Boletines de Prensa - 2020

Contraloría profirió 28 imputaciones a personas naturales y jurídicas por $4,1 billones, por malas decisiones administrativas, constructivas, de ejecución y control en el proyecto Hidroituango

COMUNICADO DE PRENSA No. 175 

 
  • Para la Contraloría General, en ejercicio de su función de cuidar los recursos públicos, era imprescindible entender si el valor invertido en el desarrollo del proyecto, al final de la operación iba a generar una retribución para Hidroituango, EPM y sus 12 municipios de influencia.   
  • La CGR calcula técnicamente un lucro cesante por $1,1 billones y un detrimento al patrimonio público por valor de $2,9 billones.  
  • Para el organismo de control, las fallas del proyecto Hidroituango son resultado de una cadena de errores.  
  • Las consecuencias fueron el incumplimiento del objetivo principal del proyecto, el desmesurado aumento de sus costos y la grave contingencia que sufrió en 2018. 

 

 

Bogotá, 3 de diciembre de 2020.- La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por la suma de $4,1 billones de pesos contra 28 funcionarios y contratistas que afectaron la operación del Proyecto Hidroituango, como consecuencia de una larga cadena de errores que se dio desde su planeación y diseño, hasta su ejecución y control. 

Este valor resulta de un lucro cesante calculado en $1,1 billones y una pérdida del valor del proyecto por valor de $2, 9 billones. 

Entre los 28 imputados figuran 10 miembros de la junta directiva de Hidroituango, 2 gerentes de EPM, 2 gerentes de Hidroituango, 1 gerente de la filial EPM-Ituango, 2 exalcaldes de Medellín y 2 exgobernadores de Antioquia. El resto son contratistas. 

Al abrir el proceso de responsabilidad fiscal por estos hechos, se vinculó entonces a 34 presuntos responsables, de los cuales, con la decisión tomada ahora, de forma jurídica y autónoma, por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, 28 fueron imputados y a los 6 restantes se les archivaron las diligencias al no haber incidido de manera determinante en la causación del daño. 

Consecuencias de la cadena de errores 

Al proferir esta importante decisión, la Contraloría consideró que los errores cometidos en el proyecto Hidroituango, trajeron tres graves consecuencias: 

La primera consecuencia es que se incumplió el objetivo principal del proyecto, que era generar energía ya contratada y acordada para el año 2018, lo que produjo el lucro cesante señalado ($1,1 billones). 

La segunda es que se produjo un desmesurado aumento de los costos de Hidroituango. Inicialmente estaba pactado en $6 billones y, por las fallas e improvisaciones, terminó costando cerca de $13 billones, por la destrucción del valor del proyecto a junio de 2019. 

Y la tercera consecuencia es la grave contingencia que en abril de 2018 amenazó con causar una calamidad pública en el área de influencia del proyecto y por la que se tuvieron que invertir recursos en más obras. 

Trabajo de un año de equipo de expertos 

Como destacó el Contralor Carlos Felipe Córdoba, en una rueda de prensa, donde se anunció la decisión proferida por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, el proceso fiscal fue abierto el 9 de noviembre de 2019, o sea que se tomó un año en llegar a la decisión de imputación, como resultado de una exhaustiva y rigurosa investigación por parte de un equipo multidisciplinario de abogados, ingenieros y contadores. 

Este equipo de expertos, con el acompañamiento técnico permanente de la Universidad Nacional, analizó más de 2 teras de información en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal originado en una Actuación Especial de Control Excepcional adelantada en su momento por la Contraloría Delegada de Minas y Energía, atendiendo una solicitud que hiciera en febrero de 2019 la Veeduría Ciudadana Recursos Sagrados.  

Desde el momento en que la Contraloría General de la República recibió esa solicitud, asumió la vigilancia del proyecto y se comprometió a entregar resultados en forma oportuna, técnica y con todas las garantías. 

Evaluación de antecedentes, hitos y decisiones 

La Contraloría evaluó el proyecto hidroeléctrico Ituango desde cuando comenzó a concebirse en 1962, a planearse en los años 70s, y a desarrollarse a finales de los años 90s, momento en que se iniciaron los trámites para la obtención de la licencia ambiental.  

