Boletines de Prensa - 2020

Sustitución de la DNE por la SAE no ha sido suficiente para mejorar la administración de bienes incautados

COMUNICADO DE PRENSA No. 135 

Imagen de Sociedad de activos especiales bogotá

 

  • La CGR analizó los resultados del actual modelo de administración de bienes incautados y determinó que los resultados obtenidos no son los esperados.  
  • Persisten dificultades en la administración de los bienes. 

 

Bogotá, 21 de septiembre de 2020.- Con la creación de la Sociedad de Activos Especiales -SAE- no se han logrado superar los riesgos de corrupción y los problemas en la administración de los bienes en proceso de extinción de dominio que obligaron a liquidar la Dirección Nacional de Estupefacientes - DNE, concluyó un estudio sectorial de la Contraloría General de la República. 

El organismo de control analizó los alcances del modelo de administración de bienes incautados adoptado en el país y lo comparó con algunas referentes internacionales. 

La conclusión es que la adopción de un nuevo marco normativo y la constitución de una entidad independiente encargada exclusivamente de la administración de este tipo de bienes, no ha arrojado los resultados esperados, lo cual corrobora lo evidenciado en los diferentes procesos auditores realizados por la CGR en los últimos años a la SAE. 

Se reemplazó una entidad por otra que heredó los problemas 

A pesar de que la SAE viene adoptando una arquitectura empresarial robusta y consistente, se presentan dificultades de operación del modelo y de coordinación interinstitucional.  

Para la Contraloría, el diseño de administración de bienes incautados se limitó a crear esta entidad, desconociendo la procedencia, estado real y otras características de los bienes incautados. 

Debido a la traumática transición entre la DNE y la SAE, esta heredó el desorden administrativo y la dispersión de información.  

Factores que afectan el manejo de bienes incautados 

Diferentes factores afectan el funcionamiento eficiente del modelo de la administración de bienes, entre los que se pueden destacar, estos seis:  

1) Duración prolongada de los procesos judiciales de extinción de dominio. 

2) Inoperancia de la figura de depositarios. 

3) Inconvenientes para el desalojo de predios. 

4) Dificultades para la enajenación de activos debido a restricciones del mercado. 

5) Desconocimiento de la localización y estado de muchos bienes.  

6) Falta de coordinación con las entidades de registro para obtener la información de los bienes. 

No se ha atendido el objeto del FRISCO 

Como consecuencia de los inconvenientes registrados, se evidencia que no se ha producido un impacto importante en las políticas que se deberían atender con las productividades de los bienes incautados, que incluyen: Inversión social, Fortalecimiento de la justicia, Reparación de víctimas y Desarrollo rural. 

Igualmente, la financiación de estos programas se vio limitada por la baja ejecución de las transferencias líquidas, que en el periodo 2015-2018 alcanzaron apenas el 37% frente al presupuesto proyectado para asignación a las entidades beneficiarias. 

No obstante lo anterior, la SAE, entidad administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado -FRISCO, está pasando por un momento coyuntural en el que se han implementado mecanismos que permiten prever la consecución de mayores ingresos a partir de la enajenación temprana y la venta masiva. Así, con este panorama, el Gobierno nacional debería garantizar la efectividad de las transferencias. 

Comparativo con otros países 

La Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública realizó, en este estudio, un comparativo con Bolivia, Honduras, México y Perú, con problemáticas de narcotráfico y corrupción similares. 

Se observó que en Colombia el volumen de los bienes incautados es muy superior. Y en cuanto a la financiación de la entidad administradora, el país es el único que no cuenta con recursos del Presupuesto General de la Nación.  

En los países latinoamericanos mencionados se destacan prácticas como:  

  • Seguimiento y control a las destinaciones de las productividades con incidencias admitida, civil y penal. 
  • Creación de un sistema informático que consolida la información de todos los actores, desde la incautación de bienes hasta la destinación definitiva.  
  • Existencia de un registro nacional de bienes incautados a disposición de la ciudadanía. 
  • Creación del Registro Nacional de Extinción de Dominio, donde se pueden consultar los bienes afectados, las sentencias y su cumplimiento. 
  • Relevancia en la búsqueda de rentabilidad de las sociedades antes que su enajenación. 
  • Fortalecimiento del sistema judicial de extinción de dominio para mejorar los tiempos de administración de los bienes. 

A juicio de la CGR, se trata de elementos que podrían contribuir al mejoramiento sustancial del modelo colombiano de administración de bienes incautados. 

