Boletines de Prensa - 2019

Otra obra inconclusa donde se pierden recursos de regalías: Detrimento patrimonial de $2.170 millones por fallida construcción de vía paisajística, en Puerto Caicedo (Putumayo)

COMUNICADO DE PRENSA No. 155

 

  • Una visita de la Contraloría al proyecto de construcción de la Vía Paisajística sobre la Avenida del Río, en este municipio, encontró una obra inconclusa y desfinanciada.
  • Causa de ello es que la administración municipal, el contratista y el interventor no efectuaron un análisis serio de los estudios y diseños que soportaban las especificaciones técnicas de la obra.
  • Esta situación llevó ejecutar ítems no previstos, como acometidas domiciliarias hidráulicas, invirtiendo así un 33% del presupuesto destinado para la ejecución del contrato.
  • La Contraloría evidenció una inadecuada gestión de la interventoría y supervisión, que aprobaron modificaciones en las cantidades de obra que afectaban el presupuesto del proyecto, quedando este sin recursos suficientes para su terminación.

 

Bogotá, 18 de octubre de 2019.- La Contraloría General de la República encontró otra obra de infraestructura, financiada con recursos de regalías, que se encuentra inconclusa y no presta servicio integral a la comunidad, y donde se calcula un detrimento patrimonial de $2.170 millones de pesos.

Esta vez, los perjudicados son los 14 mil habitantes del municipio de Puerto Caicedo, en el departamento de Putumayo, que están viendo frustradas sus esperanzas de recibir una buena cantidad de turistas para admirar lo que sería la Vía Paisajística sobre la Avenida del Río, dada que esta hoy no es más que un fallido proyecto.

El riesgo es que se terminen perdiendo buena parte de los recursos de regalías aportados para esta obra por el Municipio de Puerto Caicedo y el Departamento de Putumayo, que para llevar a cabo el proyecto suscribieron en marzo de 2013 un Convenio Interadministrativo, por un valor de $2.477 millones.

Para hacer realidad el proyecto de construcción de la Vía Paisajística sobre la Avenida del Río, el municipio de Puerto Caicedo suscribió el contrato de obra pública No. 146 del 27 de mayo de 2013, por un valor de $2.359 millones y un plazo inicial de ejecución de 6 meses. El contratista alcanzó a recibir un anticipo de $1.179 millones.

Sin embargo, el contrato se encuentra suspendido desde el día 13 de Julio del año 2015, por un término indefinido y lo que aspiraba a ser una floreciente infraestructura turística está en veremos y es una vía inconclusa.

Así lo determinó una Actuación Especial de Fiscalización que realizó la Unidad de Regalías de la Contraloría General de la República a los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en el departamento de Putumayo.

Este hecho, se presenta como consecuencia de una gestión antieconómica e ineficaz que genera como resultado un menoscabo en el patrimonio público confiado a la administración municipal, indicó la Contraloría.

El hallazgo fiscal detectado aquí, de $2.170 millones, que tiene también incidencia disciplinaria, fue declarado de impacto nacional por el despacho del Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, y en esta condición corresponde ahora a la Unidad de Responsabilidad fiscal de Regalías adelantar la correspondiente investigación.

Resultados de la inspección física de la CGR 

El organismo de control realizó una inspección física al proyecto y lo primero que encontró es que el avance físico de la obra corresponde al 60% y no al 98.54% (como se indicó en el informe de interventoría No. 8 de 2015).

La cifra no coincide porque que existen capítulos contemplados en el presupuesto que aún no han sido ejecutados y representan el 40% aproximadamente del total del proyecto, tales como: cubiertas, parque y accesorios, ornato y arborización, mampostería e instalaciones eléctricas.

De igual manera, producto de la revisión documental del proyecto se observó que este, desde su aprobación, presentaba deficiencias en los estudios y diseños relacionadas con la estabilización del suelo, conllevando esto a ejecutar ítems no previstos, como acometidas domiciliarias hidráulicas, lo que llevó a invertir un 33% del presupuesto destinado para la ejecución del contrato, produciendo un desbalance en el presupuesto inicialmente proyectado, hecho que ocasionó la imposibilidad de ejecutar los capítulos relacionados con el componente paisajístico.

La Contraloría determinó que no se efectuó una revisión previa de los estudios y diseños, los cuales fundamentaban las especificaciones técnicas de la obra que se iba a construir.

Suspensión no podía ser indefinida

Por otra parte, se observa por parte de la Contraloría que el día 13 de Julio del año 2015 se suscribió el acta de suspensión No.3, sustentada en “problemas de orden público e invierno que no permiten el avance de obra”.

