Boletines de Prensa - 2021

Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 71

 

Por fallida remodelación de Estadio de Neiva: 

 

Contraloría profirió fallo fiscal por $17.518 millones contra contratista, interventor y miembros de la administración municipal  

 

  • Se recuperaron $5.449 millones por el siniestro, con la aseguradora. 

 

 

Bogotá, 22 de junio de 2020.- La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por $17.518 millones por las irregularidades presentadas en el contrato de adecuación, reforzamiento y remodelación arquitectónica y estructural del estadio de fútbol Guillermo Plazas Alcid de Neiva. 

 

El fallo de primera instancia cobija a los integrantes del Consorcio Estadio 2014, encargado de la ejecución de la fallida remodelación, y del Consorcio Interventoría Estadio 2014, en este segundo caso por su gestión omisiva frente a las acciones del contratista.  

También se falló con responsabilidad fiscal contra miembros de la administración municipal que intervinieron en el proceso. 

Dentro del trámite de este proceso de responsabilidad fiscal, la compañía aseguradora de Fianzas S.A. (CONFIANZA), con ocasión de la declaratoria de caducidad por incumplimiento del contrato de obra 1758 de 2014, realizó el pago al Municipio de Neiva de $5.449 millones, monto que se descontó de la cuantificación del daño patrimonial. 

 

El fallo fue proferido por Despacho de la Contralora Delegada Intersectorial N°5 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, a través del Auto 965 del 9 de junio de 2021, tras la aplicación de intervención funcional oficiosa mediante la cual se actualizó el detrimento patrimonial adicionando los recursos endógenos del Municipio de Neiva involucrados en la ejecución del contrato 1758. 

Los exalcaldes de Neiva Pedro Hernán Suárez Trujillo y Rodrigo Lara Sánchez fueron declarados sin responsabilidad fiscal.  

Defectos constructivos e incumplimiento de normas de sismo resistencia 

 

Este proceso tuvo origen en las numerosas irregularidades presentadas en la ejecución del contrato 1758 de 2014 que suscribió la Alcaldía de Neiva con el Consorcio 2014 para adelantar obras de adecuación, remodelación y reforzamiento del estadio de futbol Guillermo Plazas Alcid.  

 

Irregularidades relacionadas con los defectos constructivos en la ejecución del proyecto, que conllevaron a la perdida de los recursos invertidos dado que la obra no adelantó el reforzamiento estructural requerido, no cumple con las normas de sismo resistencia NSR-10, ni con los protocolos establecidos por la FIFA para estadios de futbol. 

 

Las situaciones referidas se presentaron desde la etapa precontractual hasta la ejecución del contrato y en actividades tanto contractuales como de planeación y supervisión. 

 

Desde la primera auditoría que realizó a este proyecto, a finales de 2015, la Contraloría atribuyó a serias fallas en materia de planeación contractual el atraso y problemas en su ejecución. 

 

El estadio no ha sido puesto en funcionamiento, salvo la grama y la gradería antigua, pero tras una visita que realizó a la obra el Contralor Felipe Córdoba, a principios del pasado mes de marzo, empezaron a verse avances en las inversiones que requiere para terminarse y es así como se han conseguido más de $25 mil millones para seguir la obra, con el aporte de la Alcaldía de Neiva, la Gobernación del Huila y el Ministerio del Deporte. 

Publicado el 22 kesä 2021 8:15


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 70

 

Contraloría encontró 32 hallazgos fiscales por $7.441 millones al evaluar gestión de Planes Departamentales de Agua (PDA) en 7 departamentos 

 

Pieza gráfica con el titular del comunicado, más fotografía de manos con agua.

 

  • El mayor hallazgo fiscal se da en San Andrés ($2.712 millones), por un caso de obras recibidas que no se encuentran ejecutadas en su totalidad. 

 

  • Le siguen en hallazgos fiscales Vaupés ($2.581 millones), Tolima ($866 millones), Norte de Santander ($613 millones), Vichada ($476 millones), Antioquia ($123 millones) y Boyacá ($68 millones). 

 

  • Una buena cantidad de las obras de los PDA evaluados no se han concluido y muchas aún no se encuentran en funcionamiento, afectando a las comunidades que las requieren. 

 

  • Hay hallazgos comunes en los proyectos auditados por la Contraloría, como son deficiencias en la planeación y ejecución de las obras contratadas, así como en las tareas de interventoría. 

 

  • Obras suspendidas por mucho tiempo, sobrecostos en la contratación, debilidades en los estudios previos y pólizas que no se hacen efectivas, son algunas de las irregularidades más frecuentes. 