Publicado el 21 syys 2020 10:00


Contraloría se constituye como víctima en proceso penal contra responsable de vender carne de burro a operadores del PAE en Santander

COMUNICADO DE PRENSA No. 134 

 

Imagen, Contraloría se constituye víctima en proceso penal contra responsable de vender carne de burro a operadores del PAE en Santander. Posee un niño comiendo en el fondo.

 

  • “Este es un atentado contra la vida y los derechos fundamentales de los niños afectados”, sostiene el Contralor Carlos Felipe Córdoba.
  •  La CGR adelanta 184 investigaciones por irregularidades en contratos del PAE que suman $74 mil millones. 

 

Bogotá, 21 de septiembre de 2020.- Representando los intereses del estado colombiano, la Contraloría General de la República se constituirá como víctima en el proceso penal que se sigue contra el señor Fernando Trujillo Gómez, capturado por la Fiscalía como presunto responsable de vender carne de caballo y de burro a operadores del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Bucaramanga y algunos municipios del municipio de Santander. 

El Contralor Carlos Felipe Córdoba calificó este hecho como un atentado contra la vida, la nutrición y los derechos fundamentales de los niños afectados, que dejaron de recibir una alimentación saludable por esta conducta criminal. 

El jefe del organismo de control ordenó a la Contralora Delegada de Investigaciones y Juicios Fiscales, Soraya Vargas, que designe un abogado de esta dependencia, al que se le entregue el poder respectivo y se haga parte dentro de este proceso penal. 

La Contraloría General de la República investiga varios casos de malos manejos de los recursos del PAE en varias regiones del país y, a la fecha, adelanta 184 investigaciones por irregularidades que suman más de $74 mil millones, que involucran el mismo departamento de Santander, y algunos otros como Bolívar, La Guajira y Sucre, como los que presentan los manejos más cuestionados. 

Estima la Contraloría que hasta en un 35% de los contratos del PAE no se cumplen los estándares mínimos de calidad. 

Por otra parte, el mes pasado la Contraloría produjo 30 alertas por presuntos sobrecostos de $34.856 millones en contratación del PAE durante la pandemia. 

Publicado el 21 syys 2020 09:00


Baja inversión, ineficiencia presupuestal y falta de planeación, afectan gestión de recurso hídrico en el país: Contraloría

COMUNICADO DE PRENSA No. 133 

Recurso hídrico de Colombia, fotografía

Baja inversión, ineficiencia presupuestal y falta de planeación, afectan gestión de recurso hídrico en el país: Contraloría 

  • Estudio de la Contraloría, que abarca el período 2015-2018, muestra falencias en el uso oportuno y eficiente de los recursos asignados al programa de gestión del recurso hídrico.  
  • No hay certeza de las existencias que tiene el país en materia de agua subterránea.  
  • El ejercicio de las funciones de las autoridades ambientales frente al seguimiento y monitoreo de las concesiones de agua y permisos de vertimientos, no ha servido para que se reduzca la ilegalidad en el uso del recurso hídrico.  
  • Son escasos los proyectos del sistema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) que cuentan con evaluaciones de resultados que permitan validar las inversiones efectuadas.   
  • Y son pocos los estudios que han realizado las CAR sobre las necesidades de agua para el sector productivo. 

 

Bogotá, 20 de septiembre de 2020.- La gestión del recurso hídrico en el país muestra bajos recursos de inversión e ineficiente ejecución presupuestal, a lo que se añade ausencia de planeación y baja gestión de las autoridades ambientales, indica un estudio de la Contraloría General de la República sobre el tema. 

De acuerdo a este análisis, son evidentes situaciones como las siguientes: 

*Durante el periodo 2015-2018, solamente el 11% de los $1,66 billones dispuestos en el Presupuesto General de la Nación como recursos de inversión para el sector ambiente, fueron destinados a la gestión integral del recurso hídrico en Colombia. En total, solo alcanzaron los $184.026 millones, de los cuales el 9% fue asignado a proyectos de las CAR y el restante 2% a proyectos del Ministerio de Ambiente. 

*A un promedio de 10 de las 23 Corporaciones que reciben recursos para inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación les fueron aprobados proyectos bajo el programa gestión del recurso hídrico por un valor total de $153.257 millones, frente a los $30.770 millones del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

*Llama la atención el hecho de que el IDEAM sea el administrador del sistema de manejo de los recursos hídricos y no haya tenido asignados recursos para ese programa. 

