Reconstrucción de Mocoa: Contraloría determinó hallazgo fiscal en cuantía de $5.748 millones por subsidios de arriendo a damnificados que no han recibido las viviendas.

COMUNICADO DE PRENSA 111

Pieza gráfica con titular del comunicado
 

  • Proyecto de Vivienda Sauces II en Mocoa se quedó en eso. No se ha entregado ninguna vivienda terminada y los atrasos han generado este posible detrimento patrimonial.

  • Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización de la CGR a los recursos públicos invertidos para la reconstrucción del Municipio de Mocoa se constituyeron un total de 16 hallazgos administrativos, de los cuales, 10 tienen presunta incidencia disciplinaria.

  • 793 hogares continúan sin tener acceso a una vivienda digna, pese a tener subsidios familiares de vivienda asignados desde los años 2018 y 2019, ante los retrasos en la construcción y entrega del Proyecto Sauces II.

  • Se evaluó el Convenio Interadministrativo No. 9677-PPAL001-217- 2017, el contrato No. 9677-PPAL001- 245- 2017, el contrato de Interventoría No. 9677- PPAL001-252-2017, el contrato de obra No. 9677-PPAL001-244-2018 y demás contratos derivados del contrato principal.

  • Y en Actuación Especial de Fiscalización de la CGR a los recursos destinados a la construcción del Hospital José María Hernández de Mocoa, la Contraloría General constituyó 13 hallazgos con incidencias administrativas y presunto alcance disciplinario.

Bogotá, 11 de agosto de 2022.- La Contraloría General de la República determinó un (1) hallazgo con presuntas incidencias disciplinaria y fiscal en cuantía de 5.748 millones de pesos, correspondiente al valor de los subsidios de arriendo adicionales que se han venido otorgando y pagando a damnificados de la avalancha de Mocoa.

Tales ayudas se han dado por incumplimientos que han impedido la culminación y entrega del Proyecto de Vivienda Sauces II, que hace parte de la reconstrucción de la capital del departamento del Putumayo. 

Para suplir la necesidad y la situación de la comunidad afectada se ha hecho el pago efectivo de subsidios de arrendamiento, por la no entrega de las viviendas en las fechas previstas. 

Los subsidios otorgados a los damnificados de manera provisional, han sobrepasado la fecha prevista inicialmente (15 meses), que fue la proyección que se realizó sobre entrega del proyecto en septiembre de 2019.

La anterior situación generó pagos adicionales por concepto de subsidios de arriendo a los beneficiarios por un valor superior a los 5.748 millones de pesos ($5.748.316.667), correspondiente al desembolso de 8.146 apoyos en el periodo comprendido del 6 de septiembre de 2019 (fecha prevista inicialmente para la terminación del proyecto) al 19 de marzo de 2022. Y esta es la suma cuantificada como presunto hallazgo fiscal.

El pasado 31 de julio se cumplió la fecha de terminación de la fase de obra de este proyecto de vivienda.

Hallazgos por construcción del Hospital de Mocoa

Y en otra Actuación Especial de Fiscalización de la CGR, en este caso a los recursos destinados a la construcción del Hospital José María Hernández de Mocoa, la Contraloría General de la República constituyó 13 hallazgos con incidencias administrativas y presunto alcance disciplinario, que serán trasladados a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia, y con Otras Incidencias, para ser remitidos al Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia de Salud y la Secretaria de Salud Departamental de Putumayo.

De estos hallazgos, 3 tienen solicitud de inicio de indagación preliminar y 1 alcance fiscal por más de 272 millones.

Resultado de la intervención funcional de la CGR

El proyecto de Vivienda Sauces II de Mocoa comprende 909 viviendas unifamiliares y, a la fecha, no se ha entregado ninguna y no hay siquiera una construida en su totalidad.

El retraso en las obras de construcción de los proyectos de vivienda Sauces I y Sauces II llevó a la CGR a decretar en noviembre de 2021 la intervención funcional de oficio sobre los recursos públicos invertidos para la reconstrucción de Mocoa.  

Y el hallazgo fiscal por $5.748 millones es resultado precisamente de la correspondiente Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial que se adelantó por parte de la Contraloría Delegada para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico y la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura.

Beneficiarios en condiciones de vulnerabilidad

En referencia a los apoyos económicos para alojamiento temporal otorgados a los damnificados que son beneficiarios de estas viviendas, la Contraloría dejó claro que la observación al respecto no pretende cuestionar la obligación de entregar los subsidios de arriendo ni los criterios que las familias deben cumplir para ser beneficiarias de este, ni mucho menos su condición de vulnerabilidad.
Para el organismo de control, el avance de los hitos contratados que se ve actualmente, donde no se tienen unas viviendas construidas en su totalidad, genera que dicha situación mantenga a los beneficiarios en condiciones de vulnerabilidad y desigualdad. Además, implica la disposición del erario para el cumplimento de las funciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres frente a esta población.