 

Bogotá, 21 de junio de 2021.- La Contraloría General de la República concluyó 7 Actuaciones Especiales de Fiscalización donde evaluó la gestión de los Planes Departamentales de Agua (PDA) de igual número de departamentos, encontrando 88 hallazgos administrativos, de los cuales 32 son de carácter fiscal por $7.441 millones, 80 con incidencia disciplinaria y 2 de carácter penal. 

 

Fueron auditados los PDA correspondientes a los departamentos de Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Tolima y Vichada, en lo correspondiente a las vigencias 2019 y 2020, y en el caso de Vaupés estas mismas y además la de 2018. 

 

La evaluación incluyó todas las fuentes de recursos que financian los PDA y las actuaciones de las entidades competentes en su gestión, tanto del orden nacional como territorial. Las auditorías fueron adelantadas durante el primer semestre de 2021 por la Contraloría Delegada para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico, con apoyo de las respectivas Gerencias Departamentales Colegiadas de la CGR. 

 

En el siguiente cuadro se aprecian los hallazgos detectados y la cuantía de los mismos en cada uno de los PDA auditados

 

Consolidado Hallazgos y sus presuntas incidencias 

PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA (PDA) 

NÚMERO DE HALLAZGOS 

Cuantía Hallazgos  

Admin. 

Penal 

Disciplinaria 

 Fiscal 

Fiscales ($) 

PDA Departamento del Vaupés 

18 

17 

15 

   2.581.465.748,00  

PDA Departamento de Vichada 

15 

12 

       476.851.612,00  

PDA Departamento del Tolima  

       866.401.702,00  

PDA Departamento de 

Norte de Santander 

       613.516.876,00  

Departamento de San Andrés 

   2.712.098.837,00  

PDA Departamento de Boyacá 

         68.002.385,29  

 PDA Departamento de Antioquia 

21 

  

20  

 1 

123.086.852,00 

TOTAL 

88 

80 

32 

7.441.424.012,29 

Fuente: CGR, 2021, con base en los respectivos Informes Finales de AEF. 

 

Con estos hallazgos, adicionalmente, se lograron 2 Beneficios de Auditoría por valor de $1.418.138.375,25, y se determinó la necesidad de abrir cuatro (4) indagaciones preliminares en cuantía estimada de $553.835.428

 

El departamento que mayor número de hallazgos administrativos registró fue Antioquia (21), seguido de Vaupés (18) y Vichada (15). 

 

En cuanto a hallazgos con presunta incidencia fiscal, se observa que el departamento de Vaupés fue el que presentó el mayor número con esta connotación, con 15, seguido de Tolima con 7.  

 

En el caso de San Andrés es importante destacar que en solo un hallazgo alcanzó la máxima cuantía ($2.712 millones) de todos los encontrados en estas actuaciones de fiscalización. Se trata de recursos cancelados por concepto de obras recibidas mediante actas parciales para la construcción del alcantarillado sanitario en los sectores de Cabañas, Barrio Sarie Bay y Barrio Modelo, que no se encuentran ejecutadas en su totalidad y, por lo tanto, no están funcionando. 

 

Muchas obras contratadas no se han concluido 

 

Como resultado de las Actuaciones de Fiscalización realizadas, la Contraloría encontró en todos los departamentos serias deficiencias en la gestión fiscal y conceptuó que la misma fue ineficaz, ineficiente y, en algunos casos, no resulta conformedebido a que buena cantidad de las obras contratadas no se han concluido, luego de pasar varios años desde el vencimiento del plazo inicial pactado, y muchas aún no se encuentran en funcionamiento.   

 

Las debilidades, técnicas, administrativas y operativas observadas han impedido la culminación y puesta en funcionamiento de las obras contratadas, para ponerlas oportunamente al servicio de la comunidad, con los consecuentes impactos en su salud, dado que se trata de infraestructuras para la provisión de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, las cuales resultan esenciales para asegurar unas condiciones de vida dignas a la población. 

 

Principales deficiencias encontradas 

 

En la mayoría de proyectos auditados, se presentan deficiencias que en general guardan relación con los siguientes aspectos: 

 

  • Deficiencias en la planeación y ejecución de las obras contratadas, así como en el ejercicio de la función de interventoría. Algunos proyectos iniciaron su ejecución sin estudios previos, en tanto que la documentación de la etapa contractual no ha sido publicada en su totalidad, a lo que se suma ausencia de certeza en las cantidades de obra por tramos ejecutados 
  • La cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento básico en muchas regiones continúa siendo muy baja y persiste una significativa brecha urbano rural. 
     
  • Muchos de los contratos evaluados se encontraban suspendidos al inicio de las Actuaciones Especiales de Fiscalización, algunos de ellos con periodos relevantes de suspensión, lo que genera incertidumbres sobre su culminación y puesta en funcionamiento a fin de satisfacer las necesidades sociales de los servicios de acueducto, alcantarillado y gestión de residuos sólidos. Los retrasos en estas obras mantienen elevados los niveles de riesgos sanitarios y ambientales para la población e impiden elevar su calidad de vida. 
     