*La ejecución de los recursos asignados por el Presupuesto General de la Nación al programa de gestión del recurso hídrico fue en promedio el 27% para el periodo analizado (2015-2018). Lo que, a juicio de la CGR, puede significar que las brechas de financiamiento más grandes no son de carácter presupuestal, sino que están relacionadas con la ausencia de planeación y la baja gestión de las autoridades. 

Para la Contraloría resulta indispensable corregir la ineficiencia en la ejecución de los recursos destinados para este propósito, dadas las importantes falencias detectadas en el uso oportuno y eficiente de los mismos.  

*Las pérdidas de apropiación y las subejecuciones son reiterativas no solamente en los recursos del Presupuesto General de la Nación, sino también, y con mayor incidencia en los recursos propios y administrados por las CAR, concretamente en los recaudados por los instrumentos económicos de destinación específica para el recurso hídrico, tales como tasas por utilización del agua, tasas retributivas y compensatorias, y contribuciones parafiscales del sector eléctrico. 

  *Los análisis hechos con base en los datos suministrados por 19 Corporaciones Autónomas Regionales concluyen que la inversión realizada por estas entidades es inferior al valor de sus recaudos, situación que sugiere graves problemas de planeación, coordinación y gestión de la inversión que garantice la sostenibilidad del recurso hídrico. 

*Se evidencia que el Sector Ambiental carece de una base de datos que consolide toda la información presupuestal, detallada, veraz, oportuna y actualizada, que se asocie directamente con los planes, programas, proyectos e indicadores de cada política ambiental. 

Las anteriores son algunas de las conclusiones del estudio denominado “Evaluación de la Implementación de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico con Énfasis en la Oferta y la Demanda 2015-2018”

El análisis, realizado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada de Medio Ambiente, formula también las siguientes apreciaciones: 

Existencias de agua subterránea 

Pese a los avances obtenidos después de 2010, cuando la información se concentraba en las regiones con mayor escasez de agua superficial, como la Costa Atlántica, la Sabana de Bogotá, el Valle del Cauca, Norte de Santander, Tolima y Huila, las autoridades ambientales no disponen todavía de una memoria confiable sobre las existencias de agua subterránea. Hoy, el 67% de las CAR reconocen acuíferos en su jurisdicción. Las CAR dieron cuenta a la Contraloría de 85 acuíferos, de los cuales 38 han sido incluidos en los Planes de Manejo y Ordenamiento de Cuencas, y de los 47 que no lo están, 35 están priorizados y 15 de ellos ya cuentan con Plan de Manejo. La CGR encontró que el sistema de información del IDEAM en este campo sigue siendo débil. El instituto informó que, a noviembre de 2019, 14 Corporaciones y 4 autoridades ambientales urbanas habían reportado información sobre captaciones de aguas subterráneas y su respectiva localización en provincias hidrológicas. Sin embargo, durante el segundo semestre de 2019, la Contraloría intentó acceder al Sistema de Información del Recurso Hídrico y no pudo observar la información. Los únicos datos obtenidos llegaron a través de vínculos web.  

Condiciones de demanda no reducen la ilegalidad 

El ejercicio de las funciones de las autoridades ambientales frente al seguimiento y monitoreo de las concesiones de agua y permisos de vertimientos no ha conllevado a cambios en el comportamiento de los usuarios, ni al conocimiento real de la calidad de los recursos hídricos de su jurisdicción. Tampoco, a la reducción de la ilegalidad frente al uso del recurso. Si bien 8 Corporaciones Autónomas Regionales reportaron haber encontrado resultados positivos con los Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, no adjuntaron los indicadores, estudios técnicos o documentos que soporten los efectos que produjeron dichos programas en los recursos hídricos de manera cuantitativa y cualitativa. La Contraloría evaluó a fondo la línea estratégica de la política de gestión del recurso hídrico relacionada con las actividades necesarias para adquirir, delimitar, manejar y vigilar las áreas donde se encuentran los ecosistemas clave para la regulación de su oferta. Aunque halló avances significativos, también advirtió rezagos en la aplicación de normas que buscan disponer de espacios territoriales claves para el aseguramiento de la oferta del recurso hídrico.  