Incertidumbre sobre cumplimiento de cronogramas de obras

Por otra parte, la Contraloría General de la República guarda incertidumbre sobre el cumplimiento de los cronogramas de obra hoy vigentes y, por ende, el alcance del objetivo de entrega de la totalidad de las viviendas. 

En visita realizada en abril pasado al proyecto de vivienda Sauces II, la CGR evidenció que la gestión de la supervisión del convenio y la interventoría ha permitido la materialización de los riesgos de atraso de las obras.

Adicionalmente, se ha autorizado la aprobación de prórrogas y adiciones que han repercutido en que se prolongue la entrega de las viviendas afectando directamente a los beneficiarios.

También “se ha producido un aumento de los valores de vivienda por la actualización de precios de las unidades habitacionales a través del tiempo, presuntamente por las permisivas labores del contratante en sus obligaciones a lo largo del desarrollo de todo el proyecto, tanto en el contrato inicial como en la cesión de septiembre de 2019”. 

Dicha situación ya se materializó en relación con la cesión de los contratos en 2019, por el incumplimiento de los hitos correspondientes a la etapa de estudios, permisos y diseños del proyecto.

Hospital de Mocoa

En cuanto a los resultados de la Actuación Especial de Fiscalización a los recursos destinados para la construcción del Hospital José María Hernández de Mocoa, adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector Salud, se obtuvieron las siguientes conclusiones:

  • Se encontró que no se tiene un proyecto macro donde se establezca con claridad su costo total, que contemple proyecciones totales de dotación de equipos biomédicos y no biomédicos, de costos de personal, operación y mantenimiento.

  • La Fase I tal y cómo se encuentra construida aún no presta servicios de salud para lo cual fue concebida. Hay partes de esa fase que no cumplen con las condiciones de habilitación y quedaron para Fase II. 

  • La modificación al cambio de cubierta liviana a placa de concreto del edificio de Consulta Externa, Fase II, se ejecutó sin la actualización, en el momento oportuno, de la licencia correspondiente a dichas modificaciones.

  • Se observan deficiencias de control, supervisión y acompañamiento por parte de la interventoría del Contrato 1269 de 2019, las cuales fueron evidenciadas en desarrollo de la ejecución de la obra, respecto a los accesos a baños y a consultorios que no cumplen con el dimensionamiento mínimo. 

  • Deficiencias en la supervisión técnica de la interventoría del Contrato 1269 del 2019, en aspectos relacionados con el control y seguimiento de los planos arquitectónicos y/o estructurales, y con el control de especificaciones técnicas de los estudios previos, incumpliendo lo establecido en la Norma colombiana para construcciones Sismo Resistente -NSR10.

  • Inobservancia de los deberes contemplados en las cláusulas de los contratos de Interventoría y Supervisión, así como de la normativa que rige las construcciones en Colombia, ocasionando un reproceso en la ejecución de las obras. 

  • Modificaciones arquitectónicas y/o estructurales en la Fase II, sin la actualización de la licencia de construcción. 

  • Se viene utilizando las instalaciones de la Fase I sin que exista la certificación RETIE, la de los puntos de voz y datos y la de la resistividad del polo a tierra; situación que deja en riesgo la vida de las personas, los equipos y la integridad, fiabilidad, seguridad y disponibilidad de la información.

  • La E.S.E Hospital José María Hernández no ha realizado gestiones efectivas de licenciamiento ambiental para poner en funcionamiento el nuevo hospital. Actualmente no cuenta con PTAR, PTAP, Caseta de residuos sólidos y el agua suministrada por la empresa de servicios públicos no es apta para el consumo humano. 

  • Se evidencia ausencia de lineamientos/directrices por parte del contratista, interventoría y supervisión, frente a los cambios realizados y ejecutados en el edificio de consulta externa de la Fase II (tercer piso) y el edificio de hospitalización de la Fase I (quinto piso); por cuanto no se conoce cuando se completará la construcción, así mismo se desconocen los recursos que respaldarán dicha ejecución. 

  • *Debilidades evidenciadas en Fase I, de inaplicabilidad de las facultades de supervisión a pesar de las presuntas fallas de la ejecución de la obra en Fase inicial (Contrato 1014 de 2015), han conducido a contratar el mismo CONSORCIO ALIANZA INGESUR para la construcción de la Fase II (Contrato de Obra 1268 de 2019), evidenciando nuevamente presuntas fallas y situaciones que podrían acarrear en el retraso de la obra o la no funcionalidad del proyecto por incumplimiento de las normas técnicas de habilitación para la prestación del servicio de salud.

Comunicado, Putumayo, Salud