Esta suspensión fue acordada entre las partes por un término indefinido, a partir del día hábil siguiente a la suscripción del acta en mención. Frente a este hecho, la Contraloría considera que lo convenido contraviene abiertamente la normatividad existente en materia de contratación estatal, dado que, como lo estable el Consejo de Estado en la sentencia 16431 del 28 de abril de 2010:

“La finalidad de la suspensión del contrato estatal, como medida excepcional, está encaminada a reconocer la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal del negocio jurídico, y es precisamente por ese motivo que la misma no puede ser indefinida, sino que debe estar sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición. Por lo tanto, la suspensión no adiciona el contrato en su vigencia o plazo, sino que se delimita como una medida de tipo provisional y excepcional”.

Adicionalmente se observa que la administración departamental y municipal no dieron cumplimiento a las obligaciones establecidas en el convenio y contrato celebrado, y a la fecha no han adelantado ninguna gestión tendiente a dar solución a la problemática detectada.

El proyecto requiere recursos adicionales

Es importante resaltar que el proyecto de construcción de la Vía Paisajística sobre la Avenida del Río, en su estado actual, requiere de recursos adicionales con fin de dar cumplimiento a la meta física que se le estableció, teniendo en cuenta que se está frente a una obra con un avance físico del 60% y financiero del 89%, porcentajes calculados por la Contraloría con base en los comprobantes de egreso y acta de entrega parcial No.1 suministrados por la administración municipal.

A propósito, la Contraloría estima que no recibió información precisa y completa, lo cual configura una obstrucción al ejercicio del control fiscal y es susceptible de las sanciones establecidas en la Ley.

La CGR comunicó las observaciones encontradas en esta Actuación Especial al Alcalde Municipal de Puerto Caicedo, Hugo Adrián Corrales Gallego.

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Publicado el 19 loka 2019 17:00


Solo cumplió 83% de las obligaciones: Contraloría abrió indagación preliminar por $1.303 millones, por incumplimientos de contratista del Estadio de Santa Marta

COMUNICADO DE PRENSA No. 154

 

  • Registro fotográfico muestra cielos rasos inconclusos, ascensores embalados y almacenados en un parqueadero, falta de mantenimiento de zonas de duchas y sanitarios desinstalados, entre otras situaciones.
  • Se evidencian claras deficiencias en la supervisión e interventoría de este contrato.
  • También se encontraron incumplimientos en la ejecución de la megabiblioteca fase 2, que debió terminar en 3 meses ya lleva 47 meses y aún no se ha terminado, presentando deficiencias constructivas y obras en abandono.

 

Bogotá, 18 de octubre de 2019.- La Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar por $1.303 millones de pesos por una serie de incumplimientos detectados en la ejecución de la obra del Estadio Sierra Nevada de Santa Marta, cuya avance llega solo al 83 por ciento.

Se observaron incumplimientos en varias obligaciones a cargo del contratista, como la iluminación de la cancha, el sistema de aire acondicionado, los equipos electromecánicos (de bombeo y ascensores, entre otros), así como parte del sistema de evacuación de aguas lluvias.

En una visita realizada por la Contraloría con ocasión de la inundación del estadio, se observó el incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones específicas del sistema de drenaje y bombas.

Por todo lo anterior, a la terminación del contrato solo se cumplió 83% de las obligaciones.

Se encontraron, además, mayores valores de obra y se determinó que tampoco se ha amortizado el anticipo.

Adicionalmente, se evidenciaron deficiencias de la supervisión e interventoría, en los controles al proceso de ejecución contractual.

Desconocimiento de normas y pago de obras no ejecutadas

También ha habido desconocimiento o no aplicación de las normas indicadas para el manejo del anticipo del contrato, generando afectación al valor del anticipo y detrimento por $90 millones, correspondiente a los gastos por Gravamen a los Movimientos Financieros y otros gastos que fueron aplicados a los recursos del anticipo, así como a excedentes devueltos al fideicomitente.

Al verificar las cantidades de obra ejecutadas por el contratista y recibidas mediante el acta de obra No. 15 del 25/05/2018, se determinaron diferencias en ítems (obras no ejecutadas pero que sí fueron pagadas al contratista de obra, por $137 millones).

Megabiblioteca fase 2

Por otra parte, en la verificación de la megabiblioteca fase 2, la Contraloría se encontró con un contrato suspendido por año y medio y con incumplimientos en el tiempo de su ejecución, lo que deja ver una gran falta de planeación.