Una de estas normas es la Ley 99 de 1993, que en su Artículo 111 declaró de interés público tales territorios, asignó a los municipios la obligación de adquirir los predios necesarios para ese propósito y dispuso un plazo de quince años para las inversiones necesarias, destinando un porcentaje no inferior al 1% de los ingresos del ente territorial. 

¿Ha funcionado la figura de los Pagos  por Servicios Ambientales (PSA)? 

También encontró la CGR que si bien se pensó en el Pago por Servicios Ambientales (PSA) como una alternativa útil para el posconflicto y el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC, persisten vacíos técnicos y operativos y ausencia de mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional que obstaculizan el éxito de esta estrategia. Son escasos los proyectos de PSA que cuentan con evaluaciones de resultados que permitan la validación de las inversiones efectuadas. La mayoría carecen de una única línea política y están desconectadas de los instrumentos de planificación y ordenamiento del territorio. 

Inicialmente se previó utilizar la figura de los PSA en las áreas estratégicas de provisión de agua para las necesidades humanas, pero se fue haciendo extensiva a otros ecosistemas estratégicos sin referencia específica al recurso hídrico, al tiempo que se fue vinculando, paulatinamente, a otros actores no institucionales distintos a los municipios y autoridades ambientales, que son los que le están dando mayor impulso a estas políticas. 

Las CAR no han comprado con sus recursos o, en la actualidad, no poseen predios para atender las necesidades, aunque algunas de ellas han diseñado criterios técnicos complementarios para apoyar a las entidades territoriales en la adquisición de predios de importancia estratégica. 

Pocos estudios sobre necesidades  de agua para el sector productivo 

La CGR encontró que son pocas las Corporaciones Autónomas Regionales que cuentan con estudios enfocados a las necesidades de los sectores productivos, por lo que son ellos mismos quienes, en muchos casos, han suplido por cuenta las necesidades de información sobre el recurso hídrico que requieren para sus actividades. 

La excepción a esta tendencia son los casos registrados en la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, entidad que cuenta con estudios de la calidad del agua de la cuenca alta del Río Magdalena efectuados recientemente, o los estudios realizados por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, con los cuales se caracterizó, cualitativa y cuantitativamente, la calidad del recurso hídrico superficial en los departamentos de Putumayo y Caquetá. 

En este mismo grupo se encuentran la Corporación Autónoma Regional del Quindío, que efectuó su evaluación regional del agua en 2017, y la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá, con la caracterización de calidad y cantidad de fuentes hídricas de su jurisdicción en los años 2017 y 2018.  En otro grupo se sitúan aquellas corporaciones que tienen hidroeléctricas en su jurisdicción, como la Corporación Autónoma Regional de Chivor, que intentan avanzar en la determinación de la calidad del agua para los usos productivos. Para la Contraloría es claro que corresponde también a los productores, en especial al solicitar concesiones de aguas, presentar los monitoreos de calidad de las aguas requeridas para su actividad con el fin de identificar si se cumplen o no los criterios de calidad. 

El análisis de la información proveniente de las autoridades ambientales, recaudada y analizada por la CGR, a través del equipo investigador de la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, muestra que los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, en los aspectos específicos de la determinación de la calidad del agua basada en los estudios técnicos respectivos para los usos productivos, distan de estar completos y, en los casos más extremos, no existen. 

Reportes sobre uso eficiente y sostenible del agua 

Las CAR relacionan la apertura de procesos sancionatorios a algunos usuarios por incumplimiento de las acciones de sus Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua aprobados, pero algunas limitan sus reportes a informar que efectúan seguimiento y control a dichos programas sin especificar resultados. Aun así, hay excepciones, como la de CORNARE, que cuenta con estudios sobre "Cuantificación de la eficiencia en la implementación de la Ley 373/1997, sobre el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) 2010-2018” y que van más allá de la estadística básica.  

No obstante, los resultados exhibidos no van soportados de los indicadores respectivos, estudios técnicos o documentales que los recopilen, como tampoco de cuantificación y cualificación de los efectos que dichos resultados han significado en materia de cumplimiento de los objetivos señalados por la política pública. 

Sostenibilidad financiera 

El análisis de sostenibilidad financiera para la implementación de la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, realizado en el 2004 por el DNP a través de la consultoría a cargo de la firma Economía Urbana, estimó que bajo el escenario de ese entonces las fuentes de financiación, tanto específicas como generales dedicadas al recurso hídrico, eran insuficientes para financiar los productos y alcanzar las metas propuestas por la Política en el corto y mediano plazo. 

