Boletines de Prensa - 2019

Pronunciamiento de la Contraloría sobre el laudo arbitral de la Ruta del Sol y la ANI

COMUNICADO DE PRENSA NO 110

 

En principio, la Contraloría General de la República considera que el Laudo Arbitral dictado en el caso de la Concesionaria Ruta Del Sol S.A.S y la Agencia Nacional de Infraestructura se ajusta al parágrafo del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018, recientemente declarado exequible de manera condicionada por la Corte Constitucional, en el sentido de que los reconocimientos a título de restituciones deben estar dirigidos al pago del pasivo externo del proyecto con terceros de buena fe, tal como el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, lo solicitó en audiencia en el Tribunal Constitucional previa demanda presentada por esta entidad.

Efectivamente, los reconocimientos que se realizan en el Laudo Arbitral al Concesionario, corresponden a inversiones ejecutadas por el contratista pero, sumado a ello,  se dirigen a cubrir deudas con terceros de buena fe, tal como lo establecen los artículos 10 y 11 del mencionado Laudo.

La Contraloría General de la República estará atenta a vigilar el correcto cumplimiento de lo ordenado en el Laudo Arbitral, así como la continuación del proyecto que se encuentra en un estado de avance de aproximadamente el 52%, en salvaguarda de los recursos públicos.

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Publicado el 06 elo 2019 18:30


Comisiones de seguimiento a la Ley de Víctimas y Decretos Leyes Étnicos alertan sobre aumento de nuevos hechos de violencia y precisan que se requiere $115,9 billones para reparar a las víctimas

COMUNICADO DE PRENSA No. 109

 

  • Son insuficientes las metas para víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
  • Los recursos de inversión dirigidos a comunidades étnicas disminuyeron y la reparación colectiva no avanza.

 

Bogotá, 6 de agosto de 2019.- La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas alertaron sobre aumento de la violencia asociada al conflicto y a las luchas por el control en los territorios, y precisaron que se requieren más de $115,9 billones para ejecutar la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.

Las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 y los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011, advirtieron sobre el incremento del desplazamiento forzado en el país, tras la firma del Acuerdo Final. Solo en 2018 ocurrieron 130 desplazamientos masivos que afectaron a 32.808 personas correspondientes a 10.225 hogares.

Para las comisiones, estos eventos han desbordado la capacidad de las entidades territoriales y nacionales para la atención inmediata, de emergencia y sostenibilidad de los procesos de retornos y reubicaciones, impidiendo acceder a soluciones duraderas que posibiliten la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

En lo que va de 2019, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo reportó que 15 departamentos y 25 municipios del territorio nacional se encuentran en riesgo de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Las alertas 025 de 2019 y 029 de 2019 anunciaron una posible afectación de 1.672 indígenas y afrodescendientes en el municipio de Litoral de San Juan Chocó, y de 69.000 en Arauquita, Fortul, Saravena y Tame (Arauca).

Las comisiones de seguimiento recomendaron al Gobierno Nacional la realización de un ejercicio de planeación presupuestal que permita avanzar de manera decidida, y en un tiempo razonable, en el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Advirtieron que son insuficientes las acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 para atender esta población de especial protección.

Actualmente, el número de víctimas susceptibles de indemnización es de 6´495.713, y de estas se han indemnizado 821.836, lo que corresponde a tan solo el 12.6%. En el nuevo PND se establece una meta de 1´427.777 víctimas reparadas administrativamente. Lo que significa que habiendo terminado la vigencia de la ley no se alcanzará a indemnizar ni al 20% de víctimas que tienen este derecho.

Para las comisiones de seguimiento, entre 2019 y 2021 se requieren alrededor de $115,9 billones para ejecutar la política pública para la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto. Solo las medidas de indemnización, vivienda, reparación colectiva y atención psicosocial requieren un monto de $66,5 billones.

