó en Cúcuta las bases de la nueva estrategia de la CGR, ciudad donde se viene presentando una situación especial por el actual fenómeno migratorio. Allí visitó las instalaciones de los Colegios Misael Pastrana Borrero y José Eusebio Caro, junto con la Secretaría de Educación de la Ciudad, Doris Angarita, las directivas de las instituciones, comunidad académica y gobierno estudiantil, donde se evidenciaron las dificultades y las posibles soluciones que tiene el PAE.

“En el caso de los establecimientos educativos visitados en Cúcuta -precisó- se pudo evidenciar que existen falencias en la infraestructura para el desarrollo del PAE. Por ejemplo, en el Colegio Misael Pastrana Borrero, el Personero, la Contralora y el representante estudiantil nos explicaron a todos los asistentes la dificultad que tienen por la falta de un comedor con suficiente capacidad para atender los 680 estudiantes de la institución educativa, puesto que la actual infraestructura es para 68 personas y se deben establecer horarios entre 7 y 10 minutos para recibir y consumir los alimentos”.

Diagnóstico será entregado a Mineducación

“El PAE, en su gran mayoría, es financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participación y el Sistema General de Regalías, que son objeto de vigilancia de la Contraloría General de la República y de la ciudadanía en general, es por eso que de la mano de todos los interesados realizaremos este diagnóstico, que será entregado al Ministerio de Educación, para que sirva  como insumo en la reforma al PAE que se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana.

“Desde hace varios años, indicó, la Contraloría General de la República, a través de la Delegada para la Participación Ciudadana, ha venido promoviendo el control social al PAE, a través de veedurías ciudadanas y veedurías estudiantiles principalmente. Sin embargo, la incidencia de estos procesos ha sido restringida y de bajo impacto, ya que las fallas identificadas no logran ser subsanadas de fondo, y vuelven a persistir a lo largo de las distintas vigencias. Es por esto que vamos a realizar este diagnóstico y entregar las conclusiones al Ministerio de Educación para que sea tenido en cuenta en la reforma que propone el Gobierno para mejorar el Programa”.

Resaltó entonces la importancia del PAE, ya que el acceso y la permanencia de los estudiantes en la educación formal están condicionados por la alimentación escolar de calidad y constituye una importante oportunidad para asegurar que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que acceden a la escuela permanezcan, para lograr su desarrollo.

Talleres de Diagnóstico del PAE, por regiones y departamentos

El diagnóstico colectivo se hará a través de “Talleres de Diagnóstico Nacional del PAE”, que se realizarán en 10 departamentos del país, con los diferentes actores del Programa: Ministerio de Educación, Entes Territoriales, estudiantes y ciudadanía, operadores, supervisores e interventores, personal manipulador de alimentos, padres de familia, rectores y docentes, representantes de la academia y personeros y/o contralores estudiantiles, entre otros.

Dichos Talleres se desarrollarán, de manera representativa en las 7 regiones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, abarcando tanto a Entes Territoriales certificados como no certificados:

REGIONES DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS CERTIFICADOS / GOBERNACIONES MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS
REGIÓN PACÍFICO CHOCÓ  QUIBDÓ  
NARIÑO PASTO LA UNION
TUQUERRES
REGIÓN CARIBE BOLÍVAR CARTAGENA MAGANGUE
GUAJIRA RIOACHA FONSECA
REGIÓN KRIOUL  & SEAFLOWER SAN ANDRÉS SAN ANDRES SAN ANDRES
CENTRAL CUNDINAMARCA    
TOLIMA MELGAR  
SANTANDERES NORTE DE SANTANDER CUCUTA CUCUTA
AMAZONIA AMAZONAS LETICIA PUERTO NARIÑO
LLANOS Y ORINOQUIA VICHADA PUERTO CARREÑO PUERTO CARREÑO
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA QUINDÍO ARMENIA CALARCÁ

Para el caso de Cundinamarca se tomará un municipio, por cada una de las 15 provincias:

PROVINCIAS - CUNDINAMARCA MUNICIPIOS – CUNDINAMARCA
ALMEIDAS SESQUILE
ALTO MAGDALENA GIRARDOT
BAJO MAGDALENA PUERTO SALGAR
GUALIVÁ VERGARA
GUAVIO GACHETÁ- GUATAVITA
MAGDALENA CENTRO VIANÍ
MEDINA PARATEBUENO
ORIENTE CHOACHÍ
RIO NEGRO PACHO
SABANA CENTRO COTA
SABANA   OCCIDENTE FUNZA
SOACHA SIBATÉ
SUMAPAZ PASCA
TEQUENDAMA ANOLAIMA
UBATÉ CUCUNUBÁ

Alianza con Contralores Estudiantiles

En el desarrollo del Diagnóstico, también se suscribirá con los contralores estudiantiles de los colegios seleccionados una “Alianza de Control Social” por el cuidado y seguimiento a los recursos públicos y gestión para el desarrollo del ámbito escolar.