Las tres recomendaciones para garantizar la financiación de la política tuvieron desarrollos, pero tardíamente. Estas fueron: 

  1. Utilización del pago por servicios ambientales como alternativa a la compra de predios en cuencas abastecedoras. 
  2. Actualización tarifaria de las transferencias del sector eléctrico.  
  3. Y mejoramiento en la ejecución del Fondo de Compensación Ambiental.  

Publicado el 20 syys 2020 10:00


Avanza Expo Ciudadanía 5.O

COMUNICADO DE PRENSA No. 132 

Poster Expo Ciudadanía, Con más de 2,700 visitantes y 560,000 vistas

 

  • Más de 2.700 visitantes a esta Feria Virtual de la CGR han visto cerca de 560 mil veces las publicaciones del evento y han descargado masivamente la aplicación ControlApp. 

 

Bogotá, 17 de septiembre de 2020.- La Contraloría General de la República adelanta “Expo Ciudadanía 5.0”, un moderno espacio virtual acercamiento a los colombianos, donde pueden en tiempo real y desde cualquier parte del mundo, conectarse a nuestra entidad, para conocer cómo operamos y cómo pueden ser parte del control a los recursos estatales destinados al mejoramiento de la vida de los ciudadanos. 

A la fecha, esta exitosa estrategia ciudadana ha recibido más de 2.700 personas conectadas virtualmente en 8 estands que muestran mediante videos, infografías e imágenes interactivas la labor de la Contraloría. 

Nuestros visitantes han visto cerca de 560 mil veces nuestras publicaciones en la Feria, contando además con 344 asistentes en directo al webinar “Veedurías al cuidado de lo público”, donde se explica ampliamente los resultados de una efectiva labor del cuidado de lo público. 

También, ha sido descargada masivamente la nueva aplicación ControlApp, que permite a los ciudadanos un contacto inmediato con la CGR; revisar y estar pendientes de obras inconclusas y elefantes blancos para hacer un efectivo seguimiento ciudadano mediante el envío de fotos y videos en tiempo real del estado de las obras que más necesitan los colombianos. 

Invitamos a la ciudadanía a visitar Expociudadanía 5.0 hasta este viernes 18 de septiembre, inscribiéndose en: 

https://sistema.level-tech.co/forms/expociudadania/.    

Si requiere información adicional o soporte para su registro, comuníquese con las líneas de atención 3213903375 y 3204338027.

Publicado el 17 syys 2020 17:00


Contraloría detectó 14 hallazgos fiscales por $36.365 millones, en Actuación Especial de Fiscalización a proyectos de regalías en Sucre

COMUNICADO DE PRENSA No. 131 

Sucre, Foto de proyecto inconcluso

  • Sobrecostos en adquisición de bienes, incumplimiento de contratos y falta de planeación, son algunas de las fallas encontradas en los diferentes proyectos auditados.  
  • Detrimento patrimonial de más de $18.000 millones en obra vial ejecutada por Gobernación de Sucre. 
  • Municipio de Los Palmitos: hallazgo de $8.252 millones por incumplimiento de contrato que beneficiaría a 700 campesinos, por la siembra de ñame tipo exportación.  
  • Alcaldía de Coveñas: detrimento patrimonial por $3.102 millones en proyecto de fomento de vida saludable que no se ejecutó.  
  • Sobrecostos de más de $1.200 millones en contrato de Gobernación de Sucre para adquisición de equipos de cómputo y software.  
  • Hallazgos por $61 millones en proyectos Covid, en municipios de San Juan de Betulia y San Benito Abad. 

 

Bogotá, 14 de septiembre de 2020. Un total de 14 hallazgos administrativos con presunta connotación fiscal por valor de $36.365 millones de pesos, encontró la Contraloría General de la República en una Actuación Especial de Fiscalización a proyectos financiados con recursos de regalías que contrataron la Gobernación de Sucre y algunos municipios de este Departamento. 

Uno de los proyectos evaluados fue el denominado “Mejoramiento en pavimento asfáltico de la vía Tablitas – San Marcos, municipios de El Roble, Caimito y San Marcos, Departamento de Sucre”.  

Para la ejecución de este proyecto, la Gobernación de Sucre firmó, para la vigencia 2017, un contrato de Obra Pública con el Consorcio Mega Vías 018 por valor de $149.855 millones, en el cual la Contraloría detectó, entre otras cosas, irregularidades en el manejo del anticipo pagado, que correspondía al 15% del valor total del contrato. 