La reparación colectiva no avanza de manera contundente. De los 669 sujetos reconocidos, solo 140 cuentan con un plan aprobado y únicamente seis han terminado la ejecución de las medidas de reparación. El panorama frente a los sujetos colectivos étnicos es aún más preocupante pues el 70% se encuentran en el primer paso de la ruta y solamente hay 30 casos de planes integrales de reparación colectiva aprobados y en implementación. Adicionalmente el nuevo modelo Operativo de Reparación Colectiva no fue consultado con los pueblos étnicos.

Las comisiones de seguimiento evidenciaron fallas de planeación que inciden en la implementación de la política de atención a víctimas, especialmente en lo que tiene que ver con víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades étnicas, además de inconsistencias en los reportes de información.

Recursos para comunidades étnicas disminuyeron

El informe también advirtió que entre 2018 y 2019 los recursos dirigidos a las comunidades étnicas han disminuido, en el caso de los pueblos indígenas correspondió a un 34%; en un 25% para comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, y en un 43% para el pueblo Rrom, lo que indica un retroceso en las acciones con enfoque diferencial que afecta el seguimiento específico de los recursos.

Balance de la restitución de tierras y derechos territoriales

De la totalidad de solicitudes de restitución (121.462), 64% han sido negadas por la Unidad de Restitución de Tierras, muchas de ellas argumentando razones que no se ajustan a la ley. 

En relación con la sostenibilidad de la restitución, las comisiones observan con preocupación la persistencia de los fenómenos del despojo y el abandono forzado en la zona rural. Específicamente en la región del Pacífico, la Orinoquía y la región Andino-Amazónica, las dinámicas violentas se derivan del fenómeno de la deforestación y posterior desarrollo de actividades destinadas al cultivo de coca, cultivos agrícolas industriales, ganadería extensiva y explotación minera.

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Publicado el 06 elo 2019 12:00


Contraloría General facilita firma de 15 compromisos para el desarrollo de 57 obras de colegios en la región Pacífico

COMUNICADO DE PRENSA No. 108

 

  • A través de la estrategia de control fiscal participativo, Compromiso Colombia, se concretaron compromisos sobre el cumplimiento de las obras que se adelantan en los departamentos de Cauca (9 colegios), Nariño (14) y Valle del Cauca (34).
  • En Cali la principal problemática identificada en la mesa de diálogo, es el incumplimiento de las obligaciones por parte de los contratistas para el desarrollo de las instituciones educativas que desarrolla el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa FFIE.

 

Cali, 02 de agosto de 2019 /CGR. El pasado viernes, en el marco de la estrategia de control fiscal participativo “Compromiso Colombia”, la Contraloría General de la República facilitó la suscripción de 15 acuerdos, encaminados a garantizar la construcción de 57 colegios que con su desarrollo por $212.409 millones beneficiarán a más de 32.263 estudiantes de en los municipios de (Cauca) Caldono, Corinto, Paez, Popayán, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Villa Rica, (Nariño) Albán, Arboleda, Belén, Cumbal, Iles, Ipiales, Pasto, Samaniego, San Lorenzo, Santa Bárbara, Túquerres, (Valle del Cauca) Buenaventura, Cali, Dagua, Ginebra, Guacarí, Guadalajara de Buga, Palmira, Pradera, Restrepo y Versalles.

“Todos los proyectos buscan incrementar y mejorar la capacidad de la infraestructura educativa y así los espacios de aprendizaje, fue por ello que nos dimos cita en la ciudad de Cali, para buscar posibilidades de solucionar las diferentes problemáticas que tiene la ejecución de las instituciones educativas contratadas y a las cuales el organismo de control junto a la ciudadanía, a través del control fiscal participativo, hará especial seguimiento para garantizar su ejecución”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

En el caso de los proyectos que se desarrollan en la ciudad de Buenaventura, y luego de escuchar a las autoridades locales encabezadas por la secretaria de educación de la ciudad, la Contraloría General de la República definirá este lunes junto con el Ministerio del Interior, el FFIE, el Interventor y las autoridades locales del puerto, el alcance de la Mesa Cívica en el desarrollo de los proyectos. Así mismo se espera discutir sobre priorización de la gestión para aprobación del esquema básico y precisión de aspectos técnicos.