Una obra que debió terminar en 3 meses ya lleva 47 meses y aún no se ha terminado, observándose también deficiencias constructivas y que las obras están en abandono. Actividades tales como demoler el jardín alejandrino, totalmente previsible, no se habían determinado y esto generó atrasos.

Con la intervención de la Contraloría, la Administración Distrital reinició la ejecución mediante Acta de reinicio No. 04, firmada el 26 de septiembre de 2019.  Sin embargo, el contratista de obra y el apoyo a la supervisión, manifestaron a la CGR, en visita del 27/09/2019, que “El proyecto sigue suspendido.” Considerando esto, la CGR dará apertura a una indagación preliminar, para determinar la cuantía de la afectación al patrimonio público, en relación a las obras ya realizadas y que presentan baja calidad constructiva en la megabiblioteca fase 2.

Con relación a la fase uno de la megabiblioteca, vale recordar que la CGR ya determinó, en un Informe de Auditoría de 2017, un hallazgo fiscal por $11.402.2 millones ($9.680 millones de pagos al contrato, $1.385 millones de pagos a interventoría y $346 millones por mayor valor pagado a la interventoría por el equipo ofrecido). A la fecha, este contrato sigue sin liquidar.

Hallazgos de anteriores actuaciones de la CGR sobre Alcaldía de Santa Marta

En el auto 0077 de 2019, la Contraloría General de la República determinó hallazgos con connotación fiscal por la suma de $ 1.234 millones, dentro de los cuales están los siguientes:

*Con recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) se pagó publicidad, gastos que no los permite la norma, generándose un daño fiscal por $ 460 millones.

*En los contratos de los centros de salud se determinaron hallazgos por mayores cantidades de obra, por $ 195 millones.

*Y en los contratos de diagnóstico, reparación y construcción de instituciones educativas, se realizaron pagos por diagnósticos no realizados según el contrato, por $240 millones.

La CGR evidenció debilidad en las labores de supervisión por parte del Distrito de Santa Marta, al no ejercer de manera rigurosa y eficiente las actividades de control y vigilancia de la ejecución de sus recursos, de conformidad con la normatividad vigente en el país.

Se detectó el pago a los contratistas de obra no ejecutada, así como de trabajos de construcción de baja calidad que, a la fecha de las visitas realizadas, limitan su uso para la comunidad.

Por otro lado, este organismo de control observó deficiencias en la planeación que realiza la Alcaldía Distrital de sus procesos contractuales. Se estableció que los proyectos contratados por el Distrito no cumplen los plazos iniciales de ejecución, requiriendo prórrogas, suspensiones y adiciones para conseguir avanzar.

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Publicado el 18 loka 2019 11:00


Contraloría General inicia auditoría al Metro de Bogotá

COMUNICADO DE PRENSA No. 153

 

  • El Contralor Carlos Felipe Córdoba admitió las solicitudes del Alcalde Enrique Peñalosa, el Representante a la Cámara Germán Navas y el Concejal Hollman Morris y ordenó un control excepcional a los $6 billones que aporta el Distrito, para la Primera Línea del Metro de Bogotá.
  • Así  mismo el organismo de control investigará los hechos objeto de las denuncias de Navas y Morris sobre el manejo de los recursos que aporta la Nación al proyecto por valor inicial de $15,1 billones. 
  • De esta manera, la CGR auditará la totalidad de los recursos del Distrito y Nación destinados para el Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, de manera permanente y hasta su culminación.

 

Bogotá, 17 de octubre de 2019.- La Contraloría General de la República inició una auditoría al proyecto primera línea del Metro de Bogotá, incluyendo el control excepcional a los más de 6 billones de pesos del Distrito Capital involucrados en los programas, actos y contratos destinados a su construcción.

El Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte admitió las solicitudes de control excepcional formuladas por el Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñaloza, el Representante a la Cámara Germán Navas y el Concejal de Bogotá Hollman Morris; aunque esta última no cumplió con los requisitos legales exigidos para su aceptación, fue tenida en cuenta para el estudio correspondiente.

Mediante Auto 0190 del 4 de octubre de 2019, el Contralor Córdoba Larrarte comisionó a la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física para que realice este control excepcional, a través de la actuación fiscal que estime conveniente y, así mismo, para que conozca, tramite y decida las indagaciones preliminares que se deriven de este control excepcional.

Esta misma Delegada se encargará de investigar el cumplimiento de las directrices impartidas en los documentos CONPES 3882, 3889 y 3900, el Convenio de Cofinanciación del 9 de noviembre de 2017, así como sus otrosíes, la ejecución de los recursos del orden nacional involucrados en los programas, actos y contratos destinados a la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá y los hechos denunciados.