  • La CGR encontró otras deficiencias, como sobrecostos en la contratación y adquisición de bienes y servicios, el pago de anticipos que no fueron debidamente amortizados, debilidades en la supervisión e interventoría, así como en la gestión de recursos para dar continuidad a los proyectos. 
     
  • Se encuentra infraestructura, bienes y servicios que no están en funcionamiento o no prestan el servicio para el que fueron construidos o adquiridos. 
     
  • Todos los contratos y proyectos evaluados presentaron, en general, problemas que generaron demoras en su ejecución, entre ellos, las siguientes situaciones: 

 

• Suspensiones  

• Ampliaciones de Plazo 

• Prórrogas 

• Incumplimiento oportuno del objeto contractual 

• No se imponen multas  

• No se hacen efectivas las pólizas 

• Proyectos inconclusos con los contratos con plazo de ejecución vencido 

• Vencido el plazo de ejecución no se han entregado los bienes y servicios pactados 

 

  • La mayoría de los proyectos auditados presentaron debilidades en planeación, especialmente en lo relacionado con:  

 

• Ausencia de análisis de estudios de mercado 

• Costos directos e indirectos sin desglosar 

• Carencia de fichas técnicas para precisar las características de la prestación del servicio adquirido 

• Sin precisar los soportes idóneos para soportar la legalización de las actividades realizadas por los contratistas 

• Debilidades en los estudios previos, sin suficiente información del sector, lo que limita la pluralidad de oferentes 

• Proyectos formulados sin el cumplimiento de los requerimientos técnicos, administrativos y ambientales 

• Proyectos no viabilizados por el Ministerio de Vivienda por la debilidad en su formulación para la obtención de recursos de fuente nacional   

  • Así mismo, la mayoría de los procesos presentaron debilidades en la gestión contractual, particularmente en lo relacionado con el seguimiento y la interventoría. Y no se liquidan contratos con plazo de ejecución vencido, los cuales no cuentan con las correspondientes actas de liquidación y terminación 

 

Como resultado de estas múltiples falencias, pese a la asignación de recursos de diferentes fuentes tales como Sistema General de Regalías (SGR), Sistema General de Participaciones (SGP), aportes del Departamento y de los municipios, entre otros, es recurrente la falta de culminación exitosa de los proyectos para su puesta al servicio de la comunidad que los requiere, postergando así, injustificadamente, el anhelo de la población de contar con condiciones de adecuadas de acceso a los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. 

 

Resultados ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN  

PDA SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

 

La Contraloría estableció 9 hallazgos administrativos, todos ellos con presunta incidencia disciplinaria, y 1 con presunta incidencia fiscal por valor de $2.712 millones. 

 

La Actuación Especial de Fiscalización se centró en la evaluación de los recursos destinados a la ejecución del contrato No. Q17740 de 08/05/2017 cuyo objeto fue la expansión de las redes de alcantarillado sanitario en los distritos 1, 2 y 3, por $5.046.566.642, así como la inversión de recursos por $3.500.000.000 del PDA-San Andrés, dirigidos a la ejecución de obras de infraestructuras para la gestión de residuos sólidos destinados a la planta de aprovechamiento RSU para la generación de energía alternativa. 

 

La CGR considera que la gestión fiscal adelantada por el Gestor del PDA – San Andrés sobre el contrato de obra No. Q17740 del 08 de mayo de 2017, no resulta Conforme debido a que las obras de los tramos ejecutados no se encuentran en funcionamiento y otros tramos aún no han finalizado su construcción.   

 

Las debilidades, técnicas, administrativas y operativas observadas han impedido la culminación y puesta en funcionamiento de las obras contratadas, para ponerlas oportunamente al servicio de la comunidad. 

 

Se evidencian deficiencias en la planeación y ejecución de las obras, así como en el ejercicio de la función de interventoría. Se destaca que el proyecto “expansión de las redes de alcantarillado sanitario en los distritos 1, 2 y 3 en san Andrés Isla” carece de estudios previos, en tanto que la documentación de la etapa contractual no ha sido publicada en su totalidad, a lo que se suma ausencia de certeza en las cantidades de obra por tramos ejecutados 

 

La cobertura del servicio de alcantarillado en la isla de San Andrés alcanza apenas el 48,36% de la zona urbana, y es nulo en el área rural, para una cobertura general de solo el 34,71%. 

