Boletines de Prensa - 2019

Contraloría General facilita firma de 15 compromisos para 17 obras de infraestructura educativa en el Caribe

COMUNICADO DE PRENSA No. 105

 

  • En Barranquilla la principal problemática identificada en la mesa de diálogo #CompromisoColombia, son las disparidades en los temas de licenciamiento para el desarrollo de las instituciones educativas que desarrolla el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa FFIE.
  • El Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez, hizo un llamado con respecto al poco avance de la Política Publica de Infraestructura Educativa, la cual a 2018, tenía previsto el 60% de construcción, ampliación o mejoramiento de 30.680 aulas en todo el país.

 

Barranquilla, 1 de agosto de 2019.- En el marco de la estrategia de control fiscal participativo “Compromiso Colombia”, la Contraloría General de la República facilitó la suscripción de 15 acuerdos, encaminados a garantizar la construcción de 17 colegios que beneficia a más de 14.000 estudiantes de Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Riohacha y Lorica en la región Caribe.

“Este miércoles nos dimos cita para buscar posibilidades de solucionar una necesidad. La necesidad de la comunidad estudiantil de disfrutar de espacios adecuados y dignos para la prestación del servicio público esencial de educación”, afirmó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda.

Los acuerdos suscritos en la ciudad de Barranquilla, en el marco de la estrategia “Compromiso Colombia”, hacen parte de los proyectos que requieren atención especial y a los cuales el organismo de control hará seguimiento para garantizar su ejecución.

“Logramos que la administración pública de Barranquilla, contratistas e interventores identificaran de la mano de la ciudadanía, los mejores mecanismos y herramientas para que se logre la expedición de licencias que tenían paralizados muchos de los proyectos. Así mismo en el caso de algunos colegios, como la Institución Educativa Colegio de Barranquilla, se realizará el acercamiento con la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo a través de la Secretaría de Educación para aclarar la licencia del proyecto y de esta manera tanto contratista como interventor cumplir con la meta de iniciar la construcción de la infraestructura el 18 de diciembre del presente año”, indicó Pineda Téllez

Y agregó el Contralor Delegado: “Así mismo en el caso del Colegio Islas del Rosario de Cartagena, con la ciudadanía organizada la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, citará el próximo 5 de agosto a la Procuraduría General de la Nación, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -Cardique-, a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorias del Ministerio del Interior, el Colegio Nacional de Curadores Urbanos y el Fondo de Financiación de Infraestructura Educativa -FFIE- para solucionar las diferencias en la licencia de construcción de esta institución educativa”.

En el caso de esta misma institución, en la mesa se hizo presente el contratista MOTA ENGIL, a través de su coordinador, el arquitecto José Luis Obando y el interventor Consorcio Aulas 2016, a través de su representante Miguel Ángel Bettin, quienes se comprometieron a entregar documentos de recibido a satisfacción de obra de fase intermedia en dos semanas.

Para el colegio Nuevo Bosque, el contratista se comprometió a entregar la subsanación solicitada en una semana y para la IE García Márquez, la Secretaria de Educación, se comprometió a acompañar al FFIE el 1 de agosto en un comité para solucionar temas de licenciamiento.

Compromiso Colegio El Rodeo de Lorica: el Contratista se compromete a entregar para aprobación productos pendientes necesarios de fase intermedia

Compromisos Colegio Familia de Nazareth Riohacha, la Gerencia Departamental Colegiada La Guajira de la Contraloría General de la República, realizará un llamado a la administración municipal para que se pronuncien sobre disposición de presupuesto para obras complementarias, que tiene frenada la gestión del FFIE en esta institución.

“En total son 17 proyectos de infraestructura educativa que beneficiarán a más de 14.000 alumnos de diferentes grados de escolaridad, obras que afrontan diferentes problemáticas en sus avances y que ponen en riesgo su ejecución”, indicó Pineda Téllez.

La Contraloría General de la República, identificó en la mesa de dialogo con la ciudadanía factores que pueden afectar la normal ejecución de las obras como: no contar con productos recibidos a satisfacción, demoras en la expedición Licencia de construcción y demoras en el trámite de conexión final a las redes eléctricas.

Para ello, se firmaron compromisos por parte de la Secretaría de Educación de Barranquilla, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), el interventor de las obras y el contratista, para avanzar en la ejecución de los proyectos en la región.

“Compromiso Colombia”, estrategia de control fiscal participativo, busca acompañar a la ciudadanía a impulsar el cumplimiento de objetivos de entidades vigiladas, de manera efectiva y oportuna, con el fin de que los colombianos reciban a tiempo los beneficios de las políticas públicas.

El Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez, finalmente  hizo un llamado con respecto al poco avance de la Política Publica de Infraestructura Educativa, la cual a 2018, tenía previsto el 60% de construcción, ampliación o mejoramiento de 30.680 aulas en todo el país.

Instituciones Educativas sobre los cuales se realizaron compromisos en mesa #CompromisoColombia

Barranquilla

1.      IE La Unión

2.      IE Distrital José Martí

3.      IE Colegio de Barranquilla

4.      IE Distrital Despertar del Sur

5.      IE Denis Herrera de Villa

6.      IE Distrital Isaac Newton

7.      IE Alexander Von Humboldt

8.      IE Distrital Calixto Álvarez

9.      IE Distrital Evardo Turizo Palencia

 

Cartagena

1.      IE Nuevo Bosque

2.      IE De Islas del Rosario

3.      IE Gabriel García Marquez

4.      IE Villas de Aranjuez

 

Lorica

1.      IE El Rodeo

 

Riohacha

1.      IE Familia de Nazaret

 

Valledupar

1.      IE Luis Rodríguez Valera sede Escuela Rural Mixta Caracolí

2.      IE Patillal

Publicado el 01 elo 2019 17:30


Por cobro de medicamentos que no se entregaron: Contraloría profirió fallo con responsabilidad fiscal por $1.663 millones contra exgobernador del Chocó

COMUNICADO DE PRENSA No. 104

 

 

  • Se trata de Efrén Palacios Serna, quien ejerció como mandatario seccional durante el período 2013 al 2015.

 

Bogotá, 1 de agosto de 2019.- La Contraloría General de la República profirió Fallo con Responsabilidad Fiscal en cuantía de $1.663 millones de pesos contra el exgobernador del Chocó Efrén Palacios Serna, el exsecretario de Salud Departamental, Guillermo Verhelst Cruz, y los propietarios de cinco droguerías.

En calidad de contatistas, estas droguerías cobraron medicamentos NO POS y de ALTO COSTO, que no fueron suministrados a la población pobre y vulnerable del Departamento del Chocó.

Tal irregularidad se dio con la anuencia de los servidores públicos del ente territorial.

El fallo de la Contraloria Delegada Intersectorial No. 4, adscrita a la  Unidad de Investigaciones  Especiales contra la Corrupción, determinó como responsables, en forma solidaria, a los siguientes servidores públicos:

*EFRÉN PALACIOS SERNA- Exgobernador del Departamento del Chocó – periodo 2013 al 2015 

*GUILLERMO VERHELST CRUZ- Secretario de Salud Departamental para la época de los hechos

*ELPIDIO ASPRILLA GUERRERO – Supervisor de los contratos

Y los partirculares contratistas:

*LUZ MARÍ ROJAS GÁRCES – DROGUERIA SANTA CRUZ

*JHONNY IBARGUEN QUINTO – DROGUERIA YOSSELIN ROCIO

*HERNÁNDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ- DROGUERIA DISFAR

*GEYLER ÁLVAREZ COSSIO- DROGUERIAS Y VARIEDADES EL MELLO

*LUZ MILA SERNA LEMUS- DROGUERIA MARÍA AUXILIADORA

En virtud de la Póliza global de manejo sector oficial, se llamó a responder en calidad de tercero civil responsable – garante- a la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. 

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Publicado el 01 elo 2019 15:00


En firme fallo con responsabilidad fiscal por $91.133 millones, por desviación de recursos en intervención de saludcoop

COMUNICADO DE PRENSA No. 103

 

  • De esta manera, se confirma la responsabilidad fiscal de los exsuperintendentes de Salud Gustavo Enrique Morales Cobo (por $21.590 millones), y Conrado Adolfo Gómez Vélez (por $9.900 millones), de los agentes interventores Wilson Sánchez Hernández (por $40.291 millones), Mauricio Castro Forero (por $34.901 millones) y Guillermo Enrique Grosso Sandoval (por $15.940 millones), así como a la propia EPS Saludcoop hoy en liquidación (por la cuantía total del fallo: $91.133 millones).
  • Estos responsables fiscales serán incluidos en el Boletín de Responsables Fiscales, donde permanecerán hasta que resarzan el daño patrimonial que causaro.
  • Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que debían destinarse al aseguramiento del riesgo en salud de los afiliados de Saludcoop, se utilizaron para realizar gastos sin relación de causalidad con el objeto social de la EPS intervenida, como pagos a vinculados económicos y por contratos de leasing, los cuales sirvieron para fortalecer la infraestructura de sus IPS.
  • Mediante Auto del 24 de julio de 2019, el Despacho del Contralor General de la República confirmó en sede de apelación la totalidad del Auto de fecha 2 de mayo de 2019, proferido por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
  • Contra esta providencia no procede recurso alguno.