A la fecha, no se avaló por la interventoría el uso del 81,88% del anticipo entregado, causando un detrimento al patrimonio por un dinero no ejecutado de manera eficiente, lo que se traduce en un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, fiscal y penal por $18.407 millones. 

Adicional a esto, y a pesar de haber aceptado todas las condiciones contractuales en la etapa precontractual, el contratista no presentó a tiempo los permisos ambientales. 

Y de los 14 tomos de los estudios y diseños solamente presentaron 2 para realizar la reprogramación y ejecución normal de la obra pública, habiendo incumplido varias veces los requerimientos de la interventoría. A la fecha, y después de un año, siguen faltando 2 de esos tomos. Según la Contraloría, en la ejecución contractual, se evidencia una falta notable de capacidad para desarrollar el contrato en condiciones normales.  

En riesgo los recursos públicos por ejecutar 

A todas las situaciones irregulares encontradas durante la ejecución del contrato de obra, se le suma que en la Tesorería del Departamento de Sucre se encontró́ un embargo vigente contra la firma KHB INGENIERIA S.A.S., con ocasión de su participación en el consorcio MEGAVIAS 018, por un valor de $360.000.000.

Los retrasos injustificados, así́ como la evidente incapacidad técnica, operativa y financiera evidenciada en los hitos del contrato de obra, ponen en altísimo riesgo los recursos públicos aún por ejecutar en este proyecto, ya que a la fecha se tiene un avance físico por debajo del 7% después de un año de ejecución contractual y un avance financiero cercano al 20%. 

A la fecha, el contrato permanece suspendido y a pesar de que en el país y en el departamento ya se han abierto las actividades relacionadas con las obras civiles con el protocolo de bioseguridad, aún el departamento no lo ha hecho con este proyecto de importancia departamental, que tiene como objetivo beneficiar a más de 81 mil habitantes. 

Sobrecostos en adquisición de equipos de cómputo y software 

Con el fin de beneficiar a 24.500 personas de los 26 municipios del departamento de Sucre, la Gobernación de Sucre fue designada como ejecutora del proyecto con vigencia inicial de 2017, “Fortalecimiento de capacidades en CTel en niños, niñas y jóvenes de los establecimientos educativos a través del Programa Ondas en el Departamento de Sucre”, el cual fue financiado con recurso del Sistema General de Regalías, por valor total de $11.741 millones. El proyecto consistía en la compra de equipos de cómputo, software y servidores. Sin embargo, dentro del proceso de control fiscal, la Contraloría General de la República encontró sobrecostos en la adquisición de 1.000 computadores y 160 servidores, por $1.287.505 millones, lo que se traduce en un hallazgo con incidencia disciplinaria y fiscal, por el mismo valor.  

Esta cifra resulta de la diferencia entre el valor neto cancelado al contratista UNIÓN TEMPORAL ONDAS SUCRE 2018 y el valor cotizado de los elementos suministrados en ese tiempo. Esto significa que hubo fallas en la etapa de planeación y omisiones en la realización de los estudios de mercado y documentos previos, los cuales son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato.  

Violación a cumplimiento de contrato que beneficiaría a 700 campesinos 

La Alcaldía del municipio Los Palmitos fue designada como ejecutora del proyecto “Implementación de 700 hectáreas de ñame espino tipo exportación municipio de Los Palmitos, San Pedro, Sampués, Sincé, y Ovejas en el Departamento de Sucre”, y para su ejecución, firmó un contrato de interés público en 2015 con el Consorcio Agrícola de Sucre, por valor de $8.252.730.515, suma aprobada por el OCAD Región Caribe con recursos del Sistema General de Regalías. 

Este proyecto tenía como objetivo principal “recuperar la capacidad productiva de los pequeños productores rurales, incentivando la siembra de ñame espino tipo exportación”, y prometía beneficiar a 700 campesinos de la región, pero debido a una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna por parte de la entidad territorial, este objetivo no se cumplió. 