 

La ejecución del contrato de obra No. Q17740 del 08 de mayo de 2017 se encuentra suspendida desde marzo de 2020, lo que genera incertidumbres sobre su culminación y puesta en funcionamiento a fin de satisfacer las necesidades sociales del servicio de acueducto y la reducción del riesgo de contaminación de acuíferos que surten de agua para consumo humano a la población. 

 

Para las vigencias 2019 y 2020 no se observa ejecución de recursos del PDA-San Andrés para el municipio de Providencia pese a contarse con disponibilidad de recursos y existir proyectos identificados, priorizados y aprobados en el Plan de Inversiones correspondiente, lo cual conlleva a que se dejen de invertir recursos en proyectos prioritarios de agua potable y saneamiento básico para beneficio de los habitantes de Providencia y Santa Catalina. 

 

RESULTADO ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PAP -PDA DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS  

 

La CGR considera que la gestión del Plan Departamental de Agua PAP -PDA presenta debilidades contractuales, post contractuales, financieras y contables, que requieren la toma de acciones correctivas que permitan que los proyectos y contratos finalicen en beneficio de la población y ayuden a garantizar la adecuada prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en los tres municipios del departamento de Vaupés y las áreas no municipalizadas.  

 

La mayoría de los contratos revisados presentan ausencia de análisis para los estudios de mercado, se presentan múltiples deficiencias en los procedimientos de la etapa de planeación, dado que no tienen los costos directos e indirectos desglosados, no contaron con fichas técnicas que establecieran cómo se debía prestar el servicio y cuáles eran los documentos que el contratista debía presentar para legalizar las actividades que desarrollaría. Igualmente, se encontró que se suscribieron contratos simultáneos con el fin que el producto a entregar quedara sujeto a la aprobación de otro contrato. 

 

Se encontraron debilidades en los estudios previos de los contratos de consultoría de los municipios de Carurú y Taraira, que no cuentan con la suficiente información sobre los sectores contratados, lo que limitó la pluralidad de ofertas.  

 

Todos los contratos revisados presentan importantes demoras en su ejecución, conllevando a la existencia de múltiples suspensiones, ampliaciones y prórrogas, esto debido a que los contratistas no cumplieron en forma oportuna con el objeto contractual; y a pesar que el PDA Vaupés y el ente territorial municipal en repetidas oportunidades conminaron al contratista para que cumpliera con las obligaciones establecidas en el contrato, no se halló que la Entidad hiciera uso de las cláusulas de imposición de multas o el amparo de las pólizas por incumplimiento de lo pactado. 

 

La falta de acciones efectivas y contundentes ha generado que a la fecha el plazo de ejecución de los contratos se encuentre terminado o vencido y los contratistas no hayan hecho entrega de la totalidad de los productos finales, igualmente que no se cuente con la amortización total o parcial del anticipo ni estén disponibles los soportes de inversión de estos anticipos. 

  

En esta Actuación sobre el PDA de Vaupés, se establecieron 18 hallazgos administrativos, de los cuales 17 tienen presunta incidencia disciplinaria, 15 fiscal por valor de $2.581.465.478 y se abrirá una indagación preliminar por $24.643.710. 

 

RESULTADO ACTUACIÓN ESPECIAL DE  

FISCALIZACIÓN PAP-PDA VICHADA 

 

Durante las vigencias 2019 y 2020, se realizó una baja ejecución de los recursos disponibles en los planes estratégicos de inversión, debido a la falta de gestión en la elaboración de estudios y diseños de los proyectos incluidos en el PAEI.  

 

Los estudios de precios y mercados realizados por la entidad no están técnicamente soportados ni debidamente documentados e incluyen costos fijos para consultorías que no están relacionados con los proyectos, dejando incertidumbre en la determinación del valor de la contratación por el incumplimiento de los principios de economía y selección objetiva y generando sobrecostos en la contratación realizada.  

 

Se advierte falta de seguimiento y control por parte de la supervisión a los productos entregados en las consultorías realizadas, dado que los proyectos radicados ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial presentan glosas de forma y fondo, que hacen que sean rechazados los proyectos, y los contratistas no las subsanan. 

 

Fue así como se encontraron 2 casos con más de 10 años del estudio y otro de más de 5 años, donde el estado actual del proyecto es en suspensión porque los contratistas no subsanaron las glosas de los estudios, dejando de satisfacer las necesidades en agua potable y saneamiento básico priorizadas por los municipios.  

 

No hay planeación presupuestal en los contratos de prestación de servicios del PAP-PDA vigencia 2019-2020, realizando contratos de prestación de servicio de tiempo corto, con lapsos de tiempo entre los mismos, a pesar de que se requería el servicio por mayor tiempo, afectando la gestión del PDA, dado que varios de esos contratos son para apoyar la supervisión de los proyectos, o el seguimiento de la gestión del PDA.  