Para los proyectos de ejecución de obras en colegios en Cali, de los cuales la Contraloría General de la República junto a la ciudadanía y demás actores que intervienen en el desarrollo de los mismos, evidenciaron las explicaciones de múltiples incumplimientos de

sus obligaciones, el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa FFIE anunció el inició del proceso de declaratoria de incumplimiento de algunos contratos.

“Teniendo en cuenta, los incumplimientos de contratos y las acciones que se tomarán para ceder los mismos, el FFIE entregará a la Contraloría General el listado del banco de proponentes, y los contratistas que han incumplido, para que el órgano de control ingrese esa información a la plataforma Oceano,”, indicó Pineda Téllez.

Agregando: “Con la plataforma Big Data Oceano, la entidad puede revisar la contratación estatal en Colombia, hemos podido encontrar empresas que se vuelven multipropósito, es así como se identificó en el país una empresa que vende gallinas ponedoras y hace a la vez vías, o también una farmacia que terminó haciendo viviendas”.

Por otro lado, la Contraloría General de la República, a través de la Gerencia Departamental Valle del Cauca, convocará el 12 de agosto una mesa de diálogo con los actores involucrados de Buenaventura y Cali, que permitan desarrollar a profundidad las problemáticas de los 25 colegios que se priorizaron dentro de la estrategia Compromiso Colombia.

“Buscaremos en este encuentro analizar en detalle, las acciones que se vienen desarrollando, teniendo en cuenta las dificultades que se han presentado para la ejecución de los colegios, y acompañar los acuerdos precisos que faciliten el buen término de dicha ejecución”

De igual maneta la CGR a través de la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño, acompañará encuentros de la ciudadanía con las entidades territoriales afectadas y el FFIE para verificar los estados del procedimiento de incumplimiento y las otras acciones que se adelantan con las Instituciones Educativas que se desarrollan en el departamento.

También se suscribió el compromiso que corresponde a que el Fondo FFIE hará público el cronograma ajustado de desarrollo de todos los colegios, con el cual se establecerán mecanismos de acompañamiento, a través del Control Fiscal Participativo y la estrategia de la CGR Compromiso Colombia”

“Compromiso Colombia”, es la estrategia de control fiscal participativo que busca acompañar a la ciudadanía a impulsar el cumplimiento de objetivos de entidades vigiladas, de manera efectiva y oportuna, con el fin de que los colombianos reciban a tiempo los beneficios de las políticas públicas

Instituciones Educativas sobre los cuales se realizaron compromisos en mesa #CompromisoColombia:

CAUCA 

IE NORMAL SUPERIOR

NORMAL SUPERIOR ENRIQUE VALLEJO DE TIERRADENTRO

I.E JOSE HILARIO LOPEZ

I.E EL PALMAR

IE LA MONTERILLA

IE IETEC.CCIAL. SIMÓN BOLÍVAR

IE LOS COMUNEROS

I.E. EFRAIN OROZCO

I.E NUCLEO TECNICO AGROPECUARIO

NARIÑO         

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PASTO

I.E CIUDADELA EDUCATIVA DE PASTO

IE MUNICIPAL MICROEMPRESARIAL LOS ANDES

IE ARTEMIO MENDOZA

IE POLITECNICO JUAN BOLAÑOS

IE ROSAFLORIDA SUR

IE AGROPECUARIA LA ESPERANZA

IE DIVINO NIÑO JESUS

IE JUAN IGNACIO ORTIZ

IE POLITÉCNICO DE SANTA BÁRBARA

IE INSTITUTO TERESIANO

IE TÉCNICO AGROPECUARIO SAN GERARDO

IE TECNICO AGROECOLOGICO EL MOTILON

CE SAN FRANCISCO DE ASIS

VALLE DEL CAUCA    

IE RURAL EL PLACER

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI

IE SIETE DE AGOSTO

IE ALBERTO CARVAJAL BORRERO

IE EVARISTO GARCIA

IE SANTA FE 

IE VILLA DEL SUR 

IE RODRIGO LLOREDA CAICEDO

IE LIBARDO  MADRID VALDERRAMA

IE ISAIAS GAMBOA

IE EL DIAMANTE

IE LIBARDO  MADRID VALDERRAMA

INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTIN NIETO CABALLERO 

IE MANUEL MARIA MALLARINO

IE INMACULADA CONCEPCIÓN

IE CARLOS HOLGUIN SARDI

I.E. EL PALMAR

I.E. NORMAL SUPERIOR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

IE JORGE ELIECER GAITAN

IE JOSE IGNACIO OSPINA

IE JAIME ROOCK

IE JAIME ROOCK

I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ

I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ

IE CIUDADELA EDUCATIVA MEGACOLEGIO

IE SIMÓN BOLIVAR

I.E. FRANCISCO ANTONIO ZEA

IE SANTA CECILIA

IE SANTA CECILIA

IE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO

IE PATRICIO OLAVE

IE ANTONIO JOSÉ DE SUCRE

I.E. NUESTRA SEÑORA DELPERPETUO SOCORRO

IE. RAUL OREJUELA BUENO

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Publicado el 05 elo 2019 15:20


Contraloría suscribe Alianza por el Control Social con la Red Universitaria Anticorrupción

COMUNICADO DE PRENSA No. 107

 

  • Los universitarios serán veedores del buen uso de los recursos y los bienes públicos.
  • La CGR y la Red Universitaria Anticorrupción (REDUVA) se articularán para identificar y proponer soluciones a problemáticas en el programa PAE, así como la ejecución de obras vitales que presentan dificultades, como los proyectos de infraestructura educativa. 

 

Bogotá, 5 de agosto de 2019.- La Contraloría General de la República suscribió una “Alianza por el Control Social” con la Red Universitaria Anticorrupción REDUVA, que agrupa estudiantes de diferentes instituciones de educación superior del país, con el objetivo de impulsar acciones de Control Fiscal Participativo, sobre la ejecución de recursos públicos en proyectos de infraestructura educativa y el Programa de Alimentación Escolar (PAE), entre otros.

Con esta Alianza de Control Social, la CGR, a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, promoverá a los integrantes de la REDUVA como veedores del buen uso de los recursos y los bienes públicos.

“Para hacer efectiva la contribución de los ciudadanos y de las organizaciones sociales en el control y vigilancia de la gestión pública, la Contraloría se une a la REDUVA posibilitando la unión entre el máximo órgano de control fiscal del país, con el control que hacen los ciudadanos y en particular esta organización que pretende educar a la población colombiana en principios y valores para crear una cultura en torno a la transparencia, el valor por lo público y el deber social con el país”, destacó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

“Estos estudiantes que visibilizan tanto los actos de corrupción, como las buenas prácticas, para que la ciudadanía tome conciencia de la situación actual del país y se motive a luchar contra la corrupción, son fundamentales en el Control Fiscal que adelanta la entidad, puesto que necesitamos motivar, promover, formar y garantizar una participación activa y comprometida de la ciudadanía para vigilar el manejo de lo público”, añadió.

La REDUVA es un gran ejemplo y esperamos que sea motivación para otras organizaciones que se sumen en el control fiscal participativo que impulsa la Contraloría General de la República, indicó también.

La idea es identificar y solucionar problemáticas

La Contraloría General de la República, en desarrollo de su misión Constitucional, vigilar el buen uso de los recursos públicos, ha desarrollado instrumentos y herramientas de fácil acceso para la ciudadanía, con el fin de que se vinculen de manera activa a la vigilancia de la gestión pública para que la lucha contra la corrupción y la garantía de la buena inversión de los dineros del Estado, sea una realidad.