También hizo seguimiento a la etapa de impulso definitivo, tiempo en el que se buscaron los recursos financieros y se avanzó en la elaboración de los diseños y en la construcción de infraestructura. Fue en ese entonces, cuando se dio paso a las obras principales de la hidroeléctrica.  

Miró igualmente la participación de Hidroituango en la subasta de energía en firme realizada a mediados de 2008, en la cual prevendió 2.972.603 KWh-día para el Periodo de Vigencia del primero de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2038, a un valor de 13.99 dólares por cada megavatio-hora. 

Otros factores analizados fueron los ajustes accidentados que se dieron a los contratos entre 2010 y 2011, incluyendo la escogencia de EPM para desarrollar el proyecto; los atrasos siguientes que empezó a tener; las consecuencias del mal manejo del cauce del Río Cauca y la contingencia presentada en 2018. 

El equipo técnico de la CGR evaluó minuciosamente, y con todos los soportes tecnológicos, si se generaron de manera injustificada aumentos en las inversiones que afectaran el valor neto del proyecto o si por la demora en la entrada en operación se generó un lucro cesante que se tradujera en un daño de naturaleza fiscal.  

Para la Contraloría General, en ejercicio de su función de cuidar los recursos públicos, era imprescindible entender si el valor invertido en el desarrollo del proyecto al final de la operación iba a generar una retribución para Hidroituango, EPM y sus 12 municipios de influencia.   

Además de haber millonarios recursos públicos en juego, Hidroituango es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos que ha desarrollado el país.  

De este proyecto, depende buena parte de la demanda energética del país, enfatizó el Contralor Carlos Felipe Córdoba. 

Existen responsables individuales 

Considerando todo lo anterior, tras analizar cuidadosamente cada uno de los hechos, en el caso del proyecto Hidroituango, la Contraloría determinó que frente a sus consecuencias existen responsables individuales que, respetando el Estado de Derecho, cuentan con las debidas garantías para su defensa, indicó el Contralor General.  

Publicado el 03 joulu 2020 13:00


Alianza entre CGR y Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional –USAID–, para fortalecer control fiscal ambiental

COMUNICADO DE PRENSA No. 174 

Logos de USAID y Contraloría con bandera estaudinense de fondo con titular: Alianza entre CGR y Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional –USAID–, para fortalecer control fiscal ambiental

 

  • Contralor General y director de la Misión USAID Colombia firmaron Memorando de Entendimiento.  
  • Con esta alianza, se fortalecerá el proceso de auditoría en lo referente a deforestación, reforestación y recuperación ambiental. 

 

Bogotá, 30 noviembre de 2020.- La Contraloría General de la República y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID- suscribieron un Memorando de Entendimiento que le permitirá al organismo de control tener acceso a tecnología, información satelital, bases de datos y consultoría, y robustecer así el ejercicio de sus funciones de vigilancia fiscal en los temas de medio ambiente, inicialmente en las auditorías sobre deforestación. 

La alianza estratégica entre las dos entidades fue convenida de manera virtual por el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, y el director de la Misión USAID Colombia, Lawrence Sacks. 

En palabras del Contralor, “este convenio tiene gran potencial, al generar capacidades que le permitirán a la Contraloría General de la República tener mayor impacto en los pronunciamientos sobre las fallas y vacíos de los sujetos de control en la gestión de los recursos estratégicos para la sostenibilidad del país, como los bosques y las selvas; esto se verá reflejado en el mejoramiento de la institucionalidad para su adecuado uso y protección”. 

Por su parte, el director de la Misión USAID Colombia celebró la formalización de la alianza con la CGR, para fortalecer el proceso de auditoría en lo referente a la deforestación, reforestación y recuperación ambiental. 

La Contralora Delegada para Medio Ambiente, Walfa Constanza Téllez, recalcó la importancia de este Memorando de Entendimiento, por las modernas herramientas con que podrá contar la Contraloría en sus tareas de control fiscal ambiental. 

“Con la alianza, se fortalecerá este control, iniciando con una agenda en deforestación, que se aspira ampliar a otros temas que son cruciales en el manejo del medio ambiente y la sostenibilidad en el país”, destacó. 