 

Como resultado de la auditoría al PDA del Vaupés, la Contraloría General de la República constituyó 15 hallazgos administrativos, de los cuales 4 corresponden a hallazgos con presunto alcance fiscal por $476.851.612, otros 2 dan pie a la apertura de indagación preliminar y 12 más tienen posible alcance disciplinario. 

  

De los hallazgos mencionados, 10 son para la Gobernación de Vichada, 2 para el Municipio de La Primavera, 1 para el municipio de Santa Rosalía, y 1 para la asamblea de accionistas de la Empresa Aguas del Vichada / Gobernación.  

 

RESULTADO ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AL PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA EL FINANCIAMIENTO EN INVERSIONES EN AGUA (FIA) – PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PAP-PDA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 

Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización realizada, la Contraloría considera que la gestión fiscal adelantada a la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá (ESPB SA ESP), en relación con los proyectos y contratos suscritos con recursos del Plan Departamental de Agua (PDA) del departamento de Boyacá es Conforme a los principios de la gestión fiscal y a los criterios evaluados, excepto porque se presentan deficiencias, especialmente en cuanto a la calidad, planeación y oportunidad de los proyectos y obras ejecutados, así como debilidades técnicas, operativas y financieras que demandan acciones correctivas para desarrollar los proyectos de manera más eficiente y eficaz. 

 

Se evidencian deficiencias en la terminación y continuidad de los convenios que vinculan al PDA con los municipios del Departamento de Boyacá, lo cual afecta el cumplimiento de los objetivos del PDA y el desarrollo regional. De los 123 municipios del Departamento de Boyacá, 47 no se encuentran vinculados al PDA-Boyacá, entre otras causas, por falta de gestión de las administraciones locales. 

 

Algunas de las obras presentan deficiencias técnicas originadas en debilidades de supervisión y control, las cuales afectan su calidad y funcionamiento. 

 

De los 12 proyectos de obra evaluados en Boyacá, 7 se encuentran terminados, 3 en ejecución y 2 están suspendidos (Güicán y Paipa). 

 

Los contratos de consultoría y compraventa presentan debilidades en su planeación y ejecución, lo cual incide en el retraso de los proyectos y, en algunos casos, conlleva a la adquisición de bienes por mayor valor. 

 

Como resultado de esta Actuación Especial de Fiscalización, la Contraloría General de la República estableció 8 hallazgos administrativos, de los cuales 5 tienen presunta incidencia disciplinaria, 3 de ellos con presunta incidencia fiscal por valor de $68.002.385,29. 

 

Entre los hallazgos detectados están: uno relacionado con los aspectos técnicos del contrato para la optimización de redes de alcantarillado y del sistema de acueducto del municipio de Güicán de la Sierra, otro por la construcción para la optimización del servicio de acueducto del municipio de Chiquinquirá, y un contrato que celebró la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá con el objeto de adquirir un vehículo recolector para el municipio de Soracá. 

 

RESULTADO ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AL PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA EL FINANCIAMIENTO EN INVERSIONES EN AGUA (FIA) – PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA (PDA) DE NORTE DE SANTANDER  

 

En 3 contratos de obra pública (010-2013, 011-2014 y 0020-2020) la CGR constituyó 3 hallazgos administrativos, todos con presunta incidencia disciplinaria, 1 de connotación penal y 1 de carácter fiscal en cuantía de $613.516.876.   

 

La totalidad de los contratos de obra auditados por la CGR (5) presentan en su ejecución deficiencias constructivas derivadas de falencias en la planeación de los proyectos que los originaron, entre ellas, deficiente gestión predial, dilaciones en la ejecución, estudios y diseños deficientes, ausencia de permisos y ampliación de la concesión de aguas para consumo humano.   

 

Todos estos contratos se encontraban en estado de suspensión al inicio de esta actuación de fiscalización por parte de la CGR, pero 4 de ellos reiniciaron su ejecución luego de iniciado este proceso auditor. 

  

En cuanto a la gestión de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico de Norte de Santander, la CGR identificó incumplimiento de objetos contractuales, deficiencias en el perfeccionamiento de contratos y en la planeación de proyectos de inversión, 

 

Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización, la Contraloría General de la República configuró 8 hallazgos administrativos, todos con presunta incidencia disciplinaria, 1 con presunta incidencia penal y fiscal en cuantía de $613.516.876, y un beneficio de auditoría por $1.389.239.077,25

 

El hallazgo fiscal por $613.516.876 corresponde al contrato de obra No.011 de 2014, tiene presunta incidencia fiscal, penal y disciplinaria y se refiere a la obra del colector Villa Cristina, que después de 7 años de construido no ha sido puesto en funcionamiento por cuanto no se ha conectado con el emisario del alcantarillado del municipio de Pamplona, por falta de permisos de autoridades administrativas.  