En este caso, desde el control fiscal participativo, se articularán el control ciudadano de estudiantes universitarios y el control fiscal específicamente para identificar y solucionar problemáticas en el Programa de Alimentación Escolar y la estrategia Compromiso Colombia con la que la Contraloría General de la República acompañará, a las entidades y a la ciudadanía, en la ejecución de obras vitales de infraestructura y proyectos que presentan dificultades y que son fundamentales para el país. Se trata de obras que alcanzan los $10 billones.

“Junto a la REDUVA le haremos seguimiento al acuerdo que hemos promovido con el Fondo de Infraestructura Educativa-FFIE, con el cual vamos a acompañar a la ciudadanía afectada por la construcción de 231 colegios en los departamentos de: Boyacá, Córdoba, Cundinamarca, Bolívar, Huila, Quindío, Cauca, Chocó, Valle, Arauca, Antioquia, Cesar, Guainía, La Guajira, Risaralda, Sucre, Santander, Meta, Casanare, Atlántico, San Andrés, Tolima, Caldas, Nariño, Amazonas y el Distrito Capital”, precisó el Contralor Delgado para la Participación Ciudadana.

RED UVA

Desde el Centro de Investigaciones, la REDUVA adelanta una investigación sobre las posibles causas y factores que perpetúan formas de corrupción dentro del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

En el desarrollo de dicha investigación y en la revisión de literatura académica, han encontrado tres ejes que consideran pertinentes para su estudio y análisis a la hora de abordar las causas de la corrupción dentro del programa: la etapa precontractual, la ejecución y la veeduría ciudadana.

En ese sentido, con base a lo identificado y teniendo como punto de referencia la experiencia de una ciudad y un municipio exitoso, buscan proveer recomendaciones de política pertinentes a las instituciones responsables para mitigar esas formas o fenómenos de corrupción dentro del Programa.

Además, buscan identificar o diseñar los mecanismos o incentivos necesarios para fortalecer la veeduría ciudadana, basado en soluciones tecnológicas e innovadoras que propendan a la generación de pertinencia y valor por lo público.

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Publicado el 05 elo 2019 12:00


En Barranquilla:

Audiencia Pública da como resultado desbloqueo de obras en el Puente Pumarejo

COMUNICADO DE PRENSA No. 106

 

 

  • En ejercicio del control social, veedurías ciudadanas, presentan balance positivo del proceso


Barranquilla, 5 de agosto de 2019.- Cómo positivo fue calificado  por las veedurías ciudadanas conformadas al proyecto “ Puente Pumarejo”  el resultado de la audiencia pública  informativa, que permitió el desbloqueo  de las obras de acceso al puente, que estaban suspendidas desde el 11 de julio por la comunidad del barrio La Chinita.

La determinación tomada tras la suscripción de una serie de compromisos entre los que se encuentra la realización por parte del INVIAS de los diseños  para la canalización del arroyo de La Chinita, compromete  igualmente  a la administración Distrital, que deberá ejecutar las obras de canalización en el sector.

Control Social ha permitido verificar avances del proyecto                             

En desarrollo del proceso,  las veedurías ciudadanas conformadas al proyecto han jugado un papel preponderante, si se tiene en cuenta que  estas desde su constitución han venido realizando  un seguimiento  objetivo al proceso a través  de recorridos de obra y posteriormente,  mesas de trabajo, lo cual les ha permitido   no solo  verificar los avances del proyecto sino igualmente el cumplimiento de metas en los tiempos establecidos.

Así mismo, en ejercicio del control social, los veedores  han realizado observaciones,  alertas y recomendaciones que han sido tenidas en cuenta por los distintos actores involucrados en el proceso.

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Publicado el 05 elo 2019 09:45