Lo bueno de la propuesta del señor Contralor General de la Nación es que a la cabeza de esta Contraloría hay alguien que surge de la "lista de elegibles conformada por convocatoria pública”, en la que se supone hay garantías de transparencia.

El Presidente Santos ha propuesto que se prohíba la financiación privada de las campañas electorales. La financiación exclusivamente pública de éstas y la creación de una Unidad de Investigación que persiga la violación de esta medida en tiempo real con base en lo que se ve que gastan en publicidad, vallas, afiches, etc, como en México, tanto como la Uiaf persigue el lavado de activos. Naturalmente esto exige elevar a la categoría de delito la financiación fraudulenta de las campañas por personas privadas. Esta saludable medida, desde luego, no gusta a los grandes financiadores privados de las campañas electorales ni a sus abogados pasados y presentes, porque ello limita sustancialmente sus posibilidades de entrar en relación con los servidores públicos desde el Presidente hasta los alcaldes, desde los congresistas hasta los concejales, para la defensa de sus intereses particulares, que aunque en la mayoría de los casos son legítimos no pueden aun así estar por encima del bien común a cuya realización se comprometen todos los que juran cumplir la Constitución y las leyes. Tampoco agrada a quienes viven de una especie de “tráfico de influencias”, gracias a su posibilidad de servir de puentes entre financiadores y adjudicadores de contratos.

Mientras haya financiación privada de las campañas nos exponemos, gracias a la gratitud que ella despierta en los elegidos, a tratamientos de favor que contrarían el principio de igualdad de oportunidades no sólo ante el Ejecutivo sino aún en las corporaciones públicas como lo prueba el destino que tuvo la iniciativa de gravar las bebidas azucaradas para reducir su consumo dado el daño que le hacen a la salud del pueblo. También había ocurrido antes en la administración Gaviria con el tema relacionado con el impuesto a las cervezas.

La financiación privada de las campañas pavimenta la autopista para la corrupción en materia de contratos, y porque conspira contra los intereses generales de la sociedad, ha sorprendido que la Comisión Electoral no acoja la propuesta del Presidente en esta materia sino que se incline por el statu quo: La financiación mixta de las campañas. Es verdad que si no se toman las medidas adecuadas podrían los gobiernos abusar, en perjuicio de la oposición, de la financiación exclusivamente estatal. Pero este temor, legítimo, puede ser despejado poniendo la decisión en un organismo independiente como son por ejemplo, la Corte Electoral que se ha propuesto o la propia Registraduría.

Uno de los fundamentos de nuestra nacionalidad es “la solidaridad de las personas que la integran” y “la prevalencia del interés general”. Pues ese interés general, así como el manejo honesto de la contratación del Estado, es el que queda comprometido con la financiación privada de las campañas. También el principio de igualdad de oportunidades pues quien financia, especialmente con grandes sumas de dinero, tal como están en condiciones de hacerlo los grupos económicos y financieros, tienen todas las posibilidades de acceso a la autoridad que ha sido financiada. Y tal como lo ha puesto de presente José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, la corrupción no sólo afecta la moral pública sino que impide el desarrollo y profundiza la pobreza, todo lo cual nos afecta a todos. La financiación privada es el canal que facilita el soborno. No se puede estar en el combate contra la corrupción y simultáneamente en la defensa de la financiación privada que la facilita.

El señor Contralor General de la Nación, doctor Edgardo Maya, ha propuesto la eliminación de las contralorías departamentales y municipales por inútiles. Es un planteamiento que formuló en su momento el Presidente Álvaro Uribe, quien incluso lo sometió a referéndum en el 2.003: “El control de la Gestión Fiscal de las entidades del orden territorial será ejercido, con austeridad y eficiencia, por la Contraloría General de la República, para lo cual podrá apoyarse en el auxilio técnico de fundaciones, corporaciones, universidades, instituciones de economía solidaria, o empresas privadas escogidas en audiencia pública, celebrada previo concurso de méritos. Las decisiones administrativas serán de competencia privativa de la Contraloría” (Ley 796/2003, a.9) También quiso la eliminación de las Personerías.

No sé si todavía sea partidario de estas reformas o si ellas han corrido la misma suerte de la siguiente, lo que sería lamentable en mi opinión:

“Con el fin de facilitar la reincorporación a la vida civil de los grupos armados al margen de la ley, que se encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz, bajo la dirección del Gobierno, este podrá establecer, por una sola vez, circunscripciones especiales de paz para las elecciones a corporaciones públicas, que se realicen antes del 7 de agosto del año 2006 o nombrar directamente por una sola vez, un número plural de congresistas, diputados y concejales, en representación de los mencionados grupos en proceso de paz y desmovilizados.

El número será establecido por el Gobierno Nacional, según la valoración que haga de las circunstancias y del avance del proceso. Los nombres de los congresistas, diputados y concejales a que se refiere este artículo, serán convenidos entre el Gobierno y los grupos armados, y su designación corresponderá al Presidente de la República.
Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno podrá no tener en cuenta determinadas inhabilidades y requisitos necesarios para ser congresista, diputado y concejal”. (Ley 796/2003)

En todo caso, desde mi punto de vista tenía toda la razón como la tiene hoy el doctor Maya Villazón. Los Contralores, cuya misión principal es hacer el control numérico legal de la ejecución del presupuesto, son elegidos por las mayorías de las Asambleas departamentales y los Concejos distritales o municipales, controladas en la inmensa mayoría de los casos por los gobernadores y los alcaldes. Es decir, los controlados, esto es, la administración departamental y municipal, eligen a sus controladores. ¿Qué control fiscal puede ser ese? Entre tanto, su costo es exorbitante. Según el Contralor General de la Nación las contralorías le cuestan al país anualmente 800 mil millones de pesos, recursos que se gastan en gran medida en clientelismo. La indignación crece cuando se sabe que anualmente sólo recuperan 130 mil millones. Es decir, el país tira a la basura 670 mil millones de pesos por cuenta del costo de las Contralorías.

Un elemento a favor de la propuesta del señor Contralor General de la Nación es que a la cabeza de esta Contraloría hay alguien que aunque escogido por el Congreso en pleno, es decir, por los políticos, surge “de lista de elegibles conformada por convocatoria pública”, convocatoria “en la se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección”. (arts. 167 y 126 C.P.)

Se trata de una medida urgente pues la corrupción en departamentos y municipios tiene comprometida la descentralización administrativa, política y fiscal, incluida la elección popular de gobernadores y alcaldes, a la cual se atribuye en muchas oportunidades la corrupción que tiene lugar en ciertas entidades territoriales, como lo probaría presuntamente varios casos de la Guajira, y ello independientemente de que a nivel nacional también se cuecen habas como lo demuestra el más reciente de los hechos de corrupción: Odebrecht.

Fuente: semana.com - 20 de abril de 2017