 

Adicionalmente este contrato se encuentra suspendido desde 2014; la póliza de responsabilidad civil extracontractual no lo ampara y la de cumplimiento se encuentra vencida. 

 

RESULTADO ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS (PDA) DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, MUNICIPIOS ATACO, COYAIMA, ROVIRA Y VALLE DE SAN JUAN 

 

La Contraloría General de la República (CGR) considera que la gestión fiscal adelantada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), EDAT S.A. ESP Oficial -Gestor del PDA Tolima-, los municipios de Ataco, Coyaima, Rovira y Valle de San Juan, y el Consorcio FIA, en relación con los proyectos y contratos suscritos con recursos del Plan Departamental de Agua (PDA) del departamento del Tolima es ineficaz, dado que presenta debilidades en la formulación, control, seguimiento, supervisión y ejecución de las obras. 

 

Se evidencia la no finalización y/o cancelación de los proyectos de agua potable y saneamiento básico para los municipios priorizados, sin lograr los beneficios sociales previstos ni mejorar la calidad de vida de la población objetivo, en la medida que no les son prestados los servicios de agua potable y saneamiento básico con los estándares y en las condiciones de calidad, cantidad y oportunidad definidas en la Ley. 

 

La totalidad de los proyectos evaluados durante esta Actuación de Fiscalización, relacionados con agua potable y alcantarillado, no han sido culminados, a pesar de haber transcurrido ya el plazo inicial de ejecución, de lo cual, en algunos casos, han transcurrido más de 5 años.   

 

Dichos proyectos se encuentran suspendidos y presentan deficiencias técnicas, las obras no han sido concluidas, no se encuentran funcionando, algunas de ellas presentan prórrogas y suspensiones que en ocasiones duplican el plazo inicial pactado, con el agravante de que ya se han efectuado pagos por $24.182.838.481, que corresponden al 63,8% del total de los recursos asignados ($37.905 millones). 

 

La CGR ha identificado, así mismo, casos en los que se han efectuado pagos por obras no ejecutadas incumpliendo el beneficio social para el que fueron destinados los recursos, con el consecuente presunto detrimento patrimonial al Estado por $866.401.702. 

 

Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización, la Contraloría General de la República configuró 9 hallazgos administrativos, todos ellos disciplinarios, 7 de carácter fiscal por valor de $866.401.702, 1 de connotación penal y 1 con otra incidencia por valor de $7.666.193, que será trasladado a la Contraloría Departamental del Tolima. 

 

 

RESULTADO ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA EL FINANCIAMIENTO EN INVERSIONES EN AGUA (FIA) – PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

 

Se observan deficiencias en la viabilización, monitoreo, seguimiento y control de los proyectos. También hay debilidades en la etapa de planeación contractual, originando suspensión de los contratos e incumplimiento de los cronogramas de ejecución de obra, entre otras causas, por falta de permisos de ocupación de vías, servidumbres, reubicación de estructuras hidráulicas y rediseños de los proyectos. 

 

La Contraloría evidenció deficiencias en la planeación y viabilización de las obras contratadas, lo cual originó la suspensión de los contratos. 

 

Se encontraron 27 contratos suspendidos, cuyo valor alcanza los $33.356.017.143

 

Las principales carencias observadas en materia de planeación están relacionadas con imprevisiones como falta de estudios de suelos o deficiente calidad de los mismos y el no trámite de permisos ambientales, entre otras. 

 

Las debilidades observadas en la planeación, además de llevar al incumplimiento de los cronogramas y postergar la entrega de las obras al servicio de la comunidad, en algunos casos ha implicado adiciones presupuestales para los contratos de obra y también adiciones en tiempo y en dinero a los respectivos contratos de interventoría.   

 

En el caso del contrato de obra 335-2019 del municipio de Amagá se realizó una adición por $117.491.872, y el respectivo contrato de interventoría se adicionó en $58.025.691, lo que evidencia deficiencias en la estimación de los presupuestos generando incertidumbres frente a proyecciones de costos, actividades y obras para el desarrollo de los proyectos. 

 

Así mismo, se observaron deficiencias en la interventoría y en la supervisión que permitieron la realización de pagos no concordantes con los avances de obra y falta de soportes sobre el manejo de los anticipos efectuados. 