La CGR y la USAID comparten su interés en la lucha contra problemáticas medioambientales relevantes en el país como la deforestación, flagelo al que el organismo de control le tiene puesta la lupa, para identificar los responsables y contribuir con elementos para la toma de decisiones encaminadas a detener dicho problema. 

Encuentro y convenio virtual 

En el evento de firma de esta alianza estratégica estuvieron presentes, de manera virtual, varios directivos de la Contraloría, como el Vicecontralor General, Julián Mauricio Ruiz, el Contralor Delegado de Economía y Finanzas Pública, Carlos David Castillo, el Contralor Delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, y el Contralor Delegado del Sector Agropecuario, Gabriel Romero Sundheim, entre otros. 

Por parte de la USAID, se conectaron la Directora de la Oficina de Medio Ambiente, Jessica Rosen, la Subdirectora de esta misma dependencia, Danielle Tedesco, la Asesora en Biodiversidad, Ximena García, el Director del Programa Riqueza Natural, Ricardo Sánchez, el Coordinador Estratégico- Acción Contra La Deforestación – Programa Riqueza Natural, José Félix Montoya y la Coordinadora Técnica- Acción Contra La Deforestación – Programa Riqueza Natural, Erika Benitez. 

La USAID y su Programa Riqueza Natural 

La USAID, es una Agencia Federal Independiente que recibe lineamientos de política exterior del Secretario de Estado de los Estados Unidos y su labor es apoyar el desarrollo internacional y avanzar con los objetivos de política exterior de los Estados Unidos financiando desarrollo económico, seguridad alimentaria, salud mundial, democracia, gobernabilidad y, atendiendo temas de cambio climático global y ambiental, así como también facilitando asistencia humanitaria en África Sub-sahariana, Asia, el Medio Oriente, América Latina, El Caribe, Europa, y Eurasia. 

A través de su Programa Riqueza Natural, la USAID, ayuda con la conservación de los recursos naturales y biodiversidad de Colombia mediante la protección y manejo adecuado de los recursos naturales en el Bosque Seco Tropical de la región Caribe y las sabanas inundables de Casanare, así como en la lucha contra la deforestación, especialmente en la región de la Amazonía, lo que el Gobierno prioriza como parte del Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022).  

CGR y lucha contra la deforestación 

Desde la CGR, se ha venido reconociendo la labor de la USAID en estudiar y apoyar el conocimiento de la deforestación en Colombia. Desde el mes de julio del presente año se han consolidado relaciones mutuamente beneficiosas y, tras la invitación realizada por USAID de participar en el Curso “Responsabilidad Penal por las Actividades Generadoras de Deforestación en Colombia”, se pudieron intercambiar experiencias de cada una de las partes.  

La Contraloría Delegada para el Medio el Ambiente compartió los productos relacionados con la deforestación, particularmente la auditoría adelantada, en el primer semestre de este año, en la región de la Amazonia, en la cual se evaluó la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales de Colombia y las Corporaciones Autónomas Cormacarena, CDA y Corpoamazonia, con importantes resultados.  

Dada la voluntad de trabajar conjuntamente, se vislumbró la firma de este Memorando de Entendimiento, fundamental en el fortalecimiento de la capacidad institucional de la CGR, relacionada con el control y vigilancia en materia de medio ambiente y lucha contra la deforestación, mediante asistencia técnica y apoyo profesional, instrumentos tecnológicos y acceso a la información. 

Con el apoyo de profesionales especializados, se realizarán investigaciones y análisis para determinar y aproximar el concepto de daño ambiental, que se evidencia en las evaluaciones que adelanta la CGR, con los elementos de la responsabilidad fiscal. 

Se busca avanzar hacia el objetivo de instrumentalizar la responsabilidad fiscal ambiental; para lo cual, el escenario de la deforestación brinda un excelente marco de análisis, para el diseño y validación de un procedimiento con este fin. 