Luego de un minucioso estudio del caso, la Contraloría General de la República pudo constatar que durante la ejecución del proyecto se presentó una violación al cumplimiento del Contrato de Interés Público, debido a la omisión y falta de planeación frente a distintas variables, en especial, las ambientales y climáticas, ya que estas incidían directamente en la siembra y producción del ñame espino tipo exportación. No se encontró́ un estudio serio y completo acerca de la ubicación del objeto contractual del proyecto, y tras una reunión con los beneficiarios del mismo se verificó que no fue posible la producción de ñame como estaba previsto, debido a que el verano secó la semilla e impidió́ su producción, razón por la cual no tuvieron la posibilidad de recibir ninguna utilidad social, que es en última la finalidad del contrato de interés público para la comunidad beneficiaria. Como consecuencia del incumplimiento y con base en las conclusiones obtenidas dentro del proceso de fiscalización, se configura un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $8.252.730.515, que corresponde al valor financiado y pagado con recursos del SGR.  

Proyecto de fomento de vida saludable que no se ejecutó 

La Alcaldía de Coveñas fue designada como ejecutora del proyecto “Prevención y promoción para el fomento de estilos de vida saludable, en el municipio de Coveñas”, el cual tenía como principal objetivo el fortalecimiento de hábitos de vida saludable de 13.600 habitantes del municipio, mitigando así las problemáticas de salud que para el año 2015, afrontaba el territorio. 

Para esto firmó un contrato de interés público con la Asociación de Promotores Comunitarios -APROCO y otro de interventoría con la Fundación para la Administración y el Desarrollo de las Entidades Públicas – FUNADEP, para un valor total de $3.102.208.200, correspondientes a recursos del Sistema General de Regalías. 

Sin embargo, luego de un profundo análisis por parte de la Contraloría General de la República, se pudo constatar que la documentación revisada del proyecto no deja constancia de la ejecución presupuestal y física del proyecto, lo que es calificado como un detrimento patrimonial, debido a la falta de una adecuada planeación. 

Esto por cuanto se debió́ hacer un estudio minucioso en el que se contemplaran distintas variables del mercado para determinar los costos unitarios, el valor de la mano de obra, el material publicitario, determinación de los profesionales que se requerían, salarios, tiempos, actividades a realizar, desplazamientos, costos logísticos, costos de escenarios, vehículos para desplazamientos del personal y otros insumos. Dichos componentes no se encontraron en los estudios previos del contrato, ni en el proyecto, ni en los soportes de la ejecución del contratista. Tampoco se halló relación en los informes de supervisión entregados. Así mismo se determinó que el contratista (la Asociación de Promotores Comunitarios -APROCO) no estaba inscrita en la plataforma de registro de prestadores de servicios del Ministerio de Salud y Protección social, condición que le impedía prestar servicios de salud de promoción y prevención, finalidad que debía cumplir el proyecto. Todo esto da muestra de una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, ya que no da cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del estado, por lo que se configura una violación al cumplimiento de los contratos de interés público y de interventoría, dando lugar a un hallazgo con incidencia administrativa, fiscal y disciplinaria por valor de $3.102.208.200. 

Hallazgos en proyectos Covid 

Por otro lado, dentro del proceso auditor de control fiscal a proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías para atender la emergencia Covid-19 en el departamento de Sucre, la Contraloría General de la República auditó un monto total de $505.169.750, de los cuales se configuraron 3 hallazgos fiscales por valor de $61.675.200. 

Tales hallazgos corresponden a proyectos de los municipios de San Benito Abad y San Juan de Betulia, que dentro de su proceso de ejecución faltaron al principio de economía de sus contratos, e incurrieron en sobrecostos al adquirir elementos de bioseguridad.  

Actuación Especial de Fiscalización 

En ejercicio de sus funciones como máximo órgano de control fiscal del Estado colombiano, la CGR realizó una Actuación Especial de Fiscalización a los proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en el Departamento de Sucre, ejecutados por la Gobernación de Sucre, y las alcaldías de Buenavista, Corozal, Coveñas, Los Palmitos, San Benita Abad, Sincelejo, Tolú y Toluviejo.  

En total fueron auditados 16 proyectos por un valor total de $258.892 millones, de los cuales $230.401 millones corresponden a recursos del Sistema General de Regalías.  

Estos proyectos pertenecen a los sectores de Salud y Protección social, Transporte, Vivienda, ciudad y territorio, Deporte y Recreación, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y Agricultura y Desarrollo rural. 

Como resultado del proceso auditor, el equipo auditor configuró en total 15 hallazgos administrativos de los cuales 15 presentan incidencia disciplinaria, 14 incidencia fiscal y 1 incidencia penal, por valor total de $36.365 millones, por deficiencias relacionadas con la ejecución de los recursos de regalías.   

 

Publicado el 14 syys 2020 11:00