 

Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización, la Contraloría General de la República constituyó 21 hallazgos administrativos, de los cuales 20 tienen presunta connotación disciplinaria, 1 es de posible carácter fiscal por valor de $123.086.852, 1 con otra incidencia para trasladar al Archivo General de la Nación y un 1 más para indagación preliminar por valor de $417.531.772

 

Publicado el 21 kesä 2021 8:00


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 69

 

Certificó Subsecretaría de Ordenamiento Territorial: Predio donde se construye nueva sede de la Contraloría en Pereira es apto para uso institucional y se adecua al POT 

 Fotografía de Pereira con titular que dice Certificó Subsecretaría de Ordenamiento Territorial: Predio donde se construye nueva sede de la Contraloría en Pereira es apto para uso institucional y se adecua al POT

 

  • Para la entidad municipal, el predio ubicado en la Cra. 10 # 42-29, corresponde a uso de nivel administrativo de la Nación. 

 

Pereira, 17 de junio de 2021.- La Alcaldía de Pereira, a través de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo de Urbano de la Secretaría de Planeación Municipal, certificó que el predio donde se construye actualmente la nueva sede de la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada de Risaralda, es apto para el uso institucional y se considera “en concordancia con el POT vigente”. 

 

La certificación en este sentido fue expedida por la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Mónica Marcela Tobón Zapata, al responder una solicitud que le hizo por escrito la Gerente Administrativa y Financiera de la CGR, Sandra Patricia Bohórquez, sobre si en ese inmueble, ubicado en la Cra. 10 # 42-29, puede funcionar la Gerencia Departamental Colegiada de Risaralda de este organismo de control. 

Lo primero que se precisa en la respuesta dada a la Contraloría General es que: 

 

Dentro del perímetro urbano existe en la totalidad (100%) de las fichas de los diferentes sectores normativos (21), un vacío al no incluir lo correspondiente a la División 84: Desarrollo Urbano—Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, la cual entre otras incluye el Grupo 841: Administración del Estado y aplicación de la política económica y social, que considera entre otras, la Clase 8415: Actividades de los otros órganos de control de la comunidad, que entre otras instituciones incluye: A la Contraloría-.” 

 

Luego se indica que siendo la CGR una de las entidades que cumple fines esenciales del Estado y un organismo de control definido también en la Carta Magna, que busca esencialmente asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares y considerando que esas funciones no se pueden ver truncadas por un vacío como el que se presenta en la normatividad urbanística del municipio de Pereira, teniendo en cuenta la consulta realizada y el carácter que representa este órgano de control, “para aquellos organismos e instituciones del Estado, que operen en predios privados conservando el carácter público en cuanto al servicio, más no la propiedad del predio, se consideran en concordancia con el POT vigente”. 

 

La conclusión de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo de Urbano es terminante: 

 

El predio ubicado en la Cra. 10 # 42-29 “…corresponde a uso de nivel administrativo de la nación, por lo cual como organismos e instituciones del estado de carácter público que cumplen una función social, puede ser desarrollados como equipamientos en predios públicos o privados”.

Publicado el 17 kesä 2021 15:15


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 68

 

Contraloría General dejó en firme fallo fiscal por $1.146 millones contra exalcalde de Zipaquirá (Cundinamarca) Marco Tulio Sánchez

 

Pieza gráfica con fotografía de Zipaquira Contraloría General dejó en firme fallo fiscal por $1.146 millones contra exalcalde de Zipaquirá (Cundinamarca) Marco Tulio Sánchez 

  • El exfuncionario pagó y reconoció a contratista un presunto desequilibrio económico que no tenía soporte y no consultó su decisión con el interventor. 

 

 

Bogotá, 17 de junio de 2021.- La Contraloría General de la República dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $1.146 millones, a título de culpa grave, contra el exalcalde de Zipaquirá (Cundinamarca) Marco Tulio Sánchez Gómez. 

 

Esto por el manejo irregular de recursos públicos que se dio al reconocer y pagar un supuesto desequilibrio económico en cuantía de $900 millones al contratista Consorcio Hospitalario CCA, como compensación por diferentes suspensiones en la ejecución del contrato de obra pública No. 044 del 28 de noviembre de 2011. 

 

El objeto de este contrato fue la “Construcción de la Fase II del Hospital de Tercer Nivel con servicios de Cuarto Nivel para el Municipio de Zipaquirá”, por valor de $9.763 millones. 

  

Pago de compensación sin soporte 

 

El reconocimiento del presunto desequilibrio económico no aparece soportado (ni registrado, ni mencionado) en el acta de liquidación del contrato de obra referido. 

Además, en su petición a la Alcaldía Municipal de Zipaquirá, el contratista no detalló ni acreditó los supuestos sobrecostos que debió asumir como consecuencia de los defectos que se presentaron en la ejecución de la Fase I del contrato de construcción del hospital. 

 

Y se determinó, igualmente, que el exalcalde no consultó el concepto de la firma Unión Temporal Salud Zipaquirá, encargada de la interventoría técnica y supervisión administrativa, financiera, contable y jurídica para el contrato de obra Fase II. 