En virtud de esta decisión, la Contraloría Distrital de Bogotá deberá entregar a la Contraloría General de la República, en el estado en que se encuentren, las auditorías que esté realizando sobre los actos y contratos materia de este control excepcional, para que la CGR asuma su conocimiento, a excepción de aquellas actuaciones que ya se encuentran en la etapa de informe de auditoría.

De esta manera, la CGR auditará la totalidad de los recursos del Distrito y Nación destinados para el Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, de manera permanente y hasta su culminación.

Recursos del Distrito

El Concejo Distrital de Bogotá ha autorizado de manera inicial la suma de $6 billones 87 mil 643 millones de pesos, para la cofinanciación de la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, recursos sobre lo que la CGR ejercerá control y vigilancia fiscal a través de control excepcional.

Recursos Nacionales

Los recursos a cargo de la Nación ascienden $15,1 billones, que también serán objeto de vigilancia por parte de este organismo de control.

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Publicado el 17 loka 2019 07:40


Por pérdida de donación de 24 mil pares de zapatos, para damnificados de Caimito (Sucre): Contraloría General profirió fallo con responsabilidad fiscal por $702 millones

COMUNICADO DE PRENSA No. 152

 

  • ¿Cómo se perdieron 24 mil pares zapatos que donó la DIAN, para un municipio afectado por la ola invernal de 2010, que tenía entonces 12 mil habitantes, de los cuales solo hubo 159 beneficiarios?
  • El caso lo conoció la Contraloría General de la República, por intermedio de una denuncia ciudadana, que al final llevó a la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal, que concluyó con este fallo.

 

Sincelejo, 15 de octubre de 2019 - Es una historia de esas de no creer: para atender las consecuencias de la ola invernal de 2010 que afectó por esa época al municipio de Caimito (Sucre), la DIAN donó unas mercancías a la dirección de gestión de riesgo, que consistían en 24.568 pares de zapatos por un valor total de $519 millones, que literalmente desaparecieron. Solo quedó evidencia de la entrega de algo más de cien.

Los 24.568 pares de zapatos fueron entregados al Comité Regional para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres - CREPAD Sucre, que se los entregó a su vez al entonces Alcalde de Caimito, Edilberto de Jesús Montes Muñoz, quien se comprometió a enviar las planillas firmadas por las familias que recibirían esas donaciones, sin que así lo hiciera.

La Contraloría pudo determinar que de esos 24 mil pares de zapatos solo se entregaron los correspondientes a 159 beneficiarios de 3 comunidades.

159 beneficiarios de un pueblo que, para entonces, según la base del Sisbén tendría un poco más de 12 mil habitantes.

Las otras comunidades manifestaron que nunca habían recibido zapatos ni conocieron de entregas realizadas a damnificados.

De hecho, la Contraloría nunca obtuvo evidencias de las entregas del calzado.

Pese a las actividades desplegadas por el Despacho, con el objeto de verificar las circunstancias en que se habrían desarrollado las entregas del calzado, no se obtuvo nada aparte de unas fotos donde se observa la entrega del calzado a personas mayores de edad y menores de edad, sin que dichas imágenes fueran complementadas con otros documentos de soporte, como las planillas de entrega de las ayudas.

Así mismo, la persona que con autorización del Alcalde (un funcionario de la UMATA local) recibió el calzado, declaró a la Contraloría que los zapatos se pusieron en un camión grande y por seguridad fueron depositadas luego en la estación de Policía y al día siguiente vio que estaban siendo cargados en un vehículo y fueron llevados a un lugar que desconoce.

La Contraloría determinó que los zapatos aparecieron luego en la casa del conductor del Alcalde, sin ningún tipo de protección y sin documento alguno que evidenciara la entrega formal en depósito.

Por estos hechos, la Contraloría General de la República, encontró un detrimento al patrimonio público, valorizado inicialmente en $519,4 millones, que, indexados a la fecha, corresponden a un daño por $702.061.475, cuyos responsables serían:

*Edilberto de Jesús Montes Muñoz, Alcalde del municipio de Caimito para la época de los hechos;

*José Nicolás Vega Lastre, Coordinador del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres – CREPAD para la época de los hechos

*Y Kevin Ricardo Caly, Secretario de Planeación del municipio de Caimito, para la época de los hechos.