 

Bogotá, 31 de julio de 2019.- El Despacho del Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte,  dejó en firme en su totalidad  el fallo con responsabilidad fiscal que profirió el pasado mes de mayo la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción en contra de CONRADO ADOLFO GÓMEZ VÉLEZ y GUSTAVO ENRIQUE MORALES COBO en calidad de Superintendentes Nacionales de Salud, y  WILSON SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, MAURICIO CASTRO FORERO y GUILLERMO ENRIQUE GROSSO SANDOVAL, en calidad de agentes interventores, por el pago de operaciones no autorizadas con recursos del Sistema General de Seguridad Social que se| dio en la intervención de la EPS Saludcoop, durante los años 2011 a 2013.

La misma EPS SALUDCOOP HOY EN LIQUIDACIÓN, fue encontrada responsable fiscal y deberá responder por el valor total del fallo ($91.133.654.416).

Al quedar el fallo en firme, estos responsables fiscales serán incluidos en el Boletín de Responsables Fiscales, donde permanecerán hasta que resarzan el daño patrimonial que causaron.

La Contraloría determinó que, en vez destinarse al aseguramiento del riesgo en salud de los afiliados de Saludcoop, los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS) se utilizaron para realizar gastos sin relación de causalidad con el objeto social de la EPS intervenida, tales como pagos a vinculados económicos y contratos de leasing (estos para comprar inmuebles y equipos médicos).

Responsabilidad individual

*Saludcoop EPS hoy en liquidación, responde por la cuantía total del fallo, o sea $91.133 millones.

*Wilson Sánchez Hernández, Agente Interventor de la EPS Saludcoop para la época de los hechos: $40.291 millones.

*Mauricio Castro Forero, entonces Agente Interventor: $34.901 millones.

*Gustavo Enrique Morales Cobo, entonces Superintendente Nacional de Salud: $21.590 millones.

*Guillermo Enrique Grosso Sandoval, entonces Agente Interventor: $15.940 millones.

*Y Conrado Adolfo Gómez Vélez, entonces Superintendente Nacional de Salud: $9.900 millones.

Conducta gravemente culposa

En el caso de los 3 agentes interventores de Saludcoop EPS declarados responsables fiscales (Wilson Sánchez Hernández, Mauricio Castro Forero y Guillermo Enrique Grosso Sandoval), la Contraloría les atribuyó conducta gravemente culposa y consideró que los mismos prefirieron realizar estas erogaciones, extrañas a la finalidad constitucional de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y al objeto social de la EPS, sobre otras que sí guardaban relación con el aseguramiento en salud y la garantía de la prestación del servicio a los afiliados, como las acreencias de los prestadores y proveedores, donde en muchos caso se incurrió en mora.

También se les atribuye una conducta gravemente culposa y omisiva a los exsuperintendentes de Salud, Conrado Gómez Vélez y Gustavo Morales Cobo, al no emitir órdenes y actuaciones inmediatas para corregir y evitar los desvíos de dineros del Sistema General de Seguridad Social en Salud que eran de su conocimiento, como es el pago por contrato de leasing Bancolombia, en el primer caso, y leasing Banco de Occidente y pagos a vinculados económicos (Epsifarmay y Corporación IPS Saludcoop), en el segundo.

Tercero civilmente responsable

La compañía Axxa Colpatria Seguros S.A. deberá responder por la expedición de la póliza de manejo global de entidades estatales, por un valor de $1.400 millones de pesos.

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Publicado el 01 elo 2019 09:00


En $26.274 millones, cuantificó la CGR daño patrimonial causado por las irregularidades dadas con el caso del Cartel de la Hemofilia en Bolívar

COMUNICADO DE PRENSA No. 102

 

  • El exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín Rognini, fue declarado responsable fiscal a título de culpa grave, por $1.205 millones.

 

Cartagena de Indias, 29 de julio de 2019.- La Contraloría General de la República cuantificó en $26.274 millones de pesos el daño patrimonial causado por las irregularidades que se dieron con el llamado caso del Cartel de la Hemofilia en Bolívar, y declaró responsable fiscal, a título de culpa grave, al exgobernador de este departamento Juan Carlos Gossaín Rognini.