 

Marco Tulio Sánchez Gómez ejerció como Alcalde Municipal de Zipaquirá en el período 2012-2015. 

 

Riesgos previsibles para el contratista 

 

El contratista de la Fase II del hospital, al igual que la Administración Municipal, tenía conocimiento de las demoras para la entrega de las obras de la Fase I. 

 

La Contraloría consideró que, al momento de no participar en la audiencia de revisión y asignación de riesgos y con la presentación de su propuesta económica, el contratista Consorcio Hospitalario CCA “aceptó de manera expresa e inequívoca el riesgo previsible que implicaba aspirar a la celebración del contrato de obra de la Fase II para la construcción del Hospital de Zipaquirá pese a que no se habían terminado de ejecutar las obras de la Fase I”.  

 

Estimó que las circunstancias que antecedieron el proceso de contratación de la Fase II, para la culminación de obras en el hospital, a finales del año 2011, fueron riesgos previsibles que estuvieron en cabeza del Consorcio Hospitalario CCA como contratista, incorporados dentro de la presentación misma de su propuesta y por consiguiente no podía alegar ningún desequilibrio económico. 

 

Valor indexado 

 

El daño patrimonial causado en este caso ascendió a la suma de $900 millones, que al ser indexada quedó en $1.146 millones. 

 

Este proceso se originó en un hallazgo fiscal detectado en la auditoría a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) al Municipio de Zipaquirá, sobre la Vigencia 2014. 

 

El fallo de primera instancia fue proferido por el Director de Investigaciones No. 3 de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo y dejado en firme por la Contralora Intersectorial No. 8 de esta misma dependencia.

Publicado el 17 kesä 2021 8:20


Titulo Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA No. 67

 

Aprobación de reforma a la justicia:  4 artículos alinean la inhabilidad de responsables fiscales a fallo de la CIDH en caso de exalcalde de Bogotá  

 

Pieza gráfica del titular, sobre la reforma a la justicia.

  • Además, desarrollan trámite preferencial constitucional del control judicial a fallos con responsabilidad fiscal.  

 

  • La inhabilidad derivada de ser declarado responsable fiscal y no haber pagado la condena, no aplicará a los cargos de elección popular. 

 

  • Dicha inhabilidad solo podrá ser aplicada por decisión judicial en los términos establecidos en los artículos 185A y 185B del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 

  • Se abrevia el trámite del control jurisdiccional de las decisiones con responsabilidad fiscal, incluida la primera y segunda instancia. No podrá ser superior a un año. 

 

  • El órgano de control fiscal podrá solicitar incidente de declaración judicial para ocupar cargos de elección popular. 

 

  • Se podrá acudir a tal recurso cuando contra la decisión de responsabilidad fiscal no se hubiese interpuesto el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el término legal. También cuando el responsable fiscal no hubiese efectuado el pago correspondiente. 

 

  • Los controles automáticos de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal que se encuentren en trámite para la fecha en que entre en vigencia la ley estatutaria de reforma a la justicia se declararán terminados y serán devueltos al órgano de control de origen. 

 

Bogotá, 16 de junio de 2021.- El proyecto de ley estatutaria de reforma a la justicia, aprobado ayer en su último debate en el Congreso, incluye cuatro importantes artículos que adecuan el ordenamiento jurídico en el tema de responsabilidad fiscal al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del exalcalde de Bogotá y hoy senador Gustavo Petro. 

 

Adicionalmente, desarrollan el trámite preferencial del control judicial a los fallos con responsabilidad fiscal establecido en el Acto Legislativo 04 de 2019. 

 

Se trata de los artículos 88, 89, 90 y 91, en cuya elaboración se trabajó conjuntamente con el Consejo de Estado y el Congreso de la República. 

 

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso mencionado, se centra en la orden de adecuación del ordenamiento jurídico interno teniendo en cuenta la violación de cláusulas de la Convención Interamericana, especialmente la 23.2, que determina que la reglamentación o limitación de los derechos políticos debe darse por condena de juez penal competente, lo cual en la práctica equivale a que el derecho a ser elegido, no puede ser limitado o anulado por parte de autoridades administrativas. 

 

En consecuencia y acorde con el andamiaje constitucional y legal de las diferentes jurisdicciones en el país, los mencionados artículos establecen que la inhabilidad para ocupar cargos de elección popular por responsabilidad fiscal declarada, no es aplicable sino por decisión judicial que deberá estar contenida en la sentencia que defina el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que, a su vez, tendrá un trámite preferente no superior a un año o, en caso de que este medio de control no es ejercido por el interesado, estará contenida en decisión judicial proferida en incidente de declaración de inhabilidad promovido por los órganos de control fiscal correspondientes.

 

 

Publicado el 16 kesä 2021 14:10