Resumen de lo actuado y de los hechos

La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, confirmó un fallo de responsabilidad fiscal por $702 millones, por irregularidades en la entrega de calzado proveniente de la donación hecha en 2011 por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a los afectados de la ola invernal en el municipio de Caimito, Sucre.

En los hechos que llegaron a la CGR tras una denuncia ciudadana, el gobierno nacional destinó cuantiosos recursos para la atención humanitaria de los afectados por la ola invernal al municipio de Caimito, en el periodo 2010 – 2011.

Como parte de esas acciones, la DIAN autorizó la donación de mercancías a la dirección de gestión de riesgo que consistían en 24.568 pares de zapatos por un valor total de $519.405.668, los cuales fueron entregados a su vez al Comité Regional para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres - CREPAD Sucre, con el ánimo de atender la emergencia en algunos municipios.

Este comité por su parte, entregó dichas ayudas al señor Edilberto de Jesús Montes Muñoz, alcalde municipal de Caimito para el periodo de los hechos, que  se comprometió a enviar las planillas firmadas por las familias que recibirían esas donaciones. Pero eso no pasó, y a pesar de ello el CREPAD no tomó medidas para el seguimiento correspondiente.

En las diferentes actas allegadas a la gerencia departamental de Sucre de la Contraloría General, solo aparece evidencia de la entrega a las comunidades del Mamon, Pumpuma, Pueblo Búho, correspondiente a 159 beneficiarios, mientras que las comunidades de la Mejía y Tofeme manifestaron que nunca habían recibido zapatos ni conocieron de entregas realizadas a damnificados como consta en las Actas de Visita Especial firmadas por 15 personas que habitan en dichos corregimientos y dieron fe de tal hecho.

Pese a las actividades desplegadas por la CGR, con el objeto de verificar las circunstancias en que se habrían desarrollado las entregas del calzado, no se obtuvo información ni documentación que den cuenta de la materialización de las mismas, pues al respecto solo fueron recopiladas 83 fotografías, donde se observa la entrega del calzado a personas mayores de edad y menores de edad, sin que dichas imágenes fueran complementadas con documento alguno que soportara la entrega material de estos elementos.

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“Para atender a más de 8 millones de víctimas se requieren 115,9 billones de pesos”:Contralor General

COMUNICADO DE PRENSA No. 151

 

  • Es imperativo determinar totalidad de las víctimas pendientes de atención y los recursos requeridos.

 

Bogotá, 10 de octubre de 2019. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, destacó durante la Audiencia Pública de la Sala Plena de la Corte Constitucional sobre la vigencia de la Ley de Víctimas que se requieren 115,9 billones de pesos para atender a más de 8 millones de víctimas, y que es el momento de renovarla o actualizarla para determinar la totalidad de la población por atender.

Según los cálculos realizados en los CONPES de 2011 y de 2012 se definieron recursos por $54,9 billones a precios de 2011, los cuales ya fueron superados por los recursos asignados por el Gobierno Nacional.

Por tal motivo, para la Contraloría General, se debe realizar una evaluación de impacto de los recursos invertidos, que según cálculos al cierre de 2019, llega a los $ 96.6 billones.

“Se hace necesario evaluar el resultado de la inversión y determinar si el modelo de atención esta ajustado a los requerimientos de la población víctima”: agregó el Contralor General.

Cálculos del organismo de control estiman que entre 2019 - 2021 se requerirán alrededor de $115,9 billones de pesos constantes de 2019, para ejecutar la política pública de víctimas y restitución de tierras.

Este dato incluye el costeo de cuatro medidas de reparación para la población víctima pendiente de atención como lo son: indemnización administrativa y colectiva ($45,3 billones), vivienda ($18,2 billones), planes de reparación colectiva ($1,6 billones) y atención psicosocial ($1,4 billones).

Con base en este cálculo, el Gobierno Nacional necesitaría realizar un esfuerzo presupuestal anual, del orden de $38,6 billones para cumplir con lo requerido por la ley hasta 2021 y para 2019 se asignaron $14.9 billones, valor que es significativamente menor a lo requerido.

En este sentido, el Contralor General de la República, recordó que “las víctimas representan los actores más importantes del posconflicto, pues encarnan el testimonio vivo de un país que ha sufrido con la violencia y porque merecen una atención integral del Estado”.

“Si la ley finaliza el efecto sería directo sobre la población, pues hay medidas de reparación integral, en donde existen víctimas individuales, hogares y sujetos colectivos pendientes de atención y que en algunos casos ya han iniciado la ruta de atención”, afirmó el Contralor General de la República.

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Publicado el 11 loka 2019 10:40