El proceso fiscal se adelantó por irregularidades en pagos a diferentes IPS por atención a enfermos diagnosticados de hemofilia, bajo el amparo de unos fallos de tutela que en unos casos fueron falsos y en otros se produjeron por omisiones que se dieron al no contestar esas tutelas cuando fueron trasladadas a la Gobernación de Bolívar.

En audiencia de decisión que tuvo lugar en la sede de la Gerencia Departamental de la CGR, el organismo de control declaró fiscal y solidariamente responsables también a:

*La exsecretaria de salud departamental  de Bolívar Ana María del Carmen Álvarez Castillo.

*La entonces directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud de esa misma dependencia, Nacha Newbal Jiménez.

*Fundación Ciénaga de la Virgen.

*La IPS Asistencia Integral de Servicios en Salud, Asistegral S.A.S.

*Y Luis Eduardo Ortiz Herrera, en calidad de auditor Médico, Líder del Programa de Prestación de Servicios de Salud.

Se les declaró responsables "por el daño fiscal consistente en la lesión al patrimonio público representada en el detrimento de los recursos públicos producida por el pago irregular de medicamentos y tratamientos de hemofilia a los prestadores Fundación Ciénaga de la Virgen, Asistencia Integral de Servicios en Salud Asistegral IPS y ESE Hospital La Divina Misericordia”.

La conducta del exgobernador

En el caso del exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín Rognini, la Contraloría consideró que su conducta fue determinante frente al daño patrimonial causado al Estado.

Esto por haber sido quien adoptó directamente la decisión, por medio de acto administartivo, de pagar sin percatarse que los fallos de tutela no le imponían al departamento de Bolívar una obligación en ese sentido, "lo que se constituye en un elemento de causalidad entre la conducta del entonces Gobernador y el detrimento causado".

Se señala responsabilidad fiscal al exgobernador por haber sido omisivo al efectuar un pago de $1.205 millones directamente a una de las IPS vinculadas en este proceso.

Responsables fiscales y cuantía por la que deben responder

El Despacho del Contralor Delegado Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, José Miguel Char Chicré, declaró en primera instancia la existencia de responsabilidad fiscal solidaria en cabeza de las siguientes personas y por las siguientes cuantías:

*Ana María del Carmen Álvarez Castillo, en calidad de Secretaria Departamental de Salud del Departamento de Bolívar para la época de la ocurrencia de los hechos. Calificación de la conducta: con dolo. Total de la cuantía indexada: $19.227 millones, en solidaridad con Nacha Newbal Jiménez, Fundación Ciénaga de la Virgen, Asistencia Integral de Servicios en Salud Asistegral IPS SAS y Luis Eduardo Ortiz Herrera.

*Nacha Newbal Jiménez, en calidad de directora de aseguramiento y prestación de servicios en salud. Calificación de la conducta: con dolo. Total de la cuantía indexada: $26.274 millones. En solidaridad con Ana María del Carmen Álvarez Castillo, Fundación Ciénaga de la Virgen, Asistencia Integral de Servicios en Salud Asistegral IPS SAS y Luis Eduardo Ortiz Herrera.

*Fundación Ciénaga de la Virgen. Calificación de la conducta: con dolo. Total de la cuantía indexada: $9.282 millones, en solidaridad con Ana María del Carmen Álvarez Castillo, Nacha Newbal Jiménez y Luis Eduardo Ortiz Herrera.

*Asistencia Integral de Servicios en Salud Asistegral IPS SAS. Calificación de la conducta: con dolo. Total de la cuantía indexada: $11.117 millones, en solidaridad con Ana María del Carmen Álvarez Castillo, Nacha Newbal Jiménez y Luis Eduardo Ortiz Herrera.

*Juan Carlos Gossaín Rognini, en calidad de Gobernador de Bolívar para la ocurrencia de los hechos. Calificación de la conducta: culpa grave. Total de la cuantía indexada: $1.205 millones, en solidaridad con Nacha Newbal Jiménez y Luis Eduardo Ortiz Herrera.

*Luis Eduardo Ortiz Herrera, en calidad de auditor médico de la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar. Calificación de la conducta: culpa grave. Total de la cuantía indexada: $26.274 millones, en solidaridad con Ana María del Carmen Álvarez Castillo, Nacha Newbal Jiménez, Fundación Ciénaga de la Virgen, Asistencia Integral de Servicios en Salud Asistegral IPS SAS y Juan Carlos Gossaín Rognini.

La cuantía de la responsabilidad fiscal declarada es el resultado de la sumatoria de los actos administrativos de pago en que tuvo intervención cada uno de los responsables, desde sus correspondientes esferas funcionales.