Publicado el 30 marras 2020 14:30


Contraloría alerta por 28 mil raciones de alimentos que contratistas del ICBF entregaron a 15 mil beneficiarios fallecidos

COMUNICADO DE PRENSA No. 173 

Titular que dice "Contraloría alerta por 28 mil raciones de alimentos que contratistas del ICBF entregaron a 15 mil beneficiarios fallecidos con alimentos del IBF" junto con fotografía de alimentos

 

  • Se encontraron 28 mil raciones entregadas a más de 15 mil beneficiarios con documento de identidad que, al ser cruzado con la Registraduría Nacional, indica que están fallecidos.  
  • En Chimichagua (Cesar) una mujer aseguró ser la madre de 172 niños y niñas en ese municipio, lo mismo que de un menor en Fundación (Magdalena), recibiendo raciones por todos.  
  • Se detectó también que en el país se hicieron 48 entregas de raciones a 21 menores de edad que, según la base de datos de la Registraduría, fallecieron en fechas anteriores a dicho suministro. 
  • En varios departamentos, tutores de menores que recibieron raciones, tienen múltiples beneficiarios. Esto llevó a generar 6 alertas a 1.970 beneficiarios.  
  • Las alertas que identificó la DIARI de la Contraloría muestran entregas con documentos de personas reportadas como fallecidas, acudientes con múltiples beneficiarios y contratos con bajo índice de cumplimiento.  
  • Alertas se generaron gracias a trabajo conjunto de la CGR con el ICBF, para verificar las entregas de las canastas nutricionales a las familias beneficiarias, en el marco de la contingencia del Covid-19. 

 

Bogotá, 29 de noviembre de 2020.- La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI de la Contraloría General de la República identificó 69 alertas en la entrega de raciones de alimentos que hicieron contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a supuestos beneficiarios durante la pandemia del Covid-19, en ejecución del Programa de Canastas Nutricionales.   

Hay beneficiarios que aparecen en la Registraduría Nacional como fallecidos, pero a los que contratistas les entregaron ración de alimentos; menores de edad que en la misma base datos están reportados como muertos, pero que su documento estaría siendo suplantado por beneficiarios; y casos como el de una madre que recibió raciones por 172 hijos que tendría en un solo municipio. 

Las anteriores son solo 4 de 69 alertas que detectó la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI con su Modelo de Analítica Descriptiva que le está haciendo seguimiento al Programa Canastas Nutricionales del ICBF. 

15.580 acudientes que aparecen reportados como fallecidos 

Una vez declarada la emergencia sanitaria por el Covid-19, el Programa Canastas Nutricionales contrató una modalidad para que varios operadores hicieran el suministro de raciones alimentarias en los hogares de los niños y niñas entre cero y cinco años y madres gestantes registrados en el programa. 

Desde esa fecha, la DIARI, dentro de su plan de vigilancia a los recursos asignados a atender la pandemia del Covid-19, identificó que diferentes contratistas del ICBF entregaron 28.018 raciones a 15.580 acudientes registrados que están en la base de datos de la Registraduría Nacional reportados como fallecidos.  

Si se multiplica el número de raciones que se entregaron a estas personas fallecidas por el valor más bajo de una ración ($80.000), la suma de esta alerta de la DIARI es de $2.241 millones de pesos aproximadamente. Los valores de cada ración aumentan según el tipo de Centro Zonal desde donde se entregan y si son para mujeres gestantes y madres en periodos de lactancia.  

La DIARI detectó que de esas 28.018 entregas de raciones a acudientes de menores de edad que aparecen en las bases de datos como fallecidos, 4.548 se realizaron en el departamento de La Guajira en los meses de mayo, junio y julio.    

Menores fallecidos suplantados como beneficiarios 

Con este mismo seguimiento que realizó el Modelo de Analítica Descriptiva de la DIARI, se identificaron nueve menores cuyos números de identificación aparecen en la base de datos de la Registraduría Nacional como fallecidos, pero que en las planillas del Programa Canasta Nutricional del ICBF estarían siendo suplantados como beneficiarios, dado que su número de identificación esta registrado en las planillas, pero aparece asignado con otro nombre y apellidos.  

Igualmente, la Contraloría pudo confirmar que tres de estas entregas se realizaron al mismo número de menores de edad que aparecen en la base de datos de la Registraduría como fallecidos.  