Los estudiantes serán capacitados para que ejerzan en debida forma su cargo, haciendo énfasis en la vigilancia y evaluación de los programas de alimentación escolar.

Así mismo los contralores estudiantiles tendrán acompañamiento directo de la Contraloría General de la República en la planeación, ejecución y presentación de los resultados de su gestión, generando alerta sobre los riesgos que se presenten en la ejecución del PAE en su colegio.

Publicado el 08 touko 2019 12:00


COMUNICADO DE PRENSA No. 061

 

  • El Contralor Carlos Felipe Córdoba admitió la solicitud de control excepcional al proyecto de Transmilenio por la séptima, que formuló el Senador Rodrigo Lara, con el respaldo de la mayoría de la Comisión Primera del Senado, con lo cual se atiende también una petición en el mismo sentido de la Representante María José Pizarro.
  • Estas actuaciones especiales comenzaron a ser adelantadas por la Contraloría Delegada para el sector de Infraestructura.
  • En el caso del Transmilenio por la séptima, el control excepcional está relacionado con la gestión fiscal de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el IDU y la empresa Transmilenio S.A.

 

Bogotá, 7 de mayo de 2019.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, admitió y autorizó una solicitud de control excepcional del Senador Rodrigo Lara Restrepo, aprobada por Comisión Primera del Senado, respecto al diseño y contratación para la construcción y adecuación de la carrera séptima al Sistema Transmilenio, correspondiente a la Licitación Pública IDU -LP -SGI 04-2018 y los respectivos Planes Parciales de Obra que están dentro de los tramos de dicho contrato.

Este control excepcional será adelantado por la Contraloría Delegada para el sector de Infraestructura que, simultáneamente, comenzó hoy un ejercicio similar en el caso del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá -SITP, revisando los 10 contratos de concesión suscritos en el marco de la licitación pública TM SA-LP 004-2009.

El objetivo de este otro control excepcional será evaluar los recursos públicos destinados al servicio público de transporte en el componente zonal del SITP que se ejecutaron y administraron a través de los contratos suscritos en el marco de dicha licitación, durante las vigencias 2015-2019.

Control excepcional a Transmilenio por la séptima

A la petición de control excepcional que hizo Senador Rodrigo Lara Restrepo, sobre el proyecto de Transmilenio por la carrera séptima se une una solicitud en el mismo sentido que hizo a la Contraloría General de la República la Representante a la Cámara María José Pizarro.

En el primer caso, en la proposición que presentó a la Comisión Primera del Senado y que fue finalmente aprobada por la mayoría requerida de esta célula legislativa, el pasado 26 de marzo, el Senador Lara Restrepo fundamentó la solicitud de control excepcional en que la Nación comprometió recursos económicos para la financiación de este sistema y el proyecto presenta presuntas irregularidades en su fase de planeación.

Argumentó también que “quien ostenta la competencia ordinaria, esto es la contraloría territorial, dudosamente puede ser imparcial para realizar el control fiscal, razón por lo cual debe asumirlo la Contraloría General de la República”.

Por su parte, la solicitud de control excepcional de la Representante María José Pizarro, va dirigida a que la CGR revise dos aspectos en particular:

*Los contratos celebrados entre el IDU y las empresas Ingetec e Integral, por presunta violación a los principios de planeación y de contratación pública.

*Y presuntas irregularidades relacionadas con la formulación del Proyecto Urbano Integral Troncal Carrera Séptima, la contratación de los estudios y diseños y demás que se logren determinar relacionadas con las decisiones administrativas, contractuales y de licenciamiento al proyecto.

El tema de la deuda

En el Auto Ordinario 80112-0094 del 25 de abril de 2019, por el cual se admitió este control excepcional, el Despacho del Contralor General de la República identificó los principales tramos de la contratación del proyecto Troncal Transmilenio Carrera Séptima y determinó que la Administración Distrital ha solicitado una serie de cupos de endeudamiento por los próximos años, que fueron aprobados por el Concejo de Bogotá y que como consecuencia la ciudad quedará con una deuda con un monto superior a $26 millones, esto según cifras que han dado conocer algunos concejales (en referencia a proyectos como el metro elevado y el Transmilenio por la carrera séptima).

Publicado el 08 touko 2019 08:00