Terceros Civilmente Responsables

La Previsora deberá responder por la expedición de la póliza de manejo global de entidades estatales en cuantía de $160 millones. Y Axxa Colpatria deberá responder por la expedición de la póliza de manejo global de entidades estatales por un valor de $198 millones.

Antecedente de la investigación

Esta investigación fiscal se  originó como resultado de una auditoría realizada en su momento por la Contraloría Delegada para el Sector Social sobre el manejo de recursos del Sistema General de Participaciones -SGP, donde se detectó que la Secretaria de Salud Departamental de Bolívar reconoció y pagó servicios POS y medicamentos NO POS, obrando bajo el amparo de unos fallos de tutela que le ordenaban garantizar el derecho de los pacientes diagnosticados con hemofilia a recibir el medicamento y el tratamiento necesario para el manejo de su enfermedad.

En virtud de lo anterior y sin mediar contrato alguno, durante el período 2012-2013 la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar pagó a la Fundación Ciénaga de la Virgen, por la atención de 8 pacientes la suma de $9.513 millones.

En iguales condiciones, durante el período 2013-2014, pagó $10.726 millones a Asistencia Integral de Servicios en Salud IPS SAS –Asistegral-, por la atención de 12 pacientes.

En ambos casos, la Contraloría estableció que estos pagos se realizaron sin que existiera certeza de la prestación efectiva del servicio y, además, en la facturación cancelada no se discriminaron en detalle los servicios efectivamente prestados a los pacientes.

La Contraloría demostró que hubo unos pagos irregulares a IPS que no prestaron el servicio a los afectados con la enfermedad de la hemofilia y sin embargo recibieron unos pagos millonarios de parte de la Secretaria de Salud Departamental de Bolívar.

Liberados de responsabilidad fiscal

La Contraloría profirió igualmente fallo sin responsabilidad fiscal a favor de Bertha María Pérez López, quien ejerció por cuatro días como Secretaria de Salud Departamental; Candelaria Valdelamar Martínez, en calidad de representante legal del Hospital La Divina Misericordia de Magangué (Bolívar); y la Fundación Renal de Colombia, quienes desvirtuaron las imputaciones efectuadas por el daño patrimonial causado al Estado.

Resolución de recursos y traslado a consulta

Contra la decisión proferida por el Contralor Delegado Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, procede el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, o directamente el recurso de apelación.

Una vez resueltos los recursos de reposición interpuestos, el expediente de este proceso será remitido al Despacho del Contralor General de la República, con el fin de que se surta la apelación y el grado de consulta.

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Publicado el 31 heinä 2019 11:00


Por iniciativa de la Contraloría y el Consejo de Estado:

Estudiantes ponen sus ojos sobre irregularidades en elecciones de octubre

COMUNICADO DE PRENSA No. 101

 

  • Se lanzó la “Red de Garantes Electorales”, integrada por personeros y contralores estudiantiles.
  • "Es una novedosa y revolucionaria estrategia que busca fortalecer las garantías de transparencia que deben rodear el próximo proceso electoral", destaca el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

 
Bogotá, 24 de julio de 2019.- La Contraloría General de la República y el Consejo de Estado lanzaron hoy el programa “Red de Garantes Electorales”, integrada por personeros y contralores estudiantiles que están siendo capacitados para actuar como una especie de veedores frente a las elecciones territoriales que se celebrarán el próximo 27 de octubre y, a la vez, adelantar una labor pedagógica sobre este certamen en sus colegios.

Además de las habilidades que adquieran durante su capacitación, los personeros y contralores estudiantiles harán uso de sus destrezas en el manejo de la tecnología para participar en la vigilancia efectiva de las distintas etapas del proceso electoral.

Una de las plataformas digitales que podrán aprovechar será la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral, URIEL, un sitio web operado por el Ministerio del Interior donde la ciudadanía puede reportar quejas o denuncias relacionadas con la realización de las elecciones, de forma anónima o ingresando sus datos.

Dispondrán además de una “cartilla”que explica qué constituye una irregularidad electoral y relaciona los tipos penales, así como las faltas disciplinarias y fiscales aplicables. Y que, adicionalmente, determina el trámite que se imparte a las denuncias y los requisitos mínimos exigidos para presentarlas, como una narración concreta de los hechos, la determinación exacta del lugar y fecha y la identificación de las personas involucradas.

“La iniciativa propone que los $750 mil millones de pesos que cuestan las elecciones de 2019, sean vigilados por los estudiantes”, destacó el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte al intervenir en la sala plena del Consejo de Estado,
en el evento de presentación de la “Red de Garantes Electorales”.

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Publicado el 24 heinä 2019 15:00