También se identificó que en el departamento de Chocó se realizaron 37 entregas de raciones de alimentos a 16 menores de edad que aparecen en la base de datos de la Registraduría como fallecidos en fechas anteriores a la que se hizo dicho suministro. 

En el Departamento de Nariño, se confirmó que hubo 8 entregas de raciones alimentarias a 2 menores edad que aparecen en la base de datos de la Registraduría como fallecidos en fechas anteriores a las mismas. 

En total, la DIARI detectó que en el país se realizaron 48 entregas a 21 menores de edad que aparecen en la base de datos de la Registraduría como fallecidos en fechas anteriores.  

En estos casos, en lo que se presume que estos menores de edad fueron suplantados en las plantillas que entregaron los contratistas del programa, la DIARI detectó que se hicieron 24 entregas de raciones de alimentos.  

Las alertas están basadas en las debilidades que la DIARI encontró en el diligenciamiento de las planillas de control por parte de los contratistas y operadores del ICBF que realizan las entregas.  

¡Una madre con 172 hijos! 

Paralelo a ese trabajo tecnológico, un equipo de analistas de la DIARI verificó las planillas en físico, obteniendo un resultado que los sorprendió. En varios departamentos del país, tutores de los menores que recibieron las raciones, tienen múltiples beneficiarios, lo que llevó a generar 6 alertas a 1.970 beneficiarios.  

Por ejemplo, en los municipios de Teorama, Hacarí, San Calixto, La Playa, Ábrego y El Carmen, en Norte de Santander, se identificó un adulto que reclamó 195 beneficios al mismo número de menores de edad de los que aseguró ser el acudiente.  

Así mismo, en Chimichagua (Cesar) una mujer aseguró ser la madre de 172 niños y niñas en ese municipio, lo mismo que de un menor en el municipio de Fundación (Magdalena), recibiendo raciones por todos.  

También este equipo de analistas identificó que un adulto aseguró en las planillas ser tío político de 134 menores de edad en Buenaventura (Valle del Cauca) al recibir las raciones de alimentos.  

“¿Qué hicieron y dónde están con las raciones que recibieron estas personas por ese número de menores? Por esto, desde la Contraloría General realizamos estas alertas, para que en el país esta situación no se convierta en una anécdota”, aseguró la directora de la DIARI, María Fernanda Rangel. 

“Esto tiene que parar. No pueden seguir los operadores proporcionándole las raciones a personas cuyos documentos de identidad indican que están reportadas como fallecidas”, afirmó también de forma tajante. 

Contratos con bajos índices de cumplimiento 

La DIARI también generó 25 alertas de contratos con bajo índice de cumplimiento, que equivalen a $12.087 millones de pesos por entregar. Se trata de contratos en los que en los meses de mayo, junio y julio del presente año se realizaron pocas entregas y, en algunos casos, ninguna. 

Por ejemplo, se identificó un contrato en Medellín donde los meses de junio y julio no se reportó por el ICBF una sola ración de 2.691 que se debían hacer.  

En resumen, las alertas que identificó la DIARI están divididas en entregas con documentos de personas reportadas como fallecidas, acudientes con múltiples beneficiarios y contratos con bajo índice de cumplimiento.   

Análisis de planillas entregadas por los operadores 

Toda la información obtenida por la DIARI se sacó de las mismas planillas que entregan los operadores al ICBF, realizando los cruces con la Registraduría. 

La DIARI obtuvo un total de 100 mil planillas diligenciadas a mano y en formato PDF. Para realizar este análisis, la Unidad de información de la DIARI realizó la conversión de los archivos recibidos a formato de texto líquido, utilizando los servicios cognitivos de inteligencia artificial y su almacenamiento en una base de datos.  

Así los ingenieros de la DIARI lograron que el contenido de estas planillas fuera almacenado en un formato que permitiera detallar las palabras extraídas y su ubicación dentro de la planilla desde donde se hizo la extracción.  

Con esta misma metodología, se creó un algoritmo capaz de analizar el archivo de texto líquido y extraer automáticamente aquellas palabras que, por su ubicación y contenido, correspondieran a nombres y cédulas de beneficiarios.   

Alertas generadas por trabajo conjunto de la CGR con el ICBF 

Las debilidades se pudieron identificar gracias al trabajo mancomunado que la Contraloría General de la República está adelantando con la Registraduría Nacional, que ha permitido realizar cruces de información de las bases de datos con fuentes de menores de edad fallecidos.  

Con ese trabajo armónico con el ICBF y la Registraduría Nacional, la CGR a través de la DIARI pudo acompañar, en tiempo real, las actividades que desarrollaba el instituto de cara a la atención de la crisis que generó la pandemia por el Covid-19 y advertirle sobre la necesidad de avanzar en el uso de nuevas tecnologías, que permitieran un mejor seguimiento y efectivo control de la ejecución contractual de los operadores.  

Publicado el 29 marras 2020 20:00


Tras visita del Contralor al Acueducto de Camarones, Gobernación de la Guajira surte de agua potable a la comunidad

 

Contralor frente a obras de acueducto en la gobernación de la guajira. Texto que dice: Tras visita del Contralor al Acueducto de Camarones, Gobernación de la Guajira surte de agua potable a la comunidad

 

COMUNICADO DE PRENSA No. 172 

 

Riohacha, 27 de noviembre de 2020-.  Tras la visita que realizó el fin de semana pasado el Contralor Carlos Felipe Córdoba al departamento de la Guajira, para conocer de primera mano la problemática de abastecimiento de agua potable que tiene la comunidad del corregimiento de Camarones, hoy se logró que la Gobernación de la Guajira enviara tanquetas y tuvieran este servicio.  

Mediante la estrategia de control fiscal participativo "Compromiso Colombia", la Contraloría impulsa acuerdos que aseguren soluciones definitivas para esta población. 

La CGR acompaña a los actores involucrados para que se termine y se entregue el acueducto, que beneficia a los 4.500 habitantes de este corregimiento del municipio de Riohacha. 

“Queremos que a los Camaroneros les llegue agua potable directamente a sus casas y acabar definitivamente con esta problemática”, señaló el Contralor Carlos Felipe Córdoba. 

Hallazgos fiscales e Investigación de la Fiscalía 

La Unidad de Regalías de la Contraloría General de la República adelantó una Actuación Especial sobre el acueducto del corregimiento Camarones y encontró cuatro hallazgos fiscales, por cuantía de $13.100 millones, así como hallazgos disciplinarios y penales. 

A partir del Informe de la Contraloría, la Fiscalía prepara la imputación de cargos a los presuntos responsables.  

Los acuerdos a los que se había llegado con el contratista para finalizar la obra, fueron incumplidos. Ahora esta obra figura en el Registro Nacional de Obras Inconclusas, administrado por la DIARI. 

Publicado el 27 marras 2020 16:00


En Auditoría Financiera, sobre la vigencia 2019: Contraloría detectó hallazgos fiscales por $8.035 millones en CORPOMOJANA

COMUNICADO DE PRENSA No. 171

 

Corpomojana, fotografía con titular que dice: En Auditoría Financiera, sobre la vigencia 2019: Contraloría detectó hallazgos fiscales por $8.035 millones en CORPOMOJANA

 

  • Mediante imágenes satelitales se verificó incumplimiento de actividades de reforestación, contratadas con el consorcio Forestal Mojana Sucreña.  
  • El objetivo general de esta auditoría financiera fue emitir opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros 2019, teniendo en cuenta un análisis financiero comparativo de las vigencias 2018 y 2019, tomando el comportamiento de las cuentas en lo relacionado con el componente ambiental. 
  • Con las modernas herramientas tecnológicas que utiliza la Contraloría, a través de la DIARI, se evidenció que 981 hectáreas no fueron reforestadas, dentro de un contrato por el que se pagó tal actividad. 
  • Por dicha situación, la Contraloría determinó un presunto daño patrimonial por $4.542 millones. 
  • En este mismo contrato, se encontraron 92 beneficiarios que no soportan efectivamente su derecho real en un predio de reforestación, con un total de 585 hectáreas. 
  • Lo anterior dio pie a un hallazgo con presunta connotación fiscal por $2.708 millones. 
  • La Contraloría emitió Opinión Negativa o Adversa sobre los estados financieros de CORPOMOJANA a 31 de diciembre de 2019. 
  • Consideró No Razonable su ejecución presupuestal, No Feneció su Cuenta correspondiente a la Vigencia 2019 y su control interno financiero fue calificado como Ineficiente. 

 

 

Bogotá, 27 de noviembre de 2020.- La Contraloría General de la República detectó hallazgos fiscales por $8.035 millones en una auditoría financiera realizada para la vigencia 2019 a la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge CORPOMOJANA.   

El mayor de estos hallazgos (por $4.542 millones) corresponde al incumplimiento de unas actividades de reforestación contratadas en 2018 por CORPOMOJANA con el consorcio Forestal Mojana Sucreña, hecho verificado mediante el análisis de imágenes satelitales con una moderna tecnología utilizada por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI). 

El contrato en cuestión (No. 053 de agosto de 2018) tenía por objeto la "Restauración de Áreas Degradadas en las Principales Microcuencas de los Municipios de San Benito Abad, La Unión y San Marcos, departamento de Sucre", para lo cual debían intervenirse un total de 1.434 hectáreas. 

Las obras objeto del contrato se programaron para ser ejecutadas en 10 meses, por un valor de $11.492 millones. No obstante, su duración fue de 13 meses y medio. 

Las actividades contratadas se ejecutaron y pagaron en el 100% a entera satisfacción. 

No se reforestaron 981 hectáreas: hallazgo por $4.542 millones 

Al momento de realizar la Auditoría Financiera a CORPOMOJANA, en la vigencia 2019, la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, mediante el apoyo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) realizó un análisis de imágenes espacio-temporal entre los años 2017-2020, para establecer mediante técnicas geoespaciales si había existido una variación en las coberturas vegetales de los polígonos presentados por el contratista y sobre los cuales se establecieron los procesos de reforestación, que fueron relacionados en el informe final de interventoría que entregó CORPOMOJANA al equipo auditor. 

De esta manera, se entró a verificar el cumplimento de las actividades de reforestación derivadas del contrato 053 de 2018 suscrito entre CORPOMOJANA y el Consorcio Forestal Mojana Sucreña. 

Para el procesamiento de las imágenes satelitales se utilizaron 3 bandas del rango visible y 7 bandas del rango infrarrojo, metodología similar a la utilizada por el IDEAM para la identificación de zonas que presentan deforestación en Colombia. 

Luego de procesar las imágenes satelitales, la Contraloría encontró que 981 hectáreas no fueron reforestadas, ya que se determinó que en estas áreas no hubo variación de la cobertura vegetal presente en el año 2017 frente a la cobertura observada en el año 2020, y en consecuencia, dado que el valor unitario (por hectárea) pagado al contratista por la actividad de "Establecer Plantaciones Forestales Protectoras" es de $4'630.327,22, se estableció un presunto daño patrimonial por $4.542 millones.  

Así mismo, 265 hectáreas (18.61%), presentaron un efecto inverso, es decir, hubo deforestación o pérdida de cobertura vegetal. 

Otros dos hallazgos fiscales 

Un segundo hallazgo fiscal detectado en la auditoría financiera a CORPOMOJANA por $2.708 millones, corresponde al hecho de que, en la ejecución de este mismo contrato suscrito con el Consorcio Forestal Mojana Sucreña se encontraron 92 beneficiarios que no soportan efectivamente su derecho real en un predio de reforestación, con un total de 585 hectáreas. 

Un tercer hallazgo fiscal por $1.054 millones corresponde a otro presunto incumplimiento en este mismo contrato, por la no existencia de las actas de recibo a satisfacción a beneficiarios, que suman 227 hectáreas, determinándose así, una diferencia del aérea reforestada versus la contratada. Este hallazgo tiene también una presunta connotación disciplinaria. 

Para la Contraloría, esta situación se dio por deficiencia de supervisión e interventoría que avalaron el pago del área contratada sin actas de recibido. 

Fallas en el manejo presupuestal y financiero 

En materia financiera y presupuestal, la Contraloría formuló varias observaciones en la Auditoría Financiera practicada a CORPOMOJANA, por la vigencia 2019: 

*La Contraloría emitió OPINIÓN NEGATIVA O ADVERSA, considerando que los estados financieros consolidados no presentan la situación financiera de CORPOMOJANA a 31 de diciembre de 2019. 

*También emitió concepto sobre su control interno financiero, dando una calificación de 2.1 (“Ineficiente”). 

Este concepto está sustentado en que se presentan hallazgos materiales y no materiales que, afectan la gestión financiera y presupuestal de la entidad, como son las deficiencias observadas en el análisis financiero realizado a la Entidad.  

• Existe deficiencia de mecanismos de control en la elaboración y aprobación de los estados financieros de la Entidad.  

• Deficiencia de control en el proceso de planeación, asignación y ejecución de los recursos.  

• Deficiencias en la planeación de los procesos contractuales.  

• Deficiencia de control en las actividades de supervisión e interventoría de los contratos.  

• Deficiencia en los mecanismos de control, en los procedimientos de publicación de los contratos en el SECOP. 

*En lo que concierne al rubro de gastos de Inversión, donde la entidad ejecuta los proyectos contenidos en su Plan de Acción, presenta una ejecución de $3.725.171.237 que representa el 68% en cuanto a pagos, ya que el 32% quedó en reservas de apropiación, vulnerando así los principios de planificación y de anualidad que rigen la gestión presupuestal.  

Esta circunstancia afecta la disponibilidad de los recursos y más importante aún, incide en reducción de la inversión en el desarrollo de las actividades misionales de protección del medio ambiente, contempladas en su plan de acción, generando el incumplimiento del deber funcional de ejecutar los recursos. 

*La opinión de la Contraloría sobre la ejecución presupuestal de CORPOMOJANA para la vigencia 2019, que incluye los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación y de las fuentes propias, es NO RAZONABLE, debido a que se evidenciaron las siguientes deficiencias: 

Se presentó una operación del tope de reserva presupuestal de inversión, la cual ascendió al 32%, lo que contribuyó una deficiente ejecución presupuestal de ingreso y gastos en la vigencia 2019; que origina a que la Corporación ejecute gran parte del presupuesto de 2019, en la vigencia 2020, aunado a una baja ejecución presupuestal de ingresos y gastos.  

El presupuesto para la vigencia 2019 no fue programado y ejecutado razonablemente en todos los aspectos materiales, de conformidad con las normas y principios presupuestales que le son aplicables a los mismos.  

Lo anterior, expone a la entidad a una reducción de su presupuesto, que puede afectar la disponibilidad de los recursos para su inversión en el desarrollo de las actividades misionales de protección del medio ambiente, contempladas en su Plan de Acción, generando el incumplimiento del deber funcional de ejecutar los recursos, además de incumplir con el principio de anualidad establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. 

*CORPOMOJANA, vulnera lo regulado en sus políticas contables con relación a la medición inicial de las propiedades, planta y equipos, ya que, durante la vigencia fiscal de 2019, presenta un incremento de $1.016.875.566, en las subcuentas Terrenos y Edificaciones, debido a las reclasificaciones de los saldos presentados en las cuentas 195101 y 195102 con la cuenta 314506.  

En virtud de lo anterior, la CGR determinó que estas incorrecciones en los estados contables auditados son materiales, generalizadas y que afectaron el Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social de la vigencia 2019, en valor de $1.035.205.285 no acorde con la situación real de CORPOMOJANA. 

*La Corporación aprobó, presentó, firmó y registró en la plataforma de la Contaduría General de la Nación, a través del CHIP, los estados financieros de la vigencia, sin observar la ecuación patrimonial; así mismo, no obstante, percibir ingresos por concepto de sobretasa ambiental, mantuvo el mismo saldo de la vigencia anterior, sin que los reportes contables reflejaran ningún movimiento, generando incertidumbre en esta cuenta. 

*Con fundamento en la opinión contable y presupuestal, la CGR NO FENECIÓ la cuenta fiscal rendida por CORPOMOJANA correspondiente a la vigencia fiscal 2019. 

Publicado el 27 marras